Nacional Ley de Amnistía

presos de manera injusta puedan ser beneficiarios de esta ley -como ser familiares de delincuentes, no haber utilizado la violencia y ser parte de un sector vulnerable-, pero por el momento dicha ley sólo aplica para quienes han sido procesados en el fuero federal, donde actualmente apenas unos cientos podrían beneficiarse de la misma, en comparación con los miles que están encerrados por delitos del fuero común. Además, la ley otorga hasta cuatro meses a los juzgadores que el Consejo de la Judicatura designe para los casos, lo que no coincide con los tiempos de la contingencia sanitaria -que hasta ahora se prevé termine a finales de mayo, al menos en los Estados menos afectados-. Los resultados de la aplicación de esta ley no se conocerán sino hasta dentro de varios meses, aunque, por las cifras reveladas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sólo 825 personas podrían salir en libertad, un número muy por debajo de los 6 mil 200 previstos por la Secretaría de Gobernación el año pasado.

La liberación de reos era una medida que ya estaba siendo analizada por los Gobiernos de varios Estados, entre ellos Coahuila, Ciudad de México y el Estado de México a fin de descongestionar los centros penitenciarios. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, afirmó entonces que se trataba de una decisión correcta, por lo que convocó a los grupos parlamentarios en medio de la contingencia sanitaria para aprobarla cuanto antes.

Javier Ramírez E l pasado 15 de abril, el presidente Andrés

Manuel López Obrador solicitó a los legisladores federales que aceleraran el proceso de aprobación de la Ley de Amnistía, aprobada por los diputados en diciembre del año pasado, pues podría ayudar a disminuir el riesgo de contagio del Covid-19 en las cárceles, principalmente entre mujeres y adultos mayores.

La liberación de reos era una medida que ya estaba siendo analizada por los Gobiernos de varios Estados, entre ellos Coahuila, Ciudad de México y el Estado de México a fin de descongestionar los centros penitenciarios. El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta afirmó entonces que

se trataba de una decisión correcta, por lo que convocó a los grupos parlamentarios en medio de la contingencia sanitaria para aprobarla cuanto antes.

Reclama el PAN

De acuerdo con el líder morenista, a causa de la pandemia del Coronavirus varios países han estado implementado leyes de amnistía para despresurizar las cárceles y evitar la propagación del virus. Sin embargo, senadores del Partido Acción Nacional, entre ellos Mauricio Kuri, criticaron que el Morena estuviera dando prioridad al tema, cuando es necesario sacar una ley de emergencia económica para forzar al Gobierno federal a atender a las familias. De acuerdo con la propuesta del panista, se otorgarían 3,207 pesos a quienes pierdan sus empleos, mientras los pequeños y medianos empresarios recibirían 27,500 pesos.

Senadores del Partido Acción Nacional, entre ellos Mauricio Kuri, criticaron que el Morena estuviera dando prioridad al tema, cuando es necesario sacar una Ley de Emergencia Económica para forzar al Gobierno federal a atender a las familias. De acuerdo con la propuesta del panista, se otorgarían 3,207 pesos a quienes pierdan sus empleos, mientras los pequeños y medianos empresarios recibirían 27,500 pesos. Acusó entonces al Morena de apoyar a quienes violaron la ley en lugar de a “los millones que vivimos del trabajo y la decencia”.

Acusó entonces al Morena de apoyar a quienes violaron la ley en lugar de a “los millones que vivimos del trabajo y la decencia”. Al día siguiente Monreal convocó a una sesión ordinaria con carácter de urgente para avalar la Ley de Amnistía, aclarando que ésta no liberará a cualquiera, pues no podrán beneficiarse con ella ni los infanticidas, ni los violadores ni los secuestradores, ladrones o huachicoleros. La implementación de la ley, dijo, ayudaría a que adultos mayores con enfermedades crónicas, hipertensión o diabetes, enfermedades terminales o mujeres embarazadas, puedan quedar en libertad.

Liberaciones, bajos ciertas condiciones

La sesión finalmente se realizó el pasado 20 de abril en medio de fuertes medidas de prevención entre los senadores. Los partidos de oposición habían amenazado con no presentarse si no se tocaban otros puntos de discusión en el orden del día, lo que a final de cuentas no sucedió, pues la mayoría votó por dejar fuera el plan económico de emergencia propuesta por el PAN, así como la aprobación de medidas punitivas por ataques en contra del personal de los hospitales. De esta manera, con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó el dictamen para

Con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó el dictamen para expedir la Ley de Amnistía, en beneficio de determinados sectores: mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; indígenas que no tuvieron una adecuada defensa; presos políticos, y jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos. Para ello, deberán cumplir ciertas condiciones: no ser reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; así como no haber utilizado armas de fuego. Tampoco serán beneficiados quienes hayan sido acusados por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y ejercicio indebido de funciones.

expedir la Ley de Amnistía, en beneficio de determinados sectores: mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; indígenas que no tuvieron una adecuada defensa; presos políticos, y jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos.

