REPÚBLICA DOMINICANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PONENCIA DEL HONORABLE PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA ¨ El Ministerio Público y su consolidación a la luz de la nuevo Constitución Dominicana ¨ Dada en la Provincia Valverde, Mao a los 29 días del mes de abril del 2011. _____________________________________________________________________________
En primer orden, antes de referirme a los avances institucionales del Ministerio Público propiamente hablando, me gustaría destacar la importancia que ha tenido para nuestra consolidación institucional el proceso de reforma constitu¬cional en la República Dominicana. En efecto, la reforma constitucional se presentó como el escenario ideal para encauzar el proceso de definición institucional del Ministerio Público, para asegurar la sostenibilidad de la institucionalización que actualmente muestra, así como para consolidar con mayor fuerza los importantes cambios que ha venido experimentando en los últimos años. El proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en la República Dominica, impulsado por el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, ha sido uno de los que ha contado con mayor consenso y apertura democrática que se haya conocido desde la fundación de la República. Este se inicia con la conformación, por parte del Ejecutivo, de una Comisión de notables juristas dominicanos que a su vez contaron con el asesoramiento de connotados constitucionalistas extranjeros. Por iniciativa propia del Presidente de la República, esta Comisión organiza un novedoso y amplio proceso de Consultas Populares, el cual tuvo por objeto promover la participación en la reforma a todas las fuerzas vivas de la sociedad dominicana. Y efectivamente así sucedió: personalidades del país, gremios profesionales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de campesinos, de amas de casa, agricultores, industriales, estudiantes, entidades religiosas, ong´s, instituciones estatales, sindicatos de periodistas, etc., tuvieron la oportunidad de expresarse en torno a la Constitución que aspiraban y, como es lógico, también participaron esos importantes interlocutores válidos entre el Estado y la sociedad que son los partidos políticos. Esta novedosísima iniciativa se desarrolló en todo el país en un período aproximado de dos años, luego del cual la comisión encargada de dirigir el proceso discutió, evaluó, sintetizó y finalmente produjo para el conocimiento y debate de los legisladores el documento que se convertiría después de meses de encendidos debates en la Asamblea legislativa, actuando como Asamblea Revisora, en la actual Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010.
Sin lugar a dudas, la actual Constitución es el estatuto jurídico-político más moderno con que hemos contado y donde se crea la base normativa para el desarrollo en nuestro país de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho. La incorporación de nuevas instituciones que tienden, por un lado, a la consolidación de los que hoy denominamos derechos de tercera generación, como los derechos colectivos y difusos entres los que se destaca el derecho a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado; y, por otro lado, la creación de órganos que serán los responsables de garantizar el efectivo cumplimiento de estos derechos, constituye la piedra angular donde descansará el futuro y consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país y una efectiva protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta reforma toca a todos los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, por razones obvias de economía de tiempo me referiré al aspecto que tiene más vinculación con la función que desempeño actualmente, para presentarles a todos ustedes, a breves rasgos, el impacto de la misma en el sector Justicia y más específicamente en el Ministerio Público, órgano del sector que represento. Pues bien, lo más relevante, a mi humilde entender, en este orden tiene que ver con la creación del Tribunal Constitucional que tiene como premisa básica garantizar la efectiva aplicación y respeto a la Constitución, esto es su supremacía, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, como lo establece el artículo 184 de la Constitución de la República. En lo concerniente al Poder Judicial ordinario se introducen cambios importantes como, por ejemplo, la creación de un órgano de gobierno interno que se denomina el Consejo del Poder Judicial y se introducen otras reformas importantes, como el establecimiento de la edad de retiro obligatorio de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a los 75 años. Se establece además que el 75% de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia debe provenir de la Carrera Judicial, fortaleciendo así el sistema de carrera en la judicatura y dejando espacio para que la cuarta parte restante de miembros de la Suprema Corte de Justicia provenga del ejercicio liberal del derecho o del Ministerio Público. Otro cambio importante que tiene que ver directamente con la configuración y funcionamiento del Poder Judicial son las nuevas atribuciones que la Carta Magna le confiere al Consejo Nacional de la Magistratura, pues además de elegir a los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, en sustitución de aquellos que por razones de edad deben salir de sus funciones por efecto del retiro obligatorio, corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura evaluar el desempeño de los restantes Magistrados para determinar si permanecen o no en el alto tribunal. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene además a su cargo la designación de los jueces del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Superior Electoral. Este órgano constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, está conformado por el Presidente de la República, quien lo preside; el Presidente del Senado de la República; el Presidente de la Cámara de Diputados; un Senador que no sea del partido al cual pertenece el Presidente del Senado y que represente la segunda mayoría; un Diputado que no sea del partido al cual pertenece el Presidente de la Cámara y que represente la segunda mayoría; además del Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, un Juez de la Suprema Corte de Justicia elegido por sus pares y el Procurador General de la República. Me voy a permitir ahora, con la venia de todos ustedes, entrar a hacer referencia al impacto y el significado de la reforma en el contexto específico de la institución que me honro en dirigir, es decir, el Ministerio Público. Pues bien, cuando se produce la convocatoria a las Consultas Populares para opinar y hacer planteamientos concretos que fueran considerados e incorporados en la Reforma Constitucional, en el Ministerio Público nos avocamos a la realización de una serie de consultas internas que dieron como resultado la convocatoria de la Primera Conferencia Nacional del Ministerio Público, denominada precisamente Ministerio Público, Constitución y Sistema de Justicia, de la cual salieron consensuadas, tras haber sido discutidas por todos los miembros de la institución de manera libérrima y democrática, las que fueron las propuestas del Ministerio Público de cara a la Reforma Constitucional. Entre las propuestas presentadas por el Ministerio Público ante el Congreso, respecto del reconocimiento constitucional de aspectos importantes para el fortalecimiento de la institución, las cuales fueron en su mayoría acogidas, presentamos a la consideración de ustedes las siguientes: 1.
La constitucionalización de los principios rectores del Ministerio Público
Apenas regulada como una institución refleja del Poder Judicial, el Min¬isterio Público no tenía vida propia en la pasada Constitución. Ni siquiera el propio Estatuto del Ministerio Público pudo romper con esa pesada ideología, quedando encerrado en una cosmovisión incoherente que no tradujo la especifici¬dad de la función fiscal más allá de los principios. De tal suerte, la constitucionalización de los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuación, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad, así como la autonomía funcio¬nal, presupuestaria y administrativa, tal como están consagrados en el artículo 170 de la Constitución, contribuirá a formar la identidad propia de la institución por medio de un proceso continuo de cambio cultural. 2.
El reconocimiento constitucional de la Carrera del Ministerio Públi¬co
Una de las debilidades históricas del Ministerio Público ha sido la carencia de un sistema de carrera. Esto ha creado tres problemas fundamentales. Primero, ha impedido que estos funcionarios, es decir, los fiscales, actúen con independencia en el cumplimiento de sus funciones. La segunda dificultad es que la designación libre de fiscales ha llevado en ocasiones a que ocuparan cargos dentro de la institución personas sin la preparación o vocación mínimas para ejercer dichas funciones. Tercero, la falta de carrera implicaba que no existiera continuidad de es¬fuerzos ni de formación. Por tales motivos, la consagración constitucional de la Carrera del Ministerio Público vendría a fijar de manera precisa e inequívoca la sostenibilidad de los avances logrados, como al efecto se hizo. 3.
La ubicación orgánica consagrada constitucionalmente
La falta de definición constitucional del Ministerio Público creaba confu¬siones evitables sobre su ubicación orgánica. Entendemos que la función persecutoria del Ministerio Público tiene como consecuencia lógica que el mismo deba orbitar alrededor del Ejecutivo, pues tiene sobre sí la tarea de ejecutar la política criminal y velar por su cumplimiento. En ese sentido, la nueva Constitución consagra al Ministerio Público como un órgano del sistema de justicia, con participación relevante del Poder Ejecutivo que se manifiesta en la designación del Procurador General de la República y la mitad de los Adjuntos de éste, pero con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. 4.
