Revista Fuerzas Armadas Edición 260 by Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

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Mayor General LUIS MAURICIO OSPINA GUTIÉRREZ Director Escuela Superior de Guerra

“Esta sinopsis histórica conlleva a plantear que la sola firma de los acuerdos de paz no implica la ruptura con los comportamientos ancestrales de la violencia y que en asuntos de paz se requiere una visión de largo plazo…”.

La Constitución política colombiana en su Artículo 22 establece que la “paz es un deber y un derecho” y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, una de sus líneas es el “Pacto por la construcción de paz: cultura de legalidad, convivencia, estabilización y victimas”. A partir de esta premisa, el Estado colombiano ha intensificado su actuar en busca de escenarios de convivencia pacífica que le brinde condiciones a la población para realizar sus proyectos de vida, la historia sobre el tema de la paz valida ese actuar. En ese sentido, la Revista FUERZAS ARMADAS como medio de difusión de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, fundamentada en su filosofía de fortalecer los conocimientos sobre Estrategia, Seguridad y Defensa de la nación, recoge varias miradas sobre los diferentes estadios y formas de cerrarle el paso a las amenazas que han estado latentes en nuestro territorio; esta sinopsis histórica se hace con el convencimiento de llamar la atención sobre la importancia de robustecer la institucionalidad y generar ambientes pacíficos en procura de la prosperidad de nuestra nación. Con el inicio de nuestra historia contemporánea a partir de la independencia en 1819, se podría pensar que los conflictos y enfrentamientos por el poder podrían disminuir su dinámica, pero no, desde ese año hasta el año 1903 el país vivió siete guerras civiles, como antesala al conflicto armado interno que caracteriza la historia nacional del siglo XX. Así, el artículo "La guerra civil en Colombia: la consolidación de la paz en un Estado democrático", identifica diferentes hitos que se han presentado como hechos de violencia entre nuestros compatriotas, destacando que el Estado no ahorró esfuerzos en la profesionalización de las Fuerzas Militares en procura de garantizar la democracia; arrojos institucionales que no se han logrado consolidar por cuanto resurgen grupos empinados a subvertir el orden constitucional, que impide el disfrute de las riquezas que la naturaleza ha dado a esta patria. Uno de esos hitos, es la época de la historia colombiana conocida como “la violencia”, sus últimos pasos se dieron con los acuerdos protocolizados en el oriente colombiano, el cual se expone en el escrito “1953: la paz de los Llanos”, artículo en el que se plantean los sentires de los actores llaneros como promotores de reformas sociales que nunca se consolidaron, pero

Editorial Editorial “Con el inicio de nuestra historia contemporánea a partir de la independencia en 1819, se podría pensar que los conflictos y enfrentamientos por el poder podrían disminuir su dinámica, pero no, desde ese año hasta el año 1903 el país vivió siete guerras civiles, como antesala al conflicto armado interno que caracteriza la historia nacional del siglo XX”. en últimas se convirtieron en un semillero que germinaría otro tipo de conflicto en nuestro territorio. Esas semillas de violencia crecieron en las décadas del 60 y 70 del siglo XX generando zozobra e incertidumbre en la población colombiana especialmente las que habitaban las zonas rurales, fueron muchas las ramificaciones grupales que de forma atomizada se dedicaron a hostigar a los connacionales, ante lo cual los gobiernos de las dos décadas siguientes, 80 y 90, construyeron unos procesos de paz con varias de esas organizaciones en procura de alcanzar ambientes favorables para la convivencia pacífica, de tal manera que, esos acuerdos son analizados en el artículo “Negociaciones de paz en Colombia para las décadas 80 y 90”, donde denota el logro de mitigar la violencia y superar una de las crisis vividas en nuestro país. Esos procesos de paz promovidos por los gobiernos de Colombia, en diferentes épocas, y considerando que cada uno ha tenido diversos efectos e impactos, son analizados en el artículo “Contextos de resolución del conflicto colombiano (1989 - 2006)”; en él se registran las lecciones que dejaron y se valoran como chispas que prendieron luces que iluminaron nuevos procesos de paz. Uno de ellos es el firmado entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el cual es descrito en el artículo “Colombia: cronología de los acuerdos de paz y las nuevas amenazas como consecuencia del Acuerdo Final de 2016”, en el texto se identifican las nuevas amenazas como consecuencia de este acuerdo, que atentan contra la estabilidad democrática y la Seguridad Nacional, por cuanto la creciente presencia e injerencia de disidentes de las Farc, es un hecho que preocupa y desalienta no solo la actual etapa, sino

que, además, se convierte en un gran desafío para el Estado colombiano y, por ende, para la gobernabilidad y la consolidación de la paz. Desde todo punto de vista, los esfuerzos que se realizan en pro de una institucionalidad sólida son bien recibidos, tanto por los nacionales como por la comunidad internacional, por ello recubre de gran importancia tomarle el pulso de manera permanente al proceso de paz firmado en el año 2016 y aquí lo hace el autor del artículo “Implementación del acuerdo final: avances y desafíos (2016-2021)”, quien identifica los principales avances que se erigieron para facilitar o posibilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos; y se detectan los desafíos que entrañan la virtud de tener efectos de un círculo virtuoso que imprime una tendencia al proceso de implementación a futuro. Uno de los mecanismos que llama la atención dentro de este proceso firmado en el año 2016 se plasma en el artículo “Militares activos en las negociaciones con las Farc en La Habana, Cuba: el efecto dinamizador”, donde se evidencia el pragmatismo de los militares y policías activos que participaron en una mesa técnica sobre la construcción de un modelo de cese al fuego, convirtiéndose en un referente para próximos procesos de paz nacionales e internacionales. Esta sinopsis histórica conlleva a plantear que la sola firma de los acuerdos de paz no implica la ruptura con los comportamientos ancestrales de la violencia y que en asuntos de paz se requiere una visión de largo plazo, la cual es expuesta en el artículo “Los acuerdos de paz en prospectiva: una mirada mediante técnicas analíticas estructuradas”, donde se propone el empleo de instrumentos que generen nuevas miradas. El reto es diseñar las estrategias que lleven a escenarios de acuerdo pacífico en varias etapas, mediante creatividad, combinar la razón con la intuición, pero ante todo actitud de cara a visiones de paz donde el imperio de la ley sea el principio para cualquier acción. La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, sustentada en principios constitucionales y legales no ahorra esfuerzos en diseminar el conocimiento en el campo de Estrategia, Seguridad y Defensa en procura de una patria grande, respetada y libre.

CONTENID O

La guerra civil en Colombia La consolidación de la paz en un Estado democrático Por: Coronel (R) Manuel José Santos Pico Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

1953: La paz de los llanos Por: Armando Borrero Mansilla Exconsejero para la Defensa y Seguridad Nacional

Negociaciones de paz en Colombia para las décadas 80 y 90 Por: *Coronel Hugo Hernán Camelo Sandoval Magíster en Artes y Ciencias Militares **Gustavo J. Gutiérrez Navarro Especialista en Seguridad y Defensa ***Coronel Robinson Muñoz Aguirre Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales

Contextos de resolución del conflicto colombiano (1989 - 2006) Por: Tania Gabriela Rodríguez Morales, Ph.D. Internacional en paz, conflictos y democracia

Colombia: cronología de los acuerdos de paz y las nuevas amenazas como consecuencia del Acuerdo Final de 2016 Por: Coronel Hugo Hernán Camelo Sandoval Magíster en Artes y Ciencias Militares

Implementación del Acuerdo Final: avances y desafíos (2016-2021) Por: Mayor General de I.M. (R) Luis Jesús Suárez Castillo, Ph.D. Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

Militares activos en las negociaciones con las Farc en La Habana, Cuba: el efecto dinamizador Por: *César Augusto Castaño Rubiano Oficial (R) del Ejército Nacional **Teniente Coronel Rodrigo Mezú Mina, Ph.D. Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana

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Los acuerdos de paz en prospectiva: una mirada mediante técnicas analíticas estructuradas Por: Desiderio López Niño, Ph.D. Economista, docente investigador de la ESDEG

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Por: Vicealmirante (R) Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph.D. Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

Edición 260 DIRECCIÓN Mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez Director Escuela Superior de Guerra

DIRECCIÓN EDITORIAL

Mayor Dory Johanna Quiñonez Toledo Jefe Comunicaciones Estratégicas ESDEG

CONSEJO EDITORIAL

Brigadier General Edgar Alexander Salamanca Rodríguez Subdirector Escuela Superior de Guerra Coronel Edison Flórez Herreño Jefe Departamento Conjunto Acción Integral y Desarrollo FF. MM. General (R) Fabio Zapata Vargas General (R) Jorge Enrique Mora Rangel Mayor General (R) José Roberto Ibáñez Sánchez Mayor General (R) Juan Salcedo Lora Mayor General (R) Jairo Alfonso Aponte Prieto Vicealmirante (R) Luis Alberto Ordóñez Rubio Mayor General I.M. (R) Luis Gómez Vásquez Mayor General I.M. (R) Luis Suárez Castillo Mayor General (R) Ricardo Rubiano Groot Brigadier General (R) Adolfo Clavijo Ardila Coronel (R) Manuel Santos Pico Coronel (R) PONAL Héctor Álvarez Mendoza

GESTIÓN EDITORIAL

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¡Uno que ha sido cadete...! Por: Coronel (R) Héctor Álvarez Mendoza Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

145

Insistir, persistir, resistir y nunca desistir Por: Mayor Carlos Iván Ceballos González Oficial del Ejército Nacional, exalumno CEM 2021

Daniela Alejandra Flautero Contreras Valeria Andrea Eugenia Prieto Howell

DISEÑO

Andrea Liceth Gómez Parada

FOTÓGRAFO

IMP Arnold Ríos Almanza

CORRECCIÓN DE ESTILO Blanca Marlene Huertas Acero

COLABORADORES

Geovanni Montaña Castro Daniel Darío Castellanos Durán Vicedirección de Investigación VINVE-ESDEG Centro de Doctrina Conjunta CEDCO-ESDEG

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Material de fuentes electrónicas Revista Fuerzas Armadas

comunicaciones@esdegue.edu.co Carrera 11 # 102-50 of. 209. www.esdegue.edu.co Las ideas expuestas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de las directivas de la Escuela Superior de Guerra ni de los altos mandos militares. Los contenidos publicados por la Revista Fuerzas Armadas son de acceso abierto bajo una licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas

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La guerra civil en Colombia La consolidación de la paz en un Estado democrático Coronel (R) Manuel José Santos Pico

Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas Coronel del Ejército Nacional de Colombia. Especialista en Relacionales Internacionales (U. Jorge Tadeo Lozano). Altos Estudios Estratégicos en el Centro Superior de Defensa Nacional de Madrid-España. Asesor externo del CGFM. Foto: http://especiales.semana.com/historia-bicentenario-de-la-independencia-de-colombia/index.html

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El contexto Por definición se dice que una guerra civil es “un conflicto armado entre nacionales de un país. Se caracteriza por el enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas de un Estado y Fuerzas Armadas disidentes o rebeldes”.1 Pero no todo enfrentamiento armado entre nacionales de un país puede ser catalogado como “guerra civil”, de ahí que con mucha frecuencia existen debates sobre situaciones armadas internas en un país, donde estos son calificados equívocamente como guerras civiles. La historia de Colombia permite aclarar con exactitud este tema, ya que durante el periodo de 1819 a 1903, el país vivió siete guerras civiles, mientras que durante el siglo XX se presentó una situación de conflicto armado interno, que, a pesar de un alto grado de violencia, no llegó a constituir una guerra civil, llamada así por algunos articulistas en periódicos o revistas desconociendo la teoría de la guerra y su reglamentación.

“La República de Colombia, reconocida

1 Así mismo, el Reglamento del Instituto de Derecho Internacional de 1900, en su Artículo 8° define que “Las condiciones, en virtud de las cuales se puede establecer que existe una verdadera guerra civil y, por lo tanto, posibilidad de admitir para los insurrectos el beneficio de la beligerancia, son tres:1) Que los insurrectos controlen una parte del territorio nacional; 2) Que hayan organizado un gobierno regular que ejerza, así sea, en apariencia, la soberanía en una parte del territorio; 3) Que combata con un ejército organizado que observe las leyes y costumbres de la guerra”.

“Al crearse la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819, inicia un proceso de desarrollo y transformación, donde la guerra civil fue un fenómeno permanente que azotó a una población que no estaba preparada para vivir en medio de una confrontación armada”.

Foto: https://www.bbc.com/mundo/noticias-57520840

por la Historiografía como ‘La Gran Colombia’, fue creada mediante Ley Fundamental como resultado del , en diciembre de 1819, y existió jurídicamente entre 1821 y 1831, desde la aprobación de su constitución en el Congreso de Cúcuta, el 30 de agosto de 1821”.

Según tal estipulado, en estos dos párrafos, está definido con exactitud el periodo de tiempo donde se presentaron varias guerras civiles en este país, ya que la ubicación de una guerra civil necesariamente tiene que

darse dentro de un Estado plenamente consolidado y la República de Colombia solo quedó definida después de la batalla de Boyacá, en 1819. Los antecedentes históricos antes de esta fecha, en los territorios que fueron definidos más tarde como República de Colombia, muestran sucesos en armas que pueden crear confusión en su identificación como cuando se califica como la “Primera Guerra Civil” entre 1812 y 1814, lo cual es inexacto. Para aclarar esta situación basta con definir que esta guerra, porque lo fue, no puede ser calificada como la “primera guerra civil de la República de Colombia”, ya que en esta fecha la República de Colombia no existía, aunque sí fue la “primera” guerra que se

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presentó en los territorios que posteriormente fueron asignados a la República de Colombia, cosa totalmente diferente. Al crearse la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819, inicia un proceso de desarrollo y transformación, donde la guerra civil fue un fenómeno permanente que azotó a una población que no estaba preparada para vivir en medio de una confrontación armada. No puede desconocerse que la independencia de España se alcanza después de una campaña militar, pero esta se da contra tropas extranjeras que se habían apoderado de un territorio, espacio que era ocupado por una población integrada por una mayoría de nativos donde

los españoles desarrollaron un sistema político, económico y social basado en las teorías que hasta la fecha se habían desarrollado en Europa. El proceso de independencia nació por los abusos de poder de los españoles contra una población esclavizada cuando el mundo giraba en torno a nuevos principios de libertad y justicia que reorganizaban el funcionamiento de los Estados democráticos aboliendo el poder de los reyes.

Las guerras Sin embargo, este proceso en Colombia no fue fácil y se presentaron siete guerras. ¿Pueden estas guerras llamarse con exactitud “guerras civiles”? ¿Qué pasó en estos territorios? ¿Por qué tanta violencia?

Foto: https://www.boyaca.gov.co/el-congreso-de-angostura-cumplio-200-anos/

¿Cómo fue posible que, en ese primer periodo, después de la independencia de España se hayan presentado seis guerras? El tema da para un buen libro, pero en este momento solo se intenta con esta reflexión una respuesta corta, que ayude a descifrar hechos de violencia política que todavía se siguen presentando. La Guerra de los Supremos o de los Conventos (1839-1842), es la segunda guerra civil que se da en los territorios que fueron delimitados como de la República de Colombia. Durante esta guerra se condujeron dos campañas militares, la primera llamada “campaña del sur” y la segunda “campaña del norte”. El pie de fuerza del Ejército Nacional

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no pasó de 4.000 hombres. Se afirma que la causa se presentó cuando el Gobierno central suspendió los conventos de la Merced, Santo Domingo, San Francisco y San Agustín en la ciudad de Pasto. La rebelión conservadora de mayo a septiembre de 1851, se produce por el cambio social y político que dispuso el General José Hilario López al expulsar a los jesuitas, suprimir los diezmos, el patronato y el fuero eclesiástico y otorgar a los cabildos, autoridad para nombrar a los curas párrocos y administrar los cementerios, generando así la tercera guerra civil. En 1859 el Gobierno central estableció una serie de leyes, entre ellas la primera anulaba las normas electorales provinciales, la segunda denominada Ley Orgánica de Hacienda y la tercera Ley Orgánica de la Fuerza Pública, leyes que produjeron que el General Mosquera se levantara en armas, con lo cual la soberanía de los Estados fue la bandera de la cuarta guerra civil (1860-1861).

“El proceso de independencia nació por los abusos de poder de los españoles contra una población esclavizada cuando el mundo giraba en torno a nuevos principios de libertad y justicia que reorganizaban el funcionamiento de los Estados democráticos aboliendo el poder de los reyes”.

Foto: https://www.timetoast.com/timelines/la-guerra-de-los-supremos

En 1876 se presentó una rebelión conservadora dando lugar a la quinta guerra civil. El movimiento rebelde se inicia en Palmira contra el gobernador Cesar Conto, liderada por los estados de Antioquia y Tolima, con empleo de guerrillas en los estados de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Los combates fueron numerosos donde se presentaron más de 9.000 bajas, terminando esta guerra el 6 de abril de 1877. En 1885 se originó la sexta

Foto: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_colombiana_de_1851

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Foto: https://www.radionacional.co/cultura/historia-colombiana/guerra-de-los-mildias-siete-puntos-clave-para-entender-este-hecho

guerra civil. Se produjo una rebelión conducida por liberales radicales contra el Gobierno central. Henao y Arrubla afirma que la única causa de la guerra fue el temor de los liberales a perder la hegemonía del poder. Entre el 22 de enero y el 25 de marzo de 1895 se desarrolló un conflicto armado de corta duración. Solo se presentó un combate en el sitio de Las Tribunas cuando 700 rebeldes se levantaron en armas y estos

fueron vencidos por el General Rafael Reyes después de cinco horas de reñido combate el 29 de enero de 1895 que había iniciado a las 8 de la mañana. ¿Puede llamarse este, “guerra civil? Si es así, sería la séptima guerra civil, pero para la mayoría de los historiadores, esta no fue una verdadera guerra civil. La Guerra de los Mil Días sí fue una verdadera guerra civil, séptima guerra civil, que inició el 18 de octubre de 1899 en dos

“La rebelión conservadora de mayo a septiembre de 1851, se produce por el cambio social y político que dispuso el General José Hilario López al expulsar a los jesuitas, suprimir los diezmos, el patronato y el fuero eclesiástico y otorgar a los cabildos, autoridad para nombrar a los curas párrocos y administrar los cementerios, generando así la tercera guerra civil”.

etapas, la primera termina el 31 de julio de 1900 y la segunda etapa culmina el 21 de noviembre de 1902. La causa de la guerra se da cuando el partido liberal fue excluido de los cargos públicos. Para 1899 el gobierno repartía prebendas que no podían obtener los liberales. Las facultades otorgadas al presidente le permitían enviar gentes a prisión, deportar y aun reprimir administrativamente las actividades calificadas de subversivas. La libertad de prensa estaba restringida, habían sido cerrados varios periódicos y desterrados sus directivos. Al término de la guerra civil de los Mil Días, el país entra en un proceso de pacificación, donde se puede afirmar que la consolidación de la paz en un Estado democrático se extiende desde 1903 hasta 1930 periodo que requiere una alta inversión de capital, producto de los altos costos de destrucción de la Guerra de los Mil Días para ser recuperados, especialmente la

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ruina del sistema económico, el dolor causado por los fusilamientos ordenados, las crueldades guerrilleras, los miles de heridos y muertos, los centenares de mutilados, todos estos hechos que dejaron una profunda huella de animadversión mucho más grande entre liberales y conservadores. En esta primera etapa de recuperación de un Estado democrático la nación inicia con un hecho negativo para su territorio como fue la separación de Panamá, el 4 de noviembre de 1903, pérdida de un territorio de inmenso valor estratégico, político y económico donde se interconectan los océanos Atlántico y Pacífico, por un canal construido por los Estados Unidos. Los hechos más significativos durante esta primera etapa desde 1903 a 1930, se centran primero en un proceso de reformas militares a partir de 1907, con la creación de la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela Superior de Guerra, la organización de Unidades especiales, el servicio militar obligatorio y la organización de un Ejército nacional profesional. La reforma militar contempló también la organización de unidades de artillería y años más tarde organiza el Estado Mayor del Ejército. La profesionalización del Ejército y de las Fuerzas Militares en este periodo, facilitó que los odios políticos entre liberales y conservadores gestados en la Guerra de los Mil Días se fueran terminando, para consolidar un Estado democrático donde las diferencias políticas podían ser manejadas dentro de un sistema que el mundo

“La libertad de prensa estaba restringida, habían sido cerrados varios periódicos y desterrados sus directivos”.

Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/que-fue-el-bogotazo-queestremecio-colombia-hace-70-anos-y-por-que-cambio-la-historia-de-esepais/563036/

Foto:https://docplayer.es/84259192-1oo-anos-escuela-militar-de-cadetes-generaljose-maria-cordova-lideres-para-colombia-bogota-d-c-colombia-junio-de-2007. html

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“Los hechos más significativos durante esta primera etapa desde 1903 a 1930, se centran primero en un proceso de reformas militares a partir de 1907, con la creación de la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela Superior de Guerra, la organización de Unidades especiales, el servicio militar obligatorio y la organización de un Ejército nacional profesional”. había generado, como también el Estado colombiano salió adelante del llamado conflicto colombo-peruano de 1911. Fueron tantos los horrores de la guerra civil que a pesar de las grandes diferencias existentes entre liberales y conservadores, durante la primera mitad del siglo XX se fueron sanando estas, sin que se haya desbordado una situación de guerra civil, a pesar de la aparición de

un periodo de violencia política (1930-1952) que ha mantenido al país frente a hechos de armas que han generado gran destrucción de bienes y servicios, vidas y recursos valiosos que se han perdido y se siguen perdiendo hasta el día de hoy, a pesar de haber finalizado un conflicto interno armado (1964-2016) que se pretendió terminar en 2016, mediante un proceso de negociación, sin que haya podido acabarse en forma

REFERENCIAS Constancio Franco V. (1877). Apuntamientos para la historia: La guerra civil de 1876 y 1877. Santa Fe de Bogotá: Imprenta de La Época (de Ignacio Borda). Cuevas, María F. (2018). El proceso de la abolición de la esclavitud en la Nueva Granada (1780-1860). Tiempos y contratiempos de una transición significativa, entre la Revolución y la República. http://journal.opendition. org/nuevomundo/72382. Consultado Marzo 8 del 2022 La guerra de los supremos (1839-1842) Autores varios. Vol. 11 de Historia militar de Colombia Guerras civiles. Colombia: Ediciones LAVP. 2019 Ley fundamental de la República de Colombia. Centro de estudios históricos del Ejército Nacional de Colombia. http://www.ejercito.mil. co/?idcategoria=276824. Consultado Marzo 8 del 2022.

Ruiz Rivera, Julián Bautista; Navarro García, Luis (1975). Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII. CSIC Press.

total ya que grupos disidentes mantienen una actitud de violencia que no tiene sentido. Desde estas páginas solo se espera que la violencia termine en forma definitiva sin que se oiga más el ruido de los fusiles y las bombas para mantener un país que pueda disfrutar de las capacidades de sus hijos y de las riquezas que la naturaleza ha dado a esta patria.

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1953: La paz de los llanos Armando Borrero Mansilla

Exconsejero para la Defensa y Seguridad Nacional Sociólogo (Universidad Nacional); postgrado en Ciencia Política (Universidad de Los Andes); especialista en Derecho Constitucional (Universidad Externado de Colombia); magíster en Defensa y Seguridad Nacional (Escuela Superior de Guerra). Se ha desempeñado como profesor asociado (Departamento de Sociología-Universidad Nacional / Universidad del Bosque); catedrático (Escuela Superior de Guerra); catedrático (Centro de Estudios Superiores Policía Nacional). Es miembro de la Comisión Especial para la Policía Nacional y Cofundador de la revista digital de análisis Razón Pública. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=FPomGk_miR0

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Una reminiscencia Corría marzo de 1988. Temprano, “como los cánones mandan” tomé un vuelo para Arauca. Iba a esa capital de Intendencia, parte de los Territorios Nacionales, hoy asimilados enteramente a departamentos, para cumplir una tarea rutinaria del entonces muy activo Instituto de Estudios Liberales, fundado 6 años atrás por Alfonso López Michelsen. Como suelen ser las casualidades, a veces llegan duplicadas. En la cabina me encontré con Alfredo Molano, mi compañero de pupitre y amigo de toda la vida desde ese viaje iniciático vital, de los años de universidad. No me extrañó mucho verlo porque viajar a los confines de Colombia era su misión de vida. Estaba conversando con un hombre ya mayor, bajo de estatura a quien le dijo: “mire Eduardo, este es mi amigo Armando Borrero, él es de Cúcuta”. Con una agilidad notable, giró el cuerpo y me dio un abrazo estrecho mientras exclamaba ¡callejonero! ¡callejonero! Bien, 25 años atrás, al interlocutor a quien él me presentaba, ya le había visto algunas veces y como dicen en Boyacá “lo distinguía”. En aquellos primeros años 60 frecuentaba la Facultad de Sociología, tanto por su vínculo con los autores de “La violencia en Colombia”, como por un trabajo temporal que tuvo en una encuesta del Centro de Investigaciones. Era Eduardo Franco Isaza. ¡Callejonero! El barrio El Callejón de Cúcuta era el sitio de una “corte de los milagros” y

en esa mezcla de malvivientes, contrabandistas y aventureros, se daba un ambiente propicio para tener a seguro, actividades de apoyo a las guerrillas del Llano. Allí escondían y cuidaban guerrilleros heridos o enfermos y allí, establecían contactos con resistentes, clandestinos también en su patria vecina, del partido venezolano Acción Democrática. Otra curiosidad: de ese barrio, más tranquilo en décadas anteriores, era nativo Marcos Pérez Jiménez, el dictador que combatían (no nació en Michelena como lo inscribió su padre, pero es tema para otra crónica); liberales y adecos intercambiaban recursos, especialmente armas, de las que

tenían gran necesidad los guerrilleros del Llano. La conversación duró el tiempo del vuelo. Le recordé a él, sogamoseño, el barrio Mochacá que le dio nombre a su comando. También allí, en la cuna de la “chicha roja” se escondían células guerrilleras y cadenas de apoyo. Cúcuta y Sogamoso como extremos de un arco trazado por el pie de monte llanero. Pero ¿a qué viene este recuerdo? Viene para recordarnos, a quienes nos ocupamos de estas historias, que, a pesar de haber tenido a la mano a muchos de sus protagonistas, nunca pudimos salir de la confusión de datos cruzados y dispares de lo que fue, en 1953,

Foto: https://www.senalmemoria.co/timeline/paz-en-el-llano

“… liberales y adecos intercambiaban recursos, especialmente armas, de las que tenían gran necesidad los guerrilleros del Llano”.

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el proceso de pacificación de los Llanos y de sus antecedentes. Todavía se leen historias plagadas de inexactitudes, mitos y “prejuicios educados” convertidos en realidades.

Una discrepancia Para dar una idea de los desacuerdos, basta examinar uno de los datos básicos de cualquier estudio sobre un conflicto armado: el tamaño de las Fuerzas enfrentadas. Cada historia escrita sobre las guerrillas del Llano tiene un conteo distinto. Algún autor decidió que el ejército había lanzado una operación desde Sogamoso, Pajarito abajo, hasta el Casanare, con 15.000 hombres. Esa fuente, convertida en secundaria y muy consultada, ha sido repetida hasta el cansancio, sin reparar en que eso hubiera implicado la reunión de casi todo el Ejército Nacional, con descuido total del resto del país, porque la Fuerza apenas llegaba en ese momento a un total calculado entre 16.000 y 17.000 hombres. Con Alfredo Molano, quien incluyó esta cifra en uno de sus textos, tuvimos una discusión que no se pudo zanjar, porque la distancia de cifras era tan grande que no parecían referidas

al mismo fenómeno. Antonio Caballero en su último libro, incluía la cifra de 15.000 para el tamaño de la guerrilla y solo acotaré que, si hubiera sido así, habrían derrocado al gobierno conservador. Por allá en el año 2014 intenté un cálculo fundamentado en 4 periódicos de alcance nacional que contenían información de cada una de las entregas de armas de 1953. Así, ajustando unas con otras, llegué a una conclusión provisional del número de guerrilleros efectivos (“enfusilados” es el neologismo colombiano) de entre 1.400 y 1.450 combatientes. Para muchos, esta cifra puede parecer corta, pero si se piensa en el país de hace 70 años, en lo despoblado que era el Llano en esos tiempos y, sobre todo, en la entidad de los combates que se registraron, la cifra es plausible. En un país de 11 millones de habitantes, una Fuerza de 1.400 guerrilleros era considerable.

Foto: https://www.colombia.com/colombia-info/ historia-de-colombia/presidentes-de-colombia/ gustavo-rojas-pinilla/

Cuando en plan de explorar una posibilidad de conversaciones con el gobierno, Alfonso López Pumarejo se reunió con los guerrilleros en 1952, Eduardo Franco le pidió que los ayudara con la Dirección del Partido Liberal, a conseguir 5.000 fusiles para tener la posibilidad de acrecentar la Fuerza

“Es conocida la meticulosidad militar para estos registros y los oficiales que los hicieron no podían tener interés en disminuir el tamaño. Si de ganar méritos se hubiera tratado, les convenía más aumentarlo”.

Foto: https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasaen-la-u/lanzamiento-del-archivo-germanguzman-campos/

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Foto: https://www.fundelt.com/excelencia-liderazgo-transformacion/cronicas-delas-guerrillas-liberales-y-comunistas/

guerrillera. López se desmontó del asunto con una respuesta elusiva: “yo no conozco un militar colombiano que sepa manejar 5.000 fusiles”. Cuando en el año 2018 la Universidad del Valle publicó los documentos del archivo de Monseñor Germán Guzmán Campos referentes a la entrega de las armas, se pudo constatar que las actas levantadas por el Ejército con el registro de los guerrilleros que se presentaron y de las armas entregadas en cada oportunidad, sumaban 1.474. Como cosa curiosa, el capítulo inicial del volumen que contiene los archivos fotográficos y documentales de Guzmán, escrito por uno de los profesores del equipo que clasificó, analizó y publicó el volumen, juega en el relato con las versiones de

otros autores (Villanueva, Casas y Barbosa) pero no cita las cifras de las actas publicadas. Es conocida la meticulosidad militar para estos registros y los oficiales que los hicieron no podían tener interés en disminuir el tamaño. Si de ganar méritos se hubiera tratado, les convenía más aumentarlo.

Otra confusión se da alrededor de las orientaciones políticas y programáticas de los jefes guerrilleros. La guerrilla llanera fue liberal de identidad partidista exclusiva y de autodefensa en su conjunto. Hubo algunos dirigentes que soñaron con la creación de un ejército revolucionario que contribuyera a derrocar

“Dos personajes son claves para difundir ideas revolucionarias, en algún grado, entre las guerrillas. Eduardo Franco Isaza y José Alvear Restrepo. Este último, liberal gaitanista, el más claro y estructurado políticamente para proponer un horizonte nacional, que no es claro en Franco Isaza, y un ideario de transformaciones sociales”.

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Foto: https://www.justiciaypazcolombia.com/guadalupe-salcedo-unda/

el gobierno conservador. Pero revolucionario en cuanto dirigido a tomar el poder para el otro partido tradicional, el liberal, cruelmente perseguido por un partido conservador dispuesto a permanecer en el poder a como diera lugar.

