Para nosotras, la calle*

Valeria Mosquera

Defensora de los Derechos

Humanos de las mujeres, activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres

Para nosotras, que todavía no logramos disfrutar del derecho a la libertad de movimiento con total garantía, que nos educan para habitar y descubrir los espacios públicos midiendo a cada momento el ambiente, los gestos y movimientos que nos rodean para identificar los riesgos; que debemos cargar con el desgaste que genera la interminable tarea de aprender a andar en la calle esquivando las violencias; para nosotras no hay mayor amenaza a nuestra ya limitada condición de ciudadanas, que la profundización de barreras estatales dirigidas a restringir nuestro derecho constitucional a protestar en las calles: los escenarios públicos donde se construye la base de la vida democrática.

En otras palabras, porque la garantía de los derechos sigue en disputa y mientras nuestra ciudadanía siga estando incompleta, la protesta social será por excelencia nuestro derecho (y el de toda la sociedad) a exigir públicamente los derechos que nos faltan.

Sobre este marco resulta importante mencionar sucintamente dos elementos para la reflexión feminista identificados durante el Paro Nacional del 2021 con los cuales se limitan nuestras posibilidades de organizar y participar en ejercicios políticos de protesta social.

1. La común disociación entre la norma y la subjetividad institucional patriarcal. Esta impide la garantía de nuestros derechos políticos, es decir, existe un choque entre lo que ordena la ley (en materia de Derechos Humanos, eliminación de violencias y participación política de las mujeres) y las subjetividades patriarcales enraizadas y reforzadas en el funcionariado público que da vida a la estructura del Estado.

2. La duda intencionada sobre el carácter político del accionar público de las mujeres. Es decir, a nosotras nos juzgan a partir de un marco de interpretación patriarcal que pone en duda nuestra capacidad de racionamiento político, infantilizando y ridiculizando las acciones públicas de las mujeres, desconociendo el carácter político de los reclamos feministas, legitimando así la ausencia de una respuesta estatal, pues no hay nada que atender, nada que resolver por parte del Estado, cuando los reclamos vienen de personas irracionales o de menores de edad que no cuentan con criterio político propio.

Como resultado de la combinación de ambos factores, la estigmatización política, sanción punitiva y represión violenta de las protestas sociales en Colombia, se suma un accionar estatal tendiente a desconocer la norma y a utilizar la violencia militarista y la impunidad en la justicia para cuestionar, juzgar y sancionar nuestra presencia en la escena pública, limitando el ejercicio político de denuncia y exigibilidad desarrollado en la protesta social; vulnerando nuestra ciudadanía, erosionando la democracia y con ello, amenazando la solidez del estado social de derecho.