VII Revista Espacios Políticos

ISSN 1853 - 807X

Editorial:

Índice:

En noviembre del año 2001, durante la realización del V congreso nacional de ciencia política organizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos presentamos formalmente ante la comunidad de politólogos con nuestra primera edición impresa.

Un formato tabloide en blanco y negro mostraba orgulloso en su portada una entrevista exclusiva a Guillermo O´Donnell y su sesudo análisis sobre las complejas vicisitudes que afrontaba nuestro país por aquellos días.

Hoy, 10 años después, el balance en una mirada retrospectiva resulta ampliamente satisfactorio y son numerosos los logros a compartir y destacar con todos aquellos quienes nos vienen acompañando desde nuestros inicios.

Tenemos el gusto de presentar el séptimo número de la revista, la incorporación del ISSN (número internacional normalizado de publicaciones seriadas) en las ediciones impresas y digitales, la conformación de la Asociación Civil Espacios Políticos (ACEP), el crecimiento constante de nuestra plataforma web 2.0 con más de 6500 adherentes en las diversas redes sociales y la presencia consolidada de una publicación que intenta reflejar desde múltiples perspectivas teóricas y metodologicas los diferentes objetos de estudio que constituyen y retroalimentan el devenir de nuestra disciplina, resaltando siempre la impronta federal de los artículos.

En esta nueva edición nuestro eje de reflexión se titula “elecciones, actores y transiciones: ¿De lo local a lo global o viceversa?”.

Docentes e investigadores de todo el país indagan esta cuestión: ¿las transiciones que se están sucediendo en la región son principalmente el producto de variables y factores internos? ¿O en realidad estos procesos pueden efectivamente ser comprendidos y explicados como el resultado de la confluencia de elementos exógenos?

Finalmente, para nosotros, también constituye este un momento de transición. Espacios Políticos nació como un sitio web y una revista en formato tabloide que pretendía conformar un nuevo lugar para la divulgación académica donde era posible producir ciencia política aún siendo jóvenes.

Hoy nuestro desafío es cualitativamente más ambicioso: demostrar que se puede aplicar ciencia política en cada una de las esferas y ámbitos de la sociedad.

Nos encontramos transitando el paso de la generación de saberes, al análisis político de los asuntos públicos.

El compromiso, sin embargo es el mismo: impulsar el debate desde una mirada esencialmente pluralista y democrática a partir de los conocimientos que la ciencia política nos brinda.

Lic. Gonzalo Diéguez Director Académico

Lic. Maximiliano Campos Rios Director General

p.03 > El X Congreso Nacional de Ciencia Política. p.04 > El sistema de partidos en la Argentina: de la estabilidad a la inestabilidad. p.06 > ¿Cómo se articula lo político y el lenguaje en la obra de Wittgenstein? p.08 > Por qué y cómo estudiar la presidencia desde la ciencia política. p.09 > Entrevista a: Gustavo Marangoni. p.10 > Política y Cultura. La participación política de las mujeres en Bolivia y Ecuador. p.13 > La formación de una nueva identidad regional de la defensa: el caso del Consejo de Defensa Sudamericano. p.14 > Una lectura del vote en la web a la luz de la teoría deliberacionista de la democracia. p.15 > Economic Global Financial Governance and Capital Controls: A Post-2007 Policy Agenda Reassessing Policy Toolkits. p.17 > ¿Aldea global o construcción afectiva Local? Los desafíos de la ciudadanía ecológica. p.18 > Aportes desde la teoría política para (re) pensar la acción colectiva latinoamericana. p.20 > El peronismo como filosofía política. Una reseña desde la teoría y la praxis política. p.22 > “La transformación de la comunicación política, es la transformación de la política” p.23 > Entrevista: Fernando Sanchez. p.24 > Resignificando el territorio local en el contexto global: interrogantes en torno al rol de la participación ciudadana. p.25 > El ingreso de Turquía a la UE: ¿un punto de quiebre en la integración europea? Leiza Brumat. p.27 > Los grupos armados ilegales en el mundo: debates teóricos sobre el Estado y la Administración Pública. p.28 > ¿Cómo salir de la trampa del Inframunicipalismo en Argentina y no morir en el intento? p.30 > La fábrica de politólogos: La enseñanza de la ciencia política en la Argentina actual. p.34 > Algunas reflexiones sobre La inestabilidad política Latinoamericana. p.36 > La Seguridad Internacional en la Era Digital. p.37 > Espacios geográficos y localizaciones epistemológicas: los “pos” de la colonialidad Zenaida Garay Reyna. p.39 > Cooperación Sudamericana en Ciencia y Tecnología. Una aproximación al caso de Argentina y Venezuela a través del INTI. p.41 > Boleta Única: una (e) lección subnacional. p.42 > Estrategias (im)políticas: un análisis de discurso para el caso PRO. p.44 > Asignacion Universal por Hijo para Protección social: avances y desafíos en la agenda de las políticas sociales. p.46 > La ¿lógica? de la competencia electoral subnacional en la Argentina del 2011. p.48 > Globalization and Political Integration: Creating Local Political Spaces in the Global Order. p.50 > El realismo periférico (RP) y su ecuación de equilibrio metapolítico universal. p.53 > Existe um vínculo entre democracia, crescimento econômico e justiça social? Novas declarações de líderes da gestão pública sobre uma questão persistente. p.55 > Las revoluciones liberal y democrática como perspectivas para un análisis histórico de la coyuntura. p.57 > Un gran desafío, gestionar metropolitanamente. p.59 > ¿Comunicar el riesgo de desastres o el desastre de comunicar el riesgo? Reflexiones para lograr una comunicación del riesgo efectiva. p.61 > Gobiernos Locales. Nuevo protagonismo, sus roles y funciones. Una mirada en torno a la Seguridad Ciudadana. p.64 > Quién custodia a los custodios? Auge de la seguridad privada en la Argentina de los 90. p.66 > ¿Los legisladores cumplen con su función de representación del pueblo?. p.68 > ¿El Estado está aprendiendo a delegar? El caso de la Ciudad de Rosario. p.71 > Global Approach to School Education and Local Reality: A Case Study of Community Participation.

Diseñado por: Estudio Dicroma Consultas: info@dicroma.com.ar

QUIÉNES SOMOS? Consejo de Expertos Dr. Guillermo O´Donnell, Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Mg. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo Fernández, Dr. Jorge Battaglino Directores Lic. Gonzalo Diéguez Lic. Maximiliano Campos Rios Coordinadora General Lic. Laura Paonessa (UdeSA) Relaciones Institucionales Lic. Octavio Tesone (USAL, U. de Sapienza) Cooperación Internacional Lic. Emmanuel Andrés Artusa (UCS, UBA) Mesa ejecutiva Lic. Camilo Vedia (UBA) Lic. Francisco Aráoz Bugallo (USAL) Lic. Mauro Solano (UCALP) Lic. Facundo Cruz (UADE Lic. Ayelen Ghersi (UdeSA) Lic. Emilio Vitale (USAL) Florencia Berbery (UdeSA) Ayelén Vanegas (UdeSA) Área Metropolitana Coordinador UdeSA: Uriel Kuzniecki Coordinador UNLAM: Lic. Mariano Boiero Coordinador UADE: Lic. Diego Usatinsky Coordinador UBA: Lic. Walter Caamaño Coordinador UCALP: Lic. Matias Hastoy Áreas Regionales Coord. Región Cuyo - UNCU: Lic. Walter Cueto, Sebastián Silva Coordinadora Región Litoral - UNR: Lic. Sofía Perotti Coordinadora Región NOA - UNSTA: Lic. Alicia Camaño Coordinadora Región Centro - Pcia. B.A. - UNICEN: Lic. Carolina von Oertel.

(ACEP) ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIOS POLÍTICOS (2010-2014) Presidente Maximiliano Ulises Campos Ríos Vicepresidente 1º Lic. Emilio Vitale Vicepresidente 2º Mauro Solano Tesorero Gonzalo Diéguez Protesorero Luciano Adolfo Jaúregui Secretario Camilo Vedia Prosecretario Mariano Boiero 1º Vocal Daniel Blinder 2º Vocal Federico García Vocal Suplente Walter Camaño Órgano de fiscalización Bárbara Quiñones Rojas Uriel Kuzniecki.

AGRADECIMIENTOS A la SAAP, su Presidente Miguel De Luca, su Secretario Pablo Bulcourf, y su Tesorero Gustavo Dufour. A Martín Lardone Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC. Javier Argilla, Arturo Trinelli, Paola Ninci.

Alicia Cucurullo, Danilo Durazzo, Guido Durazzo, los pasantes de Compromiso Jóven UdeSA Marcos Salgado, María Dolores Gonzalez Arias, Rogelio Mariano Rodrigo. A nuestros más de 6.500 seguidores en las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube) y los miles de internautas que visitan y comentan todos los días los artículos publicados en nuestra Web 2.0. A todos y todas, y perdón si nos olvidamos de alguien (esto sucede irremediablemente). Muchas Gracias!

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El X Congreso Nacional de Ciencia Política Miguel De Luca (CONICET-Universidad de Buenos Aires) Presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).

Desde 1993 e invariablemente cada dos años, una localidad de nuestro país registra, por unos pocos días y en unos escasos metros cuadrados, una excepcional concentración de politólogos y profesores, investigadores y estudiantes de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales, muy por encima de su promedio habitual. El motivo de tan particular fenómeno es, ni más ni menos, la regular realización del congreso nacional de la Sociedad Argentina de Análisis Político, comúnmente conocida como “la SAAP”.

Los congresos nacionales bienales de la SAAP constituyen la actividad más relevante entre todas las organizadas por la entidad que reúne a los politólogos y analistas políticos argentinos. En efecto, los congresos son una instancia única -por masividad y diversidad de procedencia de los concurrentes- para el encuentro y el intercambio de ideas y noticias entre científicos sociales de todo el país, como también para la exposición de avances en investigaciones en curso o de difusión, entre otros, de artículos o libros recientes y para el establecimiento o la consolidación de vínculos institucionales y personales. Aunque en términos cualitativos -tales como la vigencia de los debates o el calibre de los expositores y panelistas- existe una brecha respecto de eventos regionales e internacionales similares -por ejemplo las reuniones de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA)-, en cuanto a las mencionadas cantidad de asistentes y variedad de origen de los participantes argentinos, ninguna de estas convenciones logra alcanzar dimensiones equiparables para los analistas políticos vernáculos.

Los congresos también resultan importantes para la SAAP por otros dos motivos. Primero, en los congresos (y en un corto período que los antecede) se produce de manera uniforme la más significativa incorporación de nuevos miembros y la ratificación de la membresía de los ya existentes, ambos procesos vitales para toda asociación voluntaria. Y, segundo, porque desde la realización regular de los congresos nacionales iniciada en 1993 se generó un cambio importante en la trayectoria y las características de la SAAP. Con el primer congreso de la SAAP en Huerta Grande (Córdoba), impulsado especialmente por el entonces presidente Edgardo Catterberg, la asociación aumentó en forma considerable su número de socios -en particular nutriéndose con jóvenes graduados-, logró una mejor difusión de sus actividades y adquirió una mayor presencia y visibilidad, sobre todo en el Interior.

Entre el 27 y el 30 de julio se desarrollará la décima edición de este congreso nacional de ciencia política, esta vez co-organizado por la SAAP y la Universidad Católica de Córdoba. El evento transcurrirá principalmente en el campus de esta universidad, ubicado a muy pocos kilómetros del centro histórico de la capital provincial.

Entre las distintas actividades están previstas las clásicas sesión inaugural y sesiones plenarias, las conferencias, los paneles, los grupos de investigación, las mesas especiales, las presentaciones de libros, revistas y páginas web y, por supuesto, la “politiconga”, la fiesta-baile de cierre del encuentro. El tema de convocatoria en esta oportunidad es “Democracia, Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global: Tensiones y desafíos para el análisis político” y, tal como resulta usual en encuentros académicos de este tipo, en este X Congreso Nacional de Ciencia Política el debate se organizará en diferentes áreas temáticas, subdivididas a su vez en paneles con exposiciones. Las áreas previstas son Relaciones Internacionales; Estado, Administración y Políticas Públicas; Opinión Pública, Comunicación y Marketing Político; Historia y Política; Teoría y Filosofía Política; y Política Comparada, Instituciones Políticas, Género y Política; y Desarrollo, Enseñanza y Metodología de la Ciencia Política.

En el marco del X Congreso está previsto asimismo la organización de paneles de estudiantes, el V Encuentro Nacional de Directivos de Carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y disciplinas afines, la Jornada sobre Partidos Políticos Provinciales y el Simposio “Federalismo y política subnacional: perspectivas comparadas”.

Entre otros expositores, ya confirmaron su presencia Guillermo O’Donnell, Gianfranco Pasquino, Atilio Borón, Scott Mainwaring, Laurence Whitehead, Maria Regina Soares de Lima, Juan Tokatlián, Liliana De Riz, Carlos Escudé, Oscar Oszlak, Hilda Sábato, Giacomo Marramao, Gary Cox, Marcelo Cavarozzi, Manuel Alcántara, Manuel Antonio Garretón, Carmen Midaglia, Luis Alberto Romero, Nuria Cunill Grau, Jorge Lanzaro, Aldo Vacs, Ana María Mustapic, Carlos Strasser, Mónica Hirst, Catalina Smulovitz, Ismael Crespo, Daniel Buquet y Antonio Garrido.

Y, por supuesto, también todos y todas aguardan una nueva edición del “congreso fuera del congreso”, es decir, las conversaciones de los participantes en los corredores que comunican las salas del encuentro, en el bar-comedor universitario, en los pasillos de los hoteles, en las reuniones espontáneas a la salida de las conferencias y en las cenas entre viejos y nuevos amigos.

En pocas palabras, este X Congreso Nacional de Ciencia Política resulta una inmejorable oportunidad para actualizarse con las novedades en la disciplina, (re)encontrarse con colegas y conocidos, forjar nuevos vínculos personales y profesionales, y debatir y reflexionar sobre problemas y argumentos de común interés.

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El sistema de partidos en la Argentina: de la estabilidad a la inestabilidad Hernán Pablo Toppi Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, Magister en Políticas Públicas, Universidad Torcuato Di Tella y Doctorando en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella (UBA- UTDT). Becario CONICET y Docente en la materia Fundamentos de Ciencia Política (UBA)

Trabajos recientes (Calvo y Escolar 2005; Leiras 2007; Gibson y Suarez Cao 2010) han demostrado que el sistema de partidos se ha transformado: desde un sistema bipartidista y nacionalizado, hacia otro más dinámico respecto a la cantidad de partidos relevantes y donde el carácter nacional se ha visto seriamente afectado. Ahora bien, nosotros creemos que los cambios no se han limitado a esto último, sino que se ha hecho presente otro fenómeno: la desinstitucionalización.

El sistema de partidos durante la década del ochenta Un sistema de partidos es un marco de interacción entre partidos políticos en competencia política (Sartori 2008).

Desde 1983 hasta inicios de la década del noventa, dicho marco tuvo tres características centrales: a) Bipartidista: centrado en el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical; b) Nacionalizado: el apoyo electoral de los partidos políticos se encontraba esparcido homogéneamente en todo el país. Además, los actores relevantes a nivel nacional eran prácticamente los mismos en casi todos los escenarios subnacionales ( Jones y Mainwaring 2003); c) Institucionalizado: las fuerzas relevantes eran partidos políticos consolidados en el tiempo, tanto en términos organizativos como electorales (Panebianco 1982; Mainwaring y Scully 1995).

Lo señalado en el párrafo anterior comenzó a cambiar con los inicios de la década del noventa, dándose inicio a un periodo de transformación (que aun hoy continúa vigente) del sistema de partidos, que no solo amenazaría el bipartidismo sino también las demás características del sistema partidario.

Fragmentación y Desnacionalización del sistema de partidos La aparición de terceras fuerzas con aspiraciones de competirle el poder político al peronismo y al radicalismo (algunos ejemplos fueron el FrePaSo; Acción por la República, ARI; PRO) generó una mayor fragmentación partidaria. Ahora

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bien, esto también generó una desnacionalización del sistema de partidos, por el carácter territorializado de dichas fuerzas emergentes (Calvo y Escolar 2005). El resultado ha sido la aparición de sistema de partidos federalizados, esto es, la existencia de más de un sistema de partidos operando en el escenario político argentino con características que los diferencia y al mismo tiempo autonomiza del resto (Gibson y Suarez Cao 2010).

En función de estos análisis, podemos pensar en el escenario político argentino de los últimos años como uno donde se aprecia una mayor fragmentación y donde han aflorado los sistemas de partidos federalizados producto de la territorialización de la competencia política.

Desinstitucionalización del sistema de partidos Lo que queremos remarcar en este ensayo, es la existencia de otro proceso de igual relevancia al anterior: la desinstitucionalización. Es decir, un escenario donde los partidos han dejado de ser estructuras estables en términos organizativos y electorales, lo cual ha generado una “discontinuidad” en los actores relevantes en la arena política (Panebianco 1982; Mainwaring y Scully 1995). ¿Qué elementos nos lleva a pensar en la desinstitucionalización del sistema de partidos en la Argentina? Para responder a esta pregunta veamos primero a grandes rasgos las características que han presentado los partidos que han surgido desde la década del noventa: a) carácter territorializado; b) Construidos y definidos a partir de la figura de un líder principal, más que por la existencia de un programa partidario; c) Las estructuras han dependido de las decisiones de dicho líder partidario más que de principios partidarios; d) Por último, el vinculo entre el partido y el electorado ha dependido de la imagen del líder político, más que por la existencia de una identidad compartida.

Estas características son peligrosas para la institucionalización de los partidos, pues al organizarse en torno a una figura en particular (el líder partidario), permanecerán en la arena política en la medida que dicho referente sea convocante (obteniendo resultados electorales positivos o teniendo una evaluación favorable de la opinión pública). El problema surge cuando ocurre lo contrario. Esto es, cuando el líder deja de ser un actor convocante (sea por no cumplir con los objetivos electorales o por tener una mala imagen pública). Ante esta situación, las posibilidades de que el partido político termine desapareciendo son altas, ante la ausencia de una estructura partidaria autónoma del líder y de la inexistencia de otros referentes que puedan ocupar el lugar de autoridad, con el fin de reconquistar espacios dentro del sistema político. De darse este escenario a nivel del sistema partidario, estaremos ante una desinstitucionalización pues la competencia partidaria mostraría que a lo largo del tiempo los actores políticos cambian continuamente producto de su falta de consolidación en el escenario político-partidario.

Llegado a este punto, podemos decir que la idea arriba pre-

sentada es lo que creemos ha experimentado la Argentina.

Pensemos en ejemplos que grafican nuestro pensamiento.

El FrePaSo, Acción por la República o Recrear han sido fuerzas que rápidamente lograron un importante consenso público para competir con las fuerzas nacionales principales: el peronismo y el radicalismo. Sin embargo, esa posición en un momento dado desapareció llevándose consigo al partido político. ¿Por qué? La respuesta está en que eran partidos identificados con un líder político principal (Chacho Alvarez, Domingo Cavallo y Ricardo López Murphy respectivamente). Cuando estos actores estuvieron en la cresta de la ola, también lo hicieron sus partidos. El escenario cambió cuando perdieron su lugar dentro del sistema político. Los líderes desaparecieron (ante la pérdida de los débiles lazos con su electorado) y así también lo hicieron los partidos (por la debilidad organizativa).

Ahora bien, la desinstitucionalización que se ha visto reflejada en las fuerzas del pasado reciente, también creemos se encuentra latente en la actualidad. En este sentido y para ir finalizando, presentamos la siguiente pregunta para invitar a la reflexión del lector en función de lo aquí argumentado ¿Qué pasará con el ARI o el PRO cuando Elisa Carrió y Mauricio Macri dejen de ser actores claves del escenario político?

Conclusión: Un sistema de partidos inestable Lo que hemos presentado aquí son algunas ideas que nos lleva a pensar que la desinstitucionalización, junto a la desnacionalización y la fragmentación partidaria grafican las características actuales de un sistema de partidos inestable como el argentino, donde la supervivencia en el tiempo parece ser una tarea difícil para las fuerzas políticas (Coppedge 2001). Dicha inestabilidad es lo que nos debe llamar la atención. Es decir, ¿nos tendremos que acostumbrar a ver los partidos como maquinas electorales descartables o volveremos a tener partidos políticos que puedan ser identificables como instituciones estables de la democracia argentina? Hoy la respuesta tiende hacia lo primero, esperemos que el futuro nos lleve hacia lo segundo.

Bibliografía • Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005) La nueva política de partidos en la Argentina; Prometeo, Buenos Aires.

• Coppedge, Michael (2001) “Political Darwinism in Latin America’s Lost Decade.” En Larry Diamond y Richard Gunther (eds.), Political Parties and Democracy. Baltimore: John Hopkins University.

• Gibson Edward L. y Suarez-Cao Julieta. (2010). “Federalized Party System and Subnational Party Competition: Theory and an empirical application to Argentina”, en Comparative Politics Vol. 43 nº1.

• Jones, Mark y Scott Mainwaring (2003). “The Nationalization of Parties and Party Systems: An Empirical Measure and an Application to the Americas”, en Party Politics vol 9 nº 2.

• Leiras Marcelo (2007), Todos los caballos del rey: la integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 19952003, Prometeo, Buenos Aires.

• Panebianco, Angelo (1982) Modelos de partido; Alianza ed.; Madrid.

Fuente datos electorales: • Tow, Andy (2010). Atlas de elecciones en Argentina, http://towsa. com/andy/.

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¿Cómo se articula lo político y el lenguaje en la obra de Wittgenstein?

Natalia Albarez Gomez Wittgenstein y Laclau: la expansión de lo político

Lic. en Ciencia Política CEA-SECYT CBA.-UNC

Wittgenstein considera que el lenguaje se articula por medio de las palabras y estas se definen por su uso, las diferencias de los “usos del lenguaje”, están dadas por los distintos contextos, donde se desarrollan. De este modo el autor, cuestiona toda concepción fundamentalista y esencialista, características básicas de la teoría del discurso.

Wittgenstein define: “Lenguaje son los Lenguajes. Los lenguajes son sistemas” 1. En este marco el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Ahora bien, Silvia Rivera 2 nos hace una aclaración de cómo Wittgenstein. “usa” el término “uso”. En este contexto expresa que cuando nuestro autor habla de “uso”, se refiere a un uso social, constitutivo, histórico y que se establece en la rama de relaciones históricas.

Es social, porque las palabras solo se pueden usar en el marco de un juego de lenguaje que establece las reglas y la forma de vida que le corresponde.

Es constitutivo en un sentido doble porque alcanza tanto al sujeto que usa el lenguaje como al lenguaje mismo. Así mientras la identidad de los sujetos se conforma al ritmo del uso, múltiples formas de vida adquieren sentidos diferenciales que hacen posible la identificación de objetos, emociones, relaciones. Más Aún, también hacen posible la ubicación de esos signos en una red de significados, que además de contenerlos y sistematizarlos, les otorga un valor, y a través de ellos ese valor se transfiere a las relaciones sociales de las formas de vida que en cada caso les corresponden.

Rivera se pregunta ¿Cuál es el objeto inmediato de este uso que consideramos social y constitutivo?, y responde: son las palabras las herramientas que utilizamos, pero a su vez, éstas resultan ser el producto de un trabajo previo de

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producción. Así las palabras-herramientas no son algo natural o supranatural, existente a priori.

Por lo tanto si el significado de una palabra radica en el uso que es constitutivo y social, y cuyo objeto son las palabrasherramientas que son producidas por los hombres, los lenguajes o juegos de lenguajes tienen un carácter histórico.

Observamos de esta manera la dimensión histórica en el pensamiento wittgensteniano.

Siguiendo este hilo argumental, la autora expresa que el carácter histórico del lenguaje se desprende de la identificación de significado y uso. Y afirmando que puede pensarse en un uso no neutro, asevera que el uso se establece en la trama de relaciones históricas que articulan una forma de vida dada, pero que al mismo tiempo consolidan o naturalizan esas relaciones.

Así define: “En tanto constitutivas y constituidas por una forma de vida o formación económico-social, las palabras y las proposiciones que usamos no son ajenas a las relaciones de poder presentes en las comunidades históricas” 3. Así aparece la dimensión política, por la referencia general al poder.

Ahora bien, en particular y así lo reseña a la escritora el concepto de hegemonía en el campo del lenguaje nos abre sin duda a la dimensión política. En este sentido trabajaremos con otro Autor, Ernesto Laclau, que al abrigo de lecturas evidentemente wittgestenianas, elabora su teoría de la Hegemonía.

Ernesto Laclau y Su teoría del discurso Es importante comenzar diciendo que Laclau es un post-estructuralista, del análisis del discurso por lo tanto antiesencialista y antifundacionalista Para él, el discurso no es solo un dispositivo de enunciación. “por discurso no entendemos algo esencialmente restringido a las áreas del habla y la escritura…sino un complejo de elementos en el cual las relaciones juegan un rol constitutivo.

Esto significa que esos elementos no son preexistentes al complejo relacional, sino que se constituyen a través de él.

Por lo tanto, relación y objetividad son sinónimos” 4 Laclau y Mouffe, ponen el siguiente ejemplo, “Un diamante en el mercado o en el fondo de una mina es el mismo objeto físico, pero, de nuevo, es solo una mercancía dentro de un determinado sistemas de relaciones sociales” 5 Los juegos de lenguaje, son los que Laclau y Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, dan a llamar discurso.

Puesto que Wittgenstein, en sus investigaciones filosóficas describe a los juegos de lenguaje, como el conjunto consistente en el lenguaje y en las acciones en que el mismo está entretejido. Así se determina el carácter discursivo de todo objeto y en consecuencia confluyen con Wittgenstein en la imposibilidad de fijar significados últimos. En este contexto podemos hablar de antiesencialismo y antifundacionalismo.

Tomando un ejemplo de Wittgenstein, los autores primeramente mencionados desarrollan su concepción del espacio social como discurso, teniendo como base la idea de que toda configuración social es una configuración significante. En la construcción de un muros, nos relata el acto

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de pedir un ladrillo es lingüístico, pero el acto de colocarlo es extralingüístico. Pero esta distinción no agota la realidad de ambos actos. Ambas acciones comparten una operación total que es la construcción de la pared.

Esta totalidad que incluye elementos lingüísticos y no lingüísticos es lo que denominan “Discurso”. Volviendo al ejemplo del diamante, si está en el fondo de una mina tiene un significado y otro si esta en el mercado como mercancía.

Es una mercancía en la medida que se establece un sistema de relaciones con otros objetos, y estas relaciones están socialmente construidas. Un objeto solo es tal en la medida en que está integrado a un sistema de reglas, socialmente construidas, lo que no significa que el objeto deje de existir como objeto físico. Los objetos existen independientemente de su construcción discursiva. Así la realidad es una construcción social en tanto se la construye al significarla.

En consecuencia la posición del sujeto como agente social se constituye en la discursividad, no siendo, obviamente el origen del discurso.

Partiendo entonces de la idea sostenida por Wittgenstein en la Investigaciones filosóficas, de que la vida social supone el uso social de determinados juegos de lenguaje y que estos usos son constitutivos, históricos y se establecen en la rama de relaciones históricas, los cuales expresan formas de vida, puede pensarse lo social como un espacio discursivo. El significado de una palabra es enteramente dependiente del contexto donde se inserta. Toda identidad u objeto discursivo, se constituye en el contexto de una acción y toda acción no lingüística, también tiene, un significado. “La distinción entre elementos lingüísticos y no lingüísticos no se superpone con la distinción entre significativo y no significativo, sino que la primera es una distinción secundaria que tiene lugar en el interior de las totalidades significativas”6 La idea de que el ser de los objetos se construye discursivamente en el devenir, implica una teoría, historicista, antiesencialista y post-fundacionalista.

Laclau y Mouffe han desarrollado “un concepto de discurso que se ocupa especialmente del análisis de los procesos políticos”, concebidos como conflictos y luchas de fuerzas antagónicas que pretenden estructurar el significado de la sociedad.

En este enfoque, la categoría central del análisis político es la de hegemonía, donde se privilegia el momento de la articulación. La posibilidad de una práctica hegemónica depende de la existencia de relaciones entre distintos elementos, de forma tal que la identidad de estos se modifique con dicha relación. Así la identidad de un grupo o discurso tiene un carácter relacional. Por ello debemos centrarnos en las prácticas articulatorias.

La articulación supone la posibilidad de especificar separadamente la identidad de los elementos articulados.

“Llamaremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de estos resulta modificada como resultado de esa práctica” En hegemonía y estrategia socialista Laclau y Mouffe se preguntan “¿Cómo tiene que ser una relación entre entidades para que una

relación hegemónica resulte posible? Su condición inherente es que una fuerza social particular asuma la representación de una totalidad que es radicalmente inconmensurable con ella. Este tipo de universalidad hegemónica es el único que una comunidad política puede alcanzar” La Teoría de la hegemonía incluye las categorías de: Significante vacío, antagonismo, cadena de equivalencia y sutura, siendo de relevancia para el mismo la relación imposibilidad-necesidad, la relación universal-particular y la idea de contingencia.

En conclusión, Laclau y Mouffe elaboran su concepción de discurso, y en este marco su teoría de la hegemonía, retomando las categorías wittgenstenianas de juegos de lenguajes, usos, formas de vida y reglas. Ofreciendo una concepción teórica, no esencialista, y posfundacionalista, nos ofrecen una Excelente teoría del discurso para analizar procesos políticos, estableciendo como supuestos ontológicos la contingencia, la historicidad y la idea de poder atravesando todas las formaciones discursivas. Desde esta perspectiva, la realidad se construye socialmente, nada está dado de una vez y para siempre. Es en este marco, donde los sujetos dejan de ser trascendentales y se constituyen con el discurso.

Referencias: 1Wittgenstein, L, La Gramática filosófica”, México UNAM. 2Rivera, S. , Wittgenstein y la Expansión de lo Político, II congreso Internacional Wittgenstein en Español, Buenos Aires, fecha 3 Rivera, S. Op. cit.

4 Laclau, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, pág. 92 5Laclau y Mouffe, POST-Marxism without apologies, en Ernesto Laclau, New reflections on the revolution pf our times, Londres, Verso, 1999, Pág, 100, extraído, de Barros Sebastian, Orden Democracia y Estabilidad, Córdoba Argentina, Alción Editora, 2002, pág. 21 6Laclau, Ernesto Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión, Bs. As., 1993, pág. 116 Howard, David, La teoría del Discurso, pág.126 Bibliografía. _BARROS Sebastián: Inclusión Radical y Conflicto en la Constitución del Pueblo Populista, (CONfines 2/3 enero- mayo 2006) _BARROS Sebastián: Orden Democracia y Estabilidad, (Córdoba Argentina, Alción Editora, 2002) _GIACAGLIA, Mirtha: Ch. Mouffe y E. Laclau: una lectura de los aportes de Ludwing Wittgenstein para pensar la idea de democracia radical y plural. Artículo extraído de internet. _LACLAU Ernesto Y Mouffe Chantal: Hegemonía y Estrategia Socialista, (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004) _LACLAU, Ernesto: Contingencia, Hegemonía, Universalidad, (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003) _LACLAU, Ernesto: Emancipación y Diferencia, (Buenos Aires, Ariel, 1996) _LACLAU, Ernesto: La razón populista, (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005) _LACLAU Ernesto: Misticismo, Retórica y Política, (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006) _LACLAU, Ernesto: Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, (Nueva Visión, Bs. As., 1993) _RIVERA, Silvia Wittgenstein y la Expansión de lo Político, (II congreso Internacional Wittgenstein en Español, Buenos Aires, 2009)

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Por qué y cómo estudiar la presidencia desde la ciencia política Martín Alessandro Universidad de Buenos Aires En la Argentina, el Presidente de la Nación es, junto a su vicepresidente, el único funcionario electo en un distrito nacional que abarca a todos los ciudadanos del país.

La Constitución le otorga el encumbrado título de “jefe supremo de la Nación”. Es un actor cuyo acuerdo es requerido para la sanción de las leyes, y es el único jugador del sistema político que puede legislar unilateralmente en situaciones de necesidad y urgencia. También puede modificar el statu quo en múltiples áreas de política pública con medidas reglamentarias y administrativas que son de su sola competencia. A su vez, nombra y remueve discrecionalmente a los ministros y demás funcionarios que llevan adelante las políticas del Poder Ejecutivo, firma tratados internacionales, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en ciertas situaciones puede decretar el estado de sitio o la intervención federal a una provincia.

Más allá de la letra constitucional, el Presidente (o la Presidenta) es habitualmente un líder político del máximo nivel. Posee una enorme influencia sobre los miembros de su partido, del cual habitualmente es líder indiscutido, pero también sobre integrantes de otros partidos que desean mantener relaciones cooperativas con el gobierno nacional (gobernadores, intendentes).

El Presidente es también influyente en la opinión pública, a la que puede orientar y movilizar en distintos sentidos. Todos los actores del sistema político reconocen al Presidente como un actor de singular relieve, dotado de un poder que, si bien varía según las circunstancias, generalmente ca-

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rece de competidores de una preeminencia semejante.

Uno imaginaría que, siendo el Presidente el actor más importante del escenario político, la ciencia política argentina se habría abocado a estudiarlo con particular atención. Al fin de cuentas, es casi imposible mantener una conversación sobre aspectos sustantivos de la realidad política de nuestro país sin incluir, y de un modo central, a las acciones que emanan desde la presidencia. Y sin embargo, alcanza con leer el programa del X Congreso Nacional de Ciencia Política, o los de Congresos anteriores, para advertir que la figura presidencial ha sido mayormente ignorada en nuestras investigaciones. Son pocos los paneles que refieran a la Presidencia, e incluso éstos la estudian principalmente en su interacción con el Congreso o en sus relaciones diplomáticas internacionales.

Esta desconexión entre la realidad política sustantiva y el eje de nuestros estudios se puede explicar por razones que son atendibles. El proceso decisional de los presidentes no suele dejar registros documentales, más allá de la formalidad procedimental de los expedientes administrativos. Las entrevistas con actores clave del entorno presidencial pueden iluminar algunos aspectos del modo de toma de decisiones, pero indudablemente es difícil conocer qué pasa realmente al interior de la oficina presidencial. Esta opacidad no es exclusiva a la institución presidencial (al fin de cuentas, las negociaciones y decisiones en el Congreso o los partidos políticos también suelen realizarse a puertas cerradas), pero

es posible que las dificultades de acceso se agudicen en el caso de la presidencia.

El carácter unipersonal de la presidencia también dificulta la contrastación de hipótesis. Hay otros objetos de estudio de la ciencia política que permiten contar con un alto número de casos (votantes, legisladores), pero en los estudios presidenciales el N es inevitablemente pequeño. De hecho, si se estudia una presidencia, contamos con solamente un caso. De todas maneras, esto no debería ser un obstáculo insalvable. En cada presidencia es posible detectar múltiples implicancias observables de cada hipótesis que uno busque testear. Por ejemplo, en Alessandro y Gilio (2010) contrastamos el argumento de que los presidentes buscan concentrar poder en torno a su figura al diseñar la estructura del Ejecutivo, analizando el nivel de autarquía de los organismos descentralizados creados por decreto vis a vis los establecidos por ley del Congreso, entre 1983 y 2009.

En los más de 60 organismos creados en el período, encontramos que el mejor predictor sobre su nivel de autarquía estaba dado por su origen (por decreto o por ley), robusteciendo la hipótesis de que, en la conducción del gobierno, los presidentes desean mantener un control importante sobre los organismos que integran la rama Ejecutiva.

Esta regularidad se presenta en todos los presidentes del período estudiado, desde Raúl Alfonsín hasta Néstor Kirchner (Cristina Fernández de Kirchner no había creado organismos descentralizados por decreto hasta 2009, con lo cual la hipótesis no pudo ser contrastada para su presidencia). Esto nos lleva a pensar, entonces, que existen ciertos incentivos institucionales que condicionan a todos los presidentes, más allá de ideologías, pertenencias partidarias o estilos personales, a intentar centralizar la conducción del Ejecutivo para alinear la agenda de las distintas áreas con sus propios objetivos y prioridades de política pública. Este tipo de incentivos, cabe suponer, debería operar también sobre otros

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aspectos del comportamiento presidencial, como la relación con su gabinete. En tal sentido, los presidentes argentinos muchas veces han debido lidiar con ministros de economía fuertes, llegados al gobierno como salvadores ante crisis insolubles. Gilio (mimeo) muestra que esos ministros han tendido a concentrar en su estructura ministerial la mayoría de las áreas de política económica, pero que los presidentes, superadas las crisis o debilitado el impulso inicial de esos “superministros”, fueron dividiendo las áreas económicas en múltiples ministerios, de manera de impedir la consolidación de otra figura poderosa en su propio gobierno (la relación de Menem y Cavallo es un caso paradigmático de esta secuencia). Nuevamente, aquí no hablamos de una simple preferencia personal de un presidente, sino de un comportamiento predecible, motivado por incentivos institucionales.

Estos ejemplos sugieren que las dificul-

tades para el estudio de la presidencia pueden ser superadas, ya que es posible construir hipótesis sobre el comportamiento presidencial que, en ciertos casos, son incluso contrastables con la propia información que el Poder Ejecutivo publica en el Boletín Oficial. Es cierto que la personalidad particular de quien ocupa la presidencia influye en su comportamiento y que por lo tanto en numerosos aspectos de su conducta es difícil construir hipótesis generales, al menos sin recurrir a argumentos de tipo psicológico o cognitivo donde el rigor científico es aún más difícil de alcanzar. Es indudable que los ejemplos de hipótesis antes enunciadas simplifican la diversidad de motivaciones que en cada situación influyen sobre las decisiones de los presidentes.

Pero esas objeciones tal vez deban realizarse en el momento en que ya tengamos ciertos argumentos teóricos sobre el comportamiento de los presidentes. De momento,

ante la escasez de investigaciones sobre la cuestión, parece aceptable intentar detectar ciertas regularidades de la oficina presidencial, que luego podrán ser contrastadas en presidencias específicas o incluso en decisiones puntuales. De lo contrario, seguiremos omitiendo en nuestra disciplina al actor más relevante del tablero político, quedando su análisis reservado solamente a notas periodísticas basadas en el anecdotario o en la referencia casi exclusiva a los “estilos personales” de los presidentes.

Como politólogos, deberíamos tener algo para decir sobre eso.

Bibliografía: Alessandro, Martín y Gilio, Andrés (2010).

“Cuando el origen importa: presidentes y congresos en la creación de organismos descentralizados en la Argentina (1983-2009)”, Reforma & Democracia, Revista del CLAD, N°48, Octubre.

Gilio, Andrés (mimeo). “Enemigos íntimos.

Concentración y delegación del poder presidencial en materia económica (1983-2003)”.

ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Lic. Gustavo Marangoni* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Al momento de incursionar en la gestión pública, ser politólogo ¿representa una ventaja o una limitación?

Implica ambos. Por un lado la ciencia brinda métodos de pensamiento, instrumentos y una preparación que nos ayuda a poder enfrentar la toma de decisiones con un enorme valor agregado de nuestro lado. Sin embargo el mundo académico tiene una tendencia a interpretar la realidad en base a modelos que luego, al contrastarlos con el día a día, resultan estar bastante alejados de lo que sucede efectivamente.

Aunque nada fácil, lo ideal sería poder lograr un equilibrio entre ciencia y vocación. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que obtuviste mayores satisfacciones y en las que, por el contrario, te llevaste alguna frustración por tu labor dentro de la gestión pública?

Mi mayor satisfacción es haber sido parte del directorio del Banco Provincia que pudo sortear con éxito una de las más grandes crisis económicas que el capitalismo conoció, como lo fue la que se inició en los últimos días del 2008. Hoy incluso podemos decir que nuestra institución salió fortalecida de semejante tormenta.

En cuanto a las frustraciones, lamento mucho la gradual degradación del rol de los partidos políticos argentinos en estos últimos años. Creo que nuestro sistema se debe partidos mucho más fuertes, vigorosos e institucionalizados.

Política y burocracia: ¿aliados incondicionales o enemigos íntimos?

Aliados incondicionales. Ambos logran alcanzar su mayor potencial al conjugarse. A la burocracia sin política le falta conducción y a la política sin burocracia le falta parte de su brazo activo, de su aparato gestor.

En una frase resumida, desempeñarse en la gestión pública significa…

La satisfacción de cumplir el sueño del pibe. Cuando éramos chicos algunos querían ser astronautas, otros querían ser bomberos, policías, médicos. Yo siempre quise dedicarme a la política. *Politólogo USAL, Vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires

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Política y Cultura. La participación política de las mujeres en Bolivia y Ecuador Nélida Archenti Universidad de Buenos Aires

Laura Albaine Universidad de Buenos Aires/ CONICET

Los estados plurinacionales de América Latina Bolivia (en 2009) y Ecuador (en 2008), durante las presidencias de Evo Morales Ayma y Rafael Correa Delgado respectivamente, modificaron sus constituciones a fin de instaurar Estados de carácter plurinacional e intercultural, a través del establecimiento de nuevas instituciones y territorios, dentro de un marco político basado en la participación activa de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios.

Asimismo, en estas reformas constitucionales, las leyes de cuotas que establecían un porcentaje mínimo de mujeres en las listas de candidatos, vigentes en ambos países desde 1997, fueron reemplazadas por el principio de paridad. Según el cual, las listas electorales están conformadas por hombres y mujeres alternados uno a uno en forma secuencial. De este modo, Bolivia y Ecuador, junto con Costa Rica, se convirtieron en los países que tienen la normativa política de género más avanzada en la actualidad en América Latina. En este marco político, la diversidad cultural es reconocida a través de la plurinacionalidad y la equidad de género es garantizada por la paridad.

Pese a ello, los avances alcanzados en el plano formal no bastan para garantizar condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos políticos entre ambos sexos. Tanto obstáculos institucionales vinculados a los sistemas electorales como prácticas culturales asociadas a los procesos electorales tienden a condicionar la efectividad de la norma paritaria. Así, en ambos países se registran importantes fenómenos de violencia política de género, lo que constituye una barrera fundamental

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para la participación de las mujeres. Las mujeres electas, en particular, son convertidas en objeto de violencia física y psicológica para que renuncien a sus cargos.

Tres factores operan en contra de la eficacia de las normas paritarias: 1. El sistema electoral de cada uno de los países 1 2. La violencia política de género 3. El régimen autónomo indígena originario campesino boliviano, donde las “listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, serán nominados de acuerdo a sus propios normas y procedimientos.” Existe una tensión entre los avances normativos alcanzados tendientes a promover la participación política femenina en el marco de la democracia representativa y los tendientes al reconocimiento de la tradición cultural de los pueblos originarios en el marco de la democracia comunitaria. Por ejemplo, las prácticas de la cultura aymará no se sustentan sobre el principio de la equidad de género ya que sólo los varones pueden participar de la vida pública. Así, bajo la vigencia de este nuevo marco jurídico en las elecciones nacionales de diciembre de 2009, en las circunscripciones especiales indígenas originarias la relación entre titulares y suplentes resultó completamente desfavorable a las mujeres, porque sólo 1 de 18 candidatas era representante titular y no fue elegida. Estos resultados dieron lugar a la promulgación de una nueva normativa (Ley Nº 026/2010) que estableció el predominio de la paridad y la alternancia entre los sexos en las listas de candidatos de las naciones y pueblos originarios, alterando el espíritu de la norma anterior.

