Signos Las contrariedades de Palazuelos y MC

SignoS

LAS CONTRARIEDADES DE PALAZUELOS Y EL MC

El caso suyo pudiera ser extraño si no

ocurriera en un entorno de idolatrías presidencialistas -aseguradas con los bonos presupuestarios de la ‘política del bienestar’- donde todo lo que decida el Presidente -como las candidaturas que le convengan, por nocivas que sean- es bueno, popular, y a veces sagrado.

Desde ese frente se acusa al personaje de alta frivolidad y de todos los vicios y defectos morales con que la fama y los moldes de la industria del espectáculo, de la que ha formado parte, pudieron marcar para siempre su naturaleza humana.

Pero ha sido esa popularidad mediática (la emergida de las fraguas de la telebasura que han enajenado a grandes sectores nacionales iletrados durante décadas y generaciones, y han garantizado, asimismo, la existencia de todas las idolatrías y todos las creencias masivas en la salvación prometida por los profetas iluminados de la fe política o religiosa) de la que ha echado mano su hoy partido para hacerlo candidato, asumiendo que en la popularidad de sus frivolidades y en las frivolidades idiosincrá-

ticas del gran público elector, podría competirse contra las vulgaridades partidistas adversarias y subsidiarias de la popularidad que congrega el santificado poder presidencial.

Y hete aquí lo que pudiera parecer contradictorio y excepcional del mexicanísimo caso, y que no lo es justo por eso, por tan mexicano como es el caso:

El personaje es postulado por la popularidad de su frívolo perfil mediático, que muy bien encajaría en la frivolidad de un vasto sector del electorado proclive a ese tipo de perfiles representativos, y entonces estalla, en la opinión pública, la burbuja de la simulación opositora ofendida por las trampas propagandistas de la frivolidad emergente, exhibiendo, a su vez, que su enojado discurso también es de propaganda: el alboroto es falaz, moralino, artificioso... Esa comunidad le teme a la competencia de un perfil abiertamente pensado para la superficialidad electora, y pretende convertir el recurso promocional enemigo en algo perverso y censurable, cuando sus propias candidaturas son ejemplos superiores de mendacidad, oprobio y agravio al interés público, y donde si la legalidad y el Estado de Derecho no fuesen sólo instrumentos democráticos al servicio de los poderes fácticos, acaso en lugar de esas candidaturas debieran otorgarse órdenes de aprehensión.

Y entonces el partido que eligió al personaje por su fama y su personalidad de farandulero -para hacerlo encajar entre un numeroso electorado afín a ese perfil- ahora lo reprende y le exige moderación y seriedad cuando se le escapan declaraciones impropias de la dignidad de un aspirante al poder político y ordinarias en su cotidianidad, ajena a esos formalismos de la demagogia.

Y partido y candidato optan, ahora, bajo la presión de la contienda electoral, por promover su causa con el signo y la propuesta de virtudes alternativas: el personaje no sólo es un producto exitoso del mercado televisivo, sino que es mucho más que eso. No es un ladrón, como sus dos principales competidoras, las que han vivido de los despojos al erario y a la administración pública. Es un abogado competente y con un legado familiar intachable que incluye altos servicios a la nación en los tiempos de su bisabuelo. Es un empresario sólido y enemigo jurado de los poderes inversores que, con la complacencia y la complicidad gubernamentales, han devastado los prodigios bióticos del Caribe mexicano. Es un defensor declarado de algunos proyectos esenciales del Gobierno de la República para el desarrollo regional, como el del aeropuerto de Tulum, pero un crítico empedernido de su política de seguridad y de su tolerancia a la narcoviolencia, que gracias a la impunidad de que goza esa industria de parte de todos los Gobiernos está destruyendo al país y a la entidad caribe.

En fin...

Pero ¿puede combinarse la campaña de virtudes ciertas o posibles con la del propósito partidista originario de promover al personaje como el candidato ideal para un público elector formado en los valores nacionales y en la cultura popular de la telebasura?