Unos hechos Dadas estas consideraciones, no se puede negar que algunos de los comandos tuvieron posibilidades de avanzar en materia de propuesta de reformas sociales, pero no hubo tiempo, ni unidad de criterio, ni proyección nacional, ni organización que posibilitara el paso. Las leyes del Llano fueron un destello, pero unas jefaturas sin formación política no tuvieron contrapeso en los pocos jefes con miras de más alcance. Las

guerrillas, además, era liberal de sentimiento pero salidos de la pobreza, del analfabetismo y modelados por unas formas de vida en las que el arraigo social no fue necesidad dominante. La organización guerrillera nació alrededor de familias terratenientes del Llano y del piedemonte. No todos los grupos, pero sí los primeros y sobre todo dos de los más fuertes, los de los Fonseca y los Bautista. Apellidos como Villamarín, Parra, Chaparro, Calderón, Ortega, Roa, Feliciano y Carreño, para enumerar algunos, dan la pista de las relaciones sociales que le dieron soporte a las primeras organizaciones. También combatientes de origen popular se encumbraron a los comandos por méritos de batalla, en la segunda fase, como Guadalupe Salcedo, Berardo

Giraldo “el tuerto” y Dumar Aljure. Hasta aquí, no cabe en este artículo corto ir más lejos y entrar en detalles. Baste decir que los intentos de unificar los comandos y tener unidad de mando, eran todavía incipientes cuando se presentó el golpe del 13 de junio. Hubo dos reuniones importantes y dos “leyes del Llano” pero no cuajó completamente la meta de unidad y la transformación de las metas del movimiento guerrillero para ir más allá de la resistencia. Esto no quita que en la mente de algunos dirigentes estuviera naciendo un ideario de avances en lo social. Dos personajes son claves para difundir ideas revolucionarias, en algún grado, entre

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“¿Pesaría en Salcedo la conciencia de que tenía muchos crímenes anteriores al alzamiento, que no eran conexos con la militancia en una guerrilla? Era la oportunidad de enterrar un pasado muy pesado. O, sencillamente, su escasa formación política no le permitió ver más allá del cese de la persecución”. las guerrillas. Eduardo Franco Isaza y José Alvear Restrepo. Este último, liberal gaitanista, el más claro y estructurado políticamente para proponer un horizonte nacional, que no es claro en Franco Isaza, y un ideario de transformaciones sociales. Para los Fonseca Galán, esto era comunismo. De manera igual lo califican los militares. Los Fonseca eran los más caracterizados defensores de un horizonte de resistentes, de guerrilla como refugio para frenar la persecución, pero nada más. Como terratenientes que eran, sabían y padecían las pérdidas que la situación reinante implicaba para la economía del Llano y para su bolsillo familiar, habida cuenta de los obstáculos que el conflicto ponía en el negocio del ganado. El otro grupo familiar de importancia fue el de los Bautista. Eran terratenientes en el piedemonte llanero, en los límites de Boyacá y el Casanare. Cada hermano tenía bajo su jefatura, un comando. Antes de los sucesos que interesan acá, fueron asesinados, uno tras otro, por los propios subalternos, hastiados de los malos tratos que recibían de los jefes. Muerto el primero —Pablo—, entendieron los rebeldes que debían deshacerse de los tres restantes con

mando, o la venganza los castigaría con la muerte. Con astucia los fueron eliminando y las guerrillas quedaron en parte, bajo el comando de los Parra.

una denominación distinta a su comando, Comando Mochacá, nombre del, ese sí mítico, barrio de artesanos liberales en el Sogamoso de aquellos tiempos.

Como se observa, la identidad de los grupos no se refiere como se ve, a mitos políticos o regionales, sino a la filiación familiar de los comandantes. Eduardo Franco es el primero que da

El gobierno recién instaurado ofrece su lema “Paz, Justicia y Libertad” y Rojas Pinilla pronuncia aquellas palabras de “no más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún

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partido…” Los Fonseca Galán se apresuran a aceptar la promesa de cese de las persecuciones al pueblo liberal. Un dato que da idea de las confusiones y de los obstáculos para analizar la situación creada por el golpe militar, es el encuentro con el gobierno nuevo. Los guerrilleros se reúnen el 10 de junio, el golpe de Estado se da el 13 de junio y los guerrilleros reunidos se enteran del cambio de gobierno el 18 de junio. De manera resumida, los contactos empezaron casi de inmediato, en buena parte por iniciativa de los Fonseca Galán. El presidente Rojas comisionó al General Alfredo Duarte Blum, Comandante del Ejército

para dirigir el proceso de paz.

usan estos términos.

Ahora bien, desde el principio quedó claro que la oferta del Gobierno se limitaba a detener la persecución y dejar en libertad a los guerrilleros que entregaran sus armas. Llama la atención que, en los documentos oficiales, no se les concede estatus político. Los términos utilizados para denominar a los rebeldes son los de “facinerosos” y “bandoleros”. Las comunicaciones militares, v.gr., las del entonces Coronel Alfonso Saiz Montoya, Jefe Civil y Militar del Llano (años más tarde ministro de guerra del gobierno Lleras Camargo) las del Teniente Coronel Olivo Torres Mojica y las del Mayor Hernán Padilla Silva,

El proceso solo tiene dos talanqueras: una muy breve, de parte de Eduardo Franco Isaza y otra más seria, de José Alvear Restrepo. Aislado Franco en Venezuela, sin comunicación fácil con Guadalupe Salcedo, elegido como Comandante Supremo de las Fuerzas Revolucionarias de los Llanos Orientales de Colombia, en ese mismo junio de 1953, solo pudo objetar el momento de su entrega, que consistía en pasar, de su asilo en Puerto Páez, a Puerto Carreño en la otra orilla del Orinoco, con el argumento de esperar hasta que el gobierno emitiera el decreto de amnistía. Guadalupe admiraba

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a Alvear Restrepo, y era muy influido por este. Alvear se oponía a la entrega de las armas y planteaba una negociación con el nuevo gobierno. Entretanto, la Dirección Nacional del Partido Liberal, que nunca se comprometió con la guerrilla (“ni autorizamos ni desautorizamos” es la frase más comentada) acogía la entrega y miraba para el lado de una posible cooperación con Rojas. Los hechos se precipitaron. La inmensa mayoría de los guerrilleros no tenía formación política, ni educación, ni otra experiencia del mundo que su Llano y la vaquería. Guadalupe Salcedo se había comprometido a fondo con la rebelión, pero tenía un pasado criminal impresentable. Alvear murió y los textos, casi siempre usan la expresión “en extrañas circunstancias”. Si las hubo, nunca se sabrá.

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“Para la dirigencia liberal, el movimiento guerrillero del Llano fue una incomodidad que no pudieron manejar en el dilema entre prevenir la revolución social y no estimular la violencia, y tampoco perder la adhesión de las masas populares”.

Se sabía, eso sí, que los Fonseca Galán lo odiaban y lo calificaban de comunista (como descalificación que no muere en Colombia). De las hipótesis de lo sucedido, la primera es la que responsabiliza a Eulogio Fonseca. Otra hipótesis es conspirativa, la del clásico “que parezca accidente” y vincula al Teniente Coronel Olivo Torres con los Fonseca y los Parra, quienes habrían dispuesto una canoa “preparada” para naufragar cuando ese “comunista” se embarcara para moverse por el río Meta. Esta deja muchas dudas. No tiene mucho sentido “preparar” una canoa para que naufrague. En primer lugar, ponía en peligro a los guerrilleros acompañantes, quienes, se supone estaban comprometidos en el complot y

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por eso no auxiliaron a Alvear. Por buenos nadadores que fueran, si el fallo se producía en la mitad del río, podía resultar fatal para uno o varios. La “preparación” no podía calcular el momento crítico. Comprometer a un oficial con quien se estaba negociando, sería una imprudencia innecesaria. Además, resulta muy elaborada la trampa para gentes acostumbradas a disponer de la vida de otros con métodos más expeditos. Otra hipótesis predica que los guerrilleros acompañantes de Alvear “trambuquearon” la canoa y como Alvear no sabía nadar, lo desampararon intencionalmente y se ahogó. Finalmente, se puede pensar que hubo un accidente causado por un remolino, o por choque con un tronco, o por un movimiento inoportuno de algunos de los viajantes, que desequilibrara la canoa y nadie reparara en algo distinto de su propia salvación. A menos que algún día aparezca un documento fiable, lo que no parece posible, ya nunca se sabrá la verdad. Lo cierto es que ese 19 de agosto de 1953 desapareció el principal oponente a una entrega de armas inmediata. Vuelvo al principio de este artículo: los protagonistas estuvieron a la mano, pero nadie recogió al completo la información. O, tal vez, hubo mucho para ocultar. Lo que siguió es difícil de comprender. El Ejército no disimuló que se trataba de una amnistía a cambio de las armas y la desmovilización. Nada más. Tan claro como la encerrona de Monterrey. Allí, los guerrilleros que acudieron a reunirse con

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los oficiales fueron rodeados por 500 soldados. Técnicamente, estaban presos. A pesar de eso, Guadalupe Salcedo expresó su aceptación de la entrega de las armas. En ese momento su posición fue igual a la de los Fonseca. Otra incógnita: ¿qué lo movió a cambiar su posición? Cabe entonces indicar que días antes había estado tratando de comunicarse con Eduardo Franco, quien estaba aislado, apartado en Venezuela, en el entendido de que Franco no estaba de acuerdo con la entrega sin condiciones y sin normas claras. ¿Pesaría en Salcedo la conciencia de que tenía muchos crímenes anteriores al alzamiento, que no eran conexos con la militancia en una guerrilla? Era la oportunidad de enterrar un pasado muy pesado. O, sencillamente, su escasa formación política no le permitió ver más allá del cese de la persecución. Las preguntas también abundan en este caso. Años después, poco antes de su muerte, dijo que los habían engañado.

Un cierre El Brigadier General Alfredo Duarte Blum se llevó los méritos de la pacificación y fue una de las figuras más populares del gobierno de las Fuerzas Armadas. Fue hábil para generar confianza sin prometer más de lo que el gobierno estaba dispuesto a dar. En los documentos oficiales, especialmente en el muy revelador informe del Coronel Alfonso Saiz Montoya quedó bien claro cuál era el límite de lo ofrecido. El informe considera que había resistencia y mala fe en los cabecillas

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de la revolución y justifica así la encerrona que se les hizo. Textualmente reza:

[…] el Comando buscó la manera de reunirlos y una vez alcanzado este objetivo ejerció sobre ellos una fuerte acción psicológica sin que en ningún momento se empleara violencia física ni maltratos de palabra. El objetivo por alcanzar era demasiado grande para poder permitir que la voluntad de veinte facinerosos se interpusiera entre las garantías ofrecidas por el Gobierno y la voluntad del pueblo llanero, en especial, y el de Colombia en general para entregar las armas. (Archivo Guzmán Campos. Emma Zapata et al., 2018)

La conclusión es clara: fue una rendición incondicional ante la sensación de haber logrado el mínimo propuesto por quienes se lanzaron a la revuelta; mantenerse con vida, proteger a la familia y sus bienes (cuantiosos en algunos jefes, miserables en la peonada) y eventualmente, como entrevieron algunos, derribar un gobierno. Adicionalmente, contó mucho que los liberales hubieran acariciado como fórmula para salir de la persecución, la muerte y el despojo, la posibilidad de un golpe militar. Lo intentaron en 1949, pero la forma chapucera de abortarlo resultó peor.

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Soñaron con un momento como el del 13 de junio y no les importó que el nuevo gobierno siguiera siendo sostenido por el partido conservador y no les diera participación. Para la dirigencia liberal, el movimiento guerrillero del Llano fue una incomodidad que no pudieron manejar en el dilema entre prevenir la revolución social y no estimular la violencia, y tampoco perder la adhesión de las masas populares. A la distancia temporal, las guerrillas del Llano adquieren visos de leyenda, pero al entrar en los entresijos de la historia menuda, el mundo que se encuentra está lleno de miserias humanas. El horror de la persecución gubernamental entre 1946 y 1953, y los horrores de las pugnas internas en la resistencia llanera, claman por un esclarecimiento aleccionador. Es mucho lo que hay por relatar y un artículo como este no pretende más que introducir la inquietud. Es difícil tratar el tema de manera separada de la emoción. Para quienes somos lo suficientemente viejos, los recuerdos de la época siguen atormentándonos. Más

a quienes fuimos víctimas en algún grado del desarraigo y el despojo. La construcción de una sociedad nueva necesita verdad y lecciones aprendidas. Convivir es una tarea que no se puede dejar a los azares de dejar los antecedentes históricos sin crítica. Sin esta, no se aprende. La desmovilización guerrillera llevó, unos años más tarde, a un experimento interesante que fue la vinculación de exguerrilleros a una fuerza de seguridad rural en los Llanos Orientales. En 1958 el recién inaugurado gobierno de Alberto Lleras creó una pequeña unidad especial de la Policía Nacional, inicialmente de 30 hombres, con el nombre Cuerpo de Carabineros del Casanare, destinado a reforzar la seguridad en los Llanos Orientales. La experiencia resultó exitosa y dos años después, por iniciativa del coronel Eduardo Román Bazurto, quien había organizado una guardia cívica en El Yopal, el gobierno autorizó un cuerpo de 160 exguerrilleros como Servicio de Seguridad Rural de los Llanos Orientales. Se dispuso que este grupo dependiera del DAS y contara con la colaboración de la Policía Nacional.

REFERENCIAS Franco Isaza, E. (1956). Las guerrillas del Llano. Caracas: El Nacional Villamizar, D. (2017). Las guerrillas en Colombia. Bogotá: Random House Villanueva Martínez, O. (2014). Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera, 1949-1957. Bogotá: Universidad Nacional

_____. (2012). El Capitán Dumar Aljure: vida y muerte de un hombre rebelde. Bogotá: Universidad Distrital, 2a. edición Zapata, E. et al. (2018). Entrega de armas de las guerrillas del Llano. Sep.-Oct. 1953, Archivo Germán Guzmán Campos. Cali: Universidad del Valle

El DAS rural, como se le conoció, fue un éxito en aquellos tiempos. Los viejos llaneros recuerdan cómo, muy pronto, desapareció el abigeato. Los miembros de ese cuerpo conocían palmo a palmo los vericuetos de la tierra que habían caminado como vaqueros y visto con ojos de guerrilleros. Exguerrilleros cuidando a exguerrilleros, ironizó alguien, porque los hubo también en el robo de ganado que fue estimulado por los mejores precios de las reses en Venezuela. Siempre los desbalances del mercado en la frontera han generado contrabando. No faltaron quejas de parcialidad del cuerpo, sobre todo en las operaciones de revisión de las marcas cuando se movilizaban los rebaños para la venta, en el sentido de hacerlas más fáciles para los grandes terratenientes y muy rigurosas para los llaneros pobres. Eterno problema del Estado colombiano en el difícil encuentro de la fuerza pública con la población del campo. Pero éste es tema para otro escenario. La lección fue positiva en términos generales y debe ser evaluada con miras a procesos de pacificación futuros.

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Negociaciones de paz en Colombia para las décadas 80 y 90 *Coronel Hugo Hernán Camelo Sandoval Magíster en Artes y Ciencias Militares

**Gustavo J. Gutiérrez Navarro Especialista en Seguridad y Defensa

***Coronel Robinson Muñoz Aguirre

Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales * Profesional en Ciencias Militares (Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”), Especialista en Seguridad y Defensa (Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”), Maestría en Gestión de Riesgo y Desarrollo (Escuela de Ingenieros Militares de Colombia), Maestría en Artes y Ciencias Militares (Colegio de Comando y Estado Mayor de los Estados Unidos, WHINSEC, Fuerte Benning, Georgia). ** Profesional en Ciencias Militares (Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”), Especialista en Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados (Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”), Especialista en Seguridad y Defensa (Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto). *** Profesional en Ciencias Militares (Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”), Especialista en Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados (Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”), Especialista en Administración de Recursos para la Defensa Nacional (Centro de Educación Militar), Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales (Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”). Foto: https://www.elespectador.com/politica/que-tuvo-que-ver-virgilio-barco-con-el-exterminio-de-la-union-patriotica-article/

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Resumen El presente artículo tiene el objetivo de realizar una cronología de los procesos de paz que se llevaron a cabo en Colombia hacia finales de la década de los 80 e inicios de los 90 del siglo XX. En tal sentido, se abordan los orígenes, protagonistas y contextos históricos de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Movimiento Alianza Democrática (M-19), Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Indígena Armado Quinten Lame (MAQL), y la Autodefensa Obrera (ADO). Se ponen de manifiesto los esfuerzos y cambios a favor de los diálogos y apertura hacia la paz que impulsaron

tanto el presidente Barco a través de su lema: “Mano tendida y pulso firme” y el presidente Gaviria con su lema: “Negociación y estrategia”, que condujeron a la desmovilización, dejación de armas, disolución, participación en la vida política y en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 de estos grupos subversivos. En síntesis, entre el Gobierno nacional y las guerrillas citadas, se logró la firma de acuerdos finales de paz, y con ello, apaciguar en algo, la violencia y mejorar la favorabilidad política, en una época de gran crisis para el país.

Introducción Si bien, los procesos de paz colombianos se remontan a los

Foto: En 1991, 2.200 combatientes del EPL entregaron las armas para volverse un partido político. (Foto Centro Nacional de Memoria Histórica)

inicios del siglo XIX, época de las guerras civiles, y tiempo en que se realizaron los primeros acuerdos entre las élites políticas: amnistías, armisticios, indultos, entre otros eventos (López, 1999); en el siglo XX, se dio comienzo a la figura de negociaciones de paz en la década de los años 80. En consecuencia, este artículo arroja un contexto nacional, delimitado a los procesos de paz firmados desde los finales de la década de los 80 e inicios de los 90 del siglo XX, durante los gobiernos de Virgilio Barco Vargas (19861990) y Cesar Gaviria (19901994). En ese escenario, Virgilio Barco Vargas, gobernó con el lema “Mano tendida y pulso firme”, y aunque se alejó de la política de paz no se distanció del diálogo, por el contrario, lo utilizó como herramienta para lograr acuerdos con las guerrillas, por tanto, abrió las puertas a las negociaciones con los alzados en armas, pero acondicionándolos a la dejación de las armas, de lo contrario se estancarían las negociaciones. (López, 1999) Por su parte, Cesar Gaviria gobernó bajo el lema: “Negociación y estrategia”, en que prevaleció como estrategia política las medidas en seguridad y justicia contra todos los tipos de violencia. En tal sentido, realizó una reforma política institucional y llevó a cabo procesos de paz. Para ello, “la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente estimuló los acuerdos con las expresiones armadas y la política de paz tuvo como fundamento la estrategia contra la violencia”. (Villarraga,

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2015, p. 78). Bajo este escenario, el objetivo central es realizar una cronología de los procesos de paz que se llevaron a cabo en Colombia hacia finales de la década de 80 e inicios de los 90 del siglo XX; desde un abordaje que combina origen, protagonistas y contexto histórico de las negociaciones entre el Gobierno nacional y el Movimiento Alianza Democrática (M-19), Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Indígena Armado Quinten Lame (MAQL), y la Autodefensa Obrera (ADO). De este modo, el presente artículo se inscribe en un esfuerzo

por recuperar la memoria concretamente de cinco de las organizaciones político-militares subversivas que han transitado la historia del país como actores transversales y protagónicos, agudizado por acciones guerrilleras en un marco de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, generando épocas de inestabilidad e ingobernabilidad para el Estado colombiano.

Diseño metodológico La postura epistemológica de este artículo se encuadra dentro de un enfoque cualitativo, cuyo interés “se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida

social” (Barrantes, 2004, p. 82). Este encause se usa para investigar fenómenos sociales, como es el caso objeto de estudio. Estuvo acompañado de un método descriptivo, que busca especificar características y perfiles importantes tanto de personas como de grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) Luego, resulta oportuno el presente estudio en virtud de abordar los dispositivos empleados por el poder ejecutivo para adelantar negociaciones de paz con cinco de los grupos armados irregulares, que, sin duda alguna, dieron resultados positivos llegando a firmar acuerdos finales

“…resulta oportuno el presente estudio en virtud de abordar los dispositivos empleados por el poder ejecutivo para adelantar negociaciones de paz con cinco de los grupos armados irregulares, que, sin duda alguna, dieron resultados positivos llegando a firmar acuerdos finales de paz”. Foto: https://caracol.com.co/radio/2020/05/27/nacional/1590584860_834461. html

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“Dentro de sus tácticas de guerra, recurrieron al secuestro de políticos y empresarios, asaltaron unidades militares, así como la embajada de República Dominicana, y el Palacio de Justicia”. de paz. Para ello, se utilizaron como técnicas de recolección de información, la revisión documental de artículos indexados, tesis de maestría, fuentes noticiosas, entre otros, todos relacionados con la temática tratada, rastreados de diferentes bases de datos.

Procesos de paz, finales década de los 80: gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) Bajo el mandato de Virgilio

Barco Vargas se inicia el proceso de paz con el M-19, destacado por ser el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina; se lograron acuerdos exitosos que aún perduran como la participación de excombatientes en la vida política del país (Pardo, 2020). Así mismo, este gobierno logró abrir mesas de negociación con el PRT, EPL y MAQL, pero como ya estaba de salida, le correspondió al entrante gobierno terminar las negociaciones.

Foto: https://www.elespectador.com/tags/virgilio-barco/

Origen, protagonistas y contexto histórico de la negociación con el M-19 El M-19 surge tras un supuesto fraude electoral del partido conservador contra Gustavo Rojas Pinilla candidato presidencial por la Anapo, dado que se enfrentaron en contienda electoral en 1970 finalizando el período del Frente Nacional (Arias, 2020). Esta guerrilla estuvo conformada por unos 200 combatientes; su origen ideológico es de corte socialdemócrata, caracterizado por ser “más flexible en lo político y más audaz en lo militar”. Eran trashumantes con poco arraigo regional y la forma como se organizaron “diferenciaba poco entre guerrilla, milicia local y red de apoyo político y logístico” (Villarraga, 2020, párr. 2).

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Dentro de sus tácticas de guerra, recurrieron al secuestro de políticos y empresarios, asaltaron unidades militares, así como la embajada de República Dominicana, y el Palacio de Justicia. Entre los políticos secuestrados en 1988 estuvo el excandidato presidencial y líder conservador Álvaro Gómez Hurtado1; tras su liberación, el M-19 tuvo mayor protagonismo y mostró su voluntad de acercarse al Gobierno nacional con fines de su desmovilización (Villarraga, 2009). A partir de este

1 Según Moreno (2011) citado por Fundación Paz & Reconciliación (2019), este secuestro tuvo como fin, presionar al Gobierno nacional para abrir nuevos espacios de diálogo. El M-19, exigía “que se posibilitara un diálogo en Panamá entre los insurgentes y los sectores políticos, sociales y gremiales del país. La cumbre política se hizo, y allí surgió, entre otros compromisos, futuras cumbres, a fin de buscar diálogos de paz” (párr. 11).

secuestro, el gobierno se vio presionado a formular una propuesta de negociación con los alzados en armas. (López, 1999) Con la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá en 1980, el M-19 logró dos sucesos importantes: la mesa de negociación gobierno-guerrilla, que tuvo el apoyo de facilitadores para la liberación de los rehenes; y conseguir un acuerdo de diálogo nacional, amnistía y paz (Villarraga, 2020). Mientras

que, con la toma del Palacio de Justicia en 1985, dejaron casi un centenar de muertes entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empleados y visitantes, así como reproche de parte de la sociedad. Situación que llevó “al M-19 a adoptar en 1986 un plan de ofensiva estratégica guerrillera con pretensión insurreccional, que comenzaba en Cauca y pretendía al llegar a Cali provocar un alzamiento popular”

“Mientras que, con la toma del Palacio de Justicia en 1985, dejaron casi un centenar de muertes entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, empleados y visitantes, así como reproche de parte de la sociedad”.

Foto: El Palacio de Justicia fue tomado por la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985, y retomado por el Ejército. Archivo El Espectador

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Foto: https://pacifista.tv/notas/la-paz-que-firmaron-cinco-guerrillas-colombianasen-los-90/

(Villarraga, 2020). También, hacer “un replanteamiento de su estrategia, como resultado de la evaluación autocrítica de los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia, donde perdieron sus mejores hombres y parte de su popularidad y credibilidad”. (López, 1999, p. 252). Así, el M-19 al darse cuenta que “la guerra no era la solución, resolvió deponer las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco” (Centro Nacional de Memoria Histórica, s.f., párr. 1). Dicha negociación duró un año, se “firmó en Santo Domingo, Cauca, el 2 de marzo de 1990 y, de forma simultánea, se dio lugar al desarme de los combatientes” (Joya, 2015, p. 29). “Acontecimiento [que] fue decisivo en el cambio

de la vida política del país” (Villarraga, Según Moreno, 2011 citado por Fundación Paz & Reconciliación, 2019), este secuestro tuvo como fin presionar al Gobierno nacional para abrir nuevos espacios de diálogo. El M-19, exigía “que se posibilitara un diálogo en Panamá entre los insurgentes y los sectores políticos, sociales y gremiales del país. La cumbre política se hizo, y allí surgió, entre otros compromisos, futuras cumbres, a fin de buscar diálogos de paz”. (Pardo, 2020, párr. 11), donde la “firma se [hizo] a puerta cerrada, sobria, con no más de 50 personas como testigos”. (Pardo, 2020, párr. 1) El acuerdo final con el M-19 consistió en diez puntos, entre los más relevantes figura: la

apertura a espacios democráticos, como fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, así como la participación a la misma; y la conversión al partido Alianza Democrática M-19 permitiendo su participación en las elecciones (Joya, 2015), obtuvieron 19 curules, equivalente al 27%, constituyéndose en la segunda fuerza política del país después del partido liberal. (Centro de Memoria Histórica, 2014) De este modo, el M-19 dejó las armas y pasó a la legalidad, logrando irrumpir en las esferas políticas del país (Villarraga, 2020). El éxito de este proceso de paz se debe en parte, a que, el acuerdo no fue tan ambicioso y se cumplió, además de los diez puntos del acuerdo de paz, siete

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eran de carácter político. Según Antonio Navarro Wolf miembro y negociador del M-19 indicó que “se negocio fue la posibilidad de hacer política a cambio de dejar las armas, no más" (Pardo, 2020, párr. 24).

Procesos de paz inicios década de los 90: gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) El gobierno de Cesar Gaviria estuvo caracterizado por el auge del narcotráfico, que invadió las esferas del Estado. En efecto, fue un período de “gran crisis política y de extraordinaria revuelta social” (Chernick, 1996, p. 3). En tales circunstancias, dio continuidad a los procesos de paz con el PRT, EPL, MAQL y ADO que habían empezado en el periodo de su antecesor, siguiendo el modelo de la negociación con el M-19 con algunas modificaciones, pero avalado por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que facilitaría la terminación de los procesos ya adelantados, y determinante para nuevos procesos con los otros grupos al margen de la ley, como la Farc y el ELN (Arias, 2008).

Origen, protagonistas y contexto histórico de la negociación con el PRT El PRT nació en 1982, a partir de una facción del Partido Comunista de Colombia, por tanto, sus raíces ideológicas se remontan a diversos movimientos de orientación marxista leninista, que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana (Fundación Paz

& Reconciliación, 2019). Estuvo conformada por unos 200 combatientes, que, desde su punto de vista revolucionario, rechazaba toda posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas, de participación en las instituciones; acentuó su accionar solamente en el departamento de Sucre y Bolívar. (García, 1992)

enero de 1991 firman el acuerdo de paz, en el corregimiento Don Gabriel, municipio de Ovejas, Sucre. Esto fue producto de las negociaciones establecidas durante seis meses, donde demandaron la desmilitarización de las zonas campesinas, así como brindar apoyo y garantías a los campesinos. (García, 1992)

En 1988 deciden dialogar con el Gobierno nacional, pues había reconocido la ilegitimidad y la marginalidad del proyecto revolucionario, entonces conformaron un movimiento legal que les permitiera entrar a la vida política y a participar en elecciones. Así, en 1990 el PRT inicia los acercamientos con el Gobierno nacional, y el 25 de

En este acuerdo se contemplaron, entre otros, la desmovilización de los miembros del PRT, la dejación de armas que fueron lanzadas al mar frente a las costas de Cartagena, y la inutilización y destrucción de equipos; condicionando el indulto, la participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, garantías para

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“En 1988 deciden dialogar con el Gobierno nacional, pues había reconocido la ilegitimidad y la marginalidad del proyecto revolucionario, entonces conformaron un movimiento legal que les permitiera entrar a la vida política y a participar en elecciones”.

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conformar grupo político, garantías jurídicas, plan de seguridad, derechos humanos, entre otros. (Centro de Documentación de los Movimientos Armados, 1991)

Origen, protagonistas y contexto histórico de la negociación con el EPL

Foto: https://www.notimerica.com/politica/noticia-26-anos-desmovilizacion-eplinicio-camino-parece-llegar-final-20170302081422.html

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Foto: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-desmovilizacion-ejercitopopular-liberacion-colombia-20180302131814.html

El EPL fue una organización marxista-leninista-maoísta que surgió del congreso clandestino constitutivo del partido comunista colombiano, en julio de 1965 como parte del influjo revolucionario interno e internacional que se estaba dando en ese momento en el mundo por la revolución cubana (Villarraga, 2021). Este grupo se organiza entre 1966 y 1967 en medio de levantamientos campesinos en las regiones del Urabá y Bajo Cauca antioqueños y en los departamentos de Córdoba y Sucre, pero no inicia acciones armadas hasta 1968 (Calderón, 2016). Se “reconoce por poseer una amplia base rural y tener la convicción de llevar la guerra revolucionaria del campo a la ciudad”. (Narváez, 2014, p. 2) Para 1990, una facción decide negociar con el Gobierno nacional, pues se vio reducida política y subordinadamente a la dinámica de la guerra, “justificaba la negociación porque había descubierto que la guerra se había convertido en una forma de vida y que en esas condiciones ya no tenía sentido continuarla” (Zuluaga, 1999, p. 27). Entonces, acepta dialogar con el Gobierno e invitan a otros grupos guerrilleros a negociar conjuntamente la paz, plantearon una Asamblea

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Nacional Constituyente, con el fin de incluir un nuevo régimen político, formas de democracia, garantías para el retorno a la vida civil y acceso a la política, entre otros. (Villarraga, 2021) El 1 de marzo de 1991, firma el acuerdo de paz tras una negociación que duró 11 meses, llevada a cabo en los diferentes campamentos de Córdoba, región de Urabá y Occidente de Antioquia. Se acordó la desmovilización de sus miembros, la dejación de armas ante la veeduría de la Internacional Socialista y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). En este proceso de paz se desmovilizaron más de 2.000 combatientes, quienes conformaron

el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, pero este fue exterminado por las Farc y las autodefensas. (Fundación Paz & Reconciliación, 2019) Entre las temáticas tratadas en la negociación sobresalen, la Asamblea Nacional Constituyente, reforma política, planes de desarrollo regional, derechos humanos, garantías políticas, garantías jurídicas, programas de integración, promoción de la paz y mecanismos de veeduría internacional e interna del acuerdo de paz. Además, promoción de obras de desarrollo regional en 85 municipios; aplicación de amnistías e indultos; desarrollo de diversos programas de reintegración con niveles de socialización, entre otras diversas

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acciones. (Villarraga, 2021)

Origen, protagonistas y contexto histórico de la negociación con el MAQL El MAQL, fue una guerrilla nacida en el departamento del Cauca, surgió de la mano de distintas organizaciones indígenas que tenían como propósito la recuperación de tierras; su nombre es un homenaje al líder indígena Manuel Quintín Lame, quien representó, lideró y defendió los cabildos indígenas del Cauca durante los primeros años del siglo XX (Peñaranda, 2010). Esta guerrillera se distingue de otros grupos armados por su enfoque multicultural, debido a que estaba integrado

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por 139 indígenas de diferentes comunidades del sur del país, principalmente indígenas Nasa, que hasta principios de la década del 80 actuó en la defensa de los territorios tradicionales y solo usaba las armas cuando territorial o políticamente se veía amenazada, pero en 1984 cambió su táctica y asaltó Castilla un poblado del Cauca y en 1985 se tomó el municipio de Santander de Quilichao. (Gaviria, 2016) El MAQL llegó a operar en cuatro zonas del país. Zona Norte y comprendía los territorios de Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caldono y Morales. Zona de Tierradentro, que comprendía los territorios de Paez, Inzá, Toribío y Jambaló. Zona centro,

con los territorios de Silvia, Piendamó, Totoró, Coconuco, Popayán y Paispamba y, Zona Urbana, conformada por redes urbanas que operaban en Cali (Peñaranda, 2010). De hecho, llega a la negociación política porque no tenía la capacidad militar, estaba contaminada de delincuencia común, no tenía recursos económicos para llevar adelante la lucha armada y, no contaba con un proyecto político que lograra impactar otros sectores fuera de indígenas. (Narváez, 2014, p. 11) Así, el 27 de mayo de 1991, se concentran en Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, Cauca, donde firman el acuerdo de paz con el Gobierno nacional; sus integrantes entregan las armas

el 31 de mayo del mismo año y retornan a sus territorios de origen (Joya, 2015). Lograron “gestionar recursos y proyectos productivos para las regiones en las que tuvieron influencia. Algunos de ellos se tradujeron en vías, antenas repetidoras y obras de infraestructura”. (Verdad Abierta, 2015) Tras la firma del acuerdo de paz, crearon un movimiento político denominado la Alianza Social Indígena (ASI), con el cual obtuvieron la primera curul en el Senado de la República para los pueblos aborígenes, que al día de hoy se mantiene en el escenario nacional (Fundación Paz & Reconciliación, 2021). También, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente con un

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representante, que, junto con otros dos líderes indígenas, lograron cambios para la comunidad indígena colombina, como fue el reconocimiento su identidad y los derechos derivados de su cultura a partir de la constitución política de 1991. (Verdad Abierta, 2015) de veeduría internacional e interna del acuerdo de paz. Además, promoción de obras de desarrollo regional en 85 municipios; aplicación de amnistías e indultos; desarrollo de diversos programas de reintegración con niveles de socialización, entre otras diversas acciones. (Villarraga, 2021)

Origen, protagonistas y contexto histórico de la negociación con la ADO La ADO, surge en 1974 como una guerrilla urbana que tuvo acogida en ciudades como Bogotá y Medellín, epicentro principal de la lucha; sus enfrentamientos no los dirigió contra el ejército nacional sino contra la policía y el sistema bancario (Villamizar, 2017). Fue apoyada por gremios trabajadores, movimientos estudiantiles y sectores populares, debido a que expresaban las expectativas de sectores populares concretos y trabajaban al interior de las bases sociales (Aguilera, 2014). Se dio a conocer en una serie de acciones urbanas, entre ellas, el asesino del exministro Rafael

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Pardo Buelvas en septiembre de 1978 (Library, s.f.). De este modo, en su mayoría privilegiaron su accionar en la ciudad “no como simple auxiliar o red urbana, sino como el epicentro principal de la lucha” (Villamizar, 2017, p. 12). El 23 de agosto de 1984 una facción mayoritaria del ADO inicia un proceso de negociación con el Gobierno nacional, logrando en los acuerdos iniciales que algunos de sus miembros integrasen el partido político de la Unión Patriótica; y luego de una tregua prolongada, se desmovilizaron, entregaron armas que fueron fundidas, y se reincorporaron a la vida civil en 1991. (IEGAP, 2012)

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Resultados Los procesos de paz llevados a cabo desde finales de la 80 e inicios de los 90 Periodos Presidenciales

Virgilio Barco Vargas

Abrió las puertas al diálogo con las guerrillas, y puso a disposición su iniciativa para la paz.

