Reportaje Hereda Laura Fernández a portomorelenses la mayor deuda per cápita en la entidad

HEREDA LAURA FERNÁNDEZ A PORTOMORELENSES LA MAYOR DEUDA PER CÁPITA DE LA ENTIDAD

Emmanuel Martínez Apenas van seis años como Municipio y los habitantes de Puerto Morelos ya tienen la deuda per cápita más alta de la entidad: 3 mil 142 pesos debe pagar cada uno para cubrir los compromisos financieros del Ayuntamiento, herencia de su primera presidenta municipal, Laura Fernández Piña.

De acuerdo con la información obtenida a través de transparencia, la exalcaldesa y hoy diputada federal contrató 62 millones de pesos durante sus dos administraciones, además de otros 26 millones que debe a proveedores, prestaciones y contratos que aún no ha cumplido.

Apenas en su primer año de gobierno, en el 2017, solicitó un préstamo por 20 millones de pesos, para supuestamente invertir en un sistema de cableado subterráneo y en equipamiento para el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Luego, en septiembre de 2018, una vez que logró la reelección, pidió otro crédito por 19 millones de pesos, con la justificación “de cubrir la falta de liquidez de carácter temporal”.

Y el 20 de mayo del 2021 contrató otra deuda por presunta insuficiencia presupuestal, por 23 millones de pesos.

Esto a pesar de que varios regidores de su Cabildo remarcaron que el Ayuntamiento no necesitaba adquirir deudas, ya que sus ingresos eran de 458 millones de pesos, suficientes para cubrir las necesidades del Municipio.

Tan solo de impuestos recaudaban 133 millones de pesos, y por participaciones federales y estatales 162 millones de pesos, recursos más que suficientes para satisfacer las necesidades de una población de apenas 28 mil 120 habitantes.

LAS DEUDAS A CORTO PLAZO Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA

A esta necesidad compulsiva de Laura Fernández de adquirir deuda pública, se le suma el hecho de que también heredó compromisos financieros con proveedores, créditos a corto plazo de los que no se supo sino hasta que dejó la presidencia municipal.

A proveedores de materiales generales no les pagó 8 millones de pesos. A empresas que realizaron trabajos de construcción de obra pública, se les tiene pendiente de pagar 2.7 millones de pesos.

En cuanto a prestaciones de los trabajadores municipales, fueron 4.6 millones los que no se le pagaron a las instancias correspondientes. En sueldos que no se pagaron o que sólo se abonó una parte, se deben alrededor de 10 millones de pesos.

Esta información no se dio a conocer de manera pública, solo se accedió a ella a través de recursos de transparencia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en sus reportes que el Ayuntamiento no fue transparente en el ejercicio de aproximadamente 240 millones de pesos durante los cuatro primeros años de Laura Fernández, incluyendo el destino de los recursos solicitados a través de empréstitos, dinero que está pendiente de solventar.

Incluso el Barómetro de Información Presupuestal Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) otorga a la administración de Laura Fernández calificación reprobatoria en cuanto a la rendición de cuentas del gasto público.

Por esta falta de transparencia, se desconoce el destino de tres de cada 10 pesos que ingresaron a las arcas municipales en sus primeros seis años de Gobierno.

PORTOMORELENSES: RECIÉN FUNDADOS, PERO ENDEUDADOS.

De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, los habitantes de Puerto Morelos tienen la deuda per cápita más alta de Quintana Roo.

Si bien es cierto que Benito Juárez arrastra compromisos financieros por mil 139 millones 800 mil pesos (con corte al primer trimestre del 2021), con una población de casi un millón de habitantes sería necesario que cada ciudadano pague mil 139 pesos para liquidar la deuda de su municipio.

Mientras que Othón P. Blanco, con una deuda pública de 398 millones de pesos, tiene una deuda per cápita de mil 703 pesos.

El caso de Puerto Morelos resulta interesante: para una población de apenas 28 mil habitantes, la deuda que heredó Laura Fernández fue de 88 millones de pesos; lo que significa que cada uno debe desembolsar 3 mil 142 pesos para pagar los compromisos adquiridos por su primera alcaldesa.

Y en su caso, Fernández Piña no puede acusar a anteriores administraciones del desastre financiero en el que se encuentra el Ayuntamiento.

Obras electoreras

Durante su primer periodo de Gobierno en Puerto Morelos, Fernández Piña modificó las tablas catastrales para que los portomorelenses pagaran hasta 300 veces más por predios baldíos, lo que dio como resultado que algunos recibieran exhortos de pago de hasta casi medio millón de pesos. El Municipio, convertido en usurero y traficante inmobiliario, consiguió embargar numerosos terrenos ubicados en la zona costera que fi-

nalmente habrían sido vendidos para el desarrollo de complejos turísticos.