La autonomía presupuestaria y administrativa
La experiencia reciente demuestra la importancia que tiene la seguridad presupuestaria para el Ministerio Público. La reforma del sistema judicial dominicano ha conllevado una reforma total del papel del Ministerio Público y exige su profesionalización y su adecuación técnica y material. Es imposible que el Ministerio Público pueda desempeñar con eficacia su labor si no cuenta con los recursos mínimos necesarios, sin olvidar, además, que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar y sostener el sistema penitenciario, el cual absorbe un gran porcentaje de su presupuesto. Esta autonomía presupuestaria y administrativa tiene su lógica en asegurar el autogobierno del Ministerio Público, propiciando un marco de actu¬ación que no pueda ser afectado por el gobierno central sin necesidad manifiesta. 5. La participación del Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura La anterior Constitución sólo reconocía la participación del Ministerio Público, en la persona del Procurador General de la República, en calidad de suplente en el Consejo Nacional de la Magistratura, en ausencia del Presidente de la República. Si tomábamos en cuenta el papel estelar que el nuevo proceso penal le reserva al Ministerio Públi¬co, así como la visión del sector justicia como un sistema, se aconsejaba una participación del Ministerio Público por derecho propio en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta idea viene fortalecida toda vez que en nuestro país el Ministerio Público asume también la función de Ministerio de Jus¬ticia. Como es conocido, el Ministerio Público ha ido dando importantes pasos en lo que respecta a su fortalecimiento institucional. La puesta en vigencia del Estatuto del Ministerio Público, la consecuente creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, los presupuestos de Carrera e inamovilidad dispuestos en la Ley, complementados también por el Reglamento de la Carrera del Ministerio Público, constituyen magníficos avances para un serio proceso de institucionalización. Me voy a permitir compartir con ustedes, como manera de acreditar los avances aludidos, los siguientes: 1. Consolidación de la Transparencia en la Administración Pública Conscientes de que uno de los rasgos fundamentales de toda institucionalización en la administración pública es la transparencia, nos propusimos conformar la primera Oficina de Acceso a la Información Pública para poder brindar a la ciudadanía un
servicio permanente y actualizado de acceso a los documentos públicos. Dicha Oficina cuenta con un personal elegido por Concurso Público, posibilitando así la implementación del primer Piloto Modelo de Transparencia de nuestro país, proceso liderado por la Institución que representamos. Esta Oficina de Acceso a la Información Pública ofrece un servicio permanente que permite a toda la ciudadanía acceder, a través de la página web de la institución, a información pública actualizada, como por ejemplo: ejecución presupuestaria, nómina, desembolsos por cuentas bancarias, proyectos institucionales, relación de activos, compras, beneficiarios de programas asistenciales, declaraciones juradas, vacantes, por citar unas cuantas, de una manera fácil, veraz, adecuada y oportuna. Podemos decir que dicha iniciativa ha marcado un hito en la historia de los servicios públicos de la República Dominicana. Este cambio radical de cultura institucional ha logrado incrementar el acceso a los servicios que ofrece la institución, al promover cambios sustanciales en la forma de gestión de las actuaciones. A grandes rasgos, el modelo conceptual de gestión está basado en cuatro ejes fundamentales: la descentralización del servicio, la capacitación del recurso humano, principal valor de la institución, a través de un sistema de incentivos y orientado hacia resultados, la infraestructura tecnológica, logrando aumentar la plataforma tecnológica en un altísimo porcentaje, lo que se ha traducido en una reducción significativa del tiempo de respuesta al usuario, y la optimización de los servicios ofrecidos a través de la reingeniería de procesos. Estos importantes logros nos han colocado en el primer lugar en cuanto a índices de transparencia en la administración pública se refiere, tal como ha sido reconocido por Transparencia Internacional al otorgarnos el primer lugar, por tercera vez consecutiva, como Institución más transparente del país. 2.
