FISCALÍA CIUDADANA
“Cuatro exdirectivos de Cofiec tambien deben ir a juicio” Un aliado de la investigación penal
Con la Génetica Forense se analizan las evidencias.
Fiscalía lleva a juicio a presuntos violadores
Gaby Díaz, una de las víctimas, se suicidó en mayo del 2014.
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No. 31
2014
FISCALÍA
CIUDADANA
EDITORIAL El peculado en Cofiec es evidente Sin importar en qué esferas se produzcan los delitos, la responsabilidad de la Fiscalía es investigar y evitar la impunidad. Y eso se hace con el caso que se sigue por peculado en el Banco Cofiec. En diciembre del 2011 se desembolsaron 800.000 dólares de los fondos públicos depositados en Cofiec, a través de la aprobación de una línea de crédito, en un tiempo récord de 17 días. Pero no se sustentó en las garantías necesarias para recuperar ese dinero si el solicitante no pagaba. A esto se denomina peculado. Nuestras investigaciones permitieron concluir que el préstamo fue consentido por tres integrantes del Directorio del Banco Cofiec “hasta que se constituya una garantía hipotecaria”. Cuando formulamos nuestro dictamen acusatorio, explicamos que los integrantes del Directorio sabían sobre esta línea de crédito y sustentamos nuestra acusación con documentos, entre los cuales está el Manual de Crédito de Cofiec. Allí dice que el Directorio tenía la obligación de conocer y aprobar las operaciones de crédito. Lamentablemente y, aún con esas evidencias, el Juez sobreseyó a cuatro exdirectivos del Banco que debían frenar la aprobación del préstamo. Investigar delitos de peculado no significa solamente dar con autores, cómplices y encubridores. No. Investigar peculado y, además llevarlo ante los tribunales, tiene un sentido más profundo. Es el de protección del patrimonio económico de un país, es proteger los fondos de todos, cuidar el capital común, acorazar los bienes del Estado.
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Una publicación de la Fiscalía General del Estado Coordinación y contenidos Dirección de Comunicación Social comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec Teléfono: (02) 3985800 Fotografías: Fiscalía General del Estado Diseño y concepto gráfico Fiscalía General del Estado
ÍNDICE 3
Cambió tipo penal en caso de ataque a familias aisladas
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Dos casos de violación se juzgarán en Riobamba
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La génetica forense, herramienta decisiva para la investigación penal
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La trata de personas en la mira de la cooperación internacional
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Cuatro directivos de Cofiec deben ir a juicio, según la Fiscalía
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El COIP asigna 14 atribuciones a los fiscales
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Fiscalía espera audiencias en casos ‘Neonatos’ y ‘Clínicas Clandestinas’
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Política de Salud Ocupacional se aplica en la Fiscalía
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Fiscalía abrió oficina en Gonzanamá
FISCALÍA CIUDADANA El fiscal Andrés Cuasapaz (izq.)participó en la audiencia de reformulación de cargos que se realizó el 26 de septiembre del 2014.
Un proceso flexible por el ataque a familias en aislamiento voluntario
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e genocidio se cambió a homicidio simple. La Fiscalía hizo esa reformulación para flexibilizar el proceso penal en contra de 17 personas por su presunta participación en el ataque a familias en aislamiento voluntario. La Fiscalía tomó esta decisión considerando que una norma procesal no puede estar por encima de los principios y garantías constitucionales. Aún más, se respetó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la necesidad de salvaguardar a los pueblos indígenas. Tras el ataque ocurrido en el Parque Nacional Yasuní, el 30 de marzo del 2013, la Fiscalía General impulsó el proceso en función de la aplicación de los derechos humanos y de la interculturalidad. De allí que, incluso, se pidió al juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, que elevase a consulta ante la Corte Constitucional la pena que se aplicaría ante una posible sentencia. La Corte Constitucional, en su resolución del 6 de agosto del 2014, estableció directrices
para que el Juez y la Fiscalía se encasillaran durante el proceso en sus recomendaciones. De allí que el juez Guerrero consideró que era excesiva la prisión preventiva. Por eso ordenó medidas sustitutivas para los procesados como presentarse cada 15 días ante la autoridad competente y les prohibió dejar el país. Pero la Fiscalía mostró su desacuerdo, ya que no se garantizaría de que los 17 procesados comparezcan a las siguientes audiencias. Asimismo, la Fiscalía revisó el tipo penal y fue aceptado por el Juez de Garantías Penales, en la audiencia de reformulación de cargos el pasado 26 de septiembre del 2014. Con un proceso por homicidio simple, la pena sería de hasta 16 años de prisión, mientras que por genocidio sería de hasta 30 años. En medio de esta disyuntiva, las partes de este caso esperan la realización de la audiencia preparatoria de juicio, que será luego de los 30 días de ampliación del plazo para la instrucción fiscal. 3
º Entrevista
A juicio presuntos autores de violaciones en Riobamba
F
ingían amistad y camaradería para ganarse la confianza de sus víctimas, todas adolescentes. Hasta que en alguna reunión ponían sustancias psicotrópicas en las bebidas para que perdieran el conocimiento y para abusarlas sexualmente.
