XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 oct. - 2 nov. 2012
Y ahora… gobierno abierto: nuevos términos en la constante búsqueda por la transparencia y la rendición de cuentas Carlos E. Jiménez Gómez Mila Gascó INTRODUCCIÓN El pasado 20 de septiembre de 2011, ocho gobiernos se reunieron en Nueva York para lanzar la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto, en adelante OGP)1, una iniciativa multilateral para promover el gobierno abierto; es decir, un gobierno basado en la transparencia, la colaboración y la participación. Dos de esos ocho países eran de Iberoamérica (Brasil y México, el primero, además, co-chair de la iniciativa) y trece más se han ido adhiriendo desde entonces: Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay. De un total de quince países, once ya han presentado sus compromisos con el gobierno abierto y cuatro están todavía desarrollándolos. Comparada con otras regiones, la participación de países iberoamericanos es alta. Una vez más, la región parece dispuesta a adoptar nuevos conceptos y términos, tal y como ha hecho en el pasado. Pero, ¿qué debe esperarse de estas declaraciones de buenas intenciones? Esta ponencia intentará contestar a esta pregunta. Para ello, se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, se presentará la idea de gobierno abierto poniendo especial énfasis en las diferencias que existen entre este nuevo término y el “tradicional” de gobierno electrónico. A continuación, se analizarán los compromisos adquiridos por los países de la región de modo que se pueda explorar el nivel de actividad en torno al concepto de gobierno abierto en comparación con el de otros países. Entre otras cuestiones, se hará referencia a la existencia de una estrategia de gobierno abierto o al tipo de iniciativas de gobierno abierto. Finalmente, se expondrán algunas conclusiones acerca del compromiso real de los países de Iberoamérica con el gobierno abierto. EL GOBIERNO ABIERTO Es preciso, ante todo, focalizarse en la concreción del concepto de gobierno abierto (open government) y su alcance, ello con el objetivo de centrarnos posteriormente en el estudio de su aplicación. Wilson y Linders (2011: 393) señalan que no hay una definición clara y comúnmente adoptada del gobierno abierto, lo cual tiene repercusiones en términos de su seguimiento y posterior evaluación. Ello es cierto dada la novedad del concepto. Sin embargo, en términos generales, también es verdad que la definición proporcionada por el Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto de la Administración Obama ha sido bastante aceptada. Dicha definición establece que el gobierno abierto es aquél que promueve la transparencia, la colaboración y la participación y que tiene como principales pilares (herramientas) la apertura de datos (datos abiertos, open government data, que viene dado por el libre acceso a los datos e información pública y la acción abierta (open action), que vendría dado por la participación y colaboración de la ciudadanía y de otros actores, especialmente a través de medios como los “social media” y las redes sociales, pero no exclusivamente a través de los mismos. Ambas 1
Véase el sitio de la iniciativa [www.opengovpartnership.org]. 1
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conjuntamente las consideraremos como las componentes del gobierno abierto. Siguiendo a Gascó (2007), este concepto de gobierno abierto quedaría vinculado a lo que esta autora denomina la etapa de la administración relacional, caracterizada por un reconocimiento explícito de la importancia de la gobernanza de las sociedades que va más allá de la necesidad de ser eficaz y eficiente o servir adecuadamente al ciudadano. (ver Tabla 1). Se desprendería de esta definición, entonces, y así lo ponen de manifiesto varios autores, que el gobierno abierto no es simple gobierno electrónico. Para ellos, el gobierno abierto viene determinado por unas características que le hacen acreedor de ser considerado como algo sin precedentes en cuanto su nivel de apertura. Efectivamente, tal y como Ganapati y Reddick (2012) recogen, lo que diferencia a los gobiernos que quieren ser abiertos es su “commitment toward “creating an unprecedented level of openness in Government” (Obama, 2009).” (p. 115). En este sentido, parece pues, que quizá sería necesario establecer grados o niveles de apertura para poder determinar a partir de dónde y con qué características una política integral de gobierno abierto podría ser considerada como tal. Pero es más, para nosotros hay otro elemento que diferencia el gobierno abierto del “tradicional” gobierno electrónico: las herramientas o componentes del gobierno abierto. Efectivamente, si bien, en mayor o menor grado, la transparencia y la apertura han sido objetivos de políticas