Estructuración de las herramientas tecnológicas necesarias
En este ámbito, hemos trabajado en la implementación del sistema Justicia Siglo XXI, herramienta aplicada desde finales del año 2006, en la cual se apoya el Ministerio Público para la preparación y desarrollo de las actuaciones que permitan procesar los casos penales que ingresan a las fiscalías. Dicho sistema maneja una serie de módulos básicos que se interrelacionan entre sí, como son: casos en etapa preparatoria y audiencia preliminar, expedientes en etapa de juicio, sujetos y bienes. De esta forma, permite sistematizar informaciones pormenorizadas sobre los tipos de delitos que ocurren en los diferentes sectores de los distritos judiciales en los cuales se implementa el sistema, lo cual facilita el seguimiento adecuado de los casos asignados. Como es sabido, el Ministerio Público tiene como una de sus responsabilidades el brindar apoyo en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Democrática, lo que implica que debemos mantener un sistema de información actualizado, que pueda servir de insumo a otras instituciones con el objetivo de agilizar la investigación y persecución de los hechos delictivos. 3.
Implementación de un Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías
El Código Procesal Penal nos ha llevado a asimilar nuevos principios, valores e instituciones, por lo que nos hemos visto en la necesidad de transformar nuestra cultura organizacional y modificar nuestras viejas prácticas. Este cambio ha implicado modificar, tanto aspectos gerenciales, como organizativos, metodológicos, de distribución de la carga procesal, de infraestructura física, tecnológica, etc., así como en cuanto a los sistemas de indicadores de gestión y desempeño institucional, bajo lo que conocemos como Modelo de Gestión de Fiscalías. Para alcanzar tales objetivos, hemos partido, como enfoque integral del modelo, de un proceso de planificación estratégica que definió desde la misión institucional hasta el establecimiento de sistemas de evaluación de la gestión a través de indicadores de gestión. Los resultados alcanzados a la fecha han sido más que satisfactorios: • Tenemos 31 Procuradurías Fiscales funcionando bajo el nuevo modelo de gestión, transmitiendo un mensaje claro, a lo interno y externo de la institución, acerca de la nueva filosofía de servicio, los esquemas operativos y los nuevos parámetros de valoración de los resultados que la institución promueve activamente • Tenemos un plan de expansión en marcha que logrará integrar a las Procuradurías Fiscales de mayor volumen de trabajo (Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago) • Hemos capacitado adecuadamente a los Fiscales, y al personal administrativo bajo el nuevo modelo de gestión, transmitiéndoles la nueva filosofía de servicio, así como el nuevo sistema de procesamiento de casos • Hemos implementado un sistema de auditorías procesales e indicadores de gestión, lo cual nos está permitiendo evaluar el desempeño de los Fiscales y los resultados de las Procuradurías Fiscales, en función de los parámetros institucionales establecidos 4.
Avances en las políticas de género
En nuestra gestión creamos la Procuraduría General Adjunta para asuntos de la Mujer, la cual ha estructurado, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, el Plan de Acción Estratégico para la prevención y lucha contra la violencia de género en la República Dominicana. En el marco de dicho plan estratégico, hemos concertado una serie de acuerdos interinstitucionales para el establecimiento de políticas comunes en cuanto al efectivo abordaje de esta problemática. Procuramos establecer un modelo integral de atención a las víctimas y agresores en todo el territorio nacional, focalizando los puntos críticos regionales de violencia de género e intrafamiliar. Dentro de todas las iniciativas desarrolladas podemos citar algunos casos como, por ejemplo, la campaña “Pégale a la Pared”. Esta iniciativa, llevada a cabo con la colaboración de la Oficina de las Mujeres del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consiste en una campaña de prevención contra la violencia de género orientada hacia los hombres, y estructurada con la asesoría de profesionales de la conducta que de manera directa trabajan con intervención en crisis de mujeres víctimas y hombres agresores. Para la realización de la misma, estratégicamente hemos utilizado la imagen de artistas con una trayectoria personal y profesional intachable, dado el impacto que tienen en los segmentos poblacionales de diversos estratos sociales. La campaña consta de dos (2) spots publicitarios de 30 segundos de duración, en versiones de radio y televisión, con la participación de los reconocidos artistas Juan Luís Guerra y Gilberto Santa Rosa, siendo difundida de manera simultánea en los dos países, algo sin precedentes en campañas de este tipo.