2014. Dejó una carta donde pedía a su madre, Jannet Cañizares, continuar con el proceso judicial contra Fausto S. e Iván R.: “Mañana no quiero que les pase lo mismo a mis amigasdice en aquel texto. Jannet asegura que fueron “compañeros desde el colegio”.
Según las investigaciones de la Fiscalía, así actuaban Fausto S. e Iván R., procesados por los ultrajes de Gaby Díaz (fallecida), Evelyn S. y Katty T, este último caso, prescrito.
Las fotografías y también las versiones de otras adolescentes que habrían sido agredidas sexualmente, sustentaron el dictamen fiscal para que el juez Franklin Ocaña, de la Unidad Judicial Penal de Riobamba, convocase a los procesados el 11 de noviembre del 2014.
Las investigaciones fiscales Mayo del 2014. En cinco allanamientos simultáneos a los domicilios de los acusados en Quito, Cuenca y Riobamba se decomisaron computadoras portátiles, memorias externas, chips y teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y una libreta de apuntes personales. Las fotografías digitales que los involucrados guardaban los delataron. Mostraban a las víctimas en estado de inconsciencia, sometidas a perversidades sexuales, según el informe de Diego Verdesoto, fiscal del caso. La muerte de Gaby Díaz Gaby fue violada en julio del 2013. Sumida en depresión se quitó la vida en mayo del 4
Campaña en redes sociales Amigos y familiares de Gaby piden justicia por este y otros casos: “Gaby te extrañamos” es la leyenda que acompaña a una foto que se publica en Facebook con 3726 “me gusta”. “Buscamos que otras jóvenes agredidas sexualmente conozcan la historia de Gaby y denuncien”, dice María G., una de las promotoras de la cruzada.
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El caso de Evelyn S. El juez Marcelo Alarcón, de la Unidad Judicial Penal de Riobamba, llamó a juicio a los procesados Fausto S. e Iván R. acusados de tentativa de violación. La audiencia preparatoria de juicio se realizó el 19 de septiembre del 2014. Evelyn S. habría sido abusada sexualmente en agosto del 2013.
El caso de Katherin T.
El 3 de enero del 2011 violaron a Katherin en Riobamba. La Fiscalía de Chimborazo conoció del hecho el 24 de abril del 2014. La defensa de Fausto S. e Iván R. solicitaron la “prescripción” del caso al argumentar que habían trascurrido más de dos años y eran menores de edad cuando ocurrió el hecho. El juez de turno aceptó la petición amparado en el Art. 374 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y quedó sin efecto la causa.
Entrevista “Que la muerte de mi hija no haya sucedido en vano” Jannet Cañizares, madre de Gaby
El suicidio no estaba ni siquiera en sospecha: “A Gaby le quitaron su vida y sus sueños”, manifiesta Jannet, su madre, al contar el drama que afronta tras la muerte de su hija.
¿Cuánto cambió su vida y la de su familia? Perder una hija es como perder media vida. Esto cambió mi manera de ser, mi entorno social y la vida de los hijos que me quedan.
¿Cómo ha actuado el sistema de justicia ante este caso? Hemos encontrado apoyo y la ley tiene que cumplirse. Con pruebas, peritajes y diligencias realizadas por Fiscalía se encontraron evidencias para hacer justicia.
