Revista XII Espacios Políticos by Espacios Políticos

¿QUIÉNES SOMOS?

(ACEP) ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOS POLÍTICOS (2014-2018)

Consejo de Expertos Dr. Guillermo O´ Donnell ( ), Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino, Dr. Lucas González (Phd, Notre Dame)

Presidente Maximiliano Ulises Campos Ríos

Directores Lic. Gonzalo Diéguez Mg. Maximiliano Campos Rios Coordinadora General Lic. Laura Paonessa (UdeSA)

Vicepresidente 1º Emilio Vitale Vicepresidente 2º Mauro Solano Tesorero Gonzalo Diéguez Protesorero Luciano Adolfo Jaúregui

Responsable de Comunicación Lic. Florencia Berbery (UdeSA)

Secretario Camilo Vedia

Responsable de participación de estudiantes Lic. Ayelén Vanegas (UdeSA)

Prosecretario Eduardo Mastrostéfano

Responsable Boletín mensual Lic. Cintia Mariana Cabral

1º Vocal Daniel Blinder

Revista "Espacio CBC" Dr. Daniel Blinder y Federico García

Comisión revisora de cuentas

Mesa consultiva Lic. Camilo Vedia (UBA), Lic. Francisco Aráoz Bugallo (USAL), Lic. Mauro Solano (UCALP), Lic. Emilio Vitale (USAL), Lic. Facundo Cruz (UADE), Lic. Mario Katzenell (UBA), Lic. Romina Sarmiento (UBA), Lic. Natalia Larsen (UBA), Lic. Ángeles Polzella (UBA), Lic. Eduardo Mastrostéfano (UBA), Lic. Ignacio Claut (UTDT), Lic. Mariano Rogelio Rodrigo (UdeSA), Lic. Leandro Signorile (UBA) Área Metropolitana Coordinador USAL: Lic. Octavio Tesone Coordinadora UNQ: Gisele Parvanoff Coordinador UdeSA: Uriel Kuzniecki Coordinador UNLAM: Lic. Mariano Boiero Coordinador UADE: Lic. Diego Usatinsky Coordinador UBA: Lic. Walter Caamaño Coordinador UCALP: Lic. Matias Hastoy Coordinadora Región Litoral - UNR Lic. Sofía Perotti Coordinadora Región NOA - UNSTA Lic. Alicia Camaño Coordinador Región Patagonia - UNTDF Lic. Juan Pablo Ortiz

2º Vocal Federico García Titular Silvio Castro Suplente Rogelio Mariano Rodrigo

NUESTRAS REDES /espaciospol

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Sección General

1. BARTOLACCI

p.o4

2. GRANDINETTI

p.o5

3. ACOSTA

p.o6

p.10

9. CEBALLOS

p.18

10. CATALDI

p.19

Un acercamiento a la economía de la transición democrática argentina (...)

La Argentina en el mundo: Des-inserción, Mal-inserción, Re-Inserción

p.12

11. MORETTI

p.21

Democracia Hobbesiana ¿Oxímoron o lectura no (...)

La nueva diplomacia pública argentina y la candidatura de la Canciller (...)

Cuba y Estados Unidos: el descongelamiento de las relaciones (...)

p.17

Empresas del estado. Elementos para pensar nuevas modalidades (...)

La sociedad civil y la realización del primer debate presidencial en (...)

6. MAZZINA/CAMBEL

8. DE SIMONE Mercado y Política en Argentina

Del mito de Medusa y la Administración O de la, ya a esta altura, (...)

5. REINGOLD

p.15

Crisis y cambios de la oferta electoral

XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia (...)

4. ZELICOVICH

7. TULLIO

p.14

12.

SCHNITIMAN/L.ALFONSÍN

Semipresidencialismo e hiperpresidencialismo en la Reforma de 1994 (...)

p.23

13 FERNÁNDEZ

p.27

14 TORRES

p.29

p.31

p.33

p.40

20. FURNARI

p.43

21. M. DE QUEIROZ

p.45

Comunicação política: crítica à relação entre políticos, cidadãos e veículos

La coordinación de élites y votantes en las primarias abiertas (...)

Género y conducción política

RULLI/PETER/ROBLES

La influencia de la opinión pública en la formación de la agenda (...)

Sobrerepresentación periférica en la legislatura bonaerense (...)

17. VALSANGIACOMO

19.

(Des)Igualdad de Género en la Universidad Nacional de Río Negro

La política de Cambiemos respecto a los organismos electorales

16. DOMÍNGUEZ SARDOU

p.37

Políticas de cuidado desde una perspectiva feminista en contexto (...)

Reforma política: ¿parche o reforma de fondo?

15. PALUMBO

18. RULLI

p.36

22. CALVO El Choque de Civilizaciones. La Civilización Análoga vs. la (...)

p.47

1. PRESENTACIÓN

XII CONGRESO NACIONAL Y V CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DEMOCRACIA: APUNTES DE UN ENCUENTRO PLURAL Franco Bartolacci

Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Rosario decano@fcpolit.unr.edu.ar

La publicación del presente número de la Revista Espacios Políticos coincide temporalmente, como cada dos años, con el Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Junto al Paraná, en plena pampa húmeda, en una ciudad que no tiene fundadores pero que conoce de luchas, de inmigrantes, de prosperidades y miserias, de experiencias políticas inéditas, de territorios diversos, el Congreso cumple veintidós años desde su primera edición, allá por 1994. Un período que recorre gran parte de la vida democrática de nuestro país y de América latina en general. En este transcurso, el Congreso se ha constituido como un espacio propicio para el debate, la reflexión colectiva y la construcción de propuestas y alternativas, en relación a las coyunturas de cada época, y a los desafíos de más largo aliento para nuestras sociedades. Con un rasgo distintivo: el protagonismo estudiantil, tanto en el marco de numerosas actividades de socialización científica, así como en la organización misma del evento. El Congreso ha adquirido así notoria relevancia académica y política, legitimada por investigadores, docentes y estudiantes, pero también por actores políticos, funcionarios, comunicadores y referentes de organizaciones sociales, que se han dado cita a lo largo de estos años en el marco del evento. Es preciso destacar, en este punto, la importancia del vínculo entre los espacios de decisión política, las arenas de política pública, y los ámbitos de producción y comunicación del conocimiento. Un vínculo que nos proponemos fortalecer cotidianamente, desde una perspectiva situada en el territorio que habitamos.

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El esta oportunidad, la consigna del XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia nos interpela acerca de, parafraseando a Derrida, la democracia por venir. Sus sentidos, sus caminos, sus promesas y desencantos. Abismos y resistencias. Nuevos sujetos políticos, cambios culturales y tecnológicos, desigualdades, que dan forma y contenido a diversos procesos políticos en todo el mundo. Un escenario donde Europa se encuentra conmocionada por la violencia terrorista y la delicada situación de miles de refugiados, revisando las formas de su integración política, económica y cultural. Estados Unidos, ante la encrucijada de una nueva elección presidencial. América Latina transita un recambio político e ideológico, con el ascenso de gobiernos de nuevo signo. El Mercosur, frente al dilema de la consolidación o la flexibilización. En Argentina, la alternancia política ha tenido lugar una vez más y constituye un signo auspicioso para la consolidación democrática. Sin embargo, los desafíos son múltiples y complejos: fortalecer instituciones, ampliar derechos y garantizar igualdad de oportunidades. Conjugar democracia y república, sobre la base de la inclusión. Tenemos mucho para aportar. Inquietudes, creación, preguntas, propuestas. Esperamos cientos de expositores en este Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia, que forma parte de la agenda académica regional, y que expresa el dedicado trabajo de tantos docentes, investigadores y estudiantes. Estamos convencidos de que participar es nuestro compromiso, pero también nuestra responsabilidad, desde esta Universidad Pública que consagra ideales reformistas y valores democráticos. #UniversidadPúblicaSiempre

DEL MITO DE MEDUSA Y LA ADMINISTRACIÓN O DE LA, YA A ESTA ALTURA, VIEJA, MODERNIZACIÓN Rita M. Grandinetti

Directora del Departamento de Administración Pública Universidad Nacional de Rosario ritagrandinetti@gmail.com

Si revisamos la agenda actual sobre la Administración y la Gestión Pública, la modernización del estado y la administración es central en todas las jurisdicciones y latitudes. Así en nuestra ciudad, por ejemplo, el Concejo Municipal ha presentado este año su reestructuración tecnológica para alcanzar la modernización; en la provincia, el Plan Estratégico, tiene como uno de los ejes la Modernización y Reforma del Estado, con pilares como la descentralización provincial, la participación ciudadana y la inclusión social. En la nación, a pocos días de asumir el nuevo gobierno fue anunciado el Plan de Modernización del Estado, que incluye puntos como la digitalización de los expedientes, el gobierno digital, el gobierno abierto, la gestión por resultados y el desarrollo de RRHH. En Iberoamérica, por su parte, el CLAD aprobó en julio la Carta Iberoamericana del Gobierno Abierto, como guía para las diversas agendas de transformación y modernización del Estado y la Administración. Hay un punto sobre el que quisiéramos detenernos: la modernización entendida como novedad + urgencia. Se plantea como novedad, norte inexplorado y prometedor. Esta ruptura con el pasado plantea la acción urgente, e inmediata. No se puede mirar atrás, bajo riesgo de quedar atrapado en las redes de la Ad-

ministración, que, a modo de Medusa, amenaza con convertir en piedra a todo aquel que se detenga a mirarla. No es posible detenerse y reflexionar, es urgente actuar. Sin embargo… la modernización no es un fenómeno nuevo. En América Latina, y en nuestro país, lleva 30 años en el centro de la escena; desde la vuelta de la Democracia ha sido tema central de agenda, que ha insumido múltiples acciones y esfuerzos. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Lo que trae nuevamente al centro la modernización necesaria, como novedad y urgencia, en una suerte de eterno retorno. La experiencia acumulada y el conocimiento construido, por lo tanto, obligan a detenerse y reflexionar antes de actuar para romper el mito de la Medusa, sólo mirándola con conocimiento, podremos superar este eterno retorno. Entre las reflexiones necesarias están las características de los cambios llevados adelante; en los que ha primado el traspaso tecnológico por sobre el diseño estratégico, la perspectiva técnica por sobre la técnica – política, la implantación de gabinete por sobre los procesos desde el empoderamiento de los actores, la sucesión de iniciativas superpuestas más que la comprensión y

actuación de la dinámica de los actores institucionales. Como resultantes podemos reconocer una institucionalidad signada por el desaliento ante lo nuevo, el refuerzo de lo tradicional y cierto acomodamiento de formas mínimas a lo “moderno”. A este cuadro lo hemos denominado “fatiga de modernización”. La fatiga de modernización lleva a las administraciones que han atravesado diferentes “modernizaciones”, hacia el refugio en situaciones preexistentes, como espacios de bienestar frente a lo externo, extemporáneo y no siempre comprensible de las reformas. Frente a esta fatiga un camino son las tecnologías situadas; éstas se insertan en un diseño estratégico organizacional para una situación histórica – territorial determinada. Y operan en dos registros: el campo de lo explícito, el cambio organizacional, y el implícito, más subyacente y oculto, de las reglas de juego institucionales. Las sucesivas modernizaciones que hemos atravesado se han caracterizado por operar, como vimos, mucho en el campo de lo explícito y poco en el de lo institucional implícito. Sólo comprender las lógicas de actores que se dan en un entramado institucional y actuar estratégicamente nos permitirá sostener la mirada de la Medusa sin quedar atrapados. www.espaciospoliticos.com.ar

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA REALIZACIÓN DEL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL EN ARGENTINA Marina Acosta

Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza, Flacso España. maruacosta@hotmail.com

Hasta 2015, en Argentina nunca se había producido un debate presidencial en televisión. A diferencia de otras democracias del mundo, cuya práctica está consolidada, en este país no ha habido una tradición del debate. A pesar de ser uno de los países con una gran tradición partidaria, durante muchos años fue uno de los pocos que no logró institucionalizarlo. Un pantallazo por los países del continente nos permite observar cómo la práctica se ha consolidado en países como Venezuela, Brasil y México. Otros países que han llegado al debate más tarde ya adoptaron la tradición. Hasta hace un puñado de meses, Argentina integraba junto con República Dominicana la pequeña lista de las democracias reacias a la contienda televisiva de los candidatos presidenciales. Diversos proyectos de ley fueron presentados por diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Estas iniciativas parlamentarias buscaron promover la obligatoriedad del debate y se centraron en modificar los artículos del Código Nacional Electoral y de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y de Campañas Electorales. Durante 2015, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja trató nueve proyectos y llegó a elaborar un pre dictamen. Sin embargo, no recibió tratamiento en el recinto. En lo que va de 2016, desde la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior se impulsa un proyecto para que a partir de las próximas elecciones presidenciales los candidatos estén obligados por ley a participar de un debate público con el resto de los contendientes. Sin embargo, lo que no pudo lograr el Congreso lo logró la sociedad civil. La realización del primer debate televisivo en el marco de las elecciones generales de 2015 no fue obra del sistema político argentino sino una iniciativa de una organización no gubernamental (ONG). Argentina Debate

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se propuso, desde finales de 2014, realizar el primer debate presidencial de la historia y sentar las bases para su institucionalización. Como ocurrió en Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, en Argentina fue una ONG la que impulsó la iniciativa para la realización del primer debate presidencial. En la mayor parte de esos casos, estas organizaciones se dieron a la tarea de elaborar informes de política pública con la finalidad de incidir en la calidad del debate público y fortalecer las agendas de los candidatos y, en consecuencia, de la futura administración gubernamental (CIPPEC, 2013). Estrategias El trabajo de esta ONG contempló una estrategia en distintos niveles. En primer lugar, realizó distintos seminarios de los que participaron referentes de organizaciones sociales, educativas, sindicales y del sector privado. El objetivo de estos encuentros consistía en que esos líderes pudieran intercambiar puntos de vista sobre la importancia del debate televisivo para la calidad democrática. En segundo lugar, inauguró una serie de diálogos plurales con funcionarios, expertos y referentes de diversos partidos que buscaban “enriquecer el diálogo político”1. Ese mismo diálogo se amplió hacia los representantes de las religiones más importantes presentes en el país: el catolicismo, el islam y el judaísmo. En tercer lugar, presentó un documento con propuestas para organizar el debate presidencial. El mismo destacaba que: 1) el debate ofrece a los electores una oportunidad de acceso a los candidatos en tiempo real; 2) para que se constituya en un bien público debe llegar a la mayor cantidad de personas posible, al mismo tiempo y en igualdad de condiciones de acceso; 3) los propios candidatos y sus partidos políticos

3. necesitan involucrarse y comprometerse con la organización de los debates para que efectivamente sucedan; 4) el mayor grado de apropiación pública y la mayor audiencia se logra cuando todos o los principales medios de comunicación coordinan para realizar una sola transmisión; 5) los sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos y los candidatos necesitan recursos técnicos y espacios de concertación que permitan construir el debate como un bien público2. La estrategia de acercamiento con los medios de comunicación, tan necesarios para amplificar el debate, también fue interesante. Ya en el documento presentado al que se hizo referencia, Argentina Debate reconoció que sin ellos el debate no podría ser posible. En este sentido, fue fundamental el espaldarazo que dio la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y los periódicos Clarín, La Nación, El Cronista, Editorial Perfil e Infobae. A estas alturas, el importante trabajo de Argentina Debate, que recibió el apoyo de más de 200 organizaciones de la sociedad civil y de expertos internacionales en debates presidenciales, se cristalizó en la presentación del formato de bien público que tendría el primer debate presidencial. Además, se presentaron un conjunto de requisitos: a) la participación de los candidatos presidenciales con un criterio amplio y pluralista; b) la realización en un lugar público de alto valor simbólico y prestigio, como la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o la Biblioteca Nacional; c) garantizar el acceso igualitario a través de una coalición de medios de comunicación que cooperaran en la transmisión del debate; d) la inclusión de instancias de negociación y acuerdo transparentes y confiables en todas las partes; e) equilibrio de temas de agenda estratégica de desarrollo del país con temas coyunturales de interés para la sociedad; f ) institucionalización del debate3. Parece incuestionable afirmar que ese primer debate entre candidatos tuvo una relevancia importante para el sistema político argentino. Sin embargo, también es posible reconocer su limitación. Pues el candidato que lideraba las encuestas no participó. Tal decisión revelaba, hasta entonces, que persistía la costumbre nacional que indica que va primero no debate porque cualquier paso en falso podría alterar el statu quo. Ese dogma se resquebrajaría tras los comicios generales del 25 de octubre cuando los resultados forzarían una segunda vuelta electoral. Macri y Scioli debatieron finalmente el domingo 15 de noviembre de 2015, una semana antes del primer balotaje presidencial de la historia del país. Esa noche el debate- que la ONG delegó en la producción artística y técnica de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT)- fue transmitido por todos los canales de

televisión (incluida la CNN en Español), la mayoría de las radios, los principales sitios de noticias por Internet y las redes sociales como Twitter y YouTube. Reflexiones finales El escenario político-electoral argentino ha cambiado tras las experiencias inéditas vividas durante este año. La realización del primer debate televisivo ha sido un paso importante no sólo para el sistema político sino, y fundamentalmente, para la ciudadanía. Por eso ha sido meritorio el gran involucramiento de la sociedad civil para tematizar el issue en la agenda pública. Como ha ocurrido con otras cuestiones, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en este tipo de procesos ha conducido a elevar la calidad de las democracias de la región, a la vez que revela una saludable presencia de mecanismos de accountability social. Aun reconociendo la validez de tal esfuerzo, es necesario reparar en el dispositivo que Argentina Debate diseñó. No conviene pasar por alto algunas críticas que recibió. Entre ellas que hubo poco espacio para el debate de ideas y que, en cambio, se dio mucho margen para que los candidatos explotaran la telegenia, las chicanas políticas y demás artilugios que demanda la democracia de audiencia. En un escenario tan guionado no hubo lugar para que irrumpiera lo político. Lejos de polemizar si los debates televisivos contribuyen a exasperar la política espectáculo, nosotros creemos que constituyen una herramienta democrática insoslayable para expresar las diferencias políticas e ideológicas, en el marco de una campaña electoral que representa el momento privilegiado de comunicación entre representantes y representados. Más aún, la función de los debates televisivo consiste grosso modo en legitimar al sistema político y brindar información a los votantes. Por eso, es necesario que la sociedad en su conjunto se comprometa en el desafío de mantenerlos (a partir de ahora) siempre vigentes. Referencias http://www.argentinadebate.org/novedades/argentina-debate-reunio-aministros-funcionarios-expertos-y-referentes-de-los-precandidatos-presidenciales/. 2 http://www.argentinadebate.org/novedades/los-que-ganaron-tambiendebatieron/. 3 http://www.argentinadebate.org/novedades/junto-a-expertos-internacionales-argentina-debate-presento-el-formato-del-primer-debate-presidencial-argentino/. 1

Bibliografía • CIPPEC (2013). Promover un foro nacional de políticas: CIPPEC y el proyecto “Agenda Presidencial 2011-2015”. Serie Think Tanks N°1. Buenos Aires. [en línea] http://www.cippec.org/documents/10179/51827/ Serie+Think+tanks_CIPPEC+Agenda+Presidencial.pdf/fb081947-72a14a26-a3b6-364a027bfa9b

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LA ARGENTINA EN EL MUNDO: DES-INSERCIÓN, MAL-INSERCIÓN, RE-INSERCIÓN Julieta Zelicovich

Doctora en Relaciones Internacionales Universidad Nacional del Rosario. CONICET. julieta.zelicovich@fcpolit.unr.edu.ar

El concepto de inserción internacional es un concepto polisémico dentro de las relaciones internacionales. Si bien existen varios trabajos que han intentado poner un orden a dicho debate, su uso ha continuado siendo disímil1. Esta característica ha impactado tanto en los análisis de política exterior como en la formulación y ejercicio de la misma. Es habitual encontrar en la prensa referencias a que “la Argentina se encuentra aislada del mundo” y que “debe reinsertarse”, independientemente del significado que se le asigne a esa inserción; o bien análisis que señalan el mito refundante de la política exterior argentina (Russell, 2010). En estos debates la falta de univocidad del concepto se manifiesta: se critica la manera en la cual se conduce la inserción internacional, entendida como “estrategia”, pero para ello se utiliza un discurso que entiende a la inserción internacional de otra manera, como instrumento y resultado, como “posición” en el mundo. En consecuencia se sostiene que la Argentina está desinserta, o caída del mundo, cuando en realidad la intención es señalar que no está inserta del modo en el cual se prefiere, tratándose no de una desinserción sino de una “malainserción”. En la transición entre el gobierno de Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri se aprecia este enredo de significados. Así, a la ausencia de consensos respecto de aquello que significa la inserción internacional, se le suman las divergencias respecto del modo en el cual debería insertarse la Argentina.

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Estas diferencias, cabe señalar, no son exclusivas del período sino que reconocen vastos antecedentes. A lo largo de su historia, en la Argentina han existido dos polos alternativos que han funcionado como propuestas y contrapropuestas de inserción internacional. Uno, liberal, cuyas características han sido la adhesión al régimen internacional y el seguimiento a la principal potencia, y que, por ejemplo, en el cual los instrumentos de política comercial han tendido hacia el libre comercio, la firma de acuerdos asimétricos, la menor intervención relativa sobre la operatoria del comercio, y las exportaciones basadas en ventajas comparativas. Y, por otro lado, una inserción autonomista, apoyada en el desarrollismo económico, la impugnación y reforma del sistema internacional, y la priorización de los vínculos regionales y sobre el eje sur-sur, por sobre el de la principal potencia. La política propia de tales momentos ha tendido a una mayor intervención en la relación estado-mercado, el alejamiento de los tratados asimétricos y su reemplazo o complementación con los acuerdos regionales o de preferencias arancelarias sobre el eje sur-sur, y un activismo en los organismos internacionales (el GATT/ OMC, pero en algunas ocasiones también UNCTAD) en pos de obtener reformas pro-desarrollo. En el período comprendido entre 2003 y 2015 los gobiernos de Kirchner y de Fernández de Kirchner esbozaron políticas cercanas a este segundo modelo, no obstante, y a pesar de lo prolongado del período, no lograron cimentar consen-

4. sos ni en la sociedad ni entre los partidos políticos respecto al lugar de Argentina en el mundo. Al asumir, Mauricio Macri sostuvo que la Argentina se encontraba des-inserta, y que la re-inserción resultaba una prioridad para el primer período de la nueva gestión. Sostenemos que este discurso debe interpretarse como una crítica al modo de inserción, a la estratégica, y no al resultado de la inserción “heredada”. Las acciones y discursos ahondan en tal sentido. En primer término, se sostiene como principio la “desideologización” de la política exterior, como crítica y diferenciación de la elección de variables, orientaciones y vínculos del período kirchnerista. Esta desideologización alude a que “los vínculos tienen que estar conducidos por otros ejes, por el interés que va más allá de la ideología”2. En ello no obstante, y considerando la historia argentina, cabe señalar que la elección de los intereses esconde un componente político e ideológico. En este punto se trata de una crítica al modo y no al resultado de la inserción. Es decir, al modo en que se eligieron las alianzas, pero no a la capacidad de Argentina de “estar” en el mundo. En segundo término, se propuso un rediseño de las orientaciones y lineamientos del accionar externo de la Argentina, en los que bajo un “pragmatismo benigno”3 se reposicionaron las alianzas centrales4, en un esquema de círculos concéntricos. Se mantuvo una vinculación de proximidad con el MERCOSUR –primer círculo concéntrico- pero se re-jerarquizaron las relaciones con EEUU y con la Unión Europea. En los círculos siguientes se ubicaron China, Rusia, y el resto de la región latinoamericana. En este sentido, se trata de un cambio en la estrategia de la inserción, pero que no incrementa o reduce la capacidad de la Argentina “de ser tenido en cuenta” (Miranda, 2008). En tercer lugar, se orientó la inserción internacional hacia aspectos económicos. Mientras que en el Kirchnerismo se trató de priorizar la dimensión co-

mercial, en el gobierno de Macri, las inversiones fueron el eje central de las acciones externas. En este sentido, el cambio de enfoque en la negociación con los llamados “holdouts”, la vuelta a los mercados financieros, y la promoción y búsqueda de acuerdos comerciales asimétricos constituyen acciones singulares de los primeros seis meses de gobierno5. Una mención especial debe hacerse en estas consideraciones al lugar del MERCOSUR, y a la reconfiguración de las relaciones comerciales internacionales. En efecto, si bien se reconoció la importancia “natural” del bloque para la Argentina –la cual se deriva de su proximidad geográfica y de su rol como mercado para las exportaciones nacionales-, en los primeros meses de gobierno se hicieron aproximaciones para “flexibilizar” el MERCOSUR, pasando de una unión aduanera a una zona de libre comercio. Se mantuvo la pertenencia al MERCOSUR como principal expresión de la posición en el mundo, pero se buscó alterar su rol en la estrategia de inserción. El liderazgo de Argentina en la búsqueda del acuerdo con la UE, o bien, la adhesión a la Alianza del Pacífico como miembro observador, contribuyen a ese línea de interpretación. Aunque cabe señalar que, con otros matices, tanto el relanzamiento de las negociaciones con la UE, como la “convergencia en la diversidad” con la Alianza del Pacífico, habían sido líneas de acción presentes en los últimos dos años del gobierno de Fernández de Kirchner. Se trata entonces de una disputa por el sentido de la estrategia de inserción más que por la inserción internacional en sí mima. Referidos a la inserción como resultado sólo son dos los aspectos verdaderamente innovadores, aunque de momento, sin avances concretos: uno, la posibilidad eventual de negociar un acuerdo de libre comercio con EEUU, y a partir de allí la integración al TPP; otro, la ambición de ser miembro de la OECD.

sición en el mundo, requiere de construcciones de largo plazo, y resulta acumulativa y persistente (por ejemplo, la membresía de Argentina en el G20, alcanzada durante el menemismo, pero usufructuada por el kirchnerismo). La estrategia de inserción internacional, en cambio, resulta más volátil, y está sujeta a definiciones políticas e ideológicas, cuyas variaciones están en la propia historia del país. Siendo que las mayores divergencias ente la actual estrategia de inserción internacional y su precedente están en los principios con los que se gestiona el accionar externo, y que tales divergencias son además las líneas que separan aquellos dos modelos que históricamente se disputan la definición respecto de la inserción de Argentina en el mundo, es de esperar que, tarde o temprano, se reitere el ciclo, y se reiteren momentos refundacionales para la pendular inserción internacional Argentina. Lo deseable sería contar con mejores términos para el debate. La sorpresa estaría si se alcanzaran consensos sustentables. Referencias 1 Véase: Busso, Anabella (2016); “Notas sobre la estrategia de inserción internacional” en Busso, A. (Comp); Modelos de Desarrollo e Inserción Internacional. Aportes para el análisis de la política exterior argentina desde la redemocratización (1983-2011). Rosario: UNR Editora. 2 Declaraciones de Susana Malcorra en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del 4 de mayo de 2016, Versión taquigráfica. 3 Ídem. 4 Por ejemplo, para la canciller Susana Malcorra la visita Barack Obama constituye un indicador de que la Argentina “se está insertado en el mundo y se está abriendo a potenciales socios” (Telam, 18/02/2016). 5 Por ejemplo, en ocasión de su visita a Rosario, en el auditorio de la Bolsa de Comercio de dicha ciudad, Macri sostuvo “Son todas cosas en las cuales estamos empeñados, como también estamos esperando terminar con este tema que nos reincorpore al mundo que es este viejo litigio, bastante absurdo, que dejamos crecer en vez de resolverlo y que nos costó muchísimo dinero”.

La inserción internacional, como powww.espaciospoliticos.com.ar

LA NUEVA DIPLOMACIA PÚBLICA ARGENTINA Y LA CANDIDATURA DE LA CANCILLER SUSANA MALCORRA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS: ¿UNA OPORTUNIDAD PARA REFORMAR EL STATU QUO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD? Julián Reingold

Licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires. julianrq@gmail.com

La nueva gestión de Susana Malcorra al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha establecido una oficina de coordinación para las acciones de la Diplomacia Pública (OCDIP) a cargo del Embajador Tomás Kroyer, la cual abarca al conjunto de acciones orientadas a la opinión pública y a la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, que sean capaces de promover la agenda de política exterior y de generar conciencia, sensibilizar y construir consensos acerca del trabajo del Ministerio. Las acciones de diplomacia pública incluyen toda actividad tendiente a afianzar y acrecentar el vínculo con la comunidad argentina residente en cada circunscripción. Si bien esto es algo que históricamente la Cancillería ha desarrollado -a través de todas sus áreas, Embajadas y Consulados- se trata ahora de darle coherencia y unidad a todos estos esfuerzos, integrándolos en una estrategia única de todo el Ministerio, en la que la OCDIP jugará un rol de coordinación. Alex Oliver1 reflexiona sobre la relevancia de los diplomáticos al preguntarse Do We Need Embassies Anymore? El autor sostiene que “la Embajada, al menos en su forma tradicional, se enfrenta a una crisis existencial. Las transformaciones globales del siglo veintiuno han cambiado dramáticamente la manera en que las naciones practican la diplomacia. El auge de las comunicaciones digitales, la disminución de recursos, y las crecientes amenazas a la seguridad conllevan a cuestionar la relevancia del rol de la Embajada. Más de la mitad de las naciones desarrolladas pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) han reducido su huella diplomática en el trascurso de la última década”. Según Oliver, para sobrevivir, las Embajadas tendrán que adaptarse, lo cual implica dejar de ser “dinosaurios digitales”. Sin embargo, abrazar nuevas tecnologías, en particular redes

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sociales, es un pobre substituto a la consolidación de fuertes lazos personales con los locales. Ejemplos anteriores a la OCDIP son el programa 'Provincia 25' -que no prosperó debido a una falta de recursos y de una página web propia- y como contraejemplo el exitoso Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) que busca fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país a través del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior. Para resultar eficiente, la diplomacia pública se debería desarrollar en dos planos: el plano externo, focalizando sus esfuerzos en actores relevantes de la sociedad civil en otros países (ámbito académico, ONGs, think tanks, medios masivos de comunicación, etc.); y el plano interno, para difundir el valioso accionar de la Cancillería a la sociedad civil en la Argentina. En vista del nuevo contexto político-regional, sería importante que esta nueva área del ministerio buscase destacar el compromiso de la Argentina con el multilateralismo, al mismo tiempo que propone la dinamización del MERCOSUR (teniendo muy presente la concreción del Acuerdo con la UE y convergencia en algunas áreas de interés con la Alianza del Pacífico) y de esta manera colaborar al posicionamiento internacional de nuestro país en términos económicos -buscando siempre nuevos mercados para nuestras exportaciones y la atracción de inversiones- y también consolidando la imagen de la Argentina como referente en cuestiones nucleares y espaciales. Según Tomás Kroyer2 “desaprovechar el potencial de trabajar con la diáspora es un lujo que el país no se puede dar”, sobre todo cuando existen cerca de un millón de argentinos que hoy vive fuera del país y que por distintas razones no se acerca a los centros de votación3. La OCDIP podría colaborar para lograr una reputación internacional como país responsable -constructivo

5. y con iniciativa- pero para lograr credibilidad y apoyo social, se requiere una mayor apertura a la sociedad civil en la Argentina, a través de una comunicación más transparente y un diálogo frecuente con los principales actores sociales. Razón por la cual el Ministerio y la Canciller relanzaron sus cuentas en Twitter y crearon una página en Facebook, aunque dentro del repertorio de la nueva diplomacia digital de la Cancillería todavía no se encuentra disponible una aplicación móvil para viajeros argentinos con un listado de las embajadas y consulados en los distintos países -al estilo de las que disponen Dinamarca y Estados-Unidos- y que además disponga de la función pinpoint que facilite la ubicación de turistas connacionales en caso de catástrofes naturales en el extranjero –emulando el ‘Safety Check’ diseñado por Facebook. En el marco de esta nueva diplomacia pública, la postulación de Susana Malcorra como candidata para ser la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas representa una apuesta fuerte de la Argentina para ocupar un lugar clave dentro de la política global: por primera vez en la historia de la ONU, el pasado 12 de julio se realizó un debate abierto al público donde pudo verse a la candidata argentina confiada en su capacidad para desempeñar lo que el primer secretario general –el noruego Trygve Lie-describió como “el trabajo más difícil del mundo”. Al hacerse pública su nominación, la Canciller ofreció una conferencia de prensa4 donde se refirió al tema de la siguiente manera: "¿Qué traigo yo a la mesa? Una gran pasión por las Naciones Unidas, estas cosas no se pueden hacer sin pasión”, aseguró Malcorra. “Entré a la ONU a través del Programa Mundial de Alimentos, la organización humanitaria más grande de la ONU, y aprendí que la ONU está allí donde nadie más está. Entonces más allá de las muchas críticas, a veces merecidas y a veces inmerecidas, la realidad es que cuando no hay nadie más, están las Naciones Unidas”. El diplomático y político indio Shashi Tharoor5 sostiene que el titular del puesto debe decidir si prefiere ser “secretario” o “general”, lo cual implica una paradoja, ya que “se espera del Secretario General responda a las expectativas de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia, a los que se conoce como “P5”) pero también que sea imparcial.” Según él, se le exige que se convierta en el vocero del planeta, una suerte de ‘Papa Secular’, lo cual, en términos geopolíticos, podría tomarse como un antecedente importante a tener en cuenta para la candidatura de Malcorra -dado que ya existe un Papa argentino en el Vaticano- y, si bien Francisco no se encuentra al frente de la Iglesia Católica para defender los intereses de la Argentina, algunas potencias mundiales podrían considerar que su presencia implica una expansión de la esfera de influencia argentina hacia otros planos de la arena internacional. El art. 97 de la Carta estipula el procedimiento de selección por el cual los quince miembros del Consejo de Seguridad cooptan al candidato que será sometido a la aprobación de los 193 Estados miembros de la Asamblea General, siempre

y cuando ninguno de los cinco miembros permanentes aplique su derecho de veto. Desde 1946 hasta la fecha, el cargo de Secretario Oficial ha sido ocupado por ciudadanos de las siguientes nacionalidades: Noruega, Suecia, Birmania, Austria, Perú, Egipto, Ghana y Corea del Sur. Siguiendo esta regla noescrita de la ONU, el turno ésta vez debería ser para Europa del Este, presentando un candidato que no provoque un veto ruso o estadounidense (inclusive del Reino Unido, teniendo en cuenta las consecuencias que puede acarrear para las relaciones de la Isla con Europa a raíz del Brexit) El candidato de la región es Bulgaria -que post-muro de Berlín hoy forma parte de la Unión Europea, quien propone a Irina Bokova, actualmente la directora general de la Unesco, formada en Moscú durante la época soviética, contaría con el visto bueno de Rusia para el cargo. En el debate público sostuvo que de resultar ganadora, haría uso del soft power que aprendió a administrar en el organismo especializado de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Por otra parte, Helen Clark, neozelandesa, ex primer ministra de su país, actualmente al frente del Programa para el Desarrollo en la ONU (PNUD), es la apuesta de la región de Oceanía para el cargo y según ha manifestado, está determinada a dirigir con mano firme a la Organización para acabar con las amenazas –tales como el terrorismo- que atentan contra la seguridad internacional. Las fortalezas de Malcorra en esta contienda son: su condición de mujer, su experiencia en el manejo de gestión dentro de la ONU y que debido al conflicto por las Islas Malvinas, que Gran Bretaña pueda o no apoyar es algo que no parece paralizarla. Tharoor considera que “’la’ próxima secretaria general –porque todo lleva a creer que será una mujer, teniendo en cuenta que el cargo siempre ha sido ocupado por hombres- va a tener no solamente que dominar la gestión de los equipos y presupuestos, sino también convencer a las naciones del Sur golpeadas por la pobreza y la inestabilidad de que sus intereses van a ser escrupulosamente defendidos bajo su mandato, sin por eso dejar de mantener una estrecha colaboración las potencias del Norte.” Siguiendo la convicción del autor de que la ONU necesita una reforma –no por sus fracasos, sino porque sus éxitos son lo suficientemente concluyentes para justificar que se invierta en su futuro- resulta inevitable plantear el siguiente interrogante: a 70 años de su fundación, ¿la elección de una mujer latinoamericana podría colaborar con la reforma del statu quo del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad funciona como un órgano aristocrático que reúne a los ‘Cinco Grandes’: aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial y cuyo concurso se estimaba necesario para mantener la paz, lo cual hace que toda la política de la Organización descanse en la idea de que aquellos que estuvieron juntos durante la guerra seguirán así después de ella, y de allí la existencia de miembros permanentes y la necesidad de unanimidad para la determinación de las cuestiones sensibles que afectan la paz y la seguridad internacionales. Analizando la inflexibilidad de Estados Unidos para invadir Irak -duranwww.espaciospoliticos.com.ar