Los derechos de los pueblos originarios Bolivia y Ecuador han desarrollado nuevos proyectos políticos expresados en experiencias de gobierno tendientes a construir una nueva razón estatal. Estos gobiernos decantan de la situación de crisis económica, social y política resultante de las políticas neoliberales aplicadas en la década del 90’ que intenta ser superada a través del fortalecimiento de un Estado más inclusivo y participativo. En estos países se llevaron a cabo reformas constitucionales que intentan dar prioridad a la compensación de la deuda social de las democracias latinoamericanas, a la vez que modifican ciertas reglas del juego político electoral. Así, Bolivia y Ecuador han incorporado, a través de nuevos textos constitucionales aprobados por referéndum, a sectores sociales que históricamente habían sido excluidos del entramado institucional. Se estableció a través de este mecanismo una forma de gobierno plurinacional basada en la democracia intercultural. En ambos países el reconocimiento de un conjunto de demandas de los movimientos sociales permitió establecer una nueva concepción formal de ciudadanía orientada a promover el proceso de democratización del Estado. Uno de los aspectos más significativos ha sido el reconocimiento del régimen

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autonómico de los pueblos indígena originario campesinos en Bolivia 2 y el derecho al territorio -estrechamente vinculado a la vida de los pueblos indígenas (Sumak Kawsay, el Buen vivir)- reconocido y garantizado constitucionalmente a través de las denominadas Circunscripciones Territoriales Indígenas y Pluriculturales en Ecuador.

Según datos de la División de Población de la CEPAL (CELADE) 3 Bolivia es el país con mayor población indígena en América Latina (62, 2 %), seguido por Guatemala (41 %), Panamá (10, 1%), Honduras (7 %), Ecuador (6,8 %) y México (6,5%). El concepto indígena originario campesino identifica a los pueblos y naciones de Bolivia con existencia anterior a la colonia y cuya población comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas.

El reconocimiento constitucional de la autonomía indígena originario campesina puso de manifiesto tensiones entre diversas identidades que buscan reafirmarse en el interior del Estado y la homogeneidad propia de los derechos reconocidos por la democracia liberal. En el caso específico de las mujeres, los gobiernos de Bolivia y Ecuador se enfrentan al desafío de incluir a un grupo social doblemente discriminado- tradicionalmente oprimido por razones de género y por su identidad indígena-.

La cultura patriarcal. Acoso y violencia política en razón de género Según un estudio realizado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL, 2005) basado en una encuesta a 96 concejalas de 35 municipios y en 30 entrevistas en profundidad, entre los años 2003 y 2004, altos porcentajes de las encuestadas declararon haber sido víctimas de acoso político (65% en los municipios urbanos grandes, porcentaje que va disminuyendo hasta alcanzar el 22% en los que tienen menos de 5.000 habitantes). Asimismo, en el periodo 2000-2007 se registró un total de 209 denuncias por violencia política distribuidas en los nueve departamentos que constituyen el territorio boliviano. Sin embargo, las estimaciones relativas a estos datos indicarían un subregistro tal que los casos reales llegarían a triplicar a los registrados.

El acoso y la violencia política en razón de género comprende actos de violencia física y psicológica tales como obligar a las mujeres electas a renunciar a su banca, la prohibición a expresarse, la difamación, el acoso a través de los medios, insultos, calumnias, violencia sexual, agresión física, dominación económica en el plano doméstico y político y la persecución de parientes y seguidores 4.

Asimismo en Ecuador, la Asociación de Mujeres Municipalistas (AMUME) relevó diversos testimonios de concejalas a las que se les obstaculizó el desarrollo de su carrera política a través del padecimiento de distintos tipos de violencia física y psicológica.

El acoso y violencia política en razón de género manifiesto en Bolivia y Ecuador ha impulsado a las organizaciones de la sociedad civil a promover una serie de medidas tendientes a erradicar este fenómeno. ACOBOL presentó en el año 2006 un Proyecto de ley “Contra el acoso y la violencia política en razón de género” con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos políticos

de las mujeres como electoras y elegibles.

En dicho proyecto se entiende por acoso político “al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros, en contra de una mujer candidata, electa o en ejercicio de la función político-pública o de su familia con el propósito de impedir y/o inducir en contra de su voluntad a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos y deberes” (Artículo 4). Y por violencia política “a las acciones, conductas y/o agresiones que causen daño físico, psicológico, o sexual, en contra de una mujer candidata, electa o en ejercicio de la representación política y/o de su familia, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, sus principios y de la Ley, cometida por una persona o grupo de personas directamente o a través de terceros” (Artículo 5).

En Ecuador, AMUME presentó un proyecto de ley, similar al elaborado por ACOBOL, en el año 2007. Cabe mencionar que aún ninguno de estos proyectos ha recibido sanción parlamentaria y que el incremento de la participación política femenina ha resultado en la exaltación de prácticas patriarcales que continúan rechazando su inclusión en la esfera pública.

El principio de Paridad. Los derechos políticos de las mujeres Tanto en Bolivia como en Ecuador los fenómenos de la violencia política de género conviven con la normativa más avanzada de la región orientada a incentivar la participación política femenina: la paridad de género.

Como se ha señalado, las últimas reformas constitucionales celebradas en estos dos países establecieron una serie de medidas tendientes a garantizar la participación de sectores de la sociedad civil que tradicionalmente habían sido excluidos del escenario político institucional. Dentro de este proceso, el movimiento de mujeres fue un actor significativo que logró- entre otros aspectos- la inclusión de la paridad política de género en el nuevo texto constitucional como principio rector de la organización política democrática.

Estas reformas convirtieron a ambos países - junto a Costa Ricaen los que poseen la normativa más avanzada de América Latina tendiente a promover la participación política igualitaria entre los sexos, ya que son los únicos de la región que han avanzado más allá de las cuotas al incorporar el principio paritario en su texto constitucional y/o legislación electoral.

Ecuador fue el país pionero en incorporar la paridad de género en el texto constitucional al establecer que “el Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.” (Art. 65). Asimismo, esta norma incluyó un apartado denominado Régimen de Transición que habilitó a los órganos de la función electoral a aplicar sanciones por faltas, violaciones o delitos contra lo preceptuado (Art. 15). Estas prescripciones fueron incorporadas a la nueva Ley Orgánica Electoral- Código de la Democracia (2009); la cual entre otras medidas dispuso que nadie

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podrá ser candidato si ha ejercido violencia de género o incumplido con el pago de alimentos de hijos e hijas exigiendo que la sociedad política también de cuenta de una conducta ética (Art. 108).

En Bolivia, la Constitución Política del Estado Plurinacional adoptó el principio de paridad de género para la elección de asambleístas y designación de miembros del gabinete nacional. La Ley Nº 4021- Régimen Electoral Transitorio (2009) estableció en el Art. 9- De la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres que las listas plurinominales y uninominales del nivel nacional y local de gobierno debían ser confeccionadas alternando un candidato de cada sexo en toda la nómina de titulares y suplentes; aunque no preveía la aplicación de sanciones a los partidos políticos que incumplieran la medida. Por otro lado, exceptuaba la aplicación de la paridad de género para la elección de representantes de las circunscripciones especiales y para la conformación de las boletas electorales en el caso de las naciones y pueblos indígena originario campesinos al establecer que debían ser nominados de acuerdo a sus propias normas y procedimientos (Art.9. Inc. II).

La Ley Nº 4021 quedó sin efecto al promulgarse la Ley Nº 026- Régimen Electoral (2010). Esta nueva norma perfeccionó a su precedente incorporando tres aspectos clave para promover la eficacia de la paridad de género. Por un lado el Art. 11- Equivalencia de condiciones específica que para la elección de cargos uninominales la paridad de género debe ser expresada en titulares y suplentes y que en el total de dichas circunscripciones por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los puestos titulares deben pertenecer a mujeres reduciendo la posibilidad de que los partidos políticos nominen a las mujeres solo en candidaturas suplentes. Por otro lado, establece que las listas de candidatos de naciones y pueblos originarios elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios deben ser confeccionadas respetando la paridad y alternancia entre ambos sexos (Art. 11, Inc. C). Por último, dispone que las listas que no den cumplimiento a los criterios de paridad y alternancia no serán admitidas (Art. 107).

Reflexiones finales. ¿Derechos en conflicto?

Los proyectos políticos de los gobiernos de Bolivia y Ecuador se basan en el fortalecimiento del Estado a través de la inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos, instaurando una nueva razón estatal cimentada en el concepto de plurinacionalidad y en la construcción de un marco institucional más equitativo.

Dos grupos sociales subalternos se destacan en este proceso: las naciones y pueblos indígenas y las mujeres. Ambos encuentran reconocimiento en las reformas constitucionales que llevaron a cabo estos países, donde los pueblos originarios son incluidos a través del reconocimiento de su cultura, su historia, su relación con la tierra, sus instituciones; y las mujeres ven ampliadas sus posibilidades de acceso a los cargos de decisión política a través de las normas paritarias.

Sin embargo, este proceso complejo donde coexisten, por un lado, la lógica de la democracia representativa y la de la democracia comunitaria y, por otro lado, el impulso de reformas institucionales para una mayor participación de las mujeres con prácticas

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culturales patriarcales, genera al menos dos tensiones: • La democracia paritaria vs. la autonomía de los pueblos originarios.

• La promoción de la participación de las mujeres vs. la violencia política.

En Bolivia y Ecuador la paridad de género opera en un escenario cultural adverso a la participación política femenina.

En este escenario se genera un choque entre el ideal paritario y la cultura de aquellos pueblos originarios donde las mujeres no tienen acceso al ámbito decisional restringido solo a los varones. Además en ambos países, las mujeres que compiten por acceder a cargos de representación ciudadana y ocupar posiciones de liderazgo, tanto en el nivel nacional como local de gobierno, son frecuentemente víctimas del acoso y la violencia política en razón de género.

En estas condiciones cabe preguntarse en qué medida la diversidad cultural constituye la condición de posibilidad del Estado plurinacional y, a la vez, inscribe obstáculos para avanzar hacia un estado sociopolítico más equitativo en términos de género.

Referencias: 1 Bolivia combina un sistema uninominal con uno plurinominal.

Ecuador utiliza listas abiertas. Ambos sistemas resultan desfavorables para la elección de las mujeres (Archenti y Tula, 2008).

2 El régimen autonómico indígena originario campesino se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en los estatutos de cada autonomía indígena originaria campesina, así como en las normas y procedimientos propios de cada pueblo.

3 http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/ 4 Uno de los testimonios recogidos afirma “me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firmara mi renuncia”.

Bibliografía: ACOBOL (2005) Experiencias de alcaldesas y concejalas de Bolivia.

Nuestra contribución a los Municipios. Disponible en: http://www. aeci.int.bo/documentos/documentos%20Bolivia/CUADERNOS%20 G%C3%89NERO/EXPERIEN.pdf .

Albaine, Laura (2010b) “Paridad de género y ciudadanía política de las mujeres. El caso de Bolivia y Ecuador (2009)” Revista Argumentos, Nº 12, octubre.

Albaine, Laura (2010a) “Sistema de paridad y acceso de las mujeres al Poder Legislativo Nacional. El caso de Bolivia y Ecuador (2009)” Revista Org &Demo, Vol.11 Nº 1, julio.

Archenti y Tula (eds.) (2008) Mujeres y política en América Latina.

Sistemas electorales y cuotas de género. Buenos Aires: Heliasta.

Archenti y Tula (2007) “Cuotas de género y tipo de lista en América Latina” Opiniao Pública, Universidade Estadual de Campinas, vol. 13, Nº 1, junio.

Salinas Mulder, Silvia y Zuleta Sarabia, Ilse (2006). Todavía no hemos soñado lo suficiente: Efectos de los Compromisos del Estado Boliviano con la CEDAW y PAM en la calidad de vida de las mujeres. La Paz: CEDAW/ AMUPEI.

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La formación de una nueva identidad regional de la defensa: el caso del Consejo de Defensa Sudamericano Jorge Battaglino

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Torcuato Di Tella (CONICET, UTDT) El establecimiento del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) puede explicarse a partir de la convergencia de cambios en los planos material e identitario. Desde la perspectiva material, cabe destacar el proceso de militarización de la agenda de los EEUU hacia la región y la emergencia de Brasil como potencia regional. Desde el punto de vista identitario, Sudamérica ha experimentado la formación de una nueva identidad sobre la defensa que ha favorecido una lectura y abordaje común a los desafíos que enfrenta.

La estrategia de macrosecuritization del terrorismo de los EEUU ha contribuido a la militarización de sus relaciones con Sudamérica. El predominio de la dimensión de la seguridad se ve reflejado en el fortalecimiento del Comando Sur, la creciente presencia militar en Colombia, la reactivación de la Cuarta Flota y la llegada de la doctrina de ataque preventivo a partir de la incursión de Colombia en territorio de Ecuador en marzo del 2008.

El debilitamiento de la agenda económica y de desarrollo y la subsiguiente militarización, no sólo ha provocado rechazo y desconfianza en los países de la región, sino también ha contribuido a incrementar la conflictividad interestatal. En efecto, tanto la acción militar de Colombia en suelo ecuatoriano como el intento de desplegar tropas norteamericanas en bases colombianas, han provocado sendas crisis regionales que dejaron a Colombia y Venezuela al borde de un enfrentamiento bélico.

La intervención extra regional y la inestabilidad que suele provocar son factores

generalmente asociados a mayores niveles de activismo y de búsqueda de autonomía de las regiones. Este supuesto es especialmente válido en aquellos casos donde existe un poder regional no disputado. Así, la presencia militarizada de los EEUU y la intensificación de las tensiones interestatales han incentivado la respuesta de Brasil, quien ha cuestionado el Plan Colombia y ha considerado la reactivación de la Cuarta Flota como una “potencial amenaza” a las reservas de petróleo recientemente descubiertas en su mar territorial. Asimismo, Brasilia definió a la eventual presencia de tropas norteamericanas en bases colombianas como un peligro para la seguridad del amazonas, ya que las mismas podrían ser utilizadas como plataforma para aumentar la vigilancia sobre ese vasto territorio. Por otra parte, las elites brasileñas perciben que la creciente conflictividad regional puede afectar la sustentabilidad de su estrategia de proyección internacional. En este sentido, no es casual que Lula anunciara la creación del CDS en marzo del 2008, pocos días después del ataque colombiano a Ecuador y que el primer objetivo de la nueva institución sea “consolidar a Suramérica como una zona de paz”.

Sin embargo, aunque los factores materiales han jugado un importante rol en el establecimiento del CDS, su creación revela también la presencia de una nueva identidad sudamericana en el tratamiento de las cuestiones de defensa. La existencia de esta nueva identidad ha sido esencial para el lanzamiento y aceptación del CDS por parte de la totalidad de los estados sudamericanos que entienden que algunos de los desafíos que confrontan en esa área

ya no pueden ser enfrentados desde una perspectiva estrictamente nacional.

La formación de una nueva identidad es un proceso complejo que requiere de la interacción sistemática de políticos y funcionarios por un periodo prolongado de tiempo. La interacción opera como un mecanismo de socialización que conduce generalmente a un cambio progresivo de las ideas y prácticas y, eventualmente, a la emergencia de una nueva intersubjetividad compartida. En el caso sudamericano, este proceso encuentra sus raíces en los contactos crecientes y regulares que civiles y militares establecieron desde principios de los 90s, y que contribuyeron a difundir el valor de la gestión común de diversos temas vinculados a las relaciones civiles militares y la seguridad regional.

Esta identidad emergente incluye, por ejemplo, una definición de la defensa que revela la existencia de un consenso regional que excede incluso los intereses nacionales de los países miembros del CDS. Ciertamente, los objetivos y agenda de trabajo del CDS se restringen a temas vinculados al uso de las fuerzas armadas en misiones externas, por ejemplo, a mejorar la transparencia y confianza entre los estados en lo relativo a sus capacidades militares, al intercambio de experiencias en misiones de paz o al fortalecimiento de la industria de la defensa. Este consenso sobre qué constituye un tema de defensa excluye cualquier actividad o empleo de las fuerzas armadas en misiones de seguridad interna. En otras palabras, la creación del CDS refleja la existencia de un entendimiento intersubjetivo respecto a la esfera de acción del concepto de defensa. Esta definición es incluso compartida por aquellos países que emplean a sus militares en misiones como el combate contra el crimen organizado o el narcotráfico.

En suma, el CDS puede ser considerado como una combinación hibrida de respuesta de realpolitik pero también de la redefinición de las concepciones nacionales de la defensa en una región que se encuentra reescribiendo las normas y practicas en esa esfera.

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disposición una serie de herramientas que permiten al usuario avalar la trayectoria de representantes políticos y sus posiciones frente a cada proyecto.

Una lectura del vote en la web a la luz de la teoría deliberacionista de la democracia Ricardo Fabrino Mendonça Departamento de Ciencia Política, Universidad Federal de Mina Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Marcus Abílio Pereira Departamento de Ciencia Política, Universidad Federal de Mina Gerais, Belo Horizonte, Brasil.

Además de las esperanzas teóricas en torno al potencial democrático de las tecnologías digitales, ya existe un considerable cuerpo de iniciativas implementadas por gobiernos, empresas y actores de la sociedad civil. Tales experiencias permitieron que la literatura se moviese de la oscilación inicial entre el elogio y el miedo a los efectos políticos de las TICs para el estudio efectivo de casos concretos. Este artículo se inserta en ese movimiento, buscando investigar una iniciativa específica de democracia digital: el vote en la web (www.votenaweb.com.br).

El vote en la web es una iniciativa digital que busca aproximar a ciudadanos y representantes del sistema político. Se trata de un sitio de internet en Brasil que pone a disposición de los internautas resúmenes de proyectos de leyes propuestos en el Congreso Nacional, permitiéndoles expresar sus opiniones a través de votos y comentarios. Además, la iniciativa pone a

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La experiencia surgió a comienzos de 2009, cuando un equipo de la empresa Webcitizen decidió dedicarse a la creación de una plataforma que redujese el hiato entre los ciudadanos y sus representantes. Pasados dos años, vote en la web cuenta con cerca de 14 mil usuarios y pone a disposición 2072 proyectos de ley para ser avalados por los internautas, los cuales realizaron cerca de 300 mil votos.

En lo que concierne a la posibilidad de una discusión política, cabe destacar la existencia de un espacio de comentarios vinculado a cada proyecto. Hasta el momento, cerca de nueve mil comentarios en total fueron posteados.

Nuestra investigación procuró reflejar las potencialidades y desafíos del vote en la web a partir de la perspectiva deliberacionista de la democracia. Esto de debe a que muchas de las potencialidades atribuidas a internet están ligadas a la suposición de que las iniciativas digitales pueden enriquecer los procesos deliberativos existentes o crear nuevos espacios de interlocución. A diferencia de otros estudios, el objetivo central de la investigación no fue sólo testear la hipótesis de la deliberatividad, sino también abordar la experiencia a la luz de la perspectiva deliberacionista, reflejando sus potencialidades y desafíos.

Para realizarlo, aplicamos inicialmente una adaptación de una escala analítica sugerida por Wales, y sus colaboradores (2010) a tres grupos de discusión en el interior de la plataforma. Esa escala está compuesta por cinco categorías fundamentales: inclusividad, provisión de razones, reciprocidad, respeto mutuo y orientación para el bien común. Ese análisis nos ayudó a pensar algunos elementos deliberativos de la iniciativa, aunque no de cuenta de la complejidad de la interface entre la referida experiencia y la teoría que guía nuestro estudio.

Los principales hallazgos en relación con la categoría inclusividad corroboran otros estudios producidos, ya que hay un gran

predominio de los varones jóvenes entre los participantes de los foros. En lo que concierne a la provisión de razones, se constató que la mayoría de los posts están enfocados en la discusión y proporcionan una justificación de las opiniones expresadas, y que la mayoría de estas justificaciones se basa principalmente en experiencias personales. La categoría de la reciprocidad nos ha proporcionado datos que confirman una baja reciprocidad entre los participantes. A pesar de la limitada reciprocidad entre los individuos fue posible encontrar restos de un fuerte discurso recíproco más amplio entre ejes discursivos. En cuanto al respeto mutuo, se encontró un predominio de los comentarios que no eran irrespetuosos ni de otros posts ni de grupos específicos. Al final se identificó un gran esfuerzo de los participantes por justificar sus opciones, empleando una gran variedad de concepciones del bien común.

Realizado este primer análisis, el paso siguiente comprendió una visión más amplia del fenómeno para que se pudiese extrapolar el espacio de micro-deliberación. De esta manera, se resaltaron dos ejes considerados relevantes para la comprensión de la iniciativa: el papel de la información y de la conexión entre los escenarios. Ambos posibilitan la expansión del foco, vislumbrando la existencia de flujos discursivos esenciales para la deliberación. El análisis deliberativo de la experiencia no puede reducirse a las discusiones internas de los escenarios, pero debe prestar atención a la posibilidad que tiene la iniciativa de pasar por otras corrientes discursivas. En este sentido, se resaltaron el cuidado con la accesibilidad de la información calificada y la preocupación con la conexión a redes sociales como evidencias de que el vote en la web busca presentarse como momentos discursivos de un proceso más amplio.

A partir de estos análisis, se hace posible realizar algunas sugerencias y propuestas referentes al diseño de iniciativas digitales.

Un análisis deliberativo no puede abstenerse de pensar el modo en cómo se estructura una plataforma, incluso porque diferentes diseños informacionales favorecen modalidades distintas de comunicación.

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Aún si la arquitectura de comunicación de la iniciativa es muy interesante, se pueden identificar algunos factores que sirven como una advertencia a las iniciativas que buscan crear espacios plurales y de intercambio recíproco de discurso.

Nosotros sugerimos, en primer lugar, que la presencia de un moderador eficaz tiene un papel importante en la conducción de los debates y la construcción de diferentes argumentos. El moderador puede estimular la conversación entre los usuarios, articulando los posts y alentando las preguntas que fomenten la reflexión de los participantes. Por lo tanto, la presencia de one-timers tendería a caer.

Otra estrategia interesante sería la de ofrecer resúmenes de los argumentos a favor y en contra de un tema de discusión.

Tal estrategia ayuda a los usuarios a tener una idea más clara de los posibles beneficios y contras de los temas en discusión.

A menudo, los usuarios no se enfrentan con perspectivas que contradigan sus impulsos iniciales. El ejercicio de encontrar

contra-argumentos y responder a ellos es muy rico y puede contribuir no sólo a socavar algunas certezas, sino a fortalecerlas en la medida en que se pongan en discusión visiones diversas.

Sin embargo, cabe señalar la utilidad de un espacio para que los ciudadanos debatan y propongan temas de debate, en lugar de debatir sólo acerca de temas preestablecidos. Esta estrategia no sólo fortalecería la inclusión de usuarios, sino también una mayor pluralidad de la agenda política, permitiendo que se pongan de manifiesto las demandas e inquietudes civiles.

Finalmente, se debe tener en cuenta la necesidad de acciones para fortalecer el diálogo de dos vías entre los ciudadanos y los representantes del sistema político. En el caso de vote en la web, abogamos, por ejemplo, por la utilidad de la presencia de los autores de los proyectos de ley en los foros de discusión.

Estas sugerencias iniciales se proponen para que las iniciativas digitales alcancen

Economic Global Financial Governance and Capital Controls: A Post-2007 Policy Agenda Reassessing Policy Toolkits Verónica Rubio Vega

Wilfrid Laurier University In the immediate aftermath of the global financial crisis, capital flowed out of emerging and developing economies, but subsequently began to flow back. The return flows were driven not only by improved economic prospects in emerging coun-

su potencial de acercar a los ciudadanos al sistema político. Se trata de un importante potencial que puede contribuir a fortalecer la democracia y el creciente debate público sobre las propuestas encaminadas a regular la convivencia colectiva. Si las iniciativas de democracia digital no pueden ser transformadas en una panacea capaz de resolver todos los problemas políticos y, tampoco, pueden ser idealizadas como el espacio de deliberación entre los ciudadanos, pueden ser formateadas a fin de fortalecer los choques públicos de discursos de los que depende la democratización de la democracia.

Referencias: Esta nota es un resumen del artículo ganador del II Premio Edgardo Catterberg al mejor artículo del IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública realizado en mayo pasado en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. El artículo completo será publicado en la Revista Latinoamericana de Opinión Pública. Para más información, visitar www.waporlatinoamerica.org Información actualizada el 19 de enero de 2011.

Dato provisto por la periodista de voto en la web, Daniele Amaral, el 24/01/2011.

tries, but also by the prevailing low interest rates in advanced countries. In the last two years, controls on capital inflows have been implemented in diverse emerging and developing economies that have been trying to avoid an overheating of their domestic financial systems, unacceptable credit risk taking and excessive exchange rate volatility. This surge in foreign capital has led to a renewed debate within academic, policy and media circles regarding the legitimacy and feasibility of implementing these types of controls.

Examples of recent capital controls include taxes on shortterm inflows, unremunerated reserve requirements, quantitative limits and time requirements. Some of these measures would have been frowned on, if not unthinkable, as recently as a decade ago. Yet, the International Monetary Fund (IMF) leadership and staff have chosen to view these measures in a much more sympathetic way than they did during the 1990s. In February 2010, an IMF staff position note startled several observers by declaring that capital controls are now “justified as part of the policy toolkit” (Ostry et al., 2010, 5). But what are the current opportunities and constraints for the adoption of capital controls in emerging markets and developing economies? Are we experiencing a new era in regulatory politics in which the notion of what constitutes a “legitimate” counter-cyclical tool is being considerably reconstituted? The following brief paper addresses these issues by reflecting upon the 2011 Institute of New Eco-

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nomic Thinking (INET) conference that I attended in May. In addition, this paper examines recent IMF’s publications in regard to the use of capital controls.

During the 2011 INET conference, there was a general consensus among leading economists that short-term flows of capital are often a major source of volatility in today’s global interconnected economy. They also implied that capital restrictions have entered the policy “bloodstream” and suggested that more comprehensive rules are needed for defining how controls on inflows should be deployed. Many of the panelists agreed that one of the most difficult challenges for emerging and developing economies is to implement policies that, in an environment of global economic imbalances, allow these nations to keep the benefits of foreign investment while avoiding the troubles that might be created by “hot money” inflows.

The conference discussions reflected the gradual shift in mainstream thinking about capital controls on inflows, which before the latest crisis were, by and large, seen in academic and institutional environments as a threat to financial globalization and economic growth. For example, for Andy Haldane, executive director for financial stability at the Bank of England, capturing the present dynamic of surges in foreign capital flows to emerging economies requires a distinct conceptualization. At the INET conference, he explained this dynamic as the “BigFish-Small-Pond” (BFSP) problem. The challenge is that financial markets in emerging economies -the small ponds- remain relatively modest; therefore, strong inflows from large, capitalexporting, advanced countries -the big fish- can cause ripples right across the international monetary system (IMS), never more so than in today’s financially interconnected world (Haldane, 2011).

If recent trends continue, the BFSP problem may become more acute over time. The global flow of funds could become an increasingly powerful generator of international financial instabilities. The prospects of this situation have already intensified the debate on appropriate policy responses at the national and international levels. The intensity of ongoing negotiations for reforming the IMS indicate that significant progress vis-à-vis the development of regulatory frameworks for capital controls is not a short-term prospect. In addition, the question many international institutions and academics are now debating is whether controls on inflows should be a complement to countries’ “policy toolkits,” or whether they should be employed only as a last resort mechanism.

In the last year, the IMF has taken further steps to address this issue by publishing an official report presented to the board and a staff position paper. These publications advance a set of guidelines for capital account regulations and recognize some of the benefits that these tools can bring to an economy in cases of financial disruption. The official report also proposes a new nomenclature for capital controls, referring to them as capital

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flow management (CFMs) measures; however, it recommends that CFMs be used as a last resort, as temporary measures, and that they be non-discriminatory. These reports do not give the IMF’s determination of the efficacy of CFMs and, most importantly, there is no explicit recognition for helping nations to enforce controls on inflows when they deem it appropriate to implement these measures.

With more emerging markets now increasingly apt to go in divergent directions when it comes to implementing preventive measures to avoid financial volatility, “it would be certainly desirable if we had a clear set of rules of [the] road for countries, to guide them”, as Andy Haldane remarked at the conference.

Nonetheless, there exist crucial political, theoretical and technical factors that for now prevent a broader and more harmonized adoption of capital controls. For example, after a time, investors find ways to evade prudential capital management through derivatives and other instruments; moreover, US trade and investment agreements make capital controls difficult to implement, since the former often explicitly mandate the free flow of capital to and from a country.

Countries may also prefer the implementation of less-political and less-contested alternatives, such as the accumulation of foreign reserves. In principle, reserve accumulation can serve some similar purposes to capital controls, such as avoiding exchange rate appreciation in times of excess liquidity. Moreover, one of the most contentious issues in today’s economic governance relates to whether controls should be temporary or more permanent. Recent academic and institutional studies2 have largely focused their attention on the examination of transitory periods. Thus, an aspect that could be further explored in future debates is the fact that the most permanent approaches to capital controls -taken for instance by the Chinese and the Indian governments- may represent in practice a distinct set of policy discussions and technical frameworks for multilateral governance on these issues.

Finally, as long as capital flows to emerging and developing markets remain volatile and potentially disruptive, the discussion of capital controls, as a critical component of post-2007 international regulatory regimes will continue to develop with regards to these measures. As Andy Haldane (2011) suggested during his presentation: “What a difference a decade makes. What a difference a crisis in advanced economies makes.” Although it is increasingly becoming understood that capital controls help markets “get the prices right,” a bigger task is “getting the political economy right” (Gallagher, 2011).

Referencias: 1 See, for example, the presentations of Joseph Stiglitz, Jomo Kwame Sundaranam and Andy Haldane at the 2011 INET Conference. Available at http://ineteconomics.org/initiatives/conferences/bretton-woods/agenda.

2 See, for example, Magud et al. (2011) and Ostry et al. (2010).

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¿Aldea global o construcción afectiva Local?

Los desafíos de la ciudadanía ecológica Bernardo Sampaolesi

Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (FSOC - UBA) Este ensayo se propone discutir algunos tópicos del debate que versa sobre la construcción de una ciudadanía ecológica, presuponiendo que dicha ciudadanía requiere la transformación de valores, creencias y afectos para poder realizarse. Se desarrolla alrededor de la discusión entre dos corrientes: una que privilegia lo local como lugar de construcción identitaria, para luego fomentar una conexión con lo global, mientras que la otra sostiene la idea del eco-cosmopolitismo como referencia y marco de acción ciudadana mundial.

Existen dos teorías que explican diferentes soluciones a la actual crisis ambiental (Dobson, 1997). Por un lado, la corriente llamada “medioambientalista” considera que el problema es fundamentalmente administrativo y clama soluciones que son siempre de tipo técnico, sean éstas maneras más eficientes de generar los recursos, nuevas tecnologías, etc. De esta forma, sería posible abordar la problemática sin cambiar en lo fundamental los valores, creencias y prácticas actuales, ni los modelos de producción y consumo. Desde esta perspectiva, el problema ambiental es el resultado de una mala administración, de una asignación ineficiente de los recursos, la cual no permite compatibilizar la forma de vida, los valores, y los modos de producción y consumo actuales con un medio ambiente sano y equilibrado.

Por otro lado, el ecologismo, considera que una existencia satisfactoria y con cierta armonía con el ambiente presupone cambios radicales en nuestra relación con el medio natural no humano(Valencia, 2007), así como también, una modificación profunda de nuestros valores y creencias. En ese sentido, diversas corrientes de pensamiento y autores, han discutido sobre la posibilidad de una “ciudadanía ecológica”. Ésta requiere para su constitución definitiva una serie de prácticas nuevas, una ética distinta, un cambio en los valores sobre los que se construye su relación con el ambiente. Considerando este argumento y retomando el problema de los lazos afectivos nos preguntamos hacia dónde deben construirse esos valores. En este sentido existen dos visiones no necesariamente contrapuestas entre a) quienes proponen lo local como ámbito privilegiado para la construcción de lazos afectivos

con el medio ambiente, y b) quienes consideran que la proyección afectiva debe apuntar a un eco-cosmopolitismo, es decir, a la posibilidad de construir una ciudadanía global. Estas dos visiones parecerían diferenciarse en principio por su dirección, es decir, ¿qué es aquello que es considerado prioritario?; ¿Se debe partir desde lo local, desde la conexión con el propio ambiente cercano, con el objetivo de cambiar nuestra forma de conectarnos con el medio ambiente, para luego intentar construir una conciencia global?

O por el contrario, ¿la construcción de una identidad ecológica a nivel global no requiere en lo absoluto un tipo de conexión privilegiada a nivel local?

1. Un referente tomado por la primera corriente fue Arne Naess, cuyo libro “Ecología, Comunidad y estilo de vida” es uno de los más emblemáticos del movimiento de la “Deep ecology”. En su visión, adquieren una importancia enorme la descentralización, las industrias locales artesanales, el clima particular de las regiones, etc. El objetivo es para el autor, la realización de sí, algo que para Naess es inalcanzable sin una relación adecuada con el medio ambiente, en su totalidad en principio, pero sobretodo y puntualmente, con el ambiente que nos rodea en lo cotidiano. En ese sentido, se trata de una ecología localista, de esta manera, construir una política descentralizada sería una forma de hacer de contrapeso a las tendencias centralizadoras, tecnocéntricas, que se construyen en el discurso de la expertise dirigido por una élite tecnocrática (Naess, 2008). Frente a lo cual se oponen los saberes locales, particulares, tradicionales, eso que Foucault llamaba los saberes sometidos (Foucault: 2007). No se trata de un rechazo seguro y necesario de lo global en cada uno de estos autores, como demuestra la frase “Pensar global, actuar local” (Aeriés, 2007), sino que se diferencian en la forma de construir la subjetividad desde lo que se llamó una ética de la cercanía (Heise, 2008), es decir, la formación de lazos afectivos e identitarios a través de una identificación con lo local.

2. La segunda corriente justamente parte de la premisa de la conectividad cada vez mayor del mundo, y por lo tanto considera, que la ética de la cercanía, es inadecuada en una sociedad como la nuestra. Los cambios tecnológicos, políticos y económicos de las últimas décadas, argumentan, no pueden ser simplemente deshechos, incluso en el hipotético caso de que todos así lo desearan (Heise, 2008).

Sumado a esto, Ulrick Beck (2002) considera que los riesgos que produce la propia sociedad moderna, escapan en gran medida, a los órganos de control que posee esta sociedad, y sobrepasan ampliamente los límites del Estado-Nación. En este mismo sentido, Morin(2006) plantea la existencia de una conectividad de hecho entre los diferentes lugares del mundo, pero sobretodo, plantea la idea de que las problemáticas ambientales son comunes y compartidas, siendo el caso paradigmático, el problema del calentamiento global.

La propuesta eco-cosmopolita entonces, es “un intento para visualizar individuos y grupos como parte de una ´comunidad imaginaria´ planetaria, que incluya tanto a grupos humanos como no-humanos” (Heise, 2008:57).

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Es interesante ver que en este último sentido, se plantea la posibilidad de ampliar la comunidad moral por fuera de los humanos, algo que se ha cristalizado en parte en la concesión de interpretar a los animales como sujetos pasibles de derechos. Asimismo, y como contrapartida, la ciudadanía ecológica es para Dobson una ciudadanía que se centra en la noción de responsabilidad, pero de un modo que “difiere notablemente de las versiones neoconservadoras del «retorno al deber»”, (2001:170). La diferencia estriba en no situarse en la idea de reciprocidad (tengo derecho a un bienestar social porque trabajo) sino que se basaría en un sentido no recíproco de justicia o compasión, ya que los beneficiarios de mi acción pueden estar muy lejos en el espacio o en el tiempo (generaciones futuras, animales exóticos, etc. ) (2001:171). Por lo tanto se funda no sólo en la idea del “derecho a un ambiente saludable” (que sería complementario) sino en la acción política activa en la esfera pública. Una crítica que se ha hecho a este cosmopolitismo ecológico de Dobson es la idea que su propuesta “termina delimitando un conjunto de individuos que pueden estar en cualquier sitio, que no interaccionan entre ellos, y cuya composición no interesa (es una ciudadanía de “extraños”)” (Gudynas, 2009:78).

En un sentido similar, se advierte el problema que representa el hecho de que, si bien los Estados-Nación se encuentran cada vez con mayores dificultades a la hora de sostener su soberanía, y ésta va decreciendo en pos de una mayor conectividad. A pesar de eso, las principales acciones se siguen realizando a través de los Estados, (Wendt, 1999) es decir, que su papel sigue siendo central, y aún poseen enormes capacidades para aglutinar y moldear identidades y afectos que limitan seriamente (al menos por ahora) los alcances reales de una ciudadanía ambiental que se construya solamente desde lo global.

En conclusión, en este ensayo se buscó plantear algunos de los problemas principales que surgen al considerar una ciudadanía ecológica, aceptando que la construcción de una noción de estas características, implicaría modificar valores, creencias y lazos afectivos. Por lo tanto, no puede ser realizada en el marco de una interpretación de la problemática ecológica desde lo que Dobson llama

“ambientalismo” es decir, una mirada simplemente tecnocrática que desvincula los valores actuales de la crisis actual, sin considerar que es posible que exista una conexión entre ambos. Por otro lado, se mencionaron dos corrientes que, aceptando la necesidad de cambios en los valores y lazos afectivos, los encaran desde distintas perspectivas. Quienes consideran el enfoque fundamentalmente desde lo local, creen que es necesaria una reconexión con el propio territorio, lo cual permitiría una re-conceptualización de la vida, y, al menos de manera ideal, permitiría actuar localmente teniendo una conciencia de la incidencia de esa acción a nivel global. Otra perspectiva plantea que la sociedad contemporánea no se desarrolla en ese sentido, sino al contrario, se constituye cada vez más en la dimensión de la planetariedad. A partir de allí, estos autores retoman el concepto de cosmopolitismo, y le dan una dimensión ecológica, lo cual se encontraría sostenido en la percepción de problemáticas y de un territorio global compartido (el mismo planeta) que en el límite, se encontraría en peligro de ser destruido por las propias prácticas antrópicas.

Bibliografía: Ariès, P. (2007). La décroissance, un nouveau projet politique. Paris : Golias Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Madrid : Siglo XXI editores.

Dobson, A. (1997). Pensamiento político verde. Una ideología del siglo XXI, Barcelona : Paidós.

Dobson, A. (2001). Ciudadanía ecológica, ¿Una influencia desestabilizadora ?

Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, (24) pp. 167-187.

Foucault, M. (2008). Defender la sociedad. Buenos Aires : Fondo de cultura económica.

Gudynas, E. (2009). Ciudadanía ambiental y meta-ciudadanías ecológicas.

Revisión y alternativas en America Latina, “Urgencia y utopía frente a la crisis de civilización Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Heise, U (2008). Sense of Place, Sense of Planet. Oxford University Press.

Morin, E.: (2006). Tierra Patria. Barcelona: Kairós, S.A. Naess A. (2008). Écologie, communauté et style de vie. Paris : Editorial MF. Valencia, A. (2007) Nuevos enfoques de la Política. El paradigma ecológico en las ciencias sociales. pp. 155-179 Barcelona : Icaria editorial.

Wendt, A. (2009). Social Theory of International Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 1999

Aportes desde la teoría política para (re) pensar la acción colectiva latinoamericana María Virginia Quiroga

Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba, Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNRC-UNC-CONICET)

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La literatura sobre movimientos sociales, protesta social y acción colectiva resulta sumamente abundante en nuestros días.

Dichas temáticas han sido trabajadas en diversas publicaciones, tesis de grado y posgrado, congresos, encuentros, debates, entre otras tantas instancias dentro y fuera del ámbito universitario-académico.

No es objetivo de este breve artículo realizar un recuento de las múltiples perspectivas para el análisis de la movilización social, sino más bien referirnos a cuáles son los aportes qué la teoría política -en especial la teoría de la hegemonía- puede hacer al análisis del tema. En este sentido, creemos que las teorizaciones de Ernesto

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Laclau y Chantal Mouffe, en complemento con algunos postulados de Jacques Rancière, pueden contribuir al abordaje del complejo proceso de articulaciones y sobredeterminaciones por el cual una identidad particular asume una representación más general que la trasciende, instaurando la noción de un espacio social compartido. Asimismo, dichos enfoques nos ayudan a analizar las consecuencias que genera el desplazamiento de esta identidad que, desde los márgenes de un discurso hegemónico, logra irrumpir y dislocar.

De esta manera, (pre) ocuparnos por la constitución de los movimientos sociales supone plantear inquietudes de investigación que claramente remiten a la dimensión identitaria del problema: ¿cómo se creó una identidad común que amalgamó múltiples actores que explicitaban diversas demandas?, ¿cómo un discurso logró instaurar la experiencia de un espacio social compartido?, ¿qué identidades lograron o no condensar los movimientos sociales en tanto sujetos políticos?

Los estudios inspirados en los enfoques tradicionales sobre acción colectiva y movimientos sociales -básicamente la teoría de la acción racional y la de los nuevos movimientos sociales- muchas veces permanecen en un plano meramente descriptivo, presentándose como una enunciación de hechos y personajes que no alcanza a dar cuenta de la interrelación entre contextos y agentes. Incluso, enfatizan en una seguidilla de acontecimientos como circunstancias aisladas y pierden de vista las variaciones y contingencias de la identidades en tanto no se conforman de manera homogénea a partir de un conjunto de especificidades.

A su vez, dicha literatura plantea, por un lado, a las organizaciones sociales y, por el otro, al Estado en busca de cooptarlas o reprimirlas. Frente a ello preferimos pensar la articulación entre ambos, identificando agencias o iniciativas de acción que ponen en juego una determinada subjetividad y van trazando un mapa de fuerzas donde adquirirían consistencia los sujetos.

Sostenemos entonces la insuficiencia de un análisis centrado exclusivamente en las referencias contextuales o caracterizaciones de los modos de organización y repertorios de acción; planteando la

necesidad de miradas capaces de reparar en actores permeados por conflictos y tensiones, dando cuenta de un proceso de articulación política en un contexto histórico específico. Esto tiene la ventaja de poner de manifiesto la contingencia de las identidades, su permanente interacción con el contexto y, en consecuencia, permite aprehender cómo se va constituyendo y redefiniendo su accionar político.

El hecho de que una demanda adquiera una extensión mayor y pase a simbolizar algo que va más allá de estas demandas, resultará clave a la hora de analizar los procesos de movilización social en Latinoamérica. Las categorías de la teoría de la hegemonía permiten comprender ese proceso, inicialmente, como la construcción de una equivalencia de demandas alrededor de un significante común que sobredetermina el campo de demandas que reúne. Podemos ejemplificar esta situación con el caso de Bolivia1, donde las reivindicaciones de los pueblos originarios por respeto a sus derechos tras siglos de olvido se enlazaron con la defensa de los recursos naturales saqueados por las malas administraciones locales y la voracidad del poder imperial. Pero estas demandas lograron representar más que la cuestión étnica y se articularon en discursos más amplios capaces de atravesar a múltiples sujetos y antagonismos; esto podría resumirse en el slogan de campaña del MAS-IPSP2 que interpelaba a votar por nosotros mismos: “Somos pueblo, somos MAS”. (Quiroga, 2010).

Asimismo, esto nos incentiva a pensar la constitución de los movimientos sociales como la emergencia de sujetos que desde los márgenes del discurso hegemónico -desde su no lugar- logran irrumpir y dislocar al orden establecido, transformándose en heterogéneos al sistema de representación comunitario (Rancière 1996 y 1999). La dislocación demanda nuevas formas de identificación capaces de otorgar sentido y coherencia a la experiencia cotidiana (Barros, 2002: 183). Para Laclau dislocación es “la forma misma de la posibilidad” (2000: 58) y es “la fuente misma de la libertad” (2000: 7). Ello no significa que todo resulte posible pero sí que hay una ampliación del campo de lo posible, siempre en una situación relativa-

mente determinada.

