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Expertos en RS - ONG Fadre
RAFAEL VALENCIA-DONGO
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Jubilación para todos: ¿Utopía?
Presidente ONG FADRE fadre@fadre.org.pe
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ás de dos tercios de los peruanos no cuentan con un sistema de ahorro provisional, ya sea para pensión de jubilación cuando lleguen a una edad en la que ya no puedan generar ingresos o para cubrir los gastos de atenciones en salud, precisamente cuando más se requiere de ésta (con la edad se incrementa la necesidad de atención médica). Este parece ser un mal desafortunadamente estructural en la sociedad peruana, debido a que la economía es en su mayor parte informal y los puestos de trabajo formales son escasos. Los recientes acontecimientos ocurridos ponen en evidencia, lamentablemente, que la informalidad laboral continuará en los próximos decenios al no atacarse las razones de fondo por las cuales el sector laboral es predominantemente informal. Por el contrario, pareciera que desprofundizar la informalidad, a través de la adopción de discursos que siendo populares no proponen soluciones reales sino, acentúan el problema.
En el mundo, la pensión de jubilación que debería permitir a los adultos mayores cubrir sus necesidades de vida, proviene del ahorro efectuado durante la edad de producción laboral. No es un derecho que se entrega a todos a diferencia de otros derechos. Por ejemplo, en el Perú (como en la mayoría de países) la educación escolar e incluso la universitaria se ofrecen gratuitamente (no
hay que pagar ninguna cuota periódica para tener acceso a ella). Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a esta educación de carácter público por el solo hecho de haber nacido en el Perú o tener la nacionalidad peruana; sin embargo, no sucede lo mismo con otros servicios o derechos sociales. Una explicación a esta situación es que el periodo escolar es fácil de conocer; es decir se puede saber la edad de ingreso y de egreso de un escolar, por lo que el costo de una educación es posible de calcular. No sucede lo mismo en el caso de la jubilación dado que no se puede saber con certeza cuál será el tiempo en el que se entregará la pensión, pues ello depende del periodo de vida de un ciudadano (la esperanza de vida se alarga cada vez más, gracias a los avances en medicina). Por otro lado, el fenómeno de “envejecimiento de la población” ha profundizado la crisis de los sistemas de jubilación en el mundo. Cada vez son menos jóvenes los que se integran a la población económicamente activa (PEA) y son más los adultos mayores que se integran a la masa de jubilados. Ello genera que los fondos de jubilación, tengan cada día menor número de aportantes y por el contrario se acrecienta el número de pensionistas. temente precavidas o responsables y no ahorran para su jubilación, o simplemente no han tenido un ingreso que les permita ahorrar. Por tanto, el ahorro para la jubilación debe ser logrado sobre la base de la exigencia u obliga-
ción legal (ahorro forzoso) mediante, por ejemplo, la exacción por parte del Estado de un porcentaje del sueldo que mensualmente percibe la persona. Monto que debe pasar a formar parte de los fondos de jubilación, fondos individuales o cuentas individuales de capitalización de caja sujeto. Obviamente, esto solo se puede lograr en los casos en los que las personas se encuentran bajo un régimen formal de contratación y que el empleador decida cumplir con entregar los fondos a los sistemas de jubilación (públicos o privados). De hecho, la gran mayoría de los empleadores provenientes del sector estatal – como municipalidades, gobiernos regionales, entre otros – no entregan los recursos a los fondos previsionales debido a la carencia de recursos para cubrir las necesidades sociales de los ciudadanos, lo que continúa acentuando la crisis de los fondos de jubilación. Peor aún, hay que hacer notar que incluso el Estado contrata a personal para realizar labores permanentes bajo el régimen de contratación temporal, lo cual constituye una nueva forma de informalidad. En ese sentido, en la práctica existen empleados públicos contratados legalmente para actividades permanentes, pero que no gozan de de depósitos para una futura pensión de jubilación o asistencia médica. Por otro lado, pese a que un individuo no haya ahorrado durante su edad