Otras de las iniciativas implementadas para enfrentar el flagelo de la violencia contra la mujer, han sido la creación de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, así como la estructuración de un Observatorio Nacional Estadístico especializado en violencia de género, intrafamiliar y sexual, para lograr un mejor control y seguimiento de cada uno de los casos. 5.
Instalación de la Carrera
En términos de fortalecimiento institucional, cabe señalar la instalación de la Carrera del Ministerio Público. Al día de hoy hemos dado cierre formal al arduo pero enriquecedor proceso de puesta en marcha de la Carrera del Ministerio Público, integrada a la fecha por 766 fiscales, de un total de 921, que han satisfecho todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes. El legislador dominicano, con el marcado interés en dotar de estabilidad e independencia funcional a los miembros del Ministerio Público, estableció, por medio de la Ley 78-03, mejor conocida como el Estatuto del Ministerio Público, una carrera especial para los funcionarios del Ministerio Público que estaban ya en funciones, dando el primer paso significativo en la implementación de dicha carrera el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, quien, en agosto de 2004, y previo a la designación de los miembros del Ministerio Público, emitió el decreto número 873-04, en el cual estableció el carácter provisional de las designaciones a efectuar, tomando en cuenta que, de conformidad con el Estatuto, correspondía a la Escuela Nacional del Ministerio Público conducir los correspondientes procesos de evaluación.
Este proceso de instalación de la Carrera incorporó dos dimensiones, una académica y otra relacionada al desempeño. En tal sentido, las personas que superaron satisfactoriamente las evaluaciones de selección inicial llevadas a cabo en 2005, adquirieron la condición de miembros del Ministerio Público aspirantes a la Carrera, quienes, a partir de ello, pasaron a un proceso de formación dividido en dos etapas: un primer Programa Extraordinario de Formación, seguido de un segundo programa de Carácter Completivo. De igual modo, se condujo un proceso de evaluación del desempeño que permitió asegurar la idoneidad del aspirante para el cargo. En cuanto a la evaluación de desempeño y antecedentes, esta fase tuvo como finalidad principal verificar los estándares mínimos preestablecidos para poder ser considerada la entrada de un fiscal a la Carrera, así como dar a conocer a la persona evaluada y a su supervisor cuáles son las fortalezas y los aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, para impactar de forma positiva en los resultados esperados. Un proceso arduo, pero que ha dado los frutos esperados.
6.
La Dirección de criminalidad compleja
Un paso agigantado en la lucha contra la criminalidad compleja ha sido la creación por la Procuraduría General de la República, de la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, la cual agrupa el Departamento Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Activos y la Unidad de Protección de Victimas y Testigos; la misma cuenta con tres (3) Fiscales Especiales para los Ilícitos de Trata de Personas y otros delitos y cinco (5) Fiscales Especiales para Lavado de Activos. La finalidad de esta nueva dirección es “intervenir de modo directo en el desarrollo de la investigación de delitos de narcotráfico y de aquellos delitos que, en razón de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o de victimas, así como de los medios para su comisión, son catalogados como casos complejos, necesitando por tales motivos de un cuerpo especializado de investigación, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes: delitos bancarios, trata y tráfico de personas…….” ; entre otros. 7.