El partido y el personaje parecen haberse metido en esa encrucijada. Al parecer no habían medido la fuerza de la hipocresía crítica de sus adversarios del presidencialismo santificado, santificador y milagrero, y de sectores similares de la simulación moral panista y perredista que han visto que la banalidad farandulera puede ser electoralmente más poderosa que el tradicionalismo delictivo con que ellos, por su parte, defienden sus ambiciones y negocios aliancistas.

El personaje tiene a su favor los expedientes del descrédito de sus enemigas de la cochambre verdemorenista y panperredista, que es la misma grey de lo mismo de todos los tiempos. Tiene en contra la inexperiencia de la guerra en el lodo que es la democracia mexicana desprovista de todo compromiso ideológico y moral. Tiene a su favor la oportunidad proselitista de defender causas justas que en boca de sus rivales no pueden ser sino infamias y burlas. Pero cómo hacerlo con seriedad si en sus postulaciones su partido nunca apuesta a eso, sino, sobre todo, al contagio de la popularidad sin contenido de sus proyectos.

Es cierto que no tiene rastros visibles de corrupción como los que identifican a sus contrincantes más fuertes, y que sus éxitos profesionales y económicos no se los debe a su bagaje criminal en el ejercicio del Gobierno. Su reto será conjugar la popularidad procedente de sus éxitos en la telebasura con la de la personalidad de hombre serio y empresario defensor de las mejores causas ambientales, fiscales, del desarrollo y de la seguridad del Estado. Porque su poder de contendiente electoral le viene de su fama. Y su fama no le viene de lo mejor que él defiende de sí mismo. ¿Es mejor que las otras?, el expediente conocido de ellas garantiza que sí.

Él ahora afirma que su fama es sólo el productivo saldo de los personajes que ha repre-

sentado en la industria del entretenimiento y que bien ha sabido administrar como un producto empresarial más, como sus hoteles y los demás negocios que lo han convertido en un acaudalado inversionista, pero que su personaje no es él, sino la prueba de que, lo que hace, lo hace bien, y de que por eso puede y quiere ser el mejor mandatario del Estado.

La cuestión es si esa verdad que sostiene como recurso esencial de propaganda tiene valor electoral. ¿No sería un fraude contra quienes lo quieren y lo votarían por ser el personaje que dice no ser en la vida real? Los electores contrarios al tradicionalismo delictivo y demagogo de sus adversarias ¿confiarían en él, como la alternativa, a la hora de las urnas? ¿Cómo sumar a los fans y a los ciudadanos inconformes con la oferta del Verde y el Morena -amparada en la popularidad presidencialista- y con la de su similar del panismo y el perredismo?

La infame calidad de sus adversarias hace, en efecto, la oportunidad del Movimiento Ciudadano y de su candidato...

El problema mayor de ambos no es moral, como quieren hacerlo ver sus inmorales opositores en una democracia de mentiras y simulaciones.

El problema es la encrucijada, entre la fama utilitaria y la verdad que se defiende acerca de ella. (Claro, los fans son eso: fanáticos de sus ídolos, sean Palazuelos, López Obrador o de otros espectáculos. Pero en el de la sucesión gubernamental quintanarroense parece que la función estelar está entre las fanaticadas locales de los nombrados, aunque el segundo esté representado con otro nombre en la boleta. Y sí, las mínimas minorías de espectadores y electores críticos podrían abstenerse o hacer que cuenten sus precarios -pero acaso decisivos- votos o granitos de arena. Y sí, muchos electores del obradorismo y que desprecian a López Obrador y a sus nutridas galerías de idólatras, sufragarán muertos de risa por sus candidatos porque en ello, o en su turbia sociedad de conveniencia con ellos, se juegan en buena medida su prosperidad futura y su destino, a costa del erario y de los patrimonios públicos convertidos en objetos de negocio por los gobernantes.)

