NACIONAL
FRENA AMLO EL ENDEUDAMIENTO DE LOS GOBERNADORES PARA EVITAR MÁS DESPILFARROS ELECTOREROS
A
comienzos de este año, algunos gobernadores de oposición comenzaron una campaña para presionar al Gobierno federal, advirtiendo que saldrían del pacto fiscal si no comenzaban a recibir más recursos federales. Argumentan que sus entidades son las que más aportan en materia de impuestos pero que a la hora de las devoluciones el Gobierno federal entrega más participaciones a los Estados del sureste. Entre los mandatarios que promueven dicha bandera de la equidad distributiva y la rebelión fiscal en año de vísperas electorales están Miguel Ángel Riquelme Solís, Javier Corral Jurado, Jaime Rodríguez Calderón y Enrique Alfaro Ramírez -de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, y Jalisco, respectivamente, entidades que encabezan el ranking de los más endeudados del país-. Ellos, y los gobernadores que los antecedieron, elevaron al infinito sus deudas, volviendo sus administraciones estatales tan insolventes que han tenido que reestructurar sus pasivos y contratar nuevos créditos para financiar el gasto. Cuando los precios del petróleo eran altos y recibían grandes excedentes, los gobernadores utilizaron ese dinero para enriquecerse y financiar las campañas de sus respectivos candidatos. Se les hacía fácil, entonces, renegociar sus empréstitos, porque al fin y al cabo se volvería el problema de otro, un mecanismo que en Quintana Roo se vivió durante las administraciones de Joaquín Hendricks Díaz, Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, siendo este último el único que terminó pagando los excesos cometidos al amparo del poder. Ahora, sin excedentes petroleros disponibles y una gestión hacendaria federal que sí los vigila y no les avala sus endeudamientos de manera automática como antes –cuando la Presidencia de la República negociaba, a cambio de recursos fiscales, las reformas que le convenían, con los gobernadores de la oposición y con los legisladores federales candidateados y financiados por ellos-, los gobernadores de la oposición acusan al Gobierno federal de violentar los derechos de sus entidades por negarse a la complicidad de autorizarles empréstitos que ellos destinarán a lo de siempre en la era democrática: financiar candidaturas propias y heredar los pasivos a sus sucesores –que a su vez los acumularían, los renegociarían, y los heredarían por los siglos de los siglos a las nuevas administraciones, que, por supuesto, los cargarían a los contribuyentes-. De modo que para evitar que casos como los de Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo sigan repitiéndose, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ver que sus recomendaciones eran echadas en saco roto, decidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deje de avalar nuevas deudas o reestructuraciones de los Estados por lo menos hasta después de las elecciones. Molestos por esta decisión, los gobernadores, la mayoría de origen panista y priista, han arreciado sus ataques contra la Federación. estosdías I
29/06/2020
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