anteriores, en la actualidad, se cuenta con herramientas tecnológicas que amplían las posibilidades que tiene un gobierno de ser colaborativo, transparente y participativo. La novedad, desde nuestra perspectiva, no está tanto en los objetivos del gobierno abierto sino en los medios para alcanzarlo. En este sentido, ya nos hemos referido a la apertura de datos y a la open action. Con respecto a la primera, hay que tener en cuenta que, demasiado frecuentemente, se confunde con el propio concepto de gobierno abierto. Es verdad que la apertura de datos ha tomado gran relevancia en los últimos tiempos, hasta el punto de convertirse en una de las principales tendencias en las AAPP 2 pero abrir datos es sólo uno de los tipos de acción que permite el contar con una estrategia de gobierno abierto. Quizá, la identificación entre estos dos aspectos es consecuencia de la iniciativa de referencia en este ámbito en cuanto a los datos, Data.gov3, un proyecto orientado a dar acceso a los datos de la Administración Obama. Esta iniciativa parte derivada de la directiva Open Government Directive o Directiva de Gobierno Abierto lanzada por la Administración de Barack Obama en EEUU (2009), a raíz del memorándum de Obama (2009), al que ya hemos hecho referencia. La apertura de datos es algo relativamente novedoso y apenas comienzan a aparecer ahora las primeras investigaciones, sobre estos elementos. Asimismo abrir los datos debería implicar creer en los principios de participación en red y de colaboración de numerosos actores pero tampoco se sabe nada sobre las expectativas, rol o comportamiento de cada uno de estos actores. A pesar de que parece claro que son necesarias estrategias en su utilización tal y como subrayan Ding et al. (2010), es preciso continuar con los estudios que permitan profundizar en los cambios que generan en línea con lo que señala Davies (2010).
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Administraciones Públicas. Accesible en el sitio oficial [www.data.gov] 30-6-2012. 2
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LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP El Open Government Partnership es una iniciativa multilateral que pretende asegurar compromisos específicos de los gobiernos, para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las tecnologías para fortalecer la gobernanza. La iniciativa es formalmente lanzada el 20 de septiembre de 2011, cuando los ocho gobiernos fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) aprueban una Declaración de Gobierno Abierto, y anuncian los planes de acción de sus países. Desde septiembre de 2011, se han sumado a la iniciativa los compromisos de 49 países más. Como hemos manifestado, un conjunto importante de países de la región se han adherido hasta la fecha (ver Tabla 2) con interés de presentar compromisos a cumplir. Pero comienza a reducirse el número en cuanto a países que figuran en el portal de OGP con compromisos presentados. Si continuamos con la verificación de los compromisos presentados y los esfuerzos realizados, podría parecer que en no pocos casos se hace por simple inercia o moda. Simplemente a través de la comprobación de las afirmaciones que los propios países muestran en el portal de OGP, se puede verificar que no es gobierno abierto todo a lo que se están comprometiendo. Nosotros, bajo la definición y prerrequisitos planteados al inicio de este trabajo buscamos la orientación clara hacia la administración relacional y la búsqueda de incorporación del paradigma de la gobernanza. En primer lugar, diferenciamos entre el grupo de los países que no han presentado compromisos a fecha de hoy (Costa Rica, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago) y los que sí lo han hecho. En segundo lugar, dentro de éstos últimos, cabe destacar dos grupos: los que parecen estar buscando incorporar el gobierno abierto como parte real de una estrategia de país, con esfuerzos destacables (Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay) y los que hasta la fecha no lo han considerado así (España, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana). A continuación destacamos algunas de las iniciativas y resultados más significativos. En cuanto al primer grupo de países que han presentado compromisos, es preciso subrayar que los esfuerzos reales que algunos de los países de la región están realizando son dignos de mención. Podríamos pensar en Brasil y su papel protagonista fundacional adoptado para el lanzamiento de la iniciativa OGP, pero parece que otros países muestran realmente gran interés por avanzar en este ámbito. Brasil destaca con diferencia, habiendo seguido hasta ahora la estela de los países más avanzados en este ámbito. Brasil, país de referencia en la región, es visto en América Latina como un estado con un alto grado de independencia respecto del entorno de los EEUU. Por tanto, su liderazgo y referencia en la iniciativa OGP no es casual. Tal y como Nikandrov (2012) señala, el hecho de que Brasil sea abanderado y cofundador del OGP y codirector de la iniciativa junto con EEUU, supone también un mensaje de “no dependencia” del entorno de EEUU para el resto de países de América Latina que quisieran participar en la OGP. Brasil dispone de iniciativas relacionadas con las licitaciones y contratos gubernamentales, acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia presupuestaria o participación ciudadana. Ha