Siguiendo las enunciaciones de Rancière, el momento político -distinto al momento policial- se manifiesta cuando esa parte de la comunidad que no estaba autorizada a hablar, usurpa la palabra para demostrar que se la han negado; constituyendo un escenario común a partir de ese litigo fundamental en torno a la cuenta de las partes. Pero al mismo tiempo que irrumpe y distorsiona, la política implica la institución de algo común: esa parte que no era parte, que en nombre del daño que le provocan quienes la empujan a no tener nada, se identifica con el todo comunitario (Rancière, 1996).

Ello implicaría entonces mucho más que la reaparición en escena de sujetos antes olvidados o innominados; sino que supone su inclusión radical. Es decir, la transformación de un elemento que hasta ese momento no estaba incorporado a lo común de la comunidad, en un sujeto con posibilidades de ejercer legítimamente ciertas capacidades en ese común (Barros, 2010).

Todo ello resulta pertinente para entender los procesos que se dieron en la última década en que los movimientos sociales latinoamericanos parecieron alejarse cada vez más de una visión autonomista y autolimitante, en el sentido de irrumpir en el espacio de la política institucional y disputar al gobierno neoliberal la prerrogativa de la toma de decisión. De este modo, identificamos que las experiencias del subcontinente enarbolaron reivindicaciones claramente políticas y su desempeño repercutió en la reconfiguración de los gobiernos de principios del siglo XXI. Tal como expresa Ramírez Gallegos (2006: 34) estos movimientos contribuyeron a generar un recambio de cuadros, “más plebeyos y populares”, y aportaron al aparato gubernativo un conjunto de dirigentes sociales, militantes y técnicos provenientes de sectores sociales desfavorecidos marcados por su extracción de clase, o por su etnia y color de piel.

En suma, estas contribuciones desde la teoría política -y especialmente desde los aportes de Rancière, Laclau y Mouffeplantean la aceptación del carácter constitutivo de la heterogeneidad. Con ello, nos animamos a pensar a la movilización social como una expresión que da cuenta

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de esa resistencia a la homogenización, manifestando la inexistencia de un espacio saturado y una representabilidad plena. “Siempre habrá antagonismo, luchas y parcial opacidad de lo social: siempre habrá historia” (Laclau, 2000: 145).

Referencias: 1 La experiencia de las organizaciones campesinas indígenas, la emergencia del Movimiento Al Socialismo como instrumento político, la consolidación del gobierno de Evo Morales, han sido objeto de diversas publicaciones de mi autoría y en coautoría.

Asimismo, se trata de temáticas que se abordan en mi tesis doctoral en curso.

2 Movimiento Al Socialismo-Instrumento

Político por la Soberanía de los Pueblos.

Se trata de la expresión política por la cual presentó su candidatura a la presidencia Evo Morales en el año 2002, 2005 y 2009; obteniendo el triunfo en estas dos últimas contiendas.

Bibliografía _Barros, Sebastián (2010): “Identificación populista, espacio y democracia”. _ Intervención presentada en el II Encuentro de Equipos de Investigación en Teoría _Política: Espacio, democracia y lenguaje. 23 y 24 de septiembre. Córdoba. Disponible en: http:// espaciodemocraciaylenguaje.blogspot.com/ Consultado el: 2709/2010. _Barros, Sebastián (2002): Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política

El peronismo como filosofía política. Una reseña desde la teoría y la praxis política Roberto Mario Magliano

Universidad Católica Argentina, Instituto de Altos Estudios Juan Perón (UCA – IAEJP) 1. El peronismo como filosofía Perón siempre consideró a su pensamiento (justicialismo) una filosofía1. El sistema filosófico peronista puede ser considerado al mismo nivel y rigor que los grandes sistemas filosóficos creados en Occidente. A éstos se remite y acompaña.

Para el peronismo la filosofía es una tarea de iluminación. Su esencia es “iluminar”, hacer “visible”, llevar a un campo donde la verdad sea “vista”. “Iluminar”, hacer “visible” son referencias metafóricas.

Sólo iluminan los objetos materiales, como una lámpara o el sol.

La filosofía -según Perón- se ocupa de reflexionar acerca de relaciones: “relaciones directas del hombre con su principio, con sus fines, con sus semejantes y con sus realidades mediatas”2.

La naturaleza de las cosas y de los hombres es un entramado de relaciones, que consiste en que si se afirma un término, éste es en tanto se afirme un segundo término. Pero los dos términos, son distintos y afirmados a la vez, a diferencia de la dialéctica marxista, para la que un término es afirmación y el segundo es negación, ne-

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en la Argentina entre 1976 y 1991. Alción, Córdoba. _Laclau, Ernesto (2000): Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, _Nueva Visión, Buenos Aires. _Quiroga, María Virginia (2010) “Somos nosotros, somos gobierno: experiencias de movimientos sociales en Bolivia.” En _Bolivian Studies Journal, volumen 15-17. Universidad de Pittsburgh. _Ramírez Gallegos Franklin (2006) “Mucho más que dos izquierdas”, en Nueva Sociedad nro. 205. _Rancière, Jaques (1999): En los bordes de lo político. Soporte digital en: www.philosophia. cl/ Escuela de Filosofía, _Universidad ARCIS _Rancière, Jaques (1996) El desacuerdo. _ Política y Filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires.

gación –además- de lo mismo que se afirma.

Todas las relaciones posibles que el hombre puede entablar, se comprenden en un único concepto filosófico, creado a sus efectos: la tercera posición. Este es el concepto principal que identifica a la filosofía política peronista. Por eso el peronismo es una filosofía política original.

La idea de tercera posición surge en el marco de la preocupación sociológica ¿Por qué Perón define la tercera posición a partir de su reflexión sobre el problema social? Para el peronismo, lo político es una propiedad de lo social y en lo social se subsume. Desde la aparición del peronismo, lo social y lo político no van más separados. Lo político opera en función de lo social. Lo social tiene más jerarquía ontológica que lo (meramente) político, sin que por ello lo político pierda su esencia. En esta nueva manera de entender el nexo entre lo social y lo político radica la originalidad del peronismo, y debido a ello adquiere rango de filosofía (política).

La tercera posición es la relación de relaciones, es el género que determina cómo debe ser cada una de las específicas relaciones que eventualmente se instauren. Porque el peronismo piensa al hombre en términos de “relaciones” y según la concepción de la “tercera posición”, es que “lo social” se vuelve preponderante.

2. El peronismo como ideología ¿Qué entiende el peronismo por ideología? Perón llama “ideólogos” a los “estudiosos de las ideas”3. Podemos deducir que “ideología” es el estudio de las ideas.

Según Perón (fines de los ’60) existen sólo dos ideologías: la cristiana y la marxista. Y aclara: “salvo que alguno se decida por crear una tercera propia y original”4. El justicialismo habría fijado su ideología -conforme los dichos de Perón- en el Primer Congreso de Filosofía de Mendoza de 19495, en el texto Una Comunidad Organizada. Aquí se exponen los fundamentos filosóficos de la doctrina peronista.

En 1971 Perón sostiene que las ideologías no cambian; y que si lo hacen, lo hacen pasados largos períodos de tiempo. Las doctrinas, por su parte, varían según las circunstancias de su aplicación.

Distinguiendo entre ideología y doctrina, ésta sería la forma de ejecución de aquélla6. Cada época histórica tiene -según Perónsu ideología. Habría una ideología para la Edad Media, para la etapa capitalista, para la socialista, etc. Toda ideología se ejecuta mediante una doctrina, bajo determinadas circunstancias y en un determinado tiempo y espacio. Si las circunstancias, el tiempo y

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el espacio, cambian, por lógica se producirán modificaciones en la formas de ejecutar la ideología, sin que por ello ésta pierda su carácter permanente.

En 1974, Perón afirma que “Nuestra patria necesita imperiosamente una ideología creativa que marque con claridad el rumbo a seguir y una doctrina que sistematice los principios fundamentales de esa ideología”7. Las ideologías tienen para Perón una función muy concreta: señalar de modo claro adónde se quiere ir.

Sin embargo, Perón señala en su definición de “ideología” de 1974 que la doctrina debe sistematizar los principios fundamentales de la ideología, lo que significa que una ideología debe contar con ciertos principios. En definitiva, el contenido de una ideología está expresado en principios (fundamentales), los que aportarían la suficiente claridad para fijar el rumbo a tomar. Ya Perón había expresado que las doctrinas no son eternas sino en sus grandes principios8.

Para el peronismo la ideología consiste en los grandes principios fundamentales, permanentes e inamovibles que sustentan la doctrina9. De esta manera, el concepto de ideología que sostiene el peronismo está muy lejos del concepto de ideología del marxismo, concepto que se le ha querido endilgar para interpretarlo.

Si para el peronismo ideología son “principios fundamentales”; y su ideología está formulada –como se dijo anteriormente- en el texto de La comunidad organizada, es aquí donde debemos hallar esos principios. Ellos son, a nuestro criterio: 1)-sentido de proporción; 2)- anhelo de armonía; y 3)- necesidad de equilibrio10. Los principios de proporción, armonía y equilibrio emanan de la misma postura filosófica de la “tercera posición” y la explicitan.

3. El peronismo como doctrina El peronismo tiene el mérito de haber introducido y consagrado el concepto de doctrina en política. Según Perón, las causas que no cuentan con una doctrina están condenadas al fracaso. Una buena política es aquella que cuenta con una doctrina. ¿Por qué? Porque una doctrina aporta unidad de criterio a una diversidad de elementos sin ninguna ligazón, dándoles una firmeza y asegurándoles una perdurabilidad que de por sí carecen. Por la doctrina los elementos dispersos se convierten en un hecho.

Pero el peronismo no incorpora cualquier concepto de doctrina, sino el utilizado en la ciencia militar. ¿Qué particularidad presenta ese concepto que se distingue de todos los demás? Su carácter práctico11, carácter que recoge Perón cuando dice que la doctrina es la forma de ejecución de la ideología. “Práctico” quiere decir que la concepción trae consigo su propio plan de realización. La concepción no se realiza a cualquier precio, sino midiendo en todo momento, de acuerdo a las circunstancias, el espacio y el tiempo, su propia capacidad y alcance. Y es en este sentido que -nos parece- hay comprender por qué la doctrina tiene que estar abierta a su “actualización”.

En definitiva, la doctrina (peronista) es un pequeño corpus de enunciados breves que contienen su propio proceso de autorrealización y que en su desenvolvimiento exhiben y confirman la verdad de los mismos. Si consideramos a la Argentina como un hecho original de la realidad, no puede haber mejor doctrina que refleje su íntima naturaleza y atienda mejor sus asuntos que la doctrina justicialista.

4. El peronismo como teoría general

Una doctrina sin teoría -sostiene Perón- resulta incompleta12. Toda teoría debe precisar su objeto. ¿Cuál es el objeto de

la teoría general del peronismo? La doctrina peronista. La teoría general es la interpretación inteligente de la doctrina13.

Una teoría general del peronismo no se conforma solamente con explicar el contenido de la doctrina. La doctrina enuncia los problemas14 que se presentan en la vida del hombre y de la comunidad, pero su solución no viene de la doctrina, sino de la teoría. Las conclusiones teóricas, además de ser explicaciones, son soluciones a problemas. Se deduce entonces que por medio de la teoría no se trata de conocer por conocer, sino de conocer para descubrir y ejecutar la solución buscada. ¿Por qué de una teoría general? Así como con la doctrina se trata de inculcar una concepción común, a fin de que se piense, se sienta y se actúe de la misma manera, con la teoría se trata de interpretar los contenidos doctrinarios de un modo congruente, a fin de evitar versiones antagónicas o contradictorias.

Una teoría general del peronismo comprendería, a nuestro criterio, los siguientes puntos: 1. La tercera posición. 1.1. Tercera posición y dialéctica. 1.2. Tercera posición y pragmatismo. 2. Principios ideológicos permanentes. 2.1. Proporción. 2.2. Armonía. 2.3. Equilibrio. 3. La realidad. 3.1. Realidad y hecho. 3.2. Realidad y efecto.

3.3. Realidad y caso original. 4. El método. 4.1. La percepción de la realidad. 4.2. La inteligencia y el método analítico-sintético.

4.3. Diferencias entre el método cartesiano y el método peronista.

4.4. La lógica estratégica. 5. El hombre. 5.1. Materia y espíritu.

5.2. La apetencia y los deseos. 5.3. Las necesidades y las aspiraciones. 6. La doctrina. 6.1. La doctrina política. 6.1.1. Concepto de política. 6.1.2. Masa y pueblo. 6.1.3. La democracia social.

6.1.4. La conducción. 6.1.5. El gobierno. 6.1.6. El estado. 6.1.7.

La organización libre del pueblo. 6.1.8. La relación derecho-deber.

6.1.9. La comunidad organizada. 6.1.10. La soberanía política. 6.2.

La doctrina económica. 6.2.1. La economía social. 6.2.2. La relación capital-economía-bienestar social. 6.2.3. El trabajo. 6.2.4.

Producción, productividad y consumo. 6.2.5. Economía y ecología.

6.2.6. La independencia económica. 6.3. La doctrina social. 6.3.1.

La función social. 6.3.2. La aplicación sistémica. 6.3.3. La justicia social. 7. Planificación y proyecto nacional. 7.1. La felicidad del pueblo. 7.2. La grandeza de la nación. 8. La liberación.

Bibliografia 1Mario Casalla, “Perón y su relación con la filosofía”, Movimiento, 3(2007) pp. 69-75.

2Juan D. Perón, La comunidad organizada, Instituto para el Modelo Argentino (IMA), Buenos Aires 2007, p. 141.

3 Juan D. Perón, “La hora de los pueblos”, Obras Completas, Buenos Aires 1998/2002, T. 22, V. 1, p. 132.

4Ibíd.

5Ibíd.

6Juan D. Perón, “Actualización política y doctrinaria para la toma del poder”, op. cit., T. 23, V. 2, p. 481.

7Juan D. Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, Buenos Aires 2007, p. 47.

8Juan D. Perón, “Conducción Política”, op. cit., T. 13, p. 11.

9La idea de asociar en el peronismo el concepto de ideología con el de grandes principios, lo debo a Silvio Maresca, de una nota manuscrita suya al texto de “Conducción Política”, incluido en la edición de 1985 de las Obras Completas de Perón.

10Juan D. Perón, La comunidad..., p. 183.

11Juan D. Perón, “Apuntes de Historia Militar”, op. cit., T. 2, p. 34.

12Juan D. Perón, “Conducción…”, op. cit., p. 9.

13Ibíd, p. 12.

14Ibíd, p. 9.

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“La transformación de la comunicación política, es la transformación de la política” Mario Riorda

Universidad Católica de Córdoba (UCC) Universidad Austral (UA) Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUOG-A) La comunicación política va adquiriendo un fuerte influjo tecnológico que, independientemente de ser o no una herramienta central va produciendo cambios sustantivos en las prácticas de la política.

Claro que no toda comunicación es política, pero toda política representa un fenómeno comunicacional. Y cómo la comunicación, vía el impacto tecnológico está mutando aceleradamente, también está mutando aceleradamente la política.

En los contextos regionales, los marcos de actuación todavía están construidos mayoritariamente sobre ejes concretos de una política tradicional. No obstante ello, lo tecnológico no debe verse como excluyente de los medios tradicionales. En todo caso, con un uso complementario.

En este sentido es muy importante que la variable distintiva de la última campaña norteamericana haya sido la generación y posterior potenciación de redes, pero no por ello se debe dejar de considerar que los medios tradicionales, como la TV, la radio y los periódicos hayan desaparecido.

Cerca del 4% de la inversión total fue en medios digitales en esa campaña y pareciera que todo se reduce a redes sociales digitales y ello no es así. La tecnología a través de las nuevas redes sociales lejos de bajar los costos los sube, porque no se reducen otros costos y se agregan nuevos en clave de convergencia. Más que una transición está dándose una reconfiguración ampliada de alternativas. Las ventajas son muy amplias en tanto existen posibilidades de que, el viejo paradigma comunicacional de pocos informando a muchos, pase a una nueva concepción de muchos informando a muchos. Parecería que la

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comunicación política digital alentaría a generar cauces de información bidireccionales, para activar y motivar a la ciudadanía a participar de la vida pública, potenciando mecanismos de escucha para que puedan desaparecer las concepciones lineales o descendentes de la comunicación.

Pero sólo eso: parecería y en pura escala potencial. No obstante, dicha tendencia es un proceso que no tiene direccionamientos únicos y aparecen hechos que relativizan la proclamada mayor democraticidad de las redes. Varias prácticas señalan eso generando tanto desafíos como riesgos. Uno de ellos es la negatividad que las redes tienen vía la transmisión acelerada de rumores o desvirtuaciones que afectan la reputación de personas actores de lo político: políticos, periodistas y ciudadanos. La red es un activador de contagio, pero también un activador de campañas negativas que toman forma planetaria o regional, dependiendo de quién se trate. Y no hace falta tener Twitter para que la red –colectivamente hablando- construya la reputación de las personas públicas. La red habla, habla y habla, sin necesidad de que cada actor público le responda. Por eso es que redes como Twitter estimulan, amplifican, pero también estresan a la política. Mucho más cuando se dan fenómenos de “flaming” como interacción insultante entre los usuarios de Internet que conduce a posturas polarizadas y radicalizadas como un acto de vandalismo en usuarios individuales, en organizaciones sectoriales y en representantes de partidos políticos que administran usuarios falsos, comentan con nombres inexistentes o saturan decenas de casilleros con idéntico comentario.

El anonimato expande la inconducta: la cobardía hace decir cosas que no se dirían ante la exigencia de visibilidad del cibernauta. Por eso, algunas políticas de los medios para reglar la participación son la moderación con reglas de juego de censu-

ra para quien incumple, el registro previo del usuario, las reglas de uso y la posible denuncia de sus pares.Dos consecuencias sociales se derivan de estos neodebates on line. Una, constructivista, que afecta a los jóvenes nativos digitales, dado que los sistemas pedagógicos se están construyendo en una cultura digital con inmersión plena en la web. El alumno, ¿podrá discernir que el debate de los periódicos digitales es lo más alejado del sistema de convivencia democrática?Otra consecuencia es el vacío legal para quien resulta agraviado por un medio que no controla lo que se publica, pero posibilita la difamación. Los damnificados pueden sentirse víctimas de una conspiración en la que los medios serían cómplices.Se sostiene que los debates de usuarios algo aportan: suelen ampliar la perspectiva del periodista, controlar la inexactitud de lo escrito en determinadas circunstancias, equilibrar los sesgos editoriales cuando son muy abusivos. Pero moderar todo es una verdadera sobrecarga tanto como una nueva función editorial para los medios. Se desprende aquí una dinámica nueva en el auge de la participación digital, que es el rol de censura en la que pueden incurrir los medios, puesto que no moderar en temas delicados puede ser una línea editorial encubierta si se conoce previamente que el tono será muy crítico y con un sesgo predominante en los comentaristas. Moderar sólo determinados temas puede provocar una censura muy explícita y dañar la reputación del medio.Nada está cerrado en este tema en que los medios deben pensar seriamente cuánto aporta a la riqueza de la calidad de la democracia este supuesto “debate digital”.Otro fenómeno muy interesante es que, como la comunicación ya no está tan mediada por prensa, el político siente que no debe ir a buscar a los medios porque los medios vienen a él y ello reconfigura además la noción del periodismo como mediador entre política y ciduadanía.

Aparece un modo de comunicación directa, organizada, orquestada, que bien podría encuadrarse como acción directa, descendente, desde el político hacia el ciudadano. Esa comunicación tiene una serie de características. Que es directa, vale decir, sin intermediarios. Que es profundamente asimétrica en varios sentidos.

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ENTREVISTA

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR: (CIENCIA) Lic. Fernando Sanchez* POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA Al momento de incursionar en la gestión pública, ser politólogo ¿representa una ventaja o una limitación?

Creo que una ventaja; aunque para ser sincero, a poco de andar tendemos a olvidar que somos politólogos, historiadores, sociólogos, hasta a los abogados les está pasando. Los politólogos tenemos herramientas teóricas que nos ayudan a comprender los fenómenos que se presentan en la realidad, pero la mayor parte del tiempo usamos tanto nuestro conocimiento aprendido en la universidad como la intuición o la persuasión.

En la gestión pública hay que saber, estudiar, ser responsable; escapar por todos los medios a la mediocridad. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que obtuviste mayores satisfacciones y en las que, por el contrario, te llevaste alguna frustración por tu labor dentro de la gestión pública?

Fueron muchas, ya que en algún momento las satisfacciones vienen por la labor personal y muchas otras por los logros colectivos. Prefiero hablar de los segundos.

Sin dudas la calidad de los Bloques parlamentarios que me tocaron integrar, tanto en la Cámara de Diputados como en la Legislatura de la Ciudad, me lleno siempre de satisfacciones; la construcción de un partido nacional, como es la Coalición Cívica - ARI, también es motivo de orgullo. Esto último, que significa un trabajo siempre inconcluso, nos

Sea porque quien habla decide arbitrariamente con quien interlocutar, sea porque quien habla –el político– tiene una red de seguidores que organizan una viralidad que tanto expande un mensaje, como protege en clave de reputación al emisor.

Pero consecuente con lo que antes se manifestaba como efecto flaming, los seguidores se convierten en verdaderos gladiadores digitales que batallan contra cualquier reacción en sentido opuesto u opositor que surja tras la acción comunicativa de un líder.

Nótese que una acción que se imaginaba como propia de los partidos políticos tradicionales, centrada en la movilización y el activismo, se ha convertido actualmente -desde lo digital- en un fenómeno masivo, espontáneo, pero que responde a la acción “imperativa” inherente a la práctica ideológica de los discursos políticos. Los nuevos medios digitales están transformando el modo de comunicación de mucha gente. De la ciudadanía en general, de

permitió ofrecer a la ciudadanía una alternativa de futuro, la que fue reconocida en varias oportunidades y especialmente en el año 2007.

Pero por sobre todas las cosas sostener la lucha por los ideales y ver el esfuerzo de muchos para no perderse en el camino.

Frustraciones? Muchas. Perder votaciones frustra; perder elecciones frustra; que se vayan algunos amigos del partido frustra.

Política y burocracia: ¿aliados incondicionales o enemigos íntimos?

Si estas discutiendo cuestiones burocráticas y aparece la frase “esto es político”, sin dudas la política se convierte en enemiga de la organización de lo público. Por el contrario, si en esa discusión no se arriman argumentos basados en intensa política, estén preparados para sellar papeles que nunca van a importar a nadie.

El verdadero problema es que en estos días en nuestro pais, la política y la burocracia se encuentran tan degradadas que es difícil llegar a la discusión que plantea la pregunta. Sería deseable que ese debate ocurra.

En una frase resumida, desempeñarse en la gestión pública significa. creer, aprender, solucionar problemas, crear futuro *Politólogo Universidad de Belgrano, legislador porteño, presidente del bloque Coalición Cívica.

los políticos y también de los periodistas, especialmente aquellos que trabajan en la cobertura de lo político.El impacto de las redes en la actividad periodística, pero especialmente de Twitter, hace pensar que es un duro oficio el ser periodista. El periodista no sólo interpela al sector político, sino que se ve expuesto e interpelado por él. El juego de otorgar reputación, otrora asimétricamente del lado del periodismo, ahora se reparte entre la propia red de seguidores del periodista, tanto como de los seguidores de un político altamente posicionado dentro de la red. Si la ley de física sostiene que “toda acción tiene una reacción, igual y opuesta”, nada mejor que dicha analogía para afirmar que el periodista interpela y es interpelado con la misma complacencia o furia simétrica a su estilo.No hay que ver sólo a las campañas electorales para entender las estrategias digitales, porque en realidad, fuera de ellas es cuando se gestan las

verdaderas estrategias, sean en la acción gubernamental u opositora. Es fuera de ellas cuando aparecen las rutinas que modelan una comunicación política diferente. Quizás también sean los gobiernos quienes menos uso de las redes realicen en la actualidad. Tras un avance en la concepción de gobiernos digitales, pocos avanzaron a una tendencia más omniabarcativa de esta realidad para redireccionarse a una concepción de gobiernos abiertos. Queda muchísimo por avanzar y más aún para sorprenderse pues la comunicación política es inherente a la política.

Muchos podrán permanecer reacios al uso o análisis de estas transformaciones.

Lo cierto es que son irrefrenables. La comunicación política no adquiere su sustancia si no es a través de su adjetivo, lo político. Y lo político tiene tanto de bueno como de malo. Así avanza la transformación más significativa de la política, de la mano de la comunicación.

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Resignificando el territorio local en el contexto global: interrogantes en torno al rol de la participación ciudadana Gisela Signorelli

Lic. En Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario y doctoranda en Ciencia Política, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNR-CONICET) La globalización no es un término unívoco. Para Galli1, es el cúmulo de procesos en el que todas las tensiones de la modernidad explotan y devienen en configuraciones posmodernas que, en tal sentido, cambian nuestras concepciones del mundo, al modificarse las percepciones del espacio y del tiempo. En este sentido, Bauman, nos habla de la disolución de los sólidos que trae aparejada la globalización: es el momento de la modernidad fluida.

La desintegración de los indicadores tiempo y espacio han llevado a algunos autores a asimilar el proceso de globalización con la desterritorialización. Esta ausencia de espacialidad política en el sentido moderno se reconoce en el hecho de que la movilización global no conoce otra espacialidad que no sea la relación entre lo local y lo global: “el glocalismo” 2 La moderna centralidad estatal del espacio se encuentra gravemente herida. El desplazamiento del Estado Nación3, conduce a la reinvención de lo local para pensar la globalización así

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como nuevas dinámicas del desarrollo4. Se conforma así de manera simultánea, siguiendo a García Canclini5, un único espacio y múltiples territorios para evitar la hegemonía de lo global a partir de concebir al territorio local como factor de identidad, como actor protagónico del desarrollo6 y como motor de la profundización democrática.

Por otra parte, en las últimas décadas, otros dos procesos nacionales confluyeron en el incremento de la relevancia de las ciudades tanto en el ámbito político como en la comunidad académica. Se trata del ciclo de reformas del Estado y la llamada crisis de representación política.

El acelerado proceso de desmantelamiento del Estado durante la década del `90, a través de instrumentos como privatizaciones de empresas públicas, indiscriminado ingreso de inversiones extranjeras, fuerte endeudamiento y planes de estabilización monetaria, entre otros,7 marchó en paralelo con la emergencia de estilos políticos que subrayaron los ya acentuados presidencialismos de la región.

Los altos costos de estos procesos de reforma, sobre todo en términos sociales prepararon el escenario signado por el individualismo, la apatía y la desconfianza, de lo que más tarde se dio a llamar “crisis de representación política”8. Esta crisis, que en términos más estrictos puede ser entendida como un debilitamiento de la confianza de la ciudadanía en los vínculos representativos articulados por actores políticos tradicionales, determinó, también, en la primera década del siglo XXI, el incremento de la relevancia de las ciudades. Se produce así, un proceso de territorialización donde el espacio local se revaloriza por ser el espacio de proximidad geográfica y simbólica- identitaria. El estallido social de 2001 hace multiplicar las demandas ciudadanas y son los espacios locales y los actores sociales los que adquieren protagonismo en dicho contexto.

Se convierte en necesario pensar nuevos modos de gestionar lo público. El aumento de la complejidad9, diversidad, interdependencia y dinamismo10 en la estructura de las interacciones entre los actores sociales, estimula la hechura de las políticas públicas desde nuevas perspectivas, en algunos casos, con énfasis en la participación ciudadana11.

Coincidimos con los autores12 que señalan la necesidad de complementar a la democracia representativa con instancias participativas para la profundización democrática de los territorios locales. La participación ciudadana fortalece la concepción del territorio local como factor de identidad y de desarrollo a partir de su potencial endógeno. Ahora bien, los canales institucionales de participación apelan al vecino y resignifican al barrio como constructor de identidades políticas y territoriales. ¿Es casual esta apelación que desplaza al ciudadano en tanto condición subjetiva, es decir, como posición de sujeto en relación con el orden público del cual él mismo es efecto y agente? ¿Cuál es el rol de los liderazgos políticos y socio-territoriales? ¿Logran las políticas participativas no reproducir los vicios de la lógica representativa? En fin, ¿pueden los mecanismos de participación ciudadana contribuir con eficacia a transformar y superar las limitaciones de las democracias latinoamericanas y potenciar el desarrollo de las ciudades en la era global?

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Bibliografia Carrizo, Carla y Galván, Cecilia (2006): “Presidencialismo y conflictos políticos en A 1GALLI, Carlo, “Espacios políticos. La edad Moderna y la edad global”, pág. 120; Nueva Visión Bs. As. 2002 2Ibídem, pág. 137 3Proceso que no debe ser leído como el fin del Estado-Nación, sino como la consolidación de otros ámbitos de interacción y de espacio políticos originales, con los que necesariamente las políticas nacionales deberán articularse (Madoery, 2001) 4Ver MADOERY, Oscar.2001. El Valor de la política en el desarrollo local, en Transformaciones globales, institucionales y políticas de desarrollo local, Homo Sapiens, Rosario Descarga de: http://redelaldia.org/IMG/pdf/ Madoery.pdf 5La globalización imaginada. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1999.

6Madoery, óp. cit. Pág. 59 7En palabras de Oszlak, una reforma del Estado vinculada a la reducción del mismo a un “Estado ausente”: El Estado mínimo puede caracterizarse como tal a partir de una serie de indicadores cuantitativos sobre su configuración, planta funcional o alcance de su intervención. Calificarlo como mínimo, sin embargo, no debería tener necesariamente una connotación derogativa… siempre que consiga garantizar o mantener, pese a ello, su rol como promotor del desarrollo sustentable, de custodio de la gobernabilidad democrática y de defensor de la equidad distributiva… En cambio, la referencia al “Estado ausente”… puede ser caracterizado como tal por el menor peso de su acción en la resolución de cuestiones sociales críticas, lo cual tiende a deslegitimar su propia existencia como estado. (OSZLAK, 2000.

El estado mínimo. V Congreso CLA. Descarga de: http://unpan1.un.org/ intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0038429.pdfpág.13) 8Ver CALVO, Ernesto y ESCOLAR, Marcelo. 2005. La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral, Buenos Aires, Ed. Prometeo; CAVAROZZI, Marcelo y CASULLO, Esperanza. 2002. Los partidos políticos en América Latina hoy: ¿Consolidación o crisis?, en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina, Juan Manuel (comps.) El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal; Rosario: Homo Sapiens; BIGLIERI, Paula y PERELLÓ,

Gloria. 2003. Los cacerolazos: antagonismo y crisis en diciembre de 2001.

Trabajo presentado en el 6to Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político. FERREIRO RUBIO, Delia.

2006. Que se vayan todos! La crisis argentina de 2001- 2003. Extraído de: http://www.deliaferreira.com.ar/pdf/at-gobierno/Crisis%202001-OEAGuatemala-2006.pdfROSANVALLON, Pierre. 2007. La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Buenos Aires, Ed. Manantial.

9Al decir de E. Morin (1990:32): “al mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” 10Ver J. Kooiman.2004. Gobernar en gobernanza. Revista Instituciones y Desarrollo N’ 16, Barcelona, España. 171-194 11Proceso a través del cual distintos sujetos sociales y colectivos, en función de sus respectivos intereses y de la lectura que hacen de su entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o trasformar el orden social y político. VELÁSQUEZ, Fabio y GONZÁLEZ, Esperanza.2004. La Planeación participativa en Bogotá D.C. análisis y propuestas Fundación corona, Foro nacional Pro Colombia.

Descargado: http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/publicaciones/ gestion/GLC_31_PlaneaciParticipaBogotaAnaliPropuest.pdf 12VER: ANNUNZIATTA, Rocío. 2011. “Proximidad”, representación y participación. El Presupuesto Participativo en Argentina.Revista íconos.

Nro. 40. Descarga: http://www.flacso.org.ec/docs/i40annunziata.pdf 13DE BENOIST, Alain. s/f.Democracia Representativa y Democracia Participativa.Versión Online: http://www.alaindebenoist.com/pdf/democracia_representativa_democracia_participativa.pdf; DE SOUSA SANTOS, Boaventura y AVRITZER, Leonardo, Introducción: para ampliar el canon democrático; EBERHARDT, María Laura. 2007.Participación Política Directa en las Democracias Representativas Contemporáneas: los mecanismo de participación ciudadana en la Ciudad de Buenos Aires, Tesina Maestría de FLASCO; POLIMENI, Florencia,¿Democracia Representativa vs. Democracia Participativa? La falsa diyuntiva, en “Presupuesto Participativo Porteño en el contexto latinoamericano. Análisis comparativo político y social de sus aspectos ciudadano, educativos y de género”, Versión digital descargado de www.redmarianomoreno.com.ar

El ingreso de Turquía a la UE: ¿un punto de quiebre en la integración europea?

Leiza Brumat

europea al ingreso de este país como miembro de pleno derecho.

De esta manera se buscará demostrar qué proceso de adhesión de Turquía a la UE modificó la exigencia en los requisitos de ingreso para el resto de los Estados candidatos, haciéndola más estricta, lo que se podría ver como un punto de quiebre en el mecanismo de ingreso al organismo.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Argentina de la Empresa (UADE) El proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea (UE) es uno de los más prolongados y complejos de la historia del bloque regional. Este proceso ha comenzado en 1953, cuando Turquía pidió ser socio de la Unión, y aún no ha finalizado. Su complejidad obedece a que es un proceso de integración muy debatido, ya que se han registrado amplias oposiciones dentro de la UE. El presente artículo tiene por fin identificar las principales variables político-institucionales que permitan explicar la reticencia

El ingreso de Turquía a la UE: debates Ningún país en la historia de la UE ha despertado tantas reacciones negativas ante su ingreso como lo ha hecho Turquía1.

Este ingreso es muy polémico por diversas razones: las hay de índole cultural, ideológica, política, fronteriza, demográfica. Las encuestas de opinión llevadas a cabo en muchos países demuestran una amplia oposición a que Turquía acceda a la UE. Hay muchas posibles razones del “miedo” a la membresía turca entre los Estados miembros: una de ellas es la presencia de grupos terroristas dentro de Turquía (el PKK Kurdo). Otra de las razones del temor de los países europeos ricos es la potencial ola de migración de turcos a sus países en busca de trabajo. Otra causa es la ubicación geográfica de Turquía: si bien podría ser estratégica por el nexo que implicaría con Oriente Medio y por su

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función de ruta de tránsito de fuentes de energía2, incorporarla a la UE también implicaría extender sus fronteras a una serie de escenarios delicados3.

Otro miedo con respecto a la entrada de Turquía4 a la UE es aquel de “sobreextrender” las instituciones de la Unión debido al peso demográfico de Turquía . En ella habitan aproximadamente 72 millones de personas, lo que convertiría a este país en el más poblado de la UE después de Alemania.

Este factor es determinante a la hora de hablar de la adhesión a la Unión, ya que en 2 de los 3 principales órganos de la UE, la representación y el poder de decisión están establecidos por la cantidad de habitantes del país, lo que hace que el “núcleo decisorio” esté constituido por los 4 países más poblados y más ricos: Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania. En el Parlamento Europeo, órgano que aprueba la legislación y el presupuesto europeos y controla a los demás órganos, los escaños son repartidos de manera proporcional a la población de cada país.

De esta manera, Alemania posee 99 escaños, mientras Francia, Gran Bretaña e Italia poseen 78 cada uno. Turquía, por lo tanto, tendría un número de escaños aproximado al de Alemania. En el Consejo Europeo, principal órgano decisorio y ejecutor, la cantidad de votos de cada país también es proporcional a la población del mismo. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido poseen 29 votos cada uno. Turquía poseería la misma cantidad de votos que ellos. Entonces, el ingreso de un país con el potencial demográfico de Turquía repartiría de manera crucial el poder de decisión, siendo el de Turquía igual al de los “cuatro grandes”.

Turquía y la UE: una larga relación El comienzo de las relaciones de Turquía con la Unión Europea (UE) se remonta al 31 de Julio de 1959, cuando Turquía pidió asociarse a la, entonces, Comunidad Económica Europea.

Su pedido fue aceptado en 1963, cuando se firmó el acuerdo de asociación (Acuerdo de Ankara), en 1970 se firmó un protocolo adicional donde se establecieron los objetivos fundamentales de la Asociación, como por ejemplo, la instauración de una Unión Aduanera en tres fases. Turquía fue el segundo país en firmar un acuerdo de asociación con la CEE, el cual es visto normalmente como el paso previo a la membresía plena.

La Unión Aduanera se completó en 1996, pasando a ser Turquía, entonces, el único país que posee una Unión Aduanera con la UE5.

En la cumbre de Luxemburgo de 1997, la UE decidió no incluir a Turquía entre los diez países candidatos que se incorporaron en mayo de 2004, ni entre los otros dos que lo harían en 2007. Ankara, en consecuencia, se distanció de Bruselas, hasta el punto de casi romper las relaciones. En 1999 la Comisión Europea reconoció a Turquía el status de país candidato. Sin embargo, destacó que sólo se abrirían las negociaciones cuando se cumpliesen los criterios políticos de Copenhague (poseer instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías). A partir de este momento, Turquía comenzó a adoptar una serie de reformas en pos de cumplir los criterios de Copenhague. En

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2005, el Consejo Europeo decidió abrir las negociaciones de acceso de la República de Turquía a la UE, tras considerar que la misma cumplía con estos criterios. La fecha de posible entrada del país a la Unión sería a partir de 2014.

“Peculiaridades” del proceso de adhesión de Turquía Grupos dentro de Turquía como los “euroescépticos”6 han acusado a la UE de aplicar a su país un nivel de exigencia mayor que para otros países candidatos. Según Harveyn, M.7, “está ampliamente aceptado que este marco es más riguroso que el de los otros países que en su día recorrieron el camino de la adhesión a la UE”.

• Luego de analizar los principales documentos y requisitos establecidos para la adhesión, se pueden observar ciertas “peculiaridades”: • La asociación UE-Turquía es la más larga experimentada por un país candidato, y la adhesión final no será antes de 2014, por lo establecido en la recomendación de la Comisión Europea de 2005. El principal obstáculo a partir del pedido de membresía en 1987 era que el país no cumplía con los criterios políticos de Copenhague.

• Es el único país con el que está en vigor una Unión Aduanera sin que sea miembro de la UE. • Se han previsto explícitamente mecanismos de suspensión del proceso, aclarando que éste tiene un “final abierto”, el cual “no puede ser garantizado de antemano” . Por primera vez, la Comisión en su recomendación sugirió la apertura “condicionada” de las negociaciones de adhesión. Por primera vez también se propuso encuadrar las negociaciones aplicando una estrategia basada en tres pilares. La consecuencia de esto es que, a partir de ese momento, también se podrán suspender las negociaciones de adhesión con cualquier otro país candidato.

• Se hace hincapié en necesidad de supervisión de la situación en Turquía.

Como conclusión, se puede observar que efectivamente, el proceso de adhesión de Turquía posee requisitos más exigentes que para el resto de los Estados. Además, a partir de este proceso, el mecanismo de adhesión se ha hecho más exigente para los Estados que deseen integrarse a la UE posteriormente.

Por otro lado, se puede observar que la cuestión de la demografía de Turquía cobra particular relevancia a la hora de analizar su potencial rol político dentro de los mecanismos institucionales de la UE: poseería el mismo poder de voto de los 4 países más grandes de la Unión en sus principales órganos decisorios.

Además, dentro del mecanismo de ingreso de Estados previsto, el poder de decisión reside básicamente en los gobiernos de los Estados miembros. Esto pondría a Turquía en una situación particularmente dificultosa: diversos Estados han ya expresado oposición a su ingreso y las posiciones mostradas entre los gobiernos y sociedades europeas no vislumbran cambios en su favor.

Sin embargo, si bien la cuestión político-institucional es de particular relevancia para el análisis de este proceso de integración, las razones de la complejidad de este proceso y de la reticencia al ingreso de Turquía por parte de la UE responden a

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una multiplicidad de causas. Entre estas se pueden enumerar: la cuestión del no reconocimiento del genocidio armenio, la ubicación geográfica de Turquía, la existencia de células terroristas en su interior, la resolución del conflicto con Chipre, la cuestión religioso-cultural, la excesiva influencia del ejército en la vida política del Estado, entre otras.

Bibliografia 1Karakan, Cemal, “Gradual integration: An attractive alternative integration process for Turkey and the EU”, European Foreign Affairs Review, Vol 31, Otoño 2006, pp. 313-331.

2Como gas proveniente de Rusia o petróleo de los países árabes como Irán.

3Turquía comparte: al noreste 276 km con Georgia; al este con Armenia 328 km y con Azerbaijan 18 km. Al sudeste, con Irán comparte 560

km; al sur con Iraq 384 km, y con Siria 911 km. Con países europeos comparte: 203 km con Grecia y 269 km con Bulgaria.

4Karakan, C.; op.cit.

5Con un volumen de comercio de setenta y cinco mil millones de euros, Turquía es el quinto socio comercial más importante de Europa (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía;2007).

6Estos grupos son: los sectores más Kemalistas (seguidores del fundador de la República, Atatürk Kemal) y nacionalistas de las fuerzas armadas, los burócratas de alto nivel y algunas figuras políticas conservadoras.

Ellos sienten que la UE discrimina a Turquía a la hora de imponer condiciones para su acceso a la Unión 7Harveyn, Martin; “Turquía y la UE: trazando el camino a seguir”; Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, num. 75 p. 21-27, octubrenoviembre 2006.

8Comisión Europea: Negotiating Framework, Luxemburgo, 3 de octubre de 2005.

Los grupos armados ilegales en el mundo: debates teóricos sobre el Estado y la Administración Pública.

Andrés Mauricio Ponce Correa

Candidato a Doctor en Psicología con orientación en neurociencia cognitiva Universidad de Maimónides, Buenos Aires (ENAC-UPB –UNORTE –USTA) Teniendo en cuenta a Polastro (2007), entre 1945 y 2001, se cuentan cerca de 130 conflictos armados de los cuales 22 han sido internacionales. Según Pathak (2008), en cuanto a programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR-, se ha negociado con Grupos Armados Ilegales (GAI) durante 24 años en 38 países; dos en América: Colombia y Haití, nueve en Asia: Afganistán, Burma, Aceh Indonesia, Camboya, Iraq, Laos, Nepal, Filipinas y Sri Lanka. Dos en Centro Este de Asia: Israel y Palestina.

Cinco en Europa: Chechenia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Norte de Irlanda y 20 en África: Angola, Burundi, Chad, Côte d`voire, Eritrea, Liberia, Mozambique, Namibia, Níger, República Democrática del Congo, Republica del Congo, Car, Guinea-Bissau, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sur África, Sudan, Uganda y Zimbawe.

Para la Cruz Roja Española –CRE(2006), por ejemplo, el conflicto en Angola involucró una lucha por la dominancia de las reservas de petróleo y diamantes.

También en Republica Democrática del Congo según la CRE (2006), los GAI se peleaban por el dominio del oro, diamantes, petróleo, uranio, estaño y el Coltán

utilizado en la fabricación de celulares.

Cachemira, asediada por India y Pakistán, según la CRE (2006), y Prado (Sin fecha), la lucha por la apropiación del oro, esmeraldas, rubíes y además por el paso estratégico a través del Himalaya; y en Chad, teniendo en cuenta la CRE (2006) y la ONU (2008), una de las raíces del conflicto, fue el deseo de poder de algunos grupos guerrilleros.