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productiva, el Estado comprende que tiene la responsabilidad de que dicho individuo no sea “abandonado a su suerte”, por lo que deberá proveerle de servicios de salud, alimentación y otros. Aunque al hacerlo, el Estado es consciente de que debe destinar los recursos de aquellos que sí tomaron la previsión o el esfuerzo de ahorrar en el momento oportuno para gastar en su edad no productiva. De ese modo el Estado propicia o tolera un trato desigual e injusto con aquellos que se esforzaron o sacrimento en que ya no puedan trabajar. Los sistemas pensionarios más modernos se basan sobre tres pilares de aportes económicos: los aportes que entrega el Estado captados vía impuestos, los aportes voluntarios que destinen los propios trabajadores para su jubilación y los aportes que se extraen obligatoriamente de la remuneración de los trabajadores. Sobre estos aportes (impuestos, voluntarios y retención sobre la remuneración) se construye la arquipensión de jubilación. El Estado debe buscar los medios y la dadano peruano pueda tener acceso a la seguridad previsional pública y universal, que sirva – por lo menos – de primede jubilación, lo que permitiría que el ciudadano – cualquiera que haya sido su modalidad de contratación laboral – tenga acceso a la un pensión mínima. Una propuesta concreta es que todos los ciudadanos puedan gozar de una cuenta individual de capitalización (CIC), alimentada por el aporte que realice el Estado de los recursos captados del IGV. Este aporte consistiría en depositar en la cuenta individual de capitalización de cada ciudadano (nacido en el Perú, nacionalizado o cualquiera que sea su circunstancia siempre que el Estado peruano tenga que asumir luego sus pensiones de jubilación) un monto equivalente al 1% de la compra efectuada.
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La CIC operaría sobre la base del DNI y se registraría en el momento en que se realiza cualquier compra en los establecimientos de expendio formal. El Estado abonaría en la CIC el importe del 1% del IGV en el mismo acto en que se efectúa la compra y reportaría los depósitos a cada ciudadano por vía electrónica. Los recursos captados en la CIC serían manejados bajo los mismos lineamientos con los que actualmente se manejan los fondos de los empleados por parte del sistema de AFP. Los aportes emprimer día de nacido, donde los padres podrían inscribir al recién nacido y recabar su respectivo DNI. Los padres tendrán el incentivo de recabar inmediatamente el DNI del infante, por cuanto no estarán dispuestos a perder el primer abono en la cuenta del niño o niña, el cual en algunos casos probablemente sea producto de la factura del parto del propio infante. Este sistema, incluso, tendría un primera consecuencia colateral de vital importancia (externalidad positiva) en la desaparición de los “ciudadanos fantasma” a quienes el Estado no puede atender por cuanto no saben que existen. Asimismo, hay que decirlo, el Estado 2 mil millones de nuevos soles anualmente al cederle al sistema provisional un punto del IGV. Sin embargo, estos recursos ingresarán al Estado nuevamente debido a que se propiciará la formalización de la actividad económica. Es claro que los consumidores preferirán realizar sus compras en un establecimiento que le abone en su CIC, en lugar de comprar en otro sin posibilidades de abono. Por primera vez, el Estado establecería una diferencia positiva que incentive la formalización. Hasta la fecha no existe desde el punto de vista económico ningún incentivo o diferencia que incline la balanza para adoptar la formalidad. Esta vez el Estado proporcionará al formal la posibilidad de un incentivo por la vía del mercado. Sin lugar a dudas, habría que realizar estu-
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dios económicos sobre el tema, pero es muy probable que en vez de convertirse en un gasto de Responsabilidad Social para el Estado, se convierta en un ingreso dado el tamaño de la economía informal, que supera largamente a la formal. Este sistema permitiría la formalización de la economía por la acción del mercado (al incentivar que los consumidores básicamente asistan a lugares formales, además de convertir al ciudadano en un veedor de la SUNAT casi de inmediato). De otro lado, uno de los graves problemas que tienen los programas sociales es la imposibilidad de entregar subsidios y apoyo social en forma personalizada. Por ejemplo, hay niños que deben recibir un vaso de leche de parte del Estado y otros que no debido a su situación económica. En teoría todos los niños del Perú (incluidos los de barrios residenciales de La Molina y San Isidro) deben recibir ese subsidio, lo que genera programas sociales. Este programa pery apellido) a quien se debe entregar los subsidios estatales y a quién no. Otro de los problemas por los que atraviesa el apoyo del Estado para los sectores más necesitados es el controlar que las personas perceptoras de subsidios cumplan con asistir a los programas sociales, como por ejemplo vacunaciones, chequeos prenatales, entre otros. Mediante el sistema planteado se podría vigilar si efectivamente el niño o la madre tomaron sus dosis de vacunas o mantener un registro del peso del menor, u otros, ya que toda operación que personal, vía el registro electrónico en el DNI cada vez que se realiza una de esas operaciones. El Sistema debe poder garantizar que luego de 65 años de aportar al CIC los ciudadanos, incluso los de menores recursos, puedan tener acceso a una pensión mínima. De no llegar a reunir los fondos para ello, el Estado cubriría la diferencia hasta llegar al monto de la pensión mínima.