¿Qué busca la familia en este proceso judicial? Que se haga justicia y que la muerte de mi hija no haya sucedido en vano.
¿Han recibido amenazas? Han tratado de tranzar económicamente en este caso. Hay muchas insinuaciones de familiares de los procesados. Pero la vida de una hija no tiene precio.
¿Qué sueños tenía Gaby? En las redes sociales, grupos de mujeres piden justicia por Gaby.
Teníamos sueños planificados. Estudiaba tercer semestre de Enfermería y quería salir del país a seguir con su carrera.
¿El caso le afectó en su salud? Es un desgaste físico y mental estar todos los días en versiones y peritajes. Duele. Siempre pesé 105 libras. Ahora estoy en 80.
¿Cómo crear una alerta de prevención para evitar otros casos? En el ámbito educativo. Se imparte educación sexual pero no el respeto a la mujer. Que se enseñe desde las aulas para erradicar la violencia de género. Todos respiramos gracias las mujeres, nuestras madres. 5
Análisis de una muestra de ADN dentro de la investigación en una caso de violación.
La Genética Forense, herramienta decisiva para la investigación penal
A
unque no es el único medio de prueba que la Fiscalía presenta al Tribunal durante un juicio, un análisis de ADN, como prueba pericial, suele ser decisivo para saber si la persona procesada será o no sentenciada. El estudio de ADN, que es la molécula genética que define la fisonomía y otros rasgos que son únicos en cada persona, es 99.99% confiable, manifiesta María Elisa Lara, analista forense del laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado. Esta herramienta de investigación es parte de la Genética Forense y sus resultados se aplican en el área judicial, en delitos sexuales, contra la vida o para la identificación de restos humanos de personas desaparecidas. También en identificación de paternidad. El ADN se analiza en sangre, cabello, saliva, piel, esperma, osamentas y fluidos corporales en restos humanos o en personas vivas. 6
Fue por un estudio de ADN practicado en el laboratorio de ADN de la Fiscalía a las manchas de sangre encontradas en una piedra y en el vehículo que transportó por última vez a Karina del Pozo, en febrero del 2013, que se definió a sus tres victimarios. Ahora cumplen una pena 25 años de prisión. También los restos humanos encontrados en agosto y septiembre del 2013 en los barrios del sur de Quito, Nueva Aurora y Quitumbe, fueron cotejados con las muestras genéticas del matrimonio Logro-Choloquinga. 96 días pasaron para comprobar que eran de sus tres hijos desaparecidos. La Fiscalía sigue investigando este caso. Paola Solís, coordinadora de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, manifestó que los análisis de ADN dentro de la investigación de desaparecidos “son muy importantes, sobre todo a cadáveres de personas no identificadas”.
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Existen casos resueltos con muestras de ADN en cooperación internacional, como el de la matanza de más de 70 personas sucedida en agosto del 2010 en Tamaulipas, México. “Fuimos a las zonas donde posiblemente se encontraban los familiares de las víctimas para establecer sus perfiles genéticos y fueron cotejados con ayuda de la Procuraduría de México”, así se identificó a cinco ecuatorianos, precisa María Elisa Lara. Desde julio del 2011, inicio de la administración de Galo Chiriboga Zambrano como fiscal General del Estado, se impulsa la investigación tecnológica y científica en la investigación del delito. “Hemos implementado técnicas validadas internacionalmente y capacitado a los funcionarios, dentro y fuera del país”, lo que expandió el uso del análisis ADN, “permitiéndonos ser más ágiles, eficientes y más certeros en los resultados”, dice el Fiscal General. Tanto así que en el laboratorio de ADN de la Fiscalía se han estudiado un promedio de 4000 casos forenses con más de 24 000 perfiles genéticos tipificados. En este sentido, el argentino Gustavo Penacino, consultor de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (Slagf), calificó como “decisivo” el uso de este análisis, para identificar a personas desaparecidas, así como en otros hechos delictivos.
