Auditoría Fiscalización y cambio climático

FISCALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO

Por David Colmenares Páramo

Se acaba de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 2013 con el fin de promover la concientización sobre el valor de la fauna y la flora salvaje. Para 2022, ha propuesto como lema “recuperar a las especies para la restauración de ecosistemas”, con el fin de propiciar una reflexión global en el Mundo, sobre el peligro que acecha a las especies de vida silvestre y destacar la multitud de beneficios que preservarlas tiene para la humanidad y para las generaciones que empiezan a crecer y las futuras.

La protección de la biodiversidad se relaciona tanto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en específico con el ODS 15, el cual busca detener su pérdida, como con el combate al cambio climático. El más reciente Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas destaca que la biodiversidad está siendo gravemente amenazada por el cambio climático, debido al colapso de los ecosistemas y la extinción de las especies silvestres. Las olas de calor, las sequías y las inundaciones ya están sobrepasando los umbrales de tolerancia de las plantas y animales y, desafortunadamente, en los últimos meses, estos fenómenos se han presentado de manera simultánea, causando efectos en cadena cada vez más complejos de gestionar. Al conjuntarse con otras problemáticas como el uso insostenible de los recursos naturales, la creciente urbanización, las desigualdades sociales, las pérdidas y daños causados por los desastres y la pandemia de COVID-19, es evidente que, a mediano y largo plazo, el bienestar de la humanidad y la habitabilidad de nuestro planeta están en riesgo.

A pesar de la dureza de este escenario aún existe la esperanza, si a nivel mundial, logramos restaurar los ecosistemas degradados y conservar de forma eficaz entre el 30% y el 50% de los hábitats terrestres, de agua dulce y oceánicos.

Un ejemplo de ello es la segunda edición de la Auditoría Coordinada en Áreas Protegidas (ACADP), realizada entre 2019 y 2020, bajo el liderazgo de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y coordinada por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), en la que participaron las EFS de más de 17 países, incluyendo a la Auditoría Superior de la Federación, quienes evaluaron más de 2,400 áreas protegidas y verificaron su nivel de implementación y gestión, así como su contribución a la consecución de las metas de los ODS.

En seguimiento a los resultados de esta auditoría coordinada, la ASF como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, elaboró una evaluación de la política de medio ambiente enfocada en la protección y conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) con el propósito de analizar la evolución de estas áreas durante el período 2015-2020, monitorear sus avances e identificar áreas de oportunidad y hacer sugerencias para mejorar las acciones del gobierno federal para garantizar la protección y conservación de las ANP. La investigación, análisis y elaboración de esta evaluación fue pensada bajo una perspectiva proactiva, considerando el impacto de la pandemia en su desempeño y no se centró simplemente en la generación de un cúmulo de observaciones, sino en proveer de criterios relevantes que coadyuven en la mejora de la implementación y gestión de las ANP y que favorezcan la deliberación pública sobre la importancia de apoyar y respaldar la política ambiental, la relevancia del desempeño de la CONANP como responsable de la protección de estas áreas y sus ecosistemas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes del Mundo y dar pasos firmes hacia el desarrollo sostenible.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

APRUEBA LA XVI LEGISLATURA REFORMAS EN MATERIA DE SALUD

CHETUMAL- La XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reformas a la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes Mellitus y Trastornos de la Conducta Alimentaria, para fortalecer las acciones que tienen como objetivo informar, prevenir y atender integralmente este padecimiento.

En la sesión ordinaria número 5, las diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforma la denominación y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes Mellitus y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo.

Con esta reforma se actualiza la normatividad antes mencionada para incorporar de manera formal a la diabetes mellitus en todas las acciones en materia de combate al sobrepeso, obesidad y para promover estilos de vida saludables.

Además, se refuerza el aspecto de la capacitación en nutrición tomando en cuenta el nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos, la implementación de políticas públicas para el fortalecimiento de la salud de la población, a fin de enfrentar en mejores condiciones físicas y de salud los nuevos retos mundiales como las epidemias y pandemias, así como mantener una nueva calidad de vida y el incluir dentro de las enfermedades que son materia de Ley a la diabetes mellitus.

Por otra parte, se dio lectura a una iniciativa que plantea reformar el artículo 5º y adicionar las fracciones XXV y XXVI al artículo 9 de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo; relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad visual.

Además, se dio lectura a la iniciativa que propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo; con la finalidad de reconocer al servicio social realizado en el nivel educativo superior como parte de la experiencia profesional de las y los estudiantes, que les permita incorporarse a la fuerza laboral del Estado y desarrollar sus labores profesionales para las que fueron preparados.

Finalmente, se dio lectura a una iniciativa que propone reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo, en materia de derribo y restitución de arbolado urbano.

El objetivo de la propuesta es que la restitución del árbol o árboles se establezca como requisito fundamental para obtener la autorización para el derribo del arbolado urbano.

Todas las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes, para su estudio, análisis y posterior dictamen.