Auditoría Integridad en el servicio público

Javier Ramírez

En el segundo fin de semana de este año, los chetumaleños que salieron a realizar sus ejercicios matutinos en el Boulevard Bahía fueron testigos de cómo decenas de árboles habían sido talados por trabajadores de una de las empresas encargadas de la remodelación del principal atractivo turístico de la capital del Estado.

Las quejas ante este ecocidio, que además significó la pérdida de la identidad e historia del emblemático lugar, fueron escalando poco a poco en las redes sociales, lo que obligó a las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente a clausurar las obras.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (Seop) del Gobierno del Estado, William Conrado Alarcón, sólo atinó a lavarse las manos y a pedir disculpas, logrando así salvar el pellejo pese al escándalo que debió costarle el puesto.

Clausura temporal

Tras las múltiples denuncias y quejas de la ciudadanía por la tala de árboles, trabajadores de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) del Estado de Quintana Roo acudió al lugar de los hechos para realizar una inspección y valorar lo acontecido.

De esta manera, con el fin de contar con información precisa del proyecto, y apegados a la normatividad y con base en la “Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo”, efectuaron la clausura temporal de la actividad de derribo y retiro de los árboles.

De acuerdo con la información proporcionada por la PPA, fueron talados en total 75 árboles, distribuidos en seis especies: almendro, cocoteros, uva de mar, casuarina, leucocena y palma Washington, con un diámetro de talado que fue de los 10 cm hasta los 84 cm el diámetro superior.

La dependencia aclaró que ninguna de estas especies tiene algún estatus de protección, pero aseguró que atendería con las autoridades locales el cumplimiento puntual de las normas para la procedencia de la tala y trasplante de los árboles en la zona urbana de la capital.

Además, adelantó que investigaría los hechos en el ámbito de su competencia para emitir las medidas coercitivas o recomendaciones que procedan conforme a derecho.

“Nos pronunciamos en contra de todo acto que atente y perjudique al medio ambiente. El Estado asume su responsabilidad en esta tarea, por lo cual se suspenden las actividades en apego a lo que señala la Ley de Arbolado Urbano hasta en tanto no se tenga la información respecto a la actividad realizada en la obra de remodelación del Boulevard Bahía de Chetumal, en lo que corresponda al movimiento y retiro de árboles en dicho proyecto”, destacó la dependencia en un comunicado.

Se lavan las manos

Sin embargo, el titular de la Seop, William Conrado Alarcón, aseguró que la tala de árboles en el Boulevard Bahía fue consultada con el Comité de Obra, en la que participan integrantes de la sociedad capitalina y dependencias del

medio ambiente, mismas, afirmó, la aprobaron.

Conrado Alarcón afirmó que esta acción fue avalada incluso a nivel federal, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“La inspección que la Profepa hizo dio cuenta de que los que estábamos tirando, no son árboles nativos, son árboles ya marcados para que la gente lo viera, no son de la región e incluso son perjudiciales”, afirmó.

Aclaró que no trabajan a espaldas de la sociedad, ya que hicieron el retiro de árboles en forma nocturna, precisamente para no poner en riesgo a la población, pues a esa hora la circulación vehicular y peatonal se reduce al máximo.

Informó que harían el trabajo de replantar árboles, pues existen algunos que no fueron atendidos por varias administraciones pasadas, y por ello tienen que trabajar de forma cuidadosa y con atención de los propios ambientalistas.

Y si bien reconoció que la responsabilidad de esta situación recae directamente en su persona, por lo que dijo estar disponible para dar la cara ante cualquier autoridad, la ciudadanía, los medios de comunicación, y quien sea necesario, dos días después, en entrevista para un programa del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, declaró que unos completos extraños fueron quienes talaron los árboles del Boulevard Bahía.

“Tuvimos un incidente que se nos salió de control. Entraron unas personas que no estaban autorizados, que no estaban contratados”, aseveró.

Se esperaba que ante el mal manejo del proyecto, Conrado Alarcón fuera retirado de la secretaría. Sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín González le dio su voto de confianza, afirmando que el cese de Conrado Alarcón no es la solución al problema, y que lo que se tiene que hacer es realizar una investigación de lo que sucedió. El gobernador manifestó que había todo un programa para las tareas que se realizan en esa zona, y sería una tarea de poco a poco, pero “pasó esta situación”. Además, confirmó que la propia autoridad ambiental tenía conocimiento de los árboles que serían cortados como parte del proyecto y confirmó que en total fueron 82 los ejemplares talados, entre ellos algunas palmeras enfermas, por lo que se llevará a cabo una reforestación con especies endémicas.