Cesar Gaviria Trujillo

Llevó a cabo la Asamblea nacional Constituyente de 1991, condicionalmente para la firma de los acuerdos del M-19, PRT, EPL y MAQL.

Acuerdos Firmados

Generalidades

El proceso de paz con el M-19, fue exitoso, de este se desenaron otros procesos de paz, por tanto, qué significó para pocos grupos guerrilleros no solo la oportunidad de reinsertarse a la vida civil, sino hacer parte del cambio y diseño constitucional del país, dada la precondición para participar en la Asamblea Nacional Constituyente.

Las Guerrillas M-19, ERP, EPL, MAQL Y ADO pactaron la paz convencidos que militarmente no lograrían sus objetivos, y que además la guerra era costosa tanto en vidas humanas como económica y políticamente, en cambio con una solución negociada lograrían beneficios.

Sentó a la mesa de negociaciones a otros grupos subversivos como PRT, EPL, MAQPL y ADO.

Estas cinco guerrillas no lograron promover reformas estructurales de fondo, es decir, transformaciones en los campos político, social y económico, aunque es de resaltar que el M-19 si adelantó una agenda en términos sociales y económicos, mientras que las otras se limitaron a lo político y a las violaciones de derechos humanos.

El proceso de paz con PRT, se dio con una facción, y como todas las guerrillas contemplaron condiciones como el indulto, participación en la política, garantías jurídicas, seguridad, entre otros. La negociación del PRT se llevó paralelamente con la del EPL Y MAQL.

Cuatro de los procesos insurgentes, M-19, PRT, ELP y MAQL, concretaron su acuerdo de paz en la participación política por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente y la ´posterior apertura de espacios de participación política tanto en lo nacional como en lo regional. Todos desempañaron una reconocida y muy positiva labor en la definición de la Constitución Política.

El proceso de paz con el EPL se dio con una fracción que estaba reducida políticamente, en su tránsito abrió a otras formas de lucha como la electoral propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de aprobar reformas que, según su visión, requerían el Estado y la sociedad.

En los casos del M-19, PRT, EPL y MAQL, las agendas de negociación tuvieron puntos específicos, eso si, cada uno de acuerdo con la naturaleza de su organización. Estas cuatro más ADO, finalizaron con la firma de los acuerdos de paz, seguido por los procesos de desmovilización, dejación y entrega de armas e inserción a la vida civil.

El proceso de paz con MAQL, estuvo basada en pretensiones indígenas, surgió como resultado de la represión que se dio por la recuperación de las tierras, y en la búsqueda de hacer valer la autonomía y sus derechos. Fue uno de los procesos que tuvo mayor dificultad, debido a la constante presencia de autodefensas en la región del cauca. El proceso de paz con la ADO, guerrilla urbana, se dio con una fracción mayoritaria; algunos de sus miembros integraron el partido político de la Unión patriótica. Explorando en ella, se puede decir que ha sido invisibilizada, debido a la constante presencia de autodefensas en la región del cauca. Fuente: Elaborado por los autores

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Conclusiones La importancia de los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas M-19, PRT, EPL, MAQL y ADO, radicó en la búsqueda de un ambiente político que permitiera la expresión y participación de todos los sectores del país, es decir, de inclusión, como también en la búsqueda de justicia social. Los acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y los ya citados grupos guerrilleros, se basaron en el cese al fuego como requisito fundamental

para negociar; así mismo, en estudiar y desarrollar las reformas estructurales necesarias que permitieran mejorar las condiciones de vida de la población, una de las causas, quizás la más importante, por la que surgieron las guerrillas en el contexto colombiano. Los éxitos más grandes obtenidos por parte del Gobierno colombiano frente a la compleja situación de violencia y conflicto armado, es el reconocimiento de alcanzar acuerdos de paz, con estas organizaciones al margen de la ley y lograr un

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cese al fuego bilateral. Ahora, partiendo de premisas de índole positiva y negativa, se puede decir desde la primera, que se logró la desmovilización de cientos de guerrilleros, la entrega de armas, la reincorporación a la vida civil y la participación en política; y desde la segunda premisa, estos procesos de paz, aunque fueron exitosos por lograr la firma de acuerdos finales, se debieron haber llevado a cabo conjuntamente para obtener mejores resultados.

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Contextos de resolución del conflicto colombiano (1989 - 2006) Tania Gabriela Rodríguez Morales, Ph.D. Internacional en paz, conflictos y democracia

Autora del libro “Oriente Próximo. Israelíes, palestinos y el Terrorismo Yihadista”. Investigadora joven del Centro de Investigación de Memoria Histórica Militar. Foto: https://pacifista.tv/notas/belisario-betancourt-avances-proceso-paz/

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Resumen El largo periodo cronológico en el que se ha desarrollado el conflicto armado interno en Colombia ha sufrido varios procesos que han buscado la resolución de este. Sin embargo, no todos llegaron al fin que buscaban: conseguir la paz. El objetivo de este artículo es analizar algunos de esos procesos y las lecciones que estos dejaron después de su finalización, positiva o negativa desde las cuales se abrió el camino hacia nuevos procesos en Colombia. Unos y otros procesos fueron diferentes, cada gobernante optó por crear su propio modelo y con ello dejar su sello en la historia. Unos funcionaron, otros no.

internacional. Una característica muy importante de los conflictos internacionales es que afectan en gran medida a los Derechos Humanos. Hasta el final de la II Guerra Mundial, los conflictos internacionales un carácter bélico de guerra entre paises, y la comunidad internacional, para defender la dignidad humana y los derechos de la persona, promovió la consecución de compromisos que permitieran respetar los derechos básicos y proteger a los civiles no combatientes. (Rodríguez, 2017)

Históricamente, por la cantidad de grupos armados ilegales que ha surgido en territorio colombiano, diferentes gobiernos han llevado a cabo igualmente, diversos procesos de paz con el fin de examinar la posibilidad de la materialización de la paz en Colombia. Sin embargo, ni todos han sido positivos, ni todos han beneficiado al país. Fue a partir de la década de los ochenta que con las políticas blandas del presidente Belisario Betancur, la sociedad colombiana se abrió a entender la necesidad de estos procesos como forma posible de acabar el conflicto

Introducción Los conflictos armados no han estado ausentes en la historia de la humanidad. Es por ello, que la historia del ser humano podría escribirla a partir de los conflictos sus causas, sus consecuencias y los cambios que han causado a través del tiempo. Existen innumerables conceptos de conflicto, aquí mencionaremos en siguiente: Conflicto armado: (Ejército) confrontación con armas que se presenta entre dos Estados o la prolongación de violencia entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos, dentro de un Estado. (EJC, 2017). En el siglo XX muchos fueron los conflictos que la historia escribió. El mundo entró en un periodo casi totalmente bélico. Estos conflictos fueron casi todos de carácter

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“Fue a partir de la década de los ochenta que con las políticas blandas del presidente Belisario Betancur, la sociedad colombiana se abrió a entender la necesidad de estos procesos como forma posible de acabar el conflicto armado interno que desde los años cuarenta y el inicio de la Guerra Fría empezó a gestarse en Colombia”.

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armado interno que desde los años cuarenta y el inicio de la Guerra Fría empezó a gestarse en Colombia.

Siguiendo la propuesta de Marc W. Chernick (1996), se considera como primer proceso de paz —medio de negociación para resolver los conflictos políticos y sociales— el ocurrido en 1982, durante el gobierno del

“Aquel primer acercamiento de los grupos armados ilegales con un gobierno terminó con la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 por parte de uno de los grupos que estaba en la mesa de diálogo, el M19. Este fue un proceso de resultados negativos, por donde se le mire. De ahí, que algunos estudiosos no lo consideren como tal”.

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conservador Belisario Betancur (19821986), quien reconoció como actor político de oposición a la guerrilla armada. Betancur propició una apertura político-democrática para la guerrilla que condujera hacia el diálogo de la paz. Esta actitud permitió llegar a unos acuerdos de cese al fuego y la apertura de mesas de discusión sobre los grandes problemas nacionales, que propusieron reformas políticas, relacionadas con la situación agraria, urbana y legislativa, enmarcada en un contexto de derechos humanos. (Turriago, 2016, p. 161)

En el año 1986 cuando finaliza el gobierno de Betancur la sociedad colombiana ya había empezado a aceptar la necesidad de los procesos de paz, aunque con esto no se quiere decir, que por ello aceptaba el modelo que se le proponía entonces. Se empezó a escuchar sobre “Comisión de paz” y a partir de allí, ya se hizo común escuchar en cada gobierno la creación de su propia Comisión para la construcción de su modelo de procesos de paz. A partir de ese momento y hasta hoy, el país no ha parado de -por lo menos- escuchar la creación de procesos de paz. Aquel primer acercamiento de los grupos armados ilegales con un gobierno terminó con la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 por parte

Foto: https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/victimas-palacio-justicia-insistenestado-colombiano-justicia-327126

“Entre otras lecciones aprendidas, de las muchas que se pueden citar de este proceso están las que alertaron al Estado a una mayor presencia en el territorio nacional. En cuanto a la reinserción lo más importante es la educación. Hoy todos los antiguos guerrilleros del M19 son bachilleres y algunos profesionales, elemento que posibilitó su integración a la vida civil”.

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de uno de los grupos que estaba en la mesa de diálogo, el M19. Este fue un proceso de resultados negativos, por donde se le mire. De ahí, que algunos estudiosos no lo consideren como tal.

Acuerdo de paz con el M19 El 9 de marzo de 1990 en Caloto (Cauca), se firmó el primer acuerdo de paz entre una

guerrilla y el Estado colombiano. El M19 había declarado que la guerra no era la solución y resolvió deponer las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco (Histórica, 2015). Fue este el primer proceso de paz que dio resultados positivos en el país. El entonces presidente Virgilio Barco después de liderar un gobierno con una decisión contundente de perseguir el crimen organizado, decidió

explorar posibilidades de llegar a un acuerdo con el grupo más mediático de ese momento, el Movimiento 19 de abril (M19) que entonces venía de cometer varios delitos de gran envergadura que consternaron al país, pues fueron actos terroristas cometidos ya no en las zonas rurales, sino en la capital colombiana, que se consideraba inexpugnable ante este tipo de grupos. Entre ellos se conoció el robo de armas del Cantón

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“Desde antes de ganar las elecciones en 1998, Andrés Pastrana Arango había dado a conocer a los colombianos su intención de iniciar un proceso de paz y efectivamente lo echó a andar apenas posesionarse y fue, el proceso de paz más ambicioso que se conociera hasta ese momento, pero también, el más doloroso para Colombia hasta ese entonces”. Norte en 1978, posteriormente la Toma de la Embajada Dominicana en 1980 y la Toma del Palacio de Justicia en 1985. En 1987, el M19 tomó la decisión de salir de la guerra e invitó a un grupo de personas a discutir con ellos; se reunieron en La Habana, en Managua en México, en Panamá. Durante sesiones de discusión con la cúpula

del M19 que finalmente firma la paz bajo el gobierno Barco, que es el primer proceso de paz en Colombia con una guerrilla post revolución cubana en América Latina (Pizarro, 2017). Fue este el proceso que dio pie para creer que otros que se llevaran a cabo también darían frutos inmediatos y que finalmente la paz llegaría, cuestión que no ocurrió. Sin embargo, hemos de

Foto: https://www.telesurtv.net/news/Acuerdo-de-paz-del-M-19-con-Gobiernocolombiano-cumple-30-anos-20200309-0015.html

mencionar que ese proceso de paz exitoso dio pie a que otras guerrillas del continente, específicamente de Centroamérica se vieran impulsadas a recorrer el camino de los acuerdos. Caso del Acuerdo de paz en Chapultepec del Frente Farabundo Martí del Salvador. Hay que mencionar también que a pesar de varios acuerdos de paz con sendos grupos

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guerrilleros que dieron buenos resultados tras su desmovilización, – luego de sus múltiples conflictos que siguieron a la Guerra de Independencia en 1810 –, Colombia pasó a ser el último país latinoamericano en negociar con uno de los grandes grupos guerrilleros de la región, entendiendo que, hubo algunos con tal relevancia internacional que sus actos llegaron a ser conocidos del otro lado del Atlántico, caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de Sendero Luminoso del Perú. La historia de Colombia indica que el país nunca ha cerrado del y hasta hoy se ha creído desde entonces que cerrar un conflicto significa que ya no vendrán otros, y, por el contrario, Colombia cierra conflictos e inmediatamente el resultado de ello hace nacer otro, así sucedió entonces. (Rodríguez, 2016) Por lo anterior, es posible mirar el país como un referente en el tema. Pero, también hay que mencionar que aún está pendiente abrir un proceso de paz con el último grupo guerrillero que todavía reivindica sus pretensiones, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y al afirmar que aún queda pendiente ese proceso, no es porque se esté de acuerdo, sino porque no cabe duda de que habrá otro presidente que, por ganar impulso mediático, también diseñará su propio modelo de proceso de paz y lo llevará a cabo. La lección aprendida en este proceso fue que abrió la posibilidad a otros y que se demostró que cuando el grupo guerrillero está preparado para ceder, el

Foto: https://www.elheraldo.co/mundo/el-salvador-contra-viento-y-marea-305654

Foto: https://www.vanguardia.com/colombia/segunda-condena-a-la-nacion-por-el-despejede-el-caguan-MAVL211638

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Foto: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/exguerrilleros-se-graduaron-en-launiversidad-javeriana-de-cali-114722

proceso puede ser positivo, como efectivamente ocurrió con este en particular.

Bacrim después de la desmovilización de las autodefensas. (Histórica, 2015)

Entre otras lecciones aprendidas, de las muchas que se pueden citar de este proceso están las que alertaron al Estado a una mayor presencia en el territorio nacional. En cuanto a la reinserción lo más importante es la educación. Hoy todos los antiguos guerrilleros del M19 son bachilleres y algunos profesionales, elemento que posibilitó su integración a la vida civil. La quinta lección fue que el Estado debe hacer presencia integral en los territorios donde hacía presencia la guerrilla, de lo contrario otro grupo armado tomará el control de ese territorio, como ha ocurrido con las

Proceso de paz del Caguán con las Farc Desde antes de ganar las elecciones en 1998, Andrés Pastrana Arango había dado a conocer a los colombianos su intención de iniciar un proceso de paz y efectivamente lo echó a andar apenas posesionarse y fue, el proceso de paz más ambicioso que se conociera hasta ese momento, pero también, el más doloroso para Colombia hasta ese entonces:

Pero la reconciliación demanda un Gobierno

capaz de organizar un liderazgo colectivo por la paz, que implica sacrificios, exige renuncias y demanda compromisos graves que han de ser estériles mientras Caín siga matando a Abel. El presidente de la República asume el liderazgo irrenunciable de construir la paz: No esperen de mí que construya una burocracia de la paz. Desde ahora convoco a todos los colombianos a seguir y trabajar dentro de la “Agenda de paz” que voy a dirigir. (Pastrana, 1998)

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Este proceso de paz fue el más extenso hasta entonces y el más violento, paradójicamente. Fue el momento en que la sociedad colombiana quedó literalmente “secuestrada” en sus casas, sus municipios y sus ciudades. También fue durante ese proceso donde más secuestrados hubo, incluidos miembros de las Fuerzas Militares, los cuales el país conoció en condiciones de desmejoramiento físico y psicológico propios de los campos de concentración nazis en Polonia o Alemania. Sin embargo, durante más de tres años la sociedad colombiana aguantó toda clase de vejámenes, todo con la convicción de conseguir la paz y tener un mejor país.

La gloria del gobernante consiste en establecer la paz, procurar el bienestar y aumentar la felicidad de los ciudadanos. Lograr esto será la única recompensa a la que aspire a llegar al final de mi mandato. No es hora de vacilaciones ni de dudas. Es el momento de las decisiones y del coraje. Largo y difícil es

el camino que conduce a la Colombia que anhelamos. ! Empecemos ya ! Mañana será otro día. (Pastrana, 1998)

Una de las “innovaciones” que se introdujo en este proceso de paz fue el despeje de una amplia zona del país, en la cual se permitió al grupo guerrillero con quien se negociaba, a que en ese territorio no aplicaba el ordenamiento jurídico colombiano, eso llevó a que el proceso se desbordara y con ello la legitimidad del mismo. La impopularidad del proceso fue en alza a medida que la zona de despeje era utilizada.

Foto: https://www.semana.com/nacion/ articulo/bacrim-son-las-que-mas-reclutanmenores/377080-3/

De este proceso hay que decir, que fue tal vez, el más mediatizado a nivel internacional. Hubo una especie de “internacionalización”. Entonces el presidente convocó a diplomáticos europeos y de otros países latinoamericanos. En 1998 se inicia en Colombia lo que podría llamarse la diplomacia por la paz. Durante el gobierno de Andrés Pastrana la comunidad internacional se convirtió en un gran aliado en el logro de su política de paz. Su actuación

“… es posible mirar al país no solo como un territorio que ha producido terrorismo endógeno, sino, que es posible convertirlo de cara al futuro en una referencia obligada en materia del tratamiento de la paz, precisamente por su experiencia en este ámbito”.

Foto: https://www.vanguardia.com/colombia/lossecuestros-de-las-farc-una-herida-abierta-en-lasociedad-colombiana-gd2885989

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fue variada, pues ayudó en el trabajo intelectual de comprender el conflicto (causas y consecuencias), sirvió de garante en la estabilidad y desarrolló del todo el proceso de negociación, denunció los atropellos comentados en la zona de distensión y fue un actor clave en la crisis de enero de 2002 para reanudar el proceso. (Rodríguez R.C., 2017) Cuando se mira este proceso con retrospectiva se observa -quizá- el proceso de paz que más lecciones dejó al país de cara al siguiente que se realizó y a los que seguramente ocurrirán en el futuro. Una de esas lecciones fue, precisamente la negatividad de la internacionalización, la comunidad internacional no puede ser un actor central en los procesos de paz que tratan sobre conflicto armado interno en un país. Este tipo de procesos tienen una carga ideológica política enorme y por ello mismo debe ser cuestión intrínseca de la sociedad que lo realiza. Otra de las lecciones que dejó de cara al futuro fue lo negativo de decretar una zona de despeje, como ocurrió en este proceso. De ahí, que el proceso de paz

que le siguió, se realizara fuera del país. Esas por mencionar, tal vez, las más importantes. Pero sin duda no son las únicas.

A modo de conclusión Colombia históricamente ha sido referencia en América Latina en resolución de conflictos que han involucrado a guerrillas marxistas, eso ha hecho que en los años noventa su modelo fuera “exportado” a otros países del continente que sufrían el mismo flagelo. Eso, hace concluir que es posible mirar al país no solo como un territorio que ha producido terrorismo endógeno, sino, que es posible convertirlo de cara al futuro en una referencia obligada en materia del tratamiento de la paz, precisamente por su experiencia en este ámbito. No todos los procesos de paz tienen que dar resultados positivos para que sean referencia a seguir, pues, incluso dando resultados negativos se pueden tomar para evaluar aquello que no se debe hacer. Fue lo que ocurrió con el proceso del Caguán, que dejó más dudas que luces y de ahí se tomaron

decisiones firmes por parte de los gobiernos siguientes, así como de la sociedad misma en el rechazo de aquel modelo que aplicó Andrés Pastrana. Las lecciones negativas que dejó este proceso, son referencia obligada para los próximos procesos, si los llegara a haber. La última conclusión tiene que ver con la no cesión del Estado en todo aquello que las guerrillas exigen. Y, que, aunque las partes deberán ceder siempre, nunca hay que transar la vigencia de la ley con quienes están fuera de la misma. Si un proceso de paz se inicia debe estar dentro de la legalidad interna del país, de lo contrario será ilegítimo y lo que dentro del mismo ocurra también lo será, pues es el resultado de ello. Por tanto, en el hipotético caso de que Colombia vuelva a iniciar un nuevo proceso de paz con el último grupo guerrillero que aún existe, no tendrá excusa para no hacerlo bien, toda vez, que lecciones aprendidas positivas y negativas hay muchas y desde ambos espectros se debe evaluar la toma de decisiones dentro del mismo.

REFERENCIAS Histórica, C. N. (14 de marzo de 2015). Centro Nacional de Memoria Histórica. Obtenido de Centro Nacional de Memoria Histórica: https://centrodememoriahistorica.gov.co/15-leccionesdel-proceso-de-paz-con-el-m19/ Pastrana, A. A. (7 de agosto de 1998). Andrés Pastrana. Biblioteca Presidencial. Obtenido de Andrés Pastrana. Biblioteca Presidencial: http:// andrespastrana.org/una-colombiaen-paz-discurso-de-posesion-deandres-pastrana-como-presidentede-la-republica/

Pizarro, L. E. (s.f.). Cambiar el Futuro. historia de los procesos de paz en Colombia 1981-2016. Medellín, Antioquia (Colombia). Rodríguez, M. T. (2016). Geografía del terrorismo en Colombia. Una visión retrospectiva. Revista de paz y conflictos, 179-198. Rodríguez, R. C. (2017). Lecciones aprendidas del papel de la comunidad internacional en los procesos de paz. 9º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo.

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Colombia: cronología de los acuerdos de paz y las nuevas amenazas como consecuencia del Acuerdo Final de 2016 Coronel Hugo Hernán Camelo Sandoval Magíster en Artes y Ciencias Militares

Profesional en Ciencias Militares (Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”), Especialista en Seguridad y Defensa (Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”), Maestría en Gestión de Riesgo y Desarrollo (Escuela de Ingenieros Militares de Colombia), Maestría en Artes y Ciencias Militares (Colegio de Comando y Estado Mayor de los Estados Unidos, WHINSEC, Fuerte Benning, Georgia). Foto: https://indepaz.org.co/acuerdo-final-para-la-terminacion-del-conflictoy-la-construccion-de-una-paz-estable-y-duradera/

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Resumen Este artículo tiene como objetivo realizar una descripción histórica de los acuerdos de paz, enfatizando particularmente en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFTC) firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Algunos párrafos hacen parte de una investigación de nivel de maestría en Artes y Ciencias Militares realizada por el autor en el año 2020 en el Colegio de Comando y Estado Mayor de los Estados Unidos, WHINSEC, Fuerte Benning (Georgia). Se pretende establecer las nuevas amenazas como consecuencia de este acuerdo, que atentan contra la estabilidad democrática y la Seguridad Nacional. Para ello, se adelantó una aproximación al concepto de violencia desde la categoría política que conlleva el fenómeno valorativo del uso de la fuerza con la intención de causar daño, desde el entendido de Ives Michaud, quien refleja postulados especialmente de John Locke; también desde la relación social de violencia y el carácter subjetivo de la misma que aborda Michel Foucault en la Teoría del Poder. Luego, se dio una mirada cronológica a los acuerdos de paz desde los años 80 hasta el último proceso de 2016, la mayoría fallidos y pocos materializados. Enseguida, se analizó la etapa actual del posacuerdo, término utilizado teniendo en cuenta estudios de Johan Galtung. Se concluye que, la creciente presencia e injerencia de disidentes de las

Farc, es un hecho que preocupa y desalienta no solo la actual etapa, sino que, además, se convierte en un gran desafío para el Estado colombiano y, por ende, para la estabilidad democrática, la seguridad, la gobernabilidad y la consolidación de la paz.

“La violencia del país se ha transformado. El último contexto real de una revolución terminó con la desmovilización del M-19. Hasta entonces, había una composición clara de las posiciones políticas de subversión que dependían en gran medida del concepto

sociológico del país, de las inequidades, de las no conformidades, de la resistencia, de la falta de una política sensata para manejar una situación posterior a la violencia que nunca se curó por completo. Pero actualmente, lo que hay es una mezcla de criminalidad. Los narcotraficantes son un ejército con capacidad criminal absoluta e interés financiero impresionante” Gral. Álvaro Valencia Tovar, 2012

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Introducción Colombia ha experimentado históricamente una violencia activa y prolongada durante décadas, convirtiéndose en la más longeva de América Latina (Calvo, 2017, p. 8). En efecto, el país se caracteriza por hechos de violencia bipartidista entre los partidos políticos liberales y conservadores en los años 50 del siglo pasado, teniendo como antesala desajustes y acomodamientos que sacudieron la sociedad y al sistema político (Medina, 1989). A esto le sigue, la conformación de grupos subversivos en los años 60, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), guerrillas de primera generación, que tras un largo período

de estancamiento y marginalidad lograron ampliar su influencia en zonas de gran importancia estratégica como resultado de la acumulación de recursos económicos y fortalecimiento militar. (Echandía, 2015)

A partir de la década de los 70 empiezan a surgir las guerrillas de segunda generación, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Quintín Lame, el Movimiento Patria Libre y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otros (Pizarro,

“En este escenario, los grupos armados ilegales en muchas ocasiones unidos en alianzas, han hecho presencia en varias regiones del país, siendo responsables de miles de víctimas directas e indirectas, asesinatos, torturas, desplazamiento forzado, masacres, violencia sexual, reclutamiento forzado, despojo de tierras, financiados con el narcotráfico y sus actividades conexas”.

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1996). Paralelo a ello, nacen las organizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), logrando integrar diferentes grupos, y trazar metas para contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tenían sus fuentes de financiamiento. (Verdad Abierta, 2008) Entonces, como se observa a lo largo de la historia, el país ha vivido momentos críticos, trasformaciones conflictivas que aún son reiterativas y no cesan (Morales, 2019). En este escenario, los grupos armados ilegales en muchas ocasiones unidos en alianzas, han hecho presencia en varias regiones del país, siendo responsables de miles de víctimas directas e indirectas, asesinatos, torturas, desplazamiento

forzado, masacres, violencia sexual, reclutamiento forzado, despojo de tierras, financiados con el narcotráfico y sus actividades conexas. Estas acciones han estado ligadas particularmente a la convergencia y persistencia de múltiples razones, como es a grandes inequidades y brechas sociales existentes, a una deficiente presencia institucional, a un inadecuado planeamiento de los gobernantes, al fenómeno de la corrupción en todas las esferas del Estado, entre otros aspectos. Esto ha servido como piedra angular para que los espacios geográficos surjan y se fortalezcan toda clase de grupos al margen de la ley, y organizaciones del crimen.

Así, tras la historia de más de medio siglo marcada por hechos de violencia y conflictividad, los grupos armados ilegales han dejado no solo miles de víctimas, sino consecuencias y efectos socioeconómicos y psicosociales incuantificables y repercusiones devastadoras al tejido social (Sánchez & Díaz, 2005). En sí, han dejado huellas imborrables en la memoria individual y colectiva de los colombianos, especialmente de quienes fueron víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) Evidentemente, estos elementos constitutivos de violencia fueron determinantes para que

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el Estado intensificara y concentrara operaciones militares con miras a combatir dichas estructuras (Salinas, 2015). Pero, también, para que los diferentes gobiernos buscaran la resolución del conflicto mediante negociaciones y acuerdos de paz, particularmente a partir de los años 80, logrando que algunos grupos armados ilegales se decidieran a través de mecanismos pacíficos (Peco & Peral, 2006). En ese propósito, los procesos de paz se han enfrentado a diversos obstáculos, caracterizándose la gran mayoría por ser intentos fallidos, y pocos los alcanzados. Bajo ese panorama, los problemas que enfrenta en la actualidad Colombia afectan directamente la percepción de seguridad, la consolidación territorial y la construcción de los intereses nacionales. Si bien es cierto, se han firmado algunos acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y grupos armados ilegales, el último, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFTC) firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016, no ha sido suficiente para lograr detener la violencia menos consolidar la paz estable y duradera. Es así, que, en esta nueva etapa, se han configurado nuevos grupos armados organizados con pretensión de controlar los territorios dejados por esta guerrilla, desatándose hechos de violencia y proliferación de economías criminales marcadas por el narcotráfico, la minería ilegal, entre otras actividades

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“… los problemas que enfrenta en la actualidad Colombia afectan directamente la percepción de seguridad, la consolidación territorial y la construcción de los intereses nacionales”.

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conexas. Si bien los actos delictivos en torno al conflicto se redujeron tras la firma del AFTC, al poco tiempo se volvieron a incrementar, luego el panorama actual de las regiones está siendo nuevamente copado por grupos violentos e híbridos generadores de homicidios, masacres, desplazamiento forzado, violencia sexual, amenazas y boleteos. (Defensoría del Pueblo, 2018) Lo cierto, es que, el último acuerdo firmado ha dado como resultado la conformación de las llamadas disidencias de las Farc, entendiendo por estas, aquellos miembros que no hicieron parte del proceso de paz, y decidieron formar nuevas facciones armadas, en viejos y nuevos reasentamientos (Álvarez, Pardo & Cajiao, 2018), constituyéndose en una amenaza de orden militar, y realizando actividades dentro del marco de orden público. Este grupo mostró inconformidad con el mando central y ahora expanden su empresa criminal por el territorio nacional, incluso por territorios vecinos (Fernández, 2018). Cabe indicar que los diferentes grupos de disidencias están siendo liderados por hombres con experiencia, y son de carácter transnacional. Entonces, es claro que estos grupos de disidentes son actualmente la amenaza más certera para la seguridad de las regiones, pues están incursionando en municipios y áreas con algún potencial estratégico en términos económicos, políticos y militares, esencialmente en áreas con vacíos institucionales, donde ejercen influencia

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“Entonces, es claro que estos grupos de disidentes son actualmente la amenaza más certera para la seguridad de las regiones, pues están incursionando en municipios y áreas con algún potencial estratégico en términos económicos, políticos y militares, esencialmente en áreas con vacíos institucionales, donde ejercen influencia sobre la población, generando tensiones y el recrudecimiento de la violencia”.

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sobre la población, generando tensiones y el recrudecimiento de la violencia. A esto se suma el crecimiento exponencial de cultivos de coca, la producción de cocaína, la explotación de minería ilegal, entre otras actividades rentables con las que financian su accionar criminal.

“En el año 2017, a un año de la firma del AFTC, ya es evidente la presencia de disidencias en los departamentos de Meta, Caquetá, Nariño, Vichada, Vaupés, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca, espacios con mayor concentración de estos grupos”.