5. te la presidencia de George W. Bush- Jack Snyder6 sostiene que “las instituciones internacionales no pueden contener a un poder hegemónico si las preferencias de este cambian”. Por su parte, el especialista en derecho internacional, Remiro Brotóns7, afirma que “el Consejo, no siempre actúa cuando y como debe, sino que, por el contrario, a veces actúa cuando y como no debe”. Se trata de un petit comité, que lejos de representar a todos los miembros de la ONU, como exige la Carta, el Consejo se ha convertido en un instrumento de las grandes potencias y, en particular, de Estados Unidos. Es momento de revisar propuestas de reforma anteriores como el movimiento Uniting for Consensus (liderado por Italia, Corea, Turquía y Argentina, entre otros) el G4 (impulsado por Alemania, Brasil, India y Japón) y el Grupo África, y tomar en consideración nuevas variables -territoriales, demográficas, etno-lingüísticas, religiosas y económicas, además de las militares- para la asignación de Asientos permanentes y de esa manera asegurar la representación geográfica equitativa que propugna la misma Carta de la ONU, dado que La actual estructura del Consejo no es satisfactoria, sobre todo porque es elitista y no refleja la realidad del mundo actual. Se podría apostar a una eventual reforma del Consejo en clave regional que asigne el asiento permanente al Mercosur y, que éste sea cubierto por una rotación igualitaria entre los países del bloque. Otra alternativa sería evitar “las consecuencias de ceder espacios” –tal como lo planteaba Roberto Starke8 - y sumar los factores que posee la Argentina para proponer un asiento permanente individual para nuestro país: además de la pertenencia lingüística para las naciones hispano-parlantes, cuenta con el antecedente de haber participado en nueve ocasiones como Miembro No-Permanente en el Consejo (frente a diez de Brasil y siete de Colombia), pero sobre todo posee un perfil

de nación abierta e integradora, inserta en el espacio geopolítico denominado ‘Zona de Paz’: el ejemplo que América del Sur representa para el mundo. Tomando como referencia la dinámica que adoptó el desarrollo del conflicto sirio, donde el derecho a veto polarizó las posturas entre los miembros Permanentes del Consejo, dilatando las negociaciones de paz a través de caminos alternativos por fuera de la ONU, tales como el colectivo Friends of Syria primero, y el International Syria Support Group (ISSG) después, quedan menos dudas de que una reforma del Consejo de Seguridad podría lograr respuestas más rápidas y eficaces en situaciones donde existen incontables vidas humanas en riesgo. Referencias 1 https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-03-14/irrelevant-diplomat 2 http://www.lanacion.com.ar/1883727-el-gobierno-va-a-la-caza-del-millonde-votos-de-argentinos-que-viven-en-el-exterior 3 http://mrecic.gov.ar/declaraciones-de-la-canciller-susana-malcorra 4 Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2016. 5 Snyder, Jack: “One World, Rival Theories”. Revista Foreign Policy (2009/10/26) 6 Brotóns, Remiro et al.: Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. (p. 1111) 7 Starke, Roberto: “Argentina, la Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y una propuesta interesante”. Revista Agenda Internacional (junio-julio-agosto 2004) Año 1, N° 1 8 Starke, Roberto: “Argentina, la Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y una propuesta interesante”. Revista Agenda Internacional (junio-julio-agosto 2004) Año 1, N° 1

HILARY – TRUMP: ¿QUÉ LUGAR OCUPA AMÉRICA LATINA? 1 Constanza Mazzina

Dra. en Ciencias Políticas (UCA)

Manuela González Cambel

Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE)

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6. Mientras se perfilan los candidatos a suceder a Barack Obama en la Casa Blanca, en las elecciones a celebrarse este año, las internas de ambos partidos no son tan pintorescas como sus contendientes. En estos meses, Donald Trump ha copado los comentarios de los latinoamericanos por sus suculentas frases. Una de las más recientes fue cuando, a inicios de mayo, el magnate expresó que “Si yo no gano, tendremos más jueces como los que fueron nombrados en los últimos años. Cambiarán este país a un nivel nunca visto. Este país será completamente diferente. Será como Argentina o Venezuela”. En estos tiempos, y sobre todo considerando los avances que hizo el saliente presidente Obama en las relaciones con Cuba, deberíamos reflexionar sobre las posturas del candidato republicano y la candidata demócrata sobre ese y otros temas de la región latinoamericana. En todo caso, ¿qué lugar ocupa América Latina en la agenda de los candidatos? Las tesis que reflexionan sobre el lugar de América Latina para Estados Unidos recorren los extremos de la importancia y la irrelevancia. Como indica Roberto Rusell, “(l)as relaciones entre América Latina y Estados Unidos han sido interpretadas de distinto modo en base a tres visiones dominantes. La primera es la llamada “idea del hemisferio occidental”. La segunda alude a la supuesta “irrelevancia creciente” de la región para Washington, mientras que la tercera -y opuesta a la anteriorse apoya en la “voluntad y práctica imperialista” estadounidense en América Latina. Empleo aquí el término “visión” en dos de las acepciones que le asigna la Real Academia Española: como punto de vista particular sobre un tema, y como creación de la fantasía o imaginación, que no tiene realidad y se toma como verdadera.” ¿En cuál de estas líneas se inscriben los candidatos? Hilary Clinton declaró en marzo de 2015 que "(m)e gustaría ver al resto de la región apoyando más la democracia

en Cuba y defendiendo los derechos humanos del pueblo cubano a medida que vamos avanzando", en ocasión de dar su opinión sobre el deshielo de Estados Unidos y Cuba. "Debemos tratar de conseguir que el resto de la región nos ayude a lograr un cambio pacífico en Venezuela", agregó después. Con respecto a Cuba, también en el 2015 había expresado que "(e)l embargo a Cuba debe terminar de una vez por todas. Debemos reemplazarlo con un enfoque inteligente que brinde poder al sector privado y a la sociedad civil en Cuba, y a la comunidad cubano-estadounidense para fomentar el progreso y presionar al régimen". Clinton afirmó también que el acercamiento a Cuba permite mejorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina: "Los países y los líderes latinoamericanos se han quedado sin excusas para no defender los derechos fundamentales de los cubanos". Del lado republicano, Donald Trump, en una entrevista sostuvo: “¿Cree usted que es una buena política, o está usted en contra de la apertura de EEUU hacia Cuba?”. “Creo que está bien”, dijo Trump. “Creo que está bien, pero deberíamos haber hecho un acuerdo mejor. El concepto de tener una apertura con respecto a Cuba –50 años es suficiente– el concepto de tener una apertura con respecto a Cuba está bien. Creo que deberíamos haber hecho un acuerdo más enérgico”. El 27 de abril Trump confirmó en su discurso sobre política exterior ante el Centro para el Interés Nacional de EEUU en Washington que “Estados Unidos primero” sería el lema de su Gobierno: "Tristemente, el sueño americano está muerto. Pero si fuera elegido presidente, lo traería de regreso más grande, mejor y más fuerte que nunca y haríamos a Estados Unidos grandioso de nuevo". El magnate parece decidido a rechazar acuerdos de comercio e instituciones multilaterales, adoptar una línea mucho más dura respecto de la inmigración ilegal y modificar el esquema de alianzas de

seguridad y defensa de su país. Uno de sus más conocidos temas es el muro que piensa construir en la frontera con México: “Voy a construir un gran muro –y créanme nadie construye muros mejor que yo-, y lo voy a construir a un costo muy bajo. Construiré este muro en nuestra frontera sur, y haré que México pague por ese muro. ¡Recuerden mis palabras!” Como señaló un analista de El País: “Trump ha prometido proteger su país. No de sí mismo, sino de los males que en su opinión están a punto de desfigurarlo. Quiere expulsar a 11 millones de latinos. Pretende convertirse en el gran gendarme, aunque el requisito de la seguridad implique el deterioro extremo de las libertades. Y aunque la manera de conseguirlo provenga de un asombroso hermetismo infantil: “A los terroristas del ISIS les digo una cosa: tienen los días contados. Y se hará lo que haga falta para destruirlos. Haremos lo impensable para estar seguros en nuestro país. Por mucho que a algunos no les guste…”. Más allá de la retórica pintoresca, resulta difícil pensar que América Latina sea completamente irrelevante o que se retorne a una lógica de Guerra Fría, mucho más probable resulta que la relación se distinga y cobre tintes diferentes según cada país de la región, donde claramente algunos tienen una importancia estratégica para los Estados Unidos, independientemente de quién llegue a la Casa Blanca. Referencias 1 Este artículo es parte de un proyecto de investigación de UADE. 2 Russell, Roberto (2006), “¿Especial, desdeñable, codiciada o perdida?” En Nueva Sociedad, disponible en: http://nuso.org/articulo/especialdesdenable-codiciada-o-perdida/ 3 Disponible en http://www.bbc.com/mundo/ noticias/2015/07/150722_eeuu_donald_trump_ frases_polemicas_ng 4 Disponible en http://internacional.elpais. com/internacional/2016/05/13/actualidad/1463152913_427893.html

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CRISIS Y CAMBIOS DE LA OFERTA ELECTORAL Alejandro Tullio

Abogado. Profesor de Derecho e Instituciones Electorales Universidad Nacional de San Martín. atullio@alejandrotullio.com.ar

La garantía de legitimidad de origen de las autoridades y representantes electas se manifiesta no solo por el apego a las normas y procedimientos, sino por la adecuación constante de aquellas y estos a las transformaciones del sistema político. Los que nos dedicamos al estudio y la práctica de la política y las elecciones tenemos el deber de saber distinguir entre crisis y cambios. Las crisis son expresiones patológicas de un sistema, mientras que los cambios son la nueva forma que adquiere el sistema. En las últimas décadas, han habido transformaciones en la oferta electoral en las que hemos de distinguir las crisis, que requieren remediarlas, de los cambios que imponen asumirlos y regularlos. Los partidos políticos han mostrado los límites de su capacidad canalizadora de las energías y demandas sociales en el contexto institucional en que funcionan, lo que ha afectado no solo su representatividad sino la oferta electoral. Crisis de la oferta electoral El mismo desplazamiento del papel ordenador de los partidos respecto de la oferta electoral multinivel – especialmente en escenarios de simultaneidad de elecciones- ha motivado una creativa multiplicidad de combinaciones cuyas abanderadas son las nunca bien ponderadas listas colectoras o acoples. Las mismas, como su pariente lejano la Ley de Lemas, lejos de agregar voluntades disgregan la representación; suman votos a las candidaturas ejecutivas en detrimento de la coherencia y representatividad de los cuerpos representativos. Adicionalmente, estas combinaciones materiales (en la boleta) de lo que la política no puede juntar (en la lista) generan confusión en el electorado a la hora de votar y problemas de gobernabilidad al gobierno electo. Por otro lado, en los casos de simultaneidad de elecciones suele haber no solo colectoras simples -varias listas legis-

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lativas apoyan a una ejecutiva-, sino colectoras cruzadas -varias listas provinciales apoyan a varias listas nacionalesgenerando otra distorsión cuya consecuencia es la desnacionalización de la oferta electoral. Las realidades locales absorben y contienen diferentes realidades nacionales. Ello también representa una distorsión que debe limitarse creando estímulos para alinear las candidaturas, limitando la oferta electoral a la combinación de distintas categorías de una misma agrupación, con la única excepción de los denominados partidos provinciales o de distrito que no forman parte de una agrupación nacional, a los que debería permitirse formar parte de una única oferta alternativa de una agrupación nacional. Una revisión legislativa como las reformas electorales que deben tener lugar en las provincias debe eliminar la posibilidad de alteraciones patológicas de la competencia, prohibiendo las colectoras o los acoples, tendiendo a revalorizar la agregación de voluntades y la nacionalización de elecciones como pauta de ordenación de la oferta electoral. Cambios en la oferta electoral La declinación de los partidos políticos como expresión de la organización colectiva con fines políticos genera un cambio en la manera de competir y una crisis en la manera de elegir que, en el itinerario electoral transitado desde 1983 a la fecha, ha transformado la competencia entre partidos, más allá de la vocación y praxis frentista del peronismo, reemplazándolos en la competencia por las alianzas. En los regímenes parlamentarios, las coaliciones son “de gobierno”. Los partidos compiten entre todos y una vez electos, y en función de la necesidad de llegar a un quórum para funcionar, se constituye -si se puede y se juntan los legisladores- un gobierno. La coalición es postelectoral. En nuestra reciente tradición se invierte la lógica. Se constituye una alianza, se compite como tal. Si se gana, muy

7. probablemente los diputados de la alianza ganadora constituyan un bloque o interbloque, pero los perdedores se disgregan, forman numerosos bloques legislativos que no se corresponden con la representación conferida mediante el voto popular, lo que genera una crisis de representación. Resulta necesario asumir esta nueva institucionalidad. Se deben crear estímulos a la estabilidad de las alianzas como forma de relegitimar la integración de los órganos de representación colectiva. La legitimidad de la representación la otorga el voto. Se vota por agrupaciones políticas, con un programa o plataforma y

un compromiso tácito del candidato con la agrupación y de ésta con el elector. Si bien el mandato es individual de cada legislador, la representación es un concepto esencialmente colectivo, en ello radica el contrato democrático. Es necesario modificar los reglamentos de las Cámaras del Congreso y las Legislaturas, por los cuales los bloques parlamentarios se constituyan únicamente en concordancia con la oferta electoral, de modo que se impida la constitución de bloques legislativos distintos de los de las agrupaciones políticas por las que fueron electos sus miembros.

MERCADO Y POLÍTICA EN ARGENTINA Paola de Simone

Mg. en Dirección de Empresas, Universidad Torcuato Di Tella. Profesora Asociada, Universidad Argentina de la Empresa

Desde hace 20 años, los CEO’s de las empresas más importantes del mundo comenzaron a percibir que para que el negocio funcionara ocupaban el 90% de su tiempo en actividades que no tenían que ver con lo que vendían, sino con las cuestiones no mercado que influían directamente en la rentabilidad de las compañías que dirigen. En este sentido, tanto los clientes, los movimientos sociales, las organizaciones sin fines de lucro como los medios de comunicación ejercen una influencia novedosa que modifica las condiciones de consumo. El Mercado se enfrenta a consumidores más exigentes y a políticas reguladoras. Los ambientes “no mercado” son cada vez más condicionantes de la rentabilidad de los negocios. Los responsables de las empresas deben dedicar mucho tiempo a entender el ámbito que no está enmarcado en el mercado. Por otra parte, el Estado es un actor que ejecuta políticas con intereses variados que afectan la realidad de las personas y el negocio de las empresas. Con lógicas dife-

rentes (lucro y bien común) el Mercado y el Estado tienen dinámicas condicionantes de las actividades de cada cual. Entendiendo que las áreas académicas de Administración carecen de formación específica en temas propios de Ciencias Sociales, conociendo que las empresas están desarrollando estrategias de no mercado para mejorar la performance de su negocio y en el marco de un proyecto de investigación que estamos realizando en UADE, estamos explorando diferentes conceptualizaciones de la dinámica entre el Mercado y el Estado a fin de comprender la dimensión y el alcance de estos fenómenos y desarrollar herramientas analíticas y prácticas. La hipótesis de la investigación ampliada sostiene que las empresas en Argentina no comprenden cómo abordar las decisiones políticas del Estado de regímenes políticos híbridos en materias que las incumben. Las empresas se centran en las lógicas de mercado sin comprender las lógicas de ambientes

“no mercado”. Sostenemos que hay conceptos y herramientas de las Ciencias Sociales, como la gobernanza, que permiten entender esta situación para mejorar la rentabilidad del negocio en sistemas políticos con régimen híbrido como la Argentina. En los 80, los países latinoamericanos van a formar parte de la conocida “Tercera Ola de Democratización” conceptualizada por Huntington (1994). El autor establece que los estados con regímenes autoritarios transicionan a la democracia. Implicaba dejar el modelo anterior para construir un país “en vías de desarrollo”. Como enumeran Levitsky y Way (2002), se deben cumplir con cuatro criterios mínimos: 1) El poder ejecutivo y el legislativo son elegidos por elecciones libres, abiertas y limpias, 2) Todos los adultos tienen derecho a votar, 3) Los derechos políticos y las libertades civiles están garantizadas y 4) Las autoridades electas tienen el poder real de gobernar. Este análisis entiende que tanto la democracia y el autoritarismo son categorías conceptuales www.espaciospoliticos.com.ar

8. claras y excluyentes. El autoritarismo es el punto de partida, la democracia, el aspiracional punto de llegada. Este proceso transicional tiene un paralelo con el proceso de retracción del Estado de Bienestar. Tanto en los 80 como en los 90, los estados que abren a la democracia, transitan este camino. En consecuencia, se crea un espacio vacío de políticas, pero lleno de personas que satisfacen sus demandas en el Estado y que no serán tomadas por el Mercado si no generan lucro. Allí aparecen actores como ONGs, Movimientos sociales, etc. Ellos se han especializado en sus ámbitos de influencia y es la vinculación con ellos lo que el Estado necesita articular para formular políticas públicas eficientes. A esta modalidad de articulación de la política con los actores no públicos para mejorar las prácticas lo llamaremos gobernanza. Luego de más de 30 años aún se los considera en “transición”. Esto significa que a los países que iniciaron sus procesos de democratización se los definirá como estados fallidos y/o con instituciones débiles, subdesarrollados económica y políticamente. Todavía no han alcanzado la “democracia”. Coincidimos con Carothers (2002) que el concepto de transición a la democracia es obsoleto. No nos permite analizar cuál es la dinámica del sistema político. Aquí también hay una grey o foggy zone entre la democracia y el autoritarismo. A esta categoría se la denominará régimen híbrido. El espectro va desde democracia electoral hasta el autoritarismo competitivo. En todos ellos, las elecciones importan. Cada régimen en cada país funciona con una dinámica propia. No son menos democráticos. Entender la dinámica es clave para no extrapolar conceptos foráneos que no permiten comprender el funcionamiento del sistema político argentino. Consideramos que la ingeniería constitucional, es decir el marco jurídico que determina a la forma de gobierno (parlamentaria o presidencial) no responde a entender la dinámica del funcionamiento del régimen híbrido. El sistema político argentino funciona con una dinámica propia que puede

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ser vista como deficiente o burocrática. El Poder Ejecutivo, centro del análisis, desarrolla una dinámica particular que, independientemente de los matices del gobierno de turno, responde a los mismos relatos refundacionales y necesitados de más años de la misma gestión. La poca alternancia en los poderes ejecutivos, los juegos políticos cerrados en las provincias, el asistencialismo clientelista, la poca transparencia en las cuentas públicas, colocan a la Argentina dentro de la categoría de régimen híbrido como democracia electoral. La conectividad, el acceso a la información, la conciencia sobre el medio ambiente, migraciones, entre otros, son factores que tornaron al hombre común en un actor/ consumidor social con una capacidad de decisión y organización más efectiva. Las redes sociales aceleraron este proceso. Con este cambio de realidad, el Mercado también comenzó a tener otra dimensión de la competencia. Según Baron (2011) antes la competencia de la empresa era otra empresa. Ahora hay un ambiente “no mercado” que compite con ellas. Esto significa que las acciones de los actores/ consumidores sociales afectan a la rentabilidad de la empresa. El manager tiene que arbitrar y diseñar estrategias de ambos. El análisis del ambiente no mercado incluye variables generales como los asuntos, los intereses, las instituciones y la información. Medir la importancia relativa de cada aspecto y poder categorizarlo se percibe como una aproximación analítica para elaborar la estrategia no mercado. Si el Estado busca el bien común y el Mercado, el lucro, ¿qué buscan los actores/consumidores sociales que están en la zona gris? ¿Cómo se satisfacen sus demandas políticas y se lo atrae a la compra de un producto? Nuestro trabajo se enfoca en dilucidar la complejidad que tiene el ambiente no mercado y poder analizar cuáles son las características particulares según las empresas y autoridades públicas argentinas y cómo el concepto de gobernanza para el ambiente

no mercado podría contribuir a entender mejor, por parte las empresas, las necesidades de los actores/consumidores sociales. A este ambiente “no mercado lo llamaremos complejo Estado-Actores/Consumidores Sociales (EACS). Este combina a las ONGs, a los sindicatos, al Estado y a los individuos. También hay competencia interna con dinámicas más complejas. En el mercado, las empresas compiten por los consumidores. Dentro del mismo complejo EACS puede haber conflictos internos (sindicatos y Estado) o con el ambiente mercado: (empresa sindicato o empresa Estado). Para la empresa, el complejo EACS es más intrincado que el ambiente mercado. La complejidad de los actores se profundiza, y, si bien, estos hechos acontecen también en los países centrales, estos fenómenos se intrincan más en los países con regímenes híbridos como la Argentina. La gestión pública y la privada son inasibles con el aumento de las demandas de los actores/ consumidores sociales que ocupan la zona gris (no público). Aquí incorporamos el concepto de gobernanza no mercado que definimos como las buenas prácticas de las empresas para articular y contener las demandas de los actores/consumidores sociales en pos de capitalizar su expertise y que eso redunde en la mejora de la performance de las compañías. El análisis que intentamos establecer es que el Mercado utiliza su propia lógica para analizar lo “no mercado” o el complejo EACS considerándolo como un competidor igual al que podría encontrar en el ambiente de los negocios. La gobernanza del no mercado como vinculante del complejo EACS es un instrumento nuevo para mitigar las consecuencias negativas para el negocio del complejo EACS. Entender la situación en Argentina es un trabajo importante para poder medir y comparar los problemas, soluciones, demandas y obligaciones de los actores sociales.

EMPRESAS DEL ESTADO. ELEMENTOS PARA PENSAR NUEVAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN Pablo Ceballos

Licenciado en Gestión de Políticas Públicas. Coordinador del Módulo “Estado y Gestión” del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. pablo@pabloceballos.com.ar

A partir del 2004 se produjo un gradual cambio de paradigma en el rol del estado, sus esferas de acción y alcances, y específicamente en las modalidades y formas jurídicas elegidas para la acción estatal en la economía y su relación con los privados. El denominador común en este proceso ha sido la utilización de la SOCIEDAD ANÓNIMA como instrumento de gestión estatal. Así, frente a 7 Sociedades del Estado constituidas en la actualidad, como los casos Lotería Nacional SE, Telam SE, Operadora Ferroviaria SE, entre otras, se cuentan, al menos, 35 Sociedades Anónimas bajo control estatal. De esta manera, el Estado ha tomado modalidades de gestión del sector privado, más ágiles y dinámicas. Una de las primeras señales de esta nueva participación estatal, producto de la emergencia más que de la previsión, fue la creación de “Aguas Bonaerenses S.A.” por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en marzo de 2002. Este caso evidencia el gradual cambio de paradigma entre el modelo de estado implementado en la década de los noventa, y el que fue emergiendo tras la crisis finales de 2001. La concesión se realizó en el año 1999, cuando la gran mayoría de las privatizaciones de empresas y concesiones de servicios públicos ya habían sido perfeccionadas. No se habían cumplido tres años de la concesión, cuando el servicio fue reasumido por el estado provincial, a partir de 2002, bajo la figura de sociedad anónima, propia del derecho privado. Un caso diferente presentó la creación de ENARSA S.A. La misma no fue el resultado de una situación de contingencia, ya que la nueva empresa no se hacía cargo de un servicio operado por un privado, sino que tenía como objeto la exploración hidrocarburífera off-shore del mar argentino, otorgándosele la titularidad de los permisos no otorgados de ex-

plotación y la facultad de intervenir en el mercado para evitar situaciones de abuso de posición dominante. Esta atribución se contextualizaba en un sector hidrocarburífero desregulado, y planteaba, en los papeles, la posibilidad para el Estado de actuar en el mercado en competencia con empresas privadas. En cuanto a la conformación patrimonial de ENARSA, el legislador estableció el control de la empresa por parte del Estado Nacional, a través de un 53% de acciones ordinarias clase A, pero se estableció una apertura en acciones clase B y C para las provincias que quieran suscribir (hasta un 12%) y un 35% de acciones preferidas que podrían ser liberadas a la oferta pública. Además, se le otorgó la facultad de emitir Obligaciones Negociables en el mercado de capitales. La participación privada, de haberse concretado, hubiera permitido el financiamiento de sus actividades. En 2006, el Gobierno Nacional rescindió el contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A, por culpa del adjudicatario. La reemplazó una nueva sociedad anónima, de propiedad estatal en un 90%. Si bien el estatuto societario reguló las clases de acciones y la distribución de utilidades, la norma careció de las novedades introducidas en la creación de ENARSA S.A. La empresa quedó establecida como sociedad anónima, pero con la impronta tradicional de las sociedades del estado, cuya principal fuente de financiamiento sería el Estado Nacional, en tanto se trata de un servicio público esencial, sometido ahora a los objetivos de extensión del servicio cloacal por sobre el de beneficio económico. El caso de YPF es tal vez el mejor exponente de la intervención compartida entre distintos niveles estatales y el sector privado, con un 51% de acciones del estado, la participación mixta entre nivel federal y los estados provinciales, con intereses económicos concurrentes y contrapuestos, presentan una valiosa experiencia de control en base a la constitución www.espaciospoliticos.com.ar

9. patrimonial, el tiempo que un 49% de las acciones son de oferta pública. El cambio sustancial radica en la fijación de nuevos objetivos para la empresa, que mutaron de la toma de ganancias a la expansión de sus operaciones en el país, utilizando los medios e instrumentos heredados del management privado. Estas diferencias evidencian que la administración de la empresa se realiza con una lógica similar a la gestión privada, basada en la eficiencia en la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos, y en ello no resulta ajena la constitución accionaria plural entre capitales públicos y privados. Existen otros casos de nuevas empresas creadas en el ámbito del complejo científico tecnológico público, como es el caso de la creación de “Y-TEC S.A.”, una sociedad anónima con participación accionaria del 51% de YPF S.A. y el 49% del CONICET-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dedicada a la investigación y desarrollo para la industria petrolera. Fue creada en el año 2012, luego de la estatización del 51% del paquete accionario de YPF S.A. Las empresas de capital privado BIOCERES y BIOSIDUS constituyeron en 2004 una empresa dedicada al desarrollo en agrobiotecnología, en Rosario, denominada INDEAR SA. Aún sin participación accionaria del estado en la sociedad, la alianza estratégica con el CONICET favoreció este desarrollo. Este último cedió activos en comodato, financiando investigaciones y desarrollos. Este breve recorrido por diferentes experiencias recientes de participación del estado en la economía, produciendo bienes y servicios públicos, nos muestra una importante heterogeneidad en la intervención estatal. Desde sociedades del estado dedicadas a la investigación y desarrollo, como el caso de INVAP SE, sociedades anónimas con participación accionaria única del estado, sociedades anónimas con participación pública y privada, como YPF S.A.; otras como ENARSA S.A., que prevé la posibilidad de participación accionaria privada, aun cuando en la práctica no se haya efectivizado. El Estado ha adoptado modalidades de la gestión privada, lo cual resulta positivo, aunque ha sido reactivo a incorporar al capital privado en la participación accionaria, que termine contrapesando los fines de interés público con los de eficiencia económica. Ello, aún en los casos en los que estaba diseñado al momento de su creación, como en ENARSA S.A. El desafío hacia el futuro es encontrar modalidades de intervención estatal híbridas entre intereses públicos y privados, evitando la contradicción “estado vs. mercado”. Cada caso particular requerirá una racionalidad diferente. La heterogeneidad accionaria, en donde el estado no siempre sea actor mayoritario, permitirá arribar a lógicas combinadas de interés público y beneficio económico. Una inteligente combinación entre participación estatal y privada en sectores clave de la economía permitiría una adecuada distribución de riesgos

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y beneficios, que brindaría certidumbre a la hora de invertir en proyectos de largo plazo. La discusión en el Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Contratación Público-Privado actualiza el debate de las modalidades de articulación entre ambos sectores, y pone en evidencia la necesidad de establecer nuevas reglas que permitan orientar el capital privado hacia las áreas de vacancia en materia de infraestructura para el desarrollo. Referencias 1 “Listado de empresas con participación estatal”, en http://www.economia. gob.ar/secretarias/politica-economica/direccion-nacional-de-empresas-conparticipacion-del-estado/empresas, 25-02-2016. 2 El servicio se preadjudicó mediante la Resolución N° 133/1999, ratificada por Decreto N° 1695/1999 del 22 de Junio de 1999. 3 Entel se privatizó en 1990, Ypf en 1990, Segba y Gas del Estado en 1992, Obras Sanitarias en 1993. 4 En la presidencia de la empresa fue designado un profesional del sector sin participación previa en la función pública, a diferencia del caso del Correo Oficial SA o Aerolíneas Argentinas SA. La política de precios de los combustibles de la empresa, luego de la estatización, no siguió una lógica de subsidio social, sino de sustentabilidad de la empresa, que le permita realizar las inversiones necesarias para los objetivos fijados por el accionista estatal, a diferencia de otras empresas, como Aysa SA, cuyas inversiones para la expansión del servicio son financiados por el tesoro nacional. 5 El Conicet cedió en comodato un terreno en el Centro Científico Tecnológico de Rosario, para la construcción de un edificio de investigaciones. 6 La utilización de la figura de la sociedad anónima, la administración de recursos humanos dentro del marco del derecho privado, el uso de reglas de contratación servicios y obras bajo reglamentos diferentes al de la administración central. 7 Es el caso de ENARSA SA, cuya ley de creación preveía la posibilidad de fondearse mediante emisión de acciones y obligaciones negociables. En otras empresas, como Aysa Sa y Correo Oficial SA, nunca se pensó incorporarles capital privado, como se expresa en sus actos administrativos que le dieron origen. Bibliografía • Damsky, Isaac Augusto (2008). “Variaciones y contrapuntos en los nuevos sistemas de contratación de actividades económicas públicas en Argentina. Crisis del Estado, Crony Capitalism y alteración de la gobernabilidad económica”. En Actualidad de los servicios públicos en Iberoamérica (pp. 161-192). Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2008. • Stortoni, Gabriela (2014). “¿Contratos públicos de las sociedades del estado?”, en “Derechos, garantías y potestades en los contratos públicos, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, BA, RAP. • Carbajales, Juan José (2011).” Las sociedades anónimas bajo injerencia estatal-SABIE” (No. 347.725 (82)). RAP • Tagliabue, Cynthia Álvarez (2013), “La actual naturaleza jurídica de YPF SA y sus implicancias jurídicas”, en Estudios de Derecho Público 1a. ed. Buenos Aires: Asociación de Docentes - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UBA.