que, mientras la delincuencia perfecciona sus tácticas criminales, las instituciones encargadas de investigarlas, como la Fiscalía, se apoyan en la Genética Forense y los análisis de ADN para resolver hechos delictivos. En América Latina, la necesidad de identificar a las personas desaparecidas creció con relación al contexto histórico, político y social de cada país. En Argentina, la dictadura militar de 1976 a 1983 dejó miles de desaparecidos, “lo que impulsó el uso de pruebas de ADN para identificarlos”, asevera Gustavo Penacino. En México, según Benito Ramos, jefe de Investigación de Genética Forense de la Procuraduría General de Monterrey, “desde el 2010 el crimen evolucionó en estructuras organizadas, como el Cartel del Golfo y los Zetas”. Con los exámenes de ADN se identifica a los muertos del crímen organizado. Vicente Rivera, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, aseguró que en Perú con pruebas de ADN se identificó a centenares de desaparecidos por acciones relacionadas con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Encuentro internacional En septiembre del 2014, Ecuador fue la sede de las V Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense, organizadas por la Fiscalía General del Estado y la Empresa Pública Yachay, en conjunto con la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (Slagf). Se analizó el avance investigativo en los contextos sociales de los 19 países asociados y, a través de conferencias magistrales, los expertos intercambiaron nuevos conocimientos y experiencias en el área. Gustavo Penacino dice que, en los últimos 20 años, la investigación judicial cambió por-
En el laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado se han obtenido más de 24.000 perfiles genéticos.
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Cooperación internacional una alternativa para combatir la trata de personas
U
na información ‘cruzada’ entre países latinoamericanos llega a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Argentina, sobre centenares de mujeres reclutadas en Sudamérica para explotación sexual durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Para enfrentarlo se planificó la ‘Operación Spartacus II’ y se la aplicó en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador. 300 víctimas fueron recuperadas y hubo un centenar de detenidos, relata el fiscal ecuatoriano, Oswaldo Carvajal. El trabajo articulado de los operadores de justicia cada vez es más necesario, al ser la ‘trata’ un delito que trasciende las fronteras de los países y que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya alcanza “proporciones epidémicas”. Para Oswaldo Carvajal, “la trata es un delito complejo y el intercambio de información a escala nacional e internacional permite la formulación de cargos”. Un informe publicado en el 2013 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), precisa que casi 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. “El costo humano es enorme y la OIT ha estimado en 21000 8
millones de dólares el monto de los ingresos percibidos a causa de este tipo de explotación. Ecuador no está al margen de esta problemática, explica Thania Moreno, fiscal ecuatoriana de la Unidad contra el Crimen Organizado. “Desde el 2012 se comenzó a visibilizar este delito, por denuncias relacionadas con desaparición de adolescentes. Las investigaciones determinaron que muchas de ellas son explotadas sexualmente en Perú”. De acuerdo con la Unidad de Información Criminológica de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano (FGE), las víctimas son en un 89% mujeres, de edades entre 15 y 32 años. A pesar de las condiciones de esclavitud que vivieron, la mayoría no denuncia el delito. El miedo de la víctima es el mayor obstáculo para llevar los casos de trata ante los tribunales. “Ha sido recluida, amenazada y no solamente ella, también su familia”, dice Paulina Garcés, asesora de la FGE. Aún así, en el 2013 las denuncias presentadas en la Fiscalía se incrementaron en un 12,8% con relación al 2012, por la confianza de la víctima en el trabajo coordinado de las instituciones estatales, según datos de la Unidad Criminológica de la FGE.
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Fiscalía y la reparación de las víctimas Al tipificar la trata de personas y sus variables, entre ellas la explotación sexual y laboral, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde agosto del 2014, este delito ya no será confundido con otros similares. “En el Código Penal anterior estaba ubicado en el capítulo de los delitos de explotación sexual o era involucrado con el de proxenetismo. Hoy está identificado como grave violación a los derechos humanos”, explica Moreno. La vulnerabilidad de las víctimas es una preocupación para la actual administración de la FGE y para salvaguardar su integridad se potenció el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (SPAVT). La mujeres rescatadas de la ‘trata’ deciden si entran o no al Sistema. Si lo hacen, la Fiscalía actúa con varias instituciones gubernamentales para restituir los derechos de la víctima.