Para ello, deberán cumplir ciertas condiciones: no ser reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; así como no haber utilizado armas de fuego. Tampoco serán beneficiados quienes hayan sido acusados por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción y ejercicio indebido de funciones. Dos días después, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación publicaron en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Amnistía.

Ley que se queda corta

La norma entró en vigor el 23 de abril, pero dentro de los próximos 180 días las autoridades realizarán

un ejercicio de revisión de los delitos que se be nefician de la amnistía, con el fin de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.

Por lo pronto, el procedimiento estable cido por esta ley mandata la creación de una comisión especial por parte del Ejecutivo Fe deral, y que el Consejo de la Judicatura designe a los juzgadores que atenderán los casos. Asimismo, da un pla zo de 60 días hábiles para cumplir con dichas obligaciones. Pero en el supuesto de que ambos Poderes agilicen los trá mites, la ley otorga a la comisión que será creada cuatro meses para resolver sobre los casos de solicitud de amnistía.

En diciembre del año pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que de aprobarse esta ley podrían beneficiarse 6,200 reclusos, entre ellos el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, de quien dijo ya cumplía con los requisitos para concluir su sentencia en prisión domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo con cifras dadas a conocer el pasado 16 de los corrientes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apenas 825 cumplen con los requisitos para ser beneficiados con la referida ley. De ese número, 185 están recluidos en cárceles federales, mientras el resto permanece en prisiones locales.

Además, la ley sólo aplica para delitos del orden federal, por lo que quedan fuera los presos que estén bajo proceso en el fuero común, es decir, ocho de cada 10 reos. Y los Estados no están obligados a adecuar su legislación. En diciembre del año pasado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que de aprobarse esta ley podrían beneficiarse 6,200 reclusos, entre ellos el exgobernador quintanarroense Mario Vi llanueva Madrid, de quien dijo ya cumplía con los requisitos para concluir su sentencia en prisión domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo con cifras dadas a conocer el pasado 16 de los corrientes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apenas 825 cumplen con los requisitos para ser beneficiados con la referida ley. De ese número, 185 están recluidos en cárceles federales, mientras el resto permanece en prisiones locales. Por su parte, Javier Cruz Angulo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), destaca que no hay mujeres condenadas en el orden federal por el delito de aborto. Expone que con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solamente 4,633 de los casi 14 mil reos del fuero federal que había a finales del año pasado obtendrían el beneficio de la amnistía.

En ese sentido, el exministro José Ramón Cossío explicó que son contados los casos de aborto, robo simple o procesos contra indígenas que tienen carácter federal, además de que son muy pocos los acusados por narcomenudeo que son sentenciados en tribunales federales, por lo que consideró que será muy baja la cantidad de personas que puedan ser liberadas.

Cancún cumple 50 años de historia con la crisis económica más grande que jamás haya vivido. Cualquier huracán que haya golpeado las costas de Quintana Roo se ha quedado corto con los daños que hasta el momento está provocando la contingencia sanitaria y los efectos consecuentes de las medidas oficiales dispuestas para evitar lo más que se pueda los contagios del Covid-19. Y, sin embargo, ni siquiera una pandemia parece detener la devastación y la sobreexplotación de los recursos naturales en aras de la industria hotelera. En las últimas semanas, grupos ecologistas han denunciado el dragado de playas, la tala de árboles y la muerte de animales en peligro en extinción, tanto en Cancún como en los vecinos Municipios de Puerto Morelos y Tulum, sin que las autoridades hagan algo, ya no se diga para detener los ecocidios, sino para preservar la salud de decenas de trabajadores -albañiles, herreros, carpinteros y demás- que laboran con el riesgo de contraer el virus, lo que confirma de nueva cuenta que todo es posible gracias a la corrupción y a los negocios turbios que no cesan entre el empresariado turístico e inmobiliario, y las autoridades de todos los niveles de Gobierno involucradas, empezando por las de los Ayuntamientos de todos los signos políticos, siempre dispuestas a recibir las millonarias ‘comisiones’ personales de los inversionistas a cambio de todas las autorizaciones para violentar el entono en favor de sus ganancias. La permisividad y la corrupción públicas han posibilitado en el Caribe mexicano, donde el medio natural es de los más ricos y débiles del planeta, las inversiones turísticas más depredadores y enemigas de ese tipo de entornos naturales. Por eso en Chemuyil