Pero luego de un año de los ajustes catastrales, en 2017 apenas se habían realizado dos obras públicas en la zona urbana: la rehabilitación de la Avenida Zetina Gasca y la remodelación del malecón y el parque central.

En febrero de ese año, Estosdías presentó una solicitud de información de los términos bajo los cuales se realizó la licitación de ambas obras, así como el nombre de las empresas encargadas y la inversión realizada, pero la respuesta nunca llegó, aunque de acuerdo con información oficial el monto total de los tres trabajos habría sido de 85 millones de pesos.

Asimismo, pese al rezago de 75 por ciento en infraestructura urbana y social, la alcaldesa permitió la creación de colonias irregulares, a las que dotó incluso de servicios, con la finalidad de afianzar el voto en 2018. Casi tres mil personas se sumaron de esta manera al padrón de Puerto Morelos. Y a la postre, Laura Fernández alcanzó la reelección.

MILLONARIA E INNECESARIA OBRA

El 30 de enero de este año, Laura Fernández intentó sorprender a sus gobernados al iniciar casi a medianoche las obras de remodelación del Casco Antiguo, mismo que no tiene manglares ni fauna silvestre protegida, pero que guarda un alto valor recreativo paras las familias fundadoras del lugar.

Dicho proyecto había sido promovido en octubre del año pasado con el nombre de “Construcción y equipamiento de plaza cívica”, sin haberlo consultado con los habitantes, quienes requerían obras de otro tipo, como un hospital, escuelas, drenaje y pavimentación, por lo que éstos respondieron acudiendo al sitio para protestar e impedir que las máquinas entraran.

Los inconformes dieron a conocer que el mismo día que la licitación de la obra fue publicada, el 11 de octubre de 2019, se realizó el concurso y se asignó el contrato por 19 millones de pesos a una empresa desconocida.

Desde entonces, los pobladores tomaron pacíficamente el kiosco y desarrollaron conciertos, espectáculos y talleres, en los que juntaron cuatro mil firmas físicas y más de 10 mil digitales en contra de las obras de remodelación.

El 20 de marzo, policías enviados por la alcaldesa procedieron a desalojar a los inconformes, retirando –de lo que llamaron los manifestantes el ‘muro de la vergüenza’- lonas y pancartas en las que se exhibían los rostros de la munícipe y de los integrantes del Cabildo.

Debido a la contingencia sanitaria, el Gobierno municipal anunció la suspensión de los trabajos de construcción, aunque tapiaron el lugar para impedir la entrada de la gente.

ORDENÓ VIOLENTO DESALOJO

Con el relajamiento de las medidas sanitarias, el Gobierno de Laura Fernández vio la oportunidad de reiniciar los trabajos del Casco Antiguo, y el 5 de junio pasado las máquinas entraron durante la noche para destruir el parque.

Al amanecer, y pese a la fuerte lluvia que caía, decenas de pobladores acudieron al sitio para protestar, pero fueron brutalmente reprimidos por elementos de la Policía Municipal.

No pocos testigos presenciales captaron el momento en que tres mujeres policías golpearon y sometieron a cinco personas -entre ellas un ciudadano francés- para llevárselas detenidas. Las escenas fueron mostradas a nivel nacional e internacional, y merecieron una llamada de atención del entonces jefe policiaco de la entidad, Alberto

Capella, quien informó que en conjunto con la Fiscalía General del Estado evaluarían lo que sucedió.

Frente a la evidencia de lo sucedido, Fernández Piña no tuvo más remedio que aceptar las acusaciones sobre los excesos de los elementos policiacos ordenados por ella misma, y en descargo de sus propias culpas ordenó cesar e investigar a los policías, asegurando que su Gobierno “siempre se ha caracterizado por privilegiar la conciliación y el respeto a la libertad de expresión y de las garantías individuales”.

EMPRESA DE SU ESPOSO, BENEFICIARIA

20 millones de pesos;de obras como la rehabilitación, ampliación y modernización de la red de alumbrado de las Supermanzanas 01 y 02 de Puerto Morelos, y de la modernización del alumbrado público en las supermanzanas del primer cuadro de la cabecera municipal. De acuerdo con trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Mexiled no ha tenido una participación directa en las obras, pero sí ha fungido como intermediaria en el suministro de los insumos y la mano de obra.