SM

ELIGEN A GUSTAVO ADOLFO DEL ROSAL RICALDE COMO MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CHETUMAL.- En Sesión Extraordinaria de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, las magistradas y magistrados del Poder Judicial de Quintana Roo procedieron a elegir a través del ejercicio democrático del voto al Mtro. Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde para dar continuidad a las acciones y estrategias diseñadas en el Programa para la Impartición de Justicia 2017 – 2022.

En su mensaje al Tribunal Pleno, Consejo de la Judicatura y a la ciudadanía quintanarroense que atestiguó la Sesión Extraordinaria del Pleno, el Mtro. Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde agradeció la confianza depositada por las magistradas y magistrados, y les invitó a seguir sumando esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los compromisos del Poder Judicial de Quintana Roo, en apego total a los principios de legalidad.

Cabe mencionar que durante la Sesión Extraordinaria, el magistrado presidente solicitó al Tribunal Pleno sea convocada una Sesión Extraordinaria, a fin de designar a la magistrada o magistrado que se ocupará de los asuntos de la Sexta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil en la Ciudad de Cancún, la cual queda vacante tras ser elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

EL PARAÍSO TURÍSTICO DE CANCÚN, EN MANOS DE LAS CADENAS HOTELERAS Y DE LA CORRUPCIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

En Quintana Roo, ni siquiera el 3 por ciento de los delitos ambientales cometidos durante los últimos 10 años han sido castigados, debido a la corrupción en materia ambiental que existe, principalmente en Cancún, que hace 45 años fue fundado como un paraíso turístico de bajo impacto, pero hoy está sobreexplotado y con el riesgo de perder todas sus riquezas naturales. Devastaciones como la del Malecón Tajamar han provocado la indignación y las denuncias de activistas, pero ninguno de los responsables ha sido llamado a comparecer, y difícilmente lo harán, pues han aprovechado la discrecionalidad con la que el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente entregan cambios de usos de suelo, licencias de construcción y las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) al mejor postor.

Armando Galera

En Quintana Roo, cada año se registran cerca de 70 averiguaciones previas federales por temas que van desde rellenos de manglar hasta devastación de áreas naturales protegidas. Sin embargo, sólo se ejercita acción penal en menos de tres casos, en los que todos los involucrados logran salir libres bajo fianza.

Esta situación, de acuerdo con Salvador Muñúzurri, director general del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA), se debe a tres razones principales: la corrupción que permea entre las autoridades locales, la falta de una Ley de Responsabilidad Ambiental que permita detener, reparar o compensar el daño provocado al medio ambiente, y por último, y derivado de esta ausencia de una regulación que establezca reglas claras, la disparidad de criterios entre los jueces para consignar averiguaciones previas por delitos ambientales.

Y es que al no tener jueces federales especializados en delitos ambientales y la diversidad de criterios, los expedientes no llegan a buen puerto. En un Estado se consigna un expediente y el juez

El paraíso de la depredación ambiental

Cancún fue fundado hace medio siglo para ofrecer un destino de playas paradisiacas y bellezas naturales. Estaba destinado al turismo de alto poder adquisitivo, y se planeaba un mínimo impacto ambiental.

Pero por culpa de su propio éxito, en estos 50 años perdió el 77 por ciento de sus selvas, el 64 por ciento de sus dunas costeras, y el 68 por ciento de sus humedales.

Así, debido a la construcción de más de 100 hoteles en la duna y el relleno de manglares, el principal atractivo turístico de Cancún ha disminuido en 97 por ciento, pasando de 308 mil 892 metros cuadrados de arena, a sólo 8 mil 243.

La discrecionalidad y permisividad para la liberación de cambios de usos de suelo, licencias de construcción, así como las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), provocaron la sobreexplotación de Cancún, y es el mismo destino que le espera a la Riviera Maya y Tulum.

En los últimos 10 años, la zona de la Riviera Maya perdió 25 por ciento de su selva, así como el 30 por ciento de sus zonas de playas.

De seguir esta situación se espera que Cancún termine con todas sus riquezas naturales en los próximos 10 años, mientras que la Riviera Maya en los siguientes 25.

