Estudios de ciencia, tecnología y sociedad

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No. 37, mayo 2010 ISSN 1390-1249 CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53 Vol. 14, Issue 2, May, 2010 Quito - Ecuador

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador


ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales Número 37, mayo 2010 Quito-Ecuador ISSN: 1390-1249 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: H8 .S8 F53 (Vol. 14, Issue 2, May 2010) Íconos, Revista de Ciencias Sociales es una publicación de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y América Latina en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, estos temas. Íconos se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre. Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (peer review). Indexación Íconos está incluida en los siguientes índices científicos: CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales), EBSCO-Fuente Académica, Hispanic American Periodical Index (HAPI), Latindex-Catálogo, REDALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe), Sociological Abstracts, Thompson Gale (Informe Académico), Ulrich’s. Íconos On Line: Los contenidos de Íconos son accesibles on line en texto completo a través de los portales de CLACSO (www.biblioteca.clacso.edu.ar/), DOAJ (www.doaj.org), FLACSO-Ecuador (www.flacso.org.ec/html/ iconos.html), REDALyC (www.redalyc.org), y CSIC-CINDOC e-revist@s. Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento de Íconos. Todos los textos e imágenes incluidos en está obra están registrados bajo la licencia Reconocimiento No-Comercial No-Obras Derivadas 3.0 de Creative Commons Ecuador (cc by-nc-nd). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ Director de Flacso-Ecuador: Adrián Bonilla Director de Íconos: Mauro Cerbino Editora de Íconos: María Pía Vera T. Asistente editorial: Anahí Macaroff Comité editorial: Liset Coba, Gioconda Herrera, Hernán Ibarra, Hugo Jácome, Eduardo Kingman, Franklin Ramírez, Susana Wappenstein. Comité asesor internacional: Andrés Guerrero (España), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canadá), Bolívar Echeverría (UNAM, México), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, España), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (UT- Austin, EEUU), Joan Martínez Alier (U. Barcelona, España), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, España), Liisa North (U. York, Canadá), Magdalena León (U. Nacional, Colombia), Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina), Víctor Bretón (U. Lleida, España), Lorraine Nencel (CEDLA, Holanda), Cecilia Méndez (U. California, Santa Bárbara, EEUU). Coordinadora del dossier “Estudios de ciencia, tecnología y sociedad” María Belén Albornoz y Hernán Thomas Ensayo gráfico e imagen de portada: Adrián Balseca Diseño gráfico: Antonio Mena Impresión: Rispergraph Envío de artículos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.org.ec ©FLACSO-Ecuador Casilla: 17-11-06362 Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito-Ecuador www.flacso.org.ec/html/iconos.html Teléfonos: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960 CDD 300.5 / CDU 3 / LC: H8 .S8 F53 Iconos: revista de ciencias sociales.—Quito: Flacso-Ecuador, 1997v. : il. ; 28 cm. Ene-Abr. 1997Cuatrimestral- enero-mayo-septiembre ISSN: 1390-1249 1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)


No. 37, mayo 2010 ISSN 1390-1249 CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53 Vol. 14, Issue 2, May, 2010 Quito - Ecuador

Sumario Coyuntura Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jorge León Trujillo

13-23

Resumen Este texto analiza la dinámica de las relaciones entre organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa, realizando antes un apretado recorrido de estas relaciones en distintos gobiernos. Palabras clave: organizaciones indígenas, gobierno, Rafael Correa, reconocimiento de la diferencia, igualdad, Ecuador.

Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana en el debate de la nueva ley de comunicación en Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isabel Ramos

25-31

Resumen El texto muestra un debate en el que las empresas periodísticas han logrado reducir la discusión a una defensa de la libertad de expresión en contra del autoritarismo del gobierno de Rafael Correa. Palabras clave: ley de comunicación, medios de comunicación, gobierno, Ecuador.

Dossier Los estudios sociales de la tecnología en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hernán Thomas

Resumen En este artículo se describe la trayectoria de los estudios de ciencia y tecnología (CyT) en América Latina. Dicha trayectoria ha sido dividida en dos etapas: una que responde a la conformación de este campo y otra que se extiende desde los años 90 hasta la actualidad. Palabras clave: estudios de ciencia y tecnología, América Latina.