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establecido un portal sobre su participación en la iniciativa OGP 4, dispone de portales de datos abiertos5, de transparencia6, de contratos y convenios7 o compras públicas8. Pero además queremos destacar aquí especialmente el hecho de que Brasil está llevando a cabo importantes iniciativas incluso a nivel de infraestructura, iniciativas que podrían considerarse orientadas a la entrada en la segunda fase del ciclo de interoperabilidad de la que Jimenez (2012a) habla. Un ejemplo de ello es su Infraestructura Nacional de Datos Abiertos (INDA), regulada en Brasil (2012), que comprende los conjuntos de estándares, tecnologías y mecanismos de control necesarios para compartir datos e información públicos y atender las condiciones de diseminación de su modelo de datos abiertos, de conformidad con el e-PING, su conocido marco de interoperabilidad. Ahora habrá que esperar, no obstante, para ver cómo afectan a este ámbito las nuevas políticas derivadas del cambio de gobierno en Brasil. Chile, parece estar avanzando a muy buen ritmo en este ámbito en línea con su orientación estratégica, que incorpora la perspectiva del gobierno abierto. De hecho, Chile incorpora incluso un compromiso de reforma constitucional para aumentar la participación, pero también Chile incluye en sus compromisos de gobierno abierto específicamente aspectos como la identidad digital lo cual, en nuestra opinión no es ni lo más adecuado, ni lo más conveniente. Dispone tanto de normativa como de diversos portales como el portal de Gobierno Abierto9 y OGP10, Chile Compra11, Chile Cumple12 y Chile Atiende13, o Datos Abiertos14, enmarcados en un plan estratégico de gobierno electrónico de Chile (2012) que se centra en el gobierno abierto, la eficiencia y la proximidad al ciudadano. México, por su parte, tiene la característica de encontrarse entre los países fundadores e impulsores de la iniciativa, y en 2012 ha ampliado su plan de acción. Ha creado un portal sobre la alianza para el gobierno abierto15. Su Secretaría de Función Pública está trabajando con diferentes organizaciones y ha implicado además a los diferentes Estados que componen el país a través de su Conferencia Nacional de Gobernadores. Está facilitando la documentación del proceso de forma abierta y ha establecido fichas de trabajo, especificando actividades a realizar y entidades responsables. Entre otros, su portal del ciudadano16, facilita en un punto de acceso la búsqueda de información a trámites y servicios, dispone de herramienta para visualización de datos17 o permite ver en texto plano la información. Dispone de diversas normas al respecto, entre ellas una ley federal de transparencia, así como un Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción. Uruguay se alinea con su agenda digital, incorpora normativa y facilita información potenciando el área 4
Véase el sitio [www.brasilaberto.org] Véase el sitio [http://dados.gov.br] 6 Véase el sitio [www.portaldatransparencia.gov.br] 7 Véase el sitio [www.convenios.gov.br] 8 Véase el sitio [www.comprasnet.gov.br] 9 Véase el sitio [http://alpha.gobiernoabierto.cl] 10 Véase el sitio [http://www.ogp.cl] 11 Véase el sitio [http://www.chilecompra.cl] 12 Véase el sitio [http://www.chilecumple.cl] 13 Véase el sitio [http://www.chileatiende.cl] 14 Véase el sitio [http://datos.gob.cl] 15 Véase el sitio [http://aga.org.mx] 16 Véase el sitio [http://www.gob.mx] 17 Véase el sitio [http://mapas.gob.mx] 5