En Nigeria, teniendo en cuenta el Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria -IECAH- (2009), se incluyó la lucha por el control de los recursos naturales ya que Nigeria era el mayor productor de petróleo en el continente africano y el Delta del Níger la mayor región petrolera en tierra firme. En Haití, teniendo en cuenta a Amnistía Internacional –AI- (2005), insurgentes formaron bandas criminales que realizaron cualquier tipo de actos delictivos; robaban a la gente los alimentos provenientes de ayuda humanitaria y los vendían a precios elevados. En Guinea-Bissau, según la CRE (2006), los GAI se apropian del comercio de bauxita, ya que el 40% de la producción mundial proviene de aquí.

En Timor Lest, según la CRE (2006), la lucha armada tuvo que ver también con

la posesión de yacimientos de petróleo y gas. Así ha ocurrido en múltiples países en donde se han formado GAI sustentados en diferentes ideales y problemáticas sociales. Pero siendo particular que una vez desmovilizados, amnistiados y apoyados de forma humanitaria muchos han vuelto a reincidir en la criminalidad.

Kingma (1999), por ejemplo, afirma que algunos desmovilizados de Mozambique y South África se convirtieron en bandidos. Similarmente en países como el Salvador, Camboya, Nicaragua, también se volvieron bandidos después de la desmovilización, así lo dice también Weiss y Faggen (1995), citados por Kingma y Sayers (1999).

Teniendo en cuenta el caso de Colombia, según la organización Verdad Abierta (2009), los GAI en Colombia antes de su desmovilización estuvieron vinculados a narcotráfico y otras actividades delictivas, luego de la desmovilización volvieron a conformar estructuras armadas. Hay cantidad de GAI que surgen en los conflictos y luego vuelven a conformarse; muchos de los combatientes que se introducen a GAI no lo hacen por ideología sino por sustento económico, es una forma de llegar a su “anhelada” y rápida plenitud económica y sobre todo, al poder.

Son cerca de 21 rentas ilegales a las cuales se dedican los diversos GAI en el mundo; el narcotráfico a gran escala, el microtrá-

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fico a nivel local, la expropiación ilegal de recursos naturales que incluye diversos minerales, oro, bauxita, rutilo, entre otras, maderas, petróleo, gas, gasolina, especies animales exóticas, entre otras tantas. Venta de acciones terroristas y de mercenarios a otros grupos criminales, la extorsión la cual casi iguala el narcotráfico; fundamentada en el cobro de dinero (Impuesto, vacuna) a comerciantes, transportistas, empresarios y comunidad en general, a cambio de su supuesta seguridad o de no llevar actividades violentas en su contra.

Se apropian también de dineros públicos y monopolizan el comercio, llegan a controlar la delincuencia común cobrándoles por dejarlos hacer sus actividades ilegales; en otros casos, prestan dinero ilegal a la comunidad con usura.

El cobro de seguros también es propio, presentan automotores y otros bienes como robados ante las aseguradoras para reclamar los seguros y en el peor de los casos, se dirigen a los seguros de las personas. Se apropian ilegalmente de los bienes, para los cuales desplazan a los dueños de sus hogares y tierras, y llegan a montar retenes en autopistas y carreteras para quedarse con las pertenencias de los viajeros. Todas las microeconomías en conjun-

to se convierten en una macroeconomía o gran Sistema de Rentas Ilegales –SRI-; dicho sistema llega a traspasar fronteras, son una gran empresa multinacional, con todo un organigrama y estructura organizacional en donde hay división y clasificación de salarios, se saca dinero para la publicidad y para las diversas relaciones comerciales incluyendo la corrupción.

Así pues, los GAI, son capaces de poner en “jaque” la legitimidad de un Estado, el dinero que producen los hace muy poderosos, su capacidad armada e ilegal puede llegar a hacerle frente a una fuerza pública y la nomina llega a incluir cualquier cantidad de funcionarios públicos. No solo controlan la criminalidad de un país sino al mismo Estado y a sus gobiernos. Son grupos criminales transnacionales que no solo se comportan como grandes empresas multinacionales del crimen sino como “PARAESTADOS” a los cuales no solo la comunidad les teme, sino también los supuestos gobiernos legítimos.

Bibliografia _Amnistía Internacional (2005) Informes Anuales – Haití. En: http:// www.amnestyusa.org/annualreport_ es.php?id=ar&yr=2005&c=HTI _Cruz Roja Española (2006) Países en

conflicto. Oficina Provincial de las Palmas.

Plan de Cooperación Internacional. España.

En: http://www.sociedadytecnologia.org/pub/ conflictos.html _Organización de Naciones Unidas -ONU(2008) Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Chad. United States. _Polastro R. (2007) Estudio caso Angola: conflicto e implicaciones a nivel humanitario.

Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo _Exterior FRIDE España, en: www.fride.org/download/COM_ AngolaHuma_ESP_ene07.pdf _Pathak B. (2008) Modeling the Integration of the Maoist Combatants: DDR or SSR? En: http://www.internationalpeaceandconflict.org/ forum/topics/modeling-the-integration-of _Prado F. (Sin Fecha) Chile y las operaciones de mantenimiento de la paz. En: http://www. revistamarina.cl/revistas/1999/6/fuenzalida.pdf _Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria –IECAH- (2009) Delta del Níger: la pobreza y violencia del mayor productor de petróleo. Fecha: 01/06/2009. En: http://www.iecah.org/boletin_iecah_apertur. php?id=131 _Kingma K. y Sayers V. (1994) Demovilization in the horn of Africa. Bonn International Center Conversion –BICC-.

Internacional Resource Group –IRC_Verdad Abierta (2009) Desmovilización actual. En: www.verdadabierta.com/web3/lahistoria/periodo4.

¿CÓMO SALIR DE LA TRAMPA DEL INFRAMUNICIPALISMO EN ARGENTINA Y NO MORIR EN EL INTENTO? Una realidad preocupante: el 80% de los gobiernos locales argentinos posee menos de 10.000 habitantes, sin embargo tan sólo el 35% del total ha optado por el asociacionismo municipal como estrategia para promover el desarrollo local.

Mgter. Enzo Ricardo Completa

Máster en Ciencia Política y Sociología Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Doctorando en Ciencia Política Universidad Nacional de Rosario (UNR). Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). enzocompleta@fcp.uncu.edu.ar

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La República Argentina no es ajena a las dificultades emergentes del inframunicipalismo institucional. Este fenómeno -ampliamente estudiado en Europa- se ha vuelto frecuente en varias provincias del país, en donde se observa una gran cantidad de pequeños gobiernos locales sumamente dependientes de niveles superiores de gobierno, caracterizados por estructuras administrativas, poblaciones y presupuestos reducidos, lo que dificulta el ejercicio de las funciones demandadas por sus ciudadanos.

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Múltiples razones explican el agudizamiento de este problema en Argentina durante las últimas décadas. En este sentido, a la histórica incapacidad de gestión de los gobiernos locales argentinos derivada del escaso desarrollo socioeconómico y del despoblamiento de sus territorios (factores que les impiden recaudar una masa de recursos suficientes para sostener una gestión eficiente y eficaz), a fines del siglo pasado se agregó un nuevo factor que agravó aún mas su marcada situación de debilidad institucional: el inicio de un brusco proceso descentralizador de la administración pública nacional, que delegó numerosas funciones y atribuciones a los gobiernos provinciales en el marco de un proceso de reforma del Estado de neto corte neoliberal que tiró la crisis fiscal del Estado nacional hacia abajo, desde la nación a las provincias primero y de éstas a los municipios. Como consecuencia de estos procesos, al presente los municipios ejercen buena parte de estas funciones casi con los mismos recursos (económicos, físicos y humanos) y atribuciones fiscales con los que contaban que hace unas décadas, lo que no ha hecho más que sobrecargar sus responsabilidades en la promoción del bienestar social de sus comunidades.

En Europa, el problema del inframunicipalismo ha sido abordado de diversas maneras, muchas de ellas cuestionadas por su carácter drástico y violatorio de la identidad y la cultura local, entre ellas la fusión y/o supresión de gobiernos locales considerados “inviables” por falta de dimensión o escala para el desarrollo. Para el caso argentino, caracterizado por la existencia de grandes extensiones territoriales despobladas y con elevados índices de subdesarrollo, la supresión o fusión de municipios no constituye una solución aceptable ni deseable. Lamentablemente, en numerosas oportunidades los gobiernos provinciales han promovido esta polémica alternativa, por lo general precedida por la sanción de leyes y la promoción de reformas constitucionales tendientes a limitar la creación de municipios con escasas capacidades de gestión.

En este sentido, actualmente casi todas las constituciones provinciales establecen mínimos poblacionales para la creación de gobiernos locales. Los límites fijados, sin embargo, suelen ser muy bajos (entre 500 y 1000 habitantes, aproximadamente) situación que en la mayoría de los casos estaría justificada por el aislamiento geográfico que presentan buena parte de éstas comunidades locales. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la solución más apropiada para superar los déficits de capacidad institucional asociados al inframunicipalismo en Argentina no es la supresión de municipios ni el establecimiento de mínimos poblacionales o presupuestarios, sino la promoción de procesos cooperativos y asociativos municipales voluntarios y ascendentes, orientados a potenciar el crecimiento socioeconómico de la comunidad local en un contexto competitivo global.

Ahora bien, tradicionalmente el gobierno nacional no ha promovido el asociacionismo municipal como estrategia para el desarrollo local. Recién durante la década del `90 se evi-

dencian las primeras acciones en este sentido, entre las que podemos destacar la instrumentación de un Programa de Microrregiones Patagónicas (PMP) por parte del Ministerio del Interior en 1993; la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (que reconoció la autonomía municipal y dejó implícito el principio de subsidiariedad); el Plan Nacional de Modernización de Gobiernos Locales (1999-2001) y el apoyo institucional y económico brindado a numerosos organismos intermunicipales del país durante los últimos años por parte de diversas dependencias públicas nacionales entre las que se destacan la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, la Unidad Nacional de Preinversiones (UNPRE) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Respecto del fomento o regulación del asociacionismo municipal en el ordenamiento jurídico provincial, llama la atención su ausencia en varias constituciones. En este sentido, al presente solamente ocho (8) cartas provinciales habilitan expresamente a sus municipios a constituir organismos intermunicipales, a saber: Buenos Aires, Corrientes, Río Negro, Chubut, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos y Neuquén. En cuanto a la normativa de carácter infraconstitucional sancionada en las provincias, la misma resulta sumamente escasa y restrictiva, llegando al extremo en algunas provincias de prohibirse a los municipios celebrar acuerdos entre sí por los cuales se instrumenten la asignación de partidas presupuestarias propias para la realización de emprendimientos compartidos (construcción de obra pública y prestación de servicios) con otros municipios.

A modo de síntesis del escenario descripto, transcurridas dos décadas desde la creación de las primeras microrregiones y consorcios municipales en Argentina advertimos que la falta de políticas públicas y estímulos fiscales, económicos y legales que fortalezcan el reciente proceso de cooperación y asociacionismo municipal ha atentado contra la institucionalización de estas experiencias, desalentando la conformación de nuevas iniciativas y haciendo que muchos municipios y gobiernos locales sin jerarquía municipal prescindan del asociacionismo incluso cuando se presenta como una solución viable para la resolución de problemas comunes tales como la imposibilidad de acceder a tecnología y equipamiento costoso, duplicación de esfuerzos, falta de fuerza negociadora frente a terceros en materia de demandas comunes y/o de escala para generar o fortalecer actividades económicas con un alto impacto social que motoricen el desarrollo local en sus territorios.

Una situación sumamente preocupante si se tiene en cuenta que la mayoría de los problemas de los ciudadanos actualmente se desenvuelven y resuelven en el ámbito microrregional o metropolitano, lo que convierte a la cooperación y el asociacionismo municipal en una estrategia de gestión sumamente determinante para superar el dilema del inframunicipalismo institucional que aqueja a la mayoría de las provincias argentinas.

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La fábrica de politólogos: la enseñanza de la ciencia política en la Argentina actual.

Pablo Bulcourf y Nelson Cardozo* 1. Desde lejos y hace tiempo.

En el año 2001 se llevaba a cabo el V Congreso Nacional de Ciencia Política en la ciudad cordobesa de Río Cuarto; en ese momento un grupo de jóvenes recientemente graduados y estudiantes de ciencia política y relaciones internacionales se proponían constituir una red de politólogos en todo el país con base en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero rescatando también la importancia del “papel” en la actividad científica. Nacía Espacios Políticos como un periódico que pretendía dar cuenta del desarrollo disciplinar con un fuerte sentido federal y una gama amplia de concepciones. Durante cada evento similar volvíamos a disponer de nuevos ejemplares, cada vez con una mayor cantidad de artículos, pasando las fronteras y permitiendo un intercambio fluido de ideas.

En todos los números se dedicaron algunas producciones a dar cuenta de la historia y desarrollo de la ciencia política en la Argentina y la región, fomentando la continuidad de un debate que hoy ha ido ampliando sus fronteras en diversos proyectos de investigación reconocidos, tesis de grado y posgrado, temas de becas y una serie de publicaciones científicas con una creciente construcción de datos empíricos sobre nuestra historia.

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A lo largo del tiempo algunos fueron los hitos que dieron lugar al actual proceso de institucionalización y profesionalización.

Las reflexiones en torno al Primer Centenario en 1910 vieron nacer a la Revista Argentina de Ciencias Políticas y a los trabajos encabezados por Rodolfo Rivarola, José Nicolás Matienzo, Ricardo Levene y Adolfo Saldías. A Comienzos de la década del veinte se crea en la sede Rosario de la Universidad Nacional de Litoral, la primera licenciatura en derecho consular y diplomacia. Bajo los mandatos de la nueva Constitución de 1949 se establece años después la licenciatura en ciencia política y de la administración pública en la Universidad Nacional de Cuyo. Durante esos años los aportes del constitucionalista Arturo Enrique Sampay iniciarán una nueva reflexión sobre el rol del Estado. En 1956 se creará la primera carrera en una universidad privada de la mano de los sacerdotes jesuitas, siendo, años más tarde la pionera en implementar un diseño curricular en términos de lo que Norberto Bobbio denominó ciencia política en sentido estricto.

No menos importante es el aporte, para los propios estudios políticos, de la sociología. En 1940 se creará del Departamento de Sociología en la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de Ricardo Levene (h) y, ya en 1957 la carrera de la mano del destacado sociólogo Gino Germani, el cual marcará un modelo de comunidad científica en el ámbito de las ciencias sociales.

Ese mismo año aparece la Asociación Argentina de Ciencia Política presidida por Segundo Linares Quintana bajo un sesgo constitucionalista y jurídico, pero con una destacada inserción en la International Political Science Association (IPSA). También es importante destacar la contribución que desde Córdoba realizara Alfredo Poviña y su equipo, el cual fue decisivo para la creación de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

Pero el desarrollo señalado siempre se opacó a partir de las rupturas al orden institucional democrático, lo que demuestra la fuerte relación entre el desarrollo de las ciencias sociales y la necesidad de pluralidad política. El golpe militar del treinta y la posterior “década infame”; la revolución de 1955 y el derrocamiento y proscripción del peronismo, la revolución de 1966 y la finalización de la llamada “década de oro de la universidad argentina” y posteriormente la dictadura más cruenta por la que atravesó la Argentina instauran-

do en 1976 el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Tampoco hay que caer en lecturas simplistas de situaciones política muy complejas, ni construir un relato de una comunidad científica “buena” frente a coaliciones militar-oligárquicas destructivas; muchos académicos compartieron y actuaron en roles destacados de estas interrupciones institucionales, sirviendo de verdaderos intelectuales orgánicos de modelos políticamente excluyentes y socialmente degradantes para la mayoría de la ciudadanía.

2. El resplandor en la hierba.

La vuelta a la democracia en 1983 orientó a las ciencias sociales, y especialmente a la ciencia política y las relaciones internacionales, hacia un desarrollo sin interrupciones hasta nuestros días. Todos los indicadores cuantitativos que podemos utilizar para analizar la consolidación de un campo intelectual han crecido. Una mayor cantidad de académicos y sus equipos de investigación han afianzado diferentes áreas temáticas, posiciones teóricas y enfoques metodológicos; un ejemplo lo podemos observar en el crecimiento de investigadores del CONICET y becarios en sus distintas modalidades, como así también en las dedicaciones exclusivas orientadas a la investigación de las universidades.

Se ha registrado una ampliación significativa de la oferta de grado y posgrado en ciencia política y relaciones internacionales, la cual se expande en diversos sentidos: geográficamente encontramos que en todas las regiones del país han aparecido estos estudios; las carreras se han desarrollado tanto en el ámbito público como en la gestión privada, pertenecientes a entidades laicas como confecciónales. Los modelos universitarios presentan proyectos institucionales de las más variadas orientaciones. Se han multiplicado los centros de investigación, las fundaciones y las ONGs vinculadas a la ciencia política.

La producción científica ha crecido exponencialmente, lo que se refleja en las diversas publicaciones periódicas. Revistas como Revista Argentina de Ciencia Política, Temas y debates, Studia Politicae, Revista SAAP, Nuevo Espacio Público, Política y Gestión, Miríadas, Colección, El Debate Político y PostData dan cuenta del desarrollo disciplinar, obteniendo, en algunos casos, la pertenencia al Núcleo Básico de Revistas Científicas del Caicyt-CONICET y su catalogación en bases especializadas

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como Latindex y Scielo. Numerosos grupos de investigación han dado a conocer su producción mediante la publicación de compilaciones. El desarrollo específico de la enseñanza ha permitido que equipos de cátedra publicaran manuales para iniciar a los alumnos en la disciplina. Algunos politólogos argentinas han comenzado una creciente inserción por fuera de nuestras fronteras publicando artículos y capítulos de libros en el exterior, varios de ellos en destacadas revistas. También registramos una creciente participación en los congresos de la IPSA, LASA y en los eventos realizados por las asociaciones vecinas en Brasil, Chile y Uruguay.

La consolidación de redes ha sido uno de los pilares de este desarrollo. La creación de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) va a permitir el nucleamiento de politólogos más importante de América Latina, realizando hasta la fecha X Congresos Nacionales de Ciencia Política. En estos eventos se han ampliado sustantivamente la presentación de ponencias libres, grupos de investigación, libros y revistas y, desde 2001 las mesas especiales para alumnos de grado. Es necesario mencionar también a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP) orientada principalmente hacia la problemática del Estado, la administración y las políticas públicas. Al igual que la SAAP ha venido desarrollando congresos nacionales con un fuerte sentido federal, registrando hasta la fecha VI eventos de magnitud e importancia creciente.

Todos estos elementos nos permiten afirmar que tanto la ciencia política como las relaciones internacionales se han desarrollado sostenidamente, sin embargo nos cabe preguntarnos sobre aspectos más profundos del tipo de disciplina consolidada y de la relación entre la profesionalización y la construcción del rol del politólogo en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la propia práctica áulica.

3. Sobre envases y contenidos.

Las discontinuidades y rupturas del proceso político democrático en la Argentina junto al tipo de matrices ideológicas y a los diferentes modelos del campo intelectual no brindaron un marco de condiciones positivas para el desarrollo de las ciencias sociales, principalmente por el grado de autonomía y la orientación empírica que se necesita para guiar el trabajo académica principalmente hacia la

producción de conocimientos válidos dentro de una comunidad científica. Es importante aclarar que los aspectos ideológicos y valorativos cruzan toda la labor científica y siempre se encuentran presentes orientando la forma y el sentido de la actividad académica. En el caso de las ciencias sociales se nos presenta una doble reflexividad del conocimiento, el cual a su vez transforma en su praxis la propia dinámica social en lo que algunos autores como Anthony Giddens han denominado una “doble hermenéutica”. En el caso de la ciencia política se produce una particular y “extraña” relación con su objeto de estudio.

Teoría y praxis se conjugan en una amalgama difícil de desentrañar. Por esta razón es fundamental establecer criterios de vigilancia epistemológica y una visión crítica constante de las consecuencias políticas y sociales de la aplicación del conocimiento. Como solía sostener Sheldon Wolin, nos compete más prevenir que predecir los fenómenos políticos; lo que nos impone una fuerte responsabilidad no sólo como profesionales sino como personas y ciudadanos.

Si bien el período de la organización nacional y las reflexiones ya mencionadas en torno al Centenario permitieron una orientación hacia el desarrollo de las ciencias sociales, éstas fueron practicadas como apéndice del derecho o, en el mejor de los cosos, de la filosofía o la historia. Una matriz liberal positivista predominó con visiones diferentes sobre el determinismo y reduccionismo biológico. Frente a esta concepción se produjo promediando los años veinte, una fuerte reacción nacionalista, anticientífica y pro-hispánica que impidió también una visión orientada hacia la construcción de un conocimiento empírico sobre la política y la sociedad. Con diferentes matices estas posiciones presentaron una afinidad marcada hacia los modelos políticos autoritarios, admirando en muchos casos a la intelectualidad nazi y fascista.

Si bien la década del sesenta cobijó el desarrollo más importante de las ciencias sociales en la Argentina, éstas se vieron incapaces de comprender a los llamados movimientos “nacionales y populares”.

Por otro lado la proscripción política y el avance de los grupos revolucionarios de orientación marxista en América Latina precipitaron un clima de intolerancia y polarización trabando el diálogo dentro de la propia comunidad científica. Las luchas entre “cientificistas”, “marxistas internacionalista” y la visión “nacional y popular”

dejaron de lado la importancia del conocimiento para transformarlo en una arena política. Las dictaduras militares aplacaron esta conflictualidad con un resultado más aterrador, la instauración de la proscripción, el exilio y la muerte.

Bajo estas condiciones, la posibilidad de construir un campo propio para la ciencia política fue prácticamente imposible, salvando algunos momentos como la reforma implementada en 1969 por Carlos Floria en la USAL, la cual apenas significó un corto período hasta que el “Grupo Criterio” dejara la institución en 1974; o las modificaciones también realizadas en la ya independiente Universidad Nacional de Rosario. La dictadura militar barrió con estos cambios volviendo a una posición jurídica de la ciencia política o vinculada con visiones filosóficas generalmente influenciadas por el conservadurismo católico o un falso liberalismo que negaba sus aspectos políticos.

A pesar del mencionado crecimiento de la disciplina una vez recuperada la democracia, está se vio debilitada en la idea de construir una disciplina con cierto grado de autonomía. Si bien el proyecto iniciado por Raúl Alfonsín promovió la ciencia política con la creación de la carrera en la Universidad de Buenos Aires o la labor del destacado Consejo para la Consolidación de la Democracia, el contenido que se fue estableciendo en las principales universidades públicas del país, no pudo escapar tanto a la historia mencionada como a las disputas propias del campo de las humanidades y ciencias sociales.

Esto dio lugar a lo que en otro trabajo publicado en Espacios Políticos hemos denominado la “colonización” de la ciencia política, ya que esta se transformó en un botín de cultores de la filosofía que al no encontrar espacio en su propia disciplina se fueron introduciendo en las jóvenes carreras o en aquellas deterioradas ocupando espacios curriculares sin el conocimiento propio del campo disciplinar. A esto se le fue sumando la “colonización por dentro” producida por los jóvenes egresados que al ser formados por estos académicos también adolecen de estos conocimientos aunque posean un título de grado de licenciados en ciencia política. Esto se ha intensificado paradójicamente en los últimos años. En una de las carreras más antiguas de nuestro país, por ejemplo, no existe una asignatura introductoria a la disciplina y hay que

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Espacios Políticos

esperar a llegar al cuarto año para comenzar a estudiar conceptos básicos de ciencia política. En otra de las instituciones más importantes las materias introductorias han sufrido un paulatino corrimiento hacia posiciones claramente anti-ciencia política.

En un estudio comparado de la evolución diacrónica de los programas de estas materias se puede ver claramente el desplazamiento de autores y temas de la disciplina por otros de corte filosóficos; en uno de estos programas la autora más citada en los textos obligatorios es Hanna Arendt.

Por otro lado, en los últimos años ha aumentado el culto a los pensadores de la Alemania nazi. Una inusual importancia del filósofo Martín Heidegger ha ido ocupando espacios en varios proyectos de investigación los cuales plantean problemáticas que poco tienen que ver con los eventuales aportes del rector hitleriano; lo mismo sucede con su par Carl Schmitt, el que parece ser ahora un referente fundamental para cualquier problema politológico. Pero ¿por qué razón sucede este giro académico? La respuesta no es fácil de establecer; por un lado viejos cultores del marxismo ahora devenidos en posmodernos se han refugiado en estas visiones generalmente anti-científicas, sin demasiada argumentación empírica y con una compleja y críptica escritura. Por otro lado algunos politólogos que hicieron contribuciones de importancia al desarrollo disciplinar al comienzo de la democracia han abandonado la investigación empírica y se han fascinado por estos autores.

El otro extremo lo presentan algunos centros privados fuertemente orientados por la ideología y las políticas neoliberales de los años noventa; en ellos el culto ha pasado hacia lo que Gabriel Almond ha llamado en su trabajo Mesas separadas la “derecha dura”. Se propone un modelo restringido de la ciencia política que apenas combina algunos aportes del neoinstitucionalismo con el rational choice. Metodológicamente se cultivan solamente las técnicas cuantitativas y la utilización de los modelos matemáticos. Prevalece un aire de superioridad frente al resto de la comunidad y sólo se preocupan por su vinculación con algunos sectores de la ciencia política norteamericana. Como hemos señalado con cierto grado de ironía en otros escritos, su principal fantasía consiste en ser invitados a cuanta fiesta promocione la embajada de los Estados Unidos.

Analizando lo sucedido en los últimos

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años, principalmente como consecuencia de la fuerte crisis política y social del fines de 2001 esta polarización fue creciendo fomentando una especie de “vaciamiento del centro teórico-disciplinar” en donde se produce un mayor intercambio y diálogo entre las diferentes perspectivas. Siguiendo el planteo mencionado de Almond las “mesas” se separan más y se produce un estancamiento en la posibilidad de cruzamiento de visiones. Esta polarización también se vio en el propio campo de las orientaciones marxistas donde o bien se pasa a una posición posmoderna vinculada con la combinación entre filosofía y estética o se radicaliza una supuesta praxis revolucionaria que pretende instaurar la dictadura del proletariado tomando facultades o hablando en nombre del movimiento obrero sin haber visitado nunca una fábrica.

De esta forma, a pesar del desarrollo sostenido en los aspectos cuantitativos, el “contenido” de la ciencia política argentina se encuentra hoy en día extremadamente atomizado entre posturas que niegan a la propia disciplina o aquellas que la reducen restrictivamente a los enfoques de la “derecha dura”. Esta prevalencia de “fuerzas centrífugas” también ha intentado ser contrarrestada por asociaciones como la SAAP, la cual ha promovido principalmente la coexistencia de una diversidad dialogada entre actores e instituciones.

A pesar de los aspectos negativos señalados seguimos contando con aportes trascendentes que nos permiten seguir construyendo una agenda común tanto de problemas como de orientaciones teóricas integrativas; sin lugar a dudas el trabajo constante de Guillermo O´Donnell nos habilita en este sentido. La reciente publicación de Democracia, agenda y estado nos marca un sendero que deberíamos animarnos a transitar.

4.

Fabricando politólogos sin morir en el intento.

El grado de desarrollo alcanzado por la ciencia política, más allá de las críticas mencionadas, nos obliga a replantearnos la forma en la que se lleva a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje en las instituciones universitarias encargadas de reproducir a la comunidad científico-académica. En los períodos históricos previos a la democratización iniciada en 1983 y durante los primeros años de ésta la enseñanza de la ciencia política y las relaciones internacionales constituyó más un hobby

de licenciados en ciencia política que se dedicaban a cualquier otra actividad profesional y canalizaban su vocación con el dictado de alguna asignatura más que a una labor sistemática y sostenida en la construcción interactiva del rol del politólogo en las diferentes áreas y posibles facetas de su actuación laboral.

El proceso de profesionalización ha permitido un paulatino reconocimiento social de nuestros profesionales. En diferentes ámbitos laborales éstos aparecen como expertos en temas de opinión pública, analistas de la realidad política y social para la toma de decisiones tanto en el ámbito público como privado, asesores parlamentarios y en todo proceso de políticas públicas. De esta forma la propia disciplina se va reestructurando generando nuevo saberes, conocimientos, prácticas y competencias que le son propias, las que, como en cualquier otra profesión comienzan a transmitirse y “construirse” desde el propio proceso de enseñanzaaprendizaje, el cual es en realidad algo continuo a lo largo de toda la vida laboral. Grado, posgrado y actualización son una cadena que se articula en toda trayectoria.

Las instituciones universitarias han tenido una actitud poco permeable a modificar sus propias prácticas educativas, cerrándose principalmente a la auto-reproducción académica con un fuerte contenido endogámico. También es cierto que otras universidades han realizado modificaciones formales en sus diseños curriculares para mostrarse renovadas y ofrecer una supuesta formación profesional que poco tiene que ver con lo que después sucede en la realidad áulica.

En un mundo donde el trabajo escasea y en una sociedad cada vez más individualista, cortoplacista y excluyente las promesas de futuras inserciones se registra fuertemente en algunos sectores educativos de gestión privada; programas de liderazgo, promesas de un éxito rápido son parte de sus ofertas educativas. Algunas carreras han incorporados modelos de competencias bien planteados en los “papeles” pero que después se desvanecen en un reclutamiento docente mal pago, de poca formación y bajo supuestas dedicaciones exclusivas que someten a los profesores, muchos de ellos recién egresados, al dictado de hasta cinco cursos por cuatrimestre y los obligan a realizar tareas administrativas. La gran pregunta es qué tipo de rol pueden transmitir más allá de vender espejitos de colores bajo el lema del éxito. Este modelo universitario es afín a un tipo de alumnado bajo el signo de lo que se ha denominado la “genera-

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ción Y” de jóvenes profesionales inquietos, poco comprometidos institucionalmente y con el propio espacio público. Esto suele terminar en una combinación éticamente deplorable para carreras como ciencia política y relaciones internacionales. La contrapartida a este modelo lo encontramos en algunas instituciones publicas en donde se promueve un supuesto intelectual “crítico” y “comprometido con las luchas sociales” que como ya hemos sostenido se consagra en la toma de los edificios educativos bajo excusas de mejoras edilicias, impidiendo el dictado de clases y el derecho a aprender y enseñar de la mayoría de los miembros de una comunidad educativa. En el fondo sus objetivos ocultos pasan más por mantener prerrogativas económicas exigiendo espacios para instalar bares clandestinos, sin la documentación que requiere cualquier emprendimiento comercial legal y financiar así actividades políticas de partidos que posteriormente no llegan a obtener ni el 1% de los votos en las elecciones. En el mejor de los casos, algunos de los más estudiosos de estos jóvenes logran obtener alguna beca y terminan estudiando problemáticas ligadas a la relación entre política y estética, o promoviendo revoluciones desde las trincheras de algún centro ubicado en Barrio Norte. Es cierto que estas formas caricaturescas actúan como “tipos ideales” y no representan a la totalidad de prácticas institucionales, pero el vaciamiento del “centro académico” antes mencionado ha tendido hacia una polarización en ambos extremos, producto también de los procesos políticos y la fragmentación social.

La enseñanza de la ciencia política y las

relaciones internacionales nos enfrentan hoy en día a grandes desafíos que obligan a replantearnos tanto los proyectos institucionales como los propios diseños curriculares. Es necesario tener un conocimiento claro del desarrollo disciplinar tanto a nivel mundial como regional y nacional, por eso el cambio es un elemento que puede ser introducido sin temores.

Las áreas disciplinares deben incorporarse desde el comienzo de la vida universitaria, permitiendo que los alumnos construyan trayectos curriculares personalizados con sus gustos y vocación. Es fundamental que los profesores sean verdaderos facilitadores de la pertenencia a la comunidad científica mediante el ejemplo en el ejercicio de su labor docente, la que constituye una de las prácticas profesionales más consolidadas de las ciencias sociales. El proceso de enseñanza-aprendizaje no debe centrarse solamente en la transmisión de conocimiento sino permitir que los estudiantes adquieran saberes, habilidades y prácticas que les permitan el planteo de diversos problemas y posibles vías para su solución mediante el empleo de métodos y técnicas del campo de las ciencias sociales; en esto consiste principalmente el rol del politólogo. Para que esto se pueda realizar satisfactoriamente, más allá de la capacidad pedagógica y didáctica que pueda tener cada profesor se requiere una adecuada formación docente muchas veces resistida por los universitarios. Necesitamos desarrollar estrategias que permitan una verdadera “transposición didáctica” que hagan que los saberes y conocimientos disciplinares puedan ser enseñables en la práctica áulica.

Los tramos de profesorado universitario deben promoverse principalmente entre los jóvenes que quieren hacer de la docencia una de sus posibles prácticas profesionales.

Estos se deben estructurar con conciencia y no ser una simple sucesión de materias.

Debemos fomentar la investigación educativa focalizada en la vida universitaria como objeto de estudio. Hay que superar una visión ridícula que existe en algunos círculos académicos en los cuales ser un mal profesor, al cual los alumnos no comprenden es una virtud que demuestra su superioridad intelectual. Un docente que no puede llevar a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje es un pésimo profesional de las aulas, por más méritos que pueda tener en otros ámbitos.

Hoy tenemos un gran desafío en el proceso de formación de nuestros futuros profesionales que, más allá de los aspectos científico-académicos deben asumir un compromiso con la solución de los principales problemas sociales y políticos por los que atraviesa el país. La toma de conciencia es fundamental para darnos cuenta que los que podemos tener acceso a la vida universitaria somos verdaderos privilegiados dentro de una sociedad que sigue siendo extremadamente injusta e inequitativa.

Construir un mundo más libre, con instituciones más democráticas, respetuoso del medio ambiente y que la igualdad no sea sólo un enunciado vacío debe constituir un claro compromiso político de las ciencias sociales sin perder su independencia y sentido crítico bajo las pluralidad de voces y visiones; éste es uno de nuestros principales desafíos.

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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA INESTABILIDAD POLÍTICA LATINOAMERICANA Una realidad preocupante: el 80% de los gobiernos locales argentinos posee menos de 10.000 habitantes, sin embargo tan sólo el 35% del total ha optado por el asociacionismo municipal como estrategia para promover el desarrollo local.

Por Walter J. Caamaño

Lic. en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA, CONICET, UBA).

Un fenómeno tan conocido en los países de América Latina como es el de la inestabilidad política ha generado un profundo debate dentro de la Ciencia Política, al menos por estas latitudes. En efecto, uno de los recurrentes temas de investigación en nuestra disciplina desde fines de la década del ’70 hasta la actualidad es el de la inestabilidad política en las democracias presidencialistas de la región, como consecuencia fundamentalmente del interés que ella muestra en relación a la dificultad que históricamente han tenido las sociedades latinoamericanas en construir democracias estables. Y como resultado de dicho debate, que para bien de quienes gustan indagar sobre este tema aún se mantiene activo, la Ciencia Política ha producido una interesante literatura al respecto. En este sentido, las breves líneas que conforman el presente artículo buscan continuar con el debate mencionado con la intención de reflexionar un poco más sobre la inestabilidad política latinoamericana.

De la inestabilidad política podemos decir dos cosas. Primero, es un fenómeno que se caracteriza por ser eminentemente político en tanto afecta a quienes por mandato popular deben ocuparse de la tarea de gobernar una comunidad. Segundo, es un fenómeno que en función de los vaivenes políticos que los países de América Latina han experimentado en los últimos cincuenta años, muestra diversas variantes, cada una de los cuales responde a una lógica distinta y se desenvuelve en diferentes niveles, bien sea a nivel macro, a nivel meso o a nivel micro. Ahora bien, resulta interesante analizar de qué tratan estos tipos de inestabilidad política, que a grandes rasgos son tres, cosa que haremos a continuación.

Comencemos por la inestabilidad política de régimen. Este tipo de inestabilidad política tiene lugar a nivel macro pues afecta principalmente al régimen político. Es decir, es un modelo en el cual el cambio de un gobierno surgido del sufragio popular conlleva el cambio de régimen político porque la salida abrupta del primero desemboca en la caída de la democracia y la posterior instauración de un régimen político autoritario. Ejemplos de la

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inestabilidad política de régimen en la región sobran: hubo interrupciones institucionales en la Argentina (1955, 1966 y 1976), Brasil (1964), Chile (1973) y Uruguay (1973), entre otros.

Si bien estuvo presente en la región en tiempos de lo que Huntington (1994) identificó como segunda ola de democratización, hasta bien entrada la década del ’80, afortunadamente esta opción ha desaparecido del horizonte latinoamericano porque más allá de las deudas pendientes que mantiene la democracia con la ciudadanía y que sin dudas constituye un régimen político perfectible, la posibilidad de regresar a regímenes autoritarios ya no está presente, sobre todo, después que las Fuerzas Armadas dejaron de tener gravitación en la política.

La Ciencia Política comenzó analizando este tipo de inestabilidad política allá por los años setenta. En efecto, el primer trabajo que abordó la inestabilidad a nivel de régimen político fue el estudio de Juan Linz y Alfred Stepan, The breakdown of democratic regimes (1978), quien dio el puntapié inicial para que nuestra disciplina dirigiera su atención hacia los problemas de estabilidad y ruptura de los regímenes democráticos en América Latina, con el objetivo de aunar esfuerzos para el estudio de los requisitos que hicieran posible la estabilidad política en nuestras democracias presidencialistas.

Pasemos ahora a la inestabilidad política de gobierno, aquella que se da a nivel meso en el sentido que afecta a únicamente al Poder Ejecutivo. Este tipo de inestabilidad política se caracteriza por la inestabilidad del presidente en medio de la estabilidad del régimen democrático. Es un fenómeno en donde las salidas anticipadas del jefe de Estado, a través de la renuncia o del juicio político, están a la orden del día y, por lo tanto, no supone la caída del régimen político como sí sucede en la inestabilidad política de régimen: un gobierno puede caer, pero el régimen político se mantiene en pie porque la conformación del próximo gobierno se decide bajo las reglas de la democracia.

La literatura reciente prefiere denominar a este fenómeno relativamente reciente como inestabilidad presidencial pues así el problema de la inestabilidad es ubicado en el presidente antes que en el presidencialismo per se (Ollier, 2008). Pero independientemente de las etiquetas que podamos ponerle, lo que importa aquí es entender a la inestabilidad política de gobierno como el desenlace de una relación conflictiva y tirante entre el gobierno de turno y la oposición política.

Esta inestabilidad política entró en escena en la década del

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’90, en el marco de la tercera ola de democratización, y sigue vigente al punto tal que desde la recuperación de la democracia, la gran mayoría de los países de la región ha experimentado de algún modo este fenómeno novedoso. Es así como nos encontramos con casos de inestabilidad presidencial en Brasil (1992), Venezuela (1993), Ecuador (1997, 2000 y 2005), Paraguay (1999) y Bolivia (2003 y 2005), por citar algunos ejemplos. Sin embargo, la inestabilidad política de gobierno es un fenómeno que únicamente tiene lugar en lo que Ollier (2011) denomina como democracias presidencialistas de baja institucionalización de la región. Los países latinoamericanos que gozan de democracias altamente institucionalizadas, como es el caso de Chile y Uruguay, no han sufrido procesos de inestabilidad presidencial desde la llegada de la tercera ola de democratización y, por el contrario, se han mantenido inmunes a ella, pese a las dificultades económicas que debieron sortear.

Ahora bien, la aparición de este tipo de inestabilidad política en el escenario latinoamericano tuvo su correlato en la Ciencia Política. Si hasta la década del ’80 los trabajos sobre el quiebre de la democracia dominaban la producción científica sobre inestabilidad política, actualmente el análisis de la inestabilidad política de gobierno ha pasado a ocupar la atención.

Como resultado de este cambio de interés, surgió un grupo de investigaciones que se propuso entender mejor este nuevo fenómeno y cuyo principal exponente es el trabajo de Aníbal Pérez-Liñán, Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina (2009). Y la aparición de esta nueva línea de investigación debemos entenderla como la reacción lógica de la Ciencia Política al surgimiento de este nuevo fenómeno político en las democracias latinoamericanas de baja institucionalización, en especial, si tenemos en cuenta que como sucede en cualquier ciencia social, al cambiar el contexto, también cambian los temas que los estudiosos se proponen indagar (Rotman, 2006).

Y por último, nos queda por mencionar lo que yo llamo inestabilidad política de partido, aquella que se da a nivel micro. Este tipo de inestabilidad política es la que afecta a un partido político en particular cada vez que le toca estar al frente del Poder Ejecutivo.

Si rastreamos en el mapa político de América Latina desde la recuperación de la democracia, podremos ver que no abundan los casos de inestabilidad política de partido. Todo lo contrario.

Por lo general, lo común es que la inestabilidad política suceda independientemente del partido político que se encuentra en el poder. Sin embargo, ha habido casos de inestabilidad política de partido en la región. En este sentido, se registran tan sólo dos casos en un mismo país: la salida del poder de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Argentina de los años 1989 y 2001, como consecuencia de severas crisis económicas.

Frente a este singular fenómeno como es el de la inestabilidad que afecta a la UCR cada vez que le toca estar en el gobierno, que por cierto se remonta a los tiempos de la primera ola de democratización, si bien hay investigaciones que analizan las caídas, por ejemplo, de los gobiernos de Alfonsín (1983-1989) y De la Rúa (1999-2001), aún no hay trabajos

que se dediquen a estudiar exclusivamente este fenómeno, con lo cual la Ciencia Política mantiene una deuda que debe empezar a subsanar. Las investigaciones que analizan los ejemplos mencionados (Pérez-Liñán, 2002; Mustapic, 2005; Carrizo y Galván, 2006; Ollier, 2006 y 2008) no los toman como un fenómeno en sí, sino como parte de otro fenómeno, es decir, como casos concretos de la inestabilidad política de gobierno, cuando en realidad la inestabilidad política del Radicalismo en el poder debe ser entendida como un fenómeno en sí, con sus propias lógicas y características, pues no es casual que desde la presidencia de Marcelo T. de Alvear ningún gobierno radical haya podido finalizar su mandato en tiempo y forma.

Para concluir resta por hacer una reflexión final. La inestabilidad política lejos de haberse ido, permanece en la región.

Como bien indica Ollier (2008), en América Latina la inestabilidad política no ha desaparecido. Al contrario, persiste a través de las caídas presidenciales o de un mismo partido político en el poder sin quiebre de régimen. Y salvo contadas excepciones, esto es un signo de la débil institucionalización de la democracia en la región y de lo mucho que les resulta a las sociedades latinoamericanas construir democracias altamente institucionalizadas.

Bibliografía: Carrizo, Carla y Galván, Cecilia (2006): “Presidencialismo y conflictos políticos en Argentina: sobre la inestabilidad política a nivel nacional y provincial (1983-2006)” en Revista Colección, No 17, pp. 35-113, Buenos Aires.

Huntington, Samuel (1994): La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona.

Linz, Juan (1987): La quiebra de las democracias, Alianza, Madrid.

Linz, Juan y Stepan, Alfred (editores) (1978): The breakdown of democratic regimes, The John Hopkins University Press, Baltimore y Londres.

Mustapic, Ana María (2005): “Inestabilidad sin colapso. La renuncia de los presidentes: Argentina en el año 2001” en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 45, Nº 178, julio-septiembre, pp. 263-280, IDES, Buenos Aires.

Ollier, María Matilde (2006): “La inestabilidad presidencial en perspectiva comparada. Elementos para pensar la construcción de una hipótesis: Brasil (1992), Paraguay (1999), Argentina (2001)” en Política y Gestión, Nº 9, pp.

137-173, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.

(2008): “La institucionalización democrática en el callejón: la inestabilidad presidencial en Argentina (1999-2003)” en América Latina Hoy, Nº 49, agosto, pp. 73-103, Universidad de Salamanca, Salamanca.

(2011): Weak democratic institutionalization and different types of presidential leaderships in inverted democracy, ponencia presentada en “Whatever happened to North-South?”, conferencia organizada por la International Political Science Association (IPSA) y la European Consortium for Political Research (ECPR), llevada a cabo en la ciudad de São Paulo del 16 al 19 de febrero.