LA PANDEMIA, QUE NO DETIENE A LOS SICARIOS, TAMPOCO LIMITA LOS CRÍMENES AMBIENTALES DE LOS HOTELEROS

–donde Gastón Azcárraga, por ejemplo, el delincuente empresarial que quebró Mexicana de Aviación, obtuvo la autorización estatal para que Grupo Posadas fincara uno de sus hoteles a cambio de corromper al Gobierno estatal en turnose destruye el hábitat de las tortugas (en virtud de que la autorización se obtuvo antes de la legislación que ahora lo prohíbe), y en toda la Riviera Maya se arrasa con la flora y la fauna que van quedando de lo que ha sido uno de los reinos más diversos y ricos del mundo entero. A la inversión hotelera se le ha privilegiado con todo género de beneficios gubernamentales, y a su vera las ciudades han

crecido con las peores malformaciones y los más nutridos ámbitos de indigencia, insalubridad e inseguridad. Han cundido el subempleo y la miseria salarial, pero los gobernantes y dignatarios institucionales que han apadrinado la bonanza mediante autorizaciones a la medida de las conveniencias empresariales, se han hecho ricos, aunque jamás hayan transformado la riqueza turística en rentabilidad fiscal, y en obras y servicios públicos equiparables con el crecimiento de la demanda social. El crecimiento económico del Estado se refleja en el deterioro progresivo de las urbes turísticas y de su calidad de vida, y se ha distanciado cada vez más de los niveles de bienestar popular que debieran justificar la inversión privada. Cuanto más y mejores hospitales para la medicina social debiera haber como saldo saludable del éxito inversor y de sus remanentes en el erario, por ejemplo, los centros hospitalarios existentes son más insuficientes y peor dotados. La corrupción y la voracidad políticas se han interpuesto entre las grandes fortunas turísticas y las grandes mayorías que debían ser las destinatarias fiscales de sus incontables ganancias.

Ylas autoridades municipales argumentan que están atadas de manos porque el tema de los permisos y las sanciones son responsabilidad de sus contrapartes federales. La situación no sorprende de ninguna manera, puesto que Grupo Posadas, que está detrás de la destrucción de dunas en Chemuyil, adelantó en marzo pasado que a pesar de la pandemia no detendrá sus planes para expandirse a otros 36 hoteles. Quien consiguió su concesión en Chemuyil, a finales de los noventa, se llama Gastón Azcárraga y es un delincuente empresarial que hizo tratos sucios con el Gobierno estatal de entonces. En su tiempo como líder del Grupo Posadas, también se apoderó de Mexicana de Aviación sólo para saquearla y quebrarla. Y hoy sus herederos corporativos pueden despedazar el medio natural porque no hay ley ni autoridad que pueda impedírselos.

Javier Ramírez E l ecocidio está a la orden del día en Quinta

na Roo. Además de ser la entidad que padece el mayor número de conflagraciones forestales en todo el país, con más de tres mil hectáreas afectadas –sobre todo en el Municipio de Bacalar-, al menos cinco obras hoteleras se están fincando en la zona norte de la entidad en plena contingencia sanitaria. Hoy día, las pandemias microbianas proceden del cambio climático y de la destrucción biótica que provoca en gran escala. Los incendios del hábitat y la miseria de los conglomerados urbanos asocian los males de la fau na con los humanos, y los gérmenes patógenos mutan en contagios cada vez más expansivos y letales.

En el Caribe mexicano nunca debió permitirse la colonización urbana inmoderada, la devastación ecoló gica del paraíso silvestre, y todas las brutalidades cometidas contra el medio natural y su necesario equilibrio, a cambio de un negocio turístico tan depredador que

más se ha significado por la ruina y el empobrecimiento del entorno que por el equilibrio de la renta fiscal, la distribución equitativa del ingreso y el bienestar social. Hoy se padece el impacto de una peligrosa pande mia global en un contexto de marginalidad y de miseria de los centros turísticos, con hospitales públicos del todo insuficientes y deplorables, y con incendios cada vez más destructivos y amenazantes por su vecindad con las poblaciones. El calentamiento global produce más enfermedades, huracanes y pobreza. Y en Quinta na Roo las selvas arden y el virus mata y se expande, pero los hoteleros siguen destruyendo el hábitat natural sin que nadie les ponga un freno. Y las autoridades municipales argumentan que es tán atadas de manos porque el tema de los permisos y las sanciones son responsabilidad de sus contrapartes federales.