35-53


Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ariel Vercelli

55-64

Resumen En este artículo se describen las relaciones que se plantean entre las regulaciones sobre bienes materiales e intelectuales y las “tecnologías sociales”. Palabras clave: tecnologías sociales, bienes comunes, gestión de derechos. Palabras clave: tecnologías sociales, bienes comunes, gestión de derechos. Blogs, artefactos y política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

María Belén Albornoz

65-74

Resumen Este artículo problematiza la acepción de lo público en el espacio virtual que surge en la blogosfera política ecuatoriana en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente. Palabras clave: blog político, espacio virtual, lo público, código, blogosfera, espacio público. Tecnología, territorio y sociedad. Producción de biodiésel a partir de aceites usados en la provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santiago Manuel Garrido

75-86

Resumen Este artículo analiza experiencias vinculadas a la producción de biodiésel con aceites vegetales usados para entender cómo se desarrollan los procesos de co-construcción de tecnologías, regulaciones, dinámicas económicas y prácticas sociales. Palabras clave: biodiésel, aceites vegetales usados, tecnologías sociales, estilos socio-técnicos, tecnologías apropiadas, trayectoria socio-técnica, Argentina. El papel de las TIC en el desarrollo: una mirada desde la construcción social de la tecnología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Javier Andrés Jiménez Becerra

87-97

Resumen Este artículo propone como vía para problematizar las tecnologías de información y comunicación (TIC), su visión de progreso y asociación con el discurso del desarrollo, partir de los llamados estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Palabras claves: desarrollo, tecnología, determinismo tecnológico, TIC, sociedad de la información.

Ensayo gráfico Reinventar la rueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adrián Balseca

98-108

Debate Sobre ética y política (apuntes acerca de una relación no-lineal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roberto Follari

Resumen Lo ético no es reductible a la eficacia política, como a veces se imagina desde la izquierda ideológica. Tampoco la política podría ser leída en términos éticos, incomprensión altamente instalada en tiempos de crisis de la representación. Palabras clave: ética, política, Estado, izquierda, ideología.

111-119


Diálogo El M-19 y una reflexión acerca de las guerras inútiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un diálogo con Otty Patiño

123-131

Jorge García y Camilo Mongua Temas

Límites de la cooperación internacional ambiental: el caso del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joseph Weiss y Elimar Pinheiro

135-148

Resumen El análisis de las alianzas verdes del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil (PPG7), muestra, más allá de su éxitos, su poca contribución a la conservación del bosque tropical, al fortalecimiento institucional de la región amazónica y al desarrollo sostenible. Palabras clave: Estado nacional, cooperación internacional, gobernanza ambiental, Banco Mundial, sustentabilidad institucional. Identidad nacional y sufrimiento colectivo: la construcción del heroísmo de Mariana de Jesús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Natividad Gutiérrez Chong

149-159

Resumen Este artículo aborda tres temas interrelacionados en el estudio de la identidad nacional: el sufrimiento colectivo, la agresión de la naturaleza por terremotos y la construcción del heroísmo basado en un ícono femenino: Mariana de Jesús. Palabras clave: identidad nacional, sufrimiento colectivo, nacionalismos, heroínas, símbolos nacionales, naturalización.

Reseñas María Castañeda “Gobierno Comunitario: el caso de las comunidades de la parroquia de González Suárez” – María Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163-165

María Belén Albornoz y Mauro Cerbino, compiladores “Comunicación, cultura y política” – Gustavo Abad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165-167

Margarita Camacho Zambrano “Diversidades sexuales y de género: exclusión social e inserción laboral en Quito” – Alison Vásconez Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168-170


No. 37, enero 20109 ISSN 1390-1249 CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53 Vol. 14, Issue 2, May, 2010 Quito - Ecuador

Summary Coyuntura Indigenous Organizations and Rafael Correa’s Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jorge León Trujillo

13-23

Abstract This text analyzes the dynamic in relations between indigenous organizations and Rafael Correa’s government, first providing a very brief summary of these relations in previous administrations, especially those that followed the indigenous uprising of 1990. Key words: indigenous organizations, Rafael Correa’s administration, recognition of difference, equality, Ecuador. Much Ado about Nothing: Media Coverage and Citizen Participation in the Debate around the New Communication Law in Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isabel Ramos

25-31

Abstract This article shows a debate where the media companies haves managed to simplify the discussion, turning it into a defense of freedom of speech against “authoritarianism,” the word they use to characterize Correa´s administration. Key words: communication law, communication media, Rafael Correa’s administration, Ecuador.