Ollier, María Matilde y Pérez-Liñán, Aníbal (2003): “¿Lo similar en lo distintivo? Crisis políticas en Brasil y en la Argentina” en Textos para pensar la realidad, año 2, Nº 4, diciembre, pp. 54-67.

Pérez-Liñán, Aníbal (2002): “Argentina y el nuevo patrón de inestabilidad política en América Latina” en Revista SAAP. Publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político, vol. 1, Nº 1, octubre, pp.

167-185, Buenos Aires.

(2009): Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Rotman, Santiago (2006): “Metodología de la investigación en ciencia política” en Aznar, Luis y De Luca, Miguel (compiladores): Política. Cuestiones y problemas, Ariel, Buenos Aires.

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La Seguridad Internacional en la Era Digital Sergio Caplan

Investigador de la Universidad Argentina de la Empresa , Investigador y Coordinador del Programa de Estudios Temáticos del Centro Argentino de Estudios Internacionales (UADE y CAEI) El final de la Guerra Fría impulsó un proceso de globalización exponencial que supuso la eliminación de ciertas características de las fronteras nacionales.

La década del ´90 estuvo marcada por la transnacionalización de la agenda mundial, cuyo énfasis comenzó a pasar por los asuntos económicos mas que por la seguridad internacional, como había sido hasta entonces.

Pero el comienzo del Siglo XXI encuentra un panorama completamente diferente a aquél imaginado en la última década del XX. A partir de los atentados al World Trade Center en el año 2001, la seguridad internacional se reposiciona en la agenda mundial, y con ella, la geopolítica, aunque se encuentre con que las características del escenario internacional ya no sean las mismas. Las grandes potencias, como los Estados Unidos, China o Rusia, además de invertir en poder material, están apostando a una nueva forma de actuar en el sistema internacional: a través de la red.

Tal como plantea Joseph Nye Jr. (2011), la característica principal de esta nueva cuestión radica en que no hacen falta muchos recursos materiales para poder adquirir mayor poder a nivel internacional.

Teniendo en cuenta la ontología virtual que caracteriza el dominio del ciberespacio, se puede sostener que su conquista no es comparable a lo que supo ser aquella de los mares, el espacio aéreo y el espacio exterior o ultra-terrestre.

La facilidad de acceso al ciberespacio por parte de los Estados más pequeños

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cambia por completo la dinámica de las relaciones de poder en el sistema internacional. Hoy por hoy, un mayor desarrollo tecnológico de un Estado implica una mayor vulnerabilidad frente a un ataque cibernético. Aquellos Estados menos desarrollados, ergo menos dependientes del ciberespacio, tienen pocas posibilidades de ser víctimas de un ciberataque, pero, en teoría, tienen la misma capacidad de ofensiva.

Por todo esto, existe una alta probabilidad de que en un futuro no muy lejano se desarrollen “ciberguerras”. Aunque muchos académicos coincidan en sostener esta afirmación, no todos concuerdan sobre la definición de que implica exactamente una “ciberguerra”. De esta forma, encontramos que para Clarke y Knake (2010), las ciberguerras son “acciones de un Estado-Nación al penetrar las redes o computadoras de otro Estado con el propósito de causar daños o interrupciones”. Pero ampliando esta concepción puramente estatal del fenómeno, Joseph Nye Jr. (2011), sostiene que las ciberguerras son aquellas “acciones que tienen efectos fuera del ciberespacio que amplifican o son equivalentes a la violencia kinestésica”.

dieran independientemente de otras formas de confrontación. Pero el autor sostiene que un conflicto de tal magnitud necesariamente terminaría por escalar a niveles en donde la guerra convencional puede ser utilizada, volviendo a la concepción clásica de balance de poder y la estrategia, tal como la entendieron Sun Tzu y Clausewitz.

De hecho, en mayo de este año, el gobierno de los Estados Unidos ha publicado un documento oficial denominado “Estrategia Internacional Estadounidense para el Ciberespacio” en el cual se habilita al Ejército norteamericano a hacer uso de su fuerza contra cualquier otro país en caso de ser víctima de un ataque cibernético que amenace a su seguridad nacional. Además, un mes después, el Presidente Barack Obama lanzó una serie de ordenanzas que establecen la posibilidad de que sus Fuerzas Armadas perpetren ciberataques contra supuestos enemigos con el objetivo de defender sus intereses nacionales.

Sea cual fuere la definición adoptada, un ataque de tal naturaleza podría llegar a ocasionar graves daños a los países, quizá más grandes que mediante un gran ejército y aviones bombarderos. Aunque sus consecuencias reales aún no han sido evaluadas, se cree que la nueva naturaleza de estos ataques podría llegar a ser menos sangrienta que los ataques convencionales, es decir, que un ataque cibernético puede no implicar necesariamente muertes violentas.

Pero Estados Unidos no es el único país que ha adoptado estrategias para el uso del ciberespacio. Países como China, Francia, Rusia e Israel también se han sumado a una especie de “Guerra Fría cibernética” en donde la capacidad de ataque se incrementa cada vez más, pero las estrategias defensivas resultan prácticamente nulas.

El rápido desarrollo de este fenómeno en todo el mundo y la diversidad en sus posibles formas de ataque hace que las estructuras burocráticas del Estado, tanto a nivel interno como internacional, no logren adaptarse fácilmente y fallen a la hora de garantizar tanto la seguridad nacional como aquella personal de cada uno de sus usuarios.

Respecto a esta última aseveración, Thomas Mankhen (2011) plantea que esto sucedería si y solo sí los ciberataques se

Así las cosas, este dilema pone nuevamente en juego la cuestión de la diferencia conceptual entre la Defensa Nacional

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y la Seguridad Interior. Si el límite se encontraba en las fronteras del Estado, el desvanecimiento de las mismas en el ciberespacio termina por confundirlos, complejizando aún más la adopción de políticas por parte de los Estados. En este sentido, se debería examinar también, en caso de que los ataques fuesen realizados por algún Estado, si los mismos estarían causando daño suficiente como para ser considerados un acto de guerra, entre otras cuestiones.

Aunque, como vimos, no exista definición consensuada sobre este nuevo fenómeno, la mayoría de los autores coincide a la hora de citar los principales casos en los que diferentes tipos de ataques cibernéticos fueron exitosamente llevados a cabo.

Entre ellos, podemos destacar brevemente los casos del ataque de Israel contra los radares sirios en 2007; la Guerra RusoGeorgiana del año 2008; la infección del virus Stuxnet hacia el Programa Nuclear Iraní en el 2010; y el conflicto Google vs.

China que comenzó en el 2010 y resurgió en el 2011; entre muchos otros.

Por último, cabe mencionar también la serie de ataques cibernéticos que han recibido –y siguen recibiendo en estos meseslas principales compañías y organismos de gobierno de los Estados Unidos, adjudicados por los grupos de hackers conocidos como LulzSec y Anonymous, quienes tomaron la decisión de unirse con el objetivo de lanzar la llamada “Operación Antiseguridad”. Si bien no se conoce el origen físico de estos ataques, los mismos podrían estar enmarcados dentro de lo que se conoce como “ciberterrorismo” o “ciberguerrilla”, ya que involucra a individuos y a actores no-estatales, los cuales, como vimos más arriba, pueden alcanzar –o hasta superarcon facilidad los mismos recursos ofensivos del aparato estatal.

En resumen, podemos observar que el ciberespacio trae consigo un nuevo escenario global donde la seguridad internacional se torna mucho más compleja; la geopolítica cambia por completo su dinámica y las estrategias deben plantearse respecto de un sinfín de amenazas y frente a un enemigo prácticamente imposible de definir.

Bibliografia Clarke, Richard y Knake, Robert (2010), Cyber War: The next threat to national security and what to do about it, Ecco, New York.

Lewis, James (2002), “Assessing the Risks of Cyber Terrorism, Cyber War and Other Cyber Threats”, Center for Strategic and International Studies, Washington D.C., diciembre.

Masana, Sebastián (2002), “El Ciberterrorismo: ¿Una amenaza real para la paz mundial?”, Director: Escudé, Carlos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires.

Mahnken, Thomas G. (2011), “Cyber War and Cyber Warfare”, en Lord, Kristin y Sharp, Travis (eds.) (2011), America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the Information Age, Vol. 2, Center for a New American Security, junio.

Nye, Joseph S. (2011), “Power and National Security in Cyberspace”, en Lord, Kristin y Sharp, Travis (eds.) (2011), America’s Cyber Future: Security and Prosperity in the Information Age, Vol. 2, Center for a New American Security, junio.

Ottis, Rain y Lorents Peeter (2010), “Cyberspace: Definitions and Implications”, Cooperativa Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia.

Espacios geográficos y localizaciones epistemológicas: los “pos” de la colonialidad Zenaida Garay Reyna

Centro de Estudios Avanzados, Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de Córdoba (Secyt/CEA-UNC) Desde el siglo XIX hasta mediados del XX, la producción de saberes sobre Latinoamérica tuvo lugar en el marco espacial de los Estados nacionales de la región.

Hacia fines del siglo XX, el saber teórico sobre lo latinoamericano, como saber poscolonial, se desterritorializa, globaliza, y translocaliza, pierde representatividad para relacionarse con nuevas geografías y territorios, y combatir situaciones coloniales locales, generando resistencias locales ante la globalización de las localidades a la territorialización de una “racionalidad cosificante”, propia de la modernidad. Esto lleva a problematizar la relación entre espacio y localización.

La relación entre el lugar geográfico y

la teoría/producción de conocimiento se vincula con la ecuación moderna entre tiempo y teoría/producción tecnológica, ya que se configuró una monocrono-topología del mundo, dentro de un paradigma cronocéntrico, que elimina constantemente los lugares espacio-temporales de otras culturas, distintas a la occidental.

Los legados coloniales, marcados por configuraciones geohistóricas, se han construido a partir de sucesivos diseños imperiales, al interior de las áreas colonizadas y en relación conflictiva con otros imperios o diseños imperiales, tanto en América, Asia, África y Oceanía (Mignolo, 1995:3-6). Esto se enmarca en el proyecto de la modernidad, un complejo

epistémico, político y cultural, que colocó al pensamiento europeo moderno- o pensamiento euroamericano al incorporar luego la hegemonía estadounidensecomo un conocimiento superior. Aunque es preciso aclarar que modernidad no es equivalente a colonialidad, sino que es la faz visible de la relación modernidadcolonialidad.

Así mismo, la epistemología moderna al mismo tiempo calificó a los demás conocimientos como locales, procurando homogeneizar desde la unidad entre lengua, cultura y territorio, escindiendo el tiempo del espacio, anclando culturas a territorios, y subalternizándolos en un tiempo, al localizarlos en un estadio inferior, marcado por una historia universal centrada en la cultura europea.

Con relación a los legados coloniales, Mignolo (1995:3) recuerda que son di-

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versos por los diferentes ejes que los atravesaron: • El colonialismo (territorial, nacionalista, moderno, con marcos definidos por la revolución industrial y por intereses económicos y políticos del Estado-nación) que comprende la expansión imperialista de España, Portugal, Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania, entre el 1500 y 1945, es seguido por el imperialismo, liderado hegemónicamente por Estados Unidos (colonialismo posmoderno, global, desterritorializado, transnacional).

• La localización geográfica, según el tipo de colonialismo que se presentó -por ej. francés, español, alemán, inglés, etc- se articula con las historias coloniales e imperiales, siendo no sólo “historias locales, sino localizadas” (Mignolo, 1995: 4).

Los legados coloniales, huellas presentes en estos espacios geográficos, dan cuenta de las tensiones dadas por las contradicciones no resueltas en el pasado, no aprehensibles desde la epistemología tradicional, debiéndose recurrir a nuevas formulaciones para captar las dicotomías dominantes en la modernidad occidental que acompañaron la colonización (civilizado/bárbaro-primitivo, cristiano/salvaje, occidente/oriente, puro/impuro, Primer Mundo/Tercer Mundo) y la asociación entre teoría, conocimiento científico, misión civilizadora y progreso lineal e ilimitado bajo la homogeneidad del territorio del Estado-nación, del idioma, de la raza y razón.

La nueva epistemología fronteriza permite la emergencia y comprensión de estas tensiones, y una crítica a la razón modernidad imperial/occidental/colonial (Mignolo, 1995:4), rescatando las formas de conocimiento operantes entre los legados del colonialismo con sus diseños globales, y los legados o historias locales en los espacios colonizados. Por ello, posee un potencial liberador, deconstruyendo este mito que produjo agentes subalternos al dotarlos de conciencia de ello, para partir de esa situación en un “espacio entre la formación y transformación de conceptos”. Este espacio liberador remite a un “diálogo entre conocimientos locales” que impide la exportación y colonización de unos sobre otros, asumiendo un lugar de enunciación, “que

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ya no es el territorio simbólico demarcado por lo nacional-popular, sino por topografías globalizadas desde donde se piensan y se combaten los legados coloniales” (Castro-Gómez, 1998).

Estas epistemologías fronterizas buscan reflexionar y problematizar a partir de una nueva situación histórica, según Mignolo (1995) tres premisas básicas: • El mundo es objetivamente conocible y tal conocimiento puede generalizarse.

• Se genera conocimiento experto exportable o importable como mercancía y ser aplicado a y en las historias locales y a las regiones.

• Este conocimiento experto presupone un espacio geohistórico en el que se construye una localización epistemológica desde donde se puede exportar conocimiento, desde el Occidente/ Estados Unidos civilizado/desarrollado al resto del mundo, a través de mecanismos de procesamiento y distribución del conocimiento desde una hegemonía política, técnica y económica, asintiendo que determinadas representaciones y valores sean reterritorializados en localidades diferentes (Castro-Gómez, 1998).

Los “pos” de la colonialidad Durante las tres últimas décadas un grupo de intelectuales latinoamericanos (Coronil, Dussel, Quijano, Lander, Escobar, Castro-Gómez, etc) desarrolla una teorización particular de lo poscolonial, el post-occidentalismo, articulando el discurso de descolonización intelectual desde los legados y especificidad del pensamiento latinoamericano, significando una continuación y profundización de la crítica poscolonial.

Los principales elementos presentes en estas teorizaciones trasuntan el rechazo de legados cognoscitivos y socioculturales del colonialismo, como son el eurocentrismo y el racismo; el cuestionamiento de la objetividad y universalidad de las formas de conocimiento institucionalizada por la academia en el proceso de la conquista y sometimiento del mundo no europeo, como así también de las relaciones entre poder, conocimiento y distribución territorial del mundo; el descentramiento del locus de enunciación del conocimiento,

desde Occidente hacia el resto del mundo salvaje, no civilizado, y la formulación de un saber capaz de dar cuenta de la agencia histórica de los sujetos y colectividades subalternadas.

También se remarca que los efectos de la colonialidad se manifiestan en tres ejes: el ser, el poder, y el saber, configurando la colonialidad del ser, colonialidad del saber y colonialidad del poder.

La colonialidad del ser vincula los efectos de la colonialidad con la experiencia vivida. En este sentido, Frantz Fanon (1961), en “Los condenados de la tierra”, articula las expresiones existenciales del colonialismo y la experiencia racial y parcialmente la de género. Colonialidad del saber y colonialidad del poder, definidos por Aníbal Quijano (2000), en “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, dan cuenta de la conformación del poder a escala mundial en base a las categorías y diferenciaciones emergidas con el colonialismo, como la idea de raza. La colonialidad del poder sería el lado oscuro de la constitución del capitalismo y la modernidad, de un nuevo espacio/tiempo histórico tramado con la colonialidad.

Sobre la base en la categoría colonialidad del poder, Mignolo trabaja el concepto de diferencia colonial, referida a la formación de espacios geo-históricos diferenciados a lo largo de la constitución de la modernidad; complementado el concepto de Wallerstein de moderno sistema-mundo, en términos de una nueva categoría: la de sistema mundo moderno/colonial, más pertinente para manifestar la disposición global de un único poder capitalista a lo largo de la modernidad, y su concomitante segmentación en espacios geopolíticos diferenciados en términos de poder y de conocimiento, con la permanente conflictividad entre espacios locales y diseños globales.

No obstante, se discute la adecuación de la palabra poscolonial, ya que se debería aplicar a las ex colonias británicas (Mignolo, 1998), siendo más propio para Latinoamérica la palabra “post-occidentalismo”, que para Castro Gómez supone la manera de evitar la conversión de la teoría latinoamericana en una rama transnacional de la teoría poscolonial. Mignolo, para evitar esta sucursalidad, y arribar las no-

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ciones de post-occidentalismo, parte del trabajo de Fernández Retamar, “Nuestra América y Occidente”, considerando que este término sería un continuación y profundización de la crítica poscolonial pero formulada desde la especificidad del pensamiento latinoamericano, que se forma en el cruce y superposición de los poderes imperiales. De tal modo, resalta la pertinencia del uso del concepto, en lugar de colonialismo o post-colonialismo.

Además de los debates sobre el uso de los vocablos colonial/poscolonial, y occidental/ postoccidental, emerge el uso de descolonización, y pensamiento descolonial. En otras palabras

el post-occidentalismo, post-orientalismo y el poscolonialismo serían formaciones específicas de un macro proyecto de reflexión crítica sobre los legados coloniales, que intentan mostrar la superposición de categorías geohistóricas, como podrían son el orientalismo y el Tercer Mundo (Mignolo, 1995:11).

Bibliografia Castro-Gómez, Santiago (1998):“Geografías poscoloniales y translocalizaciones narrativas de “lo latinoamericano. La crítica al colonialismo en tiempos de la globalización” en Enfoques sobre Posmodernidad en América Latina, de Follari, Roberto y Lanz Rigoberto (comp.).

Cooperación Sudamericana en Ciencia y Tecnología. Una aproximación al caso de Argentina y Venezuela a través del INTI Giglio, Antonela

Licenciada en Relaciones Internacionales. Investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL-UNCPBA).

Roark, Mariano

Licenciado en Relaciones Internacionales. Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPILUNCPBA). Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

I. Introducción Durante la Presidencia de Néstor Kirchner, las relaciones bilaterales con la República Bolivariana se instalaron en el centro de los debates de política exterior. El estrechamiento de los lazos, tanto políticos como económicos permite afirmar que se trató de una etapa histórica sin precedentes en la relación bilateral. Basta con señalar que en solo cinco años Venezuela se convirtió en el país con el que el gobierno argentino concretó la mayor cantidad de convenios internacionales.

Caracas: Editorial Sentido.

Castro-Gómez, Santiago (2000):”Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo”, en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO-UNESCO. Mignolo, Walter (1995): Espacios geográficos y localizaciones epistemológicas La ratio entre la localización geográfica y la subalternización de conocimientos. http://www.javeriana.edu. co/pensar/Rev34.html Mignolo, Walter (1998): “Are Subaltern Studies Postmodern or Postcolonial?”. Dispositio/n 46 Pp45-73.

En ese marco, se produjo la firma de una serie de convenios en materia de científica-tecnológica, los cuales se plantearon como objetivo el establecimiento de vinculaciones con organismos de investigación o desarrollo tecnológico de ambos países para promover el intercambio de profesionales, técnicos, productores para compartir experiencias y fomentar la cooperación y el desarrollo. Es ese sentido, el objetivo del presente artículo será realizar una aproximación a los programas de cooperación entre ambos países implementados a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante el periodo 2003-2008.

II. Las relaciones bilaterales La asunción de Néstor Kirchner como Presidente en 2003 y la reafirmación del gobierno de Hugo Chávez luego del referéndum revocatorio de 2004, dieron inicio a un nuevo periodo en las relaciones bilaterales, caracterizado por el estrechamiento de los vínculos, tanto políticos como comerciales.

Por detrás de esta nueva sintonía bilateral existieron una serie de circunstancias vinculadas a los objetivos internos de cada país que tuvieron una influencia positiva relevante en su desarrollo. Del lado argentino, fueron importantes las medidas adoptadas por el gobierno para superar la crisis de inicio de siglo, las cuales incluyeron: el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo de alrededor de 3 pesos por dólar; la importancia dada al incremento del PBI industrial; y el impulso dado a determinados sectores líderes de la economía: el agro, la industria sustitutiva y la construcción. Por otra parte, tuvieron una influencia particular la crisis energética que empezaba a limitar las actividades económicas y existencia aun de restricciones para acceder al mercado financiero internacional.

Del lado venezolano, como consecuencia del notable incremento de los precios del petróleo en los primeros años del nuevo siglo la disponibilidad de divisas se multiplicó exponencialmente, lo que posibilitó la expansión del gasto público y la puesta en marcha de programas de cooperación

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financiera con países de la región, como la Argentina. Por otra parte, las insuficiencias estructurales del sector agroalimentario venezolano, que se evidencian en el hecho de que Venezuela sea un importador neto de alimentos, sumado a las necesidades de infraestructura en el sector industrial en general hicieron posible una complementariedad bilateral sin precedentes.

En un marco de incipiente intensificación de los lazos políticos y económicos, rápidamente se buscó poner a tono las reglamentaciones y el marco legal necesarios para su mantenimiento y expansión. De acuerdo con López Belsué, “la densidad de la relación bilateral con otros países, medida a través de la cantidad de tratados celebrados, constituye un elemento interesante para el análisis de la política exterior de los gobiernos” (2009: 1). En este sentido, el período 2003-2008 constituye un hito clave en la historia diplomática entre ambos países. La intensidad de los vínculos bilaterales convirtió a Venezuela en el país del mundo con el cual la Argentina ha celebrado más instrumentos bilaterales, representando alrededor del 27% del total del vínculo convencional a nivel mundial y el 42% a nivel regional.

III. Los acuerdos de cooperación en Ciencia y Tecnología a través del INTI En este contexto, una serie de Acuerdos cobraron especial relevancia para la cooperación bilateral científico-tecnológica.

En agosto de 2003, los mandatarios de ambos países firman el Protocolo Adicional para Actualizar el Convenio Básico entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial.

En abril de 2004, el Ministro de Energía y Minas de Venezuela, y el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina, Julio De Vido, rubrican el Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela el cual prevé entendimientos en materia de cooperación científico-tecnológica.

Finalmente, en febrero de 2007 se firma el Acuerdo de Cooperación entre la Republica Bolivariana de Venezuela y la República Argentina para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el cual toma en consideración el interés manifestado por ambas naciones en consolidar acciones de cooperación para el desarrollo tecnológico industrial en un marco, como veíamos, de complementariedad. En el marco de este Acuerdo, en agosto de ese mismo año se rubrica el Contrato Integral de Cooperación CORPIVENSA (Venezuela) – INTI (Argentina). El Acuerdo, fue considerado por el Director del INTI, Enrique Martínez como la “mayor “exportación” de conocimiento puro e intangible (no incorporado a bienes materiales) de la historia de la Argentina” (Martínez, 2008) En particular, según lo establecido en el contrato, el objetivo del mismo fue la prestación de asesoría, asistencia y servicio técnico especializado, por parte del INTI, para:

a) Cooperar en la identificación y diseño de trenes ó cadenas de valor y redes productivas;

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b) Cooperar en el diseño, desarrollo, ejecución y puesta en marcha de los proyectos productivos vinculados a las áreas establecidas en las Cartas de Intención. Estos proyectos, permitirán la creación de unidades productivas que forman parte del Plan de las 200 Fábricas Socialistas que desarrolla el Gobierno de Venezuela Asimismo, luego de la firma del contrato, se decidió la designación en Caracas de un representante permanente del INTI en la sede de la Embajada Argentina, como una forma de garantizar la comunicación fluida y las necesidades de ambas instituciones. A partir de ese momento se produjo la firma de esta serie de contratos que establecen la provisión de bienes de capital, servicios de ingeniería y transferencia de tecnología, los cuales implicaron para Argentina ingresos por más de 70 millones de dólares. Los suministros fabricados por pequeñas y medianas empresas argentinas estuvieron destinados a la instalación de mataderos frigoríficos, plantas procesadoras de vegetales; plantas recuperadoras de tubos petroleros para uso estructural, y la transferencia de tecnología para fabricar motores eléctricos de mediana potencia. De acuerdo con el INTI (2010) estos intercambios, constituyeron la mayor operación de exportación de maquinarias para equipamiento de plantas industriales realizado por pymes nacionales y demuestran los elevados niveles tecnológico y de competitividad alcanzados.

IV. Conclusiones En síntesis, podemos decir que la asunción de Néstor Kirchner y la reafirmación del gobierno de Hugo Chávez inauguraron un periodo de estrechamiento de los lazos bilaterales favoreciendo la celebración de números instrumentos de cooperación bilaterales. En particular, en materia de ciencia y tecnología, pudimos observar la firma de acuerdos entre el INTI y la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, mediante los cuales, se pusieron en marcha programas de provisión de bienes de capital, servicios de ingeniería y de transferencia de tecnología y conocimiento. A manera de reflexión final, coincidimos con Jesús Sebastián, quien sostiene que estas iniciativas estarían enmarcadas en la cooperación orientada al desarrollo, como un mecanismo a través del cual se pueda “(...) favorecer la creación de capacidades endógenas, enriquecer y potenciar los saberes (conocimientos) locales y facilitar la evolución social y productiva hacia metas de mayor desarrollo humano” (2007: 196).

Bibliografia Castro-Gómez, Santiago (1998):“Geografías poscoloniale Bibliografia Gaspar, C. (2006) “Las exportaciones argentinas frente a la desgravación arancelaria de Colombia, Ecuador y Venezuela”, en Revista CEI, N° 3.

INTI (2010) “INTI 2010. Escenarios tecnológicos para el Bicentenario” López Belsué, M. (2008) “La gestión Kirchner y los tratados bilaterales”, en Centro de Estudios para una Nueva Mayoría (CEUNM) Martínez, E. (2008) “El INTI y la industrialización venezolana: una experiencia para replicar.”

Sebastián, J. (2007) “Conocimiento, cooperación y desarrollo”; en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, n°8 (Centro Redes)

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Boleta Única: una (e) lección subnacional María Lourdes Lodi Licenciada en Ciencia Política (UNR). Master in Democracy, Politics & Governance (University of London). Docente-Investigadora, Facultad de Ciencia Política y RR.II. (UNR). Becaria Chevening (2006), IVLP (2010).

El domingo 22 de mayo se estrenó en la Provincia de Santa Fe el sistema de boleta única por categoría en las elecciones primarias abiertas para la selección de candidatos a cargos ejecutivos y legislativos, provinciales y municipales. Para quienes habitan países donde este sistema es ley hace tiempo el debut puede no resultar novedoso, sin embargo, para la Argentina, este cambio en las reglas del juego electoral en una de sus provincias constituye un hecho político digno de análisis y atención.

Un primer punto a destacar es que la Ley 13.156 -de boleta única y unificación del padrón electoral- surgió de una iniciativa legislativa de un diputado perteneciente a uno de los partidos del Frente Progresista gobernante, pero no precisamente a uno de los de mayor representación parlamentaria. A pesar de esto, el proyecto fue aprobado con un elevado nivel de consenso en la Cámara de Diputados y luego sancionado por unanimidad en la cámara alta, donde –vale resaltar- 13 de los 19 senadores pertenecen al opositor bloque Justicialista.

Más o menos concientemente, los legisladores provinciales decidieron, una vez más, que Santa Fe sería el conejillo de indias de un nuevo experimento de ingeniería electoral: ya en el 2004 habían instaurado la Ley de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias –hoy adoptada y a punto de estrenarse a nivel nacionalque puso fin a la largamente cuestionada y engañosa Ley de Lemas. Esa reforma constituyó un salto cualitativo en la democracia santafesina, pero la muerte del perro no logró acabar con mucha de la rabia que continuaba enturbiando los procesos electorales. Rabia que favorecía a algunos a costa de otros, patologías propias del

reino de la informalidad que hacían del clientelismo y el fraude normas corrientes de cada elección. En este sentido, la Ley de boleta única –por sus características y por la dinámica que impone- se presentó como un antídoto a muchos de los males que oscurecían las jornadas de votación y sus resultados.

No más cuartos oscuros: llegó la hora de las luces, de esa ilustración que Kant definió como la salida de la minoría de edad, como la capacidad de servirse del propio entendimiento, de decidir libremente sin la dirección de otro. Y la decisión soberana se toma ahora en Santa Fe en un espacio público, abierto, en una sala de votación donde conviven autoridades de mesa, fiscales, y hasta cinco ciudadanos que emiten su voto detrás de una cabina o box.

Así como se modificó el lugar de votación, la Ley 13.156 también introdujo otros cambios sustanciales. El más significativo es que el diseño, la emisión y distribución de las boletas ha pasado a ser responsabilidad del Estado y no ya de los partidos políticos. ¿Qué implica esto?

En primer lugar asegura que todos los partidos y candidatos estén representados en todas las mesas, garantizando tanto el derecho a elegir como a ser elegido. Esto se debe a que –al momento de la votación- el ciudadano recibe de manos de la autoridad de mesa 5 boletas (una por categoría electiva, diferenciadas por colores) en las que figuran todos los candidatos que disputan ese cargo. El elector debe realizar en cada boleta una marca en el casillero habilitado para la votación junto al nombre y la foto del candidato de su preferencia, doblar una por una las boletas, e introducirlas –sin sobre- en cada

una de las 5 bocas de la urna distinguidas por colores y letras según correspondan a los cargos de Gobernador, Diputados, Senador, Intendente y Concejales.

La mecánica es sencilla, el impacto profundo. La nueva modalidad de votación puso fin al robo de boletas del cuarto oscuro, práctica tristemente corriente durante las jornadas electorales en nuestro país. Se acabó también con el reparto previo de boletas y con el ‘voto cadena’, elemento clave de un aceitado y longevo sistema clientelar: ya no pueden intercambiarse favores por votos porque las únicas boletas válidas son las entregadas por las autoridades de mesa (que por su diseño particular no pueden ser fácilmente reproducidas), y por esto mismo la posibilidad de presionar al votante, haciéndole saber -o creer- que se podrá conocer si ha sufragado por la opción ‘correcta’, desaparece.

Asimismo, la existencia de una única boleta oficial, accesible exclusivamente en el lugar y el día de la votación, eliminó la posibilidad de distribuir boletas falsas o adulteradas de los adversarios; boletas ‘clonadas’ que buscaban engañar al electorado y tergiversar su voto presentando siglas de partidos o apellidos de candidatos conocidos, en listas que en realidad incluían a candidatos y partidos ignotos.

Además de la transparencia la boleta única trajo consigo la equidad.

Ahora partidos grandes y chicos compiten en condiciones igualitarias: ya no hay boletas más vistosas que otras, ni boletas mejor ubicadas que otras; todos los candidatos son presentados en tamaños y diseños equivalentes, y el orden en que aparecen en las listas se define por sorteo. Lo interesante de este punto es que el pasaje de la boleta partidaria a la boleta única trajo aparejado un cambio notable tanto en la modalidad de las campañas como en las lógicas de construcción política territorial.

De hecho, la oferta electoral misma adoptó el formato de la boleta, con la particularidad de que en cada stand partidario o en

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cada recorrida barrial ya no se distribuían boletas partidarias sino que se instruía al elector sobre cómo y dónde votar.

Mayor relevancia aún tiene la cuestión territorial: la separación de las boletas en las 5 categorías electorales marcó el ocaso de la lista sábana horizontal, esa lista colectora que permitía el arrastre de candidatos infames y locales por figuras destacadas que competían como candidatos en cargos ejecutivos o nacionales. El 22 de mayo el ciudadano santafesino pudo decidir autónomamente sus representantes para cada espacio legislativo o gubernamental, y los resultados de esta escisión entre categorías y partidos está a la vista: la lista de diputados más votada liderada por María Eugenia Bielsa no tuvo su contraparte en la elección a gobernador, en la que su hermano obtuvo 112.000 votos menos que ella. Paralelamente, el candidato a gobernador del PRO, consiguió un sorpresivo total de 230.000 votos mientras su lista de diputados solamente alcanzó a sumar 66.000. A partir de ahora la contienda es más personalizada y local, hay que ganar en el territorio y no por colgarse de la imagen o el nombre de una figurita conocida.

Hoy, a pocos días del estreno, todos parecen coincidir con las ventajas del nuevo sistema, pero vale recordar que

los meses previos a los comicios resonaban más las sospechas y prejuicios que los votos de confianza. Se temía que habría altísimos niveles de votos blancos, nulos y de ausentismo, y que el escrutinio se extendería hasta pasada la medianoche.

Sin embargo nada de esto ocurrió, incluso, los números y el timing de la votación y el recuento fueron más auspiciosos que los de las elecciones primarias de 2007, cuando se estrenó el sistema de primarias abiertas. De hecho, más allá de algunos pequeños inconvenientes que se ajustarán para las elecciones generales, el clima imperante durante y luego de los comicios fue de satisfacción y aprobación, tanto por parte de la ciudadanía como de periodistas y candidatos.

Gran parte de la clave del éxito estuvo en la campaña de capacitación implementada desde el Gobierno de la Provincia, que incluyó a todo el sistema educativo provincial –en el que alumnos de todas las edades instrumentaron simulacros del proceso electoral-, así como talleres destinados a autoridades de mesa, comunicadores sociales, universidades y asociaciones civiles realizadas en las distintas regiones y municipios. Sumado a esto, se difundió sistemáticamente información didáctica en spots de televisión y

radio, en diarios, revistas y periódicos, en afiches en la vía pública, y se dispuso una página web y una línea gratuita de teléfono para consultas.

Ventajas y resultados a la vista, el estreno de la boleta única dejó el sabor de la misión cumplida. No sólo el sistema estaba siendo evaluado, la provincia misma –su gobierno, sus partidos políticos, su población- fue objeto de este experimento observado por todo el país y desde el exterior: la prueba de combinar primarias abiertas con boleta única era sin duda la más difícil y fue aprobada con notas de eficiencia y virtud cívica.

Las elecciones generales del 24 de julio –necesariamente más simples que las primarias abiertas- terminarán de revelar las fortalezas de la boleta única y su incidencia en la calidad de la democracia santafesina. La cuestión será entonces ver hasta dónde el resto de las provincias y la nación se animan a aceptar el desafío de dar esta lección; que no se trata solamente de introducir reformas en las instituciones electorales sino –sobre todo- de apostar por la transparencia y por un cambio en las prácticas y la cultura política que tiene como fin y fundamento el derecho soberano de elegir libremente a nuestros representantes. ¡Sapere aude!

Estrategias (im)políticas: un análisis de discurso para el caso PRO Fernando Moura

Universidad de Buenos Aires (UBA) “Antes que el Ser, está la política” Gilles Deleuze Concomitancias ¿Qué es lo político? ¿Qué es gestionar? ¿Qué es la no-gestión? ¿Y es eso lo político: lo otro de la gestión? ¿O acaso la nogestión sea una suerte de congestión, de ingestión? ¿Y lo político no sería en todo caso un saber sobre lo que es mejor para el cuerpo, lo que le conviene ingerir, sobre lo que es de su injerencia por un lado, y lo que debe ser digestado, excluido, por otro?

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De lo que se trata, es de sostener una crítica a lo que pretende ser despolitizado: a los relatos utópicos, a las totalizaciones.

Pues, no existe régimen discursivo que sea auto referencial , y es en este sentido que su representatividad conlleva efectos performativos de lenguaje y devenires relacionales de constitución: identidades, antagonismos, y vaguedad ideológica son rasgos de lo propiamente político y más allá de lo que el discurso del PRO pueda llegar a parecer –neutral, impolítico- sus enunciados crean sentido e instauran demarcaciones

hegemónicas: dos acciones típicamente políticas.

Gestionar o no gestionar: una experiencia de lo indecidible El PRO postula una falaz igualación entre la política y la falta de gestión, constituye como equivalentes a las deliberaciones en torno a los objetivos de gobierno, y al no accionar sobre esos objetivos. Sin embargo, deberíamos desechar esta igualación - o mejor, utilizarla como herramienta de análisis discursivo - y postular a la política

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como un término medio (sõphrosyné), de proporción, entre lo que implica un gestionar y una congestión (un estancamiento kafkiano-burocrático). Estos dos polos constituirían los límites estructurales e indecidibles del terreno en donde tiene lugar la decisión política.

En el enunciado de la pura gestión vemos uno de los extremos. Un ideal pragmático, pero mítico a la vez, que connota mercantilismo, eficiencia y eficacia absolutas. Es la terrible fantasía de la identidadII, donde cada demanda de la sociedad civil se corresponde con una resolución por parte del gobierno, dejando de lado las problemáticas que surgen como paso previo a ese resultadoIII. Los procesos de canalización, de elaboración, de pujas sectoriales, etcIV. no son tenidos en cuenta. Una sociedad reconciliada: el sueño rousseauniano de una Voluntad General donde los antagonismos no existiríanV. En lo que respecta a su opuesto, se habla de la total falta de gestión, equiparándosela con el “ser” de la política: una secuencia lógica que implica el estancamiento del accionar si se le antepone una deliberación política: se trata de un desplazamiento retórico del tipo sinécdoque, que actúa como una función figurativa de la operación hegemónica, ya que tomando ejemplos de problemáticas irresueltas (la parte) se generaliza la falta de accionar del total de las instituciones públicas (el todo).

Si deconstruimos los conceptos mencionados podemos decir que la condición de posibilidad de gestionar algo, es la misma condición que imposibilita, tanto una total correspondencia entre demandas y satisfacción de demandas por un lado, ó una total congestión, por otro. Lo que posibilita llevar adelante gestiones sobre ciertas demandas es lo mismo que imposibilita la gestión sobre otras: una decisión que necesariamente será política y que constituye un “salto desde la experiencia de la indecidibilidad al acto creativo”VI .

Lucha-camuflaje.

La construcción de constelaciones de sentido y poder, también se apoya sobre la política.

Se da a través de una operación hegemónica que demarca límites y genera identificaciones en torno a un punto que se sobredetermina y fija, precariamente, sentido.

El PRO se dice de sí apartado de la política:

“no nos interesa la rosca política”VII . Aquí, podemos ver cómo la función de antagonismo (propiamente política) es desarrollada.

El PRO se representa a sí mismo como aquél que no lucha por una posición, debido a que está del otro lado, pero así termina estableciendo fronteras. Paradójicamente, esta oposición entre una “nueva forma” de administración pública y los avatares de la “vieja política” es claramente una operación hegemónica que intenta articular en torno de sí demandas insatisfechas y obtener un espacio de representación que se hace rival de un Otro.

Su misma identidad no podría desembarazarse de tal caracterización, y es que los procesos de identificación y composición de cualquier entidad son relacionales y dependen para su constitución de tomar en cuenta a la totalidad del sistema. Así, la positividad en sí misma de PRO es inexistente. Su advenimiento es posible porque la totalidad del sistema significativo se ha puesto en juego. Deviene una superficie de inscripción de sentido solamente porque no es la otra superficie. La articulación equivalencial, posibilitada por ello, otorga un espacio de identificación a las demandas, dándoles voz y visibilidad: las singularidades de las diversas demandas son subvertidas y devienen equivalentes frente a un enemigo común: la congestión burocrática.

La condensación de las demandas, además, ocurre gracias a la productividad social del nombre, que genera una “voluntad colectiva irreductiblemente nueva”VIII. Se trata de una investidura radical: un goce contingente, “un hacer del objeto la encarnación de la plenitud mítica”IX. Los objetos parciales serán así sustitutos de la plenitud del ser. La identidad discursiva generada representa al lazo equivalencial como tal y comienza a comportarse como el fundamento de las demandas. La instancia cristalizadora gana en autonomía permitiéndole postularse como la totalidad comunitaria y mostrándose vacía de su singularidad anterior. Las demandas se condensan en torno al punto nodal “PRO-gestión” que se sobredetermina deviniendo un espacio mágico-afectivo: “La denominación es una bandera y un programa a la vez”.

El significante vacío “PRO-gestión” implica además otra particularidad. Es que existe la hipótesis de que hay un consenso sobre

los temasX creándose la ilusión de que no hacen falta puentes deliberativos previos al accionar. El significante de la gestión aparece como eco de un murmullo anterior que reclamaba eficiencia desde la opinión pública. Aún más, dicho significante se muestra dos veces vacío y en este sentido silenciosoXI, ya que al decirse objetivo y despolitizado es tendencialmente universalizable de manera doble: primero, como aplicable a cualquier cuestión; y segundo, a través de la operación hegemónica, reuniendo una heterogeneidad de demandas, justamente por la vaguedad ideológica (que se muestra como nula) con que actúa.

Ser ético es PRO Una sobredeterminación similar ocurre con la sigla PRO. Su etimología ya nos induce a “un ir hacia delante”. Tomándola como prefijo, vemos: PROpuesta (nombre de la coalición: PROpuesta Republicana), PROyecto, PROvecho (como “ventaja” y en oposición a “contra” ). El símbolo de un triángulo acostado con uno de sus extremos señalando hacia la derecha remite asimismo a la idea de empezar (play). Nuevamente, las innumerables connotaciones posibles hacen que la cadena equivalencial pueda incorporar tendencialmente a todas las demandas.

La misma capacidad de condensación de demandas actúa también en la propaganda gráfica. Frases del tipo “la ciudad trabaja” ó “Haciendo Buenos Aires” constituyen significantes vaciados de contenido ya que por su simple lectura no puede saberse en qué se trabaja o qué se hace.

Si bien los incentivos colectivos de esta fuerza política son cuasi nulos, mientras que los selectivos abundan y por eso mismo, el relajamiento de sus nexos estructuralesXIII ocurrió que el “estaría bueno” o el trillado “ser tal cosa es PRO” se generalizaron entre la población. La identificación que lograron, trascendió los espacios agonales de la política para inscribirse como significantes, de un ethos cívicoXIV. La productividad social de estas nominaciones trascendió con mucho a las adhesiones conseguidas por el partidoXV, generando efectos performativos en la sociedad.

Vemos entonces la última caracterización de lo que implica hacer política. Encontramos el avatar estratégico de desarrollar una función ontológica, - el cierre comunal,

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siempre perseguido nunca alcanzado - y de mostrarse, a través de un contenido óntico (una singularidad que se muestra despojada de particularismos), como la encarnación de una plenitud ausente, otorgando un espacio de visibilidad (poder verse a sí) y de enunciación (poder decirse de sí) en común: constituir un pueblo.

Referencias I Laclau, E.; “La razón populista”.

II Nietzsche, F.; “La genealogía de la moral”.

III La ilusión o el deseo de un juego impartido. Por un lado, “impartido” refiere a algo dado, sin mediaciones, impuesto. Por otro, “impartido” refiere a algo entero, no

dividido, no partido, un ideal inalcanzable de la comunidad reconciliada: supresión de lo agonal: “ser breve es PRO” ó “una propuesta por cada agresión”.

IV Lechner, N.; “Las transformaciones de la política”.

V “La comunidad es inseparable de la alteridad, y del límite que ésta interpone frente a la hipótesis de fusión como unidad orgánica”. Espósito, R.; “Communitas”.

VI Laclau, E.; “Deconstrucción, pragmatismo, hegemonía”.

VII Diario Clarín, 29 de Mayo de 2007.

VIII Ibíd. 1.

IX Ibíd.

X Bourdieau, P.; “La opinión pública no existe”.

XI Una entidad neutral no tiene habla. “Es bien conocido que el psicoanalista ya ni

siquiera habla, y que de esta forma todavía interpreta más, o, mejor todavía, da a interpretar al sujeto que salta de un círculo del infierno a otro”. Deleuze, G. y Guattari, F.; “Mil mesetas”.

XII No existirían fuerzas antagónicas en la sociedad.

XIII Panebianco, A.; “Modelos de Partido”.

XIV “Ser PRO” busca traducir lo que la gente piensa y desea para la ciudad. PRO es una idea, un concepto.” Diario Clarín, 22 de Abril de 2007.