La situación no sorprende de ninguna manera, puesto que Grupo Posadas, que está detrás de la des trucción de dunas en Chemuyil, adelantó en marzo pasado que a pesar de la pandemia no detendrá sus planes para expandirse a otros 36 hoteles. Quien consiguió su concesión en Chemuyil, a finales de los noventa, se llama Gastón Azcárraga y es un delincuente empresarial que hizo tratos sucios con el Gobierno estatal de entonces. En su tiempo como líder del Grupo Posadas, también se apoderó de Mexicana de Aviación sólo para saquearla y quebrarla. Y hoy sus herederos corporativos pueden despedazar el medio natural porque no hay ley ni autoridad que pueda impedírselos.

¿Aval municipal?

El pasado 17 de los corrientes, la titular del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez, denunció públicamente el desmonte de un terreno ubicado frente a la entrada del Parque Kabah, que colinda con la Universidad Tecnológica de Cancún y el colegio particular Leonardo da Vinci, en Cancún.

De acuerdo con la activista, dichos trabajos se lle varon a cabo sin los permisos ambientales correspondientes, por lo que se interpuso una denuncia formal ante la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, instancia que clausuró los trabajos. Sin embargo, los encargados de la obra regresaron horas después con más camiones y tractores para continuar con la devastación. Aseguraron tener el aval del titular de la referida dependencia municipal, Armando Lara de Nigris. La ambientalista no sólo señala la muerte de decenas de especies de árboles y animales, sino también el hecho de con la quema, de por sí de alto riesgo en esa zona, se expone tanto a los vecinos como a los trabajadores del lugar.

La Secretaría de Ecología y Desarrollo Municipal agradeció las denuncias de los protectores ambientales e inició un procedimiento administrativo contra los res ponsables del ecocidio, pero hasta el momento no ha servido de nada.

Aprovechan la contingencia

En Puerto Cancún, en una zona de playa inaccesible para los ciudadanos, se lleva a cabo la construcción de un edificio, el dragado de arena y la modificación de la duna costera, pese a que desde el pasado 3 de abril la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ordenó suspender todos los trabajos privados de construcción.

Los responsables de las obras habrían aprovechado el poco movimiento de personas en el lugar para comenzar con los trabajos de extracción de arena utili zando una barcaza de dragado, lo que quedó registrado en un video subido a las redes sociales por la página Luces del Siglo. La playa de donde se está extrayendo la arena es zona de alta anidación de tortugas. El conglomerado inmobiliario FRBC-PC Club Dos S.

El pasado 17 de los corrientes, la titular del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez, denunció públicamente el desmonte de un terreno ubicado frente a la entrada del Parque Kabah, que colinda con la Universidad Tecnológica de Cancún y el colegio particular Leonardo da Vinci. De acuerdo con la activista, dichos trabajos se llevaron a cabo sin los permisos ambientales correspondientes, por lo que se interpuso una denuncia formal ante la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, instancia que clausuró los trabajos. Sin embargo, los encargados de la obra regresaron horas después con más camiones y tractores para continuar con la devastación. Aseguraron tener el aval del titular de la referida dependencia municipal, Armando Lara de Nigris.

de R.L. de C.V., está detrás de esta obra con la que se pretende crear playas para más de 600 departamentos de los desarrollos SLS Harbour Beach y SLS Marina Beach.

Se deslindan autoridades municipales

El litoral de la Laguna Nichupté tampoco está exento del crimen ecológico. En redes sociales, ciudadanos denunciaron la tala de manglar frente a la Plaza Kukulcán, en el Kilómetro 13 de la Zona Hotelera de Cancún.

Dicha obra inició desde febrero pasado, pero había entrado en una pausa hasta que en medio de la cuarentena fue reiniciada con maquinaria pesada y a mayor velocidad.

Aracely Domínguez, de Gema, informó que se presentó la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi das (Conanp), instancias a las que corresponde vigilar y proteger los manglares de la Laguna Nichupté, pero hasta el momento ninguna de ellas ha actuado. Por su parte, Armando Lara de Nigris, aceptó tener conocimiento de dichos trabajos y que inclusive el personal de la Secretaría de Ecología municipal acudió al sitio para pedir que detuvieran la obra, pero que tanto los permisos como las sanciones son responsabilidad de las instancias federales.

“Les pedimos que suspendieran las obras, pero no están obligados a ello, sólo a otorgar cubrebocas, guantes y gel antibacterial a todos sus trabajadores”, aseveró.