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UN ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ARGENTINA A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS DE ALFONSÍN DEL DISCURSO INAUGURAL DE 1983, AL CIERRE DEL MANDATO EN 1989: UNA COMPARACIÓN CRÍTICA Hernán César Cataldi

Lic. en Cs. Sociales y Humanidades con mención en Historia Universidad Nacional de Quilmes El presente escrito tiene por objetivo reflexionar sobre los aspectos económicos del período de la transición democrática en la Argentina a partir de dos de los discursos de Raúl Alfonsín, a saber: el de asunción como Presidente ante la Honorable Asamblea Legislativa de la Nación el 10 de diciembre de 1983 y el de apertura del 107 período de sesiones ordinarias, el 01 de mayo de 1989. Se buscará realizar una comparación crítica de ambos destacando sus diferencias y similitudes en lo que respecta al abordaje de la cuestión económica. En primer lugar, cabe subrayar que ambos discursos comparten frases, menciones y referencias ideológicas de las cuales es interesante destacar la alusión a la figura del Dr. Illia. Se entiende que mediante ésta, Alfonsín intenta capitalizar una noción presente en el imaginario popular de esa época de rectitud y austeridad en el manejo de la cuestión pública. Asimismo, plantea que el Estado debe ser independiente, tanto de los “poderes extranjeros como de las finanzas externas y los privilegiados locales”. En la práctica, buscará diferenciarse, aunque no sin contradicciones, de los dos primeros y recurrirá a los terceros -los grupos económicos nacionales- en su rol de “capitanes de la industria” a fin de intentar acuerdos sectoriales para la supervivencia de un gobierno que pierde la iniciativa económica, con el naufra-

gio del Plan Austral, y la política, con los alzamientos militares de 1987. En 1983 se propone “democratizar” a las corporaciones, focalizando principalmente en los sindicatos peronistas, ratificando la necesidad de un sindicato fuerte por rama pero con representación de las minorías e intervención de la justicia en los actos electorales. El intento de reformar al sindicalismo es derrotado en 1984 en el Senado, representando el primer límite objetivo que encuentra el gobierno recién asumido. En este sentido, cabe señalar que para Alfonsín la llegada del sufragio ya opera a favor de la justicia distributiva; las expectativas se depositan en la democracia y, siguiendo a Yrigoyen, sus efectos “reparadores” sobre la sociedad y sus organizaciones. Asimismo, para concretar un programa reformista del Estado, creará la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Ciencia y Técnica, y la Secretaría de Desarrollo y Acción Cooperativa, y dispondrá la suba del presupuesto en educación y salud a partir de la disminución del presupuesto de las FF.AA. En tercer lugar, cabe señalar que en 1983 subrayará el origen “inexplicable” de la deuda externa y la necesidad de determinar su legitimidad. Al cierre de su mandato denunciará las tasas “usurarias” de los centros financieros internacionales, pero omitirá referirse al abandono de las investigaciones por la deuda, a partir de

las presiones del FMI y el fracaso de la formación de un “club de deudores”1, que habría posibilitado la obtención de mejores condiciones de renegociación. Al mismo tiempo, el combate a la inflación aparecerá como un objetivo más de la política económica en el primer discurso y resignación en el último. Por otra parte, en 1983 uno de los fines será alcanzar un desarrollo nacional homogéneo para lo cual se crea un Consejo Económico y Social con participación corporativa, pero subordinado al poder legislativo. En 1989, Alfonsín computará entre sus fracasos la iniciativa fallida del traslado de la capital federal y el desarrollo de la Patagonia. A este respecto, cabe señalar que el segundo equipo económico, a cargo de Sourrouille, empieza a replantear en 1985 las políticas de promoción industrial, en tanto demandaban enormes recursos al Estado, y se empieza a buscar la inversión de capitales privados. En lo que respecta al rol del Estado en la economía, en 1983 Alfonsín afirma que éste debía reservarse para su administración los “resortes superiores” de la economía, dejando el resto a la actividad privada. Predominaba sin dudas el keynesianismo, pero se observa en su discurso el impacto de la hegemonía neoliberal global. La política económica será concebida en 1983 como la “base material” que posibilite la concreción de los objetivos principales del www.espaciospoliticos.com.ar

10. gobierno en lo cultural, social y político. De esta forma, estará a favor de estimular la producción y en contra de las políticas recesivas monetaristas, síntesis del pensamiento sostenido por el primer equipo económico liderado por Grinspun. En medio de la puja con el FMI, se convocará al aumento de la producción y la productividad, sobre todo del sector externo, para poder hacer frente a los pagos internacionales y la provisión de insumos frente a una esperada reactivación. En este sentido, se intentará condicionar el pago de la deuda externa a la evolución de las exportaciones, planteando ya en su primer discurso una renegociación, y con la promesa de una mejora en el gasto público, privatizaciones de empresas estatales, una mayor equidad impositiva y la reducción del déficit fiscal, como se dijo anteriormente las facetas del discurso alfonsinista del 83’ más cercanas al neoliberalismo dominante. El rescate de YPF como actor clave lo lleva a promover una readecuación de la matriz energética incentivando la exportación de hidrocarburos e impulsando el consumo de gas natural, dadas las reservas de nuestro subsuelo, algo que ya estaba en marcha desde el gobierno militar y que figuraba en la carta de intención con el FMI de comienzos de 1983. Al final del mandato, reivindica la construcción del gasoducto Loma de la Lata- Buenos Aires en tiempo récord, el aumento del consumo domiciliario y en las centrales termoeléctricas, y el proceso de transformación de vehículos al GNC, que amplía la incidencia de este combustible también al transporte. En el plano internacional, en 1983 centra la lucha contra el proteccionismo de los países centrales, expresados a través de los enormes subsidios a sus producciones perjudicando la actividad nacional y del resto de América Latina, además se propone una mayor integración económica latinoamericana. En 1989 cuenta en su haber con los protocolos firmados con Uruguay y Brasil, que serán la plataforma del MERCOSUR. Asimismo en 1983, la relación con EE.UU. será definida por Alfonsín como “difícil y asimétrica”. Durante su gobierno, la misma oscilará aunque, a principios de 1989, se verá un claro abandono por parte de la potencia,

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cuando el Banco Mundial dispone, por su influencia, suspender los desembolsos que esperaba Argentina. Por otra parte, Alfonsín establece como sus “criterios rectores […] resolver la emergencia, consolidar el poder democrático y crear las bases para un período de estabilidad, justicia y desarrollo”. Se entiende que apostaba a “resolver la emergencia” con el paquete de medidas de Grinspun y su equipo. El fracaso de este intento posibilita la llegada del segundo equipo, a cargo del Secretario de Planificación Sourrouille, y por lo tanto una nueva etapa económica para el gobierno. El enfoque de este grupo de economistas profesionales sin trayectoria partidaria consistirá en atacar frontalmente la inflación sin gradualismo y con un plan que apunte a corregir la inercia inflacionaria. Alternarán éxitos parciales con fracasos, su mayor logro será el Plan Austral. En febrero de 1989 el plan vigente estalla, luego del episodio mencionado del Banco Mundial y una corrida cambiaria que fulmina las reservas. La última etapa económica de Alfonsín es caótica y al frente del Ministerio estarán políticos radicales que tratarán sin éxito de mantener las variables económicas hasta entregar el gobierno al justicialismo triunfante con Carlos Menem. La “consolidación del poder democrático” fue un criterio a duras penas cumplido: a pesar de la entrega anticipada del gobierno y los alzamientos militares, los actores políticos y económicos que en otro momento hubieran buscado un golpe militar como salida, no lo hicieron y apoyaron la continuidad democrática. Puede sostenerse que los grupos económicos necesitaban la legitimidad de la democracia para, a su vez, relegitimarse. El cambio gubernamental de un presidente radical a uno peronista era inédito tanto o más que la misma sucesión en democracia. Sobre las “bases para un futuro desarrollo”, Alfonsín enumera una serie de obras iniciadas o terminadas en su gobierno que serán beneficiosas para las futuras gestiones: el plan de alfabetización, el plan de construcciones universitarias, el plan Houston de inversiones petroleras, el ya mencionado gasoducto, la ampliación de la producción eléctrica2 y los tratados comerciales con Italia y España.

Finalmente, cabe señalar que en 1989 Alfonsín destacará con orgullo como principal legado la consolidación de la democracia, al tiempo que resaltará el contexto de crisis estructural mundial en que tuvo lugar su gestión, considerando en especial la situación de Sudamérica. Aparecen en este discurso, a diferencia del de 1983, ciertos matices que se entienden en virtud de los problemas que atravesaba el gobierno por esos días, pero se mantiene el acento puesto en el valor del régimen democrático y su potencialidad. Refeerencias: 1 Rapoport denomina esta iniciativa como “frente de deudores”. Argentina propuso a través de su ministro Grinspun la conformación de un “club”, pero sin el apoyo de otros grandes deudores como la propuesta fracasó. 2 La inauguración de la central de Alicurá y el inicio de Piedra del Águila no impidieron una severa crisis energética que incluía cortes programados entre 1988 y 1989. Fuentes primarias: • Alfonsín, R.; Discurso de asunción como Presidente ante la Honorable Asamblea Legislativa de la Nación Argentina, 10/12/1983. • Discurso ante la Honorable Asamblea Legislativa de la Nación Argentina, Apertura del 107 período de sesiones ordinarias, 01/05/1989. Bibliografía: • Rapoport, M. y otros (2008). Historia económica, política y social de la Argentina -2da. Edición-(1880-2003). Buenos Aires: Emecé Editores. • Gerchunoff P. y Llach, L. (1998). El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas. Buenos Aires: Ariel. • Ferrer, A. (2012). La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos Aires: FCE. • Suriano, J. (2005). “Una Argentina Diferente” en Suriano J. Dictadura y Democracia. (1976-2001) Ed. Sudamericana. Nueva historia Argentina. • Sidicaro, R. (2202). La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001). Buenos Aires: Eudeba. • Pedrosa, F. (2012). La otra izquierda: la socialdemocracia en América Latina. Buenos Aires: Capital Intelectual.

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DEMOCRACIA HOBBESIANA ¿OXÍMORON O LECTURA NO DEBIDAMENTE EXPLORADA? Ignacio L. Moretti

Mg. en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín. Profesor e investigador de la Carrera de Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. lic_moretti@yahoo.com.ar

¿Es posible pensar la democracia en términos hobbesianos? Democracia y Thomas Hobbes parecen establecerse como términos antagónicos, imposibles de convivir en la misma frase. Sin embargo, aunque suene sorprendente, debido al escaso trabajo de la literatura especializada, es posible encontrar una interrogación (y hasta una proposición) sobre la forma de gobierno democrática desde los textos de Thomas Hobbes. Aseveración que cuestiona y matiza la muy extendida visión1 del pensador de Malmesbury como un pétreo defensor de la Monarquía Absoluta2 y, por lo tanto, decidido detractor de la Democracia. Para efectuar este canon de lectura diferencial que proponemos, debemos primeramente realizar una disquisición conceptual de carácter medular para el pensamiento hobbesiano entre dos elementos que erradamente se confunden en la afirmación de Thomas Hobbes como El Pensador –con mayúsculas- de la Monarquía absoluta: la forma de gobierno y el atributo principal de la soberanía. Conceptos que deben ser claramente diferenciados, ya que lejos se encuentra la absolutez de la soberanía ser únicamente una característica atribuible a la Monarquía como forma de gobierno político. Más aún, para siquiera pensar la existencia en potencia y en acto del Estado, como artificialidad creada por un gesto humano voluntario, es condición irrestricta que su soberanía sea absoluta3. De esta forma, Soberanía, Gobierno y Absolutez son términos tautológicos para la prosa hobbesiana. Así, valga la redundancia, el pensamiento hobbesiano postula no sólo una monarquía absoluta, sino también una aristocracia absoluta o una democracia absoluta. Claramente, la operación conceptual por la cual la absolutez de la soberanía se establece sólo en relación a la forma de gobierno monárquica es errónea y se fundamenta en una lectura tendenciosa y deliberada del corpus hobbesiano que incorpora otros elementos exógenos a la propia edificación conceptual del autor. Realizada esta aclaración –a menudo dejada de lado por los interpretadores canónicos del pensador de Malmesbury-,

es menester indicar que Hobbes, tanto en su texto De Cive como en Leviatán, explícitamente señala la posibilidad de que, a través del pacto entre individuos racionales, libres e iguales, se confiera todo el poder y fuerza “a un hombre o a una asamblea de hombres”4, estableciendo idéntica potencialidad y legitimidad a las tres formas clásicas de gobierno: Monarquía, Aristocracia y Democracia: “Cuando el representante es un hombre, la república es una Monarquía. Cuando una asamblea de todos agrupados, es una Democracia o República Popular. Cuando es asamblea de una parte solamente se denomina Aristocracia”5. Equiparación que también posee una funcionalidad clara y contundente: establecer que los individuos pactantes deben obediencia al Estado, independientemente de la forma de gobierno que se trate; de allí que sea correcto observar y sopesar en Thomas Hobbes a un pensador de la soberanía estatal y no un pensador sobre formas de gobierno específicas que adopte dicha Sociedad Política. Establecido ya no sólo el reconocimiento y la posibilidad misma de la democracia como forma de organización del poder del Estado, sino su intrínseca legitimidad como tal6, resulta importante notar que Hobbes sí establece ciertos criterios que resultan en la mayor conveniencia de la forma de gobierno monárquica. Conveniencia que no se edifica en base a la bondad o maldad intrínseca de las formas de gobierno, sino en relación a un criterio eminentemente práctico: ¿cuál es el mecanismo de formación y toma de decisiones más apto para la efectiva tenencia y utilización del poder en pos del aseguramiento de la Paz y la Seguridad? De allí que las distintas formas de gobierno no poseen diferenciación en cuanto a su potencia, sino –para decirlo aristotélicamente- en acto. Estas ventajas y desventajas relativas se abordan sintéticamente en Leviatán Capítulo XIX y con mayor profundidad en los Capítulos VII y X de De Cive. En dicho abordaje, fuera de argumentos menores en relación con la preferencia de la Monarquía debido a que el interés privado y público se encuentran asegurados al estar indisolublemente unidos en la persona del soberano y la imposibilidad del monarca de www.espaciospoliticos.com.ar

11. contradecirse a sí mismo, entre otros, Hobbes hace hincapié en la mayor ejecutividad de esta forma de gobierno en relación con la dinámica asamblearia que deben adoptar las aristocracia y democracias merced a la amplitud cuantitativa de su conformación. En este sentido, la ejecutividad en la toma de decisiones resulta en la mayor facilidad para la utilización efectiva del poder y, por ende, en respuestas más rápidas y contundentes ante los peligros omnipresentes de una nueva caída en el estado de naturaleza, posibilidad siempre latente e intacta que nos hace recordar la provisoriedad y fragilidad de toda construcción político-estatal, incluida la hobbesiana. Esta mayor inestabilidad no implica bajo ninguna circunstancia en la prosa hobbesiana que la aristocracia y la democracia como formas de gobierno sean menos aptas para la vigencia de un orden institucional, sino que requieren mayores esfuerzos para sus sostenimiento, en virtud de que se encuentran sujetas a mayores inconvenientes. Más aún, el mismo Hobbes nos indica de forma eminentemente pragmática que “si en la democracia el pueblo cediera las deliberaciones acerca de la guerra y la paz y de los asuntos legislativos a uno solo, contentándose con el nombramiento de los magistrados y de los ministros públicos, esto es, con autoridad sin ministerio, entonces cabe conceder que la democracia y la monarquía serían iguales”7. Nuevamente, la elección de Hobbes por una u otra forma de gobierno radica en el estudio pormenorizado de cuáles son las dinámicas de funcionamiento que mejor se adecuan y conllevan menos peligros para el efectivo desenvolvimiento del Estado, desechando la visión clásica que asociaba cada régimen político a nociones divergentes respecto a las nociones de libertad, igualdad, justicia y ciudadanía. ¿Cómo sería posible pensar una Democracia en el sentido hobbesiano? Primeramente, en términos de definición estricta, una Democracia se encuentra “allí donde el pueblo está gobernado por una asamblea elegida por él mismo de su propio seno”8. Y la mecánica del pacto es simple y sería que cada uno de los individuos dijese “yo transfiero al pueblo mi derecho a tu favor, para que tú transfieras al mismo pueblo el tuyo a mi favor”9. En este sentido, la forma de gobierno democrática se define, sin más, por el colectivo involucrado en el gobierno, el pueblo, lo cual repercute en una dinámica propia de funcionamiento: la asamblea. Así, la democracia hobbesiana se estructura, por un lado, por la pluralidad de sufragios y, por otro lado, por el devenir asambleario. Y, será, como antes manifestábamos, en la forma asamblearia de labor democrática donde Hobbes encontrará las principales desventajas o dificultades de dicha forma de gobierno. La asamblea, como órgano de gobierno, en primer lugar, no posee una dinámica constante de funcionamiento, vale decir, la discontinuidad en la efectiva reunión de la asamblea abre la posibilidad de vislumbrar vacíos de poder, funcionales a la disrupción anárquica. Y, en segundo lugar, la lógica asamblearia, si bien más participativa, muchas veces atenta contra la rapidez y ejecutividad en la toma de decisiones en temas

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sensibles que requieren respuestas de extrema celeridad, lo cual también implicaría la ausencia de un poder efectivo, ante la invisibilidad de una decisión estatal. En este sentido, Thomas Hobbes observará dos soluciones complementarias para aminorar estas dificultades que pueden herir de muerte a la República democrática: Fijar –de forma pública- intervalos cortos para las convocatorias a asambleas y establecer mecanismos que doten de mayores niveles de ejecutividad a la forma de gobierno democrática (por ejemplo, un brazo ejecutivo10). En fin, es posible pensar la democracia para Thomas Hobbes desde las propias coordinadas y conceptualizaciones que emergen de su obra. Ahora bien, para realizar este ejercicio hay que desembarazarse de los prejuicios e ideas preconcebidas, manifestando una mirada crítica a las interpretaciones canónicas o erigidas, cual mármol, como la norma incontrastable de interpretación de todo autor, obra o idea política. Todos los conceptos del firmamento político son, en función de su misma naturaleza, históricos, móviles, precarios y sujetas a reelaboración constante. Esto es lo que ha animado esta aproximación al pensamiento de Thomas Hobbes, donde se ha pretendido introducir diferentes matizaciones a las sentencias que habitualmente se dictan sobre su obra, y que –sin lugar a dudas- si bien lo representan en ciertas aristas de su pensamiento, también lo empobrecen y encasillan, anulando mucho de su fructífera potencia. Referencias 1 Evaluación basada en diversos fragmentos de su obra –en especial en su traducción juvenil -1629- de la Guerra del Peloponeso de Tucídides y en Elementos del Derecho Natural y Político -1640- y en ciertos caracteres de su biografía y afincamiento político personal. Este tipo de lecturas que hacen foco en las condiciones personales, contexto histórico de la obra y los objetivos primarios perseguidos por el autor poseen la fortaleza de realizar una lectura situada de la obra hobbesiana, evitando las interpretaciones anacrónicas o divorciadas de las condiciones de su elaboración. Sin embargo, el contexto histórico, la propia biografía del autor y sus intenciones manifiestas, son dimensiones necesarias pero no suficientes para el abordaje integral del corpus, el cual ha desbordado ampliamente, como buen texto clásico, los mismos límites de sus objetivos coyunturales inmediatos y las propias intenciones del autor, haciendo rebasar su sentido hasta nuestros días. 2 En términos de rigurosidad histórica, el pensamiento hobbesiano no se erigiría como el representante por definición del pensamiento monárquico, debido a que el contexto de Inglaterra del Siglo XVII señala que dicho título era suscripto por Sir Robert Filmer, autor de Patriarcha or the Natural Power of Kings, publicado en 1680. En función de este escrito, Filmer se establecía como un defensor de la teoría del derecho divino de los reyes, mientras que Hobbes, contrariamente, nos acercará una fundamentación enteramente secular y consensual del poder, basada en premisas que, paradójicamente compartirá con gran parte de los adversarios de la Monarquía: los hombres

12. nacen libres e iguales; claros preceptos liberales. Como muestra de esta circunstancia histórica no sólo se encuentran las críticas vertidas por Filmer a los escritos hobbesianos, sino también que el mismo John Locke en su primer y segundo tratado sobre el gobierno civil tomará como blanco de su crítica al autor de Patriacha, como representante de la posición monárquica. 3 Véase para una genealogía de la noción de soberanía y su absolutez con anterioridad a Hobbes a Bodin, Jean (1997). Los seis libros de la República. Madrid. Tecnos. 4 Hobbes, Thomas (2003). Leviatán, Tomo I, Buenos Aires, Losada-Página12, Capítulo XVII, Página 164. 5 Íbid, Capítulo XIX, Página 174. 6 Resulta interesante incorporar a la discusión que propiciamos en el presente ensayo –aunque es objeto de numerosas críticas de índole lógico y teórico el abordaje presente en Malherbe, Michel (1984). Thomas Hobbes, París, Vrin. Allí, Malherbe indica a la forma de gobierno democrática como la forma de gobierno primigenia de toda organización estatal, por lo cual la democracia resulta en el fundamento de la construcción del Estado, en tanto se trata del único mecanismo para la toma de decisiones congruente con la premisa de individuos iguales y libres. Así, la democracia sería la forma “natural” del Estado. Vale decir, Malherbe postula que necesariamente el pasaje del “pacto de asociación” al “pacto de sujeción” –si es que en Hobbes pueden distinguirse conceptualmente, eso es otra discusión- es mediante una dinámica de funcionamiento asamblearia, es decir, democrática. De allí, su tesis sobre la democracia como forma embrionaria de la Sociedad política en Thomas Hobbes. 7 Hobbes, Thomas (2010). Elementos filosóficos. Del ciudadano, Buenos Aires, Hydra, Capítulo X, Página 235. 8 Hobbes, Thomas (2003). Op. Cit., Capítulo XIX, Página 180. 9 Hobbes, Thomas (2010). Op. Cit., Capítulo VII, Página 206. 10 Resulta interesante indicar que esta preocupación por la ejecutividad de la democracia en situaciones excepcionales y su impacto sobre la estabilidad de la sociedad política. Al respecto, cabe recordar el abordaje de Nicolás Maquiavelo respecto de las venturas de la institución del Dictador Legal Romano al interior de los ordenamientos de la República Romana. Véase

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12.

SEMIPRESIDENCIALISMO E HIPERPRESIDENCIALISMO

EN LA REFORMA DE 1994 EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Ariela Schnitman

Mg. en Diseño y Gestión de Programas Sociales, FLACSO. arielaschnitman@gmail.com

Marcelo Lopez Alfonsín

Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires. mlopezalfonsin@yahoo.com.ar(UADE)

Introducción La reforma constitucional de 1994 impactó fuertemente en nuestro sistema político. En trabajos anteriores analizamos su gestación, sus objetivos y aplicación. En este trabajo evaluaremos el funcionamiento de un instituto clave de la Reforma: el Jefe de Gabinete de Ministros. www.espaciospoliticos.com.ar

12. La Reforma Hasta 1983 la UCR y el PJ se enfrentaban electoralmente no tanto para definir quién gobernaría sino más bien para establecer el tipo de régimen político. Varios autores han estudiado la difícil convivencia de estas dos concepciones de la democracia, la representativa y la plebiscitaria o delegativa, y han mostrado cómo la ausencia de un acuerdo que sentara las bases de una comunidad política estable condujo a la imposibilidad fáctica de la alternancia en el poder (De Riz y Adrogué 1990; Alfonsín 2005; O'Donnell 1972; Kvaternik 1994 Grossi y Gritti 1989). Según Rossati (1995) y Garcia Lema (1995), desde 1986 la reforma constitucional fue ampliamente discutida dentro de los partidos, en la academia, y en la sociedad en busca de un compromiso para romper esta tradición. En estudios anteriores rescatamos al Pacto de Olivos como uno de los elementos políticos más significativos en la construcción del consenso constitucional, que venía construyéndose desde el Primer y Segundo Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. La reforma tenía por objetivo atenuar el presidencialismo, lograr el real equilibrio entre los poderes del Estado, afianzar la independencia de la justicia y fortalecer los órganos de control, y rediseñar el régimen federal para favorecer el progreso y desarrollo regional y provincial. Pero su aplicación, reglamentación y práctica política supusieron una contrareforma al espíritu constituyente. Las nuevas instituciones, vaciadas de contenido al momento de su implementación, no solucionaron los problemas para las cuales fueron creadas (Fleitas Ortiz 1995; Muñoz 1995; Paixao 1994; Serrafero 1994; Gallardo, y López 1995; Belardinelli y Corti, 1996, Raspi 1996; Cassagne 1994; Regniel 2006; Persello 2007; Mc Adam y Sukup 2009). La Reforma, que incluyó mecanismos del semipresidencialismo y fuertes controles al Poder Ejecutivo, fue base de la reglamentación de un hiperpresidencialismo, reforzando las características delegativas del sistema político argentino (Mecle y Guterman 2011; Perez Liñan 2003; Ollier 2008). Mientras la visión representativa primó en el proceso de formación de la Reforma y en la Convención Constituyente, la visión delegativa logró imponerse luego de éstas (O´Donnell 1994), consolidando un superpresidencialismo (Mainwaring y Shugart 2002). El Jefe de Gabinete de Ministros La teoría Esta figura representó un “compromiso ideológico” entre los dos principales partidos argentinos (García Lema 1995). El Consejo para la Consolidación de la Democracia proponía un "régimen presidencialista flexibilizado" o "mixto", incor-

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porando un instituto novedoso con una configuración casi sin antecedentes. A este “jefe de gabinete" o "primer ministro” se otorgarían las funciones de "Jefe de la Administración Pública", que sería designado por el Presidente, pudiendo ser removido por moción de censura del Poder Legislativo. Se planteaba la posibilidad de que este “Primer Ministro” y los miembros del gabinete fueran diputados, conservando sus bancas. Además, el Presidente tendría la facultad, propia de regímenes parlamentarios, de disolver la Cámara de Diputados y llamar a elecciones. En las negociaciones bipartidarias en 1993, con motivo del Acuerdo de Olivos, el tema reaparece, a partir de la posición de los últimos, favorable a la existencia de un "primer ministro" que compartiera con el Presidente la función ejecutiva, mientras el justicialismo admitía sólo una "atenuación" del poder presidencial, a través del traslado de algunas funciones al jefe de gabinete (Fleitas 1995). Las conversaciones tuvieron varias etapas: se pasó de buscar "la atenuación del sistema presidencialista, mediante la incorporación de un jefe de gabinete o ministro coordinador con responsabilidad política frente al Presidente y al Congreso", tal como lo establecía el Pacto de Olivos, a la definición de las atribuciones constitucionales del Jefe de gabinete, con las características que luego se convirtieran en el actual art. 100 de la Constitución; sería nombrado y removido por el Poder Ejecutivo, tendría la responsabilidad política ante el Congreso, quien también podría removerlo por un voto de censura, en un documento interpartidario del 1/12/1993. El Pacto de la Rosada precisó las facultades del Presidente como jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país y detallando las reformas que se realizarían al art. 86 de la Constitución en sus incs. 1°, 10, 13 y 20, puntos que no fueron objeto de modificaciones en la ley 24.309 declarativa de la necesidad de la reforma. La Convención Constituyente incorporó algunas precisiones y las responsabilidades del Jefe de Gabinete de Ministros quedó finalmente establecida por la letra de la Constitución Reformada, estableciendo que éste envía al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo (Art. 100, inc. 6°); puede concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar (Art. 100, inc. 9°); presenta una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a sus respectivos departamentos (Art. 100, inc. 10); debe producir los informes y explicaciones que cualquiera de las Cámaras solicite al Ejecutivo (Art. 100, inc. 11), y tiene el deber de informar sobre la marcha del gobierno ante el Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las Cámaras; pudiendo ser interpelado con una moción de censura, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras (Art. 101); y es su deber presentar personalmente los decretos de necesidad y urgencia, dentro de los diez días de su dictado, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (Art. 99, inc. 3°). La Reforma convirtió al Jefe de gabinete en un enlace institu-

12. cional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, haciéndolo responsable frente a éste, que puede removerlo mediante un voto de censura. Se pretendía crear un límite que pudiera atenuar el presidencialismo y fuera un “fusible” ante una crisis institucional. La Práctica Nombramiento Desde 1994 cada uno de los Jefes de Gabinete ha sido nombrado unilateralmente por el Presidente de turno, y siempre perteneció al mismo partido político que éste. Facultades La legislación post reforma, argumentando la necesidad de mejorar la gobernabilidad, fue delegando facultades en el Jefe de Gabinete. Por ejemplo, en el año 2003, el art. 56 de la Ley Nº 25.7251, facultó al JGM a adecuar el Presupuesto General de la Nación, a los efectos de incorporar las partidas presupuestarias ejecutadas durante el período en que haya regido la prórroga prevista, sin exceder el total de créditos aprobado por la Ley de Presupuesto. En el 2006, el art. 1° de la Ley N° 26.1242 estableció que el JGM puede disponer las reestructuraciones presupuestarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades. También se lo exceptúa del artículo 15 de la Ley N° 25.917, de Responsabilidad Fiscal, que impide aumentar el gasto corriente en detrimento del gasto de capital.

INFORMES A DIPUTADOS

Remisión de decretos al Congreso de la Nación Los datos demuestran que mientras Alberto Fernández y Sergio Massa han cumplido casi al 100% con esta obligación en tiempo y forma, el resto de los Jefes de Gabinete la han descuidado de manera preocupante tal como se muestra en el cuadro siguiente. DNU, DPPL y DD presentados en tiempo y forma

DNU, DPPL y DD no presentados en tiempo y forma

DNU, DPPL y DD no remitidos

ALBERTO FERNANDEZ

SERGIO MASSA

ANIBAL FERNANDEZ

JUAN MANUEL ABAL MEDINA

INFORMES A SENADO

JORGE CAPITANICH

ANIBAL FERNANDEZ

EDUARDO BAUZÁ

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JORGE ALBERTO

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RODOLFO TERRAGNO

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CHRYSTIAN COLOMBO

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HUMBERTO SCHIAVONI

LUIS LUSQUIÑOS

Este incumplimiento no hubiese sido posible si la responsabilidad política del Jefe de Gabinete fuera, efectivamente, ante el Legislativo. El JGM ha pasado a formar parte del PEN y, los informes, en vez de ser lazos entre ambos poderes, se han reducido al control legislativo, y defensa de la gestión ejecutiva que ha asumido para sí el JGM.

JGM

Informes al Congreso JGM

Salvo por los casos de Jorge Alberto Rodríguez y Rodolfo Terragno, los Jefes de Gabinete no han respetado el deber constitucional de acudir al Congreso al menos una vez por mes.

JORGE CAPITANICH

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ALFREDO ATANASOF

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ALBERTO FERNANDEZ

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Fuente: Elaboración propia partir de datos disponibles en los sitios web del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Remoción y sanción No existen casos de mociones de censura ni sanciones aplicadas a ningún Jefe de Gabinete por incumplimiento de los deberes del funcionario público, establecidos por el Código Penal en sus arts. 248 y 249.

SERGIO MASSA

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ANIBAL FERNANDEZ

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JUAN MANUEL ABAL MEDINA

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Algunas reflexiones

JORGE CAPITANICH

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ANIBAL FERNANDEZ

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Existe un extendido consenso sobre la inefectividad de esta figura en la atenuación del presidencialismo. El espíritu de la creación del Jefe de Gabinete no solo ha quedado frustrado por la práctica y la reglamentación de esta figura, sino que además sufrió una contrareforma de fondo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Jefatura de Gabinete.

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12. Se rompió la idea del Jefe de Gabinete como “fusible” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, quedando encastrado dentro del primero y perdiendo así la responsabilidad hacia el segundo. Además, se han acumulado a las facultades constitucionales otras por medio de la legislación. En resumen, el Jefe de Gabinete pasó de ser la herramienta de atenuación del presidencialismo, como perseguía la Reforma del 94, a un instrumento de acumulación de facultades propias del Poder Legislativo en la esfera del Ejecutivo. No sólo se ha logrado limitar el presidencialismo, sino que, mediante la legislación post reforma, se creó el marco jurídico hiperpresidencialista que se intentaba desterrar. En la convicción de que esta institución tiene un gran peso a la hora de retomar el camino representativo que primó en la reforma, revertir la trayectoria delegativa y profundizar la cultura política democrática, creemos importante trabajar en algunos puntos tales como la designación y remoción unilateral del Jefe de Gabinete por parte del Presidente, la moción de censura, las facultades delegadas y las responsabilidades políticas pasibles de la sanciones. Referencias 1 B.O. 10/01/2003 2 B.O. 8/8/2006 Bibliográficas • Alfonsín, Raúl., “Memoria Política”, Fondo de Cultura, Bs. As., 2004. • Altavilla, Cristian. “Coordinación y conflicto en las relaciones intergubernamentales. Los pactos fiscales de la década del ‘90”, X Congreso de la SAAP, Córdoba, 2011. • Belardinelli, Pablo - Corti, Horacio G. “Funciones financieras del Jefe de Gabinete de Ministros” (Teorías, dilemas, interpretaciones)LA LEY, Bs. As., 1996. • Cassagne, Juan Carlos. “En torno al Jefe de Gabinete”. LA LEY, Bs As 1994. • Cayuso, Susana. “La delegación legislativa, los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación parcial. Control político real o aparente”, LA LEY, Bs. As., 2006. • Dalla Via, Alberto Ricardo. “El imperio de la ley y su efectividad” en Gobernabilidad y constitucionalismo en América Latina”, Diego Valadés – Editor. UNAM, 2005. • De Riz Liliana y Adrogué Gerardo. “Democracia y Elecciones en la Argentina 1983-1989”. Documento CEDES Nº 52, Bs. As., 1990. • Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Bs. As., 1986. • Fanelli Evans, Guillermo E. “El Jefe de Gabinete y demás Ministros del Poder Ejecutivo en la Constitución Nacional”, LA LEY 1994-E, Bs. As., 1994. • Fleitas Ortiz de Rozas, Abel. “El jefe de gabinete de ministros: perfiles e interrogantes”, LA LEY 1995-C, Bs. As., 1995. • Gallardo, Roberto Andrés y López, Mario Justo (h). “El Jefe de Gabinete en la Constitución Nacional Reformada”, El Derecho, t. 161, Bs. As., 1994 • García Lema, Alberto M. “La jefatura de gabinete de ministros en el proyecto de ley de ministerios”, LA LEY 1995-E, Bs. As., 1995.

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13.