X Si por un lado puede caracterizarse al PRO como un partido de corte profesional electoral, también es cierto que generó identidades colectivas que lo trascendieron como tal. Aunque efímera, es dable destacar esta particularidad.

Asignacion Universal por Hijo para Protección social: avances y desafíos en la agenda de las políticas sociales Pilar Arcidiácono

Doctora en Ciencias Sociales (UBA) (UBA-CONICET - UBACyT MS10)

Verónica Carmona Barrenechea

Licenciada en Ciencia Política (UBA) (UBA- UBACyT MS10).

Mora Straschnoy

Licenciada en Sociología (UBA) (UBA- UBACyT MS10).

Régimen de AAFF y los Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos.

A partir de 1957 en Argentina se implementó el Sistema de Asignaciones Familiares –AAFF-, el cual tenía como objetivo aliviar a los trabajadores formales de las mal llamadas “cargas de familia”, a través de transferencias de ingresos realizadas por el Sistema de Seguridad Social. Es decir, el derecho a las AAFF se encontraba condicionado y legitimado por la relación de los sujetos con el mercado laboral y los aportes financieros realizados al Sistema de Seguridad Social que el vínculo laboral presuponía.

En 1996 la Ley 24.714, reforma el régimen de AAFF con la impronta de “ajuste estructural”, al recortarse las protecciones sociales con el objetivo de producir una disminución de los costos laborales. Desde entonces el sistema se mantuvo inalterado hasta el año 2009, cuando se crea la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)-.

Las transformaciones económicas, sociales y laborales que se dieron desde la creación del régimen de AAFF hasta la actualidad -aumento del desempleo y de la informalidad laboral- supusieron que las

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AAFF cubrieran a un porcentaje cada vez menor de trabajadores, lo que implicaba un número cada vez mayor de niños por fuera de la protección social. En este contexto es que surgieron desde 1997 diversas iniciativas que planteaban la universalización de las AAFF o implementación de un Ingreso Ciudadano para la Niñez.

Asimismo, como resultado de los cambios esgrimidos y la profunda crisis del 2001-2 comenzaron a implementarse una serie de Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos (PTCI), que a modo de parche buscaron “amortiguar” la pobreza y proteger de los riesgos sociales a quienes se encontraban desocupados. Paralelamente para los trabajadores asalariados formales se implementaron una serie de políticas destinadas a la recomposición salarial. Se estructuró de esta manera un esquema de políticas sociales fragmentado: amplias mejoras para los trabajadores formales y programas residuales y focalizados para los “vulnerables”.

Caracterización de la AUH La AUH se encuentra destinada a las niñas, niños y adolescentes cuyos padres, tutores o curadores se encuentren desocupados, se desempeñen en la economía informal -por un salario igual o menor al Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)-, sean monotributistas sociales, personal doméstico o trabajadores temporarios registrados del sector agropecuarioI. La prestación se percibe hasta los 18 años o sin límite de edad en el caso de personas con discapacidad. En cuanto a la nacionalidad se exige que los adultos sean argentinos, naturalizados o residentes legales por un período no inferior a tres añosII. La AUH contempla la exigencia de condicionalidades educativas

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y de salud las cuales deben ser cumplidas en instituciones de gestión estatal. En base a las misma ANSES retiene mensualmente el 20% de la prestación, su acreditación anual da lugar al cobro de lo acumulado y a continuar percibiendo la Asignación; caso contrario, se adjudica su baja. El monto abonado por hijo es equivalente al máximo valor establecido para la “zona general” para las AAFF, que actualmente se fija en $220III (US$ 54IV ). Desde su creación la AUH aumentó una vez en julio de 2010 mediante el Decreto 1388/10, junto con las AAFF para los trabajadores pasivos y formales lo que puede ser leído como una afirmación de que ambos componentes son igualables como parte del derecho a la seguridad social. Sin embargo, esta equiparación no se encuentra regularizada ni garantizada por ninguna normativa, por lo cual depende de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otro lado, la AUH abona hasta el quinto hijo y a su vez, resulta incompatible con cualquier otra prestación que suponga una transferencia de ingresos, ya sea ésta contributiva o no y más allá del tipo de riesgo que busquen cubrirV. En términos operativos, quienes contaban con planes y programas nacionales de transferencia de ingresos y cumplían con los requisitos para percibir la AUH migraron de forma automática a ésta. Conjuntamente se llevó a cabo una reestructuración que implicó la desprotección de casi 480 mil familias que fueron expulsadas de los padrones (Lozano et al, 2011: 5-8)VI. Pese a estos movimientos de protecciones y desprotecciones, la cantidad de niños, niñas y adolescentes cubiertos por las distintas prestaciones aumentó.

Los principales avances y desafíos de la AUH En torno a la universalidad de la AUH son varios los debates pendientes, ya que si bien hubo avances todavía queda deudas irresueltas para pensar en esta dirección.

En primer lugar aún dentro del universo focalizado de la población objetivo de la AUH quedan algunas exclusiones que ameritan una revisión: escuelas privadas, límite en 5 hijos, migrantes, monotributistas de las categorías inferiores, límite del SMVyM. En segundo lugar, todavía continúa vigente una lógica dual entre los trabajadores asalariados formales y el resto. La AUH sigue relacionado el acceso a la prestación con la situación laboral de los adultos lo que implica que, todavía cada niño, niña y adolescente en la Argentina tenga un valor y experimente tratos y exigencias diferentes de acuerdo con la condición socio laboral de los adultos responsables y los planes y programas a los que logren acceder.

Asimismo las diferencias de este subsistema se hace visible cuando se tiene en cuenta las características de las AAFF destinadas a los trabajadores formales y pasivos. No se han contemplado otras asignaciones establecidas por la misma normativa tales como la asignación por nacimiento o adopción o la de escolaridad, aunque claramente la Asignación Universal por Embarazo representa un avance. En un futuro sería importante incluir estas asignaciones para mantener el espíritu general de la política que, partiendo del reconocimiento de las transformaciones del mercado laboral y de la estructura productiva en la Argentina, intenta acotar, aunque no desterrar, las situaciones de desigualdad de los niños y niñas en relación con la situación laboral de los padres.

La AUH presenta un carácter difuso entre las prestaciones clásicas de la Seguridad Social y los PTCI, tradicionales de la asistencia social. En vista a estas tensiones pueden problematizarse aspectos de la AUH en cuanto a su diseño y a las concepciones teóricas que atraviesan el campo de la política social. ¿Cuáles son las rupturas y continuidades con respecto a los PTCI? ¿Es suficiente el término “universal” en el propio nombre de la política para hablar de una política universal? ¿Se puede hablar de universalidad cuando no sólo no se cubre a todas las familias con hijos sino que además se generan desde el propio diseño algunas “exclusiones” dentro del universo de los seleccionados como “merecedores” de la política?

Estos usos del concepto de universalidad suponen un alejamiento de la definición tradicional y llevan aquí a la cuestión de si se debe comenzar a hablar entonces de “la nueva universalidad”VII; es decir, aceptar la utilización del concepto para hacer referencia a un nuevo universo de sentidoVIII (Danani, 2008: 7). Convalidar esta “nueva” significación supondría, en cierta medida, ceder el objetivo de una sociedad más igualitaria, entendida en términos de acceso a prestaciones homogéneas que se constituyen como espacios de integración social.

En este punto, el desafío es el de romper la lógica de políticas duales (trabajadores asalariados versus el resto de la población) y pensar políticas de transferencia de carácter universal, que basadas en principios de derechos deslinden “bienestar” de “derechos laborales”.

Tal vez sea el Congreso quien pueda retomar esta discusión en el nuevo escenario que se abre y a la luz de los antecedentes que en este ámbito se habían generado.

Bibliografia I Art. 4º, Resolución 393/09 II Art. 6º, DNU 1602/09 III Para el caso de los hijos con discapacidad el monto transferido es de $880.

IV Según la cotización promedio al 2 de mayo de 2011 V La única excepción a la regla lo constituye el Programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” VI Estos traspasos afectaron según cálculos del IDEF-CTA a más de 1,7 millones de niños, niñas y adolescentes cuyas familias pasaron de percibir planes de empleo o familiares a ser cubiertas por la AUH este número contempla 994 mil menores de 18 años que pasaron del Programa Familias, 750 mil de planes de empleo, 32 mil del programa de la Provincia de Buenos Aires, “Derecho Garantizado a la Niñez” y 17 mil del programa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho”, 82 mil del Plan Jefes, 18 mil del Programa de Empleo Comunitario, 58 mil del Seguro de Empleo y Formación y 320 mil del Programa Familias. En Lozano Claudio; Raffo, Tomás y Rameri, Ana; Straschnoy; Mora y Haimovich, Agustina ACTUALIZACIÓN DE LA COBERTURA “Asignación Universal por Hijo para la Protección Social” (AUH) y “Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social” (AUE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), 2010 VII En este punto se realiza un paralelismo con los usos del concepto de focalización que en los años noventa dieron pie a lo que Danani denomina como la “nueva focalización”. Ésta fue el resultado de asignarle al concepto la categoría de “modelo político-filosófico”, lo cual supuso una política profundamente regresiva ya que tras ese término se articuló un modelo de intervención social estatal cuyo supuesto es que los derechos sociales no son tales. (Danani, 2008:. 7 y 8). Danani, Claudia “Pobreza, trabajo y desigualdad: el viejo problema de América Latina”. En: Lastra María E. y Bertolotto, María I. (Comp.): Políticas públicas y pobreza en el escenario post 2002. Carrera de Trabajo Social/FCS/UBA-CEFORMAR Editora/ SECYT, Buenos Aires, 2008. Pág. 7 y 8 VIII Ibidem

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La ¿lógica? de la competencia electoral subnacional en la Argentina del 2011 Facundo Cruz Licenciado en Gobierno y Relaciones internacionales (UADE).

Director Operativo en Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

a candidatos oficialistas que buscaban la reelección (La Rioja y Salta), a opositores locales (Chubut y Catamarca) o a ambos (Neuquén, Tierra del Fuego y Misiones).

Tendencias históricas confirmadas

Ya a comienzos del 2011, politólogos y opinólogos ocasionales nos preguntábamos en qué medida el mapa político argentino se redefiniría para fin de año.

Básicamente, debido a dos razones. Por un lado, porque este es un año de elección presidencial; y como en todo sistema presidencialista, la elección de su cabeza provoca una fuerte atracción y mucho interés. Por otro, porque en 22 de las 24 provincias se están poniendo en juego cargos provinciales, tanto para el Poder Ejecutivo como bancas en las respectivas Legislaturas, y nacionales, para la Cámara de Diputados y el Senado.

Y como viene ocurriendo en las últimas dos décadas, cada provincia constituyó un escenario único y particular de competencia electoral (Calvo y Escolar, 2005; Leiras, 2007). A lo largo del 2011 se elegirán autoridades locales en 22 de las 24 provincias argentinas, y de ellas la gran mayoría lo hará con anterioridad a la elección presidencial del mes de octubre. Antes de la elección nacional se elegirán autoridades en 13 provincias, de las cuales 7 ya realizaron sus comicios al día de hoy1. Las 9 restantes concurrirán el mismo 23 de octubre.

Con este escenario, se dio la particular situación de que en la mayoría de los casos los patrones de competencia local no fueron los mismos en todas las provincias pero que, sin embargo, se construyó cierto vínculo con la agenda de discusión a nivel nacional. Este complejo escenario electoral presenta ciertas particularidades que conviene analizar en profundidad.

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¿Separar o no separar? Un dilema La primera particularidad que merece ser destacada es la simultaneidad (o no) de las elecciones locales con las nacionales. Al igual que en las últimas 3 elecciones generales (1999, 2003 y 2007) la mayoría de los gobernadores de turno convocaron a elecciones provinciales en una fecha distinta a la elección nacional. Esta situación generó una vez más lo que se denomina “calendario electoral escalonado”. Por el mismo se entiende a una combinación donde en algunos casos se da la concurrencia entre las elecciones locales y la nacional, pero en muchas otras no existe tal concurrencia.

Generalmente, una estrategia electoral de desdoblamiento es utilizada por los titulares de los poderes ejecutivos locales con un doble objetivo. En primer lugar, para centrar el debate electoral en torno a las propuestas y medidas puestas en marcha durante sus respectivas gestiones, y así evitar que el debate a nivel nacional se cuele en la disputa local. En segundo lugar, para que en aquellos casos donde la Presidencia sufra fuertes cuestionamientos de parte de la opinión pública o de serias dificultades para implementar su agenda de gestión, ese malestar no se traduzca a su figura ni socave su liderazgo local.

Pero acostumbrados ya a las excepciones a la regla, esa lógica estratégica no se ha cumplido al 100%. En las siete elecciones a Gobernador celebradas desde marzo de este año hasta la primer semana de julio, en la totalidad de ellas el Gobierno Nacional metió la cola y ocupó una buena porción del debate electoral. Ya sea apoyando

Un segundo aspecto para ser tenido en cuenta ha sido la alta tasa de reelección de los incumbent2. Tendencia provincial argentina a la que ya estamos acostumbrados y que para muchos analistas parece ser un preaviso de lo que puede llegar a ser el resultado final de octubre a nivel nacional.

De las siete elecciones donde se renovaron poderes ejecutivos, seis quedaron en manos de los oficialismos provinciales (Salta, Neuquén, Misiones, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego) y tan sólo una, cambio de manos (Catamarca). Ésta última con un fuerte apoyo de parte del Gobierno Nacional.

En este punto no existe demasiado misterio si tenemos en cuenta la alta tasa de reelección que existe en los gobiernos provinciales. Si tomamos en cuenta la última década (1999-2011) de las 73 elecciones a Gobernador que se realizaron en ese período, en 54 de ellas (74% de los casos) resultaron triunfadores los oficialismos provinciales.

Como bien ha sido analizado en otros trabajos (Calvo y Abal Medina, 2001; Calvo y Murillo, 2004) la alta tasa de reelección de los partidos gobernantes convierte a las provincias en nichos de supervivencia para dirigentes y partidos políticos, que en algunas situaciones tienen el mismo color que el Gobierno Nacional, y en otras es un mix.

En lo que vamos del año, entonces, no parece haber en el horizonte inmediato grandes cambios en los gobiernos de las provincias argentinas. Particularmente si tenemos en cuenta que a) presenciamos

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una relativa estabilidad económica, b) los índices de crecimiento son aceptables, c) ha aumentado notablemente la imagen positiva del oficialismo nacional desde el fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre del año pasado y d) donde el Gobierno Nacional ha decidido jugar a varias puntas en las elecciones locales, dando apoyo a más de un candidato a la gobernación.

En este punto profundizaremos a continuación.

Algunas particularidades para analizar El escenario descripto en el párrafo anterior permite entender cómo se unieron dos necesidades en un mismo camino. Por un lado, un Gobierno Nacional necesitado de catapultar la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, recientemente formalizada, en un calendario electoral escalonado y maratónico que durará 8 meses. Por otro lado, las aspiraciones para mantener (en el caso de los oficialismos) o para derrotar (en el caso de los opositores provinciales) a los Gobiernos de turno en los distintos procesos electorales.

Si analizamos nuevamente las siete elecciones provinciales mencionadas anteriormente, seis quedaron en manos de fórmulas que recibieron el apoyo del Gobierno Nacional, y tan sólo en una (Chubut) hubo confrontación y victoria contra el candidato del kirchnerismo3 En definitiva, “jugar” con el Gobierno Nacional “paga”, y “paga” muy bien.

Consideremos algunos casos para graficar mejor la situación. En Neuquén, el Movimiento Popular Neuquino (aliado táctico del Gobierno Nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados) se plegó al kirchnerismo y ganó su 7° elección provincial consecutiva4. Pero el esquema de alianzas no se detuvo ahí. El Gobierno Nacional también brindó apoyo a una heterogénea coalición encabezada por la Unión Cívica Radical (UCR), y secundada por el Frente para la Victoria (FPV) y otros 4 partidos menores.

Un segundo caso podemos encontrarlo en Tierra del Fuego. Tanto Fabiana Ríos, del oficialista Partido Social Patagónico, como Rosana Bertone, del FPV, usaron la figura de la Presidente para sumar votos y voluntades, y recibieron sendos apoyos de

parte del Gobierno Nacional. A tal punto que, llegado el ballotage entre ambas, quién resultara vencedora iba a aportar un triunfo más para el kirchnerismo.

El tercer caso puede ser el “fallido”.

Eduardo Brizuela del Moral, Gobernador de Catamarca por el Frente Cívico y Social, competía por su tercer mandato consecutivo. En el 2007 contó con el apoyo del Gobierno Nacional y resultó victorioso. Pero este año decidió volver a las filas de la UCR5 y perdió a manos del FPV, que llevó a Lucía Corpacci como candidata y que recibió un fuerte respaldo del oficialismo nacional. Brizuela del Moral pagó caro querer volver a la UCR y perdió por 4 puntos.

Conclusiones tentativas: las elecciones que quedan y algo más Aún queda un tramo de la carrera electoral del 2011. Es más, todavía quedan tres elecciones provinciales que se celebrarán antes que las nacionales y que concentran un cuarto del padrón electoral a nivel nacional: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en ese orden y las tres en un plazo no mayor al mes.

En las tres existe la particularidad de que los candidatos mejor posicionados para obtener la victoria no son aliados del Gobierno Nacional ya sea a) por formar parte de partidos políticos marcadamente opositores al oficialismo nacional o b) por no lograr acuerdos para conformar listas electorales de unidad con el kirchnerismo. Es por eso que Mauricio Macri (Partido Propuesta Republicana en Ciudad de Buenos Aires), Antonio Bonfatti (Partido Socialista en Santa Fe), y Luis Juez (Partido Nuevo), José Manuel de la Sota (Partido Justicialista) y Oscar Aguad (UCR) en Córdoba pueden romper el patrón de interacción Nación-Provincia que ha acompañado las elecciones locales durante el 2011.

Los tres distritos pueden ser los primeros casos donde el Gobierno Nacional no logre anotarse otro poroto (sin contar a Chubut). Los proyectos políticos de cada uno de los mencionados les permiten darse el lujo de no tener que pactar con el Gobierno Nacional, ya sea por ser referentes opositores para una porción del electorado (Macri, Bonfatti, Aguad y

Juez) o por tener una relativa autonomía política al interior del Partido Justicialista (De La Sota).

Puede ser también el caso en donde la no concurrencia de las elecciones tenga algún sentido, ya sea por estrategia de los oficialismos locales o no. Sin embargo, un resultado adverso para el Gobierno Nacional en estas tres elecciones locales no indica necesariamente que la elección nacional de octubre peligre para el kirchnerismo.

Ambas son arenas electorales totalmente diferenciadas. Y eso no se discute tanto.

Referencias: 1 Al momento de escribir estas líneas, ya realizaron sus elecciones Catamarca, Salta, Neuquén, Chubut, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.

2 Este término ha sido acuñado por la literatura anglosajona y hace referencia a los candidatos que compiten en representación del partido en el gobierno. Su traducción al castellano más cercana es “oficialista”.

3 Aún resta por ver que tanta confrontación con el Gobierno Nacional generará el Gobernador Electo de Chubut, Martín Buzzi, al declarar recientemente que mejorará las vías de comunicación con Nación y que se mantendrá en la vía orgánica del Partido Justicialista de Chubut (Fuente: Diarios Perfil y El Argentino).

4 Ese es el total de vitorias si tomamos en cuenta todas las elecciones provinciales celebradas desde el retorno a la democracia en 1983. El MPN ganó también las elecciones a Gobernador celebradas en 1966 y 1973.

5 Brizuela del Moral fue uno de los gobernadores de la UCR que adhirió a la Concertación en el año 2007 y que llevó como candidata a Presente a Cristina Fernández de Kirchner. El radical Julio Cobos fue el principal impulsor de esa alianza y quien completó el binomio que resultó electo.

Bibliografía Calvo, Ernesto y Abal Medina, Juan Manuel (eds.) (2001) El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina. Universidad de Buenos Aires-Instituto Nacional de la Administración Pública, Buenos Aires.

Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005) La nueva política de partidos en la Argentina. Crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral. Prometeo, Buenos Aires.

Calvo, Ernesto y Murillo, María Victoria (2004) Who delivers? Partisan clients in the Argentine electoral market. American Journal of Politica Science, 48: 742-57.

Leiras, Marcelo (2007). Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 19952003. Prometeo, Buenos Aires.

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Bhavna Thakur

Globalization and Political Integration: Creating Local Political Spaces in the Global Order 48

In the age of globalization, the political did not die, it just migrated.

The process of globalization has intensified the integration of the various countries across the globe. The nature of integration is of many forms, namelypolitical, social cultural, religious etc.

Even though some argue that globalization is not a new concept and is an ‘old wine in a new bottle’. However, in today’s world the magnitude of globalization has been catalyzed through many factors like information technology, communication, modes of transportation, internet, global governance etc.

The use of such processes has actually made one believe that- the world is not enough. Therefore, the contemporary world is not seen as a heterogeneous entity, rather it is percieved as one integrated platform, where the globe is considered as ‘one’.

The political spaces in a globalized world are highly directed by the interactions amongst various actors. The most important of these actors are International Organizations, which possess a prominent position in the process of global governance. Therefore, the article would examine the role of institutions of global governance likeInternational Monetary Fund (IMF), World Bank and World Trade Organization (WTO) in facilitating political integration across the globe. My article would analyze how these International Organizations (IOs) generate political spaces, where the locals (local communities or people where the projects initiated by these IOs) get the opportunity to influence the global politics.

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What is politics?

In order to understand how locals can influence/participate the global political spaces, one needs to understand what does the term ‘politics’ refers to.

The idea of politics in this write-up is highly influenced by the work of Paul Ginsborg (Politics of Everyday Life), where Ginsborg argues that ‘politics’ needs to involve the masses (people) in the functioning of any organization or institutions (which formulates or makes decisions for the people), as there organizations have the ability to influence their lives. Therefore any organization whose decisions have the ability to affect the lives of the people would be considered ‘political’. However the idea of politics would also include the ways in which people get an opportunity to influence such decisions.

Development is a highly political concept, as the development projects and plans have the ability to influence the lives of many people and many development projects are facilitated by these organizations. Therefore these IOs possess a political stature. However, it was the failures of the many projects which were initiated by these organizations that demanded a reform in the way they worked, and therefore an inclusive approach towards development was undertaken. Instances like, the failure of Washington Consensus (which were a set of reforms initiated by the IMF for market efficiency resulted in the collapse of the East- Asian economy, further affecting the lives of various people belonging to these countries) and Narmada Bachchao Andolan (which was resistance to a World Bank aided project in the banks of Sardarman Sarovar Dam in India) are some examples that provide an insight on the technocratic approach adopted by these organizations. Such technocratic orientations towards development resulted in failed projects which caused ‘dysgovernance’.

To overcome dysgovernance, there is a need to add local dimension in the global political arena. Thus, the impact of the policies made by these organizations requires addressing the needs

of the local communities. Such a need demands for an arrangement that ensures the inclusion of local communities at the global level.

Creating Spaces for Locals in the Global Orders Many scholar and groups criticised the working of these organizations and raised voices in support of an environment that promoted inclusion of various actors. The development projects initiated by these organizations needed to articulate the wishes, needs and priorities of the people in order to generate societal acceptance. Tracing the local aspirations could only be possible if the local communities had an opportunity to interact at the global levels, or be well represented.

But the question arises, as to how can such an engagement be possible and how can every local (affected by the policy) be included? Inclusion of all the people who get affected by these policies is a herculean task. Therefore a need arises to ensure that these ‘locals’ are well represented at the global level.

A possible answer to this can be what Held terms as ‘cosmopolitan democracy’ where many actors work together in the process of global governance. These actors can be various- NGOs, Advocacy groups, academicians, IOs. Engaging these actors, as agents representing the needs of the local communities can create indirect political spaces, and such spaces would help in bridging the gap between the local and global.

Such networking would need constant and direct engagement between the local communities and their representatives.

Impediments in Trans-Political Spaces While addressing to the idea of globalization and trans-political spaces, one should not ignore the potential influence of the locals on these IOs. The nature and social structures of the local political spaces has the ability to influence the projects initiated by these organizations. Issues like caste, gender, status, etc. can affect the implementation and the functioning of the projects, thus affect the working of the IOs.

Apart from that, a pertinent question that one needs to address is that- can these advocacy groups or various other actors (representatives) represent the local needs of the communities adequately? Who elects or selects the members of these groups? A lot of factors in this area are unexplored and needs extensive research. Another aspect that one needs to look into is the role of national government in the process of creating trans-political spaces, as the national governments are one of the main actors connecting the IOs and their nations.

Their role too needs to be critically examined while referring to the notion of trans-political integration. Last but not the least; there is a need to understand the functioning of these IOs, as it is their functioning that needs to incorporate the localized approach.

Conclusion Undeniably there is an influence of globalization on politics, and vice versa.

The global political spaces are changing with the dynamics between the global and the local orders. The missing links in the global governance has caused dysgovernance, and these links are- local communities Therefore the contemporary political situation demands for an integration between the global and the local. While advocating the need for such integration, there is an urgent necessity to take into cognizance the role of national government and various other actors, along with the institutions workings.

The article has made an attempt to provide a different dimension in the political integration in the globalized era.

There are many areas that the article could not reflect on extensively and just provided a bird’s eye view. A global community might be missing in the process of global governance, but political engagement of the local communities can be possible. Such engagements can be channelized through proper of participation in these organizations. The idea of local people affecting the global politics is that an important consideration of today’s globalized political order.

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La estructura proto-jerárquica del orden interestatal

El realismo periférico (RP) y su ecuación de equilibrio metapolítico universal Carlos Escudé

Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Director del CEIEG de la Universidad del Cema, Director del Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad del Seminario Rabínico Latinoamericano ‘Marshall T. Meyer’ (CONICET, UCEMA, CERES)

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Construir teoría puede ser fácil. Si sabemos qué preguntas formular, una comparación elemental de las políticas exteriores de dos Estados periféricos con comportamientos antitéticos puede contribuir a desnudar la estructura del orden mundial. Tomemos por caso a Argentina e Irán.

El accionar de los persas supone que el orden mundial es una selva sin reglas, donde es legítimo promover los intereses propios a través de cualquier medio, incluso el terrorismo. Supone también que todos los Estados son igualmente soberanos, y que es inaceptable que algunos tengan el derecho de poseer armas de destrucción masiva y otros no.

En contraste, el comportamiento argentino desde 1990 se basa en el supuesto implícito de que en el orden interestatal hay reglas escritas y no escritas, y que, mal que nos pese, los Estados más poderosos tienen un papel mucho más preponderante que los demás en el establecimiento de esas normas.

Con callada resignación reconoce que nosotros no debemos aspirar al desarrollo de las armas con que cuenta el oligopolio de los poderosos. Y admite sin palabras que el hecho de que Estados Unidos a veces arme y financie organizaciones de insurgentes en el extranjero, no nos habilita para seguir su ejemplo. Todo lo contrario de Irán, que financia al Hamas y al Hezbolá.

El modelo iraní, que es también el de Corea del Norte y el de todos los llamados ‘Estados paria’, conduce a ingentes costos que inevitablemente son pagados por las ciudadanías de esos países pobres que se rebelan contra el sistema. El modelo argentino actual, en cambio, es compartido por todos los Estados ‘responsables’. Entre éstos incluyo a la mayor parte de nuestros vecinos latinoamericanos y a la totalidad de los países de Europa occidental.

Por cierto, en este mismo momento los europeos libran una disputa diplomática con Estados Unidos porque pretenden bajar aún más su gasto en defensa, lo que supone que el papel guardián de Washington se acrecentará. Desde hace décadas, Europa viene abdicando a sabiendas de su poder militar, porque es demasiado caro para su gente. Y Estados Unidos objeta porque no quiere pagar más de lo que ya paga para la defensa de Europa.

Estas reflexiones desnudan los límites de la libertad de maniobra internacional de todos los Estados, incluso los más poderosos. Revelan el condicionamiento al que casi siempre está sujeto el ejercicio de la soberanía. Sólo con la imposición de un régimen totalitario puede el margen de maniobra internacional de un país ser ilimitado. Esta ley de hierro de la ciencia política se constata incluso en el caso de la superpotencia más poderosa de todos los tiempos.

En verdad, desde la guerra de Vietnam, el consenso popular norteamericano ha conducido a la eliminación del servicio militar obligatorio. Eso le impone a Estados Unidos severos

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límites en el despliegue de tropas. Mientras en la Segunda Guerra Mundial movilizaron entre once y dieciséis millones de soldados, en la actualidad a duras penas llegan a 800.000.

Por eso deben retirarse de Irak y Afganistán. Si algún gobierno estadounidense quisiera conquistar el Golfo Pérsico, tendría que imponer una leva contraria a sus leyes actuales.

Como en democracia resultaría políticamente imposible cambiar esa legislación, Washington sólo podría conquistar la región si involucionara en el plano interno, convirtiéndose en dictadura. Y para el objetivo aún más oneroso de librar una guerra preventiva contra Rusia o China, tendría que convertirse en un despotismo que arbitrariamente dispusiera de las vidas y haciendas de sus propios ciudadanos.

Este principio puede formalizarse en la siguiente ecuación, enunciada en mis libros de 1995 y 1997, El realismo de los Estados débiles y Foreign Policy Theory in Menem´s Argentina:

pobre sea un país, menor será ese margen de maniobra, a no ser que el Estado someta a su población a exacciones que exigen grados crecientes de autoritarismo.

Como consecuencia, el orden internacional no puede jamás ser democrático ni igualitario. Es jerárquico. Los Estados no tienen los mismos derechos. Unos pocos tienen el poder que les permite contribuir a establecer las reglas de juego, mientras la gran mayoría se ve obligada a comportarse según las normas establecidas por este oligopolio. Y también existe una tercera categoría de Estados que, sin tener el poder de contribuir a establecer esas reglas, se rebelan contra ellas, pagando altísimos costos que revierten sobre sus habitantes.

En otras palabras, están:

‘LIBERTAD’ ILIMITADA DE UN ESTADO FRENTE AL MUNDO = TIRANÍA INTERNA ABSOLUTA

Esta es la ‘estructura’ del orden interestatal: no es una ‘anarquía’, como postulara Kenneth Waltz, sino una proto-jerarquía.

Este sencillo teorema es la piedra basal del ‘realismo periférico’ (RP) que, lo reconozcan o no nuestros gobernantes, caracteriza la política exterior argentina desde 1990. Los que desafían el orden, pierden. Irán perderá. Corea del Norte perderá. Venezuela, que se aproxima a la condición de paria sin alcanzarla todavía, también perderá. Irak ya perdió, como en su tiempo, salvando las distancias, perdió Galtieri.

No hay que suponer, sin embargo, que el orden internacional está cristalizado. Los mejores ejemplos de que ese no es el caso son Alemania y Japón. Devastados y reducidos a la impotencia después de la Segunda Guerra Mundial, aceptaron las reglas establecidas por los vencedores. Pero trabajaron y defendieron sus intereses comerciales con tanto ahínco que hoy, para bien de sus pueblos, son superpotencias económicas. Y son capaces de convertirse en grandes potencias militares en cualquier momento. Éste, y no la estéril rebeldía, es el camino del éxito para un Estado.

Esta ecuación es una ley universal válida para todos los Estados. Pero su misma vigencia estratifica a éstos en un orden jerárquico: cuanto más débil es un país, menor es el umbral de autonomía externa a partir del cual la libertad de los ciudadanos debe forzosamente disminuir.

Francia, por ejemplo, puede intervenir en alguna ex colonia africana sin tener que imponerle gravámenes y levas inaceptables a los galos. Pero ese es su límite. No podría tener la presencia militar que Estados Unidos habitualmente despliega en el Medio Oriente sin oprimir a su propia gente.

Debido a las diferencias de poder y riqueza entre ambos, lo que la Casa Blanca puede hacer en democracia, para el Eliseo sólo sería posible en dictadura.

Bajando en la escala, es sólo porque su pueblo está amordazado que Irán tiene un programa nuclear. Su subdesarrollo es tan extremo que carece de los recursos para refinar su propio petróleo: depende de la nafta importada. Su gente (que es moderada) jamás votaría por un programa nuclear de altísimo costo político y económico. El régimen puede darse el gusto de desafiar a Occidente porque es dictatorial.

Aún más abajo en el tótem de los estados, Corea del Norte puede ejercer su ‘derecho soberano’ a tener una bomba atómica porque somete a su pueblo al totalitarismo más extremo. Sólo así puede un país paupérrimo concentrar sus minúsculos recursos en el desarrollo y producción de un arma tan cara, afrontando sanciones internacionales durísimas.

Para poder afirmar con truenos que su país es tan soberano como Estados Unidos, el régimen de Pyongyang reduce a su gente a una servidumbre andrajosa.

En suma, es un hecho innegable que para ampliar el margen de maniobra externo de un Estado es necesario invertir grandes recursos humanos y materiales, y que cuanto más

1. los forjadores de normas, 2. los tomadores de normas, y 3. los rebeldes, que se convierten en parias

Como afirmara Guido Di Tella en La Nación el 4 de noviembre de 1991, en una nota cuyo mismo título, “Una política exterior al servicio del pueblo”, es un enunciado normativo, la premisa democrática por excelencia supone que, en materia de política internacional, los gobiernos deben evitarles costos innecesarios a sus pueblos1. Esta norma es tanto más imperativa cuanto más pobre es un país. Entre nosotros se respeta desde los ’90, cuando adherimos al Tratado de No Proliferación Nuclear y cancelamos el proyecto de misil balístico que compartíamos con Saddam Hussein.

En este ámbito hemos consolidado una política de Estado, y es gracias a ella que ahora podemos enriquecer uranio sin estar en la mira de nadie. Somos considerados ‘confiables’.

El origen del mito de la ‘anarquía’ interestatal Como se ve, no se necesita un Einstein para demostrar, desde

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la lógica formal, que el orden interestatal no es ‘anárquico’ sino incipientemente ‘jerárquico’. Por otra parte, para constatar empíricamente que los Estados no son ‘unidades similares’ con las mismas funciones, basta con leer los capítulos 5 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas, que versan sobre el Consejo de Seguridad.

Ni siquiera en un nivel de ficción jurídica es cierto que: “Formalmente, cada Estado es el igual de todos los demás. Ninguno está autorizado a mandar y ninguno está obligado a obedecer”2. ¿Cuál es entonces el origen del mito de la ‘anarquía’ interestatal, presente en la teoría de las relaciones internacionales no sólo a través de Waltz, sino también en la obra de otros pensadores prominentes, como Hedley Bull? ¿Cómo se convirtió en un mito tan poderoso que un teórico de la estatura de Kenneth Oye comenzó un ensayo importante con la oración casi metafísica, “los Estados viven en anarquía perpetua”?3 ¿De dónde proviene esta errada concepción que, durante décadas, ha envenenado con diplomacia la presuntamente científica teoría de las relaciones internacionales?

El RP sostiene que hay una falacia incorporada al núcleo de las teorías realistas y neorrealistas. Tuvo sus orígenes en Hans Morgenthau y se diseminó desde su obra hacia análisis neorrealistas posteriores. Su introducción en la matriz lógica del pensamiento realista comenzó cuando ese teórico precursor propuso, como punto de partida metodológico, que el poder político fuera considerado “una esfera autónoma de acción y de entendimiento”, paralela a otras esferas también consideradas autónomas, como “el interés definido en términos de riqueza”4.

Aunque semejante sobresimplificación pudiera servir a la hora de desarrollar un instrumento teórico útil para el presidente de los Estados Unidos, desde una perspectiva periférica es la peor manera de construir teoría. Incluso desde la perspectiva del centro del poder político-militar mundial, el carácter inadecuado de esta premisa debió haber quedado claro por lo menos a partir de 1990. El colapso de la ex Unión Soviética ilustró elocuentemente que, incluso para una superpotencia, el vínculo entre lo que un filósofo mercantilista hubiera llamado ‘el poder’ y ‘la abundancia’ no debe ser abstraído al construir teoría de las relaciones internacionales. ¡Tantísimo más el caso para la periferia, donde la mayor limitación de los recursos materiales restringe la política exterior de un modo mucho más marcado!

Si los países periféricos hubieran sido incluidos en la construcción teórica desde el principio, este error nunca se hubiera sido cometido, y es probable que el concepto de ‘anarquía’ no se hubiera arraigado jamás. Esta corrección del realismo clásico y del neorrealismo es uno de los principales aportes teóricos del RP. Ahora a muchos les parece obvio, pero al momento de acuñarse el RP lo dicho era herejía para un realista biempensante.

Por cierto, una vez que eliminamos esta falacia de la teoría, la ‘jerarquía’ reemplaza a la ‘anarquía’ como el principio que estructura al sistema interestatal, porque el vínculo entre el poder económico y el político es más inmediato cuanto más pobre sea un país. El presidente de los Estados Unidos puede hacer abstracción de las

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fuentes económicas del poderío militar de su país cuando mueve flotas en un océano como si fueran peones de un tablero de ajedrez, pero lo mismo no es válido para un Estado que se quedaría sin municiones en veinticuatro horas en el caso de que se desencadenara una guerra con un pequeño país vecino. Como vemos, casi como si la nuestra fuera una geometría, con un razonamiento alternativo hemos llegado al mismo teorema al que arribamos con nuestra ‘ecuación de equilibrio metapolítico universal’.

Consecuentemente, debemos discrepar de Morgenthau cuando mantiene que “el principal señuelo que ayuda al realismo político a encontrar su camino en el paisaje de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder”. Al menos desde una perspectiva periférica, la formulación correcta es que el principal señuelo es el concepto de interés definido en términos de desarrollo económico, sin el cual no hay verdadero poder en el largo plazo, ni tampoco bienestar para la población.

Resumiendo, desde el punto de vista del RP el problema no es que el realismo político no funcione. No se trata de que algunas dimensiones claves del orden interestatal no puedan ser comprendidas desde la perspectiva de la búsqueda de poder. Más bien, la cuestión es que la búsqueda de poder exige la búsqueda de riqueza y supone un esfuerzo por evitar costos excesivos.

Hay que reconocer que en las acumulaciones históricas de poder, la riqueza suele preceder al poder político-militar. Desde este punto de vista, la política de Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido siempre ‘política de poder’, mientras que la invasión iraquí de Kuwait no lo fue.

De tal manera, la distinción tradicional entre ‘alta’ y ‘baja’ política queda invertida. Suponer que hacer la guerra es alta política y hacer negocios es baja política implica olvidar algo que los mercantilistas siempre supieron pero que la teoría realista de relaciones internacionales olvidó: que las relaciones entre ‘el poder’ y ‘la abundancia’ son dialécticas, y que en el largo plazo es imposible ser ‘poderoso’ sin antes llegar a ser rico. Incluso para una dictadura.

Referencias 1La nota fue firmada por Di Tella y escrita por mí, en mi carácter de asesor del entonces canciller. Puede consultarse en Internet en el portal “Iberoamérica y el Mundo”, http://www.argentina-rree.com/ documentos/protohistoria/Di%20Tella%20Guido%20UNA%20POLITICA%20EXTERIOR%20AL%20SERVICIO%20DEL%20PUEBLO%20LN%20911104.htm 2K.N. Waltz, Theory of International Politics, Reading, MA: AddisonWesley, 1979, p. 114.

3Véase H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London: Palgrave Macmillan, 1977, y K.A. Oye, “Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategy”, World Politics, October 1985, p. 1 (ensayo introductorio a un número especial de World Politics dedicado al tema de “cooperación en la anarquía”). El énfasis es mío.

4 H.J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: A.A. Knopf, 1948, p. 5.

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Existe um vínculo entre democracia, crescimento econômico e justiça social? Novas declarações de líderes da gestão pública sobre uma questão persistente Antoine Lousao

Doutorando em Filosofia Política na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O tripé democracia, crescimento econômico e justiça social se consolidou como ideário ocidental desde meados do século XX, mas o estabelecimento de uma afinidade intrínseca entre esses elementos segue sendo uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos cientistas políticos.

Já no início dos anos 1970 Robert Dahl constata em seus estudos comparativos (DAHL, 1972) a impossibilidade da sistematização desse tripé do ponto de vista empírico, embora aponte uma coincidência entre os termos em bom número de países (com erros e acertos do autor sobre os países caracterizados como democracias estáveis). Mais recentemente a constatação da ausência de um vínculo histórico entre regimes democráticos liberais e prosperidade econômica leva Ha-Joon Chang a questionar o modelo de desenvolvimento imposto (mas não seguido) pelos velhos países industrializados, que vincula a prosperidade das nações à democracia formal e à liberalização comercial (CHANG, 1992). Em introdução à obra comemorativa dos 50 anos da CEPAL, Ricardo Bielschowsky reconhece que o estudo do vínculo entre investimento industrial (mesmo com expansão do mercado interno) e justiça social segue sendo um dos principais desafios e a maior dificuldade dos pensadores da instituição (BIELSCHOWSKY, 2000). Em outro registro, Amartya Sen (SEN, 2003) combate a tese da democracia como entrave para o desenvolvimento

e risco para as minorias mais frágeis dos países do terceiro mundo – tese conhecida como argumento de Lee por causa do nome do dirigente de Singapura que a sustentou. Embora diga não haver prova de uma causalidade entre democracia e desenvolvimento, o autor defende uma democracia baseada na discussão pública como melhor maneira de reforçar a responsabilidade coletiva pelas liberdades dos indivíduos, integrando suas necessidades às diretrizes políticas. Essas considerações não decorrem de supostas virtudes da democracia formal mas dos valores instrumental (direitos), intrínseco (liberdade) e construtivo (aprendizado) que a discussão pública assume vis-à-vis as populações. Enfim, artigos recentes buscam estabelecer diretrizes para reformas do consenso neoliberal rumo a um crescimento com mais equidade (FFRENCHDAVIS, 2007 e BRESSER-PEREIRA, 2007). Claro está que o crescimento da renda pode acontecer tanto de forma concentrada (caso dos nossos anos de ditadura militar) como redistributiva (caso dos últimos dez anos no Brasil, embora isso não implique necessariamente em uma emancipação política dos indivíduos).

Sem ter a pretensão de suprir as lacunas fundamentais desse tema, sugerimos algumas considerações sobre seus aspectos qualitativos e conjunturais relativos à realidade brasileira. Em pesquisa que realizei com o apoio do Núcleo de Inclusão Social (UFRJ), a ser publicado na íntegra esse ano, grandes lideranças da gestão pública falam das implicações sociais e políticas do desenvolvimento brasileiro e citam os fatores que podem favorecê-lo ou ameaçá-lo. Foram entrevistadas per-

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sonalidades como Luiz Carlos BresserPereira, Patrus Ananias de Souza e Luiz Eduardo Soares, entre outras, além de representantes de grandes bancos de desenvolvimento (BNDES, BID e Banco Mundial) e de associações. As declarações recolhidas formam um espectro de visões distintas, nas quais as matrizes analíticas tradicionalmente empregadas para a compreensão do desenvolvimento brasileiro – teoria weberiana do Estado patrimonial, marxista da revolução burguesa, ou bismarckiana da conservação pela mudança – se enriquecem de novas interpretações.

Exemplo disso é a reflexão dialógica sobre a relação entre crescimento e equidade. A seguir, algumas declarações: • “Nos anos 70, sob o regime militar, os brasileiros disseram uma coisa completamente equivocada: que não precisamos mais nos preocupar com o desenvolvimento econômico porque isso está garantido, que o que nós precisamos é justiça social e democracia. O problema da justiça social e da exclusão foi colocado na agenda nacional desde então. Foi um grande argumento contra os militares, que não se preocuparam com isso, e se expressou muito claramente na Constituição de 1988. E felizmente aconteceu antes que a bufada neoliberal atingisse a sociedade brasileira.