Por consiguiente, el desafío para la consolidación territorial del país se convierte en un tema ascendente y coyuntural en el marco de la Seguridad y la Defensa y de la gobernabilidad. Por tanto, en “ocasiones llegan a controlar territorios, no solo en zonas aisladas sino en barrios de las capitales y grandes ciudades. [Pues] las zonas (…) pobres, con vacíos estatales, es cubierto como por las redes del narcotráfico y el crimen organizado”. (Barrios, 2016) Luego, el balance actual no es acogedor, desdibuja un arduo camino de amenazas por múltiples y profundos factores desestabilizadores, en razón al surgimiento de las disidencias de las Farc. En consecuencia, se plantea para el país escenarios que afectan la seguridad y gobernabilidad, pues esta situación deja entrever temas relacionados con la implementación de los acuerdos, factores que son desencadenantes de debilidades e impactan negativamente en la resolución de la violencia. Bajo este escenario, el objetivo central es realizar un histórico de los acuerdos de paz, enfatizando particularmente en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz

Estable y Duradera (AFTC) firmado en 2016 entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), con el fin de establecer las nuevas amenazas como consecuencia de este acuerdo, que atentan contra la estabilidad democrática y la Seguridad nacional. Para ello, se adelanta una aproximación al concepto de violencia desde la categoría política que conlleva el fenómeno valorativo del uso de la fuerza con la intención de causar daño, desde el entendido de Ives Michaud, quien refleja postulados especialmente de John Locke; también desde

la relación social de violencia y el carácter subjetivo de la misma que aborda Michel Foucault en la Teoría del Poder. Luego, se da una mirada cronológica a los acuerdos de paz desde los años 80 hasta el último proceso de 2016, la mayoría fallidos y pocos materializados. Enseguida, se analiza la etapa actual del posacuerdo, término utilizado teniendo en cuenta estudios de Johan Galtung; por último, se presentan las conclusiones.

Método El presente artículo se enmarca en una investigación dentro de las ciencias sociales. Se realiza

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a través del diseño cualitativo, el cual facilita referir entornos reales, interacciones, conductas, sucesos complejos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Este permite indagar sobre hechos y, en razón a la flexibilidad del diseño, examinar literatura desde una variedad de fuentes encontradas en diferentes bases de datos. Dentro del marco interpretativo y dado su propósito, se desarrolla bajo el tipo descriptivo, lo que permite identificar los efectos que ejercen influencia en el fenómeno estudiado. Con este diseño se

detallan las dimensiones del fenómeno violento y criminal de las amenazas desde varias aristas; además, de los desafíos que representan para el Estado colombiano.

parte desde dos acepciones tratando de presentar propuestas que se acerquen al caso objeto de estudio, como también se aborda brevemente las causas que la generan en el país.

Una aproximación al concepto de violencia

En primera medida, el criterio valorativo al fenómeno de violencia que destaca el uso de la fuerza para causar daño a alguien, es el de Ives Michaud citado por Vargas (2003), indica que:

Sin duda alguna, antes de hacer una cronología y un análisis de los acuerdos de paz en Colombia, es necesario hablar de violencia, precisamente de esa manifestación que ha caracterizado el contexto histórico del país. Por ello, en principio y partir de la multiplicidad de formas y definiciones al respecto, se

[…] hay violencia cuando, en una situación de interacción, uno o

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varios actores operan de manera directa o indirecta, inmediata o diseminada, pretendiendo afectar a uno o varios en grados variables, sea en su integridad física, en su integridad moral, en sus posesiones, en sus participaciones simbólicas y culturales. (p. 61)

Un segundo concepto que se aborda al núcleo de la violencia, parte de Michel Foucault en su Teoría del Poder, donde afirma que el conjunto de mecanismos y procedimientos son parte intrínseca de todas las relaciones sociales, donde en línea general, la articulación histórica, política, social y económica, pueden ser pensadas para el análisis de violencia. Así, la definición de la violencia la aborda como una forma de relación social caracterizada, por la negación del otro. Es decir, acentúa el carácter subjetivo de la violencia. (Martínez, 2016) Bajo estas dos definiciones, en términos generales se encuentran elementos centrales, siendo el de más consenso: “el uso de la fuerza por parte de alguien; el daño; recibir dicho daño por una o varias personas; la intencionalidad del daño; el propósito de obligar a la víctima a dar o hacer algo que no quiere”. (Martínez, 2016, p. 9) Ahora, pasando a analizar las causas que generan la violencia en el contexto colombiano y que explican la larga duración

del conflicto armado, así como su extensa espiral de violencia generalizada, se puede indicar que estas tienen que ver con:

[…] la exclusión y con un proceso de consolidación del Estado-nación en el cual no todos los ciudadanos se han percibido incluidos, a excepción de algunas regiones más privilegiadas por el modelo centralista. A su vez, las causas están relacionadas con el cierre de oportunidades, durante décadas, para la participación política de los movimientos considerados opositores; con el descuido de lo social; con la exclusión y la violencia de una sociedad inequitativa, en la que nunca se ha realizado una reforma agraria profunda, y con las inconsistencias de un Estado históricamente débil, con una precaria presencia en buena parte del territorio nacional, entre otros motivos. (González & Molinares, 2010, párr. 33)

De tal manera, y acercando estas propuestas al contexto colombiano, puede determinarse cómo la continuidad de los ciclos de violencia política y social en el país a lo largo de la historia, han convalidado instrumentos de presión por parte de los grupos armados ilegales

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para el logro de sus propósitos. En ese sentido, la cultura de violencia política ha dado tránsito a la búsqueda de soluciones pacíficas que aún no termina, estando lejos de lograr una paz estable.

Una mirada cronológica a los intentos de acuerdos de paz La primera figura de acuerdos pacíficos en Colombia se da bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas (19821986), quien lidera la conformación de un movimiento nacional con el fin de adelantar gestiones para un proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Las conversaciones se inician en el municipio de La Uribe (departamento del Meta), logrando firmar los “Acuerdos de La Uribe” en 1984, en que se concreta el cese al fuego, y se proyecta un partido político denominado Unión Patriótica, conformado por miembros de las Farc y del Partido Comunista, con el fin de que sirviera para la desmovilización del movimiento armado. (Medina, 2010) Este acontecimiento le permite a las Farc una ventaja para su reorganización y crecimiento, precisamente porque las operaciones militares se suspenden, en razón a que el gobierno trata de frenar la autonomía castrense en el manejo del orden público, lo que genera tensiones entre gobierno y las Fuerzas Militares (Spencer, 2011). Esta gestión de paz fracasa porque los máximos líderes de las Farc no retornan a la vida civil y se reorganizan nuevamente en

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1987. (Villarraga, 2019) Posteriormente, durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) se logran acercamientos con las Farc, pero los asesinatos sistemáticos de militantes de la Unión Patriótica por parte de las autodefensas, genera el rompimiento de las negociaciones que venían del gobierno anterior (Villarraga, 2019). También se logran acercamientos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) integrada por las Farc, el Eln y disidencias del Epl, sin lograr éxito. (Delgado, 2012)

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De igual forma, la guerrilla de carácter urbana denominada Movimiento 19 de abril o M-19 se acoge después de varias conversaciones a las políticas pacifistas del Estado, logrando la desmovilización y disolución de esta organización armada ilegal. En tal sentido, este gobierno negocia solo “condiciones de desmovilización y reinserción, aunque en su desarrollo se amplió a temas políticos, una participación organizada y restringida de la sociedad civil; hubo negociaciones ‘parceladas’ con cada organización guerrillera”. (Vargas, 2003) En el mandato del presidente Cesar Gaviria Trujillo (19901994) se dan conversaciones con las Farc en el departamento de Arauca, las cuales se trasladan a Caracas y luego a Tlaxcala, México (Medina, 2010). Sin embargo, estos diálogos se rompen tras el secuestro del exministro Argelino Durán Quintero, fallecido en cautiverio en 1992 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

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En ese sentido, las acciones militares se intensifican en las áreas del río Duda y Guayabero en la Orinoquía, entre otras zonas (Torres, 2016), a tal punto que el gobierno ordena la toma del campamento Casa Verde de las Farc ubicado en el municipio de La Uribe en 1990 (Verdad Abierta, 2019), lo cual desata una arremetida de esta guerrilla contra la Fuerza Pública y la población civil. No obstante, durante este período, se logra la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl), el Movimiento Indígena Armado Quinten Lame (MAQL), y de una parte fragmentada del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se le propone a las Farc negociaciones de paz, pero este grupo guerrillero no acepta, pide por

el contrario, el despeje del municipio de La Uribe, a lo cual el gobierno se niega. Ante este hecho, se produce la mayor escalada terrorista de esta guerrilla, “pasaron de la tradicional guerra de posiciones a y la ofensiva guerra de movimientos”. (Spencer, 2011) Entre los años 1996 y 1998 las Farc propician los más duros golpes a las Fuerzas Armadas, atacan bases militares fijas como las de Patascoy, Puerres, El Billar, Las Delicias, Pavarandó, Uribe, Vichada, Miraflores y otras Unidades del Ejército, mostrando gran poder de fuego y secuestrando gran número de militares y policías (Vargas & Patiño, 2006). Hechos sin precedentes en la historia del conflicto colombiano que dejan al descubierto grandes fallas al interior del Estado.

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Posteriormente, en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) nuevamente se da inicio a un proceso de paz con las Farc, esta vez en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá (Spencer, 2011). Para ello, esta guerrilla exige el despeje de grandes territorios, logrando que el gobierno les entregue y desmilitarice 42.139 Km2 correspondiente a cinco municipios: San Vicente del Caguán, La Macarena, Vistahermosa, La Uribe y Mesetas (Delgado, 2012). En este intento por lograr la paz, el único avance que se logra es una agenda común suscita entre las partes, donde las negociaciones se rompen porque las Farc secuestran al congresista Jorge Géchem en el 2002. (Spencer, 2011) Así, la llamada zona de distensión termina con el fortaleci-

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miento de las Farc que aprovecha las concesiones dadas por el Estado, pues allí imponen a los ciudadanos sus propias leyes, y al tener tanto territorio, expanden su influencia en zonas de gran valor estratégico, y realizan múltiples actos criminales. Esto genera una crisis gubernamental, sin embargo, el proceso tiene alto grado de legitimidad, puesto que la comunidad internacional está presente. (Zuluaga, 2012) Otro factor a considerar es que el gobierno desarrolla una doble estrategia que permitiría hacerle frente a esta guerrilla. Por un lado, un acercamiento con esta agrupación, por otra parte, la búsqueda de recursos internacionales para fortalecer el Estado. Esto, da como resultado la consolidación del Plan Colombia con el cual se logra reestructurar y modernizar las Fuerzas Armadas (Spencer, 2011, p. 56). Además, “fue concebido desde su inicio como un conjunto de estrategias encaminadas a hacer frente a las necesidades de paz, desarrollo económico y social, y el fortalecimiento de Estado”. (Vargas & Patiño, 2006) De otra parte, en el primer período del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), se llevan a cabo diálogos exploratorios y negociaciones con el grupo de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc), logrando firmar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en 2003, y con ello, la desmovilización gradual de 31.671 combatientes y la entrega de 18.051 armas (Indepaz, 2013). Entre 2005 y 2006 el país adopta un marco

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Foto: https://verdadabierta.com/del-acuerdo-de-santa-fe-de-ralito-al-no-contralas-farc/

“En la actualidad se perfilan nuevas estructuras violentas y criminales con injerencia en un gran número de municipios colombianos, consolidándose nuevos riesgos y desafíos ligados con el narcotráfico y actividades conexas, situación que deja prever un panorama cada día más volátil, incierto, complejo y ambiguo dado la importancia en materia de Seguridad y Defensa nacional”.

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legislativo que permite la persecución y sentencia de miembros de grupos armados ilegales que se hayan acogido a los procesos de desmovilización, regulación conocida como la Ley 975 de 2005 o la Ley de Justicia y Paz. Ahora, con el Ejército de Libración Nacional (Eln) este gobierno llega a un Acuerdo Base en el exterior, en Cuba, logrando un alto nivel de consensos entre las partes, pero no hay así una clara decisión de avanzar, evidenciando dificultades para definir un rol positivo para la sociedad civil, por tanto, se terminan. (Vargas, 2013) En el segundo período de Álvaro Uribe (2006-2010), el gobierno busca un acercamiento con las Farc, pero este grupo armado ilegal condiciona a que se dé un intercambio de presos por los rehenes en su poder; además, para iniciar los

diálogos pretenden impunidad total, legalización del narcotráfico, libertad de los presos, reinserción total, control político sin sometimiento (Collazos, 2003), pretensiones que el Estado claramente no acepta. A esto se suma, que perpetran un atentado a las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra en que resultan varias personas heridas, llegando hasta ahí el intento del gobierno de una posible negociación. (Villarraga, 2018) Es de destacar que, durante este gobierno se lanza la mayor ofensiva contra las Farc en toda su historia, se adopta una postura fuerte contra este grupo a través de la implementación de la Política de Seguridad Democrática, logrando la recuperación regional y el debilitamiento militar de dicho grupo (Vicepresidencia de la República, 2008).

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Esto obliga a las Farc a replegarse y proponer nuevos métodos de lucha, cambiando de una guerra de masas, a una guerra de guerrillas (Villarraga, 2018). Lo cierto es que “por primera vez, había una percepción de superioridad militar del Ejército Nacional sobre la insurgencia”. (CIDOB, 2014, párr. 15) Lo anterior, en razón a la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas, al incremento cuantitativo de su pie de fuerza, a la creación de nuevas estructuras operativas militares, estaciones y subestaciones de Policía, a la adquisición de helicópteros, aeronaves y equipos, logrando aumentar la capacidad de respuesta frente al accionar de los grupos armados ilegales. (Spencer, 2011) Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (20102018), que también suman dos

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periodos, se da el cuarto y último proceso de negociaciones con las Farc, el cual se inicia públicamente en el segundo semestre de 2012 en Oslo, Noruega, y se desarrolla en La Habana, Cuba. Las conversaciones se inician bajo tres principios rectores: “aprender de los errores del pasado para no repetirlos; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto y no a su prolongación; y mantenimiento de las operaciones y presencia militar en el territorio nacional” (CIDOB, 2014, párr. 21). Para esta época, las Fuerzas Militares están ampliamente capacitadas y preparadas profesionalmente, representando para el Estado una fortaleza y una ventaja frente a este nuevo proceso. Así, después de cuatro años de conversaciones, por primera vez se logra un acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y

las Farc. Se concreta con la firma el 24 de agosto de 2016 en la ciudad de Cartagena, lo que garantiza la transición a la paz y la oportunidad de minimizar el conflicto armado (Collazos, 2003). Pero, este acuerdo tiene que ser legitimado y aprobado por la población, por tanto, se somete a un plebiscito que se realiza el 3 de octubre de 2016. Se obtiene como resultado que: “el 50,21% de los colombianos dijeron que "No" y 49,78% dijeron que "Sí"” (Miranda, 2016, párr. 5). Esto implica la negativa del acuerdo final, por tanto, se somete a una renegociación con los opositores, logrando que el 24 de noviembre de 2016 se firme un nuevo acuerdo.

tución Política con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017). Este convirtió el “Acuerdo Final (…), en una política pública de Estado cuya implementación y desarrollo constituye compromiso y obligación de buena fe para todas las autoridades del Estado, con el fin de garantizar el derecho a la paz, respetando su autonomía” (Corte Constitucional, Sentencia C-630, 2017). En el marco de dicho acuerdo las partes acuerdan seis puntos esenciales:

De hecho, es aprobado por Plenaria en el Congreso mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, el cual adiciona un artículo transitorio a la Consti-

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 2. Participación Política: Apertura democrática para

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Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-habana-la-hora-de-las-victimas/390727-3/

construir la paz. del Conflicto. 3. Fin Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas. 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos. 6. Implementación, verificación y refrendación. (Departamento Nacional de Planeación, 2016)

De hecho, este AFTC ha sido considerado como una oportunidad para reconstruir y reconciliar un país dividido por la guerra y politizado políticamente, donde las profundas inequidades y falta de oportunidades, han sido unas de las causas del surgimiento de violencias estructurales y de la maximización de fenómenos como el narcotráfico que no solo permea a los grupos armados ilegales, sino a las estructuras estatales. Sin embargo, la lentitud del Estado en ocupar territorios dejados por las Farc, las dificultades en la adecuación de zonas y puntos veredales transitorios, así como la implementación de la reincorporación colectiva, entre otros factores, han sido detonantes para el surgimiento

de disidencias y de economías criminales. (Institute For Integrated Transitions, 2018)

La etapa del posacuerdo y las nuevas amenazas como consecuencias del AFTC Descrito el trasegar de los procesos de paz en el acapice anterior, se pasa a la nueva etapa que vive el pueblo colombiano, la transición al posconflicto, término que de hecho resulta demasiado amplio para describir la situación actual, conviene mejor utilizar el concepto de “posacuerdo” porque “una cosa es firmar un acuerdo que formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción de la paz” (Jaramillo, 2016). En

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la misma línea, estudios de Johan Galtung, aseveran que la firma de la paz es solo el arribo del posacuerdo, más no el del posconflicto, pues para llegar a él, es decir, a la reconstrucción del país, se requiere tanto tiempo como el conflicto armado. (Cepeda, 2016) Entonces, en este período bien puede señalarse que ya se han tenido varios escenarios. El primero, recién se firma el AFTC, donde se vive un ambiente de calma; el segundo, a medida que se ha ido dando la implementación, se ha podido evidenciar hechos de violencia en varias regiones del país, donde las disidencias de Farc han irrumpido en varias zonas queriendo tomar el control territorial.

Con relación a lo anterior, en los últimos años el crecimiento de las disidencias, así como sus actividades se han visto fortalecidas cuantitativa y cualitativamente en las áreas de influencia. No obstante, el posicionamiento está generando indicadores de crimen y violencia; por una parte, se evidencia un gran número de departamentos con presencia de disidencias y, por otra, gran capacidad para generar consecuencias graves en aspectos sociales, económicos, físicos, morales, culturales y ambientales, pues han recurrido a prácticas atroces: masacres, secuestros, extorsión, reclutamiento y desplazamiento forzoso, demostrando que pueden desestabilizar la seguridad y afectar la implementación de

los acuerdos. En el año 2017, a un año de la firma del AFTC, ya es evidente la presencia de disidencias en los departamentos de Meta, Caquetá, Nariño, Vichada, Vaupés, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca, espacios con mayor concentración de estos grupos. Para 2018, hacen parte de estas estructuras unos 1.749 combatientes, con injerencia en los departamentos de Antioquia, Arauca, Casanare, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Putumayo, Tolima, y Nariño. (Ministerio de Defensa de Colombia, 2018) Según datos de la Fiscalía General de la Nación con corte también a 2018 “contabilizan 1.463 integrantes, con presencia en

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18 departamentos, 120 municipios y 2.432 veredas” (Laverde, 2019). Para 2019, el gobierno calcula unos 3.000 integrantes, pero aclara no todos son exguerrilleros de las Farc, y que a septiembre del mismo año ya habían perpetrado 150 hechos violentos demostrando capacidad de acción violenta (Rendón, 2019). Datos de la Defensoría del Pueblo (2021), indican que entre 2018 y 2020 se duplicaron los miembros de las disidencias, calculan que hay unas 4.600, de los cuales 2.600 están armados y el resto pertenecen a las redes de apoyo y milicias tanto rurales como urbanas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, revela que en el país hay un total de 123 municipios con presencia de disidentes en 22 departamentos, cifra que viene en aumento desde 2018, cuentan con 43 estructuras criminales, para un total de 5.200 combatientes que delinquen en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Meta, las cuales estarían repartidas en 12 estructuras con 2.700 personas, mientras que la Segunda Marquetalia contaría con 2.000 personas en sus 10 estructuras, y que en el comando coordinador de occidente habría unas 500 personas en 8 estructuras. (Revista Semana, 2021) Luego, la situación es crítica en por lo menos 100 municipios del país, concentrados mayoritariamente en los departamentos de Cauca, sur del Meta, Guaviare, Nariño, la región del Catatumbo, Chocó, en Norte de Santander, Arauca y nordeste de Antioquia,

entre otros, con menor presencia, pero con un mismo fin, fortalecer el control de las economías ilegales, principalmente las rutas de la coca y la minería ilegal, y prácticas como la extorsión. (Cantillo, 2020) Por eso, “las disidencias se convierten en un factor desestabilizador en aquellas regiones donde hoy están activas y en aquellas que están en potencial riesgo” (Verdad Abierta, 2018). A juicio del analista Alfredo Rangel, las “razones de las disidencias tienen como telón de fondo el crecimiento inusitado del narcotráfico” (Villamil, 2017). En la misma línea, el portal InSight Crime indica que “el narcotráfico y la extorsión son los principales objetivos de estos grupos” (Bargent, 2018). Luego estas estructuras han venido creciendo y reclutando nuevos integrantes en todas del país, sus intereses se convalidan en lo económico, mas no en lo político. (Álvarez, Pardo & Cajiao, 2018)

También es claro que las “disidencias” (grupos que se apartaron de las Farc antes de la firma del acuerdo en 2016) y “reincidencias” (cabecillas y combatientes desmovilizados que volvieron a las armas), tienen un común denominador en su plan de expansión territorial y operacional: el dominio de las zonas de narcocultivos, minería ilegal, contrabando,

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tráfico de armas, tala ilegal de madera y otros delitos asociados. (El Nuevo Siglo, 2020, párr. 8)

Por otra parte, la dinámica del narcotráfico motor económico de los distintos grupos armados ilegales, ha contribuido a que las disidencias “participen en el crimen organizado buscando controlar los territorios por medio de las armas y violencia. Esto suscita un incremento en la delincuencia que no proviene del delito común, sino que está sujeta a las dinámicas históricas del conflicto armado” (Jiménez, Acosta & Múnera, 2017, p. 389). Desde esa perspectiva, las disidencias se catalogan como organizaciones consistentes en mantener su capacidad armada y el control sobre los negocios ilícitos. Estos narcoterroristas se quedan por la droga, son zares del narcotráfico, están vinculados y comercializando con los grandes carteles del mundo. Se encuentran sacando la droga hacia los países vecinos y se están lucrando con eso, porque tienen la facilidad de obligar al campesino a sembrar la mata de coca, y efectuando los laboratorios y los cristalizaderos para comercializar el clorhidrato de cocaína. (Jiménez et al., p. 393)

Foto: http://especiales.sostenibilidad.semana.com/voladuras-de-oleoductos-encolombia/index.html

Al respecto, es importante indicar cómo, informes elaborados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2018,

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2020, 2021), han reportado 146.000 hectáreas de siembra de coca a 2016, 171.000 a 2017, 169.000 a 2018, y 154.000 a 2019, llegando a 245.000 en la actualidad, según datos de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. (Posada & Robbin, 2021) En esa medida, claramente, las disidencias representan una amenaza a la seguridad y orden del país. En consecuencia, no se ha logrado salir de esa compleja ola de violencia y conflictividad, porque, aunque el Estado colombiano ha hecho esfuerzos, persiguiendo y combatiendo la simbiosis de las disidencias, estas siguen creciendo, y ocupando espacios vacíos y olvidados por el Estado, por tanto, “debe centrar mayores esfuerzos en controlar y disminuir las acciones ilegales de las disidencias de las Farc, que serán de ahora en adelante la principal amenaza interna para el Estado colombiano”. (Cubides & Jiménez, 2017, p. 382) Así, las cosas, la violencia se ha transformado, no se ha terminado, lo cual requiere enfrentarlas con el poder militar del Estado, dado que mantienen una capacidad ofensiva deteriorando las condiciones de seguridad en varios territorios. Por tanto,

deben potenciar sus operaciones desde las diferentes aristas y capacidades, para lograr bloquear el accionar criminal de estos nuevos grupos armados ilegales. Y por parte del Estado, este debe asumir integralmente la ocupación de los espacios recuperados, lo que conlleva no solo presencia militar, sino institucional, generando mecanismos que permitan el desarrollo de las regiones y sectores menos favorecidos.

Conclusiones Los acuerdos de paz de 2016, trajeron consigo nuevos generadores de violencia y desestabilización, que surgen tanto de antiguos grupos armados ilegales como de los nuevos que se han venido conformando, alterando significativamente en el orden público y la seguridad nacional. Los resultados de este estudio refuerzan y reconocen que las nuevas amenazas, son las disidencias de las Farc, grupos armados ilegales que cada día crecen y se expanden a lo largo y ancho del territorio nacional, por consiguiente, se constituyen en una verdadera afectación no solo a nivel doméstico, sino regional, debido a la transnacionalización de su accionar delictivo.

Foto: Bogotá monumentos caídos en combate - http://www.panoramio.com/photo/77367185

Las disidencias nacieron en razón a que varios miembros de las extintas Farc nunca entraron en las negociaciones, siguieron con sus actividades criminales, y otros que por el contrario se acogieron al proceso, volvieron a reagruparse, a tomar el camino de las armas, y a posesionarse de territorios conocidos y nuevos. En la actualidad se perfilan nuevas estructuras violentas y criminales con injerencia en un gran número de municipios colombianos, consolidándose nuevos riesgos y desafíos ligados con el narcotráfico y actividades conexas, situación que deja prever un panorama cada día más volátil, incierto, complejo y ambiguo dado la importancia en materia de Seguridad y Defensa nacional. La creciente presencia de disidentes, es un hecho que preocupa y desalienta no solo la etapa actual del posacuerdo, sino que, además, se convierte en un gran desafío para el Estado colombiano y, por ende, para la estabilidad democrática, la seguridad, la gobernabilidad, y la consolidación de la paz.

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Implementación del Acuerdo Final: avances y desafíos (2016-2021) Mayor General de I.M. (R) Luis Jesús Suárez Castillo, Ph.D. Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

Excomandante Infantería de Marina. Doctor en estudios políticos (Universidad Externado de Colombia); magíster en Defensa y Seguridad Hemisférica (Inter-American Defense College, Washington D.C. y Universidad del Salvador de Buenos Aires - Argentina); magister en Seguridad y Defensa Nacionales (Escuela Superior de Guerra, Bogotá, D.C). Igualmente, Administrador de empresas, docente, investigador, columnista. Foto: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Relaciones-Colombia-ONU-atraviesan-buen-momento-Presidente-Duque-reunio-Secretario-Generalorganismo-200309.aspx

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Resumen El presente artículo examina el proceso de implementación del Acuerdo, cuyo marco temporal comprende el periodo diciembre 2016 - diciembre 2021. Para ello, se establece la situación actual de implementación, tras la firma del Acuerdo; se identifican los principales avances que se erigieron para facilitar o posibilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos; y se determinan los desafíos que entrañan la virtud de tener efectos desencadenantes o multiplicadores. Por tanto, se genera una acción de cascada que imprime velocidad al proceso de implementación a futuro. Las conclusiones señalan que se han sentado las bases

fundamentales de la arquitectura normativa e institucional para que el Acuerdo se cumpla en quince años, según mandato constitucional. Existe un adecuado planeamiento de largo plazo, para que el Acuerdo sea realizable e irreversible. Los puntos 3 y 6 han tenido un galopante avance en su implementación, mientras que en el 4 y 5 ha sido menor. Los puntos 1 y 2 son los más rezagados, y los enfoques diferenciales presentan niveles mínimos. Los principales avances han sido esenciales, se materializaron en logros e impulsaron la disposiciones ralentizadas. Por su parte, los desafíos constituyen las oportunidades para que aumente la implementación en el próximo quinquenio.

Foto: Presidencia / El presidente Iván Duque con Emilio Archila, consejero para la estabilización. https://www.portalparalapaz.gov.co/

Introducción

“Como dice el presidente Duque, recibimos con el Acuerdo un “rompecabezas” de 10.000 fichas, sin borde y sin la imagen que debíamos construir. Y ahora lo vamos a entregar planeado, ordenado, estructurado, financiado, para que la transformación territorial sea irreversible”. Emilio Archila, citado por Neira (2021)

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El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final o Acuerdo), entre el Gobierno colombiano y las Farc, fue firmado el 24 de noviembre de 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias “Timochenco”, último cabecilla de las Farc. Su aprobación, por parte del Congreso de la República, se dio el 30 de noviembre del mismo año y tiene rango constitucional. Por tanto, es de obligatorio cumplimiento y su implementación es de largo aliento, toda vez que está prevista para que se cumpla en un periodo de quince años. El Acuerdo Final contiene seis puntos, con sus correspondientes compromisos o disposiciones,

protocolos y anexos, que pretenden sentar las bases de una paz estable y duradera. En su orden, el punto 1 contiene el acuerdo “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”; el punto 2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”; el punto 3 “Fin del Conflicto”; el punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”; el punto 5 “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”; y el punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”. (Gobierno nacional y Farc-EP, 2016) Con el propósito de verificar la implementación, de conformidad con lo dispuesto en los epígrafes 2.3, 2.4 y 6.3.3 del Acuerdo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció

Foto: https://www.pares.com.co/post/en-2021-la-paz-debe-ser-prioridad-decolombia-onu

la Misión de Verificación en Colombia, desde septiembre de 2017, mediante la Resolución 2366 del 10 de julio de dicho año. En virtud de lo anterior, el secretario general rinde informes trimestrales sobre la ejecución del mandato de la Misión. En particular, los informes versan sobre el mandato que se circunscribe a “la reincorporación política, económica y social de las Farc y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva y de programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios” (Consejo de Seguridad, 2017, p. 2). Además, incluyen la verificación regional y local que se requiera. De igual forma, el Instituto Kroc

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Foto: https://www.eluniversal.com.co/colombia/ivan-duque-y-emilio-archilapresentan-el-libro-paz-con-legalidad-HB6056832

de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, por mandato de las partes del Acuerdo en el epígrafe 6.3.2, es el encargado de brindar apoyo técnico en el seguimiento y verificación a su implementación (Gobierno nacional y Farc-EP, 2016, p. 212). Esta labor la ejerce a través de la iniciativa Barómetro1 del programa de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM, por sus siglas en inglés) y de un equipo interdisciplinario, responsable de entregar periódicamente la información real y oportuna sobre el avance de

las “578 disposiciones definidas como compromisos concretos, observables y medibles derivados del texto del Acuerdo” (Instituto Kroc, 2021, p. 2). Este mecanismo de monitoreo se complementa con el Plan Marco de Implementación

1 La iniciativa Barómetro es un proyecto de la Matriz de los Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz y la Escuela Keough de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame, en colaboración con el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Instituto Kroc (2021)

(PMI) del Acuerdo Final, promulgado el 13 de diciembre de 2017 por el Gobierno nacional, documento rector de las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo durante los próximos 15 años, cuyo costo indicativo es de 129,5 billones de pesos de 2016 y contiene 501 indicadores para realizar su seguimiento, en una matriz que también incluye cada estrategia, el año de inicio y fin, así como el responsable para cada compromiso. El PMI constituye el marco de referencia para la inclusión

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“… la implementación del Acuerdo se torna compleja, pues lograr la pretendida paz “estable y duradera” pasa también por resolver la problemática criminal existente, en los términos que establece la Constitución Política de Colombia”. y fuentes de financiamiento; compromisos de las Farc o del partido o movimiento político que surja de su tránsito a la vida política legal; y, por último, unas recomendaciones de política pública (Gobierno de Colombia, 2017). En fin, es una herramienta esencial de planificación y seguimiento que establece tres fases de aplicación del Acuerdo: corto plazo (2017-2019), mediano plazo (2020-2022) y largo plazo (2023-2031).

de los componentes de paz dentro de los planes nacionales de desarrollo durante cada uno de los gobiernos, según lo establece el Acuerdo Final y el Acto Legislativo 01 de 2016. En síntesis, el PMI contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores para la implementación del Acuerdo, organizados por cada uno de sus puntos. Así mismo, abarca cinco capítulos sobre enfoques transversales de género y étnico; focalización territorial; presupuesto

Después de su diseño, el PMI fue aprobado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (Csivi), en cumplimiento a lo establecido en el punto 6.1.1. del Acuerdo Final, y refrendado por el Congreso de la República el 2 de diciembre de 2016. Posteriormente, se surtió el trámite correspondiente ante el Consejo Nacional de la Política Económica y Social (Conpes), donde se expidió y aprobó el Documento Conpes 3932 del 29 de junio de 2018. En el citado Conpes se encuentran los “lineamientos para vincular los compromisos definidos en el PMI con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento de políticas públicas y de sus recursos, con el fin

de promover la sostenibilidad de las medidas” (DNP, 2018, p. 3), durante la implementación del Acuerdo entre 2017 y 2031. Además, determina los mecanismos y fuentes de información a utilizar en el seguimiento a los recursos invertidos y los avances obtenidos. Partiendo de lo anterior, el presente artículo indaga sobre la situación actual de la implementación del Acuerdo Final, así como sus principales avances y desafíos, delimitando el marco temporal al periodo comprendido entre diciembre 2016 y diciembre 2021. Para ello, se desarrolla el proceso metodológico de revisión documental, análisis e interpretación correspondiente al objeto de estudio y se utilizan, como base fundamental, tres fuentes primarias principales: el Instituto Kroc, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Gobierno colombiano. Dichas fuentes se justifican sobre el hecho que son las encargadas de verificar y/o ejecutar la implementación del Acuerdo Final. Como se explicó en los párrafos precedentes, el Instituto Kroc es el delegatario del mandato entregado por las partes del Acuerdo para realizar el

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seguimiento y verificación de su implementación; la Misión de Verificación en Colombia, hace lo propio en cumplimiento a las resoluciones 2366 de 2017 y 2545 de 2021 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prorrogó su mandato; y el Gobierno nacional, al que le asiste la responsabilidad constitucional de la planeación, desarrollo y ejecución de la implementación del Acuerdo Final. En este orden de ideas, el estudio se divide en una parte introductoria y tres apartados. El primero, corresponde a unas consideraciones iniciales; el segundo, a la situación actual de la implementación del Acuerdo Final; y el tercero, a los principales avances y desafíos del proceso de implementación. Por último, las conclusiones.

