La última palabra ¿Y el requisito de arraigo?

LA ULTIMA PALABRA

¿Y EL REQUISITO DE ARRAIGO?

Por: Jorge A. Martínez Lugo

A pesar que es una demanda muy extendida en Quintana Roo, las iniciativas ciudadanas para restablecer el requisito de arraigo a diez años, eliminado al inicio del actual gobierno, permanecen en la congeladora legislativa. Desde la 22 de enero, la indicación es dejar correr el tiempo.

Abordamos el tema porque en estos días acapara la atención el proceso electoral y el ecocidio del bulevar Bahía, lo cual favorece la intención del gobierno de no atender este reclamo social. Han quedado en el olvido las iniciativas ciudadanas del Consejo Ciudadano de Chetumal y otra del Frente Cívico Quintanarroense, al igual que la tercera iniciativa presentada por el Dip. Roberto Erales Jiménez, una de las pocas voces críticas de la decepcionante XVI legislatura. La Comisión Permanente acaba de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, en el que no aparece el tema de la llamada Ley de Arraigo, a pesar del compromiso de, “ahora sí”, sacar el tema de la congeladora. Seguirá el atole con el dedo. Hay quienes alegan que la Constitución federal establece un requisito de cinco años y que éste sería el tope pero, al contrario, de acuerdo conjuristas legislativos, se trata de un tope mínimo, no máximo. La Constitución local sí puede establecer 10 años de residencia, por el principio de “libertad configurativa”, que permite a cada entidad establecer el requisito de residencia de manera libre, siempre y cuando no sea menor a cinco años. Eliminaron arraigo para traer a Capella y a gente de puebla

El diputado Erales ha sido insistente en el restablecimiento del requisito de arraigo, que fue una de las primeras acciones legislativas del actual gobierno, a través de la XV legislatura, para poder nombrar a Alberto Capella, como secretario de Seguridad Pública y posteriormente al fiscal, Oscar Montes de Oca, a la titular de Sedeso, Rocío Moreno, y al gran número de personas traídas de Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, para desplazar a quintanarroenses. Con esta acción, el gobierno del “cambio” comenzó la traición a los quintanarroenses que le dieron el triunfo, dio la espalda a los jóvenes egresados de las instituciones educativas del estado para colocar a los traídos de fuera.

Convoca a comisiones La voz solitaria del legislador Roberto Erales, vuelve a hacer un llamado a sus compañeras y compañeros diputados a que muestren su compromiso con Quintana Roo y agenden el análisis de las tres iniciativas, para restablecer el requisito de residencia mínima.

Es un llamado al vacío, reconoce, pero no deja de hacerlo, porque es un reclamo del Consejo Ciudadano y del Frente Cívico, que representan a la ciudadanía en este justo reclamo, que al parecer no será escuchado, porque la actual Legislatura tiene otras prioridades. La desaparición del arraigo ya generó en Quintana Roo una brecha de oportunidades perdidas para los jóvenes del estado, que tardará en cerrarse muchos años y seguirá ensanchándose, mientras la reforma no se materialice. “Se está afectando a toda una generación de jóvenes quintanarroenses y se compromete el futuro de Quintana Roo, con decisiones como la tala de árboles en el bulevar Bahía, porque son decisiones de personas que no aman al estado”, remató el legislador, pero usted, amable lector, tiene la última palabra. Chetumal, 120122.

NUEVAS DENUNCIAS AHORA SÍ INQUIETAN AL GOBERNADOR MORELENSE CUAUHTÉMOC BLANCO, LIGADO AL NARCOTRÁFICO

El pasado 4 de enero, el periódico El Sol de México presentó una fotografía en la que se puede observar al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acompañado de tres cabecillas del crimen organizado en aquella entidad. El mandatario, emanado del Partido Encuentro Social y apoyado por la coalición que se conformó con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2018, de inmediato salió al paso de la naciente polémica, negando totalmente haber tenido conocimiento de quiénes eran los personajes de la foto. Sin embargo, debido a la clara evidencia, el exastro del fútbol y actor de telenovelas, que en el pasado ya ha enfrentado serias acusaciones -incluida la de haber participado en el asesinato de un activista indígena en 2019, así como de lavar dinero-, tendrá que comparecer no sólo ante las autoridades estatales sino también ante las federales, a petición de un grupo de diputados de oposición, lo que también le ha dado motivos al gobernador de acusar que se trata de una “guerra sucia” en su contra.

Javier Ramírez

De acuerdo con la publicación del referido rotativo, la fotografía acusadora fue descubierta en un teléfono celular propiedad de Claudia Huitrón Vázquez, alias “La Jefa”, líder del cártel denominado “Guerreros Unidos”, quien fue arrestada en noviembre de 2020.

La imagen fue tomada el 12 de diciembre de 2018 -dos meses después de que Cuauhtémoc Blanco asumiera la gubernatura- dentro de una iglesia del poblado de Yautepec de Zaragoza.

En ella, el mandatario aparece con Homero Figueroa, alias “La Tripa”, líder del Comando Tlahuica, así como de Irving Solano Vera, alias “El Profe” y/o “El Gato”, y Raymundo Isidro Castro, alias “El Ray”, dirigentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Morelos que hoy están fuera de circulación (el primero fue detenido en febrero del año pasado y el segundo fue asesinado en octubre de 2019 en medio de una riña de criminales dentro del penal local).

