NACIONAL
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ecientemente, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a las acciones emprendidas por el Ejecutivo de Quintana Roo en Tulum, donde ante la violencia desaforada y los nexos de la autoridad municipal y las mafias, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) tomó el control total de la seguridad en el Municipio. Sin embargo, la noticia fue más un recurso mediático en tiempos electorales que propia de una medida de valor y de alcances mayores, pues las cosas no cambian, ni en Tulum ni en ninguna otra parte de la entidad, y mucho menos en las ciudades de superior dinamismo turístico, económico y poblacional, donde ejecuciones y demás delitos de alto y bajo impacto siguen su curso irremediable, lo que ha provocado la protesta de los empresarios, afectados de por sí por la pandemia, debido a que todos los días se reportan asaltos a negocios y viviendas. Sabiendo que no pueden esperar mucho de sus autoridades, tanto comerciantes como ciudadanos de a pie han tenido que invertir en la compra e instalación de alarmas y cámaras de vigilancia, que son más efectivas que toda una Secretaría Estatal de Seguridad Pública que, en 2019, bajo las órdenes de Jesús Alberto Capella Ibarra, adquirió mil 800 videocámaras con un exagerado presupuesto de casi 3 mil millones de pesos y de las cuales nadie sabe nada. Y ahora Chetumal y Bacalar, por ejemplo, donde sólo crecían la violencia y el delito comunes -propios del expansionismo de la marginalidad, la irregularidad y el caos en las urbes donde no hay gobierno, o los gobernantes hacen de su responsabilidad una patente para el lucro-, hoy también están a merced del ‘narcoterror’ y sus negocios de drogas, extorsión, asaltos, prostitución y otros giros de ese crimen organizado, y, el crecimiento de ese mercado y de su utilidad en ellas, supone la intención de aniquilamiento de la competencia de los grupos armados y el incremento de las guerras, los muertos y la sangre, asociados a la corrupción, la impunidad y lo único que no crece en ninguna parte: la eficacia institucional y la ética de los responsables de garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
estosdías I
29/06/2020
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