La Corte Penal Internacional de UNASUR Hacer frente al avance del crimen transnacional organizado requiere de alianzas estratégicas de carácter internacional. Por lo que la propuesta de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, es la conformación de una Corte Penal Internacional. Este organismo judicial tendría como suscritos a los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) donde se establecerían los criterios penales comunes respecto a delitos transnacionales como la trata de personas y el narcotráfico. Pero esta estructura no tendría injerencia en temas relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos. El esfuerzo realizado por la Fiscalía y los demás operadores de justicia se refleja en las sentencias condenatorias por trata. De enero del 2012 a marzo del 2014 suman 17.
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Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General, en la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen del caso Cofiec.
Fiscalía insiste que cuatro exdirectivos de Cofiec también sean llamados a juicio
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l juez Paúl Íñiguez dispuso sobreseimiento definitivo a favor de cuatro exintegrantes del Directorio del Banco Cofiec. Pero la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), considera que los procesados por peculado “actuaron con conciencia y voluntad” y participaron en la entrega de 800.000 dólares sin contar con las garantías necesarias al empresario argentino Gastón D.
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preparatoria de juicio que se desarrolló durante cinco días (2-3-4-8 y 9 de septiembre). La línea de crédito fue aprobada por los tres procesados el 19 de diciembre del 2011, “hasta que se constituya una garantía hipotecaria”. Además, aceptaron la supuesta sustitución de garantía ofertada por Rocafuerte Seguros, empresa incautada por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), para simular la existencia de garantías.
Germánico M., Omar U. y Roberto U. (en ese entonces presidente, vicepresidente e integrante del Directorio de Cofiec, respectivamente) tenían la obligación de “conocer y aprobar las operaciones de crédito”, según el Manual de Crédito de Cofiec.
Esa situación evidenció que todos conocían que esta operación no contaba con garantías. Hasta que el 20 de diciembre del 2011 se efectuó el desembolso del crédito a favor de Gastón D.
Así lo expuso el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, durante la formulación del dictamen acusatorio, en la audiencia
Por otro lado, el 12 de enero del 2012 Germánico M., Roberto S., Iván G. (ex integrante del Directorio) y María M. (exinte-
FISCALÍA CIUDADANA grante y exdirectora de Rocafuerte Seguros) conocieron y aprobaron las excepciones (documentos de respaldo de garantías), efectuadas a varias operaciones de crédito, entre ellas la de Gastón D. Esta sesión fue posterior al desembolso del crédito. Con relación al sobreseimiento de María M., quien el 19 de diciembre del 2012 se abstuvo de votar la aprobación del crédito a Gastón D., la Fiscalía determinó que ella sí participó en las sesiones del Comité de Crédito. Tampoco advirtió sobre las observaciones presentadas por Jackeline J. (exgerente de Riesgos) y Patricia S. (exgerente de Crédito). Ellas señalaron que el empresario argentino no presentó documentación que sustente el patrimonio declarado en la solicitud de crédito ni los justificativos del contrato que le permitiría efectuar la implementación transaccional del Banco Central del Ecuador, del cual obtendría fondos para pagar el crédito, por lo que no fue posible realizar un análisis financiero completo.
LLAMAMIENTO A JUICIO
Autores
Antonio B., expresidente Ejecutivo Pedro D., expresidente del Banco Central del Ecuador y exrepresentante de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) Jaime E., exrepresentante de la Secretaría Técnica de Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad Gastón D., beneficiario del crédito Pedro Z., expresidente de Seguros Rocafuerte S.A. Marcelo O., exgerente Financiero del Banco Cofiec.
Cómplices
Patricia S., exgerente de Crédito Rita J., exgerente de Riesgos Zoila M.,exoficial de Crédito
Cronología año 2011
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El nuevo cuerpo legal asigna 14 atribuciones a los fiscales
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Recibir denuncias escritas o verbales de los delitos.
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Reconocer los indicios con peritajes.
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Formular cargos o abstenerse de hacerlo.
4
Disponer diligencias a la Policía, salvo receptar versiones.
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Supervisar las disposiciones dadas a policías y peritos.