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REFORMA POLÍTICA: ¿PARCHE O REFORMA DE FONDO? Elías Fernández

Doctor en Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario. elias_fernandez86@yahoo.com.ar

En el mes de junio el gobierno nacional de Cambiemos envió al Parlamento un paquete de leyes para reformar en forma parcial el sistema electoral. A través de esta reforma, se pretende incorporar, entre otros elementos, la boleta única electrónica (BUE). Las elecciones de 2015 hicieron visible un fuerte malestar en el arco opositor en torno al sistema actual de boletas, especialmente entre quienes, al final, lograron acceder al gobierno. Luego de sufragar en las primarias de agosto, el propio Mauricio Macri expresaba que “el sistema electoral que tenemos es arcaico”, al tiempo que denunciaba el robo de boletas y pon-

deraba las bondades de la BUE, que había sido implementada en la última elección porteña. El tipo de boleta que se utiliza actualmente a nivel nacional y en buena parte de las provincias, se confecciona en formato papel y la elaboran los propios partidos. La misma posee una serie de defectos pero también algunas virtudes. Entre los primeros, se destaca el hecho de que, al no estar informatizada, el conteo provisorio de los votos –y también el definitivo– se efectúa en forma manual, lo que hace sumamente lento el proceso. Otra crítica se vincula al fuerte gasto que debe hacer el Estado en la impresión de

las boletas, cuyo monto se reduciría con el nuevo formato. También se le critica que viabiliza la existencia de listas “colectoras”, es decir, aquellas boletas que presentan diversas nóminas de candidatos para una determinada categoría (por ejemplo, diputados), al tiempo que adhieren a una misma lista en otra categoría (por ejemplo, presidente y vice). Finalmente, favorece el “robo de boletas” en el cuarto oscuro, una cuestión sobre la cual insisten con frecuencia algunos dirigentes políticos, aunque la mayoría de las veces las denuncias son efectuadas en los medios y luego no se ratifican en la justicia. Entre las virtudes, sobresale el hecho de que, al ser manual, resulta muy difícil manipular www.espaciospoliticos.com.ar

13. el conteo de los sufragios: el sobre es depositado por el votante en la urna y luego es escrutado por las autoridades de mesa bajo la supervisión de los fiscales. Debido a esta “simplicidad técnica”, se puede constatar con facilidad la transparencia del proceso. El proyecto de ley impulsado por el gobierno propone reemplazar la boleta partidaria de papel por la BUE, que fue aplicada en las últimas elecciones de la provincia de Salta y de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Ya no serán los partidos los encargados de elaborar las boletas, sino que serán provistas por la autoridad electoral. Dentro del abanico del voto electrónico, existen varias posibilidades. En su forma más acabada, se presenta la “urna electrónica”, empleada actualmente en Brasil, Estados Unidos y Venezuela, por citar algunos ejemplos. La BUE, tal como se la implementó en la última elección porteña, es una forma menos extrema de votación electrónica. En este caso, el elector recibe una boleta en blanco que debe ser colocada en el dispositivo de votación, donde se pueden ver todos los candidatos en una pantalla táctil. Luego de seleccionar a los candidatos de su preferencia, el votante imprime la boleta y la deposita en una urna. El hardware utilizado no incorpora un disco rígido, y por lo tanto no almacena información; pero paralelamente las boletas contienen un “chip” que se utiliza para llevar a cabo el escrutinio provisorio: las boletas se acercan a las máquinas, que se pasan al “modo escrutinio”, para que lean el voto grabado en el chip. Aunque acelera el escrutinio provisorio, la mera existencia del chip despierta suspicacias. Cuando se implementa esta clase de tecnología a los procesos de votación, habitualmente la provisión de los dispositivos, tanto del hardware como del software, queda en manos de empresas privadas, que de este modo manejan un caudal de información de un alto nivel técnico, de difícil acceso por parte del elector común. En este marco, la transparencia del proceso eleccionario depende del establecimiento de mecanismos de control estatales igualmente complejos, a través

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de los cuales tanto los partidos como los ciudadanos logren tener certezas de que los votos depositados en las urnas serán contabilizados en forma correcta. Resulta paradigmático en este sentido el fallo de la Corte Constitucional Federal Alemana, que en 2009 dejó sin efecto la utilización de dispositivos electrónicos de votación fundamentando que “el ciudadano debe poder controlar los pasos esenciales del acto electoral y la determinación del resultado de manera fiable y sin conocimientos técnicos especiales”, algo que resulta imposible bajo el imperio de equipos sumamente sofisticados. El sistema electoral es clave en la vida democrática de una comunidad política, en la medida en que tiene una fuerte influencia en la representación en los órganos de gobierno, el modo en que se llevan a cabo las alianzas, el número de partidos interactuantes, etc. (Duverger, 1957). No obstante, ningún sistema electoral por sí mismo es capaz de encauzar todos los problemas y conflictos que supone la “convivencia democrática”. Cuando se incorporan herramientas electrónicas de votación, se suele caer en el facilismo de buscar soluciones tecnológicas a problemas políticos que tienen fuertes raíces estructurales, como la denominada “crisis de representación” que atraviesan los partidos argentinos luego de los dramáticos episodios del año 2001. La modificación en los patrones de representación política no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que comprende a la gran mayoría de los Estados democráticos del mundo. Durante buena parte del siglo XX, los partidos políticos –y en especial, los partidos de masas– ocuparon un lugar central en las democracias occidentales, ya que eran la máxima instancia de articulación entre la sociedad civil y el Estado. En las últimas décadas, al tiempo que la mayor parte del globo vivió un proceso de democratización, los partidos han ido perdiendo esa centralidad frente a sociedades que se han vuelto más plurales y heterogéneas, que poseen nuevas formas organizativas y diversos canales de comunicación y ca-

nalización de demandas (Offe, 1988). De acuerdo a análisis recientes, estos cambios no deben hacernos suponer que los partidos estén condenados a desaparecer, sino que se ha producido una transformación en su naturaleza producto de la necesidad de adaptarse al nuevo contexto sociopolítico. Para Katz y Mair (2004), dejaron de ser la principal instancia de articulación entre la sociedad civil y el Estado, y pasaron a ser actores fundamentalmente estatales, dado que reproducen sus estrategias de supervivencia al interior de las instituciones burocráticas y gubernamentales. Siguiendo al politólogo francés Bernard Manin (1998), la “crisis de representación” puede reinterpretarse como “metamorfosis de la representación”, y en ella pueden encontrarse las causas últimas por las cuales buena parte del electorado modifica la orientación de su voto entre una elección y la siguiente, a diferencia de la época en que la competición electoral giraba en torno a un conjunto limitado de partidos que poseía un núcleo de votantes “cautivos”. Si a esto le añadimos una crisis socioeconómica como la que vivió Argentina a comienzos del nuevo siglo, era dable esperar un fuerte debilitamiento del vínculo representativo. Perfeccionar el mecanismo electoral es una tarea necesaria y aún pendiente en nuestro país, sobre todo si se tiene en cuenta la fragmentación que atraviesa el sistema partidario y la desarticulación que han vivido los partidos principales en estos 33 años de democracia. No obstante, la boleta es sólo un aspecto del sistema electoral argentino, un sistema que posee múltiples complejidades y defectos derivados de la existencia de diferentes niveles de competición partidaria, calendarios separados para la designación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, fórmulas de asignación de cargos diversas, sesgos mayoritarios en favor de determinados partidos, etc. Por poner sólo un ejemplo de esos defectos, conforme a los datos arrojados en los dos últimos censos nacionales, Córdoba y Santa Fe poseen más habitantes que la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo designan una menor cantidad de diputados nacionales que esta última debido a que el número de repre-

13. sentantes por distrito electoral no ha sido modificado desde el Decreto-Ley 22.847, que fue promulgado por el presidente de facto Reynaldo Bignone algunos meses antes de las elecciones que abrieron el nuevo período democrático. Así, a pesar de que la Constitución Nacional determina que “después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo” (Artículo 45°), luego de tres censos nacionales el número de diputados se mantiene idéntico y afecta la proporción de bancas que le corresponden a las provincias mencionadas en la Cámara Baja. Además de la BUE, el proyecto de reforma presentado contiene diversos elementos, y entre otras cosas pretende establecer

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la obligatoriedad del debate presidencial antes de las elecciones generales, fortalecer el control sobre el financiamiento de los partidos y ordenar el traspaso de mando entre el presidente saliente y el presidente entrante. Aunque son aspectos significativos, solucionar las problemáticas y defectos del sistema electoral argentino supone comprender los rasgos más profundos de la legislación y del escenario partidario en su conjunto. Para esto, es necesario adoptar una perspectiva más global y menos particularizada, ampliando el abanico de temas a debatir y consensuar entre todas las fuerzas políticas que operan no sólo en el ámbito nacional, donde se circunscribe la reforma, sino también en el ámbito subnacional. Allí se reparten la enorme mayoría de cargos que

se ponen en juego en cada turno electoral (gobernadores, legisladores provinciales, intendentes, concejales, jefes comunales, etc.), y por ende son espacios de suma relevancia si lo que efectivamente se pretende es realizar mejoras en el sistema electoral como un todo y fortalecer a los partidos políticos, que se encuentran fuertemente debilitados y fragmentados. Bibliografía: • Duverger, Maurice (1957). Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica. • Manin, Bernard (1998). Principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza. • Offe, Clauss (1988). Partidos políticos y nuevos movimientos sociales. Madrid: Sistema.

LA POLÍTICA DE CAMBIEMOS RESPECTO A LOS ORGANISMOS ELECTORALES Aníbal Germán Torres

Lic. en Ciencia Política - CONICET, UNSAM, UNR. anibalgtorres@hotmail.com

Para miembros de las elites partidarias y sectores de la ciudadanía, algunos procesos electorales de 2015 (la primera vuelta electoral nacional y los comicios generales de Santa Fe y Tucumán) mostraron la necesidad de realizar cambios en los componentes de la gobernanza electoral en Argentina. En este sentido, se esgrimieron argumentos a favor de modificar las instituciones que se encargan de administrar, fiscalizar, certificar y legitimar los procesos electorales, exhortando a constituir órganos “autónomos” de cara a los próximos comicios. La coalición Cambiemos tomó posicionamiento a favor de realizar modificaciones y una vez a cargo del Ejecutivo decidió poner en marcha la reforma política respecto a los procesos electorales nacionales. Cabe preguntarse entonces qué política pública desarrolla el Gobierno asumido en diciembre de 2015 respecto al diseño institucional de la gobernanza electoral, particularmente los organismos electorales. La pertinencia de la pregunta radica en que, por un lado, la literatura sobre gobernanza electoral apunta la relevancia de los organismos encargados de garantizar elecciones libres y justas. Así, “la incerti-

dumbre electoral” se logra con “certidumbre institucional” (Mozaffar y Schedler, 2002), correspondiendo a los órganos electorales la asignación técnicamente garantizada de la legitimidad democrática (Escolar, 2010). Por otro lado, en el debate previo al ballotage, el entonces candidato Mauricio Macri propuso “un sistema electoral más transparente, que lo organice un organismo independiente”1. Este artículo sostiene que si bien en la reforma política presentada en junio de 2016 el diseño de los organismos electorales tiene un rol marginal, el Gobierno implementó decisiones en dicha materia ni bien asumió. Así, la modificación a la Ley de Ministerios tuvo consecuencias sobre el diseño de la burocracia electoral. Al devolver las atribuciones comiciales al Ministerio del Interior, esta primera reforma apuntó a reforzar el entramado institucional electoral, que conjuga una impronta judicial y clásica. En lo que sigue de este artículo, primero se refiere la reforma concretada al iniciarse el Gobierno de Cambiemos. Luego se señalan las implicancias de esa modificación tanto respecto a la crítica esbozada en la campaña hacia la Presidencia como así también para el proceso electoral de 2017. www.espaciospoliticos.com.ar

14. La primera reforma política de Cambiemos Uno de los primeros decretos firmados por el presidente Macri es el nº 13/2015, mediante el cual se reformó la Ley de Ministerios. Allí se devolvió a Interior la facultad de entender en el empadronamiento, la legislación electoral y el financiamiento partidario. Esto habilitó el regreso de la Dirección Nacional Electoral (DINE) a dicha área gubernamental. Así se dio marcha atrás con la decisión de Cristina Kirchner de transferir la DINE al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que buscaba evitar cuestionamientos al entonces titular de la cartera política, Florencio Randazzo, cuando aspiraba a competir en las PASO de 2015. La reforma realizada a través del mencionado Decreto era previsible, puesto que las nuevas fuerzas partidistas tienden a discutir las políticas de gobernanza electoral que rigieron previamente, sustentadas en los acuerdos entre el oficialismo y la oposición (Escolar, 2010). De manera que la decisión presidencial habilitó a que Rogelio Frigerio tuviese, al igual que sus antecesores al frente del Ministerio, atribuciones en la formulación e implementación de la política electoral del Ejecutivo Nacional. Ciertamente, el involucro del Gobierno en los procesos y procedimientos electorales admite diversas consideraciones. Por un lado, la DINE se fue profesionalizando a lo largo de los años, constituyéndose en el órgano especializado del Poder Ejecutivo en cuestiones comiciales. Así, en lo que refiere por ejemplo a los compromisos electorales internacionales, la DINE representa a Argentina en el Consejo Electoral de la UNASUR, junto con la Cámara Nacional Electoral. Por el otro lado, sectores partidarios, académicos y sociales han venido pidiendo que el Ejecutivo no tenga intervención en las cuestiones de gestión electoral, pues se perturbaría la autonomía políticas de los árbitros electorales. ¿Un desplazamiento en la crítica? Si uno de los criterios para evidenciar el carácter por lo menos polémico de un proceso electoral es si se impulsa una reforma política en el período inmediato que le sigue, ¿cómo entender entonces el reingreso de la DINE al Ministerio del Interior? Más aún, ¿cómo leer la escasa atención que el diseño de organismos electorales ha recibido en la reforma presentada en junio de 2016? Si los elementos que se pretenden modificar con las iniciativas reformistas son los principales identificados como aquellos que no habrían sido lo suficientemente efectivos en el anterior proceso comicial, puede decirse que en la concepción de Cambiemos la crítica hacia las elecciones nacionales de 2015 ha pasado fundamentalmente de la fontanería a la ingeniería comicial. Es decir, de apuntar mayormente hacia lo que alimenta al sistema electoral (por ejemplo, discutiendo qué actor institucional se encarga de la distribución de espacios y fondos de campaña a las agrupaciones políticas), el foco de atención se desplazó hacia al ámbito de la “estructura electoral” (Cox, 2004). Esto se visualiza en la centralidad que en el proyecto de reforma tiene el instrumento de emisión del sufragio (adopción de la boleta electrónica), y la eliminación de “colectoras” y candidaturas múltiples. Otro punto contemplado en la iniciativa oficialista es el “ordenamiento” de las primarias adoptadas en 2009.También se incluye el fortalecimiento de la justicia electoral para el control del financia-

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miento de los partidos políticos (y medidas como la creación de la Fiscalía Electoral) y las competencias para el Ministerio de Modernización en materia de adquisición de las urnas electrónicas (Obarrio, La Nación, 29/5/2016). Así, ciertamente aparece la cuestión del diseño institucional de gobernanza electoral pero se le brinda una atención periférica. De lo que se trata, cuanto mucho, es de asignar algunas competencias más a la Justicia Nacional Electoral y dicho Ministerio del Ejecutivo. No se está entonces ante una “reforma de la (primera) reforma”, pues Interior seguirá teniendo injerencia en los procesos electorales, si bien se busca modificar la transmisión del recuento provisorio. Tampoco se avanza en erigir “un” organismo electoral, como proponía Macri antes del ballotage. La permanencia del entramado institucional mixto de gobernanza electoral De manera que sin la “reforma de la reforma” de lo dispuesto en diciembre de 2015, las elecciones de 2017 se realizarían con el mismo entramado institucional que ha regido hasta el momento, donde las funciones de gestión, fiscalización y certificación están repartidas entre los tres Poderes del Estado Nacional. Este diseño, en líneas generales, se replica en las provincias. Es de destacar que tal modelo mixto, pues combina un componente judicial -con la Justicia Nacional Electoral- y otro “clásico” (Lehoucq, 2003) -con el involucro del Ejecutivo y el Parlamento- tiene su origen en la reforma saenzpeñista 1911-1912, recibiendo particular atención en las últimas dos dictaduras. Lo que se hizo a partir de 1983 con ese entramado de organismos fue adaptarlo a la democracia recuperada, consolidándolo paulatinamente. El Gobierno de Cambiemos contribuyó con esto ya al devolver a la cartera de Interior las competencias respecto a la política electoral del Ejecutivo. Así, el posicionamiento del oficialismo respecto a los organismos electorales (plasmado tanto en la primera reforma como en el proyecto de la segunda) parece ser de opción por el cambio gradual en la continuidad. Esto habla de que en Argentina las elites políticas favorecieron la consolidación paulatina de una burocracia estatal electoral que, junto a los partidos y la ciudadanía, constituye un actor gravitante de la democracia y condiciona toda reforma. Referencias: 1 Versión taquigráfica del debate en La Nación, 16/11/2015. Bibliografía: • COX, Gary (2004) [1997]: La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Hacer que los votos cuenten, Barcelona, Gedisa. • ESCOLAR, Marcelo (2010): “La política de la reforma. Notas sobre el sistema de partidos y la gobernanza electoral”, en La reforma política en Argentina, Jefatura de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, PEN. • MOZAFFAR, Shaheen y SCHEDLER, Andreas (2002): “The comparative study of electoral governance –Introduction”, International Political Science Review, Vol. 23, Nº 1, pp. 5-27. • LEHOUCQ, Fabrice (2003): “¿Pueden los partidos ser juez y parte? Gobernabilidad electoral y democratización,” en Revista del Instituto Electoral del Estado de México: Apuntes Electorales, 12 (abril-junio), pp. 128-53.

15.

SOBRERREPRESENTACIÓN PERIFÉRICA EN LA LEGISLATURA BONAERENSE Y EN EL CONGRESO NACIONAL. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS Pablo Palumbo

Licenciado en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín. Becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. palumbopablo@gmail.com

Introducción Con motivo de la discusión sobre la reforma política impulsada por la gestión macrista, se puso atención sobre las distorsiones institucionales que generan la sobrerrepresentación de las provincias periféricas en el Congreso Nacional. Sin embargo, tiene menor presencia en el debate público distorsiones similares que se producen en la legislatura provincial bonaerense. Para la elección de los legisladores provinciales, Buenos Aires se divide en ocho circunscripciones plurinominales variables, más conocidas como secciones electorales. La primera (norte del conurbano), tercera (sur del conurbano) y octava (La Plata) representan la zona urbana; el resto de las secciones representan el interior provincial. La cantidad de representantes que le corresponde a cada distrito se determina proporcionalmente a su población. Sin embargo, este número no se ajusta desde la década del ‘60 (años en los que creció enormemente la cantidad de habitantes del conurbano bonaerense) produciendo una sobrerrepresentación de las secciones electorales del interior y, su contraparte, la subrepresentación del conurbano. Para la literatura académica, la sobrerrepresentación periférica en el nivel nacional se explica como una estrategia de la última dictadura militar para lograr la “descentralización forzada”, beneficiando al electorado más conservador del interior (Botana y Mustapic, 1991). La persistencia de esta distorsión en democracia se puede explicar a partir de los beneficios que conlleva mantener “bases electorales de bajo mantenimiento” (Calvo y Gibson, 2001). Sin embargo, existen diferencias importantes entre el interior bonaerense y el interior del país, especialmente, en cuanto a su naturaleza socioeconómica.

Sobrerrepresentación periférica en la legislatura bonaerense El Poder Legislativo bonaerense es ejercido por dos Cámaras, una de Diputados (compuesta por 92 miembros) y otra de Senadores (integrada por 46). La legislatura bonaerense se caracteriza por su simetría (las dos cámaras tienen poderes similares, ambas tienen la misma capacidad de iniciar proyectos y se requiere de la aprobación de las dos cámaras para que un proyecto sea ley), su congruencia (ambas cámaras tienen la misma base demográfica y el mismo sistema electoral para elegir a los representantes) y la duración de cuatro años en el cargo tanto de senadores como diputados. Es más, en la legislatura bonaerense la única diferencia es que la cámara de diputados duplica el número de asientos de la cámara de senadores. Para las elecciones legislativas, la provincia se divide en ocho secciones electorales1. Entre estas secciones, en primer lugar, las que agrupan a los municipios del interior provincial se encuentran groseramente sobrerrepresentadas. El interior provincial cuenta con el 27% de la población pero obtiene el 57, 6% de la representación en la cámara de diputados y el 56,52% en la de senadores provinciales. En segundo lugar, las secciones en las que se distinguen algunas áreas urbanas de importancia provincial, como la Capital, la sección quinta (en la que se encuentra Mar del Plata) o la sexta sección electoral (donde se localiza Bahía Blanca) también se encuentran sobrerrepresentadas, pero más moderadamente que en el caso anterior. Por último, los distritos más subrepresentados son las secciones primera y tercera, donde se agrupan los municipios del Gran Buenos Aires. “La desproporcionalidad de la representación legislativa en la provincia de Bs. As. es particularmente elevada, premiando a las secciones menos pobladas del interior del distrito y restando representatividad a las áreas urbanas más pobladas, como el Gran Buenos Aires” (Escolar et. al., 2004: 92). www.espaciospoliticos.com.ar

15. Tabla N° 1. Asignación de Diputados y Senadores provinciales por sección electoral. Diputados

Población representada por c/dip.

Senadores

Población representada por c/sen.

1º

321.937

603.632

2º

58.906

129.594

3º

279.852

559.705

4º

37.437

74.876

5º

105.124

231.273

6º

69.453

127.331

7º

48.995

97.990

8º

95.728

191.456

Total

150.295

300.592

Secciones Electorales

Fuente: Elaboración propia a partir de Malamud (2004) y la Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. de Buenos Aires.

Por otra parte, esta desproporcionalidad geográfica (malapportioment) puede generar ventajas comparativas a un partido político en función de la implantación geográfica de sus votantes (sesgo partidario). El malapportionment de la provincia de Buenos Aires coincide con un predominio del Partido Justicialista (PJ) en las secciones subrepresentadas (que representan el conurbano bonaerense) y de la Unión Cívica Radical (UCR) en las secciones más sobrerrepresentadas, es decir, la cuarta y la séptima, sobre todo en esta última (Bozzano, 2003; Escolar et. al., 2004). Por lo tanto, los votos del radicalismo “se encuentran repartidos de manera tal que redundan en mayor aprovechamiento traducible en bancas legislativas en las secciones electorales más representadas y un menor desperdicio en las secciones más subrepresentadas” (Escolar et. al., 2004: 105). Sobrerrepresentación periférica a nivel nacional Las provincias periféricas también se benefician con una sobrerrepresentación legislativa: con un tercio de la población del país reciben cerca del 50% de la representación en Diputados. Esta distorsión deriva del decreto ley 22.847 que fijó el número de Diputados Nacionales que le correspondería a cada provincia a partir de cuatro criterios. El primero, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Constitución, señala que el número de diputados a elegir debe ser uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. El segundo, al número de representantes que surge del primer criterio le agrega 3 diputados para todas las provincias por igual. En tercer lugar, determina que la representación de ningún distrito puede ser menor a 5 diputados. Por último, el número resultante de todos estos criterios no puede ser menor a la representación que tenían antes del 23 de marzo de 1976 (Botana y Mustapic, 1991). Estos autores argumentaron que se introdujeron estos criterios para fortalecer a los electorados relativamente más conservadores del interior del país.

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Sobre la persistencia de estas distorsiones, Calvo y Gibson (2001) y Leiras (2007) sostienen que la coalición periférica, dada su sobrerrepresentación en el parlamento, se convierte en una base electoral de bajo mantenimiento, es decir, “tiene un menor costo por voto o, lo que es equivalente, tiene una utilidad política para el partido reformista que excede los costos económicos de su mantenimiento” (Calvo y Gibson, 2001: 181). Diferencias entre el interior del país y el interior de Buenos Aires Por un lado, en Buenos Aires, (1) el interior de la provincia tiene una mejor condición económica y una menor vulnerabilidad social que el conurbano, (2) la mayoría del superávit en materia de PBG se mantiene en el interior y no se redistribuye hacia el GBA y, finalmente, (3) las secciones que representan al interior se encuentran sobrerrepresentadas en la legislatura provincial, mientras que el conurbano se encuentra subrepresentado (Escolar y Pírez, 2001). Por otro lado, el interior federal es la zona deprimida económica y socialmente con respecto a las provincias centrales (Bs. As., Ciudad, Santa Fe, Córdoba) o al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA- conurbano y capital federal). Por lo tanto, puede sostenerse que la situación socioeconómica del interior bonaerense y del interior federal es opuesta diametralmente con respecto a sus respectivos centros, lo que debilita los argumentos de “bases electorales de bajo mantenimiento” en el caso bonaerense. Un segundo punto que distingue ambos niveles es el sesgo partidario del interior. En el interior federal el partido que recibió ventajas de la distribución geográfica del voto ha sido el Partido Justicialista (partido a cargo del Ejecutivo nacional en la mayoría del período democrático), mientras que en el interior bonaerense el beneficiario es la Unión Cívica Radical (oposición al ejecutivo provincial). Este dato debilita aún más la explicación sobre los costos de la coalición. Reflexiones finales El trabajo describió las distorsiones institucionales que conducen a la sobrerrepresentación de la periferia en el legislativo nacional y bonaerense. La principal conclusión es la debilidad de los argumentos socioeconómicas para explicar fenómenos políticos. Como se mostró, las explicaciones de la sobrerrepresentación en el legislativo que se dan en el nivel nacional (“bases electorales de bajo mantenimiento”, sesgo partidario peronista y congruencia con el Ejecutivo o favorecer a electorados conservadores) no se aplican en la provincia de Buenos Aires. Abriendo la posibilidad a futuras investigaciones, es necesario explorar otras hipótesis que podrían explicar la sobrerrepresentación del interior provincial en la legislatura bonaerense. Por un lado, la existencia de un acuerdo tácito en la dinámica política de la provincia que permitiría la representación del interior en la legislatura bonaerense y la del

15. conurbano en la nacional. Hay que tener en cuenta que el interior bonaerense es la región más subrepresentada del país en el parlamento nacional. Por otro lado, podría avanzarse en la comparación con otras provincias donde ciudades primadas también son subrepresentadas en la legislatura (como La Rioja o Córdoba). Referencias: 1 Para estas elecciones se utiliza la fórmula Hare, introduciendo un grosero sesgo mayoritario en el sistema electoral de la provincia, sobre todo a partir de su polémica tercera etapa. La primera etapa consiste en la operación intuitiva de dividir el número total de sufragios positivos por el número de escaños a repartir, el resultado de esta operación es el cociente electoral. El remanente de votos y bancas por asignar pasa a la segunda fase donde se otorga una banca más a cada partido que haya logrado superar el cociente. Si aún quedaran bancas por repartir, en una tercer etapa, estas son asignadas al partidos con más votos. Este paso beneficia, claramente, a la fuerza mayoritaria. Por lo tanto, “este sistema, que se denomina ‘Hare a la bonaerense’, distorsiona el criterio de proporcionalidad que subyace en cualquier fórmula de cociente, y lo convierte en un método que se sustenta en el principio de gobernabilidad, contrario a la letra electoral” (Varani, 2004: 35). Bibliografía: • Botana, N. y Mustapic A. M. (1991) “La reforma constitucional”, en Nohlen D. y De Riz, L. (comp.) Reforma institucional y cambio político, Buenos Aires, Eudeba. • Bozzano, Gervasio (2003) Fuentes Institucionales del gobierno dividido en la

Provincia de Buenos Aires, Trabajo presentado en el 6to Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Universidad Nacional de Rosario. • Calvo, E. y Gibson, E. (2001) “Federalismo y sobrerrepresentación: la dimensión territorial de la reforma económica en la Argentina”, en Calvo, Ernesto y Abal Medina, J. M. (eds) El federalismo electoral argentino: sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba. • Diéguez, G. (2007) “Distorsiones en la representación política de la provincia de Buenos Aires. Una reseña en perspectiva crítica sobre la agenda institucional de reforma política bonaerense”, Revista Debates Latinoamericanos, año 5, Nº 9. • Escolar, M. y Pírez, P. (2001) ¿La cabeza de Goliat? Región metropolitana y organización federal en Argentina, trabajo presentado en el XXIII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Washington. • Escolar, M., Minvielle, S., Castro, L. (2004) “Sobrerrepresentación periférica y compresión partidaria. El sistema electoral de la provincia de Buenos Aires en las categorías legislativas”, en Tula, M. I. (Ed). op. cit. pp. 83-129. • Leiras, Marcelo (2007) Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático en la Argentina, 1995-2003, Buenos Aires, Prometeo. • Malamud, A. (2004) “Federalismo distorsionado y desequilibrios políticos”, en Tula, M. I. (Ed). op. cit. pp. 71-83. • Varani, J. (2004) “La imprescindible reforma de la ley electoral bonaerense. El caso de la integración de los concejos deliberantes”, en Tula, M. I. (Ed) op. cit., pp. 31-45.

16.

LA COORDINACIÓN DE ÉLITES Y VOTANTES EN LAS PRIMARIAS ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS ARGENTINAS (2011-2015)1

Fernando Domínguez Sardou

Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, UCA. Profesor de la Universidad del Salvador y de la UCA ferdsardou@gmail.com

A partir de las elecciones del año 2009, en las cuales el justicialismo liderado por el matrimonio Kirchner es derrotado por una disidencia de su propio movimiento, se impulsó una reforma electoral que tuvo como objetivo manifiesto la reducción de la fragmentación del sistema de partidos, o dicho de un modo más simple, reducir la cantidad de partidos en el sistema. Para esto, la ley 26.571 -que es la que introdujo la reforma- presentó una serie de reglas que, en los papeles, desincentivan la participación de múltiples partidos2. Sin embargo, esta reducción en la fragmentación se lograría por un simple efecto mecánico: si seguimos a Gary Cox (2004), la incorporación de un nuevo turno electoral llevaría a que tanto élites como votantes tengan que realizar esfuerzos de coordinación para maximizar sus resultados electorales. Como indica este autor, “la buena coordinación electoral implica, www.espaciospoliticos.com.ar

14. necesariamente, la reducción del número de competidores; pero dicha reducción a su vez implica, necesariamente, la selección de los competidores que habrán de sobrevivir” (Cox, 2004: 21). Estos efectos de coordinación deberían ser observados tanto en élites que debieran seleccionar a sus candidatos de manera tal que aquellos que tengan menos chances de ganar depongan sus candidaturas, como en votantes que debieran tender a votar a aquellos candidatos con más chances, y llegar a un equilibrio duvergeriano, donde la cantidad de candidatos en competencia sea uno más que los cargos a distribuir como consecuencia del resultado electoral, o lo que es lo mismo que decir dos candidatos en nuestro caso, para las elecciones presidenciales. Tras dos elecciones con la utilización del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, resulta pertinente preguntarse si estos efectos de coordinación pueden ser observados. Considerando que el Número Efectivo de Partidos no disminuye de manera sustancial en el período examinado (Domínguez Sardou, 2015), se analizará la cantidad de candidaturas que se presentaron para ver si efectivamente se dio un “efecto aprendizaje” que llevara a una coordinación de élites y concentrara la oferta electoral previo a la realización de los comicios. También se contrastará la diferencia de votos de las agrupaciones políticas entre las elecciones primarias y las generales, tanto en 2011 como en 2015, para observar si los votantes tendieron a converger en dos opciones y, de este modo, se dio una coordinación por parte de los votantes donde el esquema de competencia se acercara a un equilibrio duvergeriano. Para todos estos análisis, se observarán solamente las elecciones presidenciales, puesto que son las únicas en las que -en ambos procesos electorales- compiten las mismas listas y candidaturas en un distrito único nacional. En las conclusiones, trazaremos un posible rumbo para la agenda de investigación sobre esta cuestión. Cantidad de candidaturas presentadas en elecciones presidenciales 2003-2015

PASO 2011

10 (En 10 Partidos/Alianzas)

GENERALES 2011 PASO 2015

7 15 (En 11 Partidos/Alianzas

GENERALES 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección Nacional Electoral.

Por el lado de la oferta electoral, es decir del comportamiento de élites, debiéramos advertir una reducción en la cantidad de candidaturas presentadas para elecciones presidenciales. Esto que, si bien se observa desde 2003 de manera sistemática, aumenta proporcionalmente en las elecciones P.A.S.O. de 2011 y, aunque aumenta la cantidad de candidaturas en las P.A.S.O., se mantiene más o menos estable la cantidad de partidos/alianzas que se presentan en elecciones P.A.S.O., así como también la cantidad de candidaturas que llegan a com-

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petir en la elección general. En un primer análisis, implicaría que los partidos están en pleno proceso de aprendizaje respecto a las posibilidades de coordinación que tienen frente a un escenario que les brinda no solo una primera instancia de competencia para dirimir sus candidaturas, sino la necesidad de coordinar para poder pasar los umbrales y límites legales que el sistema establece y llegar a competir en elecciones generales. Un detalle importante a tener en cuenta -y que nos revela el aprendizaje para la coordinación- es que en las elecciones de 2015, por primera vez desde la incorporación del sistema de P.A.S.O., hubo competencia interna en tres de las alianzas que presentaron candidaturas, y las tres compitieron en las elecciones generales. Por el lado de la demanda electoral, es decir del comportamiento de votantes, por una parte, la misma presencia de los umbrales hace que en elecciones generales lleguen aquellos candidatos con más chances de triunfo; mientras que, por otra parte, es de esperar que en las elecciones generales, con la información que cuentan los electores tras el resultado de las elecciones P.A.S.O., sumado a los cambios en la campaña devenidos de ella, los votantes tiendan a converger en los dos actores principales que hacen al equilibrio duvergeriano, es decir, los dos candidatos con chances de ganar. En las elecciones de 2011, este fenómeno se observó claramente, ya que las dos candidaturas que encabezaron los resultados en las elecciones generales absorbieron toda la diferencia positiva de votos entre las elecciones P.A.S.O. y las generales, aunque no se haya afianzado exactamente el voto a las opciones que hayan salido primeras en las P.A.S.O.3 , sí tendió a enfocarse en dos opciones centrales. Diferencia de porcentaje de votos emitidos entre PASO y Elección General 2011 Porcentaje de Votos PASO 2011

Porcentaje de Votos Elección General 2011

Diferencia

FPV

47,40

51,69

+4,29

FAP

9,60

16,05

+6,45

UDESO

11,51

10,64

-0,87

Compromiso Federal

7,71

7,60

-0,11

Frente Popular

11,43

5,60

-5,83

FIT

2,32

2,19

-0,13

Coalición Cívica

3,03

1,74

-1,29

OTROS

1,35

-1,35

Votos en Blanco

4,44

3,50

-0,94

Votos nulos

1,21

0,98

-0,23

Alianza o Partido Político

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección Nacional Electoral.