1. Consideraciones iniciales Una de las principales dificultades para la implementación del Acuerdo ha sido la profundización de la polarización de los colombianos, a partir del momento en que el plebiscito de refrendación no fue aprobado

y se irrespetó la voluntad de los votantes, revistiendo de ilegitimidad lo acordado en La Habana. Un fenómeno que ha persistido desde antes que se firmara el Acuerdo y, sin duda, debilita sostensiblemente la concordia y la unión entre todos. Por tanto, menoscaba la anhelada unidad que se debería

“Respecto a los desafíos, su denominación entraña la virtud de tener efectos desencadenantes o multiplicadores, como producto de su vínculo con otras disposiciones del Acuerdo. Por tanto, generan una acción de cascada que imprime velocidad al proceso de implementación a futuro”.

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tener frente a un propósito nacional de gran envergadura: la búsqueda de la reconciliación y la materialización del derecho a la paz. Esa polarización dificulta en grado sumo, no solo la generación de consensos, sino también el manejo razonable de los disensos. En efecto, con una fuerte división y polarización de la población, de los actores políticos, de la sociedad civil, del sector empresarial, ningún acuerdo de paz y/o proceso de construcción de paz, alcanza los éxitos esperados. Además, porque las razones de fondo que motivaron el rechazo del Acuerdo, prácticamente se mantuvieron hasta su firma

definitiva en el “Teatro Colón”. Ese talón de Aquiles del Acuerdo lo constituyen tres aspectos esenciales. El primero está íntimamente ligado a los delitos de narcotráfico, secuestro y abuso de menores, debido a que se mantuvieron en la categoría de amnistiables. Si bien es cierto que al amparo del Acuerdo se constituyeron en garantías ya concedidas, por lo menos, se logró la aprobación del proyecto de reforma constitucional que impide, en futuros procesos, el trato preferencial de esos execrables delitos, tal como se le concedió a las Farc en el Acuerdo Final.

ver con las diez curules adicionales entregadas a las Farc, en el Congreso de la República, por dos periodos constitucionales (2018-2026). No por el otorgamiento per se, sino porque han sido ocupadas en representación de su partido político, en cabeza de personas sobre quienes pesan condenas por delitos atroces (genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra). Al respecto, la Corte Constitucional ya se pronunció en el sentido que es inmodificable, por cuanto corresponde a uno de los puntos pactados en el Acuerdo, lo que es indiscutible.

El segundo aspecto tiene que

Sin embargo, es un asunto que

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“En materia de desafíos, se circunscriben al cumplimiento de compromisos pendientes por implementar o que requieren más dinamismo para superar el rezago existente y obtener un mayor avance: primero, adecuar el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, garantizando la participación y el enfoque de género; segundo, poner en marcha un Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la población rural”.

solo requiere la voluntad y decisión unilateral del partido Comunes, nombrando para las curules del Senado y la Cámara de Representantes, a personas sobre las cuales no pesen condenas de tal naturaleza. Este sería un gesto de mínima consideración y respeto con la institucionalidad, pero sobre todo, con las víctimas del conflicto. No pasó y, seguramente, no pasará en el cuatrienio que resta. El tercero, se refiere a la necesidad que la justicia transicional imponga penas ejemplares, no inferiores a las máximas establecidas en el ordenamiento jurídico, para los delitos atroces. Del mismo modo, exigirle a los culpables que respondan con la verdad, reparación y no repetición, para lo cual es indispensable la entrega de todos los bienes que sirvan para indemnizar económicamente a las víctimas. Todo esto puede conducir a la verdadera reconciliación, a la vez que contribuye a propiciar el necesario acercamiento entre los colombianos. De esta manera, se puede reducir la dañina polarización que perjudica la implementación del Acuerdo, máxime cuando es aprovechada políticamente en su detrimento. Existe una realidad y es que la Corte Constitucional determinó que la implementación se debe dar integralmente, es decir, avanzando progresiva e irreversiblemente, de manera que no se vuelva atrás. Así que no existe ninguna otra opción diferente a cumplir el Acuerdo, sin adicionar requisitos a lo garantizado ni mucho menos reducir los presupuestos asignados, por cuanto es un

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mandato constitucional. De hecho, en la reforma constitucional que aceptó el Acuerdo se establecieron quince años, en cuatro administraciones sucesivas, para sacar adelante todo lo acordado. Esto es, la política de víctimas, la reincorporación, la estabilización de la tercera parte del país, la sustitución de la coca existente y el desarrollo rural, entre otros. (Duque & Archila, 2021, pp. 30-31) Unido a lo anterior, cabe precisar que la Corte ha sido clara en indicar que para el cumplimiento del Acuerdo, entre otras características, se requiere su implementación alineada con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. Por consiguiente, “ese no es un capricho de la Corte Constitucional. Es la manera en la cual, con criterios constitucionales, se armoniza el cumplimiento del Acuerdo con la democracia” (Duque & Archila, 2021, p. 32). De ahí que se refleja una correlación positiva entre lo dispuesto por la Corte y la expedición de la política de gobierno “Paz con Legalidad 2018-2022”. Su importancia radica en que es el documento rector para la implementación del Acuerdo, a largo plazo, en el que se traza la estrategia del Gobierno y se consignan las decisiones orientadas a definir la institucionalidad responsable de su desarrollo a nivel nacional y en lo relativo a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (Presidencia República de Colombia, 2018). Todo ello, en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, instrumento principal que ejecuta lo

señalado en la política de Paz con Legalidad, manteniendo el foco en los compromisos del Plan Marco de Implementación contenidos en el Conpes 3932 de 2018. No obstante, paralelamente a la implementación, es inobjetable la persistencia de varios conflictos armados, al menos cinco. Con el Eln, que presenta un incremento progresivo de sus efectivos y está expandiendo su presencia geográfica; con las disidencias y reincidencias

de las Farc, presentes en Colombia y Venezuela; con el Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales de Colombia, dedicada al narcotráfico y la minería ilegal; los enfrentamientos recurrentes entre grupos armados; y otros fenómenos criminales representados en la disidencia del Epl denominada los Pelusos, Caparrapos o Caparros, Puntilleros, Contadores y mafias de narcotráfico, entre otros grupos armados que obstaculizan la construcción de paz.

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En consecuencia, la implementación del Acuerdo se torna compleja, pues lograr la pretendida paz “estable y duradera” pasa también por resolver la problemática criminal existente, en los términos que establece la Constitución Política de Colombia.

2. Situación actual de la implementación

El presente análisis del estado actual de la implementación del Acuerdo se basa en los informes del Instituto Kroc de 2018, 2020, 2021 y 2022, a través de la iniciativa Barómetro. Además, se complementa con el informe del primer trimestre de 2022 emitido por el Secretario General de la ONU y los informes oficiales del Gobierno de Colombia

Como se observa en la Figura 1, desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2021, de las 578 disposiciones o compromisos del Acuerdo, se ha completado un 30% que equivale a 173 compromisos y el 18% alcanzó un nivel intermedio con 104 disposiciones. Entre tanto, el 38% (220) se mantiene en un estado mínimo y los 81 compromisos que corresponden al 14% no han iniciado su implementación,

Figura 1. Niveles mensuales de implementación de las 578 disposiciones del Acuerdo (dic. 2016 - dic. 2021).

Nota. La figura muestra el avance mensual de los 578 compromisos establecidos en el Acuerdo Final, desde diciembre de 2016, y el porcentaje acumulado a diciembre de 2021. Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en (Instituto Kroc, 2021a; Echavarría et al., 2022).

lo que evidencia la necesidad de imprimirles un mayor dinamismo para lograr su cumplimiento en los casi diez años faltantes. Como se constata en la anterior figura, el proceso de implementación comenzó a consolidarse desde 2018 cuando se entró en la etapa de ejecución de compromisos de mediano y largo plazo, con un sobresaliente involucramiento del nivel territorial

(Instituto Kroc, 2020). No obstante, su valor agregado no se refleja uniformemente en cada uno de los seis puntos o enfoques transversales que contienen las 578 disposiciones. En efecto, existen diferencias significativas en el estado de implementación de los seis puntos del Acuerdo. Así se visualiza en la Figura 2, donde los puntos 3 “Fin del Conflicto” y 6

“Mecanismo de implementación, verificación y refrendación” han tenido un robusto y galopante avance en su implementación, gracias a las acciones de corto plazo relacionadas con el cese al fuego bilateral definitivo, dejación de armas, desmovilización y reinserción. También, debido a la arquitectura institucional y normativa que sentó las bases necesarias para el proceso de implementación, sin descontar

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algunas disposiciones pendientes sobre garantías de seguridad. De lo anterior se desprende que, como muestra la Figura 2, el 49% de los compromisos del punto 3 ya se completaron y un 20% se situaron en el nivel intermedio, mientras que en el punto 6, se ascendió al 58%

de las disposiciones cumplidas y el 14% avanzaron al nivel intermedio. En conjunto, dichos niveles corresponden al 69% y 72% de los compromisos asumidos en los puntos 3 y 6, respectivamente. En su orden, con un avance de implementación menor, se observan las disposiciones de los

puntos 4 y 5. Es decir, “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” que consiguió 21% en nivel completo y 27% en el intermedio, en tanto que “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto” logró completar el 27% de compromisos y 24% se colocó en estado intermedio. Las demás disposiciones vinculadas a

Figura 2. Estado de implementación por punto del Acuerdo Final, diciembre 2021.

Nota. La Figura muestra el porcentaje de avance en la implementación por cada uno de los seis puntos del Acuerdo (Dic. 2016-Oct. 2021). Fuente: (Echavarría et al., 2022, p. 9)

los dos puntos en cuestión, están en fase mínima (42% y 33%, respectivamente) y en los compromisos sin iniciar (9% y 16%, respectivamente). Cabe destacar que en los puntos 4 y 5 se encuentran los compromisos que demandaron mayor complejidad, en lo referido a estructuración institucional y normativa, al igual que la consecución y destinación de recursos financieros necesarios para que despegaran. Ello no significa que exista todo el apalancamiento financiero requerido, por tanto, “algunos compromisos del

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis), particularmente sobre los Planes de Atención Inmediata (PAI) comunitarios y la implementación de los proyectos productivos de largo plazo para familias cultivadoras, entre otros” (Instituto Kroc, 2021a, p. 7), continúan pendientes. En cuanto a los puntos 1 y 2 (“Reforma Rural Integral” y “Participación Política”), las dos causas iniciales del conflicto armado (la tierra y el sistema político excluyente), a todas luces son los más rezagados. El

14% y 28% de los respectivos compromisos, no se han iniciado; mientras que en el 67% y 45%, respectivamente, el avance ha sido mínimo. En el punto 1, las disposiciones que están sin iniciar corresponden a las de mayor importancia, amplitud y alcance, cuya implementación tiene un carácter de transformación social de largo plazo. Esto es, la democratización del acceso a la tierra y los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral, los cuales requieren de abundantes recursos financieros y esfuerzos

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mancomunados, que implican disponer de los casi dos quinquenios faltantes para terminar la implementación del Acuerdo Final. En el punto 2 “Participación Política”, que tiene como objetivo del Acuerdo la profundización de la democracia y el aumento

de la participación ciudadana, se encuentra el mayor número de compromisos sin iniciar. Ello obedece, en gran medida, a que las disposiciones de ajuste o creación de normas, dependen de reformas normativas y consensos políticos del más alto nivel. En dicho sentido, están

pendientes propuestas de reforma política y electoral formuladas por la Misión Electoral Especial. En ella se destacan, “entre otros, ajustes normativos para el funcionamiento de un sistema de adquisición progresiva de derechos en materia de financiación y divulgación de

Figura 3. Implementación de enfoques transversales vs. implementación general (Dic. 2016 – Dic. 2021)

Nota. En la figura se ilustra el avance porcentual de la implementación en los enfoques diferenciales de género y étnico, frente a la implementación del Acuerdo en general (Dic. 2016 – Dic. 2021. Fuente: (Echavarría et al., 2022, p. 9).

programas, así como desligar la personería jurídica de los partidos políticos a la obtención del umbral electoral”. (Instituto Kroc, 2021a, p. 7) Finalmente, la Figura 3 revela que los compromisos con enfoques de género y étnico no superan el 12% y 13% de las disposiciones completas respectivas, ni el 16% y 13% de las disposiciones en estado intermedio de implementación, respectivamente. Por consiguiente, es claro que el 72% de las disposiciones con enfoque de género y el 75% con enfoque

étnico, necesitan un fuerte impulso en su implementación, so pena que no se cumplan oportunamente. Cabe resaltar que en dichos enfoques transversales, existen diferencias significativas, parecidas a las que se presentan en el estado de implementación general del Acuerdo. A manera de conclusión parcial, los puntos 3 y 6 han tenido un robusto y galopante avance en su implementación, mientras que en los puntos 4 y 5 ha sido menor, y los puntos 1 y 2 son los más rezagados, en tanto los enfoques diferenciales presentan avances mínimos.

3. Principales avances y desafíos Antes de comenzar el desglose de lo avanzado, conviene decir que en lo recorrido de la implementación del Acuerdo, desde diciembre de 2016, se han dado dos periodos de responsabilidad bien definidos. El primero, hasta agosto de 2018, la implementación estuvo a cargo de la Administración Santos; y el segundo, cuando la responsabilidad se trasladó a la Administración Duque y concluye el próximo 7 de agosto. Es decir, faltando cinco meses

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para culminar la segunda fase de mediano plazo, que va hasta diciembre de 2022. Según muestra el tercer informe 2016-2018 del Instituto Kroc (2019), el análisis de la gestión realizada por el Gobierno de Santos, un poco más de año y medio, arroja como resultado que se concentró básicamente en completar muchas de las disposiciones de corto plazo relacionadas con la terminación del conflicto y el establecimiento de mecanismos de verificación y monitoreo. Entre otras, el cese al fuego, dejación de armas y reincorporación, la transformación de las Farc en partido político democrático, la creación del marco institucional y planes de largo plazo. Sin embargo, en temas medulares del Acuerdo, como el del desarrollo rural integral o la sustitución de cultivos ilícitos, su cumplimiento fue muy pobre, prácticamente nulo. Sobre todo, para poner en marcha y dotar de presupuesto los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y al Pnis. Análogamente, la escasa presencia del Estado en los territorios abandonados por las Farc y los consecuentes enfrentamientos entre grupos armados en disputa de su control, sumado a la escalada de cultivos de coca iniciada en 2013 y el surgimiento de la violencia selectiva contra líderes sociales. Junto a esto, la incapacidad de preparar los espacios de acantonamiento para recibir y acomodar los excombatientes, una debilidad que debió afrontar el nuevo gobierno.

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Después de esta breve digresión, la calificación de principales avances se desprende de aquellos aspectos relevantes y/o puntos de inflexión, que se erigen para facilitar o posibilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Así que no solo han permitido avanzar en los planes y programas del Acuerdo, sino que también han favorecido su implementación integral. Respecto a los desafíos, su denominación entraña la virtud de tener efectos desencadenantes o multiplicadores, como producto de su vínculo con otras disposiciones del Acuerdo. Por tanto, generan una acción de cascada que imprime velocidad al proceso de implementación a futuro. Al hacer el análisis en conjunto con la situación actual de la implementación del Acuerdo, saltan a la vista los resultados en cada uno de los seis puntos acordados y la transversalización de los enfoques diferenciales de género y étnicos. Estos abarcan la parte final del Gobierno Santos, sucintamente referenciados anteriormente, y los de la Administración del presidente Duque, desde su posesión el 7 de agosto de 2018. De ahí que la metodología cualitativa derivada del Barómetro, muestra que al final del quinto año de implementación los principales avances y desafíos, según el Instituto Kroc (2021, pp. 9-24), son los que en adelante se desglosan. En el punto 1, reforma rural integral, se destacan cinco avances: 1) la reglamentación del procedimiento para el acceso y formalización

de la tierra, mediante el Decreto Ley 902 de 2017, que constituye el marco jurídico base para la transformación estructural del campo; 2) el diseño, pilotaje e implementación del Catastro Multipropósito, a través del Conpes 3958 de 2019, una estrategia que busca resolver los problemas relacionados con la administración de la tierra en Colombia; 3) los lineamientos para la creación de los Pdet y la suscripción de los Planes de Acción para la Transformación Territorial (Patr), según Decreto 893 de 2017, que dio paso al proceso de planificación participativa para reconstruir legitimidad y confianza en los 16 territorios colombianos más afectados por el conflicto armado, para lo cual se suscribieron 16 Patr; 4) la adopción de 10 de los 16 planes nacionales de la reforma rural, cuya estructuración pretende llevar políticas públicas en materia de infraestructura, desarrollo social y asistencia técnica a la población campesina en los territorios; y 5) la inclusión de los Pdet y sus iniciativas, por parte de los alcaldes y gobernadores durante el primer semestre de 2020, con más de 32 mil iniciativas que se articulan en sus planes de desarrollo municipal y departamental, como guía orientadora de la ejecución gubernamental. En materia de desafíos, se circunscriben al cumplimiento de compromisos pendientes por implementar o que requieren más dinamismo para superar el rezago existente y obtener un

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mayor avance: primero, adecuar el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural, garantizando la participación y el enfoque de género; segundo, poner en marcha un Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la población rural. Actualmente, cursan dos proyectos de ley en el Congreso, vitales para ubicarlo en un grado avanzado de implementación; tercero, el desarrollo vigoroso de los Pdet; y, adicionalmente, acelerar la adjudicación de tierras a través del Fondo de Tierras e implementar otras medidas para garantizar el acceso a tierra y descongestionar los procesos agrarios rezagados (Echavarría et al., 2022). A marzo de este año, de los 3 millones de hectáreas previstos en el Acuerdo Final, más de 1,9 millones han ingresado al Fondo de Tierras

y se han entregado 473 mil 464 hectáreas, equivalentes al 16% de las hectáreas a entregar. (Misión de Verificación ONU, 2022) El punto 2, participación política, es el que menos nivel de implementación tiene. No obstante, en cuanto a garantías políticas, se avanzó en la aprobación del Estatuto de la Oposición con la Ley 1909 de 2018, que permite cualificar el debate político, favorecer la participación de los partidos y movimientos minoritarios en el Congreso, así como la paridad de género en sus directivas. También, en la participación inicial del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) y posteriormente, bajo la denominación actual de partido Comunes. Y su

participación en el Congreso de la República, con cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos periodos constitucionales. Así mismo, medidas de protección y garantías para los procesos electorales de 2019, sin que se presentaran afectaciones a los 101 candidatos en 23 departamentos, aspirantes a las 17 alcaldías, 13 asambleas departamentales, 84 concejos municipales y 24 juntas Administradoras Locales. Dos candidatos a alcaldías ganaron las elecciones y están ejerciendo sus mandatos populares (Duque & Archila, 2021, p. 63). Del mismo modo, la asignación de 16 curules para la Cámara de Representantes con destino a las víctimas, por dos períodos electorales, en circunscripciones especiales, conformadas

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por las 16 subregiones y los 167 municipios Pdet (Duque & Archila, 2021, pp.70-71). Además, la recomposición y reactivación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (Cnprc) y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (Ctprc), instancias para el relacionamiento entre los actores institucionales y la sociedad civil, con un enfoque inclusivo de mujeres, personas LGBTI y comunidades étnicas. Los desafíos que identifica el Instituto Kroc, en dicho punto, se orientan en tres vías: tramitar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales; diseñar y ejecutar un programa de reconciliación,

convivencia y prevención de la estigmatización, con la asesoría y acompañamiento de la Cnprc; e impulsar el sistema de coordinación para la protección de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales, y personas defensoras de derechos humanos. El punto 3, fin del conflicto, es el segundo en completar y avanzar en gran parte de los compromisos asumidos en el Acuerdo. Los mayores avances se han dado por el cumplimiento del proceso de dejación de armas y cese del fuego bilateral definitivo; la aprobación del proyecto productivo colectivo número 100 en Yondó (Antioquia) para los excombatientes, en 2021, por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR); la participación política referida en

los avances del punto 2, con la creación del Partido Comunes y representación en el Congreso; y la constitución y operación de la Corporación Humanicemos DH, creada en 2016 por un grupo de excombatientes para aportar al proceso de desminado humanitario. Esta corporación, en octubre del año pasado, entregó la primera zona despejada de minas antipersonales, demostrando su ejemplar contribución a la reconciliación. Respecto a la dejación de las armas, durante el proceso que finalizó en 2017 “la Misión recogió un total de 8.994 armas, 1.765.862 cartuchos de munición, 38.255 kg de explosivos, 11.015 granadas, 3.528 minas antipersonal, 46.288 fulminantes eléctricos, 4.370 granadas de mortero y 51.911 m de

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cordón detonante” (Misión de Verificación ONU, 2017, p. 17). Con relación a la reincorporación, a corte marzo 25 de 2022, 13 mil 613 exintegrantes de las Farc se encuentran acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Cerca del 66% de excombatientes acreditados participan en los 116 proyectos productivos colectivos aprobados por el CNR y los 3 mil 918 proyectos productivos individuales aprobados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN. (Misión de Verificación ONU, 2022a) En cuanto a los desafíos, se centran en asumir medidas de protección preventiva y reactiva, toda vez que son las que registran los niveles más bajos de implementación en este punto. En concreto, de una parte, el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de

desmantelamiento de organizaciones criminales. Por la otra, el desarrollo del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, dado que no ha despegado y de implementarse tendrían un alto impacto en las medidas de seguridad. Para ello, se requiere el diseño y seguimiento de la política pública y criminal planteada en el primer desafío, así como una dinámica recurrente en la articulación y monitoreo en las medidas para contrarrestar las amenazas contra los partidos y movimientos políticos, y sus integrantes. Frente al segundo desafío, no basta con su creación legal, sino que es un imperativo “su convocatoria periódica y funcional para el cumplimiento de su mandato”. (Instituto Kroc, 2021, p. 21) Pasando al punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas, se resaltan tres avances significativos que sentaron

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las bases fundamentales para desarrollar las estrategias y acciones en esta materia. 1) la creación del Pnis. Con corte enero de 2022, el Gobierno ha informado que aproximadamente 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos han sido erradicadas por cerca de 100 mil familias en el Pnis y más de 73 mil familias reciben asistencia técnica. Así mismo, se han asignado 134 millones de dólares para apoyar proyectos productivos que favorecen a más de 45 mil familias, de las cuales el 40% están en cabeza de mujeres. (Misión de Verificación ONU, 2022a) 2) la prevalencia de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con respecto a la erradicación forzada. La Corte Constitucional, en 2019, determinó que la sustitución voluntaria prevalece y la erradicación forzada solo prospera cuando la voluntaria fracasa. Al mismo tiempo, privilegió la

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erradicación manual sobre la aspersión aérea con glifosato. Y 3) la adopción de la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente, está en desarrollo el diseño de la ruta de atención con enfoque de género y se elaboró el borrador del documento guía para reducir el estigma y la discriminación de quienes consumen sustancias psicoactivas en el país.

y la Estructuración de proyectos productivos de largo plazo en el marco del Pnis. El primero se encuentra en estado incipiente y requiere estructura normativa para ponerse en funcionamiento, mientras que el segundo apenas alcanza el 2% del total de las familias que han sido acogidas por el Pnis y cuentan con su acompañamiento. Es decir, mil 735 familias de las 80 mil 240 familias previstas como elegibles.

Frente a los desafíos de este punto, dos compromisos pueden desencadenar cascadas de implementación, de tal manera que impacten otras disposiciones que se encuentran asociadas. Por tanto, incrementarían exponencialmente el avance de las estrategias concebidas para la solución al problema de las drogas ilícitas. Estos son, el diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas,

En lo que atañe al punto 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, se destacan cuatro avances del Acuerdo que impulsan los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El primero, la infraestructura normativa del Sistema Integral para la Paz, con la creación de las instancias que componen el Sistema: JEP, CEV y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas

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por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (Ubpd). Además, las reformas de la Corte Constitucional a la Ley de víctimas y de restitución de tierras, y la extensión del mandato de la CEV. Segundo, los avances judiciales de la JEP con la apertura de investigaciones por macrocasos y diversos protocolos que favorecen la participación de las víctimas. Tercero, el despliegue del mandato de la CEV con una infraestructura institucional compuesta por 28 Casas de la Verdad, en once macroregiones, ejercicios públicos de alto nivel de convocatoria, encuentros por la verdad y diálogos para la no repetición y continuidad del conflicto armado, entre otros. Y cuarto, la adopción del Plan Nacional de Búsqueda cuya finalidad es la de “esclarecer lo sucedido a las víctimas de desaparición forzada y garantizar el

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derecho a la verdad”. (Instituto Kroc, 2021, p. 15) En lo concerniente a desafíos, cabe señalar que el Sistema Integral para la Paz es monolítico. Por consiguiente, actúa colectivamente con el propósito de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, bajo el principio de condicionalidad. En dicho sentido, por mandato del Acuerdo, el componente de justicia responde por verificar su cumplimiento. De ahí que la JEP con sus decisiones de fondo es la llamada a generar el mayor salto en la implementación en favor de las víctimas del conflicto. Esto es, en dos vías: de una parte, avanzar en la presentación de resoluciones de conclusiones ante el Tribunal para la Paz, al menos en los casos más avanzados; por otra parte, avanzar en el fortalecimiento de la reparación colectiva. Para ello se precisa la articulación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva con la estrategia de los Pdet, a fin de lograr un mayor impacto en su implementación. El punto 6, implementación, verificación y refrendación, sobresale por ser el más avanzado en la implementación. Esto obedece a que es el artífice de la arquitectura institucional y normativa que sentó las bases fundamentales para el proceso de implementación del Acuerdo, cuyas estrategias y mecanismos lo hicieron operativo y fiscalizable. Dentro de los avances que hicieron posible asegurar la institucionalidad y sus procedimientos, se destacan tres:

“… descuellan tres avances y dos desafíos relevantes en la implementación de los enfoques diferenciales de género y étnico, cuya transversalización en los seis puntos del Acuerdo Final constituyeron su principal apuesta. Respecto a los avances, están en primer lugar, la creación de la Instancia Especial para el Seguimiento del Enfoque de Género y garantía de los derechos de las mujeres, y la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos”.

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Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/asi-quedo-el-punto-6-deimplementacion-verificacion-y-refrendacion-en-el-nuevo-acuerdo/506667/

Foto: https://semanarural.com/web/articulo/en-2020-implementaron-406proyectos-pdet-art/1879

1) la creación y puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) y el Componente Internacional de Verificación (CIV). La importancia reside en que estas instancias sirven a las dos partes firmantes del Acuerdo, como un canal institucional, para tramitar diferencias de interpretación o situaciones imprevistas durante la implementación del Acuerdo; 2) el procedimiento legislativo especial para la paz (Fast Track), que posibilitó acometer los compromisos de corto plazo, siguiendo un camino legislativo más rápido que el ordinario en el Congreso. Es así que se propició “entre julio de 2016 y julio de 2017, la adopción de 6 actos legislativos, 2 leyes estatutarias y 4 proyectos de ley (Instituto Kroc, 2021, p. 16); y 3) el diseño, aprobación y refrendación del PMI, documento rector de las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo y herramienta primordial de monitoreo para su cumplimiento. Los desafíos en este punto, sugieren la necesidad de darle trámite a las disposiciones indispensables para hacer realidad algunos compromisos, esencialmente aquellos relativos a la reforma rural integral y la participación en política. Básicamente, aprobar las normas para la implementación de la reforma rural y la sustitución de cultivos, en vista que no se ha superado el 50% de la normatividad pertinente. En particular, se identifican dos: “la creación

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de la jurisdicción o especialidad agraria (...) y la ley sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores de cultivos de uso ilícito. Ambas normas han tenido intentos de trámite legislativo que han fracasado” (Instituto Kroc, 2021, p. 23). Así mismo, aprobar las normas de desarrollo sobre el punto 2, participación política. Un desafío de carácter estratégico, toda vez que de su cumplimiento dependen quince disposiciones alinderadas a los compromisos de dicho punto. Para terminar, descuellan tres avances y dos desafíos relevantes en la implementación de los enfoques diferenciales de género y étnico, cuya transversalización en los seis puntos del Acuerdo Final constituyeron su principal apuesta. Respecto a los avances, están en primer lugar, la creación de la Instancia Especial para el Seguimiento del Enfoque de Género y garantía de los derechos de las mujeres, y la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos. Estas instancias generan condiciones institucionales que coadyuvan al monitoreo e impulso de los compromisos con enfoque diferencial; luego, la inclusión de iniciativas Pdet con enfoque de género y étnico. De las 32 mil iniciativas generadas, más de 8 mil con etiqueta “propias étnicas” y más de 4 mil 600 con etiqueta de género fueron incluidas, para promover la equidad y el bienestar de los pueblos étnicos, las mujeres y la población Lgbti; y, finalmente, la conformación de la infraestructura institucional para la paz y conformación de

“… con una fuerte división y polarización de la población, de los actores políticos, de la sociedad civil, del sector empresarial, ningún acuerdo de paz y/o proceso de construcción de paz, alcanza los éxitos esperados”.