Dossier Social Studies of Technology in Latin America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hernán Thomas

Abstract In this article, the trajectory of science and technology (S&T) in Latin America is described. This trajectory has been divided into two stages. One corresponds to the creation of this field of study; the other begins in the 1990s and continues to the present. Key words: science and technology studies, Latin America.

35-53


Reconsidering Social Technologies as Common Goods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ariel Vercelli

55-64

Abstract In this article, the author describes relations proposed between the regulation of material and intellectual goods and the “social technologies.” Key words: social technologies, common goods, development of rights. Blogs, Artefacts and Politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

María Belén Albornoz

65-74

Abstract This article problematizes the acceptance of the public in the virtual space emerging in the Ecuadorian political blogosphere, in the context of the National Constitutional Assembly. Key words: political blog, virtual space, the public, blogosphere, new public space. Technology,Territory and Society. Biodiesel Production based on Waste Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santiago Manuel Garrido

75-86

Abstract This article describes the experiences related to biodiesel production based on used vegetable oils to understand how processes of co-construction of technologies, regulations, economic dynamics and social practices develop. Key words: biodiesel, waste vegetable oils, social technologies, socio-technical styles, appropriate technologies, socio-technical trajectory, Argentina. The Role of ICTs in Development: A Look at the social Construction of Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Javier Andrés Jiménez Becerra

87-97

Abstract This article proposes, as a way to problematize information and communication technologies (ICTs), their vision of progress and their association with the development discourse, to begin with what are known as science, technology and society studies (STS). Key words: development, technology, technological determinism, ICTs, information society.

Ensayo gráfico Reinventing the Wheel

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98-108

On Ethics and Politics (Notes on a Non-linear Relationship) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111-119

Adrián Balseca Debate

Roberto Follari

Abstract The ethical cannot be reduced to political efficacy, as imagined at times by the ideological left. Clearly, it is also the case that politics cannot be reduced to being ethical terms, a misunderstanding firmly entrenched in times of the crisis of representation. Key words: ethics, politics, state, left, ideology.


Diálogo The M-19 and a Reflection about Useless Wars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . An interview with Otty Patiño

123-131

José García y Camilo Mongua Temas

The Limits of the Environmental International Cooperation: The Pilot Program for the Brazil’s Tropical Forest Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joseph Weiss y Elimar Pinheiro

135-148

Abstract An analysis of the green alliances of the Pilot Program for the Protection of the Tropical Forests of Brazil, demonstrate that this program contributed little to the conservation of the forest, the institutional strengthening of the Amazon region, or its sustainable development. Key words: National state, international cooperation, environmental governance, World Bank, institutional sustainability. The construction of the Heroism of Mariana de Jesús: National Identity and Collective Suffering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Natividad Gutiérrez Chong

149-159

Abstract This article addresses three interrelated themes in the study of national identity: collective suffering, the aggression of nature related to earthquakes and the construction of heroism based on a feminine icon: Mariana de Jesús. Key words: national identity, collective suffering, nationalisms, heroines, national symbols, naturalization.

Reseñas María Castañeda “Gobierno Comunitario: el caso de las comunidades de la parroquia de González Suárez” – María Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163-165

María Belén Albornoz y Mauro Cerbino, compiladores “Comunicación, cultura y política” – Gustavo Abad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165-167

Margarita Camacho Zambrano “Diversidades sexuales y de género: exclusión social e inserción laboral en Quito” – Alison Vásconez Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Edición especial Ecuador: relaciones exteriores a la luz del bicentenario Beatriz Zepeda, coordinadora FLACSO - Sede Ecuador, 2009 368 páginas Aquí se recogen trabajos que aportan perspectivas nuevas acerca del proceso de surgimiento del Estado ecuatoriano, de su inclusión en el contexto internacional y del desarrollo de una política exterior propia. De esta manera, la obra da cuenta de un proceso accidentado de inserción internacional marcado, en primera instancia, por los determinantes de la situación geográfica del Ecuador y, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por las realidades de la distribución del poder en un mundo bipolar.Tomadas en conjunto, las contribuciones que componen este volumen producen, en el balance final, una imagen novedosa, en la que se evidencia cómo, a lo largo de dos siglos, la precariedad inicial del Estado ecuatoriano ha terminado por dar paso a la acción autónoma del Ecuador en el escenario internacional.


