NACIONAL
La muerte de George Floyd a manos de elementos de la Policía de Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, generó una ola de reclamos en varias partes del mundo que han derivado en decenas de marchas para exigir justicia. El evento, que parecía un tanto ajeno para México, se replicó al darse a conocer el asesinato, también por parte de elementos policiacos, de un joven en la comunidad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en mayo pasado. Si bien ambos casos tienen trasfondos diferentes -el homicidio de Floyd se enmarca en la historia racista de los Estados Unidos-, tienen en común tres cosas: la brutalidad con la que actúan las autoridades encargadas de la seguridad de los ciudadanos, el vandalismo como degeneración de la auténtica petición de castigo, y la inminente politización. Y en este último punto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es un experto. El mandatario emanado del desaparecido Movimiento Ciudadano nunca se pronunció por el caso sino hasta que la presión de los medios de comunicación llegó; y ahora que la violencia tocó las puertas de Guadalajara, de inmediato acusó a “la gente” del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados para ocasionar disturbios. Alfaro, quien en los últimos meses emprendió una campaña con otros tres gobernadores para demandar un cambio en el pacto fiscal y que inició una campaña en contra del Gobierno federal por la supuesta falta de apoyos para Jalisco en la crisis del Covid-19, ahora ha sido exhortado por el Ejecutivo federal a aportar pruebas de lo que dice
EL GOBERNADOR DE JALISCO APROVECHA LA MUERTE DE UN JOVEN A MANOS DE POLICÍAS COMO MUNICIÓN CONTRA EL PRESIDENTE 26
08/06/2020
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