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órganos con enfoque de género y étnico, un avance significativo de la susodicha transversalización. En efecto, “las instituciones vinculadas con la implementación y, particularmente, las que fueron creadas con ocasión de la firma, adoptaron estructuras para la incorporación de estos enfoques” (Instituto Kroc, 2021, p. 17). Para ejemplarizarlo, el Sistema Integral para la Paz, la JEP y la CEV, son los casos más visibles. Al lado de lo anterior, se finaliza con dos desafíos que podrían contribuir a elevar los niveles de implementación de los enfoques diferenciales de género y étnico: 1) la articulación de los 16 Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral en torno a los enfoques diferenciales. Su materialización se traduciría en acciones visibles y verificables, en favor de “los planes sobre educación, vivienda y agua potable, desarrollo productivo rural, formalización laboral y protección social” (Instituto Kroc, 2021, p. 24); y 2) la sustitución de cultivos con enfoque diferencial, una acción estratégica que favorece la implementación del Protocolo para la incorporación del enfoque de género del Pnis. Al mismo tiempo, permite finiquitar los “lineamientos para el enfoque diferencial y asociativo para modalidades de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en territorios colectivos o asociativos de Comunidades Étnicas y Campesinas”. (Instituto Kroc, 2021, p. 24)

Conclusiones Foto: https://nortedesantander.gov.co/en-us/Noticias-Gobernaci%C3%B3n-Norte-deSantander-en-US/ArticleID/4284

En lo que va corrido de este

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Foto: https://www.bluradio.com/nacion/acuerdo-de-paz-se-esta-cumpliendo-o-sehizo-trizas

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primer quinquenio de la implementación, se han sentado las bases fundamentales de la arquitectura normativa e institucional para que el Acuerdo se cumpla, según lo establece el mandato constitucional, en los quince años previstos. No obstante, es de esperarse que su cumplimiento tenga una mayor duración, como lo demuestra la generalidad de procesos similares desarrollados en el mundo. Al fin y al cabo, son décadas de retos atrasados y resolverlos va a depender, en gran medida, del consenso social y político amplio que se logre alcanzar, tanto en la preponderancia como en la aplicación del acuerdo. Del mismo modo, unido al planeamiento de largo plazo que se viene dando, para que el Acuerdo sea realizable e irreversible, es prerrequisito que las sucesivas administraciones asuman el férreo compromiso de robustecerlo. De esta manera, se podrá facilitar el proceso de construcción de paz sostenible, a fin de asegurar que se produzcan las transformaciones que requiere el país, para así desestimular el surgimiento de nuevas expresiones de violencia que reaviven la conflictividad social. En materia de implementación, basado en el informe del Instituto Kroc (2021), durante los cinco primeros años se han dado tres diversos comportamientos: en primera instancia, los compromisos urgentes principales del punto 3 y el diseño de la implementación contemplada en el punto 6 se completaron velozmente, quedando pendientes algunos aspectos relacionados con garantías de

seguridad; segundo, se evidencia un avance sostenido en los compromisos de los puntos 4 y 5 del Acuerdo, que de mantenerse en esa dinámica, se cumplirían en el plazo establecido. Eso sí, sin considerar algunos compromisos como los del Pnis, que no se rigen por esta medida; y tercero, compromisos de los puntos 1 y 2 que le apuntan a resolver las causas estructurales de la violencia y la pobreza, así como los de enfoques diferenciales, presentan avances mínimos a estas alturas de la implementación. Por ello es claro que de no darse la dinamización requerida, seguramente no se completarían en el tiempo previsto. Finalmente, los principales avances y desafíos identificados, contribuyen sustancialmente al espectro de la implementación del Acuerdo. Los avances fueron esenciales para que se materializaran en logros y redundaron en el cumplimiento de los compromisos acordados. Al mismo tiempo, impulsaron aquellas disposiciones que se encontraban rezagadas o dependían de su puesta en marcha para progresar. Así que no solo han permitido avanzar en los planes y programas del Acuerdo, sino que también han favorecido su implementación integral. Los desafíos constituyen las oportunidades para que aumente la implementación en el próximo quinquenio, gracias a sus efectos desencadenantes o multiplicadores. De ahí que ellos generan una acción de cascada que le imprime velocidad al proceso e impide su ralentización o estancamiento.

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Militares activos en las negociaciones con las Farc en La Habana, Cuba: el efecto dinamizador *César Augusto Castaño Rubiano Oficial (R) del Ejército Nacional

**Teniente Coronel Rodrigo Mezú Mina, Ph.D. Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana

*Oficial (R) del Ejército Nacional. Tiene estudios en Filosofía. Especialista en Pedagogía para la Educación Superior de la Universidad Santo Tomás. Miembro de la Academia de Historia Militar y de la Academia del Quindío. Exasesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Docente Cátedra de la Paz y Construcción de Ciudadanía. Actualmente, asesora al comandante General de las Fuerzas Militares. **Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana de grado teniente coronel. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y becario de la Fundación Fulbright. Magíster en Relaciones Internacionales Aplicada a los Conflictos y la Cooperación de Old Dominion University – Norfolk (VA) y en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Actualmente, es el Director de Entrenamiento de Apoyo a la Fuerza de la Jefatura de Educación Aeronáutica y Espacial y docente militar en EPFAC Y EMAVI. Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/militares-en-la-habana/400112-3/

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“En Colombia, que es la tierra de los hechos singulares, dan la paz los militares y los civiles dan guerra” (Urdaneta, A. 1877, agosto 7, El Mochuelo, 1) El 22 de agosto de 2014, un grupo de militares y policías activos (MyPA) fue enviado a la Habana, Cuba, para integrar —por primera vez en los procesos de paz colombianos con una organización insurgente— una Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto (STFC), la cual, según mandato, se encargaría de diseñar el modelo de cese al fuego y dejación de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Casi dos años después, dicha STFC le entregaría al país un número determinado de zonas de acantonamiento para los miembros de mencionada organización y un mecanismo de monitoreo único en la historia de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en el mundo (Arias, 2017). El

resultado de este proceso, que involucró a uniformados activos de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional con las FARC fue un modelo admirado por la comunidad internacional, el cual representaba, aproximadamente, el 30 % de todo el documento relacionado con el proceso de paz y, a su vez, dejaba varios puntos de enseñanzas acerca del aporte de militares activos en escenarios de resolución de conflictos históricamente vedados para ellos (Mezú, 2022). En este artículo se analizan los acontecimientos que permitieron a los militares y policías activos participar en el proceso de conversaciones entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su rol, aunque técnico —entendiendo su responsabilidad enfocada en el diseño del modelo de cese al fuego y dejación de las armas de aquella organización insurgente—, terminó imprimiendo celeridad a la negociación. Mientras la mesa principal —conformada por plenipotenciarios del Gobierno y

Aun cuando, a simple vista, parece haber sido positiva esta nueva dinámica impuesta por la presencia de los MyPA en las conversaciones con sus némesis, para algunos de los plenipotenciarios de las Farc dicha velocidad no permitió discutir con mayor profundidad otros temas que, al final —aducen ellos—, los perjudicó en las postrimerías de la negociación”.

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Foto: Generales de Fuerzas Armadas comienzan sesiones en los Diálogos de Paz. Foto: Eliana Aponte/ EL TIEMPO https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS15343575

Foto: https://www.semana.com/dialogos-sabios-en-la-habana/421722-3/

Foto: https://www.elheraldo.co/colombia/que-es-y-que-contempla-el-punto-de-findel-conflicto-acordado-entre-gobierno-y-farc-267764

las Farc— se ‘estancaba entre puntos y comas’, en la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, militares y guerrilleros avanzaban para llegar a acuerdos que culminaron con un modelo único en su clase — replicable en procesos de paz nacionales e internacionales futuros—. Aun cuando, a simple vista, parece haber sido positiva esta nueva dinámica impuesta por la presencia de los MyPA en las conversaciones con sus némesis, para algunos de los plenipotenciarios de las Farc dicha velocidad no permitió discutir con mayor profundidad otros temas que, al final —aducen ellos—, los perjudicó en las postrimerías de la negociación.

La velocidad impuesta por la subcomisión de los guerreros generó dinámicas, no muy positivas para algunos miembros plenipotenciarios de ambas partes. Algunos, como la senadora de la exguerrilla Victoria Sandino, señalan que la falta de detalles en el modelo de reincorporación a la vida civil de las Farc, responsabilidad de la mesa principal, fue por la agilidad con que se resolvieron las disputas en la STFC: “El proceso de dejación de las armas estuvo tan rápido y fueron tan diligentes allá, que nos faltó sacar un mejor documento en la mesa principal”, en cuanto a la parte logística

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Foto: https://elpais.com/internacional/2014/12/03/actualidad/1417635615_483003.html

(PF3543, 2020).

Este documento es producto de una investigación cualitativa. La información utilizada hace parte de las entrevistas y del proceso de investigación doctoral realizados por un miembro de la STFC y la experiencia de un oficial de la reserva activa, quien fungió como asesor del mando militar y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante el proceso de conversaciones, asignado al general Jorge Enrique Mora Rangel (Mora, 2021).

Relaciones entre civiles y militares A través de la historia de los procesos de negociación en Colombia —entre el Gobierno nacional y la insurgencia—, ha

habido renuencia a permitir la participación de militares activos en tales escenarios. Esta es una de las múltiples razones por las cuales los uniformados siempre fueron excluidos de las negociaciones. En tal sentido, se han identificado tres factores que permitirían afirmar que, en Colombia, la relación entre los jefes de Estado y los militares estuvo viciada históricamente hasta antes del inicio de las conversaciones con las FARC en La Habana: el legado de golpes de Estado en la región —incluso el que se atribuye al general Rojas Pinilla—, una mala interpretación de las responsabilidades de los militares que fueron ministros de Defensa y la subestimación de las capacidades mutuas entre civiles y militares. Para el caso de este texto, es necesario precisar que, por una

parte, los civiles son los tomadores de decisión; particularmente, el presidente de la República o aquellas personas con ascendencia de mando sobre la tropa —como los ministros civiles de Defensa1—. Por otra parte, según Huntington (1957), los militares son los generales encargados de la maniobra táctica o estratégica con ascendencia en la tropa y mando directo sobre

1 Por espacio de 40 años, la cartera de Defensa fue ocupada por los generales más antiguos de las FF. MM. El presidente César Gaviria, ante la solicitud de retiro del general Óscar Botero Restrepo, nombró a Rafael Pardo Rueda como ministro de Defensa (22 de agosto de 1991). En su discurso de posesión, Pardo recordó las normas que regían esa cartera desde 1971, dejando claro que el presidente de la República, en su condición de comandante supremo de las FF.AA., o el ministro de Defensa, ejercen el mando directo a través del comandante de las Fuerzas Militares, a quien le corresponde la misión de conducir estratégicamente a las tropas.

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Foto: Oficiales activos y retirados que participaron en La Habana

las mismas —en su documento seminal sobre la relación entre civiles y militares, identifica a estos últimos en un grupo muy pequeño extraído de los oficiales que llegaron a generales por causa de los resultados derivados de la guerra. Solo considera a estos en dicha teoría—. Frente al primer factor, se puede argumentar que, cada vez que existieron conversaciones con grupos armados insurgentes, se produjeron roces por causa de la historia golpista de las dictaduras en la región2 y de algunas discrepancias entre el 2 Solo de 1960 a 1980, en Sudamérica, ocurrieron 21 golpes militares en ocho países. Pese a que estos compartían similitudes institucionales y sociopolíticas, hubo golpes militares recurrentes en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú; en Venezuela hubo varios conatos de golpe. En la región, Colombia fue la excepción democrática (Duque, 2020).

“… se han identificado tres factores que permitirían afirmar que, en Colombia, la relación entre los jefes de Estado y los militares estuvo viciada históricamente hasta antes del inicio de las conversaciones con las Farc en La Habana: el legado de golpes de Estado en la región —incluso el que se atribuye al general Rojas Pinilla—, una mala interpretación de las responsabilidades de los militares que fueron ministros de Defensa y la subestimación de las capacidades mutuas entre civiles y militares”. mando civil y militar, sumadas a los silencios y las desconfianzas de los presidentes de turno hacia sus subordinados en uniforme. Al respecto, vale recordar uno de tantos impases. Durante

el gobierno de Belisario Betancur, el mandatario sostuvo una reunión secreta —facilitada por Gabriel García Márquez y el presidente español Felipe González— con cabecillas del M-19

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en Madrid, España, el 8 de octubre de 1983 (Mackenzie, 2007). Tiempo después, el general Fernando Landazábal Reyes, ministro de Defensa de Betancur, comentaría lo siguiente con respecto de aquel encuentro: “Tal vez, el presidente no confió mucho en los mandos militares, creyó más en las directivas de la subversión. No consultó con nosotros, le hubiéramos podido ayudar. Cuando recibimos la noticia, y luego supimos que allí se había comprometido la baja de los generales Landazábal, Matamoros y Lema, ahí la cosa se complicó” (Medina, 2000). A pesar de estas y otras prevenciones de los mandos militares de cada época, es posible afirmar que “uno de los rasgos más pronunciados de las FF. MM. en Colombia ha sido su carácter civilista; o sea, la subordinación militar al poder civil. […] Es evidente la ausencia de una tradición militarista en Colombia” (Castaño y Esquivel, 2022). Incluso, una crítica reciente reconoce que

[…] Fenómenos políticos como los vividos por otras sociedades latinoamericanas en los setenta y ochenta del siglo anterior, conocidos como de transición a la democracia, a partir de regímenes políticos autoritarios previos, han sido una excepción en nuestro país. […] La subordinación al poder civil ha sido absoluta, tanto que los […] ‘pronunciamientos’

de altos oficiales y tensiones de los distintos presidentes con los ministros de Guerra primero y de Defensa después o los comandantes del Ejército, siempre se saldaron con el paso a retiro de los oficiales de las Fuerzas Militares” (Vargas, 2021).

Por consiguiente, en cuanto al primer factor, es posible inferir que la relación entre civiles y militares, al menos en Colombia, ha sido puesta a prueba cada vez que se ha abierto la puerta a una solución política negociada al conflicto armado —pese al respeto por las decisiones de cada mandatario—. El segundo factor particularmente conflictivo en la interacción entre militares y sus jefes civiles, al menos hasta el gobierno de César Gaviria (1990-1994), fue la mala interpretación del rol del ministro de Defensa en cabeza de un militar activo (Andrade Becerra, 2012). Aun cuando este era el representante político de dicha cartera ministerial, no era visto como tal, sino como un uniformado más; por lo tanto, cuando se pronunciaba un ministro de Defensa con uniforme frente a un proceso sus palabras resonaban con mayor agudeza en el ambiente político y no eran comparables a los reparos que pudiera expresar un ministro de Defensa civil al mismo respecto. Es preciso recordar los pronunciamientos de ministros como Rodrigo Lloreda y Juan Carlos

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Foto: https://www.facebook.com/MUSEOLANDAZABAL/photos /a.367111889993678/430896096948590 - General Fernando Landazábal Reyes

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Pinzón en las negociaciones de paz del Caguán y La Habana, respectivamente, en los cuales dieron a conocer abiertamente sus opiniones en contra del proceso adelantado por sus jefes (Mezú, 2022). La situación siempre fue más crítica para los militares, debido a que solían ser culpados de deliberar y, en consecuencia, relevados de sus cargos — además de provocar una crisis institucional—. Es el caso del general Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa del gobierno Barco (1986-1988), cuyo retiro se comenzó a gestar tras las exequias de once militares asesinados por las Farc en El Castillo, Meta. Visiblemente afectado por la muerte de sus hombres, el militar anunció una ofensiva total para quebrantar la voluntad

de lucha del enemigo: “Esto no puede continuar, este martirologio no puede seguir […]. El pueblo colombiano debe prepararse para pasar a una acción que pareciera en el campo político no se ve” (El Tiempo, 1988; Nasi, 2010). Una vez enterado de las declaraciones del ministro, el presidente Virgilio Barco defendió su iniciativa de paz y dijo no a la política de tierra arrasada, lo que fue interpretado como una desautorización al general Samudio, quien pidió la baja (Illera y Ruiz, 2018). Finalmente, el tercer factor se relaciona con la desconfianza mutua histórica entre civiles y militares. Aunque los autores de este artículo no consideran la existencia de una dictadura durante el periodo del gobierno Rojas Pinilla (1953-1957) 3, ni en el

Foto: https://www.elpais.com.co/valle/la-huella-de-rodrigo-lloreda-caicedo-a-20anos-de-su-fallecimiento.html

de transición de la Junta Militar (1957-1958)4, según Leal Buitrago (2018, p. 256), a lo largo del tiempo, el estamento civil ha visto con ojos de desconfianza a la institución castrense por el legado golpista de las dictaduras del cono sur y por aquella urdida por Rojas Pinilla y los partidos tradicionales del país. A pesar de que la Guerra de Corea (1951-1954) pudo haber sido la oportunidad para modernizar el estamento castrense, las dictaduras de Rojas Pinilla y la Junta Militar (19531958) y la impotencia de las élites políticas de controlar los desmanes del periodo de la violencia (1946-1965) minaron la evolución en los temas de seguridad en el país. Así mismo, Leal Buitrago asegura que el precedente histórico que serviría de cimiento sería la incapacidad del ente 3 El gobierno militar se instauró en 1953 para frenar la violencia política azuzada por los partidos tradicionales. De allí que los líderes de estos partidos acogieron el hecho como ‘golpe de opinión’, confirmando también la tradición civilista de las FF. MM. que actuaron solo para restablecer el orden. Incluso cuando los partidos políticos, al ver amenazado su hegemonía de poder, propiciaron el final de ese gobierno en 1957, los militares no solo regresaron a sus cuarteles, sino que han seguido acatando al poder civil (Castaño y Esquivel, 2022).

4 En horas de la mañana del 10 de mayo de 1957, el general Rojas se dirigió por radio a los colombianos : “[…] sería un contrasentido que quien le dio la paz a la nación, y buscó la convivencia ciudadana, fuera el causante de nuevas y dolorosas tragedias, he resuelto que las Fuerzas Armadas continúen en el poder con la siguiente Junta Militar […] la Junta deberá presidir las elecciones en las cuales el pueblo colombiano elegirá al mandatario que ha de regir los destinos de Colombia en el periodo constitucional de 1958 a 1962” (Ortiz y Lara, 1988)

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civil de entender y administrar los temas militares, por cuanto la responsabilidad de las políticas y estrategias frente al conflicto armado recaería en los uniformados: “El orden público sería únicamente manejado por militares y policías” (2018, p. 257). De allí la desconfianza en la capacidad de los civiles para manejar o entender la maniobra militar a fin de contener una amenaza bélica y la subestimación de los militares en cuanto a su entendimiento de temas diferentes a ‘hacer la guerra’. Al final, contrario a lo que propone Cohen (2002) sobre el trabajo en equipo entre militares y civiles para lograr mejores resultados, una larga carrera de suspicacias ha rodeado dicha relación; tesis que ha sido apoyada por Robinson (2007), quien encuentra un interés por parte de la élite colombiana para mantener a sus Fuerzas Militares débiles, puesto que un órgano militar fuerte podría poner en riesgo sus beneficios e intereses.

Cambio de tercio Después del gobierno de Andrés Pastrana (2002), el fracaso de un proceso de negociación con las Farc y una situación de seguridad crítica, el pueblo colombiano eligió como gobernante a Álvaro Uribe Vélez. El nuevo mandatario implementó la Política de Defensa y Seguridad Democrática5, con recursos heredados 5 La Política de Defensa y Seguridad Democrática se propuso recuperar el control territorial por parte del Estado, proteger a la población, eliminar el negocio de las drogas ilícitas y mantener una capacidad disuasiva, entre otros objetivos.

“A pesar de que la Guerra de Corea (19511954) pudo haber sido la oportunidad para modernizar el estamento castrense, las dictaduras de Rojas Pinilla y la Junta Militar (1953-1958) y la impotencia de las élites políticas de controlar los desmanes del periodo de la violencia (1946-1965) minaron la evolución en los temas de seguridad en el país”. (Leal, 2018) Foto: Histórico Presidencia de la República

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del nuevo Plan Colombia, en un esfuerzo importante e innovador de integración de responsabilidades en los aspectos centrales de la seguridad. Sumado a lo anterior, el ‘impuesto al patrimonio’ —creado para financiar dicha política en la lucha contra las guerrillas y el terrorismo—, permitió el fortalecimiento paulatino de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional —desde modernización y compra de equipo de guerra, incorporación de personal, reorganización y creación de unidades en todo el territorio nacional hasta la acción coordinada y conjunta entre los diferentes organismos de seguridad del Estado—, lo cual redundó en el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los colombianos (Vicepresidencia de la República, 2010). La popularidad del presidente de ‘mano dura y corazón grande’ le permitió ungir a su sucesor: Juan Manuel Santos, quien —a pocos meses de iniciado su gobierno (2010)— adelantó conversaciones secretas con la guerrilla de las Farc (Acosta, 2016). Esto trajo serias confrontaciones con el expresidente Uribe, el cual se convirtió en el crítico principal de sus políticas; en especial, las relacionadas con el proceso de paz y el manejo de la seguridad (Orjuela, 2015). Así, mientras el exmandatario se radicalizaba contra el proceso de negociación, Santos ganaba mayores apoyos políticos —al punto de contar con mayorías en el Congreso de la República—, lo cual le permitió sacar adelante las iniciativas legislativas en beneficio de los diálogos que avanzaban en La Habana.

Proceso de paz e inclusión de los militares y policías activos A finales de agosto de 2014, el gobierno Santos hizo un anuncio sorpresivo: incluir a militares y policías activos (MyPA) en el proceso de conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Semana, 2014). La propuesta era innovadora, pero arriesgada. Por primera vez en la historia reciente de las negociaciones con grupos guerrilleros, un gobernante elegido democráticamente incluyó a uniformados en actividad en la definición del modelo del cese al fuego y dejación de las armas de las Farc. La única participación de militares, previa a La Habana, fue liderada por el general Alfredo Duarte Blum durante la desmovilización de los grupos guerrilleros de los Llanos Orientales (El Tiempo, 1953); este proceso no estuvo enmarcado en una negociación política, sino de amnistía generalizada ofrecida por el presidente teniente general Gustavo Rojas Pinilla (1953). El comandante de las Fuerzas Militares, Duarte Blum, fue llamado ‘pacificador de los Llanos Orientales’ por su habilidad para lograr la entrega de 10 estructuras armadas —de la mano de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, Jorge Enrique González, Humberto Paredes, entre otros— (Valencia et al., 2018), lo cual generó admiración de parte de la comunidad nacional e internacional porque era la primera vez que un militar activo recibía ‘en formación’ a los guerrilleros y, posteriormente,

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Foto: Reseña del GR. Duarte Blum, publicada en El Tiempo por Anna Kipper, en 1953

haría lo propio con las armas como muestra del compromiso con la paz ofrecida por el gobierno militar.6 Sobre el oficial, la periodista polaca de la Agencia Francesa de Prensa que cubrió la desmovilización, Anna Kipper, escribió lo siguiente:

[…] La palabra ‘pacificador’ tiene por lo regular, un sentido negativo cuando se refiere a un jefe militar. Pero, en el caso del general Alfredo Duarte Blum, promovido en junio pasado al rango de brigadier general y de comandante en jefe de las fuerzas armadas de Colombia, la palabra tiene todo su sentido positivo y textual (Kipper, 1953a).

Foto: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/16057 - miembros del grupo guerrillero escuchan al general Alfredo Duarte Blum

Los MyPA conformaron la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto (STFC), la cual incluyó miembros de las FARC, quienes se requirieron oficialmente la primera semana de marzo de 2015. El proceso de construcción de dicho modelo no fue fácil. Al inicio, algunos técnicos o asesores del Gobierno nacional tenían temor sobre la pertinencia de traer a 6 “[…] Dumar Aljure, hombre de mirada penetrante y autoritaria, pasó revista a sus tropas; volvió sobre sus talones, hizo el saludo militar ante el general Duarte Blum y dijo: ‘Mi general, los guerrilleros del grupo de Aljure se os presentan’, el general pasó revista estrechó la mano y abrazó a todos y cada uno; habló largo rato con un pequeño guerrillero de siete años, el cual se sonrojó” (Kipper, 1953b).

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Fuerza, el director de la Policía Nacional y la Mesa Asesora del Ministerio de Defensa —presidida por el jefe de estado mayor conjunto y el viceministro de Políticas y Asuntos Internacionales—.

Foto: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-paz-de-pastrana-asi-fue-elfrustrado-capitulo-del-caguan/622639/

quienes presumían que en el pasado habían sido saboteadores (spoilers)7 de procesos de paz; no obstante, estos miedos se disiparon con el tiempo. En charlas informales y sotto voce, los guerrilleros les aseguraban a los uniformados que sí se podía confiar en ellos; palabras que no les sonaban del todo bien a los MyPA ni a los plenipotenciarios del gobierno —desde un principio, estos últimos creyeron que las Farc iban a emplear discursos de lucha de clases para utilizar la participación de militares en su contra, dado que siempre había avances al culminar las reuniones entre guerrilleros y uniformados, pero las dinámicas entre políticos y guerrilleros eran cada vez más 7 Líderes y partidos creen que un proceso de paz que emerge de las negociaciones amenaza su poder, visión e intereses, por lo que usan la violencia para atentar contra este logro (Stedman, 1997).

tensas y menos provechosas—. Los MyPA mantuvieron firmes sus convicciones. Nunca se reunieron con miembros de la guerrilla en lugares diferentes a las reuniones oficiales, jamás socializaron en otros ambientes, ni se dejaron instrumentalizar por la guerrilla o los políticos. Por ser estrictamente técnica, su labor les demandaba trabajar en lo concerniente a los detalles necesarios para permitir el acantonamiento de los guerrilleros de las Farc y ofrecerles las garantías de seguridad necesarias. Cada decisión tomada en la mesa técnica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia había sido socializada —en detalle— previamente ante la cúpula militar y de policía. Antes de cada viaje a Cuba, los militares y policías activos se reunían con el ministro de Defensa, el comandante general de las Fuerzas Militares, los comandantes de

En estas reuniones se definían las líneas rojas, es decir, los temas que no se debían tocar en las reuniones —aparte de los que habían sido determinados con anterioridad—. Por ejemplo, durante varios encuentros técnicos, las Farc solicitaron más de 78 zonas de acantonamiento con extensiones superiores a 2500 kilómetros cuadrados — zonas de 50 × 50 kilómetros—; hecho innegociable para las Fuerzas Armadas, las cuales ofrecían 7 zonas de un kilómetro cuadrado. En otras palabras, la solicitud de esta organización insurgente era de unas zonas cuya extensión total era 4.6 veces más grandes que la llamada ‘zona de distensión’ del Caguán; algo impensable con el antecedente negativo y las consecuencias nefastas de la desmilitarización de 5 municipios en el gobierno Pastrana8. Al final del proceso se definieron 26 zonas de acantonamiento con una extensión de 289 kilómetros cuadrados —algo menos del 1 % de la del Caguán—; además, una serie de consideraciones e innovaciones convirtió ese trabajo en un modelo digno de ser emulado en cualquier parte del mundo.

8 San Vicente del Caguán, Uribe, Macarena, Vistahermosa y Mesetas, ubicados en los departamentos de Meta y Caquetá.

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Aportes de la participación de los militares y policías activos En Colombia, las relaciones más controversiales entre civiles y militares se han dado en el marco de los procesos de paz; por consiguiente, uno de los resultados más sobresalientes de esta labor fue lograr una dinámica menos conflictiva entre ellos. Históricamente, los roces más complejos sucedían cuando el tomador de decisiones, dentro de sus obligaciones constitucionales, abría la puerta a las negociaciones directas con los grupos subversivos del momento. En muchas oportunidades, sus ministros de Defensa militares eran los últimos en enterarse, pues sus jefes no veían pertinente informarles, ya que eran

“Los MyPA mantuvieron firmes sus convicciones. Nunca se reunieron con miembros de la guerrilla en lugares diferentes a las reuniones oficiales, jamás socializaron en otros ambientes, ni se dejaron instrumentalizar por la guerrilla o los políticos”. considerados saboteadores de dichos procesos de negociación. En cambio, en cuanto a la participación de los militares en este proceso de paz no hubo postura contraria alguna a la intención del presidente de abrir conversaciones con las Farc. Según Mezú, otros de los resultados sobresalientes sobre la

Foto: https://unmc.unmissions.org/el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-aplaudeacuerdo-sobre-alto-el-fuego-en-colombia

participación de los MyPA dentro de los resultados descriptivos se encontró que:

(1) La llegada de los militares tuvo muchas motivaciones, la más importante la del presidente Santos, pero a su alrededor otras

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presiones históricas por parte de las Farc; (2) más de dos décadas atrás el mando civil decidió inocular un cambio en la actitud de los militares hacia futuros procesos de paz, por ejemplo, con las ‘Charlas con la sociedad civil’ —actividad auspiciada por los noruegos, que inició durante la administración de Andrés Pastrana— más de 900 coroneles tuvieron acceso a conversaciones con el ‘otro’, con el ‘diferente’, con lo cual en parte se ayudó a cambiar la predisposición de los uniformados hacia futuros procesos de paz; (3) lo anterior, empezó a evidenciarse con la redefinición del concepto de victoria militar –—de misiones de destrucción se pasa a pensar en acabar con la voluntad de lucha del adversario—, al tiempo que se producen unas cartillas con ese nuevo concepto operacional en 2001 (cambio que impulsó el general Mora siendo comandante del Ejército Nacional); (4) el tema de los derechos humanos se masificó en el marco de la formación de los uniformados a raíz de los escándalos de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), a la vez que se introdujo el derecho operacional en las Fuerzas Armadas

(FF. AA.) —DOPER, versión local del derecho internacional humanitario (DIH)—; (5) la llegada de los MyPA a La Habana generó múltiples reacciones, por el lado de las Farc un sentimiento de seguridad e igualdad, además de esperanza por el posible cumplimiento de los acuerdos; por el lado de los políticos, algo de incertidumbre frente a una posible estratagema de los guerrilleros y su discurso de lucha de clases, ya que, esto debía resolverse entre ‘guerreros’; (6) muchos técnicos de gobierno vieron esa llegada como una amenaza al proceso, pues los MyPA podrían llegar a convertirse en spoilers; (7) el mayor aporte de la participación de los MyPA fue la creación del modelo de cese al fuego y dejación de las armas de las Farc; (8) tanto los software como las personas involucradas en el diseño y estrategias de la guerra, fueron las mismas involucradas directamente en el proceso de resolución del conflicto; (9) la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE) demostró poder de influencia sobre el tomador de decisión y sobre los negociadores, en especial en la parte relacionada con la

justicia transicional; (10) el cónclave le permitió al presidente Santos hilvanar el acuerdo, en el cual los MyPA y las Farc fueron capaces de definir el número de zonas y sus características sin la participación e involucramiento del jefe del equipo negociador ni del alto comisionado de paz, con sus respectivos equipos; (11) el primer acto de reconciliación, según la percepción de muchos, fue ver a militares y guerrilleros —dos enemigos históricos— sentarse en una mesa técnica de diálogo (2022, p. 8).

Uno de los resultados más destacados, en virtud de la participación de los MyPA en el proceso de conversaciones, fue el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (MM&V), el cual involucró equipos mixtos integrados por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la Organización de las Naciones Unidas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Dichos equipos de monitoreo y verificación se encargarían de velar por el comportamiento de las partes en las zonas de acantonamiento y permitirían dar cumplimiento a lo acordado en la mesa por las partes y los compromisos mutuos realizados en La Habana —para ello tendrían un cúmulo de actos prohibidos a los cuales denominaron ‘reglas que rigen el cese al fuego’—. Según la ONU, fue un éxito haber

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puesto a trabajar a un grupo de guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública en un mismo equipo.

Conclusiones

Foto: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/que-tipo-de-armasentregaron-las-farc-99166

Foto: Encuentro de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, con el sr. GR. Javier Flórez (3 de diciembre de 2014) para discutir temas relacionados con el proceso. Fotografía oficina de comunicaciones de ACORE

Foto: https://unmc.unmissions.org/cronologia-0

El impacto de esta experiencia radica en que se logró complementar al equipo político de negociación, empleando las competencias técnicas, profesionales, emocionales y socioemocionales del componente militar y policial, con el fin de ofrecer una visión específica necesaria en un proceso con las características del colombiano. Lo anterior, en el entendido que las Farc estuvieron conformadas históricamente por dos visiones: la militar y la política. Los primeros estaban encargados de plantear la estrategia de la guerra; los segundos, las directrices del relacionamiento con el Estado colombiano y más allá de las fronteras. A pesar de haber sido una determinación del tomador de decisiones —primer mandatario—, la participación de militares y policías activos en el proceso de paz de La Habana se fundamentó en los logros de la Fuerza Pública sobre la insurgencia de las Farc. Su aporte fue de doble vía: por una parte, desde la estrategia militar, llevaron a las Farc a una mesa de diálogo; por la otra, fueron definitivos en la construcción del modelo de cese al fuego y dejación de las armas de esa guerrilla —hoy día, referente en el mundo—. Adicionalmente, su participación generó otras dinámicas con el equipo de gobierno: los militares y los plenipotenciarios lograron complementarse

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y forjaron un nuevo ambiente de trabajo que trascendió el aspecto técnico. Los militares y policías activos fungieron como catalizadores del proceso de construcción del modelo de desarme, desmovilización y reintegración realizado con sus némesis: las Farc. Poca gente habla sobre ello, pero — según observadores, políticos

y académicos nacionales y foráneos entrevistados— el encuentro cara a cara entre ‘enemigos históricos’ fue fundamental para el proceso. La participación de los uniformados trajo tal tranquilidad al equipo de gobierno, a los voceros de la guerrilla y a la comunidad nacional e internacional, que su ingreso se observó como el primer acto de reconciliación jamás antes visto

en el país —además de darle celeridad a la negociación.9

Kipper, A. (1953a). Perfil. El general Duarte Blum. El Tiempo. p. 11.