S
on 14 las atribuciones que el nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, en su artículo 444, otorga a la o el fiscal que dirige la investigación preprocesal (indagación previa), procesal penal (instrucción) e intervención hasta finalizar el proceso. Dichas atribuciones van desde la recepción de la denuncia escrita o verbal de delitos en los que interviene la acción penal, hasta la aplicación del principio de oportunidad, que se utiliza cuando el representante de la Fiscalía decide iniciar o abstenerse de una investigación penal. La fiscal Patricia Morejón, de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, resaltó que con la puesta en vigencia del COIP los tiempos se acortan en los procesos penales. Por ejemplo, durante una instrucción fiscal, con el anterior Código Penal, la vinculación de otros presuntos sospechosos al proceso podía realizarse hasta en un período de 180 días. Ahora se establece que la duración de la instruc-
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Recibir las versiones de las víctimas y testigos.
Solicitar testimonios anticipados de víctimas de delitos sexuales y trata de personas.
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Retener, por máximo 8 horas, a las personas cuya información sea necesaria.
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Disponer que el sospechoso sea llevado ante juez dentro de las 24 horas de la aprehensión.
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Disponer la identificación del sospechoso cuando la víctima no conozca su nombre pero asegure sí reconocer su rostro. Solicitar al juez medidas cautelares y de protección a las víctimas.
Ordenar el peritaje integral de los indicios, garantizando la preservación y buen manejo de evidencias.
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Aplicar el principio de oportunidad (abstenerse de iniciar o desistir de la investigación penal).
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Disponer la práctica de otras diligencias dentro de la investigativación.
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ción no excederá los 120 días y el fiscal no podrá solicitar más de una vinculación. De igual manera, el fiscal Segundo Arechúa, asesor jurídico de la Fiscalía Provincial del Guayas, destacó el tema de la reformulación de cargos durante la etapa de instrucción, donde la Fiscalía podrá solicitar al juez audiencia para motivar la reformulación de cargos, por una sola vez. El plazo de la instrucción se incrementará por 30 días más improrrogables. Mientras que en los casos en que no se requieran una vinculación y reformulación, la etapa de instrucción tendrá una duración de 30 días para los casos flagrantes y de 90 días en los delitos no flagrantes. Para el coordinador de la Unidad para Descubrir Autores, Cómplices y Encubridores (DACE), Stalin Naranjo, otra variación en el COIP es la retención de una persona en el lugar de los hechos por no más de ocho horas. Con esto la Fiscalía podrá recopilar la ºinformación necesaria para su investigación. Con el anterior Código Penal, se estipulaba la retención de las personas por un lapso de seis horas. En indagación, los plazos no cambiaron: para los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta 5 años, un año es la duración; mientras que en delitos sancionados con más de 5 años, hasta dos años. Según el Art. 443 del COIP se mantiene la atribución de la Fiscalía de dirigir el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT) y el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la de expedir con otros organismos competentes los manuales de procedimiento y normas técnicas para el despeño de las funciones de investigación preprocesal y proccesal penal. 13
Noticias breves
Llamados a juicio por plagio en ‘Clínicas Clandestinas’
T
res personas fueron llamadas a juicio por plagio luego de que la Fiscalía las acusara de mantener retenidos, en contra de su voluntad, a ciudadanos con problemas de adicción a las drogas en centros clandestinos de ‘rehabilitación’.
Allanamiento en una de las clínicas clandestinas en Guayaquil.
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Caso ‘Neonatos’ en espera de audiencia de apelación
N
o ha sido resuelto el recurso de nulidad y apelación a la sentencia en el caso ‘Neonatos’, interpuesto por la Fiscalía del Guayas en mayo de 2014. Aún se espera que la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia fije fecha para la audiencia.
Operativo en el domicilio de los procesados por el caso ‘Neonatos’
La Fiscalía presentó elementos de convicción en su contra, como las pericias médicas y psicológicas realizadas a los afectados, las cuales revelan los maltratos recibidos en los centros, como parte del supuesto tratamiento médico para que superen sus adicciones.
Es esta judicatura la que debe convocar a esta diligencia, en la que la fiscal Margarita Neira expondrá las pruebas de cargo contra Aracelly P. y Ricardo A., exdirectora y exjefe de Neonatología del Hospital Francisco de Icaza Bustamante.