Ediciones de FLACSO - Ecuador

Serie Cuadernos de trabajo

Ciencia, política y poder. Debates contemporáneos desde Ecuador Mónica Mancero y Rafael Polo, compiladores FLACSO Sede Ecuador-CONESUP, 2010 413 páginas Este libro recoge los estados de la cuestión de los distintos campos con los que se vinculan los proyectos de tesis del seminario doctoral en Ciencias Sociales de FLACSO-Sede Ecuador (2007-2011). Estos trabajos parten de un cuerpo de conocimientos que se generó a partir de la producción intelectual y los debates contemporáneos. Las discusiones en clase establecieron las pautas necesarias para un trabajo de investigación: el examen de lo social sobre un determinado tema es tanto una problemática epistemológica o política, como un problema ético. Esto supone independencia con respecto a las corporaciones y el Estado y muestra que el compromiso de las ciencias sociales es con el conocimiento y el pensamiento; así como con la ampliación de nuestra capacidad para juzgar.


COYUNTURA



Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa

Indigenous Organizations and Rafael Correa’s Government Jorge León Trujillo Sociólogo. Director del Centro para el Desarrollo e Investigación de los Movimientos Sociales en el Ecuador (CEDIME). Correo electrónico: jorgeleont@yahoo.es Fecha de recepción: febrero 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Este texto analiza la dinámica de las relaciones entre organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa, realizando antes un apretado recorrido de estas relaciones en distintos gobiernos, en especial aquellos que siguieron al levantamiento indígena de 1990. Hecho que permitió a los indígenas conquistar un espacio en la escena política y construir una representación propia, que permitiera llevar adelante sus demandas de citadinidad. Demandas que se han concretado básicamente por medio de la protesta como mecanismo de presión. Sin embargo, desde finales de los años noventa, la organización indígena ha perdido sus orientaciones y su capacidad de negociación con el Estado. En este contexto, las relaciones con el Gobierno actual, revelan una clara disputa entre estas dos entidades sobre las exigencias de reconocimiento de la diferencia y mayor igualdad. Palabras clave: organizaciones indígenas, gobierno, Rafael Correa, reconocimiento de la diferencia, igualdad, Ecuador. Abstract This text analyzes the dynamic in relations between indigenous organizations and Rafael Correa’s government, first providing a very brief summary of these relations in previous administrations, especially those that followed the indigenous uprising of 1990. This event allowed indigenous people to claim a space on the political stage and to construct their own representation, which would, in turn, allow for progress in their demands for citadinidad. These demands have been presented primarily through the use of protests as a pressure mechanism. However, since the end of the 1990s, the indigenous organization has lost its points of reference and its ability to negotiate with the state. In this context, relations with the current administration, reveal a clear dispute between the two as regards demands for the recognition of difference and an increase in equality. Key words: indigenous organizations, administration/government, Rafael Correa, recognition of difference, equality, Ecuador.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 13-23 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


coyuntura

Jorge León Trujillo

cuador, sobre todo desde los ochenta, conoce un cambio en las fronteras sociales, creadas por la discriminación étnica, que dividen a la población. Este cambio se ha dado a través de diversos procesos socioeconómicos –no en pocos casos, gracias a la movilidad socioeconómica que ha modificado la estratificación social en el país–, pero ante todo por las acciones provenientes del ámbito político. En este proceso, las organizaciones indígenas han cumplido un rol decisivo, recurriendo tanto a la protesta como a diversos programas de acción social para modificar las jerarquías sociales étnicamente definidas. Este proceso ha convertido a los indígenas en actores políticos y ha implicado diversas relaciones de apertura, cierre y conflicto, entre los gobiernos y las organizaciones indígenas, tanto a nivel local como nacional (Guerrero y Ospina, 2004; León 1994, 2001, 2002; Moreno y Figueroa, 1992; Yashar, 1999). Durante el gobierno de Rafael Correa se ha pasado de una mutua aceptación y defensa a un rechazo y condena del otro. En este texto, nos detendremos en esta nueva dinámica de las relaciones entre organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa, realizando antes una apretada síntesis de estas relaciones en distintos gobiernos.