La voracidad de las cadenas hoteleras

La activista Fabiola Cortés ha denunciado en varias ocasiones la corrupción y opacidad que caracteriza a los procedimientos para otorgar las licencias de construcción, cambios de uso de suelo y los permisos ambientales, que permite que los hote-

les sobrepasen los pisos permitidos en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), construir en espacios de áreas naturales protegidas o tapar accesos al mar.

“Donde quiera que se mire sale esta situación de irregularidad en el otorgamiento de licencias de construcción. Muchos hoteles incluso hacen ampliaciones en su número de cuartos de manera ilegal, y en lugar de que el Gobierno exija cumplir con los lineamientos, simplemente colocan unos sellos de clausura por unas cuantas semanas, mientras aplican una sanción de unos cuantos miles de pesos”, sentencia la activista.

Por su parte, Salvador Muñúzurri puntualiza que la devastación del área de Tajamar es el ejemplo claro de que en la zona norte de Quintana Roo no existe preocupación alguna por el medio ambiente.

Como se recordará, la madrugada del 16 de enero de 2016 más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, en Cancún, respaldados por elementos de las policías municipal y federal, mientras alrededor de 20 activistas resguardaban el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar.

En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables al entonces gobernador Roberto Borge Angulo y al edil de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y calificaron el hecho como un ecocidio. Pero ninguna persona fue llamada a comparecer por este hecho, mucho menos pisado la cárcel.

Meses antes, el 18 de diciembre de 2015, el Grupo RIU obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el per-

La activista Fabiola Cortés ha denunciado en varias ocasiones la corrupción y opacidad que caracteriza a los procedimientos para otorgar las licencias de construcción, cambios de uso de suelo y los permisos ambientales, que permite que los hoteles sobrepasen los pisos permitidos en el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), construir en espacios de áreas naturales protegidas o tapar accesos al mar. En su momento, ciudadanos y activistas acusaron como responsables al entonces gobernador Roberto Borge Angulo y al edil de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y calificaron el hecho como un ecocidio. Sin embargo, hasta el momento, ninguna persona ha sido llamada a comparecer por este hecho, mucho menos pisado la cárcel.

miso de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para edificar 565 cuartos y 15 niveles de altura, en Punta Nizuc, lo que impactaría negativamente en la zona, poniendo en riesgo un polígono vasto en recursos naturales, reservorio no sólo de manglar, sino de más de 230 especies de aves, reptiles, algas y vegetación marina, además de manatíes, tortugas y otras especies de sistemas costeros bajo régimen federal de protección o declarados en vías de extinción.

Hasta ese momento no había sido presentado algún proyecto arquitectónico para el predio de 2.9 hectáreas, una condición establecida en los contratos de venta del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en 2005 (el mismo año de la privatización de terrenos como Puerto Cancún, Tajamar, San Buenaventura y El Table, en el norte del sitio turístico).

De acuerdo con lo dicho por Muñúzurri, esto fue posible ya que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del hotel RIU presentaba información falsa al omitir la presencia de manglar en el predio, pero que había sido señalada como selva mediana subperenifolia con menor valor y no protegida como en el caso de los diversos tipos de mangle en la zona.

Salvador Muñúzurri, director general del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales (CEJA), destaca que las denuncias por la devastación de áreas naturales protegidas no llegan a buen puerto debido a tres razones principales: la corrupción que permea entre las autoridades locales, la falta de una Ley de Responsabilidad Ambiental que permita detener, reparar o compensar el daño provocado al medio ambiente, y la disparidad de criterios entre los jueces para consignar averiguaciones previas por delitos ambientales. En un Estado se consigna un expediente y el juez libera la orden de aprehensión; pero en otro Estado, con un expediente idéntico, el juez la niega. “Es en esa diversidad de criterios donde muchas veces se nos caen los asuntos. La repercusión de esto es que los delitos quedan impunes en Quintana Roo”, critica.