En las elecciones de 2015, sin embargo, no se observó el fe-

16. nómeno de convergencia hacia las dos opciones más votadas. La alta probabilidad de que ocurriera una segunda vuelta actúa como estímulo e incentivo a los votantes para que se acerquen a fuerzas con posibilidades de negociación, lo que en última instancia también ayuda a controlar y evitar la excesiva fragmentación (Martínez, 1998). Diferencia de porcentaje de votos emitidos entre PASO y Elección General 2011 Alianza o Partido Político

Porcentaje de Votos PASO 2011

Porcentaje de Votos Elección General 2011

Diferencia

33,02

+4,75

35,85

-0,45

20,68

+1,37

3,12

+0,07

a-22,99 CAMBIEMOS

b-3,14 c-2,14

FPV UNA FIT

36,30 a-13,45 b-5,86 a-1,56 b-1,49

Progresistas

3,25

2,43

-0,82

Compromiso Federal

1,97

1,58

-0,39

OTROS

1,72

-1,72

Votos en Blanco

5,06

2,55

-2,51

Votos nulos

1,06

0,77

-0,71

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Dirección Nacional Electoral.

En síntesis, el electorado argentino no pareciera estar comportándose completamente en términos duvergerianos: la cantidad de candidatos efectivos –así como el número de partidos- tiende a reducirse, para lograr un mayor nivel de competitividad, aunque no se concentra en dos opciones ante una eventual segunda vuelta. Sin embargo, se observa el proceso de aprendizaje: por un lado, por parte de las élites que empezaron a utilizar el sistema para unificarse en torno a alianzas electorales más competitivas; y, por otro, por parte de los votantes, quienes conociendo cómo opera el sistema -incluyendo a la segunda vuelta electoral- tienden a fortalecer a opciones políticamente relevantes.

pretendía reducir la cantidad de partidos en el sistema, ¿tiene sentido seguir analizando esta cuestión a partir de los partidos políticos? En 2015, solo 3 fuerzas de 11 que presentaron candidaturas eran partidos y no alianzas, y ninguna de ellas superó el umbral para participar en las elecciones generales. Estudiar a las alianzas nos permitirá comprender mejor si efectivamente estos efectos de coordinación tuvieron lugar en el caso argentino. Referencias: 1 El autor agradece los comentarios y críticas de Patricio Gómez Talavera, Laura Quintana y Gisela Toledo. Todos los errores son propios. 2 Para ampliar sobre cuáles eran estos “desincentivos”, se sugiere ver Tullio y Álvarez Travieso (2015) y Domínguez Sardou (2015) 3 Esto se debió principalmente a factores propios de la dinámica electoral aquí expuesta. Según múltiples encuestas de opinión la fortaleza de Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín se debía principalmente a sus chances de llegar a una segunda vuelta electoral contra la presidenta Kirchner. Cuando este escenario cambia, los votos tendieron a converger al candidato opositor con mayor imagen positiva, el gobernador de Santa Fe Hermes Binner.

Bibliografía: • COX, Gary. 2004. La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Hacer que los votos cuenten. Gedisa, Barcelona. • DOMÍNGUEZ SARDOU, Fernando (2015). Elecciones primarias y su influencia en el comportamiento electoral. El caso argentino (2011-2015). En: Democracia y Elecciones No. 3. México. • MARTÍNEZ, Rafael. 1998. “Efectos de la fórmula electoral mayoritaria de doble vuelta” En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, N° 82: 159-190. • TULLIO, Alejandro y ALVAREZ TRAVIESO, Florencia. 2015. El desafío de la reforma política. Reglas que cambian el juego electoral. Prometeo, Buenos Aires. • VARETTO, Carlos y PALUMBO, Pablo. 2016. “Las PASO están sobrevaloradas.” En: Bastión Digital, 13 de junio de 2016. (Disponible en http:// ar.bastiondigital.com/notas/las-paso-estan-sobrevaloradas).

De todos modos, quedan pendientes, entre otras, una crítica y una pregunta. De este somero análisis se desprende que es necesario ahondar en análisis respecto a las críticas al sistema realizadas por Varetto y Palumbo (2016): el sistema no ordenó la oferta partidaria, sino que fomentó la concreción de coaliciones opositoras con alta facciosidad interna y diversidad ideológica. Fueron estas coaliciones opositoras las que efectivamente aprendieron las reglas del juego, y siguieron la lógica de la coordinación expuesta por Gary Cox. La pregunta pendiente en este sentido es: ya que la regulación www.espaciospoliticos.com.ar

17.

GÉNERO Y CONDUCCIÓN POLÍTICA Agustina Valsangiacomo

Lic. en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Administración Y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés Analista Programa de Gestión Pública CIPPEC agus.valsan@live.com

Nuestra época es testigo de una participación sin precedentes de la mujer en el espacio público y de su progresiva incorporación en el mercado laboral. Sin embargo, la evidencia empírica revela que aún persisten desequilibrios de género que reclaman esfuerzos concretos por parte del Estado. ¿Qué pasa con el acceso de la mujer a los cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional? Con el retorno de la democracia se inició en el país un proceso de inclusión gradual y sostenido de la mujer en la vida política. El fenómeno se evidencia al analizar cómo evolucionó el porcentaje de mujeres designadas en cargos de conducción política en la administración central del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasando de un 4% en 1983 a un 22% en 2016. Porcentaje de mujeres designadas como autoridades superiores por Presidencia (1983-2016)

decisión políticos. Esta segregación de tipo vertical, es explicada desde la teoría por el denominado “techo de cristal”. El término “techo de cristal” sirve para explicar los factores de esta subrepresentación de la mujer en puestos de decisión. Algunos de los factores que afectan su ascenso son: a) la ausencia de modelos referenciales femeninos, fundamentalmente por la predominancia de los valores masculinos; (b) la dificultad para conciliar los tiempos y esfuerzos que demanda una carrera profesional con los destinados al cuidado familiar (tarea atribuida tradicionalmente a la mujer y que representa una fuerte presión sobre el tiempo del que ésta dispone ); (c) el prejuicio prevaleciente en ciertos ámbitos masculinizados o “machistas”, de que las mujeres tienen menos aptitudes para el mando o menos interés por el desarrollo profesional (estereotipos de género); y (d) la reticencia de los hombres a ser liderados por una mujer, entre otros. Para los fines de este artículo, nos concentraremos en la presencia de la mujer en cargos jerárquicos de conducción política. Estos suponen la titularidad de ministerios, secretarías y subsecretarías. Estas autoridades son designadas y removidas a través de un decreto, resolución o nota por una autoridad del gobierno nacional, por lo que suponen ocupaciones basadas en la confianza o afinidad política, fundamentalmente.

Fuente: elaboración propia, CIPPEC.

Los datos aportados por GPS del Estado (www.gpsdelestado. org, un proyecto de CIPPEC y ASAP) sobre las autoridades del Sector Público Nacional (SPN) señalan que las mujeres representan actualmente alrededor del 50% de la fuerza de trabajo empleada por la administración central del PEN (aunque el dato no contempla a las fuerzas de seguridad y defensa). Sin embargo, esta composición casi igualitaria en la base piramidal no se refleja en las altas esferas o puestos de

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La composición de género del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner al iniciar su segundo mandato presidencial (10 de diciembre de 2011) muestra que un 22% de los cargos de conducción política se encontraban en manos de mujeres, sin contar a la Presidenta. Al asumir el gobierno de Mauricio Macri (10 de diciembre de 2015) este porcentaje se mantuvo. A pesar de esta tendencia pareja entre un gobierno y otro, sí se observan caídas en la participación de mujeres en puestos de conducción política a nivel ministerial. Actualmente, el 14% de los Ministerios (3 de 21, incluyendo la Jefatura de Gabinete de Ministros) están dirigidos por mujeres, mientras que en 2011 ese porcentaje era del 19% (3 de 16).

17. Otros datos curiosos: mientras que en 2011 había solo un Ministerio sin ninguna mujer en cargos de conducción política (Ministerio del Interior y Transporte), en 2016 el número subió a dos: el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por otra parte, la cantidad de Ministerios que están por debajo del 15% de participación femenina en cargos políticos pasaron de ser 4 en 2015 a 7 en 2016. Los niveles más bajos de participación femenina se evidencian en el nivel de las Secretarías. Sólo el 13% de las Secretarías estaban ocupadas por mujeres en 2011. La misma cifra se repite para 2016. Las Subsecretarías, en tanto, presentan los valores más altos para ambos años, con un 27% de mujeres en 2011 y un 26% en 2016. Otro elemento para tener en cuenta al analizar el acceso de las mujeres a puestos de dirección es el desplazamiento de la mujer a ciertos ámbitos ocupacionales específicos, habitualmente considerados "femeninos" y poco valorados. Si observamos la composición de género de los cargos políticos de los distintos Ministerios no sólo salta a la vista la baja participación femenina en las cúpulas organizacionales, sino también que su participación es mínima en ministerios cuyas áreas de trabajo son consideradas "masculinas". Algunos ejemplos son: Defensa (0% de participación femenina en cargos políticos en 2016 contra un 11% en 2011), Interior, Obras

Públicas y Vivienda (14% en 2016 contra 0% en 2011), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (0% en 2016 contra 30% en 2011), y Agroindustria (14% en 2016 contra 5% en 2011). Por su parte, en los ministerios que abordan temáticas sociales la presencia femenina es considerablemente mayor. Esto se visualiza claramente en los ministerios de Desarrollo Social (56% de cargos políticos en manos de mujeres en 2016 contra 50% en 2011), Educación (27% en 2016 contra un 29% en 2011) y Salud (40% de mujeres en puestos de conducción política en 2016 contra 20% en 2011). Otro ministerio que presenta elevados niveles de participación femenina para ambas gestiones es Relaciones Exteriores y Culto con un 38% en 2016 y 45% en 2011). Estos datos confirman que el nivel de penetración femenina en los puestos de conducción política del Poder Ejecutivo Nacional es bajo. Adicionalmente, cuando las mujeres logran desempeñarse como autoridades superiores suele ser en áreas tradicionalmente consideradas femeninas, de menor prestigio profesional y/o con menor nivel de jerarquía institucional: para ambos años, casi el 78% de las mujeres que se desempeñan como autoridades superiores revisten rango de subsecretarias. El diseño e implementación de políticas que neutralicen los distintos mecanismos de segregación ocupacional que hoy pesan sobre las mujeres en su desarrollo profesional pueden ayudar a resolver esta inequidad.

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POLÍTICAS DE CUIDADO DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA EN CONTEXTO DE CRISIS FINANCIERAS (ARGENTINA, 2003-2015)

Mariana Rulli1

Mg. en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, FLACSO. Profesora e investigadora del Centro Interdisciplinar de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS) Universidad Nacional de Río Negro. mrulli@unrn.edu.ar

Desde las visiones heterodoxas y críticas de la economía, el problema de la desigualdad es una de las mayores preocupaciones de la actualidad que se contraponen al paradigma ortodoxo de la economía que promulga el libre funcionamiento de los mercados como la forma de alcanzar la perfecta asignación de recursos en una sociedad (Piketty, 2015). La economía feminista realiza una contribución específica al plantear las raíces económicas de las desigualdades de género y la organización social del cuidado como determinante de esa desigualdad (Rodríguez Enríquez, 2015). Si bien algunos países latinoamericanos han puesto en práctiwww.espaciospoliticos.com.ar

18. ca en los últimos años políticas con una perspectiva de género desde lo discursivo, orientadas a prevenir o minimizar los efectos injustos de la economía sobre las mujeres, lo cierto es que continúan asumiendo y/o colocando una carga de trabajo desproporcionada sobre los hombros de las mujeres, aumentando y profundizando así las desigualdades ya existentes. La dispar distribución de los tiempos de cuidado entre hombres y mujeres, y las políticas públicas que la invisibilizan, consolidan o intentan reducir sin mayor éxito, constituyen ejemplos concretos y dramáticos de la discriminación de género. En este trabajo se analiza la problemática de género en contexto de crisis económica y financiera. Existen tres motivos que justifican este ejercicio y análisis: (i) Las crisis exacerban las desigualdades de género estructurales preexistentes, feminizando aún más la pobreza; (ii) constituyen una ventana de oportunidad para debatir e introducir reformas que aborden de manera profunda la problemática; y (iii) las perspectivas de la economía mundial, las reformas estructurales y medidas de austeridad en la que se han embarcado muchos países nos obliga a pensar en estrategias eficaces para enfrentar un panorama aún más sombrío en términos de desigualdad de género. Es decir, las crisis financieras y las consecuentes políticas de ajustes que los gobiernos suelen implementar como respuesta, afectan desproporcionadamente a los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos las mujeres2. Y estas consecuencias desiguales de las crisis financieras y las políticas de austeridad no son accidentales. Ellas constituyen más bien un efecto previsible, lo cual justifica calificarlas como discriminatorias. Estas consecuencias desiguales se montan, a su vez, sobre estructuras patriarcales preexistentes que no hacen sino agravar aún más la situación de ellas. Todo esto debería llevarnos a concebir políticas para no sólo prevenir y minimizar la marginación de las mujeres en tiempos de crisis, sino que también breguen por transformaciones más profundas y eficaces que lleguen a las raíces económicas de la discriminación contra las mujeres. Argentina entre 2003 y 2015 se presenta como un caso interesante en términos de crisis económica y financiera, implementación de políticas macroeconómicas heterodoxas que se alejaron de la ortodoxia monetarista neoliberal e implementación de políticas públicas dirigidas a generar un impacto en las condiciones económicas y sociales, especialmente de las mujeres. Éstas pueden clasificarse en dos tipos: por un lado, aquellas diseñadas con una perspectiva de distribución de ingresos que han tenido un impacto en términos de pobreza, igualdad, inclusión social y la mejora de las condiciones económicas como (i) el Plan de Inclusión Previsional argentino que permitió que accedieran al sistema más de 2 millones de personas de más de 70 años, de las cuales el 87% fueron mujeres3. Y, (ii) la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga prioridad en su titularidad a las mujeres, que para abril de 2014 más de 3 millones de niños/as eran beneficiarios de la AUH, de los/as cuales el 97% de los titulares adultos de los be-

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neficios eran mujeres y, desde su implementación, el sistema de asignaciones familiares pasó de cubrir el 54% de los menores de 18 años al 82%. Por el otro, las políticas públicas dirigidas a los cuidados de la infancia, como (i) las nuevas reglamentaciones de licencias de maternidad y paternidad (incluyendo los tiempos de lactancia), (ii) la obligatoriedad de escolarización a partir de los 4 años desde 2015, (iii) la promoción y regulación de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios para mejorar las ofertas de cuidado para niños menores de 3 años y, (iv) el nuevo Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares. Del análisis se concluye que las políticas públicas en materia de cuidados implementadas en Argentina durante el periodo estudiado han implicado ciertos avances, pero son insuficientes, limitados y, en particular, desiguales. Existen así importantes deudas y desafíos pendientes. En particular porque aún no se ha alcanzado una fase de discusión (académica, política, social, jurídica) en torno al cuidado y el diseño de sus políticas que tengan su eje en la sostenibilidad de la vida y los derechos humanos y no en su total subordinación al mercado laboral. En el caso de las políticas que implicaron transferencias de ingresos se observó lo ya planteado. La moratoria jubilatoria permitió acceder a muchas mujeres a una jubilación no contributiva pero no incorporó una perspectiva de género y de cuidados al sistema previsional dados su carácter excepcional y su falta de reconocimiento a las mujeres que no contribuyeron porque cuidaron. La AUH, si bien ha masificado la cobertura de las asignaciones familiares al sumar el pilar no contributivo, no logró la universalización y la desigualdad que reproduce es múltiple: socioeconómica, de distintos requisitos y condicionalidades; regionales; de género y según el tipo de familia. Es decir, ambas políticas, al otorgar un beneficio jubilatorio o incorporar un pilar no contributivo al régimen de asignaciones familiares, continúan ligando el acceso a la condición laboral y no desde un enfoque de ciudadanía y derechos. En consecuencia, en pos de mejorar (aun limitadamente) la redistribución del ingreso se contribuye a diluir y contaminar la agenda de equidad de género. En las políticas de tiempo para cuidar, también se han evidenciado limitaciones y desigualdades. El mayor problema es producto de la desconexión entre la precariedad laboral y la precariedad de los cuidados, subordinando, también, las necesidades humanas de cuidado a las necesidades de los mercados. Así, tanto el impacto de las políticas de licencias de maternidad y paternidad como las de los servicios de cuidado y educación a la infancia y las políticas de empleos formales para las que cuidan develan escenarios de desigualdad socioeconómica y de género. En síntesis, si bien el gobierno kirchnerista implementó una política macroeconómica heterodoxa frente a la crisis, que incluyó una reducción extraordinaria de la deuda, los programas de transferencia de recursos y de cuidados de la infancia, aun cuando implicaron una fuerte inversión pública, no

18. llegaron a afectar las causas profundas de la discriminación contra la mujer que se representa. Esta es una lección que debería aprenderse: no se trata sólo de inversión de recursos públicos sino también de cómo y para qué se los aplica. Si no se visualizan los fundamentos económicos en el campo de los cuidados, las herramientas para eliminar la discriminación contra las mujeres serán inevitablemente ineficaces. En tiempo de crisis esto es particularmente gravoso para las mujeres, pues el efecto acumulativo de la discriminación y la pobreza recaerá principalmente sobre sus hombros. Por eso mismo no sorprende que la crisis financiera global iniciada en 2008 haya tenido un notable impacto negativo en las condiciones sociales, en las restricciones financieras y fiscales de un gran número de países, inaugurando una década de ajustes (Ortíz et.al, 2015). En América Latina y el Caribe, entre 2012 y 2015, trece países comenzaron a plantear reformas de austeridad y ajustes. Argentina, con el nuevo gobierno de Macri, no es la excepción y ya se ha comenzado a plantear el debate e implementación de un número de políticas de austeridad, consolidación fiscal y endeudamiento. Este escenario nos da una pauta de lo sombrías que son las perspectivas para las mujeres cuando pensamos en el campo del cuidado en Argentina. La prevalencia de mujeres empleadas en el sector informal, su pesada carga de trabajo, su papel preponderante en el cuidado de los/as hijos/as y de los miembros enfermos/as y ancianos/ as de la familia, su limitado acceso a la tierra, la propiedad y la seguridad social, su importante papel en el abastecimiento de agua y alimentos para sus familias, son algunos de los factores que hacen a las mujeres más vulnerables frente a las dificultades económicas asociadas a la deuda y a la austeridad4. Así, es vital poner en el centro del debate y de las investigaciones académicas la histórica y sistemática conexión que existe entre cuidados-desigualdad-exclusión. Esta es una vía para comenzar a concebir y construir consensos nacionales y globales en torno a las políticas del derecho al cuidado. Este trabajo intenta contribuir con el doble objetivo de la economía feminista: el académico y el político. En términos académicos, al analizar, señalar y denunciar las limitaciones de las políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas vinculadas a las prestaciones dinerarias y a las políticas de tiempos para cuidar. Y en términos políticos, al denunciar las desigualdades existentes y alertar sobre el escenario y ciclo perverso actual de crisis financiera y económica global, las consecuentes medidas de ajuste y austeridad y sus implicaciones negativas en términos de género. Poniendo especial énfasis en el concepto de ciudadanía es necesario discutir una agenda feminista transformadora de las políticas de los cuidados y la conciliación de los tiempos. Esa agenda debe promover la internalización de las desigualdades sexuales existentes para que se comiencen a sembrar las bases de una transformación cultural profunda que ponga en el

seno del debate a la sostenibilidad de la vida. Por otra parte, el derecho al cuidado implica también el derecho a elegir si se desea cuidar o no, así como sus condiciones. Esta es una discusión también pendiente que está invisibilizada detrás de los problemas vinculados a las desigualdades de género de la organización social del cuidado y sus condiciones. A mi entender existen por lo menos dos grandes deudas hoy en la Argentina, que imposibilitan de una manera muy concreta que la agenda feminista transformadora constituya el marco para el debate y diseño de políticas públicas que desafíen y ataquen a las desigualdades existentes. Por un lado, la falta de instrumentos e indicadores de medición a escala nacional y provincial diseñados desde una visión no androcéntrica. La implementación de encuestas de usos de tiempos pueden colaborar sustancialmente en el reconocimiento de la distribución inequitativa de los cuidados y ser claves para el diseño de políticas públicas transformadoras (Esquivel, 2015). Por el otro, la exclusión sistemática de las mujeres de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles (incluidas las medidas de austeridad y el diseño de políticas sobre cuidado). Para forjar una agenda feminista y transformadora es necesario asegurar la participación efectiva e igualitaria de las mujeres en la vida pública. Referencias: 1 Este artículo es un resumen de la ponencia presentada en el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 12 al 15 de septiembre de 2016. 2 Véase ONU, A/67/304 (2012) Informe del experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos. Disponible en línea en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/GA67session.aspx 3 ELA (2011) Sistema previsional en Argentina y equidad de género. Situación actual (2003-2010) y perspectivas futuras. Buenos Aires, septiembre 2011 (Mimeo). 4 ONU, A/64/279 (2009), Informe de Magdalena Sepúlveda Carmona, Experta independiente sobre derechos humanos y la extrema pobreza disponible en línea en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N09/452/79/PDF/N0945279.pdf?OpenElement y ONU, A/67/304 (2012) Informe del experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos. Disponible en línea en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/ GA67session.aspx Bibliografía: • Esquivel, V. (2015): El cuidado; de concepto analítico a agenda política, Nueva Sociedad Nro 256, Marzo –Abril 2015, Buenos Aires, pp. 63-74. • Ortíz, I. (et. al) (2015): The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020, OIT, Ginebra. • Piketty, T. (2015): La economía de las desigualdades. Cómo implementar una redistribución justa y • Rodríguez Enríquez, C. (2015): Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad, Nueva Sociedad Nro 256, Marzo –Abril 2015, Buenos Aires, pp. 30-44.

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(DES)IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO1 Mg. Mariana Rulli CIEDIS, UNRN mrulli@unrn.edu.ar

Dra. Guadalupe Peter UNRN-CONICET gpeter@unrn.edu.ar

Dra. Silvia Torres Robles UNRN storresr@unrn.edu.ar

Las desigualdades de género atraviesan todos los espacios de nuestras sociedades debido a que están cimentadas sobre la base del modelo patriarcal y androcéntrico. Las mujeres sufrimos esta desigualdad en la distribución de ingresos, en el acceso y desempeño en el mercado laboral, en el acceso a la justicia y a la seguridad social, en la participación política, en el ámbito doméstico y (mal llamado) privado, solo por mencionar algunas de ellas. La desigualdad en la participación de las mujeres de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y de instituciones de la sociedad civil, incluso en las universidades, es una de las deudas aún pendientes de la democracia que imposibilitan forjar una agenda feminista y transformadora que constituya el marco para el debate y diseño de políticas públicas que desafíen y ataquen a las desigualdades existentes. Si bien en 2015 se alcanzó un récord histórico de 27 mujeres líderes en el mundo ocupando los cargos más importantes de sus países, la participación política de las mujeres aún está lejos de alcanzar la igualdad. Nuestro país ocupa el puesto 22 entre 145 países en el ranking de Empoderamiento Político del Foro Económico Mundial (2015), el puesto 24 en proporción de mujeres en el Parlamento

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y el 51 en mujeres en cargos ministeriales. Mientras que acaba de dejar una mujer el puesto de Presidente, por primera vez 5 mujeres son gobernadoras provinciales: María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego).2 Actualmente, en el gabinete nacional Macri designó solo tres ministras: Susana Malcorra (Relaciones Exteriores), Patricia Bullrich (Seguridad) y Carolina Stanley (Desarrollo social) que, junto a Gabriela Michetti en la vicepresidencia, suman un total de sólo 4 mujeres en los altos mandos de aproximadamente 20 cargos disponibles. En el Congreso Nacional, la implementación de la Ley de Cupo Femenino en 19913 ha implicado un impacto positivo en el aumento de la participación de las mujeres4, aunque también insuficiente. Ya que si bien actualmente el 40% de los escaños están ocupados por mujeres, a más de 20 años de la ley, la mayoría de las listas legislativas continúan encabezadas por varones, las mujeres no ocupan cargos de poder en las comisiones más relevantes del parlamento y tampoco se ha alcanzado la paridad. Lo que significa que el cupo femenino ha implicado avances sus-

tantivos pero ha funcionado como un “techo de cristal” y no como un piso mínimo. El caso de la provincia de Río Negro no es la excepción. Actualmente, el gobernador y el vice son varones y nunca una mujer ha ocupado esos cargos. El gabinete provincial solo cuenta con dos mujeres: Mónica Silva (Educación) y Silvia Arrieta (Turismo). De los 39 municipios sólo 4 están gobernados por mujeres5. En la Legislatura provincial de 45 legisladores, 20 son mujeres. Esto es así porque la legislación provincial sobre el cupo femenino establece que las listas de candidatos a legisladores deben respetar la participación equivalente de género6. En la educación superior, el escenario no es diferente. De todas las universidades e institutos universitarios que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el 89% de los rectores son varones, solo 6 rectoras de 55 instituciones. Tampoco la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) es una excepción a un cuadro general de desigualdad de género. Es por ello que poner en el centro de las investigaciones a la histórica y sistemática desigualdad y exclusión de la mujer en los espacios públicos es vital para comprender el fenómeno multidimensional de la(s) desigualdad(es) y, consecuentemen-

19. te, alimentar el debate y promover una agenda feminista transformadora, también en y desde el lugar de la mujer en las universidades. La mujer en la Universidad Nacional de Río Negro La UNRN está organizada institucionalmente en tres sedes académicas regionales: la Sede Atlántica, la Sede Andina y la Sede Alto Valle-Valle Medio. Es por eso que la universidad tiene como autoridades superiores al rector y tres vice-rectores por cada sede. La universidad (a nivel Rectorado) cuenta con cinco secretarías: (i) Secretaría General; (ii) Secretaría de Programación y Gestión Estratégica; (iii) Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil; (iv) Secretaría de Extensión; (v) Secretaría de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología7. Asimismo, la UNRN cuenta con tres consejos de gobierno compuestos por los claustros y por instituciones de la comunidad: (i) el Consejo de Programación y Gestión Estratégica, (ii) el Consejo de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, y (iii) el Consejo de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil. Cada sede académica también cuenta con sus tres consejos. Según datos oficiales “las mujeres representan en toda la UNRN un 52 % de los docentes, un 48 por ciento de los no docentes, un 43 % de las autoridades superiores y más del 59 por ciento de los estudiantes”8. Si bien estos datos muestran una proporción casi igualitaria, al analizar los datos más profundamente estos porcentajes se reducen considerablemente y se desvela el escenario de desigualdad que se presenta a continuación. En la actualidad, el rector y los tres vicerectores de la UNRN son varones. Desde la creación de la universidad en 2009, solo una vez hubo una vice-rectora mujer en la Sede Andina. De las cinco secretarías del rectorado, tres son ocupadas por mujeres9. En el caso de las direcciones de las 50 carreras (licenciaturas, ciclos de complementación y tecnicaturas) relevadas10, 33 directores son varones, es decir, el 66%

de los cargos de direcciones. Los consejos de la universidad están compuestos por el 65% de varones y el 35% de mujeres11. Esto significa que la UNRN no es un escenario de igualdad de género en términos de participación política y, además, que la reglamentación electoral funciona como un techo para el ingreso de mujeres y no como un piso mínimo. La promoción del ingreso de las mujeres en los cuerpos colegiados se realiza a través de la incorporación de cupos o cuotas en la reglamentación electoral. En este sentido, el sistema electoral tiene un importante efecto en la distribución de cargos entre géneros. Sin embargo, en las últimas elecciones de autoridades de la UNRN la Junta Electoral realizó una interpretación rígida de la legislación en perjuicio de las posibilidades y oportunidades de que más mujeres resultaran electas12. En claustro de docentes de la Sede Atlántica13, la relación entre la cantidad de mujeres y varones es casi de paridad: 100 docentes son mujeres y 105 son varones. Planteando, en una primera mirada, un escenario de igualdad. Sin embargo, al desagregar los datos según carácter (regulares/interinos) y categoría docente, encontramos diferencias relevantes en perjuicio de las mujeres. En el caso de los regulares, es decir, los que pueden ocupar cargos electivos: 27 docentes regulares son mujeres y 48 son varones. Esto implica una desigualdad significativa, ya que los varones accedieron en un 64% más a los cargos regulares y estables que les permiten participar en los actos electorales, ya sea como electores o como candidatos. Más aún si se analizan los datos según la categoría docente: de los profesores titulares regulares 2 son mujeres y 1 varón; de los profesores asociados regulares 12 son varones y 3 son mujeres, y en los adjuntos regulares encontramos 16 mujeres y 22 varones. A partir de esta brecha, y debido a que existe paridad en las proporciones de docentes, podemos decir que la masa crítica con que cuenta la universidad es igual entre géneros. Pero al analizar los cargos regulares se puede concluir que los

requerimientos educativos y académicos para que las mujeres ocupen esos cargos son aún mayores que los requeridos para los varones. Es decir, se les demanda para los mismos cargos mayores capacidades a las mujeres. Y aun habiendo mujeres con igual o superior capacitación y experiencia, son los varones los que ocupan los puestos de decisión. Por ejemplo, las 3 mujeres profesoras asociadas regulares poseen título de doctorado (requisito para el cargo según el Estatuto), mientras que de los 12 varones sólo 6 de ellos lo acreditaron. Esto significa que en la UNRN las probabilidades de ascender en el escalafón docente son mayores para los varones que para las mujeres, aún sin cumplir los requisitos formales. Si bien el Estatuto establece la consideración de formación equivalente al doctorado para acceder el cargo, esta equivalencia sólo se hace efectiva en el caso de los varones. En este sentido, una de las figuras que representa la desigualdad es el diagrama tijera, en el que se puede representar que las mujeres, a pesar de ser (casi) la misma cantidad en las aulas, laboratorios y centros de investigación, van descendiendo a medida que se asciende en el escalafón docente. También, varios autores han señalado que otro factor que afecta la promoción y ascenso laboral en las mujeres es la presencia de hijos. Según Sánchez de Madariaga (2012) para el caso español, un hombre con hijos tiene cuatro veces más probabilidades de ser promovido a profesor titular que una mujer con hijos y antecedentes académicos y profesionales similares. Por lo tanto, también son deseables políticas vinculadas al reconocimiento de los cuidados y de de la maternidad en los antecedentes profesionales. En el caso de los claustros de estudiantes y graduados, según el padrón utilizado en las últimas elecciones en 2015, el 55,4% de los estudiantes son mujeres, sin embargo, el Centro de Estudiantes está presidido por un varón y de las 12 secretarías que lo componen sólo 4 están ocupadas por mujeres. En la Memoria UNRN 2014 consta que en la Sede Atlántica www.espaciospoliticos.com.ar

19. el 72% de los graduados fueron mujeres (29). De los graduados varones, el 63% egresó de la Licenciatura y la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana. En el caso de los profesorados, el 86% de los graduados fueron mujeres. En el claustro no docente de la Sede Atlántica el 45,8% son mujeres. Durante 2015 comenzaron a desarrollarse los concursos para las categorías más altas del personal no docente. En dichos concursos, del total de los inscriptos a rendir el 46% eran mujeres, de los jurados titulares de los concursos, las mujeres superaron el 50%. Estos datos son solamente ilustrativos y demuestran la necesidad de analizar y discriminar en futuras investigaciones, los cargos y categorías en el escalafón no docente según género. Sin dudas, el camino hacia la eliminación de las desigualdades de género implica una combinación de políticas, cambios en las legislaciones y por supuesto, cambios culturales en todos los ámbitos de la sociedad. Mayor democracia implica igualdad de participación y eso, es especialmente relevante en términos de género. A pesar de algunos avances en lo discursivo y limitadas acciones implementadas, en los campos científicos, tecnológicos y académicos persisten las desigualdades de género. Y tal como surge del análisis realizado, la UNRN no es una excepción: los datos indican que en la UNRN existe un escenario académico y político desigual, discriminatorio en contra las mujeres. También se observa una escasa y casi nula predisposición para implementar medidas y políticas de acción positiva tendientes a alcanzar la igualdad de género en la universidad, lo que se puede ejemplificar con algunos hechos y omisión de políticas de sistematización de datos muy importante. Por un lado, la impugnación por parte de la lista oficial a la Lista Espacio Plural con una interpretación insólita de la Ley de Cupo Femenino. Pero más grave aún, la decisión de la Junta Electoral de solicitar a la Lista Espacio Plural la re-adecuación (y posterior adecuación de oficio) para poder participar de los comicios, porque se le imputó “tener demasia-

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das mujeres en una lista”. La posición de la Junta Electoral (y hasta su misma composición: en la actualidad 4 varones y una mujer) es sólo un emergente de la falta de consciencia de la gravedad del problema de la desigualdad de género en la UNRN y su correlato en la escasez o inexistencia de políticas laborales y de gobierno que aspiren a una igualdad efectiva. Por otro lado, la dificultad para la realización de esta investigación debido al limitado acceso a los datos y a la no discriminación de éstos según género en la UNRN. Tanto la sistematización como la recopilación de datos estadísticos e información son vitales para el diseño de políticas. Que la universidad no disponga de herramientas diseñadas con un enfoque de género no androcéntrico que le permitan delinear e implementar políticas de acción positiva de géneros es un ejemplo del desinterés y falta de voluntad para llevarlas adelante. Es por ello que la tarea de recopilación, sistematización y análisis crítico de la información contenida aquí cumple un doble objetivo político y académico que nos hemos planteado. También nos permite señalar la necesidad de ampliar el análisis hacia las otras sedes de la universidad y profundizar sobre otras problemáticas. Además, deberían ser encarados estudios cualitativos sobre políticas vinculadas con los cuidados y las necesidades de la ciudadanía universitaria respecto de este tema, ya que la desigualdad en la distribución de esos cuidados constituye una de las bases veladas del sistema socio-económico patriarcal y capitalista que genera una desventaja para las mujeres estudiantes así como para las investigadoras y docentes. Los estudios de la/os experta/os en este área, identifican en esa dinámica doméstica invisibilizada frente a los ojos del Estado y la sociedad, la raíz –y al mismo tiempo, la llave para las posibles soluciones- de la discriminación laboral y de la participación política de las mujeres. Frente a ese cuadro desigual, propiciamos fomentar el debate para concebir herramientas y políticas que impliquen efectos positivos y transformaciones más

profundas en la búsqueda de una universidad igualitaria. Ya que sin compromiso institucional –que se traduce en acciones concretas y sistemáticas así como asignación presupuestaria- no es posible el avance hacia la igualdad. Concretamente, proponemos la creación de una Comisión de Igualdad en la UNRN que tenga como función central la sensibilización, formación e investigación, representación y prevención del acoso y violencia de género. Referencias: 1 Trabajo preparado para su presentación en el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 12 al 15 de septiembre de 2016. 2 Información disponible online en: http://www. udesa.edu.ar/medios/lorena-moscovich-mujeresparticipacion-politica-y-poder 3 Ley Nacional Nro. 24.012. 4 Véase: http://www.udesa.edu.ar/medios/lorenamoscovich-mujeres-participacion-politica-ypoder 5 Allen, Los Menucos, Cervantes y Conesa. 6 Ley Provincial Nro. 3717. 7 Véase http://www.unrn.edu.ar/index.php/institucional 8 Disponible en línea en: http://www.unrn.edu. ar/index.php/88-institucional/comunicacioninstitucional/noticias-principales/noticiasbreves/493-se-conmemora-el-dia-internacionalde-la-mujer 9 Este dato corresponde a marzo de 2016; debido a que el resto de la información pertenece al año anterior, cabe destacar que en 2015 solo una de las cinco secretarías estaba ocupada por una mujer. 10 Se han relevado las que poseen la información disponible en la página web de la UNRN. Al menos 4 carreras de grado no contaban con esa información disponible públicamente. No existen datos para las carreras de posgrado. 11 Se excluyen aquí los miembros externos. 12 Véase ponencia completa en donde se realiza un análisis del último proceso electoral a nivel universidad en 2015. 13 Se presentan datos para la Sede Atlántica porque las tres autoras son investigadores de la mencionada sede. En la actualidad se están recopilando los datos para las otras sedes.