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Este costo debería ser calculado. El Estado no solo cumplirá con su rol social de elevar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos en edad de jubilación, sino también ahorrará recursos (que deberán ser medidos), ya que la población en edad de jubilación poseerá sus propios ingresos para cubrir sus necesidades básicas, descargando así de la sociedad y del Estado un peso enorEl fondo generado por los 30 millones de aportantes a la CIC durante largos periodos será gigantesco, el mismo que podrá servir para impulsar la economía nacional y, además se convertiría en el principal fuente de ahorro interno. Todos los peruanos tendrán mayor responsabilidad de la “cosa pública”, ya que cada uno de los peruanos gozará de aportes en su CIC, los mismos que se reportarán mensualmente. Entonces los peruanos tendrán que preocuparse de elegir a los
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mejores ciudadanos en toda la amplitud de la palabra, lo que nos ayudará a evitar “experimentos” de políticos, ya que el elector no caerá en el pensamiento de “no pierdo nada”, lo que muchas veces lo lleva a elegir como representante a la voleibolista, o comentarista de medios o a la fatal vedette.
de puntos aunque en este caso sería acumulación de fondo previsional, reeditando el viejo sistema mensual del sorteo de comprobantes de pago, solo que ahora haría un sorteo o una lotería automática entre todos usuarios de la CIC y, así, convertir a algunos ciudadanos en nuevos millonarios.
Además, el Estado dispondrá de un sistema que permita relacionar los ingresos formales con los gastos realizados, sin tener que recurrir a fórmulas desbancarizadoras como el ITF, lo que le permitirá
Este es otro ejemplo de los problemas que se pueden convertir en grandes oportunidades (método LISR), estableciendo el método “ganar-ganar”. Gana el ciudadano que tendrá pensión y atención médica en su vejez, gana el Estado que formalizará la economía al reclutar 30 millones de veedores voluntarios de la SUNAT, gana el Fisco ya que ingresarán más recursos para hacer obras públicas, ganan los niños que podrán ser atendidos mejor por los programas sociales, ganan la infraestructura pública fuente de uso de los recursos ahorrados ¡Gana el Perú!
Todas las ventas tendrán un comprador y si ese comprador no reúne los ingresos para realizar la compra, tendrá que sacó la lotería o murió su tía millonaria y le dejo la herencia. Finalmente, el Estado podría incentivar aún más la CIC, ya que funcionaría como un sistema de acumulación
23% DE NIÑOS Y ADOLESCENTES PERUANOS TRABAJAN
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RIMAC SE SUMA A COMPROMISO EMPRESARIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
ifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2007, indican que, si se analiza la población de 5-11 años, Perú es el país que presenta la mayor tasa de trabajo infantil (20,7%), seguido por Bolivia (15,6%). Este porcentaje puede cambiar, no solo con una política de Estado clara que erradique completamente este maltrato, sino con el trabajo de empresas comprometidas en esta causa.
Rimac ha comprendido esta misión y junto con 17 empresas se suscribió al “Compromiso Empresarial por la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”, el cual tiene como objetivo hacerle frente a un problema que afecta a más de 215 millones de niños en el mundo, de los cuales 14,1 millones están en América Latina y el Caribe. movido por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la empresa Tele-
fónica, se llevó a cabo el 01 de octubre en la sede de la OIT para los países Andinos. mac es participante del programa “Aquí estoy y actúo”, programa impulsado por Telefónica en Latinomérica, para que las empresas evalúen su gestión interna a través de una herramienta de autodiagnóstico que les permita trabajar en la prevención y erradicación del trabajo infantil.