Al respecto, Blanco Bravo comentó que “me he tomado muchísimas fotos y no le voy a preguntar a cada persona: ‘¿oye, quién eres tú? ¿a qué te dedicas?”, y cuestionó, al ser interrogado sobre si la foto había sido tomada en su casa: “¿ustedes creen que voy a dejar que tres criminales del narcotráfico se metan a mi casa?”.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue este caso, puesto que si bien, dijo, se respetan las instancias judiciales, “sí hacemos un llamado a las autoridades para integrar a la carpeta de investigación toda la información que se encuentre. Exhortamos a que la investigación se conduzca conforme al derecho y que sea parcial”.

Comentó que “seguramente en las próximas semanas tendremos el resultado de

la denuncia presentada. Tendrán que hacerse una serie de investigaciones y peritajes que podrían llevarse algún tiempo; no sabemos qué tan compleja puede ser una investigación de este tipo”.

En un principio el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, rechazó que se pudiera iniciar una investigación sobre el gobernador, luego de que varios diputados locales de la oposición lo pidieran, aunque sí detalló que se cumpliría con los protocolos legales y en caso de existir un delito del fuero común procederían.

Acusa guerra sucia

Un oficio presentado por 11 legisladores a las fiscalías generales del Estado y de la República, así como a la de Anticorrupción local, para pedir que se investigue tanto la imagen como los presuntos nexos de Cuauhtémoc Blanco con el crimen organizado, orilló al fiscal Carmona a llamar a declarar al mandatario al respecto, aclarando que no se trata de un tema político y que, por el sigilo de la investigación, la comparecencia sería de forma reservada.

Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer varias narcomantas en las que se acusa al gobernador de tener pacto con el narcotráfico, e incluso lo involucran con la muerte de Raymundo Isidro Castro dentro de la prisión estatal.

En una de las mantas, amenazan a Blanco con seguir asesinando alcaldes.

El día 11 de los corrientes fue acribillado Benjamín López Palacios, alcalde de Xoxocotla, quien había asumido el cargo apenas el 1 de este mes luego de que su hermano, Juan José, quien inicialmente ocuparía la alcaldía, muriera a causa de un infarto en junio del año pasado.

Al respecto, el exfutbolista aseveró que “las mantas son una cobardía, porque nadie las firma, ningún grupo delincuencial, además se entregan a la Fiscalía, quien tiene la obligación de averiguar si hay huellas y hasta el momento no nos ha informado nada”.

Por su parte, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, pidieron a la Fiscalía General de la República atraer las denuncias contra Blanco Bravo, porque, aseguraron, “no hay confianza en los fiscales” locales, quienes “sirven a intereses particulares que quieren hacer daño al Estado”.

Trayectoria oscura

La carrera de Cuauhtémoc Blanco ha estado en vuelta en la polémica, debido a múltiples acusaciones de actos ilícitos, desde que se convirtió en presidente municipal de Cuernavaca en 2015. Y es que al año siguiente, el exsecretario del Ayuntamiento, Roberto Carlos Yáñez, lo acusó de haber

cobrado siete millones de pesos al Partido Socialdemócrata para postularlo como su candidato. Posteriormente, la 53 Legislatura del Congreso local inició un proceso de juicio político en su contra luego de que se afirmara que no había cumplido con el requisito de cinco años de residencia en Cuernavaca, además de que supuestamente falsificó documentos. El juicio inició, pero la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión del juicio por considerarlo inconstitucional.

Ya como gobernador, fue involucrado en la muerte de Samir Flores Soberanes, activista y comunicador náhuatl, quien había iniciado un movimiento para protestar en contra del llamado Proyecto Integral Morelos, plan del Gobierno federal para instalar infraestructura para la generación de energía eléctrica en la zona centro del país. Fue asesinado el 20 de febrero de 2019 frente a su vivienda, por sujetos que lograron darse a la fuga.

En una de las narcomantas encontradas en la pasada semana se acusa a Cuauhtémoc Blanco de haber ordenado el asesinato de Flores Soberanes.

En septiembre del año pasado, Cuauhtémoc Blanco fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, luego de que un año antes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República detectaran una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en torno al gobernador, dos de sus familiares (su medio hermano y su primo) y su secretario particular.

De acuerdo con los documentos presentados por las autoridades, los denunciados tienen una situación económica que no va de acuerdo con su situación fiscal y financiera, así como tampoco, pueden comprobar sus ingresos.

Su secretario particular, Jaime Tamayo, habría realizado depósitos en tres bancos distintos: Inbursa, donde colocó 43.6 millones de pesos y retiró 40.2 millones; mientras que en Santander habría depositado 505.4 millones de pesos entre agosto de 2016 y octubre de 2018; así como Banamex. Todos esos movimientos fueron realizados entre 2016 y 2018, cuando Blanco Bravo ere presidente municipal de Cuernavaca. La investigación aún no concluye.

Por lo pronto, este lunes 17 de enero Cuauhtémoc Blanco acudió ante la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para presentar una denuncia en contra de varios políticos de Morelos, a quienes acusó de presuntos tratos con la delincuencia organizada “y lo que resulte, en agravo de la sociedad de Morelos”.

Indicó que presentó la denuncia ante autoridades federales, debido a que la Fiscalía estatal y la Fiscalía Anticorrupción “no han actuado conforme a derecho, y cuando se necesita de su trabajo o no hacen nada o entorpecen los procesos”.