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LA INFLUENCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA FORMACIÓN DE LA AGENDA INSTITUCIONAL. NUEVOS DESAFÍOS EN LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Diego Martín Furnari

Mg. en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales (UNLP). Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (UCALP) furnaridiego@hotmail.com

Introducción. La identificación de las demandas presentes en el sistema social por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado, constituyó históricamente el punto de partida para el desarrollo del ciclo de políticas públicas, cuyo objetivo ineludible es la satisfacción de la ciudadanía. La manera en que dicho proceso se desarrolla fue variando a lo largo de la historia respondiendo, fundamentalmente, a la aparición de nuevos actores y dispositivos que tornaron cada vez más compleja esta situación. En ese marco y previo a la influencia de la globalización en la toma de decisiones del Estado, el ciclo antes mencionado consideraba que la identificación de las problemáticas surgían como consecuencia de la mayor o menor permeabilidad de la agenda política a las demandas sociales transmitidas o “interpretadas” a través de los medios de comunicación, e incluso autodefinidas por el propio gobierno. Para ello, el Estado establecía una serie de prioridades para “filtrar” la gran cantidad de reclamos y convertirlos en temas públicos prioritarios para su resolución. La globalización y fundamentalmente la mediatización de la sociedad como consecuencia de la irrupción de las Tic’s (nuevas tecnologías de la información y comunicación) brindaron las condiciones adecuadas para la aparición en el escenario descripto de una nueva agenda impuesta por actores cuya participación y peso específico tornaron infinitamente más complejo el proceso decisorio del Estado: la opinión pública como una agenda en sí misma. El presente artículo busca reflexionar brevemente respecto de algunas consecuencias de este fenómeno novedoso y, en algunos casos determinante, para la formulación de la agenda institucional por parte del Estado que, sobre todo en Améri-

ca Latina, continúa con el proceso de reconstrucción a partir de los nuevos desafíos impuestos por la globalización. Acerca de la opinión pública. La opinión pública es al mercado político lo que la demanda del consumidor es al mercado económico (Parsons, 2007). Esta afirmación procura demostrar su influencia en la definición de la agenda política y, por tanto, en la formulación de políticas públicas. En tal sentido, el Estado necesita insumos para poder definir las prioridades al momento de tomar decisiones con respecto a cómo resolver los problemas de la sociedad. Los mismos pueden provenir de diversos sectores. En primer lugar, aparecen en el seno mismo de la agenda institucional o política, como consecuencia de la ideología, objetivos de gestión, problemas detectados previamente, etc. En segunda instancia, es la propia sociedad (en sus múltiples formas de asociación) la que se manifiesta e intenta trasladar sus problemas desde la agenda social hacia la política. Por último, aunque no menos importante, encontramos la aparición de la agenda de los medios como un eslabón que generalmente se posiciona en medio de las dos primeras, influyéndolas para instalar los temas que son de su propio interés. En efecto, los medios de comunicación masivos influyen en la agenda social (y por tanto en la opinión pública), pero ésta última, como veremos más adelante, ha comenzado a tener impacto en la agenda institucional (Parsons, 2007). Ahora bien, muchos han abordado con anterioridad el tema de la opinión pública. Alexis de Tocqueville, en su obra La Democracia en Américo de 1835, destacó la influencia de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia estadounidense y, por tanto, la importancia de la opinión de dicho secwww.espaciospoliticos.com.ar

20. tor con respecto al sistema político. Lo que hoy enfrentamos es una dimensión novedosa de un fenómeno antiguo, potenciado por la aparición de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías que acercan al ciudadano y al Estado. Uno de los autores que mejor ha abordado este tema ha sido J. Habermas, quien sostuvo que opinión pública significa cosas distintas según se contemple como una instancia crítica en relación a la notoriedad pública normativamente licitada del ejercicio del poder político y social, o como una instancia receptiva en relación a la notoriedad pública, representativa o manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de consumo y de programas (Habermas, 1994). La influencia de la opinión pública en la construcción de las agendas. En la actualidad resulta innegable el peso específico que tiene la opinión pública en la construcción de las agendas (social, política y/o mediática), transformándose en un factor de presión para quienes toman decisiones tanto en el ámbito político como mediático, imponiendo temas de discusión y abandonando la tradicional pasividad que caracterizaba al público. En el esquema tradicional (obsoleto en la actualidad), la opinión pública se moldeaba de acuerdo a los requerimientos, exigencias o necesidades de los medios masivos de comunicación como del gobierno. Incluso hemos pasado por etapas en donde se magnificó la influencia de los medios a la hora de “formar opinión”, dejando de lado las capacidades reflexivas que el público posee (al menos potencialmente) a la hora de analizar la realidad y emitir juicio al respecto. Ahora bien, dicha realidad respondía a un contexto global en donde la abrupta expansión de los medios masivos de comunicación, sumado al desarrollo de las Tic´s, brindaban el marco de referencia adecuado para creer que efectivamente el poder de la “mass media” era total. Hoy ese circuito se ha visto modificado en el mundo entero, a través del cambio de paradigma en tres grandes etapas, variando con ello el protagonismo distinto en la relación con los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, en una primera etapa, en la Argentina durante los 70’ (Martinez Pandiani, 2004), el paradigma dominante era el político, el cual era tan poderoso que condicionaba a los medios masivos de comunicación, imponiéndole su propio ritmo y las reglas de juego. Ello obligaba a los principales actores mediáticos a adoptar los temas de agenda que el poder de turno pretendía dar a conocer. En otras palabras, la relación política-medios (y sus agendas) se desarrollaba en términos de una virtual “centralidad política de la comunicación”. Es decir que la construcción de las agendas (mediática y social) tenía origen casi exclusivo en el poder político, quien definía las relaciones con los otros actores e imponía las condiciones de producción de los mensajes. Ello establecía un modelo de política pública centralizado por la agenda política. La segunda etapa se desarrolla durante los 90’ y se observa que la relación antes descrita comienza a invertirse. Este

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período se caracterizó porque fueron los medios masivos de comunicación quienes imponían su propio ritmo y establecían las reglas de juego a la política. La agenda política tuvo que aprender a adaptarse a dicha realidad, a responder a las exigencias de los medios, a sus tiempos y a los temas que ellos definían como prioritarios en un momento dado y en virtud de sus propios intereses (privados). El exponencial crecimiento del poder e influencia de los medios masivos de comunicación, convirtió el paradigma mediático en el dominante, conduciendo a una centralidad comunicacional de la política. Esta etapa marcó la primacía de los medios de comunicación en la construcción de la agenda política y social (esta última aún con poca visibilidad). Ahora bien, hasta aquí sólo se ha tratado la relación entre las agendas política y mediática, claras protagonistas durante las dos primeras etapas, sin hacer referencia a la agenda social, aquella en la que se define la opinión pública. Ello responde a que sólo luego de los efectos de la globalización en el campo de las telecomunicaciones, es posible comprender el resurgir de la agenda social en la disputa de los espacios de poder respecto a los actores tradicionales, gracias a la fuerza renovada de la opinión endógena de los públicos dentro de dicha agenda. Esta incursión rompió con el viejo esquema de relaciones de poder y lucha por la influencia en la conformación de las agendas y por tanto, en el esquema de la política pública. Desestabilizó los centros de poder gracias a la inclusión de un tercer actor que hasta el momento era un simple espectador y receptor pasivo de los productos que surgían como consecuencia de la relación descripta en los párrafos precedentes. Ello nos permite hoy hablar de una tercera etapa, no mencionada por Martinez Pandini, en donde la agenda social comienza a tener un peso tal que condiciona tanto a los medios como a la política (y por tanto a sus agendas), imponiendo tópicos, temas relevantes y exigiendo espacios de discusión para sus prioridades. Por tanto, la opinión pública logra imponer sus propias reglas de juego a las cuales los restantes actores deben amoldarse (en algunos casos aún lo están haciendo). Una consecuencia fundamental de este fenómeno radica en cómo la opinión pública afecta la agenda institucional, entendiendo que quienes definen las políticas públicas que impactan directa o indirectamente en los ciudadanos que participan dentro de dicha agenda, es precisamente el Estado. En este contexto, la agenda institucional se ha visto obligada a abrir nuevos canales de diálogo, espacios alternativos de recepción y decodificación, incorporando además, tópicos no tradicionales a la discusión política y, por tanto, a la esfera de la política pública. Incluso, la opinión pública ha sabido valerse de los medios masivos de comunicación como herramientas de presión, incluso como instrumentos para exponer las falencias del poder político o el simple desinterés que muchas veces demuestra al dejar de lado temas sumamente sensibles pero que tienen poco valor para el poder de turno.

20. Lo interesante de este cambio radica en cómo se han modificado las estrategias de recepción y respuesta por parte de la agenda institucional respecto de las otras dos, pero en particular de la que representa la opinión pública, alterando el balance en la relación entre los tres actores que disputan espacios de poder en la sociedad. Ello abre un sinfín de interrogantes respecto de los nuevos desafíos que la agenda institucional tiene por delante en pos de superar esta etapa a través de la incorporación de las demandas y en la conformación de un sistema político ágil, eficiente e inclusivo, alcanzando lo que todo poder político quiere: ganar más espacios de poder. Ello obliga al Estado a reinventarse e incorporar nuevas estrategias y herramientas para hacer frente a este contexto. Implica, por tanto, superarse, evolucionar y dejar atrás las

viejas prácticas que lo alejaban de la ciudadanía, en pos de un novedoso sistema de formulación de política pública. Bibliografía: • Bobbio, Norberto (2014); “Estado, Gobierno y Sociedad”; Editorial Fondo de Cultura Económica, México: D.F. • Habermas, J. (1994); “Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida púlica”; Editorial Editorial Gustavo Gili, Barcelona. • Martinez Pandiani, G. (2004); “Marketing Político. Campañas, Medios y Estrategias Electorales”. Ugerman Editor. • Parsons, Wayne (2007); “Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas”. Editorial FLACSO, México.

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COMUNICAÇÃO POLÍTICA: CRÍTICA À RELAÇÃO ENTRE POLÍTICOS, CIDADÃOS E VEÍCULOS Marcos Marinho M de Queiroz

Mestre em Comunicação, Universidade Federal de Goiás. Professor de Comunicação Política – PUC Goiás. marcos@mmarinhomkt.com.br

Geralmente são nos períodos eleitorais que se percebe com mais clareza o distanciamento entre os políticos – aqui entendidos como mandatários ou postulantes ao mandato -, e os cidadãos eleitores. Fora destas agendas há pouca interação entre estes grupos, o que atribui bastante peso aos veículos de comunicação que se encarregam de fazer e entregar aos eleitores alguns recortes sobre seus eleitos. Enquanto principal lente utilizada pelos cidadãos para significar seus políticos, é basicamente desconhecido da maioria dos espectadores-cidadãos o fato de não estarem sendo completamente informados sobre as atuações dos mandatários, ou de outras figuras políticas, e de serem assim impedidos de formar uma imagem mais fiel sobre estes atores.

O custo desta situação é sensivelmente percebido por ambos os lados desta relação. Os eleitores tendem a ficar cada vez mais arredios e crentes no fato de que os políticos nada fazem em seu bem, ou apenas cometem falcatruas e corrupções, pois é isto que ocupa o maior tempo da mídia quando o assunto é política. Os políticos percebem a crueldade desta situação quando precisam, de tempos em tempos, renovar seus votos para se manter no poder e recebem portas fechadas, desinteresse e desconfiança por parte daqueles que lhes podem garantir a permanências nas cadeiras legislativas ou executivas. Por seu lado, os veículos midiáticos, aparentemente, são os únicos que conseguem tirar uma mais-valia desta situação, pois se estabelecem como “verdadeiros esclarecedores” da população, como “lentes da

verdade” sobre um grupo que não merece a confiança do seu “querido” telespectador/eleitor. Em uma de suas obras, o pesquisador argentino Nestor Canclini corrobora conosco ao dizer que: Não foram tanto as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares, nem a sensibilidade excepcional de alguns movimentos alternativos na política e na arte, quanto o crescimento vertiginoso das tecnologias audiovisuais da comunicação, o que tornou patente como vinha mudando desde o século passado o desenvolvimento do público e o exercício da cidadania. [...] Foram estabelecidas outras maneiras de se informar, de entender as comunidades a que se pertence, de conceber e www.espaciospoliticos.com.ar

21. exercer os direitos. Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público recorre à rádio e à televisão para conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam: serviços, justiça, reparações ou simples atenção. (Canclini, 2008: 38-39) É muito interessante observar como as grades de programação de muitas emissoras de televisão e rádio ocuparam faixas específicas de seus horários com programas que supostamente fazem a ponte entre os cidadãos e o poder público. Uma miríade de apresentadores e locutores que se destacam fazendo o papel de interpelador dos políticos, geralmente dos executivos municipais e vereadores, cobrando-lhes soluções para demandas apresentadas, algumas “ao vivo”, pelos telespectadores. Como verdadeiros paladinos da justiça social, estes atores midiáticos acabam por ganhar respeito, e até certa devoção por parte daqueles que são menos amparados, o que lhes passa a atribuir também um grande capital político capaz de influenciar diretamente nas urnas. No Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos e em outros países já não é novidade figuras da mídia ocuparem cadeiras extremamente poderosas do metiê político. Nesta disputa desigual temos os cidadãos praticamente com nenhum espaço de fala o suficiente para se fazerem ouvir quando decidem manifestar suas insatisfações e reivindicações, os políticos que, mesmo com seus púlpitos nas câmaras, assembleias e palácios, não conseguem impactar as massas que se distanciaram do cotidiano da atividade política e assim não ouvem suas vozes e os veículos de comunicação aparentemente estão a lucrar com tal situação. Cabe aqui um adendo quanto à falta de habilidade da maioria dos mandatários em estabelecer canais efetivos e perenes de comunicação com suas bases, uma inconteste prova de desconhecimento ou, no mínimo, desmerecimento das técnicas de marketing político. Alcançando grande relevância no dia a dia dos cidadãos, o impacto do rádio, cinema e TV foi, e ainda é, fator considerável para a evolução das percepções sobre cidadania e da evidenciação do espaço de manifesta-

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ção desta. Canclini (2008: 129), analisando o século XX, afirma que “o rádio e o cinema contribuíram na primeira metade deste século para organizar os relatos da identidade e o sentido de cidadania nas sociedades nacionais”. Ao fazer referência ao papel deslocador das mídias em relação à cooptação dos indivíduos que deixaram suas atividades interpessoais nas ruas, locais onde se conversava e significava os assuntos da polis, e partiram para frente de monitores que lhes traziam pré-prontas essa significação, Tuzzo afirma que [...] podemos então pensar que a relação de cidadania foi transferida das ruas, da cidade para uma relação existencial transmitida pelos meios de comunicação, o que nos faz refletir sobre a possibilidade do reconhecimento que seja ser cidadão ser recriado pela mídia, que redefine o conceito e reapropria de valores o cidadão atual. (Tuzzo, 2014: 166) Tendo então a comunicação política se deslocado para os ecrãs e alto-falantes, agenciadas por mediadores que, talvez, não tenham em conta os objetivos dos cidadãos, mas os seus próprios, ou de seus empregadores, é premente que pensemos sobre forma, conteúdo e novos meios de intermediação comunicacional entre políticos e cidadãos. Disto decorrem, em nossa perspectiva, os possíveis horizontes da própria democracia, das sociedades e estruturas políticas. O impacto dos conteúdos veiculados pelas redes midiáticas é sensível na significação que os telespectadores fazem do mundo à sua volta, o que fatalmente lhes direcionará as ações. Por se tratar de áreas que podem ser consideradas como pilares da sociedade, comunicação e política permeiam, se não todas, as principais disputas ocorrentes na atualidade. O domínio dos meios de comunicação por grupos de poder, quando não em consonância com os grupos de poder político, é motivo de grandes embates político-midiáticos, do qual os cidadãos são espectadores “inocentes” e acabam por tornarem-se massa de manobra de ambas as partes. Segundo Rubim, Em suma, a comunicação – associada às

conformações e possibilidades de mídia, lógica capitalista, campo social e rede – (re)constitui-se como mônada gravitacional específica, como esfera da poder especializado que se defronta com outros poderes e, dentre eles, a política, ressignificando não apenas essas relações, mas a própria e singular circunstância societária. (Rubim, 2000: 29) O papel da mídia é sobremaneira importante para a manutenção e evolução da sociedade, da disseminação e apropriação da cidadania, mas em contrapartida também pode adotar função diametralmente oposta nos casos de decidir alienar e doutrinar sua audiência de acordo com seus interesses particulares. Deve ser função dos veículos midiáticos dar espaço para que a classe política se conecte com a sociedade em direção à formação/manutenção de sua imagem, pois sem este espaço para dar visibilidade às suas ações em prol do eleitorado pode ocorrer um vácuo representacional na mente dos cidadãos, já que não existirá a “materialização” das ações do político. A comunicação política deve ser reconhecida como algo além da dispersão de mensagens enviadas pelos políticos ou pelo Estado em direção aos eleitores-cidadãos. Vários autores que tratam de comunicação pública já deixaram isto deveras evidenciado. Espaço, clareza, constância e bilateralidade, no nosso entender, devem ser os pilares de sustentação do único processo capaz suportar o modelo de sociedade que nos está posto atualmente nos países democráticos e livres: plurais, desiguais e em crise de identidade. Bibliografia: • Canclini, Néstor G. (2008). Consumidores e Cidadãos. Trad. Maurício Santana Dias. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora URFJ. • Rubim, Antonio Albino Canelas. (2000). Comunicação e política. São Paulo, Hacker Editores. • Tuzzo, Simone Antoniaci (2014). “O Lado Sub da Cidadania a Partir de Uma Leitura Crítica da Mídia”. In: Paiva, Raquel; Tuzzo, Simone Antoniaci (Org.). Comunidade, Mídia e Cidade: Possibilidades comunitárias na cidade de hoje. Goiânia: Fic/ Ufg, 2014. Cap. 8. p. 151-180.

22. EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES.

LA CIVILIZACIÓN ANÁLOGA VS. LA CIVILIZACIÓN DIGITAL Emiliano Calvo

Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de La Plata. calvoemiliano@gmail.com En tiempos donde el prefijo pos vuelve a ser la vedette, la incertidumbre reina, y existe un proceso de búsqueda por la afirmación de una identidad. En este sentido, la búsqueda por esa identidad se resuelve parcialmente en una alusión sobre la etapa precedente. La posmodernidad critica a los preceptos de la modernidad, pero los necesita para afirmarse por su incompletitud. Lejos quedó el ágora griego, o las plazas públicas, hoy la opinión pública recorre un proceso de metamorfosis kafkiana, y transitan un paso acelerado y no planificado hacia la nueva geografía que ofrecen los medios digitales. Ya lo expresaba Žižek, la esencia de la tecnología no tiene su razón en la irrupción de nuevos dispositivos o instrumentos tecnológicos, sino que modifican la forma en la que se estructuran el modo de vinculación social. Esta situación permite afirmar que el medio ya no es medio, ni mensaje. Haciendo un pasaje al plano político sobre el papel que desempeña la tecnología Runciman desde una perspectiva nostálgica y apesadumbrada, enuncia el peligro que acarrea una tendencia de colocar en el plano de la obsolescencia a la política. Haciendo una lectura de Žižek, la tecnología se ha convertido en el reloj de estos tiempos, el cambio es la constante, y lo efímero la centralidad de las relaciones sociales al menos las intermediadas por dispositivos e instrumentos tecnológicos, mientras que la política constituye el último resabio de la modernidad como espacio temporal. Ese choque de civilizaciones hoy transversaliza la mayoría de nuestras acciones. Un dato particular sobre cómo ese choque de civilizaciones está tan presente en nuestra vida lo arroja un informe del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, donde la irrupción del concepto de incidentalización toma el centro de la escena y no sólo da muestra de cómo el modo de vinculación a partir del uso de la tecnología preconfigura el nexo con lo real, sino que además lo carga de sentido. El aspecto negativo sobre el sentido es justamente el achicamiento de sentido, lo incidental supone lo accesorio, por ende la particularización es la práctica que se construye. No hay más relatos o sucesos, sólo nos quedan hechos. La política expresa la crudeza de este choque de civilizaciones, sin duda en su faz comunicacional. El punto de partida es la definición de Riorda sobre la comunicación política, entendiéndola como el intento de control de la agenda pública. Realizando una lectura entre líneas, la definición presupone la existencia de un campo de disputa en el amplio territorio que constituye la agenda pública, amplitud que además refleja una suerte de yuxtaposición de actores y lógicas que pugnan por la realización de sus intereses. En este sentido, se enmarca

lo ocurrido en la pugna política entre el gobierno anterior y el grupo Clarín: la puja por el sentido. Puja que presentó componentes clásicos en los conflictos en la relación entre medios de comunicación y la política, pero también se entrecruzaban discusiones acerca de la convergencia tecnológica y la posibilidad de concentrar dispositivos y formas de comunicar (prestar el servicio de cable, el servicio de internet y el de telefonía móvil). La discusión de fondo era por sobre el monopolio o posición dominante en la construcción del discurso y el sentido común. En la dimensión política, esa irrupción de la tecnología se traduce en el pasaje de la democracia de partidos a la democracia de audiencias. En esta arena de la comunicación política se visualiza esa tensión existente entre ambas civilizaciones, donde todavía coexisten formas de comunicar asociadas a tipos más modernos y también existen formas de comunicar ligadas a los instrumentos y herramientas tecnológicas. Si en el ámbito de la comunicación política cohabitan estas modalidades, sólo cobra sentido porque en el ámbito de lo social cohabitan dos tipos de sujetos a los cuales interpelar. Un sujeto más ligado a la concepción moderna de la democracia y de los sistemas de partidos y, por otro lado, existe un sujeto que se interpela a partir de nuevas modalidades, teniendo como centro los dispositivos tecnológicos. Esa es la realidad en la que hoy se desenvuelve la comunicación política. Una constante tensión de dos mundos que se presentan diferentes y antagónicos, pero que se encuentran en el terreno de la política. Porque sigue siendo la política el ámbito por excelencia donde no sólo existe espacio para los meta relatos que nos empujan hacia adelante, porque sigue siendo la política el escenario donde se explicita el fenómeno de la representación, porque sigue siendo la política ese reservorio donde nos podemos volver a encontrar con nosotros mismos, porque la política sigue siendo el primer y último vestigio de humanidad. Bibliografía: • Bourdieu, Pierre. La opinión pública no existe.(1972). Conferencia impartida en Arras. • Derrida, Jacques. De la gramatología. (1967). Siglo XXI, México. • Mario Riorda y otros. Manual de comunic.política y estrategias de campaña, candidatos, medios y electores en una nueva era. (2011). Biblos, Bs As. • Habermas, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. (2009) Barcelona, Editorial Gustavo Gili. • Slavoj, Žižek. El sublime objeto de la ideología. (1992). Editorial Siglo XXI. México.

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Dossier Innovación

GONZALEZ MAGAÑA

p.55

PIDES Innovación Social Comunidades más abiertas, sustentables e inclusivas

1. PAONESSA

p.49

Editorial

2. CUESY

p.50

ASHOKA Impulsar colaborativamente cambios de paradigma a gran escala

7. ARAIZA

p.57

SOCIAL TIC La tecnología al servicio de los individuos y las organizaciones sociales

p.52

RutaN Una hoja de ruta para la innovación

4. MEROLA/KREIMER

p.56

CAF La capacitación de capital humano, clave para el desarrollo de América Latina

LABORATORIO PARA LA CIUDAD La metamorfosis del gobierno

3. VILLA

6. ASINELLI

DE MARCOS/PORRES

p.58

FORMARHUB FUNDATION Sumando liderazgo e innovación en el Sistema Educativo de la Región

p.53

GIGLI/ORSI/MARTIN

PROGRAMA CIUDADES PARA EMPRENDER Una herramienta de promoción de la innovación en los gobiernos locales

p.60

EDITORIAL

n los últimos años, incorporamos en la Revista una sección especial para destacar proyectos e iniciativas con impacto público que se vienen desarrollando en toda la región. En 2013, hablamos de datos abiertos y plataformas de open data que se utilizan con el fin de transparentar la gestión de los gobiernos y empoderar el libre conocimiento. En 2014, abordamos hackatones, maratones de trabajo colaborativo y creativo donde participan programadores, diseñadores, activistas cívicos, emprendedores y funcionarios públicos, entre otros. En 2015, seleccionamos algunas experiencias de Gobierno Abierto para exponer las prácticas que se vienen implementando en la región. Este año tomamos como eje la innovación y reunimos un grupo de casos que, desde diferentes espacios, se proponen generar un impacto positivo en el ámbito público. Para ello, convocamos a Laboratorio para la ciudad (México), RutaN (Colombia), Ashoka (Argentina, Paraguay y Uruguay), PiDES (México), CAF, Social Tic (México), Formar HUB (Estados Unidos) y el Programa de Ciudades Emprendedoras (Argentina) para que compartan los desafíos y oportunidades que enfrentan en esta área de trabajo.

En cada uno de los artículos podemos identificar diferentes abordajes y miradas de la innovación: proyectos en el centro de la administración pública, iniciativas de capacitación regional, procesos de colaboración público-social. Todos los sectores están representados. Estos aprendizajes compartidos nos llevan a destacar principalmente tres ideas. Uno, emprender implica confiar en la capacidad de agencia, es decir, ser consciente y creer que uno puede cambiar un contexto y crear futuro. Dos, estos procesos no se pueden realizar solos, para innovar con impacto público es preciso sumar a la comunidad y trabajar en equipo, creando sinergias con el entorno. Tres, es necesario comenzar por uno, empezar un proceso de innovación en tu propia organización es el paso más difícil, pero el primero para replicar esa transformación en la sociedad civil. Esperamos que esta selección de casos y las ideas plasmadas en ellos, los animen a impulsar iniciativas en sus propias organizaciones, involucrando a la comunidad, de modo que todos tengamos la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio. Lic. Laura Paonessa Directora Ejecutiva

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2. LABORATORIO PARA LA CIUDAD

LA METAMORFOSIS DEL GOBIERNO Diego Cuesy

Analista de política pública Laboratorio para la Ciudad @diegoemilio21

Innovar en el gobierno La innovación es el concepto más difundido y menos comprendido en el sector público. Cualquier gobierno que tenga voluntad de innovar, necesitará cuestionar permanentemente la forma en que funciona.

La intersección de ciencias y disciplinas antes aisladas están abriendo un mundo de posibilidades para entender y transformar nuestro planeta. A su vez, gracias a los avances tecnológicos tenemos muchas herramientas para comunicarnos y para generar, almacenar y procesar conocimiento.

En 1999, durante la infancia de internet, se publicó el Manifiesto Cluetrain (Levine et al.) (http://tremendo.com/cluetrain/). Este manifiesto consiste en 95 postulados que cuestionan el discurso y modus operandi de las empresas ante el crecimiento de la red de redes. Después de 17 años, sus conclusiones aún son válidas:

Sin embargo, en 17 años se ha transformado más la medicina, con sus nuevas herramientas y alcances, o la telefonía, con sus nuevas posibilidades de comunicación, que la administración pública tradicional.

• 1. Los mercados son conversaciones. • 9. Las conversaciones en red hacen posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de conocimientos. • 12. No hay secretos. El mercado en red sabe más que las empresas acerca de sus propios productos. Y ya sea que las noticias sean buenas o malas, se las comunican a todo el mundo. • 19. Las compañías necesitan bajar de su pedestal y hablarle a la gente con quien esperan establecer relaciones. Parece obvio que aquellas organizaciones que se acoplan a internet y se transforman a sí mismas tienen más oportunidad de perdurar. Sin embargo, cuando sustituimos las palabras “mercado” por “gobierno” y “empresa” por “ente público” esta obviedad desaparece ¿Los gobiernos son conversaciones? ¿Los partidos políticos o las secretarías de Estado bajaron de su pedestal para establecer relaciones con la gente?

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La innovación está ligada con la apertura y con la creatividad. La apertura como una actitud de aceptación de nuevas ideas, métodos y cambios para generar ciclos de mejora continua, y la creatividad como la capacidad de ver múltiples respuestas a cualquier situación que aparentemente no pudiera tener solución, como la facultad de crear algo de la nada, novedoso, diferente. La cultura organizacional y normas predominantes en el gobierno generan condiciones adversas a la innovación. Por ejemplo, el enfoque de la comunicación de un ente público suele vender soluciones en vez de compartir evidencia demostrable del éxito, las estrategias de liderazgo en la perpetuidad organizacional en vez de la creación de valor; las relaciones en lo formal (en el protocolo) en vez en lo funcional (en el desempeño). En las decisiones, predomina la ideología en vez de la evidencia, la planeación tiende a ofrecer una serie de órdenes en lugar de caminos para descubrir soluciones. La visión sobre un error suele ser personalista (hay un culpable) en vez de sistémica (algo no funciona). Por ello, muchas de las acciones de los servidores públicos, aquellos en la ventanilla o en el escritorio, se orientan más a su interés que al

2. LABORATORIO PARA LA CIUDAD desempeño organizacional. A pesar de existir voluntad para la innovación, ésta generalmente se percibe como un fin en sí mismo, cuando en realidad es un medio para resolver problemas y generar valor. También se percibe exclusivamente como un producto o servicio, tratándose también de procesos, ideas, lenguajes y sistemas. El potencial del gobierno local La Alianza para el Gobierno Abierto ha reconocido a los gobiernos locales como más capaces que su contraparte nacional debido a que tienen un impacto más directo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Además, las ciudades son entes políticos, económicos y culturales con cada vez mayor relevancia en las relaciones internacionales. Si combinamos el producto interno bruto de las 28 megaciudades del mundo, equivale al producto de Brasil e India juntos, o al la suma de los de Alemania y Japón. Además, existen alrededor de 200 redes de aprendizaje entre ciudades, tantas como el número de organismos intergubernamentales. En las ciudades los fenómenos globales adquieren su identidad; la pobreza y la desigualdad, el consumo energético, el cambio climático, la violencia, la corrupción. Pero también en la ciudad (como ecosistema de personas, organizaciones, culturas, conductas, recursos, interacciones, normas y leyes) es donde por ósmosis se activa la creatividad para generar novedades. El Laboratorio para la Ciudad En este contexto (Ciudad de México, 2013) nace el Laboratorio para la Ciudad, el primer laboratorio de gobierno en América Latina. Su función es experimentar, es decir, poner a prueba, examinar, conocer algo mediante la práctica, ya sea científica o artística. En el Laboratorio somos un equipo de alrededor de 20 personas, que pensamos la ciudad a través de intersecciones de la arquitectura y el diseño con la política pública y el derecho, la ingeniería con el cine y la historia. El equipo reconoce que el recurso más valioso de la Ciudad de México es la diversidad de personas e ideas que la habitan, por lo que creemos vemos al Laboratorio como una serie de conversaciones que hacen posible el surgimiento de nuevas formas de organización y de intercambio de conocimiento. En tres años, el Laboratorio ha recorrido una curva de aprendizaje en la que el debate sobre el significado de impacto ha sido central. La conclusión es buscar un equilibrio entre la ciencia social dura (econometría y estadística) y el arte fluido. Una parte importante del impacto del Lab se encuentra en la disponibilidad de nuevas herramientas para la ciudad. Algunas de estas herramientas son: • Pubpub es una plataforma digital para compartir publi-

caciones y revisarlas de forma colaborativa desarrollada a partir de una colaboración con el MIT Media Lab. Su objetivo es ofrecer una alternativa más transparente y abierta a quienes buscan redactar políticas públicas, leyes y normas. La herramienta se utilizó en el debate (http://pubpub.labcd.mx) para definir política ante empresas de aplicaciones móviles de transporte privado, para definir la estrategia de internacionalización de la Ciudad de México (http://constitucioncdmx.pubpub.org/) y para recibir propuestas para la Constitución de la Ciudad de México (http://constitucioncdmx.pubpub.org/). • El crowdsourcing ciudadano como herramienta para generar datos abiertos. Gracias a los aprendizajes de Mapatón y del Sondeo Imagina tu Ciudad (http://constitucioncdmx. pubpub.org/), donde participaron 264 mapeadores y 183 brigadistas respectivamente; en el Lab generamos recomendaciones para que otras dependencias y organizaciones de la sociedad civil puedan replicar este tipo de ejercicios. • Las plataformas de petición en línea como herramienta para que cualquier ciudadano, a través de la priorización colectiva, pueda situar un tema en la agenda pública. A partir de los aprendizajes del Movimiento Voces Ciudadanas en la Constitución, el Laboratorio crea recomendaciones para diseñar un mecanismo institucional oficial de petición. Otra parte del impacto del Lab se encuentra en el resultado del diseño de experiencias de interacción entre personas de diferentes sectores. Nos han descrito un puente, un nodo, una bisagra. Un colaborador fuera del gobierno alguna vez nos describió como lubricante para acelerar procesos; un colaborador dentro del gobierno alguna vez nos describió como el psicólogo del servidor público. Los Laboratorios públicos son un primer paso hacia la transformación del gobierno. Sin embargo, el reto mayor es la transformación radical del gobierno y de sus instituciones. Un gobierno que funcione como una plataforma pública, con distintas interfaces, capaz de catalizar la energía social en la solución de problemas y generación de valor colectivo. La innovación no puede convertirse en una cajita más del organigrama de la burocracia. Ésta debe ser transversal y multinivel: desde el servidor público operativo hasta el titular, desde la coordinación al interior de una dependencia como hacia afuera. De lo contrario, la innovación se limitará a buenas intenciones y a acciones esporádicas. La expectativa es que en el futuro no existan Laboratorios para la Ciudad, sino que cada ente público, en sus distintas áreas y niveles, esté compuesta por servidores públicos curiosos, creativos y colaborativos, con los espacios y las herramientas necesarias para poner a prueba sus ideas y ajustarlas ante la retroalimentación que reciban.