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de transparencia y rendición de cuentas. Dispone de un portal de compras 18, un portal sobre gobierno abierto19, así como de un portal de datos abiertos 20, una aplicación de visualización21 junto con un portal de búsquedas de servicios y trámites 22 y un portal de concursos y licitaciones 23. Entre sus compromisos también alude a aspectos como procesos y servicios online. Sin duda Colombia destaca en su voluntad hacia la eficiencia 24. Tiene creados algunos espacios de participación como el de funcionarios públicos25, un portal de datos abiertos26 y un portal de transparencia económica27. Está impulsando un portal que recoge datos de alcaldes y gobernadores 28, así como el proyecto “Urna de Cristal” 29 de iniciativas ciudadanas, control y participación ciudadana. En su estrategia se mencionan los principios del gobierno abierto. No obstante, dentro de sus compromisos también menciona temas como el gobierno electrónico o la protección al consumidor. En cuanto al segundo grupo, es preciso hacer referencia específica a República Dominicana y España. La República Dominicana presenta una relación de compromisos relevantes en relación con la transparencia y, a nuestro juicio, parece que está comenzando a hacer un esfuerzo en la dirección adecuada. Busca implantar un portal de transparencia bajo su Ministerio de Presidencia 30, un portal de denuncias y quejas31 o un portal de compras32 y está realizando diferentes esfuerzos, desde la publicación de los sueldos de cargos públicos hasta la creación de un manual para la rendición de cuentas. En cuanto a España parece que podrían darse condiciones para su evolución en la dirección del primer grupo, subrayando que será necesario esperar para lograr extraer mayores conclusiones, dado el contexto tanto de cambio de gobierno como de delicada situación económica en la que se encuentra. España presentó al OGP en su reunión de Brasilia un plan en el que se vislumbra en muchos casos cierta confusión entre lo que es el gobierno abierto y lo que es gobierno electrónico. Entre sus compromisos incorpora la justicia electrónica, salud electrónica o aceleración del proceso de creación de empresas. Asimismo, pone como ejemplo el caso de la elaboración de su anteproyecto de ley de transparencia, cuando, es de los pocos países de Europa (junto con Malta, Chipre y Luxemburgo) que no tiene una ley en este ámbito y dicha iniciativa, tanto en su proceso de elaboración como en cuanto a determinados contenidos de dicho anteproyecto, suscitó importantes críticas tanto dentro del país como a nivel internacional, precisamente por excepciones y aspectos contrarios a su objetivo. No obstante 18
Véase el sitio [http://www.comprasestatales.gub.uy] Véase el sitio [http://gobiernoabierto.gub.uy] 20 Véase el sitio [http://datos.gub.uy] 21 Véase el sitio [http://idevisualizador.agesic.gub.uy] 22 Véase el sitio [http://www.buscador.gub.uy] 23 Véase el sitio [https://www.uruguayconcursa.gub.uy] 24 Véase el sitio del Sistema Nacional de Evaluación y Gestión de Resultados [http://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp] 25 Véase el sitio [http://www.sirvoamipais.gov.co] 26 Véase el sitio [http://www.datos.gov.co] 27 Véase el sitio [http://www.pte.gov.co] 28 Véase el sitio [www.portalterritorial.gov.co] 29 Véase el sitio [www.urnadecristal.gov.co] 30 Véase el sitio [http://www.minpre.gov.do] 31 Véase el sitio [http://www.311.gob.do] 32 Véase el sitio [https://comprasdominicana.gov.do] 19
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España dispone de un portal de datos abiertos 33 y parece estar abriendo un camino a los procesos de consulta ciudadana dentro del diseño de políticas y normativa, como es el caso de su borrador de Agenda Digital34 en la que, además, en España (2012:39) se habla de una Estrategia de Gobierno Abierto. En el caso de España además es preciso destacar la existencia de relevantes iniciativas a nivel de Comunidad Autónoma que están siendo internacionalmente reconocidas y que van muy por delante de lo esbozado por la administración central, tal y como se refleja en Comisión Europea (2011). Otros países presentan implementada algunas iniciativas pero ni son especialmente significativas ni parecen alinearse con una política pública orientada al gobierno abierto o a sus principios. Este es el caso de Perú que a pesar de que presenta un portal de transparencia económica 35 dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, no parece disponer de una estrategia de país. Nuestra breve valoración puede ser completada con lo que dice Global Integrity 36 en base a su revisión de los planes incorporados a la iniciativa Open Government Partnership, respecto de los países que aquí nos ocupan- (ver Tabla 3). No obstante es preciso ser cautos en todo caso ya que, como hemos mencionado, por ejemplo en el caso de España, según esta verificación estaría cumpliendo con los requisitos, lo cual según nuestro criterio no es del todo correcto. Así pues, es preciso poner énfasis en la necesidad de que se logre un seguimiento riguroso con criterios uniformes, objetivos, y generales, para poder evaluar lo que los miembros de OGP están realizando realmente desde la perspectiva del gobierno abierto, especialmente si tenemos en cuenta que, revisando los trabajos que se están realizando al respecto, no siempre podemos adoptar los resultados con suficiente grado de garantías. Finalmente es preciso mencionar la