Mas em compensação esqueceu-se do desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico só se consegue através de uma nação, uma sociedade de pessoas que têm uma história comum, um destino comum, portanto uma identidade nacional.

Isso foi esquecido. O resultado é que passamos a ter taxas de crescimento muito menores que os países asiáticos, e mantivemos uma quantidade de excluídos muito maior do que nós teríamos se ao mesmo tempo em que atacávamos o problema da exclusão social e alcançávamos a democracia, nós tivéssemos também promovido nosso desenvolvimento econômico de forma mais competente, mais nacional.” (Responsável de Governo) • “O desafio é consolidarmos as políticas sociais. É preciso reverter a idéia

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de que o crescimento econômico promove sociedades mais justas. É o contrário: é preciso garantir inclusão para a sustentabilidade do desenvolvimento econômico.” (Responsável de Governo) “Com o crescimento do PIB e menor crescimento da população, a renda tende a aumentar. Esse dinheiro tem que ser orientado para programas de inclusão, de educação.” (Responsável de Banco de Desenvolvimento) Entre os fatores conjunturais citados pelos gestores como oportunidades ou riscos para o desenvolvimento estão à transição demográfica e o aprofundamento dos processos da globalização: “A pirâmide populacional mudou. Isso deve ser levado em conta em políticas sociais. Porque com menos expansão você pode começar a melhorar a qualidade. Por exemplo, talvez hoje você precise de menos creches do que há cinco anos.” (Responsável de Banco de Desenvolvimento) “A globalização em suas diferentes acepções e a Internet vão ajudar muito a população em geral e a sociedade civil a ter mais força e poder e a exigir mais. Claro, vai ser um processo lento.” (Responsável de Banco de Desenvolvimento) “A globalização também pode se tornar descontrolada e criar problemas.

Por exemplo a globalização do mercado de alimentos fez com que os fazendeiros dos países ricos se sentissem ameaçados, o que deu lugar a subsídios e fez com que os países em desenvolvimento não pudessem competir. Ocorreu então uma crise de alimentos.” (Responsável de Banco de Desenvolvimento) Enfim, os gestores ressaltam as perspectivas históricas peculiares sob as quais devem ser analisadas as conseqüências sociais e políticas dos projetos econômicos no país: “O Brasil tem um histórico de exclusão social muito forte. Começa com o próprio processo civilizatório, quando a Coroa Portuguesa entrega quinze grandes áreas e toda a costa a doze donatários, com poderes públicos

que permitem condenar pessoas ao degredo e, ao mesmo tempo, aufere benefícios privados, numa confusão entre público e privado que provoca a privatização das bases do Estado. As Sesmarias não foram devidamente aproveitadas. Depois o coronelismo, a abolição tardia da escravidão, ainda acompanhada de um debate sobre indenização da propriedade em relação ao escravo perdido. E a abolição não trouxe direitos básicos. A questão social só se coloca depois de 1930, de maneira contraditória e voltada para os trabalhadores urbanos. E mesmo assim eles não tinham direitos. Só a partir de 1963, tardiamente. Outros grupos continuaram excluídos: os informais, os deficientes, os pobres.

A Constituição em vigor estabeleceu direitos mais amplos: a assistência social, a saúde e a previdência na perspectiva de seguridade social.” (Responsável de Governo) De maneira geral, essas declarações apontam para a persistência de um tema capital em tempos de redefinição do diálogo entre agentes públicos. Sem impor um modelo uniforme de desenvolvimento, elas mostram que o fortalecimento da democracia não se mede pelos ganhos de eficiência econômica per se, mas pela defesa comum de valores em um projeto de sociedade.

Referências projetonis.com (site do Núcleo de Inclusão Social, UFRJ).

BIELSCHOWSKY, Ricardo, Cinquenta Anos de Pensamento da Cepal, Vol. 1, Rio de Janeiro, CEPAL, COFECON, Record, 2000.

BRESSER-PEREIRA, Luíz Carlos, Macroeconomia da Estagnação, Crítica da Ortodoxia Convencional no Brasil pós-1994, São Paulo, estudos Cebrap, editora 34, 2007.

CHANG, Ha-Joon, Chutando a Escada, A Estratégia do Desenvolvimento em Perspectiva Histórica, São Paulo, Unesp, 2004.

DAHL, Robert, Poliarquia: participação e oposição, São Paulo, Edusp, 1997 (ed. original 1972).

FFRENCH-DAVIS, Ricardo, Rumo ao Crescimento com Equidade, Reformas das reformas do Consenso de Washington, revista NUEVA SOCIEDAD especial em Português, Out. 2007.

SEN, Amartya, Democracy and its Global Roots, Paris, Payot 2003.

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Las revoluciones liberal y democrática como perspectivas para un análisis histórico de la coyuntura Eduardo J. Vior

Dr. en Ciencias Sociales, Profesor regular de Ciencia Política en la Universidade da Federal da Integração Latino-Americana en Foz do Iguaçu, Brasil. (UNILA) Al recordarse el pasado 31 de marzo en un acto académico celebrado en la Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA) en Foz do Iguaçu los 47 años del golpe de estado en Brasil de 1964 que estableció el segundo régimen autoritario más longevo del continente, el Rector de la Universidad, Prof. Dr. Hélgio Trindade, politólogo de orientación histórica y gran Al recordarse el pasado 31 de marzo en un acto académico celebrado en la Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA) en Foz do Iguaçu los 47 años del golpe de estado en Brasil de 1964 que estableció el segundo régimen autoritario más longevo del continente, el Rector de la Universidad, Prof. Dr. Hélgio Trindade, politólogo de orientación histórica y gran reconocimiento internacional, trajo a la memoria que al mismo tiempo se cumplían los 50 años del levantamiento popular que en 1961 aseguró la asunción constitucional del mando por el Presidente João Goulart después de la repentina renuncia de Jânio Quadros y contra la resistencia del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la derecha brasileña que resentían su orientación nacionalista popular y democrática. Con este levantamiento –continuó Trindade quien participó del mismo como joven estudiante en Porto Alegre- se impulsó la introducción de las llamadas “reformas de base” que debían modernizar Brasil garantizando los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la inmensa mayoría de su población que durante siglos había sido postergada.

La movilización de millones de obreros, campesinos, estudiantes y miembros de las bajas clases medias que se puso en marcha a partir de entonces fue el motivo principal del golpe que la derecha brasileña, con el activo apoyo de los Estados Unidos1 y la ejecución de las Fuerzas Armadas dieron el 31 de marzo de 19642. Según él, recién los procesos reformistas que comenzaron en la década pasada en varios países del continente habrían retomado el ciclo de las revoluciones democrática y liberal que el liberalismo sudamericano históricamente fue incapaz de llevar adelante.

Desde la organización de los estados nacionales en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX pocos países de la región tuvieron un liberalismo revolucionario comparable al europeo occidental o al estadounidense de la primera mitad del mismo siglo (México, Colombia, algunos países de América Central). En el resto del continente el liberalismo fue introducido de la mano del neocolonialismo británico, con algunos tintes franceses y norteamericanos. La mayor parte del liberalismo latinoamericano fue conservador o de un reformismo elitista. La revolución democrática, por su parte, fue ahogada en las guerras civiles o por la unificaci-

ón del Imperio del Brasil bajo Pedro II (1830-89). Los reformismos de inspiración krausista de principios del siglo XX introdujeron las primeras reformas liberales y democráticas para las clases medias, pero excepto la Revolución Mexicana de 1910/20 se quedaron muy lejos del énfasis movilizador de A. Jackson en Estados Unidos, L. Gambetta en Francia o los liberales democráticos y fabianos en la Inglaterra finisecular. Fue a los nacionalismos populares (mexicano bajo Lázaro Cárdenas, brasileño bajo Getúlio Vargas a partir de 1945 y argentino bajo Perón) a quienes cupo la tarea de esbozar la igualdad de oportunidades y la participación de los sectores populares en el control del poder político y económico. Que lo hicieron partiendo de las estructuras e ideologías autoritarias del viejo régimen es innegable. “Perón escribe derecho por líneas torcidas”, editorializó Carlos Quijano en el semanario montevideano Marcha en septiembre de 1955, pocos días antes del golpe de estado del día 16. Pero también es innegable que introdujeron reformas civiles y políticas que pusieron en pánico a las elites dominantes, las llevaron a reaccionar con violencias inauditas y sólo pudieron ser retomadas muchas décadas después.

Las democracias post-dictatoriales surgidas en el Cono Sur en la década de 1980 nacieron bajo el signo del manejo imperial de la deuda externa y sobre la base de la destrucción previa de las organizaciones populares construidas entre los años 30 y los 70. Por eso fueron tan enclenques, tan sumisas a los poderes imperiales y de las elites locales, tan remisas a la participación popular y a expurgar los fantasmas del pasado. Recién la crisis del régimen de acumulación neoliberal y el lento crecimiento de coaliciones contra hegemónicas en las que se subsumen restos de los antiguos nacionalismos populares condujeron a partir de principios de la década pasada a retomar el camino que había sido cerrado tantas décadas atrás.

Los gobiernos reformistas que con diversos signos surgieron en América del Sur en la década pasada encararon las dos principales tareas pendientes: generar la igualdad de oportunidades mediante un sinnúmero de políticas sociales, educacionales y laborales y mejorar los mecanismos formales e informales de control de los gobiernos, en todos los casos mediante la intensificación del debate público (una repolitización de la escena pública desconocida hasta hace poco en otras latitudes) y la combinación de balances y controles verticales (entre los poderes del Estado) y horizontales (entre las regiones y componentes territoriales de los estados). Al mismo tiempo, la combinación de las políticas económicas neo-desarrollistas con medidas de equilibrio territorial y políticas sociales, sumadas a la ampliación progresiva del acceso a los medios de comunicación masivos están creando por primera vez en nuestra historia sociedades civiles autónomas con fuerte conciencia de sus necesidades e intereses y con creciente capacidad de presión sobre los gobiernos y las corporaciones. ¿Para qué sirve esta perspectiva en el análisis de los fenómenos

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de coyuntura? Para darles profundidad y separar en el análisis las tendencias de largo plazo de la contingencia. Si se acuerda en que nuestros países están recorriendo bajo las condiciones del siglo XXI el camino de las revoluciones democrática y liberal que los países centrales del sistema hicieron en diversos tramos del siglo XIX y principios del XX, actitudes y conductas que parecen paradójicas desde perspectivas institucionalistas, sistémicas y/o ideologizadas (como la manida clasificación en centroizquierda y centroderecha), cobran nuevos sentidos.

Tres puntualizaciones teóricas son necesarias a esta altura: 1) por revolución se entiende aquí un proceso de adaptación a circunstancias cambiantes que se produce mediante la transformación (a veces no simultánea) del régimen de acumulación, el régimen político y las imágenes sociales orientadoras, principalmente la imagen nacional. 2) La imagen tradicional, que caracteriza las revoluciones por la irrupción masiva de las clases y grupos subalternos en la lucha por el poder, no es necesariamente falsa, pero no es el único aspecto que define una revolución, aunque debe darse en algún momento del proceso para que sea posible hablar de revolución. El cambio de régimen puede comenzar por una irrupción popular o por acción de elites internas o externas y, entonces, producirse la irrupción en fases posteriores de la revolución. Un proceso revolucionario generalmente dura varias décadas, hasta que se produce la estabilización del nuevo régimen. 3) En el sistema mundial capitalista, signado por la dinámica centro-periferias, el tipo de revolución predominante es el burgués, o sea aquellos procesos que buscan reposicionar a las periferias dentro del sistema para participar en mejores condiciones en la acumulación y asignación del capital. Incluso las revoluciones que se proclamaron socialistas estuvieron confrontadas con este problema. Estas revoluciones burguesas se desdoblan a su vez en dos tipos de revolución que pueden darse simultánea o escalonadamente: la revolución liberal, tendiente a desenvolver la libertad del individuo y los grupos contra su subordinación al Estado y al mercado, pero también afirmativamente, como desarrollo de sus potencialidades para participar en los asuntos comunes, y la revolución democrática, que constituyendo a los grupos y sectores subalternos en “pueblo”, los convierte en representantes de la totalidad nacional y en realizadores de los fines y los objetivos de la comunidad políticamente organizada. Al hacerlo, van diferenciando sus necesidades e intereses y convirtiéndose en ciudadanos dotados de derechos civiles y políticos.

Las elites reformistas sudamericanas actuales –hayan salido del interior de los antiguos regímenes o como conducciones contra-hegemónicas- aspiran a modificar los regímenes de acumulación rentísticos y extractivos heredados, ampliando sus bases de sustentación, pero no a destruirlos. Por consiguiente operan sobre las antiguas elites procurando fracturarlas, para desplazar a algunos grupos, pero también para aliarse con otros. En el marco favorable de un crecimiento económico sostenido con cada vez más afinados instrumentos de redistribución del ingreso, estas elites representan a coaliciones sociales amplias y heterogéneas que buscan establecerse como nuevas burguesías y clases medias. Esto explica fenómenos de arribismo y corrupción difundidos en distinto grado según los países, pero perfectamente equiparables a sus modelos históricos en los países centrales.

Tampoco pueden extrañar los giros discursivos y las cambiantes

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alianzas de estas elites hacia “el centro”: en la medida en que ascienden socialmente, se perfilan dentro del sistema mundial y sus bases de apoyo experimentan un mayor bienestar, se difunde la tendencia hacia el conservadurismo (cuidar lo adquirido) y el individualismo.

Al mismo tiempo, en la medida en que se consolida el cambio de régimen, prima el interés por la estabilidad política. Sólo procesos de transformación cultural comparables al “affaire Dreyfuss” o grandes catástrofes naturales, políticas o económicas pueden alterar la tendencia de la revolución burguesa hacia la retracción, una vez que ha avanzado y conquistado posiciones democráticas y expandido el espacio de las libertades.

América del Sur se encuentra en un nuevo ciclo de la revolución burguesa, que nunca es definitiva, como lo demuestran los sucesivos ciclos de democratización en Europa meridional en los años 70, en América Latina en los 80, en Europa Oriental en los 90 y ahora en el mundo árabe-magrebí. Estos ciclos son la respuesta a procesos de expansión del capitalismo en los que nuevas elites y los grupos populares que las siguen quieren participar. Muchas veces han fracasado por la reacción interna o la intervención externa.

Si triunfan, recorren un ciclo de expansión y consolidación de las conquistas liberales y democráticas (en ajuste variable entre ambos aspectos), hasta que la tendencia a la concentración de la riqueza induce la introducción de nuevas desigualdades. En esa coyuntura los procesos de reforma son puestos a prueba: ¿pueden renovarse estas democracias y encontrar el camino de la continuidad de la revolución burguesa? La respuesta a esta pregunta depende en gran medida del capital cultural y ético de cada sociedad.

Esta línea de análisis no es excluyente de otras, pero sirve para colocar los fenómenos de coyuntura en perspectiva comparativa diacrónica y sincrónica, apreciar su ubicación en devenires históricos que siempre son individuales, pero comparables, y combinar una aproximación normativa con las posibilidades históricamente comprobadas de mayores espacios de libertad y democracia.

Referencias: 1El embajador Vernon Walters (general y oficial de la CIA que conocía a los altos mandos brasileños desde la común experiencia en Italia en 1944/45, que había organizado en 1953 el golpe de estado en Irán y en 1954 el de Guatemala, más tarde, durante la segunda mitad de los años ‘70 fue jefe del Comando Sur y desde Panamá apoyó a las dictaduras del Cono Sur, acabando su carrera en 1989 como organizador la caída del Muro de Berlín) organizó a la oposición contra Goulart y planificó el golpe. La IV Flota de la Marina estadounidense estaba estacionada frente a la ciudad de Natal con la orden expresa de desembarcar y establecer una base de operaciones para un eventual “gobierno revolucionario”.

2El autor de este artículo realizó un viaje de investigación a Argentina y Brasil y en este último país visitó Rio de Janeiro, São Paulo y Brasilia, donde en el Senado Federal tuvo oportunidad de entrevistar a Roberto Campos, ex-Ministro de Planeamiento del primer gobierno de la dictadura entre 1964 y 1967. Campos se expresó así sobre las causas del golpe: “En 1964 Brasil no tenía problemas económicos. Nuestro problema era el populismo que es la antesala del comunismo. Como la base del populismo eran los sindicatos de masas y la de éstos, las industrias nacidas de la sustitución de importaciones, nuestro problema consistía en achicar la industria sustitutiva de importaciones, para quitar base a los sindicatos de masas, destruir al populismo y evitar el comunismo. Por eso hicimos la revolución.” Sirva esta confesión de parte, para entender el porqué de los golpes de estado y de la introducción de las políticas económicas que más tarde se llamaron neoliberales.

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Un gran desafío, gestionar metropolitanamente Diego Usatinsky

Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Argentina de la empresa (UADE), Postgrado en Planificación, Regulación y Gestión del Transporte (Banco Mundial - Secretaría de Transporte de la Nación), Maestrando en Defensa Nacional, en Relaciones y Negociaciones Internacionales y en Relaciones Económicas Internacionales (FLACSO) Los desafíos de la Gestión Metropolitana son en realidad tantos como dos, no siendo la expresión “tantos” un uso descuidado del término, sino que conlleva un claro significado. Si bien son solo dos, los mismos son extremadamente complejos y están conformados por subconjuntos de desafíos, que se encuentran agrupados debido a la interdependencia que tienen entre sí.

De esta forma podemos identificar como los “grandes” desafíos, por un lado la gestión distrital propiamente dicha, y la gestión interjurisdiccional coordinada por otra parte.

Una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe tener como prioridad establecer un plan de desarrollo urbano de mediano y largo plazo. Es en este Plan donde está el punto de encuentro entre los subconjuntos interdependientes como inputs, la ejecución de dicho Plan como nudo articulador, y finalmente un resultado o output, en un tiempo determinado; una nueva ciudad.

Entonces lo que debemos hacer es planificar adecuadamente el Plan y su ejecución para obtener una nueva ciudad que incluya los intereses de todos los sectores sociales, y no solo los tenga en cuenta, sino que los haga ser parte del desarrollo del Plan. Cada ciudad tiene sus particularidades, pero en la Ciudad Autónoma, seguramente este Plan no puede ni debe olvidar algunos subconjuntos sumamente importantes, como son la movilidad digna (transporte y tránsito), educación pública de buen y parejo nivel en todo el territorio, salud pública con equipamiento y recursos humanos suficientes para una buena atención, servicios públicos equitativos para todos los habitantes, soluciones habitacionales para que el entorno del desarrollo personal de las nuevas generaciones se de en un marco real de igualdad de oportunidades, sostenimiento de una superestructura que permita mantener vivas y en crecimiento las expresiones culturales pasadas, presentes y futuras; regulación, control y gestión de la contaminación urbana en todas sus variantes, dar garantías de seguridad en todo el territorio de la Ciudad, etc. Mientras en simultáneo también poder capitalizar el crecimiento que todo ello genera, con la inclusión de las clases menos pudientes a la clase media urbana, para generar un clima favorable al desarrollo socio-económico y urbanístico de la Ciudad.

La conjunción de todo lo nombrado anteriormente, a los que llamamos subconjuntos, es ni más ni menos que uno de nuestros “tantos” dos desafíos, la gestión distrital o local.

Ahora analicemos la complejidad del siguiente, que es la gestión

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interjurisdiccional coordinada.

Lo primero es entender el porque de la importancia de esta coordinación. Por un lado tenemos la movilidad de las personas, esto es cerca de 3,7 millones1 de viajes entre la Ciudad y la Provincia entre todos los modos cada día. Lo cual no implica solo un desafío para el transporte y el tránsito metropolitano, también para el sistema educativo, el sanitario y tantas complejidades más que se le agregan en este caso a la Ciudad. Como contrapartida la Provincia también recibe externalidades “negativas” de este proceso de concentración metropolitana, entre ellos el tratamiento de residuos provenientes de toda la Región Metropolitana, no solo de la Provincia, y cabe destacar que no es la única externalidad. Ahora bien, este es el medio vaso vacío de la expansión metropolitana, también hay una mitad llena, pero que no es parte de nuestro análisis, ya que no hace a los desafíos de la gestión metropolitana, la cuál viene a subsanar las problemáticas generadas por la mitad vacía.

En toda sociedad la accesibilidad a la educación, la salud y el trabajo son tres de los pilares fundamentales del bienestar social. El acceso a la misma por parte de toda la sociedad en su conjunto, sin distinciones socio-políticas ni económicas, genera valores nacionales comunes. Estos permiten la cohesión social, entendida la misma en su sentido más benévolo, referido a una identidad común, con valores y costumbres compartidas, que generan una meta general: mejorar la calidad de vida de todas las personas en forma equitativa. Es así que el sistema de transporte metropolitano, como parte integrante del entramado urbano y no como un factor externo, se convierte en un vector fundamental en la búsqueda de igualdad de oportunidades, la justicia social y la cohesión social, prueba de ello es que el 67% de los viajes se realizan por trabajo y el 7% por estudio2, siendo así ¾ del total. Por una parte, quienes no tienen acceso a un medio de transporte individual por cuestiones económicas, deben tener la capacidad, brindada por el sistema público, de acceder a los centros de salud, educación y trabajo en condiciones dignas sin por ello pagar una sanción con su tiempo, es decir, el período de duración del viaje no debe incrementarse abrumadoramente en el transporte público. Por otro lado, en una región con más de 14 millones de habitantes, sería imposible movilizarse si el transporte público no se usa de forma ampliamente mayoritaria, en todos los públicos y áreas de la metrópolis. Esto es así porque a pesar que líneas de Ferrocarril como la línea Roca llevan 400mil pasajeros por día, seguida del Sarmiento con 240mil, el Ferrocarril representa apenas más del 15% de los viajes que se realizan en la Región; mientras el subte con todas sus extensiones apenas supera el 10%. Esto habla de un sistema de transporte público basado en el transporte automotor, ampliando la distancia (medida en tiempo) de los polos habitacionales como La Matanza y otros partidos de la Provincia de Buenos Aires, con el polo laboral que representa la Ciudad de Buenos Aires. Si a ello sumamos el colapso de las autopistas, teniendo en cuenta que más del 75% de quienes viajan en Transporte Público no tienen automóvil propio, pero la venta de los mismos está rompiendo récords año tras año, tenemos un escenario de mediano plazo digno de una película de terror. Un transporte público expulsivo, aumento de la motorización individual y vías principales colapsadas, todo ello afectando la igualdad de oportunidades en el acceso a los sistemas antes nombrados (salud, educación, trabajo).

Como se puede ver en la consideración anterior sobre la movilidad, los subconjuntos son nuevamente interdependientes, el acceso a la educa-

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ción, salud y fuentes laborales está íntimamente ligado a la capacidad de movilidad, pero también al equipamiento sanitario, las vacantes y calidad de la educación pública y la generación de empleo en condiciones dignas, cuya búsqueda es lo que hace movilizarse a la gente en la metrópolis. Y no solo a estas variables, sino que también son interdependientes respecto al acceso a la vivienda, al medio ambiente y tantas otras cuestiones, en un esquema que podríamos resumir:

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En el camino, dos políticas pueden cambiar el panorama de desintegración social en algunos años. Por un lado obras de infraestructura tanto de mantenimiento y modernización como de creación, para los sistemas educativo, sanitario y de transporte y tránsito, así como saldar el déficit habitacional desde el Estado. Por otra parte, la reformulación de contenidos y métodos del sistema educativo, el fortalecimiento de la cultura, el equipamiento tanto de materiales como de dotación humana en los centros de salud, etc.

Ahora bien, acá es donde entra en juego el segundo desafío, la coordinación institucional interjurisdiccional. En el marco de esta coordinación se debe desarrollar una planificación institucional que incluya un reordenamiento de los códigos urbanos para lograr un uso del suelo más acorde a la realidad, donde las viviendas puedan estar próximas a las fuentes laborales, sanitarias y educativas y viceversa, con la generación de centros secundarios para romper el radiocentrismo porteño. Teniendo como consecuencia también la utilización de los espacios de contra flujo que nos dejan hoy los trenes y colectivos, que van llenos para un lado y vacíos para el otro, equilibrando la ecuación y mejorando la calidad de viaje de todos. Asimismo garantizar un buen nivel tanto en el sistema educativo como sanitario públicos, equitativo en toda la región, acompañado de las soluciones habitacionales necesarias en cada área de la misma, todo ello para garantizar un derecho universal, la igualdad real de oportunidades.

Estas políticas son de muy difícil aplicación para cualquier jurisdicción que se las proponga desarrollar, pero realizables si las jurisdicciones coordinan su trabajo en un Plan Metropolitano conjunto, con esfuerzos compartidos para su desarrollo y puesta en funcionamiento. ¿El desafío?, dejar de lado las mezquindades políticas y gestionar cada uno de los gobiernos (locales, provinciales y nacional) en pos de mejorar la calidad de vida del conjunto de habitantes, a través de políticas públicas coordinadas, transparencia e inclusión en la planificación y ejecución de las mismas y el entendimiento que la sociedad no es exclusiva de un Municipio, Ciudad, Provincia o Nación, la sociedad trasciende los límites geográficos impuestos en una calle seleccionada por una norma cuasi estática.

Referencias: 1Elaboración propia en base a datos de INTRUPUBA (Secretaría de Transporte de la Nación) e infografía Clarín 05/08/2008.

2Investigación del Transporte Urbano de Buenos Aires (INTRUPUBA), Secretaría de Transporte de la Nación.

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¿Comunicar el riesgo de desastres o el desastre de comunicar el riesgo? Reflexiones para lograr una comunicación del riesgo efectiva Silvia Fontana Doctoranda en Política y Gobierno Universidad Católica de Córdoba – Universidad Complutense de Madrid (UCC – UCM), Docente e investigadora Facultad de Ciencia Política y RRII, Universidad Católica de Córdoba (UCC) silviaefontana@gmail.com

Valeria Maurizi

Maestrando en Gestión política Universidad Católica de Córdoba (UCC), Lic. en Ciencia Política Universidad Católica de Córdoba (UCC) valemaurizi@gmail.com

¿Es la naturaleza culpable de las grandes pérdidas económicas, humanas y materiales generadas a causa de tornados, inundaciones, terremotos? ó ¿existe algún factor humano controlable que haría posible reducir los daños, y la pérdida de vida humanas ante la inminencia de los desastres naturales? Y si es así, ¿los gobiernos pueden “hacer algo” cuando la naturaleza nos juega una mala pasada?

Estas son las preguntas de partida para una breve reflexión en ocasión de estar siendo testigos, protagonistas y víctimas de una serie de desastres naturales que aquejan a gran parte de la humanidad y cuyas consecuencias no son únicamente locales sino globales.

1.- De qué hablamos cuando hablamos de comunicar el riesgo… “…la comunicación y la gestión de la comunicación son centrales para mejorar o empeorar la percepción del peligro, el tipo de reacciones de los implicados y el planteo de escenarios para un futuro consensuado acerca de lo que es negligente y lo que es responsable.”

(Elizalde, 2009:160) Cuando hablamos de la comunicación del riesgo hacemos referencia al “intercambio interactivo de información y opiniones sobre el riesgo, entre los evaluadores del riesgo, los encargados de la gestión del mismo, los consumidores y otros interesados” (Lupin, 2006) Vemos que en la práctica de la comunicación del riesgo, se nos hacen presente dos momentos o situaciones: − Comunicación del riesgo en situaciones normales: donde los riesgos son tratados de manera hipotética. − Comunicación del riesgo en situacio-

nes de crisis: aquí ya existe la manifestación del riesgo.

En ambos casos, para Lupin (2006), la comunicación del riesgo, tiene como objetivos: − Aumentar el conocimiento y la comprensión. − Incrementar la confianza y la credibilidad. − Prevenir y resolver situaciones conflictivas.

Desde esta perspectiva sostenemos que, la comunicación del riesgo comprende tanto a las políticas comunicacionales tendientes a la prevención del riesgo como a las políticas comunicacionales tendientes a la mitigación de los desastres. Partiendo del supuesto de que los riesgos son construidos socialmente (Fontana, 2009), sustentamos a la comunicación del riesgo como la construcción de un entramado discursivo en donde diversos actores políticos y sociales están involucrados.

Ante ello a continuación presentamos una serie de recomendaciones a considerar frente a la necesidad de comunicar

para poder prevenir el riego o mitigar las consecuencias del desastre.

2.- Diez puntos cardinales para una comunicación de riesgo efectiva 1) Conocer el riesgo para poder comunicarlo: poder transmitir mensajes efectivos implica hablar con seguridad sobre los contenidos que se difunden. Y para poder hacerlo, es necesario conocer el riesgo, que implica a su vez, indagar acerca de las percepciones del riesgo existentes en la sociedad al respecto del fenómeno de que se trate. Lo recomendable es investigar acerca de las percepciones de los ciudadanos, pero también de todos los actores involucrados, incluyendo a quienes tienen el poder de tomar las decisiones o de gestionar el riesgo.

2) Planificar la comunicación: todo proceso de planificación significa hacer controlables los factores incontrolables. Se trata de sistematizar la información disponible acerca del riesgo e indicar modos de actuación al respeto. Debe comenzar por establecer un objetivo comunicacional, que siempre debe tener presente que la comunicación del riesgo trata de preservar la seguridad humana ante todo.

Se deben establecer cursos de acción a seguir que incluyan fundamentalmente información detallada acerca de la magnitud del riesgo, evitando exagerarlo ya que esto podría tornarse en contra del organismo responsable de la gestión debido a la generación de una “falsa alarma”. Lo importante es que se reduzca el sufrimiento humano innecesario, debido a los altos niveles de ansiedad, miedo, alarma, o preocupación sobre los riesgos. En este sentido, las administraciones públicas tienen el deber de facilitar a los ciudadanos la información asociada al riesgo de desastres.

Podría decirse que los elementos a ser tenidos en cuenta a la hora de abordar la

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comunicación del riesgo por parte de los organismos responsables son: 1. Saber que se trata generalmente de problemáticas locales que tienen consecuencias regionales.

2. Comprender que los contenidos de los mensajes deben partir desde abordajes locales.

3. Incorporar los públicos en la fase de implementación de las políticas de prevención o mitigación.

4. Estar atentos a que mayoritariamente se trata de casos que deslegitiman la imagen de los gobiernos, por lo que dicha imagen debe ser cuidada en el contenido de los mensajes.

3) Estandarizar la comunicación: para que los mensajes sean efectivos, las consignas que estos transmitan deben ser simples y claras. Los criterios de las comunicaciones deben ser uniformes y fundamentalmente transmitir a los ciudadanos contenidos que les permitan aplicar las medidas de autoprotección y prevención.

4) Visibilizar la comunicación: la comunicación del riesgo es una tarea particular que se diferencia de las demás comunicaciones gubernamentales, porque trata acerca de problemas que afectan la vida de las personas. En este sentido, humanizar la comunicación es un recurso efectivo que además garantiza una mayor fijación de los mensajes y sus contenidos, volviéndolos mas efectivos.

5) Decidir qué y cuándo comunicar: el objetivo primario de preservar la seguridad humana en la comunicación del riesgo, invita a planificar una comunicación que eduque a la población acerca de los riesgos y delimite acciones de prevención concretas.

Debe evitarse la alarma innecesaria y las exageraciones, favoreciendo la reflexión.

Para esto los gobiernos deben decidir qué y cuándo comunicar, basándose en la planificación antes llevada a cabo.

6) Asumir las responsabilidades en la comunicación: los gobiernos son los principales responsables de llevar adelante todas las acciones aquí definidas, pero además, en sus comunicaciones deben asumir roles concretos con responsabilidades que los involucran como actores en los riesgos.

De lo contrario, la prevención sugerida en caso de ocurrencia de desastres, puede no

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ser atendida si quien la proclama no se referencia dentro de ellas.

7) Explicar y especificar modos de acción en las comunicaciones: se asocia al punto 3, donde lo importante es que los contenidos de las comunicaciones sean altamente pedagógicos. Ello permitirá a las personas acceder a las medidas de protección y prevención necesarias para su seguridad, brindándoles capacidades sociales que llevará a la reducción de las vulnerabilidades y con ella, la probabilidad de que ocurra un riesgo.

8) Centralizar la información importante en un solo tipo de mensajes: la información sobre el riesgo debe ser simple, explicativa y concreta. Deben responder al mismo criterio de estandarización de toda la comunicación, y su contenido básicamente se trata de acciones de protección y prevención. Deben preservar los derechos de los afectados por el riesgo y promover su capacitación.

9) Quien comunica debe ser legítimo ante los ojos de quienes reciben los mensajes: quienes sean elegidos como emisores de los mensajes deben ser legítimos ante la sociedad, de lo contrario, los contenidos pierden fuerza. Pueden ser personas reconocidas por sus labores en diferentes tipos de riesgos, como científicos, académicos, funcionarios públicos responsables del riesgo, entre otros. También se pueden representar figurativamente a algunos de los actores involucrados en el riesgo, ya que esto también va en concordancia con la humanización de las comunicaciones.

10) La comunicación del riesgo debe estar disponible antes y durante la ocurrencia de los desastres: de nada sirve comunicar después, la información es más valiosa cuando se tiene antes y durante los desastres. Para esto los gobiernos deben comunicar siempre acerca de los riesgos, valiéndose de los principales medios de comunicación quienes son responsables también en la gestión del riesgo, ya que pueden instalar la prevención mediante titulares asiduos acerca de los riesgos, retrasmitir mensajes oficiales, entre otras acciones. Los medios de comunicación también deben decidir qué y cuándo comunicar para no incurrir en la generación de “falsas alarmas” al igual que los gobiernos.

3.- Algunas reflexiones finales: comunicando el riesgo La comunicación del riesgo debe ser un proceso que involucre a los diversos actores sociales (ya sean grupos, individuos o instituciones), tanto de la sociedad en general como del gobierno y los medios de comunicación, ya que cada uno de ellos cumple un rol especifico en el proceso comunicacional. El elemento mas importante es la interacción entre la organización que maneja el riesgo y la audiencia a la cual se dirige (Lundgren y Mc Makin, 1998), ya que el mensaje debe incorporar las percepciones de ambos actores para que pueda ser considerado efectivo.

Es por todo esto que decimos que la comunicación de riesgo tiene dos momentos: la fase preventiva y la fase de “abolición” del riesgo mismo. En esta última, es importante que quien tiene el poder de decisión, los “policy makers”, asuman la responsabilidad frente al riesgo. En este tipo de comunicación importa la percepción del riesgo que tiene la sociedad pero también la de los “policy makers”, debido a que toda la comunicación es entendida como la representación del valor social que existe acerca del fenómeno en juego.

Por lo tanto, la comunicación debe incorporar todos aquellos elementos que refieran a dicho valor para generar la empatía entre lo que se dice (mensaje) y a quien va dirigido (destinatario).

Así es que la comunicación gubernamental debe buscar reducir el riesgo de la población, generando capacidades en la audiencia que disminuyan las vulnerabilidades. Por ello, es importante enfatizar que la organización de un plan comunicacional del riesgo debe perseguir un criterio de eficiencia, optando por una concepción local de la prevención. Es decir, que proceda según las problemáticas particulares de cada localidad, ya que difieren unas de otras, considerablemente.

En tal sentido, los actores locales deben reconocer cada situación particular, señalando e identificando de modo específico el verdadero problema; y de esta forma, detectando el problema, es posible establecer soluciones precisas (Lamarque, 2001). Como lo dicen Molin Valdés y Villalobos Mora, “El concepto

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de comunicación para los desastres alude a un proceso planificado y articulado, que no desprecia ningún modelo ni recurso técnico disponible y su cometido esencial es facilitar el dialogo entre todos los actores sociales” (2009: 49).

La premisa mas importante de la comunicación del riesgo es que todos las personas que habitamos un mismo territorio somos responsables por nuestra protección y seguridad, por tanto todos debemos colaborar para la reducción de los riesgos.

Bibliografía • ELIZALDE, 2009. Gestión de la comunicación pública. Empresas, grupos e instituciones en el espacio público; Editorial Bosch; Barcelona.

• FONTANA; 2009. “Sobre llovido, mojado.

Riesgo, catástrofe y solidaridad. El caso Santa Fe”; EDUCC, Córdoba.

• GENERALITAT DE CATALUNYA, UNION EUROPEA (2004). Decálogo de la comunicación de los riesgos naturales en el arco mediterráneo occidental, realizado en el marco del foro internacional de comunicadores Rinamed.

• LAMARQUE, 2001. Poder local. Lo esencial de su comunicación. Libros del Rojas, Universi-

Gobiernos Locales.

Nuevo protagonismo, sus roles y funciones.

Una mirada en torno a la Seguridad Ciudadana Verónica Kasta Licenciada en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA FLACSO)

dad de Buenos Aires. Argentina.

• LUNDGREN Y MC MAKIN, 1998.

Risk communication: A handbook for communicating environmental, safety & health risks. Battelle Press.

• LUPIN, Héctor, 2006. “Introducción a la Comunicación de Riesgo”. Vía Internet: www.redpan.infopesca.org/.../FAO_LUPIN_IntroducciónComRiesgoV1E S.pdf • MOLIN, VALDÉS Y VILLALOBOS MORA, 2009. . “Riesgos y desastres: el papel de los comunicadores sociales para el cambio cultural hacia la prevención”. Texto obtenido mediante el servicio de la Biblioteca de la UCC.

Para entender y reflexionar sobre el lugar que ocupan los Municipios en las sociedades actuales, es necesario comprender que las ciudades comenzaron a adquirir un nuevo protagonismo. Cada vez, existe una mayor tendencia a que se transformen en centro de decisiones, de estrategias propias, de políticas innovadoras, adquiriendo nuevos desafíos en la vida social, económica, cultural y mediática, es decir, se pasó de un proyecto nacional a uno local. Las ciudades pasan a ser consideradas como actores complejos y multidimensionales que se expresan en la articulación entre instituciones políticas y sociales.

Para comprender ello, es necesario mencionar algunos procesos que tuvieron incumbencia en la configuración actual del rol de los Municipios. Por un lado, el proceso de globalización de la economía y la comunicación. Se trata de la construcción de un nuevo paradigma informacional, conformado por una economía global, en donde las actividades dominantes funcionan como una unidad a nivel mundial; es un sistema dinámico, expansivo y donde todo esta interconectado, gracias a la información y comunicación.

Significa una economía en la que el incremento de la productividad no depende del crecimiento cuantitativo sino de la aplicación del conocimiento e información.

De estas condiciones depende el crecimiento económico, caracterizado por un modelo de producción flexible y dinámico y una nueva forma de organización empresarial formada por unidades de gestión descentralizadas. Esta nueva economía global a la que estamos asistiendo se articula territorialmente en torno a redes de ciudades en donde la combinación de la dispersión espacial y la integración mundial ha contribuido a la función estratégica de las grandes ciudades.

Por lo tanto al mismo tiempo que las ciudades globales se sitúan en la economía global, también deben integrar y estructurar a su sociedad local que demanda mecanismos políticos fundados en la descentralización administrativa y en la participación ciudadana en la gestión municipal. Esto

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viene acompañado por el proceso de descentralización de los de los estados nacionales en dos niveles: por un lado la transferencia del nivel nacional al provincial y por otro del nivel provincial a los gobiernos locales.

Durante un largo periodo histórico la Argentina construyó una realidad, denominada “estado céntrica”, donde la sociedad civil aparecía subordinada al Estado. Pero a fines de la década de los años ochenta se construye una nueva realidad y concepción en materia de diagnostico sobre el sector público. Dada la crisis de legitimidad política y del sector público, se redefinieron las prestaciones del Estado Nacional, de los Estados Provinciales y Municipales.

La descentralización1 aparece como una estrategia del gobierno central para transferir obligaciones hacia niveles menores ante la crisis fiscal asociada a la incapacidad administrativa “Concebido el Estado como problema, en él se basaron la redef inición del rol del Estado, la privatización, la desregulación, la transferencia de los servicios a los gobiernos locales, la tercerización y el despliegue de diversos mecanismos para el f inanciamiento de acciones de interés público ejecutadas por el sector privado” 2 . Lo que comúnmente se denominó “Consenso de Washington”.

En este contexto, comienza un proceso de transformación en la administración, entendida como un proceso de “modernización en la gestión publica”. Pasamos del modelo tradicional burocrático al gerencial paradigma “gestión por resultados”, que “supone la búsqueda de una mayor ef icaciaef iciencia” apuntando a la calidad del servicio vinculada a la planificación estratégica en el desarrollo de las políticas públicas. De esta forma, se logra maximizar los recursos técnicos, financieros y económicos para la producción de bienes y servicios en tiempo y forma con el menor costo posible y el mayor beneficio. Este proceso tiende a mejorar el manejo de los fondos públicos a través de mecanismos tales como presupuesto por programa, participativo, entre otros.

Con el cambio estructural de los últimos años los municipios han mantenido sus funciones tradicionales y han adquirido otras, asumiendo nuevas ideas de gestión de políticas sociales, ambientales y de promoción del empleo como la promoción de la ciudad hacia el exterior, desarrollando una imagen fuerte y positiva apoyada en una oferta de infraestructuras de servicios. En éste enfoque, la cercanía, la interacción y asociatividad son elementos cruciales. El desarrollo esta vinculado a un conjunto de capacidades locales como la innovación, creatividad y capacidad emprendedora de los agentes locales tanto públicos como privados, diseñando e implementando planes estratégicos para generar múltiples mecanismos de cooperación social y de participación ciudadana.

En este marco se inscribe una nueva política pública no formalizada que los municipios debieron afrontar: la Seguridad Ciudadana. Las políticas de Seguridad Ciudadana las podemos entender como la protección y la efectivización de los derechos y libertades de los ciudadanos. El concepto de la seguridad humana es tan amplio que por eso se

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utilizan dimensiones como la seguridad política, ambiental, sanitaria, social, cultural, jurídica, etc. Sin embargo, hoy en día la seguridad y la vida pacifica de los ciudadanos se encuentran amenazadas por conductas violentas que ponen en riego el cumplimento efectivo de esos derechos.

Las demandas ciudadanas día a día se incrementan, más en un tema como el de la inseguridad que se ha convertido en uno de los graves problemas de la actualidad. Teniendo en cuenta que los municipios representan el poder político más cercano y el que más conoce las problemáticas de la ciudad, deben implementar políticas con objetivo de construir ciudades más seguras con énfasis en la prevención de los delitos callejeros y la disminución de la sensación de inseguridad de los habitantes.

En marco de las Políticas de Seguridad Ciudadana los recursos penales son necesarios como medidas sancionatorias post-delito; sin embargo más importante y elementales son los recursos pre-penales es decir, la Prevención Situacional, Social y Comunitaria para buscar acciones que prevenga la conducta delictiva. Es por ello que los Gobiernos Locales deben tener un área donde converjan las Políticas Públicas destinadas al Control y la Defensa Civil de los ciudadanos.

Esta área debe ser la encargada de llevar acciones dentro del marco de la Prevención Situacional, como el mejoramiento de la iluminación en las calles, recuperación de lugares públicos, reorganización de la vigilancia policial, trabajo comunitario para mejorar el entorno barrial. A esto se le agrega el uso de la tecnología como el uso de sistemas de cámaras de seguridad, que tienen como finalidad generar un sistema de coordinación y prevención de situaciones delictivas en zonas estratégicamente vulnerables. Las patrullas municipales también tienen una función preventiva, ya que recorren las zonas en forma constante con personal municipal afectado a esa tarea, atendiendo los reclamos que tengan que ver con conflictos que afecten a los barrios facilitando el desplazamiento de las personas y aumentando la seguridad social en los espacios públicos.