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3. RUTA N

UNA HOJA DE RUTA PARA LA INNOVACIÓN Paulina Villa

Directora Distrito Medellín Innovación

RutaN es el centro de innovación y negocios de Medellín, en el que todo proyecto de base tecnológica, científica o innovadora, puede encontrar las conexiones para desarrollar un modelo de negocio, acceder a nuevos mercados o hallar los fondos para crecer.

gía e innovación para los sectores salud, energía, TIC y otros transversales a ellos, trabajó de la mano de la Universidad del Rosario y el Instituto Tecnológico de Monterrey, en un documento que contiene las principales acciones a realizar en estos campos entre los años 2012 y 2021.

Poseemos una oferta de programas para emprendedores y empresarios, universidades e investigadores, ciudadanos, estudiantes e inversionistas, con el fin de generar una cultura y promover una economía basada en el conocimiento a través de negocios innovadores.

Así, a través del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (Plan CT+i), se da a conocer el camino que el Sistema Regional de Innovación debe tomar para que, de manera conjunta, podamos hacer de Medellín una ciudad competitiva, un polo de desarrollo, y un territorio donde el conocimiento hace parte del progreso económico y social.

Lideramos la evolución económica de la ciudad hacia actividades intensivas en Ciencia, Tecnología e innovación de forma incluyente y sostenible. Para esto nos basamos en el fortalecimiento de las instituciones y el fomento de la circulación de las ideas y del capital necesario para hacerlas realidad. En Ruta N apoyamos todo tipo de proyectos de base tecnológica o científica, que se caractericen por su alto impacto y capacidad de generar cambios en la ciudad, y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de la innovación. En esencia innovar es tener una idea nueva y desarrollarla, para generar valor medible con ella. Para que una idea se convierta en innovación, se necesita que transforme la realidad, beneficie a muchas personas y se incorpore a la vida cotidiana. No basta con tener una idea, hasta que alguien no se interese en ella y la comercialice, no se podrá decir que es una idea innovadora. La innovación debe ser transversal y ser realizada por todo tipo de organizaciones. El Pacto por la Innovación, una iniciativa liderada por Ruta N, es un acuerdo de voluntades que han firmado también muchas entidades públicas y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está liderando con nuestra ayuda, un movimiento para que la administración municipal mejore sus capacidades de innovación en este cuatrenio y la administración pública sea la que más innove en el país. Ruta N, en su labor de ofrecer a la ciudad una hoja de ruta para la realización de proyectos en temas de ciencia, tecnolo-

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Planes a futuro Esperamos lograr que las inversiones en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACT+i), superen el 3% del tamaño de nuestra economía a 2021 (PIB). Medellín superó la meta del 1% para 2015 como acción del Pacto por la Innovación y es hoy una de las ciudades líderes de Latinoamérica en esos temas. También queremos ser el líder en compras públicas innovadoras, un trabajo que ya venimos adelantando en los dos últimos años. El ecosistema innovador ha ganado, pero aún le falta mucho para las metas que nos hemos propuesto, para que la innovación sea el mayor motor de mejoramiento socio económico de la ciudad. Hoy se contribuye de forma decidida, pero el camino restante es aún largo. Estamos en la mitad del camino. Para conocer más: Qué es innovación: https://vimeo.com/106611309 Pactos por la Innovación: http://www.medellinnovation. org/gran-pacto-medellinnovation/ Plan CT+i: http://rutanmedellin.org/images/programas/plan_cti/Documentos/Plan-de-CTi-de-Medellin.pdf Informe de gestión 2015 : http://rutanmedellin.org/images/rutan/informes_gestion/ informe_gestion_rutan_n_2015.pdf

4. ASHOKA

IMPULSAR COLABORATIVAMENTE CAMBIOS DE PARADIGMA A GRAN ESCALA Daniela Kreimer

Directora Ejecutiva de Ashoka para Argentina, Uruguay y Paraguay

Maria Mérola

Directora Ashoka Joven para Argentina, Uruguay y Paraguay

¿Qué es la innovación? ¿Cómo podemos impulsar procesos de innovación para el bien común? ¿Podemos incentivar desde las organizaciones de la sociedad civil la creación de bienes públicos que promuevan soluciones innovadoras a los principales problemas de nuestras comunidades? Desde nuestro trabajo en Ashoka, vemos día a día cómo las respuestas a estas preguntas que nos hacemos a diario se enriquecen, se transforman y evolucionan. Ashoka es una organización mundial que nació gracias a una muy buena idea, allá por los años 80 en la India. Su fundador, Bill Drayton, se inspiró para crear la organización a partir de su experiencia en el sector privado, como consultor de negocios de la firma McKinsey. En su rol como asesor de empresas y emprendedores, comenzó a identificar a aquellas personas con cualidades extraordinarias que emprendían una iniciativa nueva, con el objetivo de solucionar un problema público a gran escala, y en definitiva, de cambiar paradigmas en torno a la resolución de esa

La primera gran innovación de Ashoka fue entonces aplicar un término acuñado por el sector privado (el “emprendedor”) para abarcar una nueva dimensión, mucho más rica y transformadora, como la generación de valor para el bien común, desde la innovación social. Desde Ashoka explicamos el trabajo de nuestra red de emprendedores de la siguiente manera: un emprendedor de Ashoka no da pescado, tampoco enseña a pescar, sino que revoluciona por completo la industria de la pesca.

en Ashoka empezamos a vislumbrar un nuevo desafío: en un mundo en constante cambio, existen nuevos paradigmas que ya son una realidad, pero que para realizarse por completo y en beneficio de todas las personas exigen la acción coordinada entre emprendedores sociales, y otros sectores muy diversos de nuestra sociedad. La empatía como eje de una nueva educación, la experiencia de transformar el entorno en la formación de todos los jóvenes, y la colaboración entre los sectores público, privado y social son nuevos paradigmas que definen el mundo de hoy, y permiten equipar a todos los ciudadanos con las habilidades necesarias para protagonizar los cambios que nuestro mundo necesita para alcanzar el bien común. La innovación toma entonces una nueva dimensión: ya no se trata de innovaciones específicas en sectores bien definidos, sino de impulsar colaborativamente cambios de paradigma a gran escala.

Después de décadas de potenciar a emprendedores sociales de alto impacto,

Es así como en Ashoka interactuamos diariamente con diversos sectores. La

problemática. Bill llamó emprendedores sociales a estas personas, inaugurando así un término que se instalaría a partir de entonces en todo el mundo. Ashoka, la organización que creó para identificarlos, vincularlos entre sí y ayudarlos a escalar sus soluciones, ya lleva más de 35 años de vida, durante los cuales ha creado y nutrido la mayor red mundial de emprendedores sociales, que hoy ya cuenta con más de 3200 miembros.

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4. ASHOKA clave está en buscar la creación de bien común conjunto. La diversidad de miradas y abordajes nos permiten promover contextos de abundancia en los que la innovación emerge. La colaboración multisectorial e interdisciplinaria es todo un reto, por demás enriquecedor. Aquellos equipos que se han embarcado en dichos procesos han adoptado la colaboración como metodología de trabajo a la hora de innovar, y generan así, impacto social. La búsqueda de innovación para el impacto social de la mano del sector público ha sido y sigue siendo una práctica muy enriquecedora en la que los emprendedores sociales de Ashoka tienen la oportunidad de plasmar soluciones innovadoras a los problemas más apremiantes de nuestra sociedad. Sus proyectos se transforman en programas de gobierno e inspiran a los hacedores de políticas públicas para la generación de nuevas leyes superadoras. Un ejemplo de ello es NIDO: Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidad. Un proyecto impulsado por Ashoka, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras organizaciones sociales que tuvo como misión promover la inclusión social de los barrios más vulnerables a través del desarrollo de sus potencialidades, a través del impulso de las capacidades emprendedoras, educativas, artísticas y culturales de la comunidad. NIDO comenzó a desarrollarse en el barrio porteño del Bajo Flores, más precisamente en el barrio 1.11.14, de la mano de organizaciones locales y vecinos. El objetivo del proyecto era romper las murallas que existen entre la ciudad y la villa y generar un puente de oportunidades en ambos sentidos. Esto último se logró con la implementación de un concurso de innovación social, a través del cual se detectaron emprendimientos locales de alto impacto social para el barrio. Se los alentó, visibilizó y premió con capital semilla y con oportunidades de networking con empresas varias. Además, se gestaron dos empresas sociales: Arbusta con foco

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en el desarrollo de oficios digitales y oportunidades de trabajo para jóvenes y mujeres del barrio y una Aceleradora Textil cuya misión es la de empoderar a los pequeños talleres textiles locales para que mejoren sus condiciones de trabajo y de ingresos. El proyecto NIDO permitió, a través de la innovación en las metodologías de abordaje, visibilizar las infinitas potencialidades de los vecinos de la 1.11.14, conectarlos con oportunidades de mercado y de formación, y generar desarrollo económico local en una de las zonas más pobres de la Ciudad. Además, sentó un antecedente exitoso en el que el Estado construyó soluciones innovadoras para la mejora de la calidad de vida de las personas junto a organizaciones de la sociedad civil y empresas, todos bajo una misma premisa: construir bien común a partir de las capacidades que se encuentran en todo ser humano. En Ashoka hemos comprobado que las mayores innovaciones suceden en el cruce de diversos sectores de actuación. Un ejemplo de ello son los negocios con propósito, negocios que nacen para solucionar una problemática social fruto del encuentro entre un emprendedor social y una empresa o un emprendedor social y el mercado. A raíz de las prácticas de muchos emprendedores sociales de la red en este ámbito, Ashoka, junto a 3 emprendedores sociales de Argentina, se acercó al Ministerio de la Producción de la Nación para acompañarlo en el desarrollo de un área que impulsara la creación de cadenas de valor con impacto social en empresas y organismos públicos. A través de dicho proyecto, el Estado está transformando prácticas de innovación en programas de gobierno con el fin de incentivar a las empresas a adoptar una mirada de valor compartido tanto en sus cadenas de valor como en sus productos y servicios. Los emprendedores sociales de Ashoka comparten su conocimiento y mejores prácticas con miras en la incidencia pública y el impacto a escala potenciado por el alcance de los programas y leyes del Estado.

No son pocos los desafíos que se presentan a la hora de colaborar multisectorialmente en la creación de programas y proyectos de alcance público. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que es la forma más enriquecedora de encontrar soluciones a los desafíos más grandes que como humanidad enfrentamos. ¿Qué es entonces la innovación? Después de décadas de impulsar iniciativas de impacto para el bien común, estamos convencidos de que innovar se basa nada más ni nada menos que en conocer y desarrollar las habilidades y características más propias y fundamentales del ser humano: la empatía, la capacidad de liderar y trabajar en equipos, la iniciativa para transformar nuestro entorno. Es a partir de una profunda conexión con lo esencial de nuestra humanidad que podemos desplegar las capacidades que nos permiten colaborar de formas no tradicionales, conectar elementos que no estaban unidos, y generar nuevas oportunidades para todos. En un mundo que cambia y plantea nuevos desafíos cada vez más rápido, es nuestra responsabilidad como ciudadanos mirar más allá de las barreras y los “silos” a los que estamos acostumbrados, y buscar nuevas formas de colaborar; unir capacidades y valor para producir bienestar público. Se trata de un desafío que, si bien parece grande, nos interpela en un aspecto central de nuestra humanidad. Y quizás innovar sea exactamente eso: reconocernos como seres humanos y actuar en consecuencia. Cualquiera sea nuestro rol en la sociedad. Algunos links para seguir este tema: https://www.ashoka.org/ Página web global de Ashoka http://argentina.ashoka.org/ Página web de Ashoka Argentina http://generacioncambio.org/ Portal de Ashoka en América Latina que refleja nuestra estrategia de educación transformadora.

5. PIDES Innovación Social

COMUNIDADES MÁS ABIERTAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS Marina Gonzalez Magaña Directora de Programa

PIDES Innovación Social se fundó en 2008 con el objetivo de ser una plataforma de innovación que cataliza comunidades más abiertas, sustentables e inclusivas. Durante sus primeros años, trabajó con diversas comunidades académicas para empoderar a los jóvenes en torno a temas de Sustentabilidad y Cambio Climático. Fue precursor, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, de la Plataforma de Gobierno Abierto de la CDMX, para posteriormente aplicar esta metodología en lo subnacional, adaptándola a los diferentes contextos locales. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado temas como movilidad, recuperación y activación de espacio, salud, participación ciudadana, gobierno abierto, digital y responsivo, entre otros. Actualmente PIDES ha consolidado modelos catalizadores que transforman comunidades a través del empoderamiento ciudadano, la colaboración intersectorial y el uso estratégico de la tecnología. Nuestra metodología de trabajo transita por distintas capas de intervención que van desde la sensibilización hasta la incidencia en política pública. Para nosotros innovar es hacer las cosas de manera diferente. Los retos de las ciudades son enormes y es necesario abordarlos desde otras aristas para resolverlos. La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o combinación de conocimientos existentes, asumiendo más riesgo para conseguir mejores resultados. Para nosotros significa también pasar de la retórica a la acción realizando pilotos y experimentando para obtener nuevas soluciones. Por eso, PIDES Innovación Social organiza sus actividades en torno a tres áreas: innovación para la gobernanza, innovación para la juventud e innovación para el emprendimiento. En cada una de estas áreas se impacta de manera distinta la esfera pública, aunque existen elementos comunes que son el sello de la organización: el fomento a la colaboración entre gobierno y ciudadanía, y la formación de agentes de cambio. El trabajo de PIDES Innovación Social respecto a la innovación para la gobernanza ha derivado en el desarrollo de leyes en las que cristalizan los principios del Gobierno Abierto, y políticas públicas de alcance nacional para combatir el cambio climático. A través de colaboraciones con el gobierno, academia y el sector privado, también se han im-

pulsado procesos de innovación gubernamental mediante la mejora de los portales electrónicos de trámites y servicios, atención ciudadana y datos, con la intención de accionar a sociedad y gobierno para co-crear soluciones que incrementen la confianza, mejoren la calidad de servicios y el espacio público, optimicen el manejo de recursos y fomenten el desarrollo económico y social de las ciudades. El área de innovación para la juventud se ha enfocado en elevar la calidad de vida de las comunidades escolares a través de la implementación de proyectos que permitan a los jóvenes pasar del discurso a la acción, otorgándoles herramientas para que identifiquen y resuelvan las problemáticas que más les afectan. Finalmente, el área de innovación para el emprendimiento tiene el objetivo de cerrar la brecha entre la creación de valor y los fines sociales, a través del acompañamiento y capacitación de emprendedores que aprovechen los datos abiertos para crear nuevas oportunidades con impacto social. Actualmente, el ecosistema de innovación con impacto público en México se encuentra actualmente en ebullición. Muchas organizaciones formales e informales, así como emprendedores grandes y pequeños se encuentran activos buscando soluciones innovadoras que sean al mismo tiempo sustentables económicamente y responsables socialmente. Hay muchas razones para esto, por ejemplo la combinación entre una población bastante joven y bien educada, y cambios institucionales relativamente recientes que permiten un mayor involucramiento ciudadano en los asuntos públicos. Sin embargo, aunque hay muchos actores desarrollando proyectos interesantes, el ecosistema aún no se ha consolidado debido a que los procesos colaborativos son todavía incipientes. Esa es precisamente la labor que PIDES Innovación Social busca fomentar, estableciendo vínculos entre los diversos sectores, reconociendo que los problemas sociales no se resolverán desde una sola trinchera, sino gracias a la colaboración. Conocé más en: Web: http://www.pidesinnovacion.org/ Facebook:https://www.facebook.com/www.pidesinnovacion.org Twitter: https://twitter.com/pides_org

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6. CAF

LA CAPACITACIÓN DE CAPITAL HUMANO, CLAVE PARA EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Christian Asinelli

Director de Desarrollo Institucional

En el proceso de globalización y del avance de la revolución científico-técnica de las últimas décadas, el conocimiento se ha convertido en uno de los bienes más preciados en el camino hacia el desarrollo de los países. Ya a comienzos de los años 80, distintos sectores de avanzada en ciencia y tecnología -como la microelectrónica, las telecomunicaciones, la biotecnología, la informática o la robótica- establecieron las bases de una profunda transformación productiva y del intercambio y desarrollo de la vida en sociedad. Su aparición implicó un salto cualitativo irreversible en materia de eficiencia, productividad, rapidez y calidad de los procesos productivos y de servicios. Pero a su vez, esta incorporación impactó significativamente sobre el mundo del empleo, por ejemplo en la reducción de la brecha entre trabajo manual e intelectual, la disminución en los requerimientos de tiempo de trabajo y en la participación del factor humano en la conformación orgánica del capital. La capacidad de los Estados de acelerar y promover el desarrollo depende de la combinación de dos características estructurales. Por un lado, a nivel interno, la capacidad de las instituciones y la profesionalización de sus burocracias. A nivel externo, y como complemento, la existencia de lazos estructurales y una fuerte capacidad de articulación con sectores estratégicos de la sociedad civil se tornan imprescindibles. Ni las capacidades internas ni los vínculos externos producen por sí solos efectos concretos en el desarrollo; es la imbricación entre ambos aquello que lo hace posible.

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Ahora bien, para que esto se materialice es necesario contar con funcionarios públicos y actores sociales con habilidades y competencias específicas para resolver los cada vez más complejos problemas sociales. Adquieren aquí relevancia los procesos de capacitación en sus diferentes niveles y, el rol de las universidades, en tanto expresión institucional de la capacidad latinoamericana de reflexión y producción del recurso conocimiento en toda la escala de saberes científicos, técnicos, humanísticos, sociales y culturales. A pesar que el acceso a la educación superior creció aceleradamente durante la década pasada, la UNESCO señala que la región aún presenta una capacidad de adaptación muy limitada a los nuevos requerimientos que la globalización y la sociedad de la información imponen en formación de capital humano y producción científica. Más allá de las acentuadas heterogeneidades entre países, la tasa promedio de conclusión de estudios de educación superior entre jóvenes de 25 a 29 años, no superaba en el año 2010 el 10,28%. Avizorando estos procesos, desde hace varios años CAF ha direccionado sus esfuerzos a generar y fortalecer la formación y especialización de servidores públicos y líderes sociales, con el fin de incrementar la eficiencia de las políticas públicas. Como parte de esta estrategia se creó la Red Latinoamericana de Gobernabilidad (RLG), una plataforma virtual que pretende generar un entorno colaborativo y de socialización de conocimientos que interco-

necte y expanda las acciones que CAF viene desarrollando desde hace más de 15 años en materia de capacitación en los países de América Latina. Sus destinatarios son tanto los más de 50.000 participantes de nuestros programas de Liderazgo para la Transformación; Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública; Alta Conducción Pública, como los coordinadores y docentes de las distintas universidades e instituciones académicas que nos acompañan. Así, funcionarios públicos, líderes de las organizaciones de la sociedad civil y altos funcionarios de América Latina, cuentan -a través de www.gobernabilidadcaf.com o de una aplicación móvil (GobCAF)- con un punto de encuentro informativo y de interacción en temas de gestión pública, liderazgo y gobernabilidad. El fin de esta iniciativa es expandir, vincular, intercambiar, democratizar y valorizar el conocimiento arraigado y las buenas prácticas entre actores claves para el desarrollo, no sólo saberes teóricos y técnicos, sino también conocimientos prácticos especializados, autóctonos, actuales y locales. En definitiva, conscientes de que la sociedad que se asoma al tercer milenio exige más y mejor información, capacidad innovadora y saberes cada vez más especializados, la implementación de esta red es una nueva vía para democratizar un conocimiento que acerque a América Latina al desarrollo inclusivo. Porque la clave del desarrollo de la región reside en contar con un capital humano altamente capacitado.

7. SOCIAL TIC

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS INDIVIDUOS Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Sergio Araiza Cofundador

Social Tic es una organización mexicana relativamente joven, surge hace casi cinco años, resultado de diversos procesos en los que quienes iniciamos el proyecto teníamos claro que, el uso estratégico de tecnología puede fortalecer a individuos y organizaciones sociales para mejorar en sus causas y apoyar a tener mayor visibilidad e impacto en la región. Desde entonces las experiencias y aprendizajes son muchos y diversos. Dando un breve respiro y mirando atrás, son esos mismos aprendizajes los que marcaron el rumbo de la organización, lo que ahora somos; y nos permite centrar la mirada en el futuro y los siguientes pasos y caminos a recorrer. El trabajo de Social Tic se enfoca principalmente a organizaciones de la sociedad civil y actores de cambio a través de cuatro grandes ejes, el primero de ellos en la investigación de casos y formas en que la tecnología usada de forma creativa y estratégica logra cambiar condiciones de un entorno o situación específica; el segundo de los ejes es el acompañamiento a organizaciones para que, de forma progresiva identifiquen tecnologías y medios disponibles que puedan ser usados en sus proyectos y cómo éstas potencian sus actividades. El tercero de los ejes se centra en la creación de comunidades de práctica en las cuales existe el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de ecosistemas de cambio social y, como último eje de trabajo se encuentra la capacitación en el uso de tecnologías para el uso de datos, seguridad digital o estrategias de comunicación entre otras. A lo largo de los distintos proyectos en los que la organización ha estado envuelta, la innovación es un componente permanente y necesario en el contexto de las causas sociales y su entronque con el uso de tecnología. Tal es así que en

varios años de experiencia en el tema podemos decir que las causas activistas en el entorno digital han cambiado de varios años atrás a la fecha. La innovación aplicada a la defensa de derechos humanos requiere de la alineación de distintos factores, el primero de ellos, y probablemente el principal, es la capacidad de experimentar. Ésto es una condición esencial para la innovación y que en las organizaciones sociales a lo largo de latinoamérica no siempre está presente. En espacios de adversidad y con recursos limitados, la capacidad de experimentar se reduce, a manera de ejemplo, al uso de nuevos medios de comunicación y la curva de aprendizaje que eso representa sin que necesariamente tenga una un proceso de retroalimentación y mejora continua a lo largo del tiempo. El segundo de los factores recae en la incorporación de talento humano dentro de las organizaciones con capacidad para dirigir iniciativas innovadoras en el marco de las actividades diarias de una ONG. El talento humano es el hilo conductor para la innovación en el campo del activismo tecnológico; ya que serán ellas o ellos quienes dirijan las iniciativas o proyectos en equipos de trabajo diversos. Para la innovación, el talento no se refleja en términos de grados de estudio o experiencia laboral previa, sino que el talento innovador se demuestra en un flujo creativo y ágil para dirigir proyectos y coordinar equipos. Por último, para innovar hacen falta insumos con los cuales trabajar. Un ejemplo de esto es que en recientes años, en latinoamérica se puede observar un constante crecimiento en las iniciativas gubernamentales para aperturar conjuntos www.espaciospoliticos.com.ar

7. SOCIAL TIC datos provenientes de las distintas actividades o servicios que proporciona el Estado. Estos Datos Abiertos sirven como 1 materia prima para quienes deciden interpretarlos y presentarlos de forma que sirvan como argumentos para incidir en las distintas mesas de trabajo o discusiones de las que las organizaciones forman parte. Quienes logran unir estos tres factores en su quehacer diario podrán entonces asumir un rol más proactivo y eficaz que sus pares en términos de innovación. Un ejemplo de esto, y que sirve bien para explicar el impacto que la innovación tiene en contextos de activismo, es el denominado Hacking Cívico. El hacking cívico en su primera interpretación, se entiende como el desarrollo de aplicaciones digitales para la solución de problemas de una comunidad, ciudad o también aplicado a un proceso determinado, de ahí que retome mucho del espíritu y filosofía hacker. En el ecosistema mexicano hace un par de años atrás era inexistente el concepto de hacking cívico aunque recién existían algunos proyectos a los que se les podía nombrar de esa forma. No fue sino hasta que de forma periódica mediante hackatones la comunidad de desarrolladores de la Ciudad de México comenzó a tener sus primeros acercamientos con las distintas causas sociales. Hackatones como Desarrollando América Latina y otros temáticos como el de transparencia fiscal y derechos de la infancia habilitaron espacios de dialogo entre organizaciones que estaban en el deseo de experimentar con nuevos productos y enfoques para la incidencia y desarrolladores deseosos de retos

técnicos en los cuales poder aplicar su talento. Esos primeros eventos dieron como resultado la creación de apps cívicas para entender el funcionar del congreso o una serie de visualizaciones de datos para entender un poco más de la complejidad que es el trabajo infantil en México. Más cercanos al presente, esos primeros eventos dieron pie a la conformación de colectivos y grupos interesados cada día más con los valores e ideales que el Hacking Cívico fomenta. Ahora son estos colectivos quienes se convirtieron en agentes demandantes de Datos Abiertos como insumo inicial para el desarrollo de más aplicaciones con impacto directo a la ciudadanía. Es decir a largo plazo, todos los factores que habilitan la innovación se fueron integrando de forma que ahora encabezan y lideran proyectos de innovación tecnológica y participan activamente en el diseño de políticas públicas de impacto directo a varias capas de la sociedad Méxicana. El futuro hoy en día se muestra prometedor en cuanto a innovación se refiere, cada día más grupos y proyectos surgen, los espacios para el intercambio y el dialogo son una realidad y de fondo marca un referente para siguientes generaciones de lo que el trabajo bien enfocado y dedicado puede lograr y cómo esto beneficia a usuarios consumidores directos o indirectos de tecnología o partícipes de causas activistas o sociales. 1 http://opendatahandbook.org/guide/es/whatisopendata/ 2 http://www.catb.org/esr/faqs/hackerhowto.html

8. FORMARHUB FUNDATION

SUMANDO LIDERAZGO E INNOVACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGIÓN Inés de Marco

Proyect Manager

Agustín Porres

Executive Director

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FormarHub es una organización sin fines de lucro con vínculos en Estados Unidos y América Latina que fue creada hace siete años en Washington DC con la idea de promover el liderazgo educativo en la región. En sus inicios el pro-

8. FORMARHUB FUNDATION yecto tenía como objetivo crear una plataforma para debatir y leer sobre innovación educativa uniendo a hispanos y latinoamericanos, políticos, líderes sociales, policymakers y académicos, para generar una nueva conversación sobre la importancia de la innovación en educación. A medida que la organización fue creciendo esta primer idea fue evolucionando hacia lo que es hoy su principal misión: identificar y conectar la nueva generación de líderes en educación para potenciar y escalar sus proyectos y así lograr mejorar la calidad de la educación. NECESIDAD de LIDERAZGO en EDUCACIÓN En este sentido la organización trabaja sobre dos grandes líneas, conectadas entre sí. 1. La iniciativa "Leading Education", es una de las actividades centrales de la organización. "Leading Education" son conferencias que reúnen jóvenes líderes trabajando en educación en América Latina y Estados Unidos, donde los participantes representan a todos los sectores (público, privado y ONGs). A través de éstas conferencias, que se organizan cada cuatro meses en distintos lugares de América Latina, conectamos líderes innovadores en educación y les ofrecemos herramientas para escalar y desarrollar de nuevas ideas. Además contamos en cada encuentro con oradores de la región con gran trayectoria en generar impacto en educación. 2. Por otro lado, a través de diferentes herramientas de comunicación la plataforma online (www.formarhub.org), twitter (@FormarHub) y un Newsletter, la idea es generar una nueva conversación sobre la necesidad de traer innovación y liderazgo al sistema. Estas herramientas permiten compartir contenido sobre las últimas noticias sobre innovación en educación, intercambiar ideas y proyectos y mantener conectados a los líderes educativos. A través de estas dos líneas se fue conformando una red de referentes que va creciendo con cada encuentro. A su vez, permiten crear un "mapa" del liderazgo educativo en la región, identificando las fundaciones, las iniciativas civiles, los emprendedores y referentes del sector público que ya están innovando y creando un impacto en el sector. La organización está liderada por un Board multisectorial de personas que actualmente están involucradas en la educación desde el sector público, el entrepreneurship, la consultoría, la academia y el tercer sector. Esto permite al equipo tener una mirada amplia sobre la innovación.

va. Por eso para nosotros innovar es traer nuevos actores a la educación: más emprendedores sociales, fundaciones y empresas del sector privado innovando en todos los ámbitos y, en especial, en el referido a las nuevas tecnologías. A pesar de que hay consenso en la región sobre las reformas pendientes la implementación es muy lenta. Por eso creemos que no es posible implementar estas reformas sin mayor liderazgo educativo. Esta organización entiende que la política es fundamental para obtener resultados que impacten en la calidad del aprendizaje de los jóvenes. A través de nuestra misión de identificar a la nueva generación de líderes en educación y de generar una nueva conversación sobre la necesidad de innovar en el sistema educativo la organización busca crear un impacto en la esfera pública colaborando a construir el nuevo liderazgo que se necesita en educación para poder lidiar con los diferentes actores del sistema e implementar reformas que mejoren la calidad de la educación para todos los estudiantes de la región, en especial los más vulnerables. Al mismo tiempo creemos que para mejorar las políticas públicas es muy importante “globalizar la innovación” conectando las diferentes experiencias exitosas de la región y trasladando estos proyectos de un país a otro para lograr mayor impacto. Innovación y liderazgo son las mayores necesidades que existen en la región para mejorar la calidad de la educación. Por eso creemos en la importancia de crear una cultura de la innovación. La nueva conversación que promueve FormarHub en educación requiere también repensar cómo atraer más talento al sistema educativo, principalmente líderes en el sector educativo. Con esta idea en mente es que el plan a futuro es fomentar el liderazgo educativo agrandando y fortaleciendo la red de jóvenes líderes en educación. Para esto vamos a seguir conectado a líderes a través de los encuentros de "Leading Education". Con respecto al ecosistema de innovación creemos que es fundamental que en la región haya más y más cultura de innovación. Esto se puede promover desde el estado, estableciendo políticas que fomenten el emprendimiento innovador, desde la sociedad civil, o la participación de los medios. En este sentido, desde FormarHub creemos que una forma de contribuir para lograr el cambio y la calidad educativa que queremos para América Latina es trayendo estos temas a la agenda y debate públicos.

En América Latina se necesita una nueva conversación que acelere el traer nuevas ideas para mejorar la calidad educatiwww.espaciospoliticos.com.ar

9. PROGRAMA CIUDADES PARA EMPRENDER

UNA HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LOS GOBIERNOS LOCALES Patricio Gigli

Director Nacional de Comunidad y Capital Humano

Donatela Orsi y Marisel Martin

Programa Ciudades para Emprender

Definimos al territorio como una construcción sociocultural compleja. Lejos de ser una entidad cerrada, se conforma como aquel espacio que permite optimizar la mejor absorción del conocimiento que el mundo provee y de participar en la generación de conocimiento mundial a partir del entramado de relaciones y la interacción entre agentes. El desarrollo local responde a un “espacio multidisciplinar de reflexión” (Quetglas, 2016) sobre las relaciones entre desarrollo y entorno territorial. También se trata de un abordaje de políticas públicas orientadas a generar condiciones de construcción de ciudadanía en determinado territorio, con el uso de herramientas que incrementen la competitividad económica, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la capacidad innovadora y adaptativa.

los conocimientos, incorporados o codificados, se diseminan, pero también cómo los nuevos individuos pueden reclutarse sean cuales fueran sus afiliaciones institucionales (Callon 2003). En particular CPE apunta a generar capacidades y a potenciar el capital humano de los equipos de gobiernos locales de estas ciudades.