importancia que iniciativas no nacidas del ámbito público pueden llegar a tener dentro de los países, pudiendo llegar a implicar el reconocimiento, implicación y adopción de dichas iniciativas por las AAPP a posteriori, a pesar de que inicialmente no nacieran en ellas. Jimenez (2012b) recoge el caso de lo que se ha venido a denominar la “Comunidad Open Data España”. Ésta iniciativa surge inicialmente de un pequeño grupo de expertos, entre los que se encuentran integrantes de algunas de las administraciones autonómicas y locales más innovadoras en España, junto con las instituciones IEEE37 y W3C38, y algunos actores del sector privado interesados en el ámbito de la reutilización de la información. Esta iniciativa se está consolidando rápidamente y podría ya ser considerada como una iniciativa “Bottom-Up”,. Orientada a imprimir buenas prácticas en el ámbito de la apertura de datos, dicha iniciativa tras varias actividades abiertas ha ido rápidamente creciendo y consolidándose hasta el punto de que no sólo ha creado lo que ya se conoce como el “Decálogo Open Data”, un decálogo de buenas prácticas que está siendo tomado como referencia, sino que además se están uniendo al grupo representantes de otras Comunidades Autónomas. La adhesión de otras AAPP ha tomado tal cariz que se prevé que en la próxima reunión del grupo planificada para 33
Véase el sitio [http://datos.gob.es] Véase el sitio [http://www.agendadigital.gob.es] 35 Véase el sitio [http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=504&Itemid=100944&lang=es] 36 Accesible resumen en [http://www.globalintegrity.org/blog/ogp-action-plan-assessments] 30-6-2012. 37 Institute of Electrical and Electronics Engineers. En éste caso, es la sección española del IEEE, a raíz del impulso que el capítulo español del IEEE Technology Management Council realiza transversalmente en el ámbito del eGovernment. 38 World Wide Web Consortium 34
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finales de 2012, podrían participar los representantes de todas las AAPP españolas, tanto a nivel local, como autonómico y estatal. En definitiva, el grupo ha servido como aglutinador reconocido y podríamos encontrarnos ante lo que parece una consolidación de una iniciativa bottom-up. Finalizando este epígrafe, en definitiva, son pocos los países realmente comprometidos con una auténtica política de Estado orientada al gobierno abierto que es lo que, finalmente, debería pesar en la valoración. Así pues, sería preciso lograr alcanzar una base en la definición, componentes y requisitos sobre gobierno abierto, para establecer unos criterios rigurosos que permitan realizar análisis comparativos objetivos, en pro de la alianza y del gobierno abierto. CONCLUSIONES En general, nuestra conclusión de mayor peso, que puede ser considerada una hipótesis de cara a futuras investigación de mayor calado, es que los países que ya eran fuertes en gobierno electrónico están siendo también los primeros en impulsar el gobierno abierto. Está habiendo esfuerzos importantes en términos de transparencia, colaboración y participación, muchos de los cuales vienen heredados del pasado; es decir, se trata de la evolución de iniciativas que, anteriormente, se encontraban bajo el paraguas del gobierno electrónico. Quizá el caso más excepcional es el de España, que durante los últimos cuatro años ha recorrido un importante camino en términos de gobierno electrónico. Sin embargo, esa evolución no ha ido paralela a una mayor voluntad por ser transparente y la ambigüedad y polémica causada por la Ley de Transparencia no hace más que poner este hecho de manifiesto. El caso de España es especialmente interesante porque nos permite retomar la definición de gobierno abierto en función de su grado de apertura, algo que, como indicábamos al principio de esta ponencia, lo diferencia del término de gobierno electrónico. Más allá de esta conclusión general, hay tres aspectos adicionales a los que nos gustaría hacer referencia. Heterogeneidad No todos los países de la región están participando en la iniciativa de OGP y es preciso además señalar que el hecho de que un país no esté tomando parte en esta iniciativa, no quiere decir necesariamente que no se estén llevando a cabo iniciativas que siguen los principios del gobierno abierto, como puede ser el caso de algunas administraciones en Argentina39. Asimismo, existen diferentes niveles de compromiso en relación con el gobierno abierto y, como consecuencia de ello, hay diferencias importantes en lo que respecta a estrategia (algunos países la tienen, otros no) e iniciativas (no todos los proyectos son igualmente relevantes). Además de lo anterior, parece que muchos países han pretendido asociar al gobierno abierto compromisos que no están relacionados directamente con éste.