Orjuela, L. (2015). Uribe versus Santos: del enfrentamiento personal a la diferenciación ideológica. Revista de Estudios Sociales, (52), 201-207.

9 Las Fuerzas Armadas de Colombia han demostrado que no solo son capaces de desempeñarse en el campo de batalla, sino también en las negociaciones de paz y la implementación de los acuerdos de paz. Su compromiso y profesionalismo […] se han convertido en un ejemplo para el mundo (Cortés y Millán, 2019).

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Los acuerdos de paz en prospectiva: una mirada mediante técnicas analíticas estructuradas Desiderio López Niño, Ph.D.

Economista, docente investigador de la ESDEG

Economista; docente investigador de la ESDEG; doctor en Administración; magister en Gestión Pública. Foto: http://anterior.cauca.gov.co/noticias/gobernador-del-cauca-con-la-paz-el-cauca-renace-la-reconciliacion-1

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Resumen Los ejercicios de anticipación frente a los posibles escenarios futuros de paz en Colombia, son menos frecuentes de lo que sería deseable. El cortoplacismo ha prevalecido en la toma de decisiones, se ha perdido de vista que la firma de un acuerdo de paz no implica la ruptura con los comportamientos ancestrales de la violencia. En los asuntos de convivencia pacífica se requiere una visión de largo plazo y el objetivo del artículo es plantear que el empleo de técnicas analíticas estructuradas como el Método Delphi y la Teoría de Juegos hacen un valioso aporte desde la ruta cuantitativa y cualitativa a los estudios prospectivos sobre la construcción de procesos de paz, por cuanto son participativas e incluyentes, permiten escuchar a los expertos y generar nuevas miradas que tienen como centro de gravedad la interacción de los actores donde se valora que la elección de una estrategia por parte de un actor está relacionada con la estrategia elegida por el otro actor. El reto es ver el futuro y devolvernos al presente para diseñar las estrategias que llevan a escenarios de acuerdo pacífico en varias etapas, para ello se requiere creatividad, combinar la razón con la intuición, pero ante todo actitud de cara a visiones de paz donde el imperio de la ley esté garantizado para todos.

Introducción En la declaración de las Naciones Unidas se hace explícito el postulado de mantener la paz y la seguridad, lo mismo que

“… los indicadores son una presentación simplificada de un concepto, son un vehículo que puede transportar un concepto a una información concreta sobre un fenómeno social complejo que puede ser cuantificada, como es la paz, que sirven para comparar unidades de análisis, en nuestro caso se podrían comparar estrategias para diseñar procesos de paz en prospectiva”.

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resolver por medios pacíficos cualquier situación que atenten quebrantamientos a la paz. Esos principios inspiran a que los Estados – nación se fundamenten en el mismo sentido, de ahí que la Constitución política colombiana en su Artículo 22 establece que la “paz es un deber y un derecho” y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en el numeral 11 del Artículo 3 de la Ley 1955 de 2019 (DNP, 2019) determina el “Pacto por la construcción de paz: cultura de legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”, es decir la paz es un imperativo normativo y positivo. En alineación con la Constitución y la ley, el Comando General de las Fuerzas Militares en su Plan Estratégico Militar de Transformación PEMT 2042 en el objetivo estratégico No. 3 se fijó como una de sus metas “Coordinar y articular las capacidades de las Fuerzas Militares en lo concerniente a la terminación de conflictos e implementación de acuerdos de paz” (CGFM, 2020, p. 63) y agrega el documento que las “Fuerzas Militares como principal arquitecto de la paz seguirán apoyando técnicamente la mesa de diálogos y/o negociaciones si así lo decidiera el Gobierno Nacional y continuarán participando de forma activa en la implementación de los acuerdos de paz que se suscriban”. Bajo esa premisa, este artículo explora el empleo de técnicas analíticas estructuradas en la proyección de construcción de procesos de paz con un enfoque prospectivo. Foto: https://hsbnoticias.com/index.php/noticias/consejo-de-seguridad-de-la-onuextendio-mision-de-verificacion-en-colombia

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De ahí que abordar el tema de la paz en Colombia es incierto, no solo por el contexto VICA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) que caracteriza al mundo de hoy, sino por la ausencia de consenso sobre los elementos que conforman el concepto “paz”, convirtiéndose en un desafío encontrar propiedades comunes en sus diferentes acepciones, respecto a las cuales debaten tanto los académicos como los expertos civiles y militares, desde una perspectiva ideológica, teórica o empírica sobre asuntos jurídicos o sociológicos, ahondando en las dificultades que requieren ser observadas, evidenciadas y medidas en la identificación del alcance de la paz, sus procesos e implicaciones. Al respecto, Firchow (2020) estima que los investigadores cualitativos se interesan por la validez conceptual y son críticos de los indicadores cuantitativos por cuanto medir intangibles como “paz” resulta difícil dado que contienen elementos como los sentimientos, es bien sabido que los dolores de la guerra no son medibles. Pero, es importante considerar que los indicadores

son herramientas que generan respeto, le dan fortaleza a los estudios (Kelley y Simmons, 2015); igualmente se argumenta que los indicadores son una presentación simplificada de un concepto, son un vehículo que puede transportar un concepto a una información concreta sobre un fenómeno social complejo que puede ser cuantificada, como es la paz, que sirven para comparar unidades de análisis, en nuestro caso se podrían comparar estrategias para diseñar procesos de paz en prospectiva. Resultan interesantes las discusiones entre los científicos sociales sobre la ruta a seguir, cuantitativa o cualitativa, cuando se indaga sobre la paz, o la Seguridad y la Defensa nacionales, pero ello no es objeto de este artículo. Lo cierto es que los estudios que se sustentan en técnicas cualitativas y los que se soportan en instrumentos cuantitativos, ambos tienen fortalezas y debilidades en sus análisis sobre temas sociales, surgiendo el interrogante ¿Cuál sería el aporte que hacen las técnicas analíticas estructuradas que consideren las dos

“En los acuerdos de paz están involucrados múltiples y diversos sectores poblacionales, pero se sintetizan en dos actores, el Estado y los Grupos Armados Organizados (GAO), un acuerdo se logra cuando los dos actores alcanzan un punto común donde se cruzan las estrategias con las cuales pretenden alcanzar sus objetivos”.

rutas en estudios prospectivos sobre los procesos de construcción de paz? Este artículo resolverá la pregunta en dos etapas mediante el desarrollo de un ejercicio hipotético, la primera empleando el Método Delphi que se denomina “entendimiento del contexto” y la segunda es la aplicación de la Teoría de Juegos, denomina “construyendo futuro”. (Gándara y Osorio, 2017)

Los acuerdos de paz La firma de un acuerdo de paz rara vez marca la ruptura definitiva con los patrones históricos de la violencia (McFee y Rettberg, p.2). La sociedad colombiana en esta época contemporánea ha comprobado esa afirmación, desde septiembre de 1953 cuando el General

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Alfredo Duarte Blum recibió el fusil de manos del guerrillero liberal Guadalupe Salcedo como señal de un acuerdo de paz, hasta la firma del Acuerdo de La Habana en noviembre de 2016, la violencia ha continuado en el territorio colombiano, atizada por diversos factores, ahora uno de ellos el narcotráfico. En los acuerdos de paz están involucrados múltiples y diversos sectores poblacionales, pero se sintetizan en dos actores, el Estado y los Grupos Armados Organizados (GAO), un acuerdo se logra cuando los dos actores alcanzan un punto común donde se cruzan las estrategias con las cuales pretenden alcanzar sus objetivos. La sociedad colombiana ha soñado con ese punto común, pero solo ha sido eso, un sueño. Si bien se han desarrollado varios procesos con

base en diagnósticos políticos, sociales, jurídicos y económicos e identificación de innumerables metas, se ha subvalorado el camino que hay que recorrer en el proceso de construcción de acuerdos. En un estudio con enfoque prospectivo que aborde la construcción de procesos de paz se requiere que las estrategias tanto del Estado como de los GAO sean la unidad de análisis. Las estrategias salen a flote mediante el empleo de técnicas analíticas estructuradas. Para lograr un acuerdo de paz que se aproxime a las situaciones reales de la sociedad colombiana se requiere el empleo de técnicas que ayuden a ver largo, profundo y anticipar situaciones de diversa naturaleza para facilitar la toma de decisiones por parte

de los actores, de tal manera que la información se analice de manera sistemática, con rigor, es decir análisis estructurado que lleve a resolver preguntas que tienen que ver con lo que podría pasar, no con lo que ya se sabe, rompiendo modelos mentales y evitando errores de percepción.

Proceso de paz en prospectiva Sobre los temas de paz en Colombia, los ejercicios de anticipación de los futuros posibles son mucho menos frecuentes de lo que sería deseable. El cortoplacismo ha prevalecido en la toma de decisiones y las consecuencias en materia de Seguridad y Defensa a mediano y largo plazo rara vez se han dimensionado. Es apremiante un análisis

Foto: https://argmedios.com.ar/cinco-anos-primer-acuerdo-paz-colombia/

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“El cortoplacismo ha prevalecido en la toma de decisiones y las consecuencias en materia de Seguridad y Defensa a mediano y largo plazo rara vez se han dimensionado”. prospectivo sobre los procesos de paz mediante técnicas analíticas estructuradas las cuales permiten que la intuición sustentada en la experiencia de los actores se expliciten de forma lógica, valorando el propósito del procedimiento, de hacer obvio lo invisible incluso de vincular hechos al parecer no relacionados, en síntesis mitigar las limitaciones cognitivas que generan los modelos mentales (Heuer & Pherson, 2015), estas técnicas mediante instrumentos cuantitativos y cualitativos ayudan a profundizar sobre cada tema que se aborda dentro del proceso, lo cual es importante por cuanto Foto: Archivo Ejército Nacional

los modelos mentales pueden afectar la manera en que se pretende resolver algo. Diferentes disciplinas científicas ofrecen técnicas para desarrollar una o varias etapas de un proceso prospectivo. Por espacio, en este artículo se abordan solo dos técnicas, Método Delphi, que corresponde a la primera etapa denominada “entendimiento del contexto” y la otra, Teoría de Juegos, que corresponde a la etapa “construyendo futuro” (Gándara y Osorio, 2017). Ambas técnicas han sido implementadas entre otros por RAND Corporation, organización privada con sede principal

en Estados Unidos, líderes en estudios prospectivos en temas de Seguridad y Defensa.

Entendimiento del contexto Se da aquí el primer acercamiento al objeto de estudio, proceso de paz; empleando el Método Delphi el cual se sustenta en entrevistar expertos y mediante rondas de preguntas construir consenso sobre la identificación de estrategias a seguir dentro de un proceso de paz, sustentados en herramientas estadísticas como la mediana y la desviación típica, se integran experiencias y saberes proporcionando un conocimiento profundo sobre el tema. Como ejercicio hipotético y considerando las diversas experiencias sobre los acuerdos de paz y las nuevas tendencias mundiales en materia de participación en la elaboración de las políticas públicas por iniciativas

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de otros actores que no eran considerados en el pasado, y sin olvidar el accionar violento del GAO, como su herramienta privilegiada en la búsqueda del poder, como punto de partida se podrían formular las siguientes preguntas a un grupo de expertos: 1. ¿Sería conveniente una ley de impunidad para alcanzar un acuerdo de paz exitoso? 2. ¿Considera que la solución a los problemas de violencia ocasionados por los GAO es continuar las operaciones militares para su derrota definitiva? 3. ¿Cree que se deben fortalecer las relaciones diplomáticas con países limítrofes para lograr colaboración en la derrota de los GAO? 4. ¿Considera usted posible una negociación con los GAO?

5. ¿Cree que es conveniente convocar la participación de la ciudadanía a través de la academia y otras organizaciones sociales en búsqueda de una tercera vía como solución final al conflicto con los GAO? Una vez tabuladas las respuestas del ejercicio hipotético y realizados los cálculos estadísticos sugeridos por el Método Delphi, se podría identificar que los expertos privilegian dos posibles caminos de acción: uno, considerar que la solución a los problemas de violencia ocasionados por los GAO es continuar las operaciones militares para su derrota definitiva; dos, considerar que es posible una negociación de paz con el GAO.1 Con esta bifurcación se ingresa a la siguiente fase. 1 Estas dos estrategias obtuvieron la mediana más alta y la desviación típicas más cercana a cero.

Construyendo futuro Aquí se diseña a mano alzada el camino para alcanzar la convivencia pacífica, es el momento en que el escenario futuro y la estrategia se entrelazan para conformar un binomio indivisible (Godet, 2007). Sin duda, se trata de la etapa más compleja, en la que deben conciliarse los intereses de los actores, es donde se visualiza la evolución del sistema de la situación actual a la situación deseada en el futuro (Gándara y Osorio, 2017). La Teoría de Juegos resulta una técnica muy apropiada para visualizar a futuro la solución a problemas en Seguridad y Defensa como se evidencia en el libro “Game Theory and National Security” de los profesores Steven J. Brams & D. Marc Kilgour. A partir de los resultados del Método Delphi se construye la matriz de pagos, creada por Von Neuman y Mogestern en la Teoría de Juegos, en ella se

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identifican los jugadores, sus estrategias y las acciones que desarrollan (Monsalve y Arévalo, 2005). Para nuestro caso hipotético los jugadores son el Estado, por un lado y los GAO, por el otro; las estrategias para el Estado son:

a. Ofensiva militar (o). Desarrollar un plan operacional específico para los GAO.

Las estrategias de los GAO a. Combatir (c) Continuar con su accionar delictivo contra el Estado colombiano.

b. Negociación en busca de paz (n1) Buscar un proceso de paz con los GAO utilizando todos los medios a su disposición.

b. Buscar una negociación de paz con el Gobierno Nacional (n2).

GAO Jugador 2

Matriz de Pagos Combatir (c) Estado

Jugador 1

Negosación de paz (n2)

Ofensiva militar (o)

-3

-6

-4

Negosación de paz (n1)

-6

Tabla 1. Matriz de pagos, construcción propia elaborada a partir de la siguiente “regla”

Resultando la siguiente matriz de pagos: A partir de las estrategias de los dos jugadores, en la interacción, si el Estado elige su estrategia ofensiva militar obtiene -3 cuando los GAO deciden combatir, ambos tendrán pérdidas de vidas, el GAO obtendrá -6 por cuanto no tiene las mismas capacidades tecnológicas ni humanas, este valor lo obtendrá el Estado cuando se decida por la estrategia de negociación de paz y si los GAO se

mantiene en el combate, aquí un jugador obtiene un beneficio igual a la pérdida del otro. Si los GAO deciden entrar en negociación de paz en medio de una ofensiva militar tendrá un valor de -4 por cuanto la comunidad internacional pide al Estado el cumplimiento a las normas del Derecho Internacional Humanitario. En el caso de que ambos jugadores decidan “negociar la paz”, ambos se ven beneficiados por haber detenido una eventual costosa carrera armamentista y se evitan

“… se podría identificar que los expertos privilegian dos posibles caminos de acción: uno, considerar que la solución a los problemas de violencia ocasionados por los GAO es continuar las operaciones militares para su derrota definitiva; dos, considerar que es posible una negociación de paz con el GAO”.

pérdidas humanas y materiales. Este juego muestra que el Estado tiene una estrategia estrictamente dominante, mientras que GAO no tiene estrategia dominante. Si el Estado elige su estrategia ofensiva militar (o) siempre obtendrá un pago mayor que si elige su estrategia negociación de paz (n1). Si C es la combinación de estrategias, entonces: C1= {o, n1} combinación de estrategias del Estado C2 = {c, n2} combinación de estrategias de los GAO u1 (o,c) = -3 > u1 (n1,c)= -6 u1 (o,n2 )= 6 > u1 (n1,n2 )= 1 La estrategia estrictamente dominante del Estado (jugador 1) es la ofensiva militar (o) por cuanto al ser elegida le otorga un mayor pago que la estrategia negociación de paz, sin importar qué elección hagan los GAO.

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Ahora bien, por cuanto los GAO no tienen una estrategia estrictamente dominante, es necesario buscar una solución que permita visualizar una combinación de estrategias que tanto el Estado como los GAO predeciblemente escogerán en la cual ningún jugador podría mejorar su pago escogiendo unilateralmente una estrategia diferente, si supone que el otro sigue eligiendo la estrategia previamente escogida (Monsalve y Arévalo, 2005). Esta acción se conoce como el Equilibrio de Nash. Se analiza cada uno de los cuatro productos cartesianos que componen la matriz de pagos (Tabla 1). a. Para empezar, se toma la combinación de estrategias en la que el Estado juega la estrategia o y los GAO juegan la estrategia c, es decir (o, c). Si el Estado espera que los GAO jueguen c, él no tendrá motivos de desviarse a n1, por cuanto pasaría a obtener un menor pago de -6 en cambio de -3 que obtendría de mantenerse jugando o. En cambio, los GAO se desviarían a jugar n2 para obtener un pago de -4 en vez de -6; por lo tanto, la combinación de estrategias (o, n1) no es un equilibrio de Nash. b. Se toma ahora la combinación de estrategias (o, n2); Si el Estado se desvía de su estrategia o a n1, pasa de ganar 6 a ganar solo 1, luego será mejor que no lo haga; por su parte, si son los GAO quienes se desvían de n2 a c, pasa de recibir un

Foto: https://www.elespectador.com/politica/lista-la-nueva-ruta-de-sometimientopara-grupos-armados-organizados-article/

Foto: https://www.semana.com/nacion/seguridad/articulo/ejercito-da-un-duro-golpeal-grupo-armado-organizado-residual-adan-izquierdo-en-el-valle-del-cauca/202126/

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“Este juego muestra que el Estado tiene una estrategia estrictamente dominante, mientras que GAO no tiene estrategia dominante”. Foto: https://elsumario.com/colombia-celebro-el-acuerdo-de-paz/

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pago de -4 a recibir un pago de -6, luego tampoco se desviara; Como ninguno de los jugadores tiene incentivos para desviarse unilateralmente, la combinación de estrategias puras (o, n2) constituye un equilibrio de Nash de este juego. c. Se toma ahora la combinación (n1, c). Los GAO no tendrán incentivos para desviarse unilateralmente ya que reduciría su pago de 6 a 1. Sin embargo, el Estado sí tendría incentivos para desviarse, ya que, si cree que los GAO seguirán jugando c, escogerá o en vez de n1 le genera un pago de -3 en vez de -6. Así, esta combinación de estrategias tampoco constituye un equilibrio de Nash. d. Para terminar, se considera la estrategia conjunta (n1, n2); El Estado tiene incentivos para desviarse ya que obtendría un pago de 6 en vez de 1, y los GAO también tendrían incentivos para hacerlo ya que ganarían 6 en vez de 1. Así, esta combinación de estrategias tampoco constituye un equilibrio de Nash. En síntesis, en un juego estático la combinación de estrategias puras (o, n2) es un equilibrio de Nash, cuando el Estado elige la ofensiva militar y los GAO eligen negociación de paz, esta es una solución inicial en un proceso que es de largo alcance. Existe la posibilidad que al desarrollar estrategias mixtas se podrían identificar otros equilibrios de Nash, o que en una segunda ronda en un juego dinámico también se

logren otros equilibrios visualizando nuevos escenarios que propicien la convivencia pacífica.

Conclusiones Las técnicas analíticas estructuradas, Método Delphi y Teoría de Juegos, hacen un valioso aporte desde las rutas cuantitativa y cualitativa a los estudios prospectivos sobre la construcción de procesos de paz, son participativas e incluyentes. Este abordaje mixto no solo es innovador, sino que también le toma el pulso de forma permanente al proceso en construcción y evita caer en definiciones de paz, éxito y poder, vocablos que se caracterizan por su polisemia generando impedimentos de validez conceptual para analizar la construcción de paz. En aras de alcanzar escenarios de convivencia pacífica se requiere de técnicas y métodos cualitativos, escuchar a los expertos implica tener presente las lecciones aprendidas de los acuerdos que se han suscrito en Colombia y el mundo, no se parte de cero pero es necesario generar nuevas miradas y analizarlas con base en las potencialidad de las herramientas cuantitativas que tienen como centro de gravedad la interacción de los actores, donde se valora que la elección de una estrategia por parte de un actor está relacionada con la estrategia elegida por el otro actor, donde la intuición tiene su participación por cuanto cada uno piensa que el otro está pensando sobre lo que uno cree que piensa.

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Los procesos de paz en prospectiva no pueden ser solo un sueño, el reto es ver el futuro y devolvernos al presente para diseñar las estrategias que llevan al escenario de convivencia pacífica, para ello se requiere creatividad la cual

depende de las capacidades cognitivas de los actores, lo mismo que su experiencia y las habilidades en la gestión de los recursos disponibles, pero ante todo actitud de cara a visiones de paz donde el imperio de la ley esté garantizado para todos.

REFERENCIAS Brams, S., Kilgour, D. (1988). Teoría de Juegos y Seguridad Nacional. Madrid: Ministerio de Defensa. Comando General de las Fuerzas Militares (2020). Plan Estratégico Militar de Transformación PEMT 2042. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación (2019). Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Bogotá. Firchow, P. (2020). Recuperando la paz cotidiana. Bogotá: Universidad del Rosario. Gándara, G. y Osoriom F. (2017). Métodos Prospectivos. México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Godet, M. (2007). Prospectiva Estratégica: Problemas y Métodos, PROSPEKTIKER, San Sebastián,

Kelley, J. & Simmons, B. (2015). Politics by number: indicators as social pressure in international relations. American Journal of Political Science, 59(1), 55 – 70. https//doi.org/10.1111i/ ajps.12119. McFee, E. y Rettberg, A. (2019). Excombatientes y acuerdos de paz con las Farc-EP en Colombia, Balance de la edad temprana. Bogotá: Universidad de los Andes Monsalve, S. y Arévalo, J. (2005) Un curso de teoría de juegos clásica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Wallensteen, P. (2015), Qualiti Peace: Peacebuiding, Victory and World Order. Oxford: Ozford University Press.

Revista Fuerzas Armadas Desde el cuarto de máquinas

Vicealmirante (R) Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph.D. Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

¡Vida a bordo! Para el próximo 2023, y confiando en que la vida democrática de Colombia siga vigente, la Armada Nacional estará celebrando 200 años, no de su creación, pero sí de su fecha más emblemática: el triunfo en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, la más importante de la época de la Independencia y con la cual se selló definitivamente nuestra liberación de España. Estos dos siglos de vida institucional han tenido intermitencias por la poca importancia que el mar tuvo en el pasado en la mente de nuestros dirigentes, sin embargo desde 1934, y como producto del conflicto con el Perú dos años antes, la Armada Nacional ha tenido un proceso de crecimiento, desarrollo e importante avance; los buques, el factor

más importante del poder naval y el foco de cualquier marina de guerra, están rodeados de una aureola de misterio e interés para el común de las personas. El presente artículo pretende ilustrar el día a día de los tripulantes de las unidades a flote y mostrar a los lectores la ardua labor, el intenso entrenamiento y la inmensa responsabilidad que representa mantener y operar los activos estratégicos del país en el mar.

La adaptación El ser humano por su naturaleza nace, crece y se desarrolla en tierra, de manera que su vida y metabolismo difieren mucho de lo que es permanecer por largos períodos de tiempo en plataformas

que se mueven en todos los sentidos al vaivén de las olas, de ahí la necesaria preparación para la vida a bordo. Son largos años de permanencia en las escuelas de formación donde los futuros marinos, oficiales y suboficiales, adquieren los conocimientos necesarios para su desempeño profesional; fundamental aprobar con suficiencia una carrera de Educación Superior propia de la especialidad, así como adquirir la disciplina, obediencia, templanza y fortaleza que les permita, trabajando en equipo, enfrentar mares y vientos, a veces calmados y otras, fuertes tempestades. El proceso se da desde los primeros años; el anhelado embarque de reclutas es el bautizo de

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fuego donde jóvenes marinos saborean por primera vez la brisa marina y aprenden del poder y magnificencia de los océanos. Este, como los siguientes hasta el crucero en el ARC Gloria, son embarques cortos donde la exigencia va aumentando y las situaciones les aportan conocimiento y experiencia; los alumnos hacen los trabajos básicos y prestan los servicios de guardia en condición de ayudantes, mientras tanto se van habituando a esa condición diferente de vivir en una embarcación al son de las olas, que en la mayoría de los casos les produce malestar y mareo; los mismos a los que deben sobreponerse para desempeñarse como verdaderos lobos de mar.

El ARC GLORIA Los veleros, aún más que los mismos buques de guerra, impactan al común de las personas. No en vano muchos preservan, en lugar privilegiado, adornos marineros; portillos, lámparas, sextantes, compases magnéticos, timoneras, maquetas de buques, entre otros, son las delicias de los amantes del mar. Pero aparte del romanticismo de navegar en un velero mayor, el fin va más allá; es el escenario preciso para adaptarse a la vida marinera. Son seis meses en promedio, lo que dura esta experiencia en la Armada de Colombia, donde el futuro oficial o suboficial aprende a convivir con el mar y lo que conlleva: espacio reducido, largas jornadas, la responsabilidad individual que garantiza la seguridad del grupo, la camaradería, el trabajo en equipo, en fin, es toda

Foto: Archivo Armada Nacional

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“… los buques, el factor más importante del poder naval y el foco de cualquier marina de guerra, están rodeados de una aureola de misterio e interés para el común de las personas”.

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una vivencia que prepara para el desempeño futuro, este sí, en los buques convencionales y en calidad de profesionales.

El día a día en un buque de guerra Las unidades capitales, como son llamados los buques de guerra y los submarinos oceánicos, son el respaldo estratégico de la Nación, sin embargo, la flota se complementa con otras naves maravillosas y necesarias para cumplir la misión de preservar los mares y los ríos de la Patria. En todos ellos, sin importar el tamaño y la misión específica, se vive igual experiencia; no en vano los tripulantes se forman bajo el mismo formato y la permanencia en las escuelas, en condición de internos, permite

crear hábitos y generar la cultura naval. Por su parte, el correcto uso del uniforme, la preservación de las tradiciones, el cuidado de los elementos del Estado, el estricto mantenimiento de las embarcaciones, la disciplina, el buen trato y la exigencia hacen que tanto en el mar Caribe, como en el Pacífico o en cualquiera de los ríos de la Patria un buque de la Armada se identifique por su buena presentación, alto nivel de operatividad y la efectiva prestación del servicio asignado. En todos ellos se respira mística y tradición naval, mientras se refuerza la identidad de una institución grande y poderosa. Un buque, tanto en el puerto como en el mar, mantiene

su actividad veinticuatro horas los siete días de la semana. Para ello, las tripulaciones se distribuyen en tres turnos, llamados guardias, y se alternan las responsabilidades en periodos de cuatro horas para cubrir los puestos operativos; un verdadero régimen especial, al igual que el de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea, pues ninguna normatividad podría aplicarse a jornadas que sobrepasan y hasta duplican las horas laborales de un régimen común. Sábados, domingos, feriados o jornadas nocturnas no se pueden guardar para el descanso, se debe laborar pues el buque requiere atención mientras opera en cumplimiento de la misión; además el enemigo no descansa y busca el momento propicio para intentar burlar la

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autoridad. En tiempo de paz los buques cumplen múltiples funciones. La Armada de Colombia siempre ha buscado que los activos estratégicos desempeñen tareas fundamentales para el país; es por ello que además de la acción disuasiva, la que consiste en mostrarle a los potenciales enemigos que hay con qué responder en caso de una agresión, las fragatas y submarinos, utilizando otras capacidades, se dedican a reprimir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, velan por la preservación de la vida humana en el mar, atienden a las comunidades apoyándolas y socorriéndolas, pero además son Foto: Archivo Armada Nacional

fundamentales en caso de calamidad o emergencia, no solo en el país sino también en apoyo a otras naciones. Labor muy importante es la de cuidar la infraestructura costera e insular y desde luego preservar el medio ambiente, hacer investigación marina y cuidar del patrimonio nacional en las aguas de la zona

económica exclusiva. El día en el mar inicia muy temprano; a las 00:01 entra la primera guardia de mar, es decir, una tercera parte de la tripulación, a responder por la navegación, la supervisión y vigilancia, así como la operación de los sistemas de detección, armas,

“… fundamental aprobar con suficiencia una carrera de Educación Superior propia de la especialidad, así como adquirir la disciplina, obediencia, templanza y fortaleza que les permita, trabajando en equipo, enfrentar mares y vientos, a veces calmados y otras veces, fuertes tempestades”.

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electrónica, la propulsión, generación de potencia eléctrica, refrigeración y aire acondicionado. En cada una de las estaciones, al mando de un Oficial y ejecutadas por la suboficialidad, se llevan a cabo las tareas requeridas. Cabe indicar que en el puente de mando, el timonel, el navegante, los vigías y el encargado del radar, así como los operadores de palancas y otros sistemas, en equipo con el Oficial Jefe de Guardia, responderán por cumplir la derrota y por la seguridad en la navegación. En el CIC (Centro de Información en Combate), otro equipo opera las consolas de las diferentes guerras bajo la supervisión y control del Oficial de guardia de esa estación. Ellos, con acceso a la información de los sensores, entre los que están los radares de detección y los de control de tiro, el sonar, cámaras de diversos tipos, detectores de señales electromagnéticas, repetidores de comunicaciones, entre otros, pueden identificar embarcaciones o aeronaves sospechosas, también enemigos potenciales, así como barcos en problemas o necesitados de asistencia. Siendo así, allí también pueden operar las armas en caso necesario, desde luego bajo la autorización del Comandante. Por último, en una consola se tiene el Centro de Control de Ingeniería; desde allí se monitorea la maquinaria y se parte para las rondas a los bajos fondos y los espacios de ingeniería verificando que los sensores estén dando información certera y que no haya peligro de incendio o de inundación. Se vela

Foto: Archivo Armada Nacional

también por la estabilidad del buque, el control de combustible, el movimiento de líquidos entre tanques, la producción y administración del agua potable, entre otras labores. Su entrenamiento les permitirá, bajo el liderazgo del Oficial de Guardia de Ingeniería y los conocimientos y experiencia de la suboficialidad, contrarrestar cualquier emergencia. A las 04:00, la segunda guardia de servicio entrará a reemplazar a los cansados tripulantes del primer turno, quienes podrán dormir unas horas más antes de formar a las 08:30 a

órdenes del Segundo Comandante y los Jefes de Departamento, para iniciar trabajos de mantenimiento, entrenamiento e instrucción. En esa formación también estarán los integrantes del segundo turno, pues ellos después de sus cuatro horas de servicio habrán sido relevados por la tercera guardia. La mañana pasará rápidamente ante la cantidad de actividad y el arduo trabajo. El almuerzo se servirá temprano para la primera guardia, cuyos integrantes de nuevo asumirán los puestos operativos del buque, como se detalló anteriormente. Después del almuerzo y un

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“Pero aparte del romanticismo de navegar en un velero mayor, el fin va más allá; es el escenario preciso para adaptarse a la vida marinera”.

breve descanso, las dos guardias disponibles formarán, esta vez a órdenes de sus Jefes de Departamento y atenderán trabajos de mantenimiento, aseo y reentrenamiento de acuerdo con el plan de actividades. A las 16:00, asumirá la segunda guardia y a las 20:00 la tercera para su segundo turno de la jornada. En resumen, en un día normal los tripulantes, dependiendo del turno que les haya correspondido, habrán laborado entre doce y dieciséis horas, sin contar los imprevistos ni las actividades adicionales que requieren de más personal que el propio de

la guardia de turno, como por ejemplo, las maniobras de toma y despegue del helicóptero o las de arriada del bote motor para requisar alguna embarcación sospechosa, para lo cual se conformará lo que se denomina “Tripulación de presa”, que tendrá como misión abordar, requisar y verificar documentos y carga de la embarcación en proceso de chequeo; en muchos casos se encuentran cargadas con drogas ilegales o material no permitido. Hasta aquí podemos ver que es poco el tiempo libre que le queda a los hombres y mujeres

de mar. Sin embargo, después de las 16:00 horas, en situación normal, quienes no estén de guardia pueden hacer deporte, leer, algunos estudiar o simplemente ver programas de televisión. Igual sucede los fines de semana o los festivos, donde toda la tripulación cumplirá con sus ocho horas de guardia y el resto del tiempo podrán dedicarlo a actividades de esparcimiento; es decir, en vez de las doce o dieciséis horas de trabajo entre semana, solamente serán prestados los servicios de guardia. Los comandantes normalmente ordenan buenos planes de bienestar para que

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en las pocas horas de descanso se desarrollen actividades que mantengan el ánimo, la moral y la buena disposición de las tripulaciones lejos de casa.