Bajo este marco teórico, el programa Ciudades para Emprender (CPE)1 surge a principios de 2016 para promover el fortalecimiento y desarrollo de “ecosistemas emprendedores” en ciudades medianas de todo el país, articulando el entramado productivo de cada localidad que forme parte del programa y promoviendo la generación de nuevos negocios. Todas las localidades argentinas tienen decenas o cientos de emprendedores no visualizados aún por el Estado. Se trata entonces de promover una participación activa de los mismos, y del entramado institucional que los respalda y contiene. Un ecosistema emprendedor, como sucede con los sistemas de innovación, pone en contacto un conjunto de personas que interactúan con frecuencia entre sí; dividen los problemas a resolver, ponen en común sus saberes y sus competencias y establecen cooperaciones abiertas. Las relaciones personales basadas en la confianza, los intercambios que favorecen, los proyectos comunes que nutren, explican cómo poco a poco

Lograr forjar una cultura emprendedora excede el ámbito empresarial para convertir a los actores locales en agentes reflexivos. Siguiendo a P. Narodowski (2008), esta expresión describe a “sujetos más autónomos, con producciones innovativas, con nuevas redes sociales, con aglomeraciones urbanas virtuosas que llevan adelante proyectos propios, con poblaciones que van retomando sus propias tradiciones, renovadas con un buen mix de competencia y solidaridad”; en definitiva actores capaces de generar procesos de innovación endógena, de resolver problemas más allá de la esfera productiva; actores que frente a un estímulo logren que las cosas sucedan.

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Asumiendo “la territorialidad compleja” y la necesidad de generar núcleos de innovación que lideren procesos productivos, CPE propone herramientas de capacitación, financiamiento, pone a disposición cursos, textos, páginas de internet, videos, articulaciones intra e intergubernamentales, y un flujo de interacciones entre diversos actores locales que ayuden a componer ecosistemas emprendedores.

Referencia: 1 Ciudades para Emprender es un programa dependiente de la Dirección Nacional de Comunidad y Capital Humano de la Subsecretaría de Emprendedores de la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación

Dossier Estudiantes

1. RISSO/MARTÍNEZ

p.62

Estados Unidos: una nueva estrategia de poder hacia Cuba.

2. GIOFFREDA Repensando la integración regional: Una aproximación al planeamiento estratégico argentino.

3. GÓMEZ

p.65

Provincias y Modernización en un Estado Federal Panorama actual del Consejo Federal de la Función Pública.

p.63

4. CASAL Smart City como nuevo paradigma de gestión de las ciudades: el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

p.68

ESTADOS UNIDOS: UNA NUEVA ESTRATEGIA DE PODER HACIA CUBA Nicolás Risso

Estudiante de Administración Pública y Política / Gobierno y Relaciones Internacionales Universidad Argentina de la Empresa nicolaslrisso@gmail.com

Agustina Martínez

Estudiante de Relaciones Internacionales y Gobierno Universidad Argentina de la Empresa amartinezserantes@gmail.com

Estados Unidos ha realizado un viraje histórico en sus relaciones internacionales con Cuba, adoptando nuevas fuentes de poder: el comercio y la cultura. Con la visita de Barack Obama a Cuba en marzo de este año, se materializó el descongelamiento de las relaciones bilaterales cuyas negociaciones habían comenzado en diciembre de 2014. A pesar de que el embargo económico hacia la isla continúa vigente -es facultad del Congreso el levantamiento del mismo- se ha anunciado la reapertura de vínculos comerciales. Recientemente se han celebrado acuerdos en materia de internet con Google, otros en materia de transporte y turismo con diversas aerolíneas por un lado y con cruceros por el otro. Detrás de un estrechamiento fallido de manos entre Obama y Castro, se encuentran lógicas con las cuales Estados Unidos ha sabido jugar a lo largo de su historia. Pasaron 88 años desde la última visita de un Presidente estadounidense a la isla. Barack Obama, como lo pronuncia en su discurso de llegada a Cuba, manifiesta la necesidad de un cambio, ya no más el aislamiento como solución. “Con el paso de las décadas nuestros Gobiernos se quedaron estancados en una confrontación aparentemente interminable, librando batallas a través de terceros. En un mundo que se rehízo a sí mismo una y otra vez, el conflicto entre Estados Unidos y Cuba era una constante. Yo he venido aquí a enterrar los últimos remanentes de la Guerra Fría en las Américas. Yo he venido aquí a extender una mano de amistad al pueblo cubano” (Whitehouse.gov). Los pilares de la política exterior de los Estados Unidos son los Derechos Humanos y la Democracia, que se consideran primordiales para la administración estadounidense, pero no alcanza sólo con proclamarlos. Esto es lo que guía la nueva estrategia que se propone Obama para que

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en la isla se dé el fin del régimen de los Castro. Joseph S. Nye postula que un país puede obtener los resultados deseados porque otro país admira sus valores, sigue su ejemplo, aspira su nivel de prosperidad, porque quiere seguirlo (Nye; 1990). En este sentido, es también importante setear la agenda y atraer a otros al estilo de democracia liberal capitalista de la cual es abanderado Estados Unidos, y no sólo forzarlos a cambiar mediante amenazas militares o sanciones económicas. Este soft power convence a la gente en vez de obligarlos, descansa en la persuasión. La visita a la isla puede leerse en estos términos. La posibilidad de instalación en la isla de grandes corporaciones vinculadas a la comunicación, aún mientras el bloqueo sigue vigente, abre la posibilidad a que la población acceda a toda la información disponible en la red. Las fuentes que propone el poder blando, en un marco de normalización de relaciones, son: el comercio y la cultura. Internet hoy día se encuentra al alcance de todos los ciudadanos cubanos en espacios públicos con tarifas -por ahora- accesibles, el concierto gratuito de los Rolling Stones, el desfile de Chanel, las promociones de autos de alta gama como Audi en las calles de La Habana y los cruceros de lujo; son una muestra de soft power. Desde la perspectiva de Cuba, el desembarco de celebrities estadounidenses y el rodaje de películas implican también un cambio de percepción sobre el régimen castrista. Lo que puede ser un arma de doble filo. Estados Unidos puede demostrar la bondad de su cultura pero, por otro lado, Cuba puede demostrar de esta forma que la imagen sobre el socialismo que su enemigo Estados Unidos ha intentado crear no se asemeja a la realidad. Además de comenzar a llenar las arcas del Estado con dólares estadounidenses. El poder blando utiliza estos caminos para potenciar la cooperación: la atracción de valores compartidos, la justicia y

1. el deber de contribuir con esos valores para alcanzarlos. El ciudadano cubano hoy posee información suficiente para conocer otras alternativas a la realidad que el régimen ha sostenido, sin progreso económico, ni libertades individuales, que han sido coartadas en la esfera económica y también en la ideológica – la disidencia política se encuentra prohibida y penada por el régimen con la cárcel-.

isla no es producto de su bloqueo, sino de la propia ideología comunista imperante.

La estrategia de aislar y penar a la Cuba Revolucionaria no ha hecho más que beneficiar la lógica del discurso antinorteamericano, así como también le ha ofrecido al régimen la excusa, el chivo expiatorio perfecto para los males que aquejan a Cuba. Normalizar las relaciones, revincular las políticas entre los países y generar ventajas y ganancias económicas para ambos puede implicar socavar el sistema vigente desde adentro. Es decir, son muchas las críticas de la comunidad internacional como la de cubanos exiliados que mantienen que regenerar vínculos económicos no promueve la democracia, pero mantenemos que detrás de los intercambios comerciales está el intercambio de la verdad, de la otra realidad ajena a la vida cotidiana de los cubanos.

Lo cierto es que la nueva generación, los jóvenes cubanos, se desarrollan en una actualidad en donde el régimen se enfrenta a la finitud de la vida humana, con un Fidel en declive y un Raúl no mucho mejor, en donde la retórica revolucionaria pierde su peso. Se necesitan nuevos líderes que entiendan las lógicas del siglo XXI, y en donde los desafíos al régimen castrista cada vez son más elevados.

A partir de la visita se abre otro juego en donde no se pueden detectar fácilmente buenos y malos. Estados Unidos puede descansar en el discurso de que la situación de la

Por otro lado, Cuba puede comenzar a aceptar los cambios, mientras la ciudadanía informada hace alzar su voz o, por el contrario, refuerce el régimen, financiándose de las ganancias estadounidenses desembarcadas allí.

Cabe preguntarse si en este contexto de vulnerabilidad de los antiguos líderes del régimen, éste podrá mantenerse tal y como se conocía hace un tiempo atrás; si se dará una real apertura y la era de la información le sacará espacio a la censura propia del gobierno, o si el propio régimen de la isla podrá tomar todos los beneficios que la visita de Obama le ha otorgado sin pagar ninguno de sus costos. Las preguntas son muchas y solamente el devenir de la realidad dará la conformación de las mismas.

REFLEXIONES SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA UN APORTE DESDE EL CONSTRUCTIVISMO Camilo Gioffreda

Estudiante de Ciencia Política (UBA) Terciario en Defensa Nacional (EDENA) camilogioffreda@hotmail.com En el marco teórico de las relaciones internacionales, abordamos el enfoque constructivista para dar cuenta de las tipificaciones y perspectivas que se componen entre las unidades estatales a lo largo del tiempo. Este proceso cargado con la impronta de señalizaciones, interpretaciones y respuestas, constituye un rasgo fundamental para la configuración de significados intersubjetivos. En los procesos de interacción -las percepciones generadas- se fundamentan con una estratificación más estable en el tiempo. Estas permiten la categorización de un Esta-

do cuya dinámica se muestra en una relación de amistad, rivalidad o enemistad. Vivimos en un mundo de conflictividad multivalente. Tras la finalización de la Guerra Fría y el inicio de los procesos de globalización, se ha generado un campo de mayor incertidumbre entre los intereses, actores y reglas involucradas en la dinámica internacional. Dicho contexto ha empujado a los Estados a redefinir su planeamiento estratégico defensivo y, a su vez, preestablecer escenarios que contribuyan a la toma de decisiones críticas en un www.espaciospoliticos.com.ar

2. mundo de múltiples cambios. En la actualidad, el planeamiento estratégico de las Fuerzas Armadas se realiza a través de un método por capacidades en reemplazo del modelo basado en hipótesis de conflicto. Este último se presentaba con un tejido agonizante en la última década del siglo XX, pues se diseñaba pensando en un agresor concreto y midiendo sus alcances y limitaciones. Los planificadores de la defensa priorizaban más la identificación de un “quién” sobre un “cómo”. En un periodo de semidemocracias y dictaduras, como las que vivió América Latina durante una gran parte del siglo XX, el enemigo estaba asociado, generalmente, al Estado vecino. Esta fue una etapa signada por un alto grado de desconfianza y conflictividad. Ahora bien, con el retorno de la democracia en el continente, los patrones de intereses comunes e identidades colectivas se configuraron para dar lugar a un campo de cooperación y confianza mutua entre los países de la región. Entre las medidas e instrumentos emprendidos por los Estados, se encuentran los ejercicios combinados de las Fuerzas Armadas. Ello ha generado vínculos interestatales muy poderosos en los asuntos militares y, a su vez, en el fortalecimiento de la confianza regional. A modo de ilustración, podemos mencionar la Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur1 y los ejercicios combinados “Juana Azurduy”2 y “Yaguareté”.3 Con todo, podemos advertir que coexiste, entre los Estados del Cono Sur, un respeto por el principio de la soberanía estatal, los valores democráticos, los derechos humanos, la independencia política y la integración regional. Así, pues, a medida que las relaciones de confianza y cooperación aumentaron, los Estados vecinos dejaron de distinguirse como mutuas amenazas. La naturaleza de los hechos impuso configurar la metodología de las hipótesis de conflicto hacia el planeamiento por capacidades. Dicho modelo presupone un escenario incierto con amenazas genéricas. No se organiza de forma reactiva el factor militar sobre un adversario o enemigo concreto. Se evalúan estructuras en diferentes niveles presupuestarios y diversos escenarios para adaptarse en el entorno cambiante.4 Si bien las relaciones de amistad y el afianzamiento de la democracia no significaron el desarme de los Estados; durante los últimos años, el militarismo en América Latina nunca supuso caer en carreras armamentistas autogeneradas. La decisión política de renunciar unilateralmente a las hipótesis de conflicto supuso una apreciación mayor del escenario regional5. Ello fue reforzado con acciones de polí-

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tica exterior generadas a partir de iniciativas de integración y cooperación como la creación del Consejo de Defensa Sudamericano6 en el marco del subsistema de la UNASUR. En el mundo actual, la génesis de una agresión es imprecisa; puede tener lugar en cualquier instante y las posibilidades de predecirlo tienden a la nulidad. Podemos establecer patrones genéricos sobre cuáles son los conflictos latentes en la actualidad. Sin embargo, nos resulta imposible determinar con precisión aquello que va a ocurrir y en qué forma se presentará.7 En síntesis, podemos decir que la metodología de planeamiento por hipótesis de conflicto da cuenta de una amenaza claramente identificada y cierta. Impone un perfil de fuerza especializada y la tendencia a una posible carrera armamentista (la compensación de fuerzas a través del balance militar). Por otra parte, el modelo por capacidades involucra una amenaza genérica e incierta, un desarrollo de aptitudes flexibles y un perfil de fuerza polivalente. En este último, se visibiliza un conjunto de aptitudes que comprende un abanico más amplio de posibilidades de amenazas. En tal sentido, las capacidades no se diseñan con el fin de estudiar a un enemigo en concreto, sino en función de los múltiples escenarios posibles en donde pueden desarrollarse operaciones militares. Por otra parte, si bien este planeamiento es consecuente con los procesos de integración, exige una demanda más costosa en términos presupuestarios, pues este diseño busca orientar todos los escenarios posibles. Con todo, al intentar hacer frente a la totalidad de las posibles amenazas y sus potenciales variantes, el factor político demandaría un modelo de defensa en el cual al factor económico le resultaría imposible costear. A raíz de ello, los planificadores de la defensa de nuestros países deben orientar los recursos en función de aquellas amenazas que se constituyan con un mayor grado de ocurrencia y riesgo de escalada. Asimismo, los Estados de la región -en buena lógica- recurren a un modelo de cooperación y alianzas para prevenir posibles ataques, estimulando el resurgimiento de vínculos muy poderosos. En suma, el planeamiento estratégico de la defensa, siempre estará muy condicionado por las teorías en las que cada Estado confíe, tanto en función de su cosmovisión, como así también por las experiencias que hayan sufrido como nación. La metodología por capacidades no solo nos ilustra sobre

2. los cambios y escenarios de la complejidad del mundo que nos toca vivir. Más aún, ejerce una clara muestra sobre la metamorfosis que tuvieron lugar las percepciones de enemistad y rivalidad hacia el modelo de cooperación y amistad entre los Estados de la región. Referencias: 1 Es una fuerza de paz conjunta creada por la iniciativa de los Estados de Argentina y Chile. La misma tiene el fin de ser empleada en operaciones de mantenimiento para la paz, bajo la dirección de la Organización de las Naciones Unidas. 2 Es un ejercicio combinado entre los ejércitos de Argentina y Bolivia. 3 Es un ejercicio ejecutado entre las Fuerzas Armadas de Argentina y Brasil; el mismo busca optimizar la ejecución en el terreno de ejercitaciones de despliegue y las operaciones de grandes unidades de combate. 4 Recordemos que la génesis del planeamiento basado en capacidades puede ser advertida de manera aislada en la década de 1960, cuando Estados Unidos planificó posibles escenarios estratégicos durante la Guerra Fría. Por otra parte, en la década de 1970, dicho país proyectó –en un sentido amplio- un posicionamiento de su equipo militar para el despliegue en el Golfo Pérsico. Sin embargo, las unidades adoptaron este planeamiento como disposición general a partir de la década de 1990 luego de que el Secretario de Defensa Donald Rum-

sfeld lo estableciera como un modelo articulado a las necesidades del nuevo siglo y orientado a cubrir toda la amalgama de amenazas. 5 Tal decisión podemos inmiscuirla en la categoría de “riesgo político”, pues esta se encuentra directamente vinculada con la postura estratégica que los decisores políticos han adoptado. 6 Se encarga de implementar políticas de defensa en materia de cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz, industria y tecnología de la defensa, formación y capacitación. 7 En tal sentido, podemos mencionar el peligro del terrorismo, el bioterrorismo, los ataques cibernéticos y nucleares; las guerras convencionales e irregulares, entre otros. Bibliografía: • República Argentina: Ministerio de Defensa. Libro Blanco de la Defensa. Buenos Aires, 2010. • Rusell, Roberto y Tokatlian, Juan, El lugar de Brasil en la política exterior Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, capítulo 1. • Wendt, Alexander, “La anarquía es lo que los Estados hacen de ella. La construcción social de la política del poder”, en Revista Académica de Relaciones Internacionales ISSN 1699 N°1, marzo 2005. • Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, capítulo 6.

PROVINCIAS Y MODERNIZACIÓN EN UN ESTADO FEDERAL PANORAMA ACTUAL DEL CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA1 Sergio Gómez

Estudiante de Ciencia Política (UBA) Miembro del Grupo de Investigación sobre Políticas de Modernización del Estado (UBA) sergiomgomez@yahoo.com.ar

En el estudio de las políticas públicas para la modernización del Estado no podemos ignorar el papel de las provincias y su relación con el gobierno nacional. Cuando nos referimos al Estado en Argentina, debemos recordar que hay distintos niveles de gobierno con su propia organización, recursos y personal. Agreguemos a ello, que el nivel provincial representa el 56% del empleo público total, según un documento publicado por CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)2. O que los servicios básicos para la ciudadanía -como educación, salud y seguridad- ocupan el grueso

del personal y del presupuesto de la administración pública provincial. Por eso, consideramos más que pertinente tener en cuenta la tarea del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP), que es el organismo donde se reúnen funcionarios nacionales y provinciales para discutir o tomar decisiones en conjunto sobre políticas de modernización del Estado. Está compuesto por representantes de los gobiernos del nivel nacional y del nivel subnacional, incluyendo a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de www.espaciospoliticos.com.ar

3. Buenos Aires. A continuación, exponemos algunas ideas sobre el panorama actual del COFEFUP y las provincias teniendo en cuenta expresiones, pedidos, exposiciones, proyectos y temas de los encuentros de este año. Apuntamos a describir algunos elementos útiles para comprender la situación actual. El objetivo es contribuir a un mejor funcionamiento del Estado que sea percibido por el ciudadano. Previamente, debemos considerar que el COFEFUP ha trabajado en los últimos diez años sobre cuatro ejes representados en las comisiones de trabajo. En esas reuniones dedicadas a un tema más acotado, se cumple el plan anual decidido por el pleno de la Asamblea. Los ejes trabajados fueron la introducción de nuevas tecnologías de información, el desarrollo de reformas en la carrera administrativa de los empleados públicos, la adopción de reformas en las estructuras organizacionales y los procesos operativos, y capacitación y formación de los recursos humanos. Si bien las comisiones no son permanentes, han sido renovadas y lograron perdurar en el tiempo acumulando trabajo, experiencia y capacidad para coordinar iniciativas. En la 1ª Asamblea Ordinaria de este año (16 y 17 de marzo), una de las principales conclusiones compartidas por los miembros del plenario es que hay una profunda asimetría entre las provincias sobre el nivel de avance en políticas de modernización. Son minoría las provincias con un Plan de Modernización con rango de ley, integral y sistemático. En el resto de los casos, hay bastante variabilidad en los niveles de coordinación de políticas e iniciativas entre los ministerios y agencias de cada gobierno provincial. La impronta y/o interés de los funcionarios involucrados parece una variable relevante en el alcance que estos programas pueden lograr. Un posible indicador de esta asimetría se observa en la representación institucional dentro del COFEFUP. Los representantes titulares de las provincias actualmente incluyen 4 ministros, 11 secretarios, 8 subsecretarios y 1 director provincial. El nivel de la representación parece ir en la misma dirección del desarrollo que los gobiernos provinciales le asignan a la temática en sus respectivos organigramas y proyectos. Las políticas de modernización del Estado son por definición transversales y lo más conveniente es que las agencias encargadas tengan una fuerte peso institucional e influencia dentro de sus respectivos gabinetes. Este tema también fue mencionado por algunos representantes provinciales respecto de la coordinación que necesitan realizar con otros ministerios de su propio gobierno y que muchas veces no es tan fácil de lograr con los recursos

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y apoyos que disponen. Por ejemplo, si se quiere evaluar una política, una estructura de personal o un proceso para la mejora, es probable que haya una escasa cooperación o resistencia del organismo en cuestión para entregar información que pueda resultar perjudicial políticamente por ser deficiente o por no cumplir metas previstas. Las provincias tratan de influir sobre los funcionarios nacionales para recibir beneficios y compartir recursos, desarrollos y sistemas que potencien la capacidad de sus administraciones para satisfacer a sus ciudadanos. La asistencia a las asambleas es muy alta, pero la participación en las primeras reuniones de comisiones de trabajo ha sido dispar, con provincias que no participaron en ninguna y pocas que participaron en todas. Puede haber problemas de agenda para coordinar entre tantas partes o atribuirse las ausencias a la cantidad de comisiones o las distancias geográficas. Sin embargo, consideramos que estos escollos ponen a prueba el interés de los gobiernos en términos concretos de inversión (o gasto) en tiempo de trabajo, viajes, dinero y recursos humanos dedicados a este tema. Algunas dificultades comunes que enunciaron los representantes de las provincias se relacionaron con la necesidad de financiamiento de Nación o de organismos multilaterales de crédito, quejas sobre bases de datos y software de organismos nacionales -como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)-, porque es necesario trabajar en la interoperabilidad con y entre las bases de datos provinciales. También con asistencia técnica y capacitaciones y con la política del Ministerio de Comunicaciones y de obras de infraestructura para la conectividad, como la Red Federal de Fibra Óptica, el papel de ARSAT, etc. Hay un desbalance a favor de la agenda del Ejecutivo nacional. En el COFEFUP, el área de gestión pública nacional ejerce la Presidencia de la Asamblea y la Secretaría Permanente que elige al Coordinador general y contrata al personal técnico administrativo de la Unidad de coordinación. Si bien en las votaciones es un actor más, su influencia es considerable ya sea por capacidad técnica o normativa. Por ejemplo, Gobierno Abierto estaba en el grupo de Gobierno Electrónico y, a partir de este año, queda ligada a la idea de innovación en la comisión de Calidad e Innovación de Gestión, a semejanza del organigrama actual del Ministerio de Modernización. El mismo criterio prevaleció en la creación de la comisión de Modernización Administrativa, ocupándose de trámites on-line y servicios digitales entre otros temas. Por otro lado, es interesante el espacio que ofrece el COFEFUP para compartir experiencias de gestión y apro-

3. vechar buenas prácticas de otras provincias o del nivel federal. Incluso algunas provincias ofrecen productos y asistencia a las otras. Esta cooperación permite ahorrar recursos y acelerar tiempos de aprendizaje y de obtención de resultados deseados con las políticas implementadas. En la primera asamblea de 2016 hubo un mayor énfasis en las exposiciones y mayor interés general de los funcionarios en herramientas para fortalecer el poder del Estado, como identificación del ciudadano, mayor control sobre el empleo público, adquisición y aplicación de mejoras tecnológicas, mejor accesibilidad en los servicios y su calidad y en capacitaciones. Por el contrario, en políticas como Gobierno Abierto, Transparencia, Gestión por Resultados con compromisos públicos, que implican mayor control ciudadano, se observó menor interés o expresiones vagas y generales. En este sentido, es llamativo que la comisión de Gestión por Resultados, la otra nueva comisión, fue la que contó con la menor asistencia por provincias en su primera reunión: sólo seis provincias sobre 24 distritos. Sin embargo, es muy pronto para llegar a una conclusión definitiva sobre su desempeño y las causas del mismo. Por estas cuestiones es necesario producir y promover un cambio cultural profundo. Para lograr el éxito de estas políticas, no alcanza sólo con financiamiento, incorporación de nuevas tecnologías y capacitación. No se puede ignorar el marco cultural en el que debe operar la modernización del Estado. Se debe involucrar a los ciudadanos y a los funcionarios de gobierno. En palabras de Oszlak: “Hace falta una mayor disposición de la ciudadanía en participar; la participación ciudadana es muy débil y muy frágil y tiene que ser promovida por el Estado, es deseable pero no es la realidad.” 3 Asimismo, nos brinda una visión para reflexionar sobre la relación

información-poder: “Por un lado tenemos esta deficiencia por parte de la ciudadanía y, por otro, tenemos una deficiencia más grande por parte de un Estado que quiere seguir cerrado, más que abierto, porque la información es poder. Si uno entrega información, entrega poder, por lo menos en un sentido, yo en verdad creo que gana poder, en una forma que es la legitimidad.” 4 Referencias: 1 En el presente artículo se utilizó información publicada por el COFEFUP (Sitio web: www.cofefup.gob.ar) y de nuestro propio registro de la 1ª Asamblea Ordinaria 2016 de este organismo, los días 16 y 17 de marzo de 2016, que pudimos presenciar en el marco del trabajo del Grupo de Investigación sobre Políticas de Modernización del Estado, Carrera de Ciencia Política, UBA. 2 Ver:http://www.cippec.org/documents/10179/51825/162+DPP+GP+ El+rompecabezas+del+empleo+p%C3%BAblico+en+Argentina+% C2%BFQui%C3%A9nes+hacen+funcionar+la+maquinaria+del+Est ado,%20Dieguez,%20Gaspar%C3%ADn,%20abril+2016.pdf/f1b6cbcd-f6d9-4c38-8201-ce3342012b17 Último acceso: 13 de julio de 2016. 4 Ver:http://www.diariouno.com.ar/a-fondo/quien-entrega-informaciontambien-entrega-poder-20160529-n796229 Último acceso: 4 de junio de 2016. 5 Ídem. Bibliografía: • Iribarren, Néstor (2015). La modernización de los Estados provinciales y el Consejo Federal de la Función Pública. Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en balance. Debates y desafíos regionales.” Mendoza. SAAP. • Palanza, Valeria (2002). Espacios de consenso alternativos: los consejos federales de la política social en Argentina. Documento 71, Junio 2002, Buenos Aires. CEDI. • Serafinoff, Valeria (2007). Conflicto y colaboración entre el gobierno nacional y las provincias: los consejos federales como exponentes de una constante tensión. Buenos Aires. CEDES.

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SMART CITY COMO NUEVO PARADIGMA DE GESTIÓN DE LAS CIUDADES: EL CASO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Juan Manuel Casal

Estudiante de Ciencia Política (UBA) Miembro del Grupo de Investigación sobre Políticas de Modernización del Estado (UBA) casal.juanmanuel@gmail.comcom.ar Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado. Las ciudades se han convertido en los principales centros de decisión a nivel global, consecuencia de un doble proceso de concentración demográfica y de globalización económica. En este marco, ha emergido con fuerza la noción de Smart City para denominar a aquellas ciudades que mediante la aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación han desarrollado formas más eficientes y eficaces en la utilización de sus recursos, mejorando la calidad y el acceso a los servicios públicos, y promoviendo la participación de la comunidad en la promoción del desarrollo sustentable. En este artículo nos proponemos analizar cómo impacta el proceso de urbanización y de globalización económica en las políticas de Ciudad Inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señalando sus principales características y las políticas implementadas para afrontar tales desafíos. Urbanización y globalización económica: algunos elementos para su análisis Según datos de la ONU1, en 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población mundial vivía en ciudades. Ciudades que continuarán creciendo y que se prevé que aumentarán a casi 6.300 millones de habitantes en zonas urbanas para 2050. América Latina y el Caribe cuentan con una población total de 619.687 millones de habitantes, de los cuales más de tres cuartas partes de la población viven en zonas urbanas (493 millones de personas viven en ciudades y 126 millones en zonas rurales). Asimismo, se espera que la población urbana en América Latina crezca a 683 millones de habitantes en el año 2050, acompañando la tendencia mundial2. Puntualmente, el área metropolitana de Buenos Aires posee el nivel de concentración urbana más alta de la región. Si se agregan a los habitantes de la Ciudad Autónoma los 24 municipios de la provincia que integran el AMBA, se encuentra que casi 13 millones de personas viven en esa

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área. Esto significa que el 31,9% por ciento de la población vive en el 0.10% (menos de 4000km2) de la superficie total del país3. Del total de población, 1.065.000 aproximadamente viven en villas y asentamientos en condiciones precarias de acceso a los servicios básicos (Cravino, del Río y Duarte; 2007). Este contexto refuerza la necesidad de implementar una planificación estratégica en la construcción de ciudades sustentables y con un uso eficiente de recursos naturales, humanos y económicos. Esta tendencia demográfica se sitúa en el marco de un proceso de globalización que revaloriza las entidades subestatales, ciudades y regiones, como ámbitos socio- económicos competitivos, de autogobierno (relativo) y de cohesión social y cultural. En ese sentido, los espacios de competitividad económica hoy son más urbano regionales que estatales. En el centro de dicha transformación se halla una revolución tecnológica, organizada en torno las tecnologías de la información (Castells y Borja; 1997). Este nuevo paradigma tecnológico, el de la Era de la Información, se caracteriza principalmente por el hecho de que todas las actividades estratégicas dominantes están organizadas en redes de decisión e intercambio, desde los mercados financieros a los mensajes audiovisuales. El planeta es asimétricamente interdependiente (Sassen; 1991) y esa interdependencia se articula en tiempo real, a través de las TICS. Los procesos de urbanización, las ciudades y sus gobiernos no son ajenos a este paradigma. El veloz crecimiento de la población urbana en América Latina ha tendido a concentrar a la población en aglomeraciones territoriales, parcialmente discontinuas, de gigantesca dimensión y de características socioespaciales históricamente nuevas. Frente a estos importantes retos, las ciudades deben utilizar sus nuevas capacidades para ser más inteligentes y actuar haciendo uso de las nuevas tecnologías para transformar sus sistemas esenciales y optimizar el uso de recursos limitados. Es en ese marco que en los últimos años ha existido un gran impulso de iniciativas y propuestas para

4. transformar la Ciudad de Buenos Aires en un entorno urbano más inteligente. Buenos Aires como Smart City: algunas políticas del nuevo paradigma El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología es principalmente la agencia estatal encargada de implementar políticas de innovación y modernización en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, tiene competencia específica la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, que integra dicho Ministerio, y que es establecida por el Decreto n° 490/14 y cuyas principales funciones son: aportar a la construcción de una Ciudad Inteligente, fortaleciendo la capacidad de gestión del Gobierno, a través del desarrollo y consolidación de los procesos integrados y nuevos proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad; supervisar las iniciativas de modernización relativas a la gestión administrativa y tecnológica y a los procesos y servicios al ciudadano; y dar respuesta al vecino en la resolución de reclamos y denuncias en coordinación con los organismos correspondientes, definiendo procesos ágiles que permitan una gestión eficaz y eficiente. El presupuesto de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente en el año 2016 es de $53.475.113. Por su parte, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología cuenta con un presupuesto asignado de $1.310.670.82. A medida que se ha ido institucionalizando el área, el porcentaje del presupuesto público del Gobierno de la Ciudad dedicada al área de Modernización ha ido aumentando año a año. Sus ejes de gestión son cuatro: Innovación y Gobierno Abierto; Proyectos de Ciudad Inteligente; Gestión Digital y Ciudad Moderna y Sustentable. Entre las principales políticas a destacar son: el Programa BA WiFi, que en la actualidad cuenta con 280 puntos de conexión gratuita, el Mapa de la Ciudad interactivo, que en la actualidad recibe más de 2 millones de visitas mensuales, el desarrollo de aplicaciones móviles que brindan información y mejoran la accesibilidad en los servicios de la Ciudad y que en la actualidad cuentan con 1 millón de descargas, entre las que destacamos BA Cómo llego, BA Cultural, BA Subte, BA WiFi y BA EcoBici, un servicio de Guía de Trámites que cuenta con un servicio de Trámites a Distancia con más de 260 trámites para realizar a través de la web y la publicación de más de 150 conjuntos de datos públicos relevados por las distintas agencias gubernamentales de la Ciudad, disponibles en BA Data. Reflexiones finales Todavía no se ha establecido una definición clara para el concepto “Smart City” (Carigliu; 2009). El Libro Blanco de Smart Cities (2012) la define como aquella ciudad que

integra, de una forma inteligente, la economía, la gente, la movilidad, el medio ambiente, y el Gobierno. Hay tres características principales que parecen ser comunes al uso de esta expresión: no dañar el medio ambiente, utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) como herramientas para la gestión (inteligente) y que su fin último debe ser el desarrollo sostenible. Gracias a la omnipresencia de las nuevas tecnologías, hoy es posible informatizar, interconectar y dotar de inteligencia a los sistemas básicos de la ciudad. Convertirse en una ciudad inteligente, sin embargo, es un proceso, no una transformación instantánea, y que no se limitan a la simple aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión pública (Borja; 2005). La democracia digital es todavía lejana y, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, hay algunos obstáculos que el CGBA deberá afrontar: la distribución desigual de las TICs en el territorio de la ciudad (inequidad en el desarrollo entre las Comunas del Norte y del Sur), la descoordinación existente entre el GCBA y los municipios del AMBA que impiden la implementación de políticas públicas en problemáticas comunes, el carácter dominante de la oferta privada que controlan los servicios y la infraestructura, y la ausencia de canales que permitan el acceso igualitario a las nuevas tecnologías (en las villas y asentamientos de la Ciudad, las empresas privadas no brindan servicio de WIFI, por ejemplo). Estos son algunos de los principales desafíos que el distrito deberá afrontar para garantizar el desarrollo sustentable, social y económico de sus ciudadanos. Referencias: 1 Organización de las Naciones Unidas (2014). La situación demográfica en el mundo, 2014. Informe conciso. Disponible en: http://www. un.org/en/development 2 CEPAL (2005). Boletín Demográfico n°63. Disponible en: http://www. cepal.org/celade 3 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2014). Estructura de la Población. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default. asp?id_tema_1=2&id_tema_2=18&id_tema_3=77 Bibliografía: • Cravino, Cristina; del Río, Juan Pablo y Duarte, Juan Ignacio (2008). Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos en el AMBA en los últimos 25 años. ULACAV. Buenos Aires • Caragliu, Andrea (2009). “Smart cities in Europe”. 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS • Borja, Jordi (2005). “Ciudadanía y Globalización”. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 22 (Feb. 2002). Caracas • Castells, Manuel y Borja, Jordi (1997). “Local y Global. La gestión de las ciudades en el era de la información”. Barcelona, Taurus. , 1997. • Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial and Madrid Network (2012). Libro Blanco. Smart Cities. Madrid. • Sassen, Saskia (1991). “La Ciudad Global” - Princeton University Press, Princenton.