60 años después del Paredón

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ARChUVO: DRAMATIZACIÓN (DIBUJO)

Después del Paredón A seis décadas de su fusilamiento, el 'Monstruo de Armendáriz' sigue siendo el epicentro en el debate sobre la pena de muerte. OS años han pasado pero las interrogantes son las mismas. ¿Es realmente disuasiva la pena de muerte? ¿Está preparado nuestro sistema judicial para dic­ tar sentencias de ese calibre? ¿Es válido, a fin de cuentas, matar con el afán de defender la vida? Varios de nuestros políticos creen que sí. Con el debate centrado en instaurar la pena para quie­ nes violen a niños menores de 7 años -con la posterior muerte de la víctima—, el caso del ‘Monstruo de Armendáriz’ se tom a elocuente. En 1957, Jorge Villanueva fue senten­ ciado a morir tras un juicio influenciado por la prensa acu­ satoria y la irascible opinión pública. Durante todo el desa­ rrollo del litigio, el principio universal indubio pro reo (“la duda favorece al reo”) fue completamente ignorado. A Villanueva se le acusó de haber violado y asesinado

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El 'Monstruo' fue enterrado en una fosa común. 54

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al niño Julio Hidalgo Zavala (3), hallado muerto en la quebrada de Armendáriz el 8 de septiembre de 1954. La ‘prueba’ trascendental fue una moneda de 20 centavos. Según el testimonio del turronero Ulderico Salazar, fue con ese dinero que Villanueva compró el dulce con el que luego sedujo al menor Hidalgo. La inocencia que clamó Villanue­ va durante el juicio y las dudas gene­ radas alrededor de la sentencia fue­ ron calladas la madrugada del 12 de diciembre de 1957, cuando el “Mons­ truo de Armendáriz’ fue fusilado en el paredón de la Penitenciaria de Lima. Posteriormente su cuerpo fue depositado en una fosa común. En CARETAS 2513 el presiden­ te del Poder Judicial, Duberlí Rodrí­ guez, señaló que “habría sido una condena injusta. Un error judicial irreparable, pero que moralmente sí podríamos reparar”. Con esto, dejó abierta la posibüidad de absolver postumamente a Villanueva. La pena de muerte divide bandos pohticos y sociales. Los ministros Carlos Bruce (Vivienda), Idel Vexler (Educación), Ana María Choquehuanca (Mujer) y Carlos Basombrío (Interior) desaprueban la restaura­ ción de la pena capital. Mientras que

"Habría sido una condena injusta. Un error judicial irreparable", dice Duberlí Rodríguez. los congresistas Miguel Torres (FP) y Alberto de Belaunde (PPK) tam­ poco apoyan la medida. Sin embar­ go, el ministro de Justicia, Enri­ que Mendoza, sostuvo que “la pena de muerte para crímenes atroces sí debe llevarse adelante, por lo menos estudiar el asunto”. Hoy la pena capital solo está sujeta a la traición a la patria. Pero nuestros representantes eva­ lúan la extensión de la condena. Con un 66% a favor y un 30% en contra (Ipsos, noviembre) la apli­ cación sería ‘democrática’. Basta revisar la historia para comprobar que el clamor popular no siempre conduce a la justicia. ■ CARETAS / NOVIEMBRE 30, 2017

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