Reformas al sistema penitenciario
Es mucho lo que habría que decir del Nuevo Modelo Penitenciario dominicano, pero haré algunas breves puntualizaciones. Al día de hoy hemos transformado trece cárceles tradicionales en Centros de Corrección y Rehabilitación. Dichos Centros de Corrección han transformado de manera radical las condiciones de vida de los reclusos, posibilitando una verdadera reinserción social de la persona privada de libertad. Como ejemplo de esta política de reinserción social, mencionamos el proyecto implementado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Haras Nacionales, con la asistencia de la Misión Técnica Agrícola de Taiwán, de la creación de invernaderos a los fines de instalar esta nueva técnica de cultivo bajo techo para promover el trabajo digno entre los internos, proyecto que estamos extendiendo a otros centros. Asimismo, destacamos la creación de préstamos a ex internos para fomento de microempresas. Se trata de personas que estuvieron una vez privadas de su libertad, y que, al reinsertarse a la sociedad, han observado un buen comportamiento, con muestras de efectiva regeneración, superación y aportes a su desarrollo personal, familiar y de la comunidad. Estos préstamos son concedidos por la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), con el aval del Ministerio Público y la Pastoral Nacional Penitenciaria. Se procura que los internos puedan crear sus propios negocios y que sirvan de ejemplo para las personas privadas de libertad que recién salen de los centros penitenciarios. Podemos afirmar que en la historia de la República Dominicana nunca antes se había puesto tanto empeño en enfrentar problemas tan olvidados y a la vez importantes para la sociedad como el tema penitenciario. Nuestra meta es que más del 50% de las 37 cárceles del país operen dentro del nuevo modelo, con programas diversos para la regeneración y actividades productivas que formen al interno. La atención post penitenciaria es también fundamental para el proceso de rehabilitación social del interno, por lo que hemos articulado el funcionamiento de las Casas del Redentor a esos fines, contando con unos 10 centros distribuidos en todo el
país. Dicha iniciativa ha producido una de las más bajas tasas de reincidencia conocidas en el mundo, un 2.7 %, teniendo en cuenta que en los países desarrollados la tasa de reincidencia oscila entre el 39% y el 72%. Grosso modo, la organización e instauración de este nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, se fundamenta en las siguientes conceptualizaciones: • Un nuevo concepto socio jurídico y humanista que establece como beneficioso para el individuo y para la sociedad el trabajo de reeducación • Un marco jurídico normativo nacional e internacional que establece un cauce institucional realista para la concreción de esa visión restauradora • Jerarquización del talento humano como factor estratégico, mediante el establecimiento de una entidad educativa penitenciaria y de una Carrera Penitenciaria • La aplicación creativa del sistema progresivo de reeducación, hasta culminar con su reinserción social de la mano de la atención post penitenciaria • La creación de la infraestructura física y la plataforma de medios y servicios • El reconocimiento de la necesidad de un consenso social proactivo para colocar la cuestión penitenciaria en el interés de la Nación como forma de hacer viable y sostenible la reforma Estos grandes esfuerzos son atravesados, como ejes transversales, por la asistencia jurídica, social, psicológica y sanitaria, y están encaminados esencialmente a lograr la rehabilitación para devolver a la sociedad hombres y mujeres disciplinados y productivos, respetuosos de la ley y la sociedad. Debo señalar que erradicar el sistema penitenciario tradicional ha sido una tarea ardua que ha implicado desarraigar y desmontar toda una estructura histórica de abusos, trafico de influencias, inequidad, privilegios, violación de derechos y corrupción en el más amplio sentido, sin embargo, asumimos el compromiso, pudiendo ver ya los frutos de nuestro gran esfuerzo, al punto de ser considerados modelo a nivel regional. Si bien es cierto que aún se impone para el Ministerio Público una reflexión profunda, puesto que no cabe duda que el modelo procesal acusatorio requiere un mayor protagonismo de la institución y, con ello, una precisa definición de su rol, sólo nos queda seguir trabajando incansablemente como hasta ahora hemos hecho, con el objetivo de continuar consolidando los avances alcanzados. Seguir apostando a un Ministerio Público cada vez más fuerte y comprometido. De eso, que no les quepa la menor duda. Muchas gracias