Respecto de temas como Prevención social y Comunitaria es necesario intervenir en la raíz de los problemas del delito, dado que existen situaciones y fenómenos sociales que favorecen las posibilidades de conductas delictivas. Nadie se pregunta cuáles son las condiciones objetivas que llevan a que alguien se convierta en un delincuente y pueda salir a robar. Porque una persona no nace delincuente, son las condiciones sociales, estructurales y los mecanismos de comunicación y aprendizaje que viven desde su infancia las que lo convierten en ello. Gente que vive hacinada en villas totalmente carenciados, donde en algunos casos no llega el agua potable, no hay cloacas, no hay clubes sociales, no hay centros culturales, en fin donde el estado esta totalmente ausente, hace que se encuentren excluidos social, cultural y económicamente.

Hoy, un porcentaje de hechos delictivos son causados por niños y adolescentes que se encuentran en las condiciones mencionadas. Esto conlleva a que el aprendizaje de valores,

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normas y derechos no sean incorporados a sus estilos de vida, en conjunto con la falta de objetivos, pocas expectativas de progresar y la imposibilidad de desplegar sus habilidades.

La pobreza, el abuso de drogas, el abandono escolar y la violencia doméstica, son solo algunos de los problemas que tienen gran influencia en la iniciación de los jóvenes en conductas delictivas.

No es una justificación de lo que sucede sino como un intento de reconstruir las condiciones que permiten que estas cosas se sucedan, porque la falta de educación, de salud, de condiciones de vida digna traen con el tiempo situaciones sociales que llevan a las personas a delinquir.

Es necesario entender el delito como un fenómeno social que no responde sólo a un problema policial sino que es “multicausal”. Las Políticas Públicas se desarrollan en un escenario influido por numerosas variables tales como la institucional, la socioeconómica, la sistémica y la socio-demográfica. Por lo tanto el abordaje del delito debe responder a un fenómeno complejo cuya solución también es compleja.

Por ello, el área de Control y la Defensa Civil debe trabajar en conjunto con el área de Acción Social, desarrollando diversos programas y proyectos de reinserción social y prevención de la delincuencia, antes de que se haga necesaria una acción represiva policial, donde el ámbito de actuación sean los barrios, contemplando las características particulares del lugar donde se llevan a cabo. Otra estrategia comunitaria es la creación de foros de seguridad, que tienen como objetivo realizar encuentros entre los distintos foros locales, el foro municipal y autoridades comunales del área de seguridad, para debatir medidas tendientes a mejorar la seguridad en la localidad.

Como consecuencia de lo expuesto se puede pensar que es el municipio quien define, desde sus propias perspectivas y posibilidades el tratamiento de seguridad ciudadana. En ese sentido, las variables que considera el modelo situacional son, en su mayoría, posibles de gestionar desde y con los recursos del sistema municipal. No ocurre lo mismo con las estrategias centradas en la prevención primaria del delito, las cuales requieren recursos y medidas estructurales concebidas desde el plano nacional e implementado regionalmente.

Sin embargo, como sucede con muchos de los planes bajados

desde el gobierno central a los niveles inferiores, resultan más impracticables en términos de resultados óptimos en todos los municipios. Las diferencias sociales y geográficas hacen que la innovación y el protagonismo local no sean homogéneos, distinguiéndose situaciones de acuerdo al tamaño de los núcleos urbanos y las distintas regiones.

Los recursos disponibles para realizar acciones en materias de Seguridad Ciudadana están compuestos por fondos del gobierno central y en menor medida corresponden a recursos de los gobiernos locales. Además de no disponer de los recursos técnicos y administrativos. Por lo tanto a las comunidades les resulta más difícil por sí mismas, participar activamente en la elaboración de planes y programas.

No obstante, los gobiernos municipales no pueden comportarse como irresponsables a la luz de las transformaciones más relevantes de los últimos tiempos (la globalización, apertura de los mercados, descentralización política, revalorización de los ámbitos locales y multiplicación de demandas sociales).

En relación a la institucionalidad a nivel central, provincial y local deben involucrarse activamente, apelando a un proyecto de ciudad que contemple un plan estratégico bajo una óptica común, como partes de un sistema integrado, estableciendo un marco coherente de movilización y de cooperación de los actores sociales urbanos y realizar una fuerte apuesta para el desarrollo de políticas de seguridad.

En este marco hay que destacar el fuerte tratamiento en materia de Seguridad Ciudadana por parte del Gobierno Provincial y Nacional, destinando fondos en programas y convenios hacia los gobiernos locales; signo de que la Seguridad Ciudadana es un tema de agenda y prioridad de los últimos años.

Referencias: 1 Nos referimos a desconcentración y no descentralización porque efectivamente estas modificaciones no se han correspondido con un cambio sustantivo en las capacidades de los municipios, ya que la capacidad financiera depende todavía de los gobiernos centrales e intermedio; aunque aumentaron su participación en el manejo de los recursos estatales, ello no se ha correspondido con el aumento de su capacidad de captación de los fondos.

2 Roberto Martínez Nogueira: “Estado, Administración pública y Sociedad. Aportes para el análisis de la gestión pública”, Editorial Mimeo, 2001, pp. 37-38.

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Quién custodia a los custodios?

Auge de la seguridad privada en la Argentina de los 90.

Martín Medina

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano y Magíster en Políticas Sociales por la Universidad Nacional de Misiones. (UB-UNaM).

Una cuestión acuciante: la seguridad en la Argentina Entre las cuestiones que suscitan mayor atención social están las vinculadas a la seguridad personal, dentro de la cual podemos ubicar la temática de la que nos ocuparemos: las policías privadas (1).

El servicio de guardaespaldas, la custodia privada de caudales, bienes y edificios son un fenómeno no reciente en el país, pero se ha dado un exponencial crecimiento durante los últimos diez años, en un estadio del capitalismo corporativo caracterizado por una acelerada privatización de servicios antes prestados por el Estado. Gracias al principio de soberanía interior, se establece que es el Estado el que debe mantener el orden y la seguridad dentro de un territorio delimitado; lo cumple gracias a un trinomio funcional: administración de justicia-sistema penitenciario-aparato policial, este último goza del monopolio de la violencia física y de la coerción, de acuerdo a la visión del penalista argentino Martín Lozada (2). Las policías privadas plantean una crítica al accionar del trinomio mencionado, generando una novedad en lo referente a los recursos de control social. Además la población

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no tiene conocimientos sobre quiénes son los que componen estas agencias, cómo han sido constituidas, cuáles son sus fundamentos legales, qué tipo de fines persiguen y cómo influye el accionar de estos agentes adicionales a las tareas de prevención policial.

El título del trabajo fue extraído del libro del politólogo Jon Elster, donde se determinan las características de una institución, un mecanismo que pone en vigencia reglas necesarias para evitar el desmoronamiento de una sociedad, esas pautas “nos protegen de las consecuencias destructivas de la pasión y del interés propio” (3). Pero ¿son las agencias de seguridad privada una institución propiamente dicha que vela por los intereses de la sociedad toda? ¿O sólo se preocupan en impedir que los intereses de aquellos que las contratan no se vean perjudicados por los otros sectores de una sociedad cada vez más polarizada?

Aclaraciones terminológicas Es el Estado moderno un ente situado en la cima del poder político gracias al principio de soberanía, ya que posee un poder independiente y supremo, tanto en el espacio interno como en el externo:

“Por instituto debe entenderse una asociación cuyas ordenaciones estatuidas han sido otorgadas y rigen de hecho (relativamente) con respecto a toda acción que con determinadas características dadas tenga lugar en el ámbito de su poder... Por estado debe entenderse un instituto político de actividad continua, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (5).

Es una de las funciones primordiales del Estado la conservación de la paz y el orden dentro de su ámbito específico, para lo cual posee una concentración de medios que le permite una concreción de una fuerza apta para lograr que el orden público no se vea perturbado. El recurso más importante que tiene es el monopolio legítimo de la violencia. Podríamos distinguir entre el concepto de Policía como una de las instituciones (en tanto Fuerza de Seguridad) de las que dispone el Estado-Nación para hacer efectivo el uso legítimo del monopolio de la fuerza; y el concepto de Policía como una de las agencias del Estado (juntamente con los distintos órganos competentes del Poder Judicial y el Sistema Penitenciario) que tiene la función de la pre-

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vención del delito. Si sólo se centra la cuestión en el primer aspecto conceptual, el proceso de Privatización de la Seguridad puede ser entendido como una invasión al Estado con respecto a las que primitivamente eran sus prerrogativas indelegables. Si nos centramos en la función de prevención del delito podríamos entender al citado proceso como de complementariedad entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Ninguno de los dos enfoques por sí solo nos provee una abarcadora comprensión del fenómeno.

Según el diccionario de la lengua española, “seguridad” es la cualidad de seguro, que a su vez significa “no expuesto a daño o peligro, que no falla, que ha de producirse o realizarse indefectiblemente”. Mientras que “privado puede ser descrito como: en lo que concierne, o proporcionado por un individuo privado o una organización, más bien que por un cuerpo público o el estado. Una distinción importante es quién paga los servicios realizados” (6).

Los desarrollos sociales y teóricos de los últimos treinta años han puesto en evidencia que ni la policía ni el Estado son los únicos entes con capacidad y voluntad de funcionar como garantes del orden, la paz y la tranquilidad. Los procesos de producción de seguridad son: “la garantización, por parte de un ente con capacidad y voluntad de garantizar, una forma de hacer las cosas (un orden determinado), dentro de un dominio témporo-espacial, a través de estrategias simbólicas y conductistas” (7).

Cuando el orden que se pretende garantizar ha sido establecido mediante la promulgación de reglas y normas, que promueven una determinada forma de conducirse por parte de los poderes del Estado legitimados para ello, y el ente garantizador es una o varias agencias del Estado, nos encontramos ante el caso de la producción estatal de seguridad, por la institución de la policía pública o de las agencias del sistema penal (8).

Pero en la práctica otras comunidades, entes y organizaciones buscan lograr y mantener cierto tipo de orden que es imperioso para su funcionamiento.

Cuando se ha intentado obtener un orden por parte de entes no estatales (en sintonía o no con el Estado), y la función de garantizarlo fue asumida por un ente no estatal que busca los fines del lucro, nos encontramos ante un caso de seguridad privada.

Cuando el orden a garantizar y los medios para ello son definidos por individuos y organizaciones a nivel comunitario y quienes poseen la función de garantizarlo no persiguen fines de lucro, nos encontramos ante el caso de la seguridad comunitaria. Si el poder interior del Estado se apoya en la retensión para sí de las formas de venganza privadas, limitándose a una sola respuesta –ahora pública– legitimada en el marco de la mencionada soberanía interior, el surgimiento de una variedad de respuestas represivas de facto producirá una fractura en todo el sistema de concentración estatal de violencia.

La aparición de las policías privadas provoca inquietud e interés, ese surgimiento torna borroso el reclamado control por el que combate la legalidad democrática respecto de las instituciones que gozan del monopolio legítimo de la violencia.

“Los servicios de la seguridad privada no cuentan con las mismas restricciones y regulaciones que deben respetar los agentes de la seguridad pública” (9).

En una editorial de una publicación perteneciente al Banco Mundial que versa sobre América Latina y el Caribe se plantea que: “Para hacer frente a la violencia delictual urbana, hay dos salidas dominantes. La represión que ha servido para justif icar el fortalecimiento de los llamados gendarmes del orden... La privatización ha permitido que ciertos sectores, entre los que se encuentran policías jubilados, desarrollen empresas de seguridad privada con personal de poca formación” (10).

en nuestro país durante la década de los noventa una “Privatización de hecho de la Seguridad”. Se deben verificar los años en los cuales han sido sancionadas las leyes: el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1002/99 (1999), la Ley 118 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1998) y la Ley 12.297 de la Provincia de Buenos Aires (1999). La incógnita “¿quién custodia a los custodios?” abre un atrayente camino de investigación y en este trabajo sólo se esbozaron algunas de las innumerables aristas que involucra este tema.

El Poder de Policía del Estado Nacional y de los Estados Provinciales es cada vez más débil, y la capacidad de controlar a las agencias de Seguridad Privada es menor.

Referencias: (1) El presente trabajo es una continuación de mi libro (2007). ¿Quién custodia a los custodios? Auge de las agencias de seguridad privada. Colección Claves para Todos, dirigida por José Nun, editorial Capital Intelectual, Buenos Aires.

(2) Lozada, Martín (2000). Seguridad Privada. Sus impactos en el Estado de Derecho. Ábaco, Buenos Aires.

(3) Elster, Jon (1989). Tuercas y Tornillos.

Gedisa, Barcelona.

(4) Weber, Max (1996). Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica, México.

(5) Boija, Jon (1998). Some aspects of the private provision of security (with focus on policing). ERASMUS, Programme in Law and Economics. University of Vienna.

(6) Stenning, Philip y Shearing, Clifford (1991). “Policing”. In: Criminology. A reader’s guide. Centre of Criminology.

Univerity of Toronto.

(7) Font, Ezequiel (1999). “Transformaciones en el gobierno de la seguridad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su relevancia en la Argentina”. En: Sozzo, Máximo (comp.). Seguridad urbana: nuevos problemas, nuevas perspectivas. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. (8) South, Nigel (1988). Policing for profit: The private security sector. Sage, London.

(9) Hassan, Arthur (1993). “Karachi y la naturaleza global de la violencia urbana”.

En: La Era Urbana, Vol. 1, N° 4. Banco Mundial. Washington.

Conclusiones tentativas En la Argentina la legislación referida a la temática de la Seguridad Privada tuvo que ir detrás de una realidad que se imponía por sí sola; por lo cual se puede sostener que se ha podido corroborar

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¿Los legisladores cumplen con su función de representación del pueblo?

Mauricio Soler Estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco – Sede Trelew.

Eje temático: Congresos, asambleas y legislaturas.

Estamos ante una nueva renovación del Poder Legislativo Nacional. Con nuestro voto renovamos el staff de legisladores que nos representarán en el Congreso y harán leyes que nos reglamentarán nuestras vidas. Con nuestro voto elegiremos a las personas que tendrán entre sus funciones representar al pueblo o a nuestra provincia por un periodo que va entre cuatro (4) a seis (6) años según la cámara. Ahora esto nos plantea la pregunta que da nombre a este artículo, ¿Los legisladores cumplen con su función de representar al pueblo?

Para responder a esta cuestión la podemos dividir en dos preguntas: A. ¿Conocemos a nuestros representantes?

El Poder Legislativo Nacional está compuesto por 329 legisladores si sumamos diputados y senadores, de los cuales solo se conoce una pequeña parte. Si a cualquier ciudadano común se le pide que nombre a los diputados o a los senadores que lo representan, no los conoce, inclusive podemos ser más específicos, si se le pide a cualquier dirigente político nacional que nombre a los diputados y/o senadores de su provincia, van a tardar en mencionarlos.

Los legisladores más conocidos son los presidentes de los bloques mayoritarios, los que se destacan por sus intervenciones en las sesiones o comisiones o los que tienen interés en ocupar algún otro cargo (ya sea ejecutivo o legislativo).

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Podemos concluir que la respuesta a la pregunta disparadora es negativa, pero esto tiene una explicación sencilla, el ciudadano común no conoce a los candidatos a legisladores nacionales cuando va a emitir su voto, no conoce los nombres ni tampoco sus propuestas o postura en temas fundamentales.

Está el erróneo pensamiento de que el integrante del Poder Legislativo no debe presentar plataforma, el candidato a diputado o a senador parece más un candidato a defensor de un “modelo” que candidato a representante del pueblo o de la provincia. El ciudadano común lo que hace es meter la boleta del candidato que más simpático le cae y así es como elige, no conoce verdaderamente a la persona y su pensamiento.

Si no conocemos a nuestros representantes no podemos conocer como nos representan, lo que nos lleva a la segunda pregunta.

B. ¿Cómo nos representan nuestros representantes?

El trabajo de los legisladores lo podemos medir desde varios puntos, desde la asistencia a las sesiones, desde las intervenciones en éstas, desde la producción legislativa, etc.

Para analizar la función de representación de los legisladores voy a tomar los tres puntos mencionados anteriormente.

Asistencia a las sesiones.

En el caso de la cámara de diputados, de los 257 miembros solo asistieron 74 legisladores a todas las sesiones del año 2010. En el caso de la cámara alta no se registran datos de asistencia.

Obviamente la asistencia no es sinónimo de calidad legislativa, pero es un parámetro a tener en cuenta por la falta de compromiso que significa el no asistir a las sesiones.

Intervenciones en las sesiones.

La cantidad de palabras dichas en una sesión también es un parámetro a tener en cuenta a la hora de analizar la gestión de un legislador. Los legisladores que más y menos locuaces se

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han mostrado en el año 2010 son: Senadores Morales,

Diputados Gerardo 74.981 palabras

Rossi, Agustín

56.435 palabras

Fellner, Eduardo

43.689 palabras

Rubén Pichetto,

Miguel 61.863 palabras

Ángel Escudero,

Sonia 44.709 palabras

Solá, Felipe

28.426 palabras

Aguad, Oscar Raúl

22.992 palabras

sesiones que se realizaron en el periodo de extraordinarias.

Los legisladores que más proyectos presentaron y por lo tanto se los puede considerar como los legisladores que mejor han cumplido sus funciones son: Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

Proyectos de Ley

Proyectos de Ley

Héctor Recalde

90

Margarita

Alonso

Negre de Alonso, 37.111 palabras Liliana Teresita Giustiniani, Rubén 31.687 palabras

Carrió, Elisa María

21.180 palabras

Héctor Biancalani,

Fabio 1.066 palabras

Carca, Elisa Beatriz

126 palabras

Darío Reutemann, Carlos 762 palabras

Oliva,

Alberto

Rodolfo

Latorre,

Roxana 159 palabras

Cristian 34 palabras

Kenny, Eduardo

10 palabras

Itatí Maza,

Ada 127 palabras

Mercedes Menem,

Gullo, Juan Carlos 3 palabras Dante

Carlos 64 palabras

Arguello, Octavio1

0 palabras

Gerónimo

Vargas 84

!

Coloco el nombre de Arguello a modo de ejemplo de los 38 legisladores que no

mencionaron ninguna palabra en el periodo legislativo 2010.

Podemos ver que los legisladores que más han intervenido en las sesiones son los presidentes de bloques (caso Morales, Pichetto, Giustiniani, Rossi, Aguad y Carrió), este análisis, al igual que la asistencia, no asegura la calidad legislativa, entre los legisladores podemos encontrar a aquél que tenga un !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! ! poder de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! síntesis suficiente como para dejar bien sentados su 1 Coloco el nombre e de ideas Arguello con a modolade mitad ejemplo dede los 38 legisladoresque que noaquel mencionaron pensamiento palabras que ninguna palabra en el periodo legislativo 2010. necesita discursos extensos en los que tal vez ni siquiera logre dejar claro su razonamiento. La cantidad de intervenciones realizadas en las sesiones muestra el nivel de participación de los legisladores y deja al descubierto a aquellos que pasan desapercibidos durante su gestión.

Producción legislativa.

Este punto es el que más importancia podría tener a la hora de analizar el trabajo de los legisladores, como ha sido la producción de leyes de los representantes, sin desmerecer a los otros dos puntos que mencione anteriormente.

En el periodo legislativo 2010 el Congreso Nacional sancionó 69 leyes, entre las que se pueden mencionar la Ley de Matrimonio Igualitario, el 82 % móvil (que luego fue vetada por la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner) y la ley de glaciares. De estas leyes, es importante destacar que 37 fueron enviadas desde el Poder Ejecutivo, 21 fueron impulsadas por la cámara baja y 11 por la cámara alta. También hay que mencionar que el periodo legislativo 2010 tuvo 18 sesiones en la Cámara de Diputados y 22 en la Cámara de Senadores, entre las cuales se incluyen las dos

Roberto Basualdo

137

Aignasse Ivana Bianchi

70

Adriana Bortolozzi

87

Eduardo Macaluse

49

Guillermo Jenefes

59

Federico Pinedo

41

Sonia Escudero

55

Proyectos de Declaración

Proyectos de Declaración

Viviana Damilano 141

Mario Jorge Colazo

567

Grivarello Ivana Bianchi

91

Roberto Basualdo

116

Silvana Giudici

55

Emilio Rached

100

Miriam Gallardo

50

Horacio Lores

85

José Vilariño

37

Adolfo

Rodríguez 79

Saá

Saúl 1

Liliana Negre de 146

Proyectos de Resolución

Proyectos de Resolución

Ivana Bianchi

488

Mario Jorge Colazo

212

Antonio Morante

403

Adriana Bortolozzi

10

Julio Martinez

142

Liliana Negre de 10

Cecilia Merchán

95

Sonia Escudero

9

Liliana Fadul

82

Rubén Giustiniani

9

Alonso

!

Fuente para la confección de los cuadros: http://www.parlamentario.com/informes.php

Como podemos observar, los legisladores más activos en cuanto a presentación de proyectos no son los que más intervenciones han tenido, esto reafirma lo que decíamos anteriormente, la asistencia o los discursos en las sesiones no es sinónimo de producción legislativa.

Otra observación que podemos realizar es que en la cámara alta hay mas producción legislativa que en la baja, teniendo en cuenta la diferencia en la cantidad de miembros, por lo que cantidad de legisladores no es igual a la cantidad de proyectos presentados. Y como observación final podemos decir que los representantes del pueblo de las provincias producen menos que los representantes de las provincias.

Esta es la respuesta a la pregunta disparadora inicial,los representantes nos representan de una manera deficiente, pero como sus representados no conocen sus funciones o, lo que es más alarmante, no los conocen, no se preocupan en realizar un buen trabajo como integrantes de uno de los tres poderes del Estado, porque saben que los ciudadanos, o sea su contralor, no se preocupan en vigilar que los representen a ellos, a sus intereses y a los de sus provincias.

Por lo tanto podemos decir que los legisladores no cumplen con su función de representar al pueblo y no se preocupan en hacerlo.

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¿El Estado está aprendiendo a delegar? El caso de la Ciudad de Rosario Noemí Rabbia

Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario

El desafío más importante que enfrentan hoy los estados nacionales es lidiar con factores que presionan sobre sus estructuras desde diferentes esferas, así como con actores y fenómenos que se tejen sobre y por debajo de sus bases.

Hablamos en términos de Relaciones Internacionales de lo que Robert Russell denomina variables internas y sistémicas que influyen en el diseño de toda política.

En el presente trabajo nos centramos fundamentalmente en dos: en primer lugar, nos referimos al viejo y nuevo fenómeno de la globalización (variable sobre la que todo Estado posee menos capacidad de control), concebido como una difusión mundial de ciertas formas de conocimiento, de producción social y de vida, capaz de integrar en una red global las distintas esferas de toda sociedad nacional. Como muchos teóricos plantean, la “lógica de mercado” ha pasado a instalarse en todas las esferas de la vida social, no sólo en las cuestiones financieras y comerciales, sino también en esferas antes asociadas al Estado de Bienestar: la salud, la educación, la cultura, etc. En segundo lugar, hablamos de las crecientes y diversas demandas que se dan lugar en las sociedades, no simples demandas de participación política sino también de equidad e igualdad económica y social.

Pese a la vigencia del Estado-Nación

como principal aglutinador de intereses y receptor de demandas a nivel nacional, van tomando protagonismo en el mundo político-social nuevos actores, o viejos actores con una renovada participación, en el proceso decisorio de las políticas en las cuales interviene cada gobierno nacional.

Esto nos pone ante el dilema de si el Estado está aprendiendo a delegar o se ha producido una paulatina transferencia de algunas de sus potestades a favor de otros actores, entre los cuales se destacan los sub-nacionales, es decir provincias y municipios, proceso en el cual la herramienta más eficaz resulta ser la descentralización, a la cual dedicaremos algunas líneas por medio de un caso ejemplificador en la materia, la ciudad de Rosario. ¿El Estado está aprendiendo a delegar?

Los elementos que generalmente se reconoce componen el Estado-Nación son la población, el territorio y el gobierno (control de los poderes del Estado); a su vez éstos se encuentran estrechamente ligados al concepto de soberanía.

La soberanía se entiende como las competencias propias, plenas y exclusivas del Estado sobre su territorio.

Sin embargo, actualmente esta soberanía no es de carácter ilimitado como lo fue durante la vigencia del Derecho Internacional Clásico (hasta el fin de

la Segunda Guerra Mundial). Hoy en día las competencias discrecionales o exclusivas del Estado Nación, se contraponen a las llamadas regladas, competencias sujetas a la imposición de criterios o límites respecto al ejercicio de las mismas , las cuales se vinculan a la noción de autonomía contemplada por nuestra Constitución Nacional tanto para el caso de las provincias como municipios.

El desafío más importante que enfrentan hoy en día los estados nacionales es lidiar continuamente con factores que presionan sobre sus estructuras, en todos los ámbitos: destacamos dos ejes a la hora de plantear tal problemática: por un lado el fenómeno globalizador y, por otro, las crecientes y diversificadas demandas de las sociedades democráticas.

El ciudadano del mundo y el Retorno de lo político.

La globalización es un fenómeno multifacético a la vez viejo y nuevo. Viejo porque desde hace más de dos décadas se ha vuelto una constante de la vida política, económica y social, incluso en el dialecto cotidiano del ciudadano común, aún cuando éste no siempre comprende hasta qué punto y cómo realmente este fenómeno toca de cerca su vida; nuevo, porque está en constante devenir, encontrando renovadas formas de manifestación y moviendo piezas de lugar, reacomodándose a los cambios con mayor facilidad que las personas mismas. La vertiginosidad de los cambios tecnológicos y el modo en que estos atraviesan todas las esferas de la vida en sociedad son un claro ejemplo de esto. Asimismo, la globalización brinda la posibilidad de conectar los rincones más recónditos del mundo entre sí, atraviesa, pasa por encima y por debajo del Estado, el cual es penetrado y ve su papel desplazado en lugares donde predominan los vacíos de su presencia: el “desplazamiento del Estado por el mercado” es uno de los debates aún vigente en el mundo de las Ciencias Sociales y ha sido durante años la preocupación de politólogos y académicos, que manifiestan la ausencia estatal en áreas que hace medio siglo

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atrás parecían imposible pensarse alejadas de la custodia del Estado Nacional.

Claro ejemplo de esto dicho fue la ola de gobiernos neoliberales que marcó la década de los 90 en nuestra región y libró muchos de los procesos económicos, financieros, comerciales y por ende sociales, a las propias leyes del mercado a través de la oferta y la demanda.

Dicha década contó entre sus principales características, a nivel socio-político, con la apatía política de la sociedad argentina, un exacerbado consumismo económico, un profundo avocamiento del Estado-Nación a promover ciertas garantías a los intereses privados y, finalmente, una fuerte concentración decisoria en los Estados Federales en que, pese algunos avances, otros actores nacionales carecieron de protagonismo.

Hoy dicho proceso parece estar revirtiéndose de la mano de la participación de los municipios y las provincias en el diseño de políticas orientadas a dar respuesta a las demandas de manera más expeditiva.

Otro fenómeno que crea una intensa presión sobre las estructuras del Estado es el crecimiento de la población de la mano del aumento de las demandas a las que el Estado debe brindar respuesta.

Sobre todo con posterioridad a la década del 90 y en el caso de Argentina más aún en el post 2001 muchos ciudadanos recobraron el interés en “lo político” como herramienta válida frente al incumplimiento y el rol apático de un estado nacional llevado al poder por la voluntad popular pero que hacía oídos sordos de los reclamos de ésta. Ya no bastaba que el Estado asegure las condiciones para alcanzar el éxito personal o respete ciertos componentes básicos de las democracias formales (como elecciones periódicas y libres) sino que se hizo imperiosa la necesidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Para esto, también era necesario pensar en una nueva forma de Estado que responda cabalmente a un esquema de problemas que ya no se presentan de modo rígido o vertical.

El resurgimiento de los partidos polí-

ticos como articuladores de demandas, de organizaciones no gubernamentales como alternativas a las formas tradicionales de participación, así como el renovado protagonismo de los actores sub-nacionales, resultaron fundamentales a la hora de repensar el rol estatal frente a la sociedad.

La importancia de la descentralización Para muchos individuos la descentralización va de la mano con una pérdida de soberanía y protagonismo del Estado-Nación frente a los municipios y las provincias. La realidad nos muestra estar totalmente alejada de esta idea ya que con los años, la descentralización ha demostrado ser una herramienta eficaz para responder a necesidades con más rapidez a través de descongestión de los recursos, teniendo como gran novedad y multiplicador el caso de los municipios. Es cada vez mayor la delegación y flujo de competencias de los Estados Centrales a otros entes y en la actualidad, la descentralización es considerada una de las alternativas más adecuadas y eficientes para administrar un territorio. Esta se entiende como la transferencia de competencias desde el Estado Federal hacia las entidades y organismos descentralizados, como pueden ser municipios, provincias, regiones o departamentos, dependiendo del país de que se trate. Descentralizar es acercar el proceso de toma de decisiones al lugar en donde se aplican las mismas.

Los municipios por ejemplo, han asumido nuevos roles respecto a la tradicional prestación de los servicios básicos, desarrollando actividades referidas a la promoción del desarrollo local, el empleo, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la cultura y la educación. Los mismos llevan adelante sus propias “relaciones internacionales”, la llamada gestión internacional, la cual se supedita al diseño de la política externa nacional y está contemplada por los artículos 123 y 124 de nuestra Constitución Nacional. La ciudad de Rosario es un caso emblemático al respecto, sin embargo, este sistema ha comenzado a mostrar limitaciones como las asociadas a la distribución inequitativa de los

beneficios y recursos, en base a un análisis por áreas geográficas.

La Municipalidad de Rosario cuenta con numerosos Acuerdos de Hermanamiento con otras ciudades del mundo, así como también se encuentra adherida a una serie de programas regionales e internacionales que le permiten implementar una estrategia de desarrollo local con base en las relaciones internacionales.

Una de las estrategias fundamentales en el municipio de Rosario es el Proyecto de Descentralización Municipal Administrativa cuyos principales objetivos son: a) Acercar la administración a los ciudadanos para lograr una gestión más eficiente, ágil y directa; b) Planificar y gestionar las políticas y acciones a escala del distrito, permitiendo desarrollar estrategias específicas para la realidad particular de cada zona de la ciudad; c) Coordinar y articular el accionar de cada una de las áreas municipales en una gestión única a nivel del distrito.

El rol del Estado fue y será imprescindible para promover acciones que reduzcan las desigualdades sociales o para remover los obstáculos que las generan. La descentralización en la ciudad de Rosario posee como meta oficial la solución de este tipo de problemas, sin embargo, la misma ha quedado atada a una mera herramienta de distribución de funciones administrativas de la ciudad, al punto que las delegaciones distritales asemejan más bocas de expendio o atención al público más que interlocutores reales de las necesidades zonales. La ciudad de Rosario es uno de los reflejos más claros de la falta de democratización de recursos, es decir, la marcada diferenciación geográfica en cuanto a la distribución de los mismos.

Uno de los grupos sociales más vulnerados de la sociedad son los menores, es decir niños y jóvenes. En la ciudad de Rosario, de acuerdo a un investigación reciente de la Universidad Nacional de Rosario, el 23% de los menores de 13 años tiene necesidades básicas

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insatisfechas, en especial en las zonas sur, oeste y noroeste. A los problemas de hacinamiento, precariedad de la vivienda y subsistencia, se suma la falta de respuestas institucionales. Del informe realizado por la Facultad de Psicología de la ciudad se desprende que el casco céntrico y el macrocentro de la ciudad conforman áreas categorizadas como de “muy buenas condiciones de vida” y a ello se le agrega una ubicada en la zona norte. Del resto de las áreas analizadas una extensa zona del sur y sureste de la ciudad, así como un área del noroeste, están calificadas como de “buenas condiciones de vida”. En tanto, la población de niños de entre 3 y 13 años que vive en condiciones de vida “regulares”, se ubica preferentemente en las zonas oeste y noroeste de la ciudad y los que viven en condiciones categorizadas como “malas” se encuentran en zonas de la ciudad ubicadas al sur, al oeste y al noroeste del municipio.

Las necesidades básicas insatisfechas llegan al punto que en la actualidad Rosario es catalogada por el propio gobierno municipal como “la mejor ciudad para vivir” mientras el 42,5 % de su territorio se encuentra sin cloacas, es decir 9 mil cuadras que obviamente engloban a todas las áreas marginales como las más arriba detalladas.

Es imperiosa la necesidad de abordar la cuestión de la democratización de los recursos ya que si bien fenómenos como la descentralización y la cooperación posibilitan un mejor y mayor acceso de actores locales a recursos y/o incentivos para la persecución del desarrollo local, esto es importante en la medida que los resultados puedan generar un efecto derrame al interior de la propia sociedad.

Por el contrario, las sucesivas administraciones socialistas se han avocado al incentivo de grandes movimientos culturales, educativos, entre otros, pero no asegurando de modo equitativo la llegada de estos beneficios a todos los rincones del territorio.

Si bien la noción de Presupuesto Participativo ha contribuido a acercar el

proceso decisorio a la comunidad, el rol de las organizaciones no gubernamentales y políticas a nivel local y en relación a estrategias como éstas sigue siendo marginal y no encuentran cabida en el diseño de políticas municipales.

Hablamos entonces de la necesidad de complementar las acciones del municipio con iniciativas desarrolladas por otros municipios. En base al análisis de la factibilidad de la aplicación de tales experiencias en nuestra localidad, al menos dos nos resultan particularmente pertinentes: El PROGRAMA BAHIA SOLIDARIA, desarrollado por el Municipio de Bahía Blanca, Buenos Aires. El mismo se compone por los siguientes programas: El Programa Bahía Solidaria está compuesto por 7 proyectos, ellos son: Campañas Solidarias - Línea Telefónica Gratuita; Banco Solidario; Red Solidaria; Padrinazgo Social; Premio Municipal a la Acción Solidaria; Fortalecimiento y Promoción del Trabajo Voluntario y Festivales Solidarios. Los mismos apuntarían a ampliar la participación de la sociedad toda en el fomento de una democratización de los recursos disponibles para la promoción del desarrollo social, el cual muchas veces se confunde con el mero desarrollo de infraestructuras, obviando la necesidad de fomentar el efecto contagio de la noción de Bien Común que beneficiaría mayoritariamente a toda sociedad. Para mayor información: http://bel.unq. edu.ar/modules/bel/bel_see_exper. php?id=61&op=view&cmd=related.

Dicho programa podría resultar en una más adecuada articulación del trabajo gubernamental con organizaciones barriales y municipales y del involucramiento de los movimientos barriales que desarrollan actividades con las políticas que el gobierno lleva adelante.

Otra institución interesante y que podría contribuir a la democratización de recursos en nuestra localidad es el modelo de la COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL instituido en Realicó, provincia de La Pampa, de cuyas competencias destacamos su función de generar y difundir la información esta-

dística relacionada a temas de desarrollo económico, productivo, estrategias, tecnologías, capacitación, etc. Para mayor información, consultar: http://bel. unq.edu.ar/modules/bel/bel_see_exper. php?id=248&op=view&cmd=related Las iniciativas antes mencionadas serían beneficiosas para el aumento de los monitoreos sobre la evolución de la distribución de los recursos a nivel local, así como contribuiría a fomentar la igualdad de acceso a niveles mínimos de infraestructura en una forma más generalizada.

Tal tarea debería tener como principales actores tanto a las facultades locales como organizaciones gubernamentales del perfil de la Fundación Ejercicio Ciudadano (http://www.ejerciciociudadano. org.ar/), la cual realiza una labor de monitoreo fundamental en nuestra ciudad.

Asimismo cumplirían un rol vital los movimientos y organizaciones barriales como también los sindicatos ligados a las principales problemáticas. Finalmente, es importante dar un lugar en dichos proyectos a la noción de “responsabilidad social empresarial” que incorpore a actores privados en el alcance de metas.

Por otra parte, será necesario también continuar avanzando en el desarrollo del Plan Habitacional junto al gobierno municipal que recién diera comienzo de actividades de este tipo en la localidad el año pasado.

En toda esta serie de cuestiones, el rol fundamental del Estado municipal será el de ser estratega y articulador de redes locales o regionales de desarrollo.

Referencias:

1 Para mayor información remitirse a: Pastor Ridruejo, José Antonio; “Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales”. Tecnos. Madrid.

1996. Páginas 307-309.

2 En base a otras experiencias en el mundo, sobre todo las europeas.

3 Para más información: http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/ pp2.jsp

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Global Approach to School Education and Local Reality: A Case Study of Community Participation Kamlesh Narwana

The author is Doctoral research scholar in Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

The role of community participation in school education management has been emphasized a lot since the last one and half decade in India. Community participation is the focal point of the most recent educational programmes like District Primary Education Programme (DPEP) and Sarva Shiksha Abhiyaan (SSA) largely funded by World Bank. These programmes, especially DPEP, marked the initiation of global impact and thrust on the concept of community participation in school education. The present essay tries to analyze the concept of community participation in school education in the global and local scenario. How the conceptualization of community participation at international level differs from the local level functioning of community? This difference of ideology and reality invokes the need of glocalization which support region specific needs while implementing the communitization concept.

International effort towards providing quality ‘Education to All’ started with the Jometian conference. The Education for All (EFA) Conference, which was co-sponsored by three United Nations agencies (UNESCO, UNICEF and UNDP) and the World Bank, was held in Jomtien, Thailand in March 1990. In the Declaration which emerged from the conference, both developing country governments and donor agencies committed themselves to the goal of ensuring basic education for all children by 2000.

The two main goals proclaimed in the conference were Education for All (EFA) and lifelong learning opportunities. This was also the time of economic crisis which has lowered the total expenditure on educational area. These circumstances came with an opportunity in which World Bank insisted that developing countries must borrow for primary education and health. Till 1980s, India was persistently refusing borrowing money from World Bank for primary education. DPEP was the first major instance of nexus of foreign aid and initiation of global impact in Indian school education system.

After DPEP, Sarva Shiksha Abhiyaan (SSA) (Education for All) was another major programme which made the presence of global educational trends felt in India. All these projects in general and

DPEP and SSA in particular flowed many new trends in Indian school educations e.g. policy shift from elementary education to primary school education, concept of para (part time) teacher, decentralization of educational administration, proliferation of teach anyhow strategies, and last but not the least, idealization of homogeneous community and reliance on community participation in improving educational management at grass root level.

It is important to mention here that in spite of the emergence of different trends under global influence, it also depends on the national governments that how they incorporate this influence while implementing their policies. The success of these World Bank aided programme mainly largely depend on the quality of the community based planning process. While these programmes are formulated on the premise that the community can plan, it also accepts the tremendous requirement for developing capacities in communities to do so. These programmes treat community as a very homogenous group of people. When the term community is used in Indian context, heterogeneous nature of the population cannot be undermined. The problems of caste and gender have to be kept in consideration. The problem of caste, class and gender make the whole concept of community dysfunctional. The concept of community in Indian context is more influenced by the Gandhian ideology. For Gandhi, the community in general and village community in particular is a more harmonious, integral structure which have common needs and work together to achieve these common goals. After independence, the community development programmes and policies remained based on these ideas. Implementing any concept can loose its importance if the context in which it will operate, is not kept in consideration. In the case of school education, community is composed of people with different aspirations and needs which can not be ignored.

Globalization has further intensified this problem. In this scenario, national government has an important role to play to face this challenge. While working under global influence, the national government has to reshape their policy keeping in mind the local context. While the legitimacy of the national government seems at stake with pressure from the below as well as from the above, Glocalization seems the only solution of this problem.

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Espacios Políticos

For energizing the community involvement in school management, the Village Education Committee (VEC) is the formal structure created at village/Ward level. VEC have representation of different sections of the society, mainly the marginalized section like lower castes and females. But when the functioning of VEC was closely observed the ideological conception of homogenous and community service feelings were found totally absent1.

While the formation of the committee, the village level politics played important role as influential persons wanted their own representative to be elected in the VEC. The presence of different castes and section of society some times created problems since all these may not be given representation in the VEC at a time since the members of VEC should not exceed more than 15. To look from the gender perspective, India, especially in rural areas, is still a male dominating society. The female members of the committee have hardly remained absent during the VEC meetings.

Their names were present in the register just to fulfill legal formalities. When personal interviews were conducted with them, one of the representatives felt very surprised to know that she is members of any committee. She was never intimidated about her membership of VEC. So there is no question of her participation in VEC meetings. The other one said that, the females of the village are not allowed to speak in front of the elder male of the village, present in the meetings. Another issue which can be an important factor responsible for ‘no female participation’ and also shows face of patriarchal society is ‘Veil System’. The Veil system is still prevalent in the society. Females kept themselves under veil in front of their elders. In such social conditions, how one can expect from female representative to participate actively in VEC meetings? The Sarpanch (chairman) of the village council is expected to play an important role in monitoring the VEC functioning. But the village has a female Sarpach. Her powers are utilized by her husband and her name is used just as a rubber stamp. In this scenario, one can imagine what role she might be playing in keeping the VEC accountable. Similar evidences were found regarding representation of lower castes. Whenever the representative of lower caste tried to give any advice, either he was silent or no attention was paid to his suggestion. So, slowly he had started withdrawing from the meeting. He said that the most of the discussion in the VEC meetings centered around five vocal members, the others remained passive listeners.

The reason behind it was said that these dominating members were in that position because they have the capacity to make donation to school and VEC. His statement was checked with his attendance in the meeting register. Except few initial meetings, he remained absent form the VEC meetings. To have a look at the social profile of the school, only children from Scheduled Caste community go the government school in spite of bad condition of the school and their parents have no say in the VEC’s decision and its meetings. The upper caste members, whose children don’t even go to village government school, dominate the functioning of VEC. In spite of the fact that majority of girls attend the government schools than boys, female VEC members have

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no role to play in the VEC functioning. The functioning of VEC is mainly dominated by the members with high social status and their children don’t attend the government schools. If these persons are in committee, why the will bother to take care of the school problems, like brining back the out of school children?

The VEC is supposed to encourage the community participation and mobilization to solve the school problems. But in this village, VEC members have no knowledge of their role and responsibilities. No activity has been undertaken in this regard. Most of VEC members are not literate. So they are not able to understand the importance of the institution that they are part. Another factor which responsible for lack of interest among members is that they are not paid any thing for their services. Many of them have demanded that they should be paid some remuneration in lieu of their services. The feeling of community service remains totally absent. Thus this whole concept of community participation does not seem to be implemented keeping in mind the local needs and requirements.

The whole analysis of the functioning of VEC and functioning of community participation raises some serious questions regarding the influence of the global trends and, especially implementing them without keeping in mind the local requirements. The institution created to encourage community participation has not been able to incorporate the local aspirations. This has resulted in the further marginalization of the already deprived sections of the society. Gender and caste discrimination are such vulnerable issues which can not be ignored while implementing any such programme which demand community participation. Though efforts have been made to give them voice by reserving their seats in the VEC but we have already discussed how they are being discriminated. What is required is to create some mechanism which can implement this global concept with in local parameters. Here the need of glocalization becomes relevant. In this context role of state or government becomes important. It is duty of state to mediate in this whole process. While implementing the global concepts, it is the state that has to incorporate the local needs. In the case of India, the community participation cannot be implemented without resolving caste and gender issues. In fact community participation should mean to give voice to those who are the most marginalized. Thus in Indian scenario the term community participation should focus on the participation of those who are marginalized. The major responsibility lies on the shoulder of state government. The process of transition from global to local has to be mediated by state government. Nation has to find a mid way for the smooth transition of this process. Only resort seems the glocalization. Instead of enforcing the global concept at local level or keeping the global and local against each other, efforts should be made to reshape the global in the context of local.

Referencias: 1 The evidences used in this essay are from the research findings of the study conducted for dissertation during my M.Phil. The study was conducted in a village of ditrict Jind, Haryana, India.