Los procesados fueron detenidos en los controle realizados en ocho clínicas de Guayaquil, el 22 de mayo del 2014. Estos lugares no tenían permisos para funcionar.
Ambos fueron absueltos de homicidio inintencional, tras considerar que no tuvieron responsabilidad en la muerte por infección de 11 neonatos en febrero del 2011.
FISCALÍA CIUDADANA Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional abre historias clínicas de los nuevos funcionarios.
Fiscalía implementa una Política de Seguridad y Salud Ocupacional
E
n febrero del 2014, se creó la Unidad riboga Zambrano, fiscal General del Estado, de Seguridad y Salud Ocupacional en se aprobó esta Política de Seguridad y Salud la Dirección de Talento Humano, para me- Ocupacional. jorar las condiciones de seguridad Una de las actividades de la Uniy salud en el trabajo y prevenir dad fue la constitución del comité daños en la integridad física y Están aproy subcomité de Seguridad y Samental de los servidores de la bados los manualud Ocupacional, en Quito. En Fiscalía General del Estado les de Prevención de los próximos meses se crearán Riesgos en Puestos comités a escala nacional, y Esta creación se concatena con el convenio suscrito de Trabajo y de Biose- para ello se capacitó a los resguridad que serán ponsables de Talento Humano con el Instituto Ecuatoriano entregados a los de cada provincia. de Seguridad Social (IESS) servidores. para otorgar a la Fiscalía el SisAdemás, se levantó una matriz tema de Gestión de Seguridad y de riesgos para detectar los problemas Salud Ocupacional ‘Modelo Ecuador’, de salud en los servidores, misma que perque permitirá manejar la información téc- mitió determinar las acciones preventivas nica y médica, en el ámbito laboral, de los que se adoptarán. A la par se abren historias más de 3.000 funcionarios de la Fiscalía. clínicas de los nuevos funcionarios y se ha Después de 17 años de autonomía insti- elaborado el Reglamento de Seguridad y Satucional y gracias a la gestión de Galo Chi- lud Ocupacional. 15
ENTREVISTA
Fiscalía más cerca de la ciudadanía con oficina en Gonzanamá LOJA
Marco Maldonado, fiscal Provincial de Loja
H
asta octubre del 2014 existen 155 Fiscalías (24 provinciales y 131 cantonales), para acercar el servicio de justicia a la ciudadanía. El fiscal Provincial de Loja, Marco Maldonado, explica el funcionamiento de la nueva Fiscalía en el cantón Gonzanamá, abierta a finales de septiembre del 2014. ¿Por qué fue importante abrir una Fiscalía en Gonzanamá? Para desconcentrar la tramitación de causas de la fiscalía del cantón Catamayo y para facilitar a la ciudadanía el acceso al servicio en menor tiempo y distancia. Catamayo se encuentra a 40 minutos de Gonzanamá. ¿Atenderá a otros cantones? En Gonzanamá se receptarán las denuncias de los cantones Quilanga y Espíndola porque está a 30 minutos de Quilanga y a una hora de Espíndola. ¿Cuántos beneficiarios tendrá? 42.000 habitantes de los tres cantones (Gonzamnamá con 17.276, Espíndola con 19.213 y Quilanga con 5.533).
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¿Cuál es el personal asignado para esta Fiscalía? Un fiscal, un secretario y un agente de la Policía Judicial. En caso de delitos flagrantes se atenderá las 24 horas. ¿Cuál es la problemática delictual en los tres cantones? Prevalecen el robo, hurto, abigeato, homicidio, asesinato, transporte ilegal de hidrocarburos, entre otros. ¿Qué servicios brindará la Fiscalía y dónde está ubicada? En la Fiscalía, ubicada en las calles 18 de Noviembre y Bolívar, se receptan y tramitan todos los delitos de acción pública y en todas las materias. ¿Dónde se juzgarán los casos que se investiguen en esta Fiscalía? Hay un Juzgado Multicompetente en Gonzanamá y un Tribunal de Garantías Penales en el cantón Calvas, por lo que la tramitación de causas será oportuna y eficiente en beneficio de la ciudadanía.
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