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Véanse, por ejemplo, iniciativas como la Semana Internacional del Gobierno Abierto organizada por Secretaria de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en [http://opengovernment.com.ar] o también el caso, a nivel local, de la ciudad de Buenos Aires en [http://www.buenosaires.gob.ar/modernizacion/gobierno-abierto] 30-6-2012. 7
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Es pronto para poder valorar el resultado de proyectos e impacto En la definición teórica parece claro lo que es el gobierno abierto, sin embargo, cuando se analizan las iniciativas, lo que antes era gobierno electrónico parece que ahora se pretende vender como gobierno abierto. Esto es, precisamente, lo que no está claro, es decir, existe confusión a la hora de establecer la separación práctica entre lo que correspondería a la administración profesional (el gobierno electrónico) y a la administración relacional (gobierno abierto). Además de que la mayor parte de los países se encuentran en un estado inicial, no han sido desarrolladas todavía métricas y medios de medición adecuados. No obstante, parece que un grupo de países está considerando realmente la perspectiva de la modernización pública como eje central de impulso del gobierno abierto. El gobierno abierto resulta más complejo de lo que puede parecer Y es que el gobierno abierto tiene importantes implicaciones para las administraciones y requiere de importantes cambios a los que podríamos darles la calificación de estructurales. Cambios en la cultura, en los procesos, en la organización en sí misma, y un cambio en el modo en que los gobiernos se relacionan con otros actores clave. Así pues, para concluir, sería interesante que futuros trabajos continuasen reforzando las bases de lo que es y no es un gobierno abierto, estableciendo los grados necesarios para su definición completa y, posterior avance en la metodología, modelos de seguimiento y evaluación de los planes de los países y administraciones, que permita valorar lo que realmente se está realizando en dicho ámbito. Esto servirá tanto para detectar qué países no se comprometen de forma efectiva (o si se han comprometido, no cumplen con ello) como para permitir a los países que lo están haciendo, establecer las bases sobre las que puedan avanzar hacia un grado mayor de consecución de la administración relacional. BIBLIOGRAFÍA Brasil (2012). Instrução Normativa Nº 4, 13 de abril de 2012 de la Secretaría de Logística e Tecnologia da Informaçao do Ministerio do Planejamento, Orçamento e Gestão, que Institui a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA. Chile (2012). Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014. Versión 9. Comisión Europea (2011). Pricing Of Public Sector Information Study. Open Data Portals. Final Report. Information Society and Media Directorate-General. Davies, Tim. (2010). “Open data, democracy and public sector reform. A look at open government data use from data.gov.uk”. Master Thesis [http://www.opendataimpacts.net/report]. 10-6-2012. Ding, Li, Difranzo, Dominic, Graves, Alvaro, Michaelis, James R., Li, Xian, McGuinness, Deborah L. y Hendler, Jim (2010). “Data-gov Wiki: Towards Linking Government Data”, in AAAI Spring Symposium on Linked Data Meets Artificial Intelligence. EEUU (2009). Open Government Directive. [http://www.whitehouse.gov/open/documents/opengovernment-directive]. 10-6-2012. España (2012). Propuesta de Agenda Digital Para España. Accesible en [http://www.agendadigital.gob.es/images/doc/PropuestadeAgendaDigitalparaEspana.pdf]. 30-62012. Ganapati, Sukumar y Reddick, Christopher G. (2012). “Open e-government in U.S. state governments: Survey evidence from Chief Information Officers” en Government Information Quarterly, Volumen 29, Número 2, Abril 2012. Pp 115-122. 8