La vida en puerto

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Cuando el buque está amarrado a muelle, igual permanece a bordo una tercera parte de la tripulación por si acaso se requiere zarpar o atender una emergencia, pero los puestos operativos disminuyen y se libera parte del personal para los trabajos de mantenimiento y reparación requeridos a fin de garantizar la condición de operatividad y alistamiento propia de un buque de guerra. Sin embargo, la condición de puerto obliga a que las tripulaciones cumplan responsabilidades adicionales en tierra; estas pueden ser guardias, ceremonias, patrullajes y hasta misiones de orden público, de manera que en muchos casos es preferible estar en el mar, allí el trabajo, aunque arduo, aporta al alistamiento del buque.

La guerra y el entrenamiento para ella

Foto: Archivo Armada Nacional

La guerra, aunque nadie la quiera y menos los combatientes, termina siendo para lo que se preparan los marinos, por eso el día a día se dedica a mantener esa inmensa máquina en las mejores condiciones de operatividad y sus tripulantes entrenados y prestos para reaccionar con acierto y efectividad; como todo se realiza en equipo los simulacros son permanentes y la evaluación una constante; la máquina no puede fallar y los tripulantes no pueden errar; la vida está en juego.

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“Sábados, domingos, feriados o jornadas nocturnas no se pueden guardar para el descanso, se debe laborar pues el buque requiere atención mientras opera en cumplimiento de la misión; además el enemigo no descansa y busca el momento propicio para intentar burlar a la autoridad”.

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Situación compleja e interesante es cuando se navega en crucero de guerra, bien sea por entrenamiento o por condiciones reales, ahí el personal ante amenazas inminentes tripula todas las estaciones y no hay tiempo para el descanso, de manera que la alimentación se distribuye en los puestos de combate y si la condición lo permite allí mismo se podría, por estrictos turnos cerrar los ojos por cortos periodos; a veces son varios días los que pasan en esas situaciones. En caso de poderse pasar a guardias, porque el nivel de la amenaza disminuye, estas ya no serán de cuatro sino de seis horas; se requiere de la mitad

de la tripulación para poder reaccionar de manera inmediata ante cualquier ataque o eventualidad. La vida en los buques de guerra no es fácil.

El honor de tripular buques de guerra La razón de ser de las Marinas de Guerra son sus buques; son los que permiten cumplir la misión de mantener la soberanía y la integridad del territorio. Es con estos que se ejerce el poder naval y se efectúan las operaciones expedicionarias a costas hostiles con nuestras Fuerzas de Infantería de Marina. Servir a bordo de las unidades capitales es un honor y un

inmenso sacrificio; son muchos días fuera de casa y también largas las jornadas de trabajo y de servicio a la Patria. Cuando se ve un buque de guerra, imponente y que inspira respeto, pocos se imaginan el nivel de actividad y la excelente labor que se lleva a cabo para mantenerlos operativos y listos para la defensa de la Nación. Buques y submarinos que parecen nuevos, a pesar de varias décadas de servicio, es el resultado de toda una organización logística y operativa que respalda la labor de quienes sirven a bordo.

“La guerra, aunque nadie la quiera y menos los combatientes, termina siendo para lo que se preparan los marinos, por eso el día a día se dedica a mantener esa inmensa máquina en las mejores condiciones de operatividad y sus tripulantes entrenados y prestos para reaccionar con acierto y efectividad; como todo se realiza en equipo los simulacros son permanentes y la evaluación una constante; la máquina no puede fallar y los tripulantes no pueden errar; la vida está en juego”. Foto: Archivo Armada Nacional

Revista Fuerzas Armadas Memorias de un Policía

Coronel (R) Héctor Álvarez Mendoza Miembro Consejo Editorial de la Revista Fuerzas Armadas

¡Uno que ha sido cadete...! Una de las experiencias más gratas para quienes seguimos la profesión de oficiales de cualquiera de las instituciones integrantes de la Fuerza Pública es, sin duda alguna, el recuerdo del paso por la Escuela de Cadetes, que, después de muchos años, tanto nos divierte cuando, alrededor de un café o de una copa de vino, las recordamos en reuniones con nuestros antiguos compañeros. Todavía acuden a mi memoria, por ejemplo, las tajantes advertencias de nuestro primer brigadier quien nos ilustró sobre la regla de oro de la supervivencia en los primeros meses de internado: “Saludar todo lo que se mueva y pintar todo lo que no se mueva…”. O

la iniciativa empresarial de un compañero que reforzaba sus exiguos ingresos de cadete antiguo, alquilando el uniforme de salida a cualquier aspirante recién ingresado que aún no hubiera recibido su dotación oficial completa, pero que, orgulloso, quería presumir su nueva condición en el pueblo de origen durante sus primeras

vacaciones de Semana Santa. El amplio portafolio del emprendedor, incluía además casco de parada con penacho o virola, a elegir, y, mediante un cómodo cargo adicional, hasta insignias de brigadier, botas altas y sables de alférez. Cómo olvidar el caso de aquel compañero que olvidó la obligatoria corbata en su traje de civil

“Y qué me dicen de las excursiones nocturnas al rancho en busca de una olla para “repelar”, un trozo de panela o una hogaza de pan mal estacionada para matar el hambre, aliada inseparable de cualquier cadete de esos tiempos”.

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Foto: https://www.policia.gov.co/escuelas/general-santander

y ya en la fila de revista de la presentación personal previa a la primera franquicia, resolvió rápidamente el problema quitándose una media y anudándosela al cuello a manera de corbatín. Y qué me dicen de las excursiones nocturnas al rancho en busca de una olla para “repelar”, un trozo

de panela o una hogaza de pan mal estacionada para matar el hambre, aliada inseparable de cualquier cadete de esos tiempos. O las hazañas de aquellos vivarachos que pedían dinero a sus padres para comprar las botas altas y de paso incluían el valor del caballo para sus clases de

“… un pacífico y aplicado cadete de los recientemente ingresados, consagrado estudiante, pero no distinguido precisamente por la picardía y malicia indispensables para sobrevivir con relativo éxito a los rigores del centro de formación en ese entonces”.

equitación, en una época en que la mayor parte de las prendas y elementos de dotación eran suministrados por cuenta del Estado. Qué decir de la historia del cadete novicio que en una explosión de creatividad pretendió ingresar gratis de civil a la Plaza de Toros Santamaría reclamando su condición de cadete, identificándose con el recibo de la ropa sucia entregada en la lavandería de la escuela. Es grato recordar las clases de baile y etiqueta del profesor Sevilla, las de defensa cuerpo a cuerpo de Jorge Arévalo, discípulo y heredero del legendario luchador y estrella del cine

Revista Fuerzas Armadas Memorias de un Policía

mexicano Wolf Ruvinskis, natural de Riga (Letonia), quien a su paso por Colombia, en alguna de las temporadas itinerantes de lucha libre en las que participaba, decidió quedarse y desempeñar durante año y medio, el cargo de instructor de defensa personal en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. El cadete “morcilla” En cierta ocasión, uno de mis compañeros, probablemente insatisfecho con la balanceada pitanza regular y acuciado por el hambre, decidió saltar furtivamente la cerca del costado sur de la escuela y escaparse a

una fritanguería que había a varias cuadras de distancia, donde se armó de una respetable provisión de morcilla, chicharrón carnudo y chinchulín, acompañada con una generosa guarnición de papitas criollas y hasta con ají casero, botín que decidió meter de contrabando a través de la misma ruta, para “aplicárselo” en la tranquilidad de los prados del Instituto. Pero quiso la mala fortuna que en la incursión de regreso, se le atravesara un diligente “Alférez de Escuela” que sin pedir explicaciones, ni aceptar siquiera como impuesto aduanal parte del sospechoso paquete, lo

condenara a presentarse ante el comandante de la compañía, en ese entonces, el Capitán Bernardo Echeverri Ossa. En la siguiente relación de compañía, el cabizbajo sindicado, agobiado por el peso de la culpa, las agrieras y la sobredosis de colesterol, se presentó a dar cuenta de sus culpas. El severo comandante montó en santa cólera y de una y sin dudarlo sentenció al acusado en tono vehemente y premonitorio: “-Cadete fritanguero, cadete morcilla, yo no lo voy a castigar, que lo castigue mi Dios con una amebiasis…” Ni que la amenaza hubiera salido de los labios del propio

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“Nostratradamus”, pues al parecer, la profética condena se cumplió al pie de la letra, ya que años después, durante algún curso para ascenso, aún vimos al antiguo “fritanguicida” apurando en el aula de clases, generosos tragos de un gigantesco frasco de antiácido con sabor a tiza, que mantenía al pie de su pupitre, siempre al alcance de la mano. ¡Resérvese sus conceptos…! En otra ocasión, a mediados de un año académico cualquiera se produjo una reestructuración de los cuadros de mando de las compañías de cadetes como resultado de las calificaciones obtenidas en los exámenes semestrales, lo que produjo un fenomenal revolcón pues situó a algunos de los cadetes recientemente ingresados, ya siendo bachilleres, como brigadieres de los más antiguos y “cancheros”, bachilleres egresados de la misma escuela. Luego del mentado cataclismo y estando yo como brigadier reemplazante de sección de los cadetes más antiguos, me fue asignado como uno de los sub brigadieres reemplazantes de escuadra, un pacífico y aplicado cadete de los recientemente ingresados, consagrado estudiante, pero no distinguido precisamente por la picardía y malicia indispensables para sobrevivir con relativo éxito a los rigores del centro de formación en ese entonces. Estrenando su recién adquirida autoridad, le llamó la atención por presunta indisciplina en la fila al cadete antiguo Orlando Silva Cabrera, poseedor, con largueza, de características de

“Obviamente, por las condiciones de riguroso internado en el que vivíamos, ninguno de nosotros podía acompañarlo para hacerle barra y disfrutar sus triunfos personalmente, pues los viernes en la noche no existía la menor posibilidad que alguno de nosotros pudiera asomar las narices a la calle…”

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Foto: https://colombiacheck.s3.us-east-2.amazonaws.com/colcheck/s3fs-public/styles/16x9/public/2019-01/A7E6EBBE-E246-459AA022-B7E1AFB68C0E.png?VersionId=zsBkQEhSKsGFWlkKFd6iNIAi9PR9r6CE&h=d1ee6398&itok=ol4eoteA

agudeza, velocidad e ingenio de las que su novel brigadier aparentemente carecía. El aludido replicó a la reprensión con un mal disimulado murmullo entre dientes, que pronunció despacio, arrastrando cada una de sus seis sílabas, imprecación que sin embargo se escuchó entre los presentes con la circunspección de un cañonazo:

“-Bobo hp…” A lo que el brigadier insultado, que al parecer tenía más oído que “mala leche”, en una edificante demostración de tolerancia y respeto por las opiniones ajenas, en vez de condenarlo al paredón o al menos a una citación a relación general, le espetó sin inmutarse, esta sentencia inolvidable:

“-Allá el cadete Silva, resérvese sus conceptos…” Nuestro invicto campeón Resulta inolvidable el caso de Fernando Janer Ruiz, apreciado compañero de la compañía A de cadetes, hoy infortunadamente ausente de este valle de lágrimas, distinguido por su caballerosidad y don de gentes, así como por su considerable

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estatura y físico atlético y musculoso. Este recordado amigo fue durante un considerable lapso, practicante de boxeo y en tal virtud, se inscribió en representación de la escuela en el torneo “Los Guantes de Oro”, que se disputaba los viernes en la noche en la Plaza de Toros de Santamaría. Obviamente, por las condiciones de riguroso internado en el que vivíamos, ninguno de nosotros podía acompañarlo para hacerle barra y disfrutar sus triunfos personalmente, pues los viernes en la noche no existía la menor posibilidad que alguno de nosotros pudiera asomar las narices a la calle. Nuestro paladín salía puntualmente por la tarde rumbo a su cita deportiva y regresaba el lunes siguiente para dar cuenta en “relación general” de un nuevo triunfo en este rudo deporte. La historia se repitió durante varias semanas, hasta que un fatídico lunes, se presentó con la cara hecha un desastre, llena de moretones, pisteros y porrazos, como si hubiera sido atropellado por una estampida de elefantes o por el tren de la Sabana. Casi se nos sale el alma del cuerpo al apreciar tales destrozos, dada la identificación y simpatía con nuestro púgil, ídolo y esperanza de los que no disfrutábamos de franquicia los viernes por la noche. ¿Qué diablos podría haber pasado? ¿Habrían tomado las placas del camión que lo habría atropellado? ¿Cuántas docenas de gavilleros, malandrines y follones lo habrían emboscado? Durante varios días nos quedamos sin respuestas

Foto: https://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/298638_1.jpg

Revista Fuerzas Armadas Héroes de Ayer, hoy y siempre

lógicas. Luego se filtró y llegó a nosotros la verdad de semejante estropicio. Resulta que en todos los combates anteriores, nuestro campeón se había impuesto a sus rivales por WO, es decir por ausencia y abandono de sus contrincantes, quienes al verlo sobre el cuadrilátero, exhibiendo semejante estamina y haciendo ejercicios de calentamiento con vigorosos sacudones a las cuerdas que estremecían el entarimado, calculaban sus posibilidades, adivinaban los riesgos de enfrentarse a semejante mastodonte y prudentemente resolvían dar media vuelta y hacer mutis por el foro, aplazando así sus aspiraciones pugilísticas para ocasiones más propicias. Pero como siempre, en toda celebración no falta el saboteador y bucanero que arruina hasta los mejores proyectos y este caso no fue la excepción. Luego de la temible demostración previa de poderío físico de nuestro coloso, algún aspirante al “pambelazgo”, de escasa estatura y peso, probablemente corto de vista, con intenciones suicidas, poco juicio o muy necesitado, subió al cuadrilátero y luego de rezar tres veces el “Yo pecador”, postrado de rodillas y con vigorosos golpes de pecho, santiguarse varias veces y reflexionar: “¡A Santa Rosa o al charco…!”. Así, decidió ignorar el palmarés de nuestro campeón y al llamado de la campana y sin el acostumbrado ritual de los llamados “rounds” de estudio, como un huracán decidió entrarle a “piñazos” a nuestro enorme “peso completo”, que ante semejante e inesperado

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“Así, decidió ignorar el palmarés de nuestro campeón y al llamado de la campana y sin el acostumbrado ritual de los llamados “rounds” de estudio, como un huracán decidió entrarle a “piñazos” a nuestro enorme “peso completo”, que ante semejante e inesperado ciclón…” ciclón, resolvió renunciar al bíblico precepto de ofrecer “la otra mejilla” y prefirió besar humildemente la lona, en una sana y ejemplarizante demostración de prudencia y sentido común, que afortunadamente lo libró de consecuencias peores ante la inopinada avalancha de guantazos, mandobles y mojicones. Quedó la impresión que por descuido del árbitro, aquella

mala pécora hubiera llevado herraduras, escondidas entre los guantes. Todos quedamos convencidos que así debió haber sucedido. Esa aciaga noche quedaron sepultadas para siempre las ansias pugilísticas del compañero y de paso, nuestras esperanzas de contar en la Compañía A de Cadetes con nuestro propio campeón, nuestro invicto “Kid Noqueador”.

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Mayor Carlos Iván Ceballos González Oficial del Ejército Nacional, exalumno CEM 2021

Insistir, persistir, resistir y nunca desistir Esta frase sinónimo de resiliencia, ha sido desde mi época de Alférez en la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova”, la guía de mi formación y proyección como militar. La acogí desde el año 2003, cuando la vi enmarcada como recuadro en la entrada de la oficina del señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Apoyos y Servicios para el Combate No. 19, Unidad Táctica donde realicé mi fase de mando con soldados bachilleres y no con cadetes, como era lo normal. Pero solo Dios sabe cómo hace sus cosas, porque gracias a este cambio del destino, pude

conocer la calidad humana del soldado ciudadano cuyos orígenes humildes me enseñaron mucho sobre la sencillez, dignidad y orgullo patrio de vestir este uniforme.

El inicio de la trayectoria Así, Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, se ha convertido en mi frase de vocación durante los 18 años de carrera como Oficial. Hoy siendo el Mayor Carlos Iván Ceballos González, puedo asegurar que la he citado (y de una forma u otra, legado a los hombres y mujeres

a mi cargo) en cada formación de relación de Compañía o de Batallón en las oportunidades en que ejercí el cargo como Comandante (encargado) de una Unidad Táctica por ausencia del titular. Porque como militares debemos aprender a sobrevivir y levantarnos de todas esas situaciones a las que nos enfrentamos en nuestra labor diaria relacionada con el compromiso patrio. Resiliencia es lo que necesitamos los militares, pues no es fácil ver morir a amigos, a seres queridos, ya que de tanto andar juntos patrullando, terminamos

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siendo familia. Tampoco es fácil la impotencia de ver heridos a nuestros compañeros de batalla y muchos menos a civiles inocentes, los cuales tenemos el deber de proteger pero en muchas ocasiones esta misión se sale de nuestras manos, como en el caso de las minas antipersonales o quiebrapatas, sembradas por los diferentes grupos armados al margen de la Ley, herramientas malignas que han producido la muerte de miles de compatriotas, entre ellas se cuentan las de menores de edad. Así ¿Cómo no dolernos esta barbarie? si antes de ser militares somos humanos, padres, hijos, hermanos, esposos y colombianos. Por ello, los casos donde nos enfrentamos a la pérdida y a la impotencia de no haber podido evitar, es lo que más destruye nuestra alma, ya que la esencia del militar es el servicio. Y fue este servicio el que me llevó a decidir ser oficial del Ejército Nacional, una vocación que aprendí de mis padres, don Carlos y doña Miryam, él docente y ella enfermera. Nací el 23 de septiembre de 1982 a la 03:05 horas de la madrugada, quizás creo que por eso no se me dificulta madrugar. Crecí en un hogar privilegiado, pues a pesar de las dificultades cotidianas de cualquier familia bogotana, lo tuve todo en mi hogar. Hoy, en medio de remembranzas creo que el amor por la patria y el uniforme nacieron durante mi formación de educación primaria, básica y secundaria en un colegio de la Policía Nacional, donde además presté mi servicio militar obligatorio a

la par de mis estudios pues no conforme con obtener mi libreta militar, me decidí por integrar la Policía Nacional, hasta presentarme en la mejor institución del país, más como símbolo de rebeldía contra las ideas que me infundía mi padre de ser el “mejor”, lo que él no entendía es que no quería ser el mejor sino servir a los demás sin recibir nada a cambio. Por su parte, mi madre no aceptó tan fácil mi decisión porque ella siempre pensó que no le iba a regalar un hijo al Ejército, incluso llego al punto de no querer tomarse la foto familiar, que debía anexar a la carpeta como requisito de incorporación, así que, sin conocer aún mi frase de vocación, tuve que: Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Pero sería mi tío Guillermo Quiroga González (Q.E.P.D) vicerrector académico del Gimnasio Moderno, un gran apoyo para aferrarme a mi decisión; de él aprendí que las ideas de izquierda o de derecha en el ámbito político no son malas, los malos son las personas que ejercen cualquier tipo de violencia para imponer sus pensamientos. Igualmente, hoy en día reconozco el valor de lo que una vez me dijo, y es que mi vida se transformó porque en el Ejército Nacional me realicé, pues encontré lo que yo quería ser, ya que no hay nada más satisfactorio y que llene de orgullo, que encontrar tu vocación y trabajar en ello, y en la institución he logrado a través de estos 18 años de carrera militar, servir a mi país y a mis compatriotas. Después de los obstáculos familiares, por fin pude ingresar

Foto: Archivo Ejército Nacional

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“Resiliencia es lo que necesitamos los militares, pues no es fácil ver morir a amigos, a seres queridos, ya que de tanto andar juntos patrullando, terminamos siendo familia”.

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a la Escuela Militar de Cadetes, el 30 de junio de 2001, una época inolvidable de la historia de Colombia, pues el presidente Andrés Pastrana Arango estaba desarrollando los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc en la zona de distensión conformada por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán. Casi ocho meses después el proceso de paz vería su fin, luego de que las Farc secuestraran un avión de la aerolínea Aires que cubría la ruta Neiva – Bogotá, adicional al secuestro del senador Jorge Gechem; hecho que no solo cambiaría la historia del país, sino también mi formación como militar, pues por orden presidencial se adelantaron dos promociones de Foto: Archivo Ejército Nacional

oficiales para cumplir con el “Plan 10.000”, cuyo objetivo era el de cubrir con suficientes mandos el nuevo número de militares entre julio del año 2002 y noviembre del 2003 como respuesta la ruptura de los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc y combatir el terrorismo. De tal manera, que el pie de fuerza se incrementó de 140.000 a 150.000 hombres en las Fuerzas Militares, actualmente somos más de 200 mil hombres. Luego de la ruptura de los diálogos, la orden presidencial fue retomar los territorios de la antigua zona de distención, operación valerosa en la cual fallecieron cientos de militares en cumplimento de su deber. Ahora que recuerdo en esas mismas selvas pero en el año de 1981,

el teniente Nelson Darío Bedoya Zuluaga (Q.E.P.D), no únicamente hizo el sacrificio supremo en cumplimiento del deber, sino que también unas semanas antes, dejaría escrita para la posteridad nuestra “Oración de Guerra”, en la cual describe todas las dificultades que enfrenta el soldado, mientras le pide a un ser supremo mantenerlo con vida para continuar luchando por la paz de Colombia y así ser “el soldado más valiente de mi Ejército, el colombiano más amante de mi Patria”.

Desde algunas experiencias de impacto Hoy creo que ser el soldado más valiente tuve que asumirlo desde cadete, ya que unos días antes del 7 de agosto de 2002,

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siendo aproximadamente las 11:30 horas, nos encontrábamos en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes en los ensayos para la ceremonia de la posesión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando fuimos atacados por la guerrilla de las Farc con granadas de morteros hechizas de 120 mm, gracias a Dios de 60 granadas solo detonaron 6, pues milagrosamente el sistema de inicio se dañó. Recuerdo como si fuera ayer, el absoluto silencio previo a las explosiones, el silbido de las granadas cayendo y nosotros quietos manteniendo la calma porque no sabíamos el punto exacto en donde estallarían. Luego de estas explotar, salí corriendo aproximadamente 800 metros hacia el alojamiento para tomar mi fusil y mi chaleco

siguiendo el Plan de Reacción y Contraataque, pero mis piernas no me respondieron y debí reposar unos 30 segundos antes de subir las escaleras del alojamiento. Una vez en el punto de reacción, verificaron la situación, constataron el armamento y personal. Por fortuna, en este ataque solo hubo hechos materiales que lamentar. En ese momento entendí los riesgos que debía asumir al decidir integrar el Ejército Nacional.

No olvido el liderazgo de mi Capitán Giraldo Jiménez Walter Adrián, sus frases motivadoras como: “El entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra debe parecer un descanso”, me ayudaban a llenarme de exaltación para continuar luchando por la paz de Colombia. Meses después llegué al Corregimiento de Tomarrazón del municipio de Riohacha (donde no había Policía desde el año 2000 por culpa de un ataque

“… de él aprendí que las ideas de izquierda o de derecha en el ámbito político no son malas, los malos son las personas que ejercen cualquier tipo de violencia para imponer sus pensamientos”.

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guerrillero), para cumplir con nuestra misión de repeler posibles ataques y brindar seguridad a la población, ya que esa misma noche las Farc atentaron contra la vida de los trabajadores del Cerrejón que vivían en este corregimiento, incinerando el bus que los transportaba. Además fui testigo de cómo cuatro semanas después, este mismo grupo guerrillero con el fin de causar temor en la población civil, derrumbó con cargas explosivas la torre de telecomunicaciones de COMCEL en el municipio de Manaure (Cesar). Puedo afirmar que esta experiencia me permitió llegar más fortalecido a mi segunda Unidad, pero no me blindaría ante las escenas más fuertes que vería en mi carrera militar, ya que en el Batallón de A.S.P.C. No. 18 “ST. Rafael Aragona” en Arauca, fui designado como Jefe del Dispensario Médico, donde tuve que recibir militares (soldados, oficiales y suboficiales) mutilados por causa de las minas quiebra patas sembradas por las guerrillas del Eln y de las Farc, que en este departamento eran expertos en la fabricación e instalación de este tipo de artefactos explosivos. Tras muchas más experiencias que por razón de espacio de la publicación me veo limitado a desglosar, pasaron los años y pensé que nunca más tendría que enfrentarme a una de las experiencias más difíciles de mi vida militar. En 2014, siendo el Coordinador Jurídico Militar de la Brigada Móvil No. 25, tuve que entregar en Puerto Escondido y en Sincelejo, los cuerpos de dos soldados asesinados en

Foto: Archivo Ejército Nacional

combate. Es muy difícil decirle a una familia “lo siento, los acompañamos”, pues su pérdida es un dolor que transforma a sus seres queridos y son entendibles los insultos y condenas contra el Ejército por la muerte de hijos, hermanos o esposos; en ese momento ¿cómo explicarles que en verdad los asesinos de esos hombres fueron los grupos guerrilleros? es difícil dar consuelo. Ahora les pregunto ¿Ustedes creen que los tiempos de Dios son perfectos? Pues desde 2017 yo sí lo creo, ya que fui trasladado al Dispensario

Médico de Bucaramanga, lugar y fecha precisa para reencontrarme con mi compañero de curso, el Capitán Fredy Barajas y posteriormente uno de mis más grandes amigos, a quien considero un verdadero héroe de la Patria. Fredy sobrevivió a un ataque con un artefacto explosivo improvisado (A.E.I), una varilla se le introdujo en el cráneo, causándole una discapacidad permanente de parálisis en la mano derecha y pie derecho. Cuando conocí su caso, no pude más que recordar que estaba en un cargo en el cual manejaba

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algo de poder y esto me brindaba la oportunidad de ayudar, por ello durante los dos años del proceso de recuperación de mi amigo, no dudé en autorizar todo lo que él necesitaba, obviamente amparado por la Ley al ser herido en combate. Y no me arrepiento, pues con el paso del tiempo pude ser no solo partícipe sino también testigo de la recuperación de mi amigo, en realidad Barajas se convirtió en mi mejor ejemplo de Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, gracias al apoyo del Ejército Nacional,

“Recuerdo como si fuera ayer, el absoluto silencio previo a las explosiones, el silbido de las granadas cayendo y nosotros quietos manteniendo la calma porque no sabíamos el punto exacto en donde estallarían”. del personal del Dispensario Médico, de su esposa Paola y de sus hijos Fredy Andrés y Marianita. Actualmente, un nuevo miembro hace parte de la familia, su hija Saray Victoria. Puedo seguir hablando de la

historia de Fredy Barajas, quien hoy hace parte de la vida civil, pero me quedaría corto en la descripción, por eso le regalé a él, el último espacio de mi relato como un homenaje a mi amigo, para que contara en primera persona su milagro de vida.

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Un milagro llamado Fredy Barajas: mi historia El día 18 de noviembre de 2015, en desarrollo de la operación de la Unidad Operativa Menor Emperador, a la orden de operaciones Normandía, durante un reconocimiento de corto alcance en la vereda El Encanto del municipio de Argelia (Cauca), el SLP. Gaviria encontró la fábrica clandestina de explosivos que estaba acondicionada a 100 metros de una casa del caserío de dicho lugar. Realicé el procedimiento de registrar con el grupo EXDE descartando posibles artefactos explosivos; como en el resultado no se trataban de bajas en combate, ingresamos al lugar donde tenían morteros hechizos de 60 mm y granadas de 60 mm hechizas, además poseían toda la herramienta para la fabricación de este tipo de armas como tornos y compresoras. Informé vía radial a mi Mayor Daza Carrillo Marcel Giovanni, quien subió al lugar. En el instante en que llega mi Mayor Daza, la población civil realizó una asonada, ya que esas son las instrucciones de la guerrilla cada vez que la tropa de un resultado. Mi Mayor Daza trató de mediar con la población, logrando persuadirlos e informándoles que no iban a afectar los cultivos de coca que había alrededor de la fábrica de artefactos explosivos. De todo lo anterior, se le informó al señor Coronel Herrera Díaz, comandante de la Vigésima Novena Brigada, quien ordenó destruir la fábrica y recuperar las herramientas con que se fabricaban las armas y explosivos.

Después de haber destruido la fábrica, recibí la orden de mi Mayor Daza de retornar con un equipo de combate hacia el sector donde estaba la tropa pernoctando. Al momento de avanzar 100 metros, un miliciano desde una casa en la parte alta sobre el camino, nos botó una mina hechiza tipo Kleimor, la finalidad era acabar con nuestras vidas o mínimo mutilarnos las piernas, pero corrimos con suerte de que la mina cayó entre una enramada al lado izquierdo, a la altura de la cabeza, la cual el guerrillero detonó al momento en que yo estaba pasando, recibiendo el impacto sobre mi cabeza e incrustándoseme una varilla de 7 mm de largo. Yo recuerdo un estallido que me sacó volando hasta que me frenó un árbol grueso, que por fortuna estaba allí, porque de lo contrario habría caído a un abismo. Pese a mi grave lesión, me acuerdo de todo, los soldados profesionales Correa y Mapura, el C3. Toro Toro, el SLP. Céspedes Aristizábal, el SLP. Muñoz Pérez y el SS. Urrego Colmenares corrieron en mi auxilio y al momento de encontrarme procedieron a vendarme la cabeza e hicieron todo lo posible por detener el sangrado, crearon una camilla improvisada y me sacaron a un lugar donde elaboraron el helipuerto para evacuarme. Después de haberme salvado la vida en la Clínica Valle de Lili, donde duré un mes en cuidados intensivos y coma, salí evacuado hacia Bucaramanga, al Dispensario Médico de esta ciudad a continuar con mi recuperación, ya que mi esposa Paola realizó

las gestiones necesarias con varios comandantes para que me trasladaran y así ser acompañado por mi familia en la recuperación. Duré interno en el Dispensario Médico aproximadamente un mes, al momento de retirarme la traqueotomía me brindaron los servicios médicos de cuidado en casa porque luego de las intervenciones quirúrgicas

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había quedado como un vegetal sin poder hablar, ni moverme y las esperanzas que la mayoría de los especialistas daban a mi esposa, era que yo quedaba mentalmente como un niño de 5 o 7 años, pero lo que no sabían los médicos era que a pesar de no poder hablar ni moverme, entendía absolutamente todo y esto me llenó de fortaleza para

luchar por mi recuperación, tanto así que gracias a las terapias físicas, ocupacional y de lenguaje, a los cuatro meses logré levantarme de la cama para ir a terapias por mis propios medios al Dispensario Médico de Bucaramanga. A los 5 meses ya podía hablar y hacerme entender de una manera lógica, por mi propio medio y adicional a

las terapias que me brindaba el Ejército, pagué terapias particulares. Pero después de hablar con mi general Carvajal, comandante de la Segunda División y con mi compañero de curso, el Mayor Ceballos, logré que la institución asumiera los gastos de mis terapias y todo gracias a que fui herido en combate.

Foto: Comando General de las Fuerzas Militares https://www.cgfm.mil.co/sites/default/files/styles/cms_bootstrap_12_12/public/ blog/images/cogfm-fac-apoyo-humanitario-victimas-minas-antipersonal-29.jpg?itok=TsII3WDY

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“… con el paso del tiempo pude ser no solo partícipe sino también testigo de la recuperación de mi amigo, en realidad Barajas se convirtió en mi mejor ejemplo de Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, gracias al apoyo del Ejército Nacional, del personal del Dispensario Médico, de su esposa Paola y de sus hijos Fredy Andrés y Marianita”. Finalmente, después de este resumen de 18 años de mi vida militar y del milagro de vida de mi amigo Barajas, cómo no creer firmemente en que Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, es la mejor visión y pensamiento para enfrentar los obstáculos Foto: Archivo Ejército Nacional

que la vida nos coloca constantemente, no solo a los soldados de Colombia, sino a todos los seres humanos. De nuestra fe, valor y compromiso depende nuestro destino, porque solo tenemos diez minutos diarios al día para llorar y quejarnos, las

restantes 23 horas y 50 minutos son para continuar enfrentando la vida con sabiduría y sirviendo a los demás.

Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados Maestría en Estrategia y Geopolítica Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa Registro Calificado Res. 001140 del 03 febrero de 2022, por 7 años. Cód. SNIES 104695