Afectación a tortugas

En el Municipio de Puerto Morelos, la asociación civil Puerto Morelos Sustentable envió el pasado 7 de abril una carta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo Manzur, para solicitarle que se detenga la devastación de 3.5 hectáreas colindantes con Hotel El Cid Spa & Beach Resort.

De acuerdo con lo informado por los activistas a La Jornada Maya, varios camiones cargados de mate rial han estado ingresado al referido predio durante las noches, aparentemente con la finalidad de rellenar el manglar.

En su misiva, aseguran haber sido blanco de agre siones por parte del personal de seguridad del lugar, señalando que el responsable de los trabajos es José Isidro Guillén Zapata, propietario legal del inmueble, mismo que fue denunciado en agosto del año pasado por la utilización de productos químicos para matar el ecosistema del manglar.

Grupo Posadas desobedece la ley

Finalmente, la devastación más grande estaría ocurriendo en la zona de Chemuyil, en el Municipio de Tulum, donde el Grupo Posadas edifica un nuevo complejo hotelero. El pasado martes 21 de abril, fiscales del Ayuntamiento de Tulum acudieron al sitio para clausurar los trabajos que están a cargo de la empresa Promotora Ecotur S.A. de C.V., pero, como sucedió en el caso de Parque Kabah, los trabajos fueron reanudados en cues tión de horas, incluso duplicando al personal para terminar la obra lo más rápido posible. Roberto Herrera, presidente del Comité Estatal de Protección a la Tortuga Marina, informó que, desde marzo, más de 25 organizaciones y asociaciones protectoras de la zona de anidación de la tortuga en Xcacel-Xcacelito han interpuesto denuncias ante la Profepa debido a que dichos trabajos ponen en riesgo la temporada de anidación, y, sin embargo, hasta el mo mento las autoridades no han intervenido, ni siquiera porque peligra la salud de los trabajadores al trabajar durante la emergencia sanitaria y la orden de suspensión de obras no esenciales. El proyecto de Grupo Posadas fue autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el permiso número 23QR2018T0080, publicado el 8 de agosto del 2019 en su Gaceta Ecológi ca, a favor del llamado Fideicomiso Chemuyil, operado por Banco Actinver.

Chetumal. – Al estar ya en la fase tres de la pandemia del coronavirus, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín expresó que ahora más que nunca es importante quedarse en casa, porque es cuando los brotes de la epidemia se volverán mucho más altos y se tendrá un mayor número de contagios.

“En este escenario, debemos extremar las medidas de distanciamiento, quedarse en casa y ser más estrictos en la prevención. Hemos aplicado acciones adelantadas, desde la fase dos, para evitar que tengamos un alto número de contagios y para prepararnos mejor en la infraestructura de salud”, dijo Carlos Joaquín.

Anunció una segunda etapa de entrega de alimentos y de vales de gas, que forman parte de los cinco apoyos para la tranquilidad de la gente, que puso en marcha en función de las familias más vulnerables y de quienes vieron mermados sus ingresos al perder sus empleos.

Asimismo, hizo un llamado a todos los proveedores de productos de abasto para la población a que no suban los precios, a que tengan clara conciencia de lo que está pasando y lo que más se necesita es apoyar a la gente, a quien más lo necesita.

Entre los avances presentados, el gobernador informó que el “Periódico Oficial” publicó los estímulos fiscales en apoyo a las empresas que se han solidarizado con la conservación de cerca de 400 mil empleos, lo cual contribuye a mantener la economía de las familias.

Carlos Joaquín anunció que, con el apoyo de la Policía Quintana Roo, de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas, y en coordinación con las presidentas y los presidentes municipales, se van a incrementar las acciones de prevención.

Carlos Joaquín afirmó que, al entrar en estos momentos difíciles de la contingencia, el Gobierno del Estado se prepara con infraestructura hospitalaria con base en los modelos matemáticos que arrojan necesidades para la atención de los enfermos, entre los que se encuentran los grupos más vulnerables.

“La gente que sufre diabetes, hipertensión y obesidad; quienes tienen padecimientos renales; quienes tienen padecimientos cardiacos; quienes sufren de enfermedades crónicas y crónico-respiratorias; quienes tienen asma; quienes sufren de tabaquismo: todos ellos son el grupo más vulnerable de la sociedad ante el coronavirus”, reiteró Carlos Joaquín. HOY, TODAS LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO ESTÁN ENFOCADAS A SALVAR VIDAS, AYUDAR Y APOYAR A LAS FAMILIAS: CARLOS JOAQUÍN