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relevancia internacional, tales como la International Open Government Data Conference 2012. Ha sido coordinador del área de interoperabilidad de las ediciones de 2011 y 2012 del Congreso Europeo de Gobierno Electrónico. Actualmente realiza tareas de investigación en dicho campo, subvencionadas por el CEJFE de la Generalitat de Catalunya, en España. Ha colaborado en actividades formativas y docentes con instituciones como el CLAD, la Organización de los Estados Americanos, la Red Iberoamericana de Formación en Gobierno Electrónico o la Universidad Pompeu Fabra en España. Representante de IEEE en la Comunidad Open Data en España, es responsable de Estrategia y Nuevos Programas de IEEE España, así como responsable del IEEE Technology Management Council España, colaborando asimismo con instituciones en otros ámbitos como el Strategy Markup Language Committee de los Estados Unidos de América. Mila Gascó Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, ESADE Barcelona, España E-mail: mila.gasco@esade.edu Mila Gascó es licenciada y MBA por ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) y doctora por la Universitat Rovira i Virgili en evaluación de políticas públicas (Premio Enric Prat de la Riba a la mejor tesis doctoral sobre gestión pública, organización y función pública, otorgado por la Escola d’Administració Pública de Catalunya). En la actualidad, es investigadora del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE y profesora externa de los estudios de Economía y Empresa y del Máster Oficial en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Es, además, consultora por cuenta propia en el ámbito de la sociedad de la información. Con anterioridad ejerció como analista senior en el IIGC (Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña). Tiene una amplia experiencia docente (fue profesora en el Departamento de Gestión de Empresas de la Universitat Rovira i Virgili) e investigadora lo que le ha llevado a participar en numerosos congresos nacionales e internacionales, a publicar libros y artículos en castellano, catalán e inglés y a dirigir algunas tesis doctorales. Colabora con diversas instituciones como Google, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona, la Alcaldía de Valencia (en Venezuela) o los gobiernos nacionales de Brasil y República Dominicana. Sus intereses se centran en las políticas públicas de transición a la sociedad del conocimiento (y, particularmente, en el gobierno y la gobernanza electrónica), en la utilización de las TICs para el desarrollo y en la evaluación de políticas.
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CUADROS, TABLAS Y GRÁFICOS Tabla 1: Fases de modernización de la organización pública y papel de las TIC Tipo de organización Burocrática Profesional
Relacional
Fase de modernización Inicial. Objetivo: ganar en eficacia y eficiencia. Avanzada. Adoptado el enfoque de la gestión pública (énfasis en eficiencia pero, también, en servir al ciudadano). Finalizando el proceso. Adoptado el paradigma de la gobernanza (el ciudadano no es sólo un cliente sino que participa en los procesos de gobernabilidad).
Papel de las TICs Automatización de flujos de trabajo y reorganización de procesos internos. (eAdministración). Sin olvidar lo anterior, las TICs facilitan la interacción con los ciudadanos a través de portales y web. (eGovernment). Clave en relación a la transparencia y la accountability, por un lado, y con respecto a la colaboración interinstitucional, por otro. (Open Government).
Fuente: Gascó (2007). Tabla 2: Países adheridos al OGP y estado de presentación de compromisos a fecha de 31 de julio de 2012 País Adherido
Compromisos Presentados
Brasil SI Chile SI Colombia SI Costa Rica NO El Salvador NO España SI Guatemala SI Honduras SI México SI Panamá NO Paraguay SI Perú SI República Dominicana SI Trinidad y Tobago NO Uruguay SI Fuente: www.opengovpartnership.org (consulta: agosto de 2012).
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Tabla 3: Valoración “SMART” de los planes de acción presentados al OGP País Adherido
Específico SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Medible SI SI N SI NO NO NO SI SI NO SI SI
Realizable SI SI SI SI NO NO NO SI SI NO SI SI
Pertinente SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Temporal SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI
Brasil Chile Colombia República Dominicana El Salvador Guatemala Honduras México Paraguay Perú España Uruguay S.M.A.R.T.: Específico: (Ejemplo: el plan de acción propone lo que tiene planificado realizar). Medible: (Ejemplo: el plan de acción tiene benchmarks). Realizable: (Ejemplo: el plan de acción exlica cómo tiene planificado alcanzar sus compromisos). Pertinente: (Ejemplo: el Plan de acción aborda específicamente cuestiones de gobierno abierto frente a reformas más amplias del sector público). Temporal: (Ejemplo: el plan de acción incluye plazos y fechas de cumplimiento). Fuente: Global Integrity.
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