El año pasado la alcaldesa puso en marcha un programa para ampliar la red de alumbrado público en Leona Vicario, con 26 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). Sin embargo, ninguno de los contratos es público y por esa razón la administración de Laura Fernández es investigada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

INICIADA EN EL PRI

En diversas ocasiones la alcaldesa ha sido señalada de entregar, de manera indirecta y encubierta, contratos de la Comuna a su esposo, el empresario Carlos Alberto Moyano Menchaca, de 61 años de edad, propietario de la empresa Mexiled S.A. de C.V. que opera en distintos lugares del país, principalmente en Jalisco, donde tiene su sede.

Dicha empresa se ha convertido en la principal beneficiaria de los servicios de alumbrado público del Municipio-sector en el que el Ayuntamiento invirtió en 2019 más de

Laura Lynn Fernández Piña, originaria de Torreón, Coahuila, comenzó su carrera en la política dentro del Partido Revolucionario Institucional, trabajando en la Dirección de Turismo y Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez bajó las órdenes de Magaly Achach Solís, en 1999.

Luego, en 2002, se convirtió en delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en la administración municipal de Juan Ignacio García Zalvidea. Tras dejar el cargo en 2005, el siguiente alcalde benitojuarense, el recien-

temente fallecido Francisco Alor Quezada, la nombró secretaria técnica del Gabinete.

Antes de que Alor Quezada terminara su periodo, Laura Fernández, apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, alcanzó una diputación por el Distrito Electoral X de Quintana Roo, donde del 2008 al 2011 fungió como presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, la cual autorizó que el endeudamiento del Estado se multiplicará por diez, al pasar de mil 880 millones de pesos a 13 mil millones de pesos.

Tras concluir su cargo como legisladora, en 2010 buscó ser candidata del PRI a la Presidencia Municipal de Benito Juárez, pero el partido le dio la oportunidad a Guadalupe Novelo Espadas, que perdió. Dos años después se convertiría en candidata del PRI a diputada federal por el III Distrito Electoral de Cancún, y perdió.

IMPUESTA POR FÉLIX GONZÁLEZ

Tras su segundo tropiezo electoral, finalmente fue rescatada por el entonces mandatario Roberto Borge Angulo, quien la designó secretaria de Turismo, cargo donde estuvo hasta 2016, cuando se postuló y ganó la Presidencia Municipal de Puerto Morelos.

En septiembre de 2016, unas semanas antes de asumir el Ayuntamiento, anunció su salida del PRI, donde militó durante casi 25 años, para sumarse al Partido Verde Ecologista de México en lo que llamó un “acto de congruencia” debido a que fue el partido que la nominó.

Sin embargo, según lo declarado por la exsenadora Ludivina Menchaca a finales de mayo de ese año, Fernández no fue designada candidata por el PVEM sino que fue impuesta por el entonces exgobernador y senador priista Félix González Canto.

ANUNCIA EL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN INTENSA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA REZAGADOS EN 8 MUNICIPIOS

CANCÚN.- El gobernador Carlos Joaquín anunció que a partir de este 8 de noviembre iniciará en 8 Municipios del Estado una intensa jornada de vacunación contra el covid-19 en únicas, primera y segundas dosis para rezagados, lo que permitirá avanzar más rápido en la recuperación económica y cerrar ciclos en el esquema de vacunación para mantener a Quintana Roo entre los primeros Estados del país con los mejores resultados en el manejo de la pandemia y en la reactivación de la economía.

Los días y Municipios donde se aplicarán estas dosis son: del 8 al 12 de noviembre en Benito Juárez; del 16 al 18 en Solidaridad; del 8 al 10 en Othón P. Blanco; del 9 al 11 en Cozumel; del 8 al 10 en Lázaro Cárdenas; del 8 al 10 en Isla Mujeres; del 8 al 11 en Tulum y los días 11 y 12 en Bacalar.

El gobernador de Quintana Roo dio a conocer que, también, desde el día 3 hasta el 5 de noviembre se aplican segundas dosis a adultos de 18 años en adelante en José María Morelos y en Felipe Carrillo Puerto, por lo que invitó a acudir por ellas para tener la vacunación completa.

Durante el programa Conexión Ciudadana, el titular del Ejecutivo reiteró que la recuperación de las actividades económicas se refleja en hechos como son las nuevas rutas aéreas y el número de vuelos que recibe el aeropuerto de Cancún.

Sin embargo, insistió que solo manteniendo la guardia alta, aplicando los hábitos, las medidas preventivas y los protocolos de higiene -que llegaron para quedarse en esta nueva normalidad- permitirá mantener el ritmo de la recuperación económica, de empleos, de ingresos, para que la gente viva mejor.

Esta disciplina sanitaria debe prevalecer aún en semáforo verde, pues el coronavirus no se ha ido, sigue presente y causando contagios, como se refleja en el comportamiento de los casos municipio por municipio.