Se esperaba que ante el mal manejo del proyecto fuera retirado de la secretaría. Sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín González le dio su voto de confianza, afirmando que el cese de Conrado Alarcón no es la solución al problema, y que lo que se tiene que hacer es realizar una investigación de lo que sucedió.

El gobernador manifestó que había todo un programa para las tareas que se realizan en esa zona, y sería una tarea de poco a poco, pero “pasó esta situación”. Además, confirmó que la propia autoridad ambiental tenía conocimiento de los árboles que serían cortados como parte del proyecto y confirmó que en total fueron 82 los ejemplares talados, entre ellos algunas palmeras enfermas, por lo que se llevará a cabo una reforestación con especies endémicas.

Mangle, también afectado

Pero los daños al ecosistema del Boulevard Bahía continúan, pues apenas una semana después de la tala se descubrió que el mangle también está siendo afectado por la obra. En un recorrido realizado en el área, se pudo constatar que, al no preverse las consecuencias de utilizar maquinaria pesada en el lugar, al menos siete árboles de mangle se desprendieron de su sitio original. Las autoridades intentaron ocultar este hecho e incluso información filtrada a Estosdías Online por los

De acuerdo con la información proporcionada por la PPA, fueron talados en total 75 árboles, distribuidos en seis especies: almendro, cocoteros, uva de mar, casuarina, leucocena y palma Washington, con un diámetro de talado que fue de los 10 cm hasta los 84 cm el diámetro superior. La dependencia aclaró que ninguna de estas especies tiene algún estatus de protección, pero aseguró que atendería con las autoridades locales el cumplimiento puntual de las normas para la procedencia de la tala y trasplante de los árboles en la zona urbana de la capital. Además, adelantó que investigaría los hechos en el ámbito de su competencia para emitir las medidas coercitivas o recomendaciones que procedan conforme a derecho.

propios trabajadores reveló que la Seop solicitó a la empresa encargada de estos trabajos, propiedad del empresario local Eloy Quintal, que removiera los árboles antes de que el hecho se hiciera público.

Sin embargo, asociaciones ambientalistas lograron darse cuenta a tiempo, por lo que ya preparan denuncias ante las instancias federales correspondientes.

Y es que la Ley General de Vida Silvestre, en el Artículo 60 establece que: queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos.

Una obra polémica

Los trabajos para remodelar el principal atractivo de la capital quintanarroense iniciaron en diciembre pasado, con una inversión de 210 millones de pesos.

El proyecto presentado por la Secretaría de Obras Públicas (Seop) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como parte del mejoramiento de la Bahía de Chetumal, prevé la construcción de una ciclopista con un ancho de dos

Se pudo constatar que, al no preverse las consecuencias de utilizar maquinaria pesada en el lugar, al menos siete árboles de mangle se desprendieron de su sitio original. Las autoridades intentaron ocultar este hecho e incluso información filtrada a Estosdías Online por los propios trabajadores reveló que la Seop solicitó a la empresa encargada de estos trabajos, propiedad del empresario local Eloy Quintal, que removiera los árboles antes de que el hecho se hiciera público. Sin embargo, asociaciones ambientalistas lograron darse cuenta a tiempo, por lo que ya preparan denuncias ante las instancias federales correspondientes.

metros, además de modernizar las 14 plazoletas ubicadas a lo largo del Boulevard. También se construirán cuatro miradores, además de reparar los hundimientos y baches que están presentes a lo largo de casi 10 kilómetros.

Además, se dijo, estos trabajos representarían un significativo alivio para la mayoría de las empresas constructoras del sur de la entidad, ya que cuatro de ellas fueron contratadas para incorporarse a la obra de remodelación.

El proyecto contempla más etapas, como la ampliación del boulevard hasta la comunidad de Subteniente López, pero están frenadas por la falta de recursos económicos.

Y si bien desde el principio enfrentó las críticas de la población, la tala de árboles ha llevado a asociaciones ambientales a iniciar una campaña para cancelar la remodelación, recordando que la Bahía de Chetumal está considerada como Área Natural Protegida desde el 24 de octubre de 1996, al ser el principal hábitat para el manatí en la República mexicana.

REGULARÁ TULUM EL AMBULANTAJE PARA TRANSFORMAR IMAGEN DE LA VÍA PÚBLICA

TULUM.- El presidente municipal Marciano Dzul Caamal instaló el Comité Dictaminador de Comercio en la Vía Pública cuyo objetivo es transformar la imagen urbana en el noveno municipio.

“Necesitamos recuperar una imagen digna para Tulum”, expresó el Edil en un llamado a todos los ambulantes y semifijos de este destino turístico a sumarse a este proyecto.

Dzul Caamal indicó que, antes de proporcionar nuevos permisos, esta administración regularizará los ya existentes hasta que todos los comerciantes respeten las reglas y brinden sus servicios y productos con lo mandata el Reglamento de Comercio en la Vía Pública.

“Eso es posible si hacemos equipo. Eso es posible si se concientiza que es tan importante la fuente de ingreso de las personas, pero también es más importante la salud y, en otro término, la imagen del municipio”, enfatizó el munícipe, quien aprovechó la oportunidad para reconocer a la Dirección de Comercio, y su titular Waldemar Vega Ayala, el trabajo realizado en favor de este esfuerzo significativo para la #CuartaTransformación.

En la Sala de Cabildo, con base en los Artículos 4, 6, 7 del Reglamento para el Comercio en la Vía Pública en el Municipio de Tulum, tomaron protesta como miembros de este Comité: Marciano Dzul Caamal, como presidente; Jorge Portilla Mánica, como secretario; Beatriz Anahí Mendoza Samos, Diego Castañón Trejo, Bady Helenn Gómez Soberano, Lorenzo Bernabé Miranda Miranda, Waldemar Vega Ayala, Dalila Chimal Rivas y Dulce María Artigas Cobá, como vocales.

Sus responsabilidades son: Determinar las áreas permitidas para el comercio en la vía pública de Tulum, la Aprobación y revocación de permisos para ejercer el comercio en la vía pública, y Emitir resoluciones a controversias entorno a las actividades en la vía pública.

“En esta nueva ola de contagios que estamos viviendo en el municipio, tomemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Hay que usar el cubrebocas y no esperar el semáforo rojo y nos obliguen a confinarnos otra vez”, dijo.

INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO

Por David Colmenares Páramo

Una política de integridad en las instituciones públicas, depende de que cada uno de los integrantes de la organización, ya sea pública, privada o social, conozcan y comprendan los valores y principios de su Código de Ética o Conducta y que sean capaces de aplicarlos en sus labores cotidianas, los asuman como un principio fundamental de su conducta y puedan responder correctamente al desafío ético que seguramente enfrentaran en el desarrollo de sus funciones. No es algo mecánico, sino una conducta social que todo ciudadano debe asumir como propia.

Por supuesto que los ciudadanos exigen un mayor apego a las normas de integridad por parte de los servidores públicos, ya que esperan que su actuación y conducta sea congruente con los principios y valores del servicio público que establece la Constitución, atiendan el interés general y no respondan a intereses particulares. Sin embargo, el ciudadano también debe apelar a una conducta ética. Al respecto, el artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción alienta a los Estados a promover programas de educación y capacitación para que los funcionarios públicos puedan desempeñar sus labores de una forma correcta, adecuada y honorable. Todo ello contribuye a fortalecer un mejor manejo de las dependencias públicas, mejorar la gestión en su conjunto y alcanzar la confianza de la gente, así como apelar a la participación ciudadana.

Así las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), como instituciones que velan por el buen uso de los recursos públicos, están llamadas a asumir una

posición de liderazgo en materia de ética e integridad, en congruencia con los principios de la fiscalización superior, la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, como lo señala la “ISSAI 130, Código de Ética” de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Para cumplir esa encomienda son indispensables las acciones de formación en materia de integridad. La comunicación y la formación son los vehículos que permiten que quienes trabajan en una EFS conozcan e interioricen los valores, principios y reglas tanto del Código de Ética como de otras directrices en materia de integridad. Esta formación no debe acompañarse por actividades de capacitación y sensibilización que permitan a las servidores públicas, profundizar sus conocimientos y discutir sobre cuestiones éticas y adoptar la mejor decisión ante un dilema de esta naturaleza.

La formación ética es indispensable porque resulta imposible que un Código de Ética o un Código de Conducta contemplen todas las circunstancias y dilemas éticos que pueden surgir en el desarrollo de una auditoría o en el funcionamiento de una EFS, considerando la constante evolución y creciente complejidad de la gestión pública y la fiscalización superior. Por ello, existe un intercambio de buenas prácticas en materia de integridad.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación brinda formación a su personal en materia de integridad por medio, primero, del curso y comparte con la capacitación institucional estas buenas prácticas con los entes auditados o auditables, a través de las distintas actividades desarrolladas por su Secretaría Técnica a través del Comité de Integridad y el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior, esto es el ICADEFIS.

La integridad institucional requiere un compromiso sólido por parte de su personal, quien debe colaborar de manera conjunta con la institución para lograr que los valores y principios éticos formen parte de la práctica diaria y contribuyan a establecer una cultura de integridad que permita preservar la confianza ciudadana, así como la credibilidad y reputación de la institución.

Claro, mas importante, alcanzar y mantener la confianza ciudadana.