E

Relaciones recientes entre gobierno y organizaciones indígenas Las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas conocieron una continuidad colonial en la República que se modificó en largos procesos. Esta transformación ha sido identificada por Andrés Guerrero (1991, 1993, 1994) como el paso de una “administración de poblaciones” hacia algún tipo de administración de las ciudadanías. Como acontece con los movimientos sociales de identidad, tal los étnicos, los indígenas persiguieron, primero, el acceso a cierto tipo de igualdad antes de reivindicar la diferencia en tanto pueblos y culturas. Previo a los años veinte, las exigencias de igualdad ha-

bían sido atenuadas por el predominio de su aislamiento rural, en particular en el ámbito de la hacienda, como por las rigurosas barreras de discriminación. Pero a partir de esta década, en los momentos de auge de gobiernos sensibles a la condición indígena, se establecieron medidas de “protección” (Ley de Comunas, formación de maestros indígenas, etc.). A pesar de que estas medidas no contribuyeron necesariamente a la igualdad ciudadana, permitieron la continuidad cultural y el mantenimiento de una identidad colectiva como pueblos; desde luego, en condiciones de dominación. El crecimiento del intercambio y la migración modificaron sustantivamente la condición de los indígenas e incrementaron sus procesos de integración al resto de la sociedad, sobre todo tras la desaparición de la hacienda (60-70) y la reforma agraria que favoreció el desenclave del mundo rural (Clark, 1998; Jaramillo, 1980; León, 1994; Zamosc, 1994). Estos procesos socioeconómicos se potenciaron aún más con la inclusión de los indígenas en el ámbito político, desde 1978, cuando la mayoría de ellos accedió al sufragio y los partidos políticos comenzaron a interesarse en sus votos. Desde entonces, la Izquierda Democrática y la Democracia Cristiana incorporarán indígenas en sus listas y tendrán diputados, alcaldes y concejales. No se trató únicamente de la búsqueda de clientelas indígenas, la idea de igualdad ciudadana hacía ya su camino. Con el tiempo, la mayor parte de partidos, inclusive los conservadores, buscarán indígenas para sí. Así, según los gobiernos, el acento estuvo en reconocer la urgencia de aportar con servicios en regiones tradicionalmente excluidas e indigentes, a fin de construir la igualdad. De hecho, esto se convierte en una demanda de citadinidad, es decir, de exigencia de acceso a las ventajas que ya gozaban la mayoría de citadinos, tal la educación secundaria, electricidad, teléfono y en general servicios gubernamentales. El juego político, con la exigencia de equidad frente a los demás y de reivindicación de sus propuestas, llevará a la construcción 14

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Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa

más integra de una comunidad política en Ecuador, a la que se integrarán, con los mismos derechos políticos, sus últimos excluidos. Inclusión que permitió además diseñar un tipo de ciudadanía para los indígenas. Existió una relación de tensión con los gobiernos socialcristianos (Febres Cordero, Durán-Ballén), mientras que en el gobierno de Roldós, de Hurtado, de Borja y, al inicio, de Gutiérrez hubo apertura hacia sus demandas. Los gobiernos socialcristianos no lograron definiciones claras, pero generalmente la protesta convirtió a los indígenas en interlocutores públicos, lo que les permitió modificar propuestas o políticas gubernamentales. Esto es evidente en el caso del “levantamiento de 1994” que obligó a Durán-Ballén a renegociar una Ley Agraria, por fuera del Congreso, para reemplazar la ya aprobada Ley de Modernización Agraria. Asimismo, este gobierno seguro de ganar, lanzó un referéndum con múltiples reformas constitucionales de carácter neoliberal, serán los indígenas junto a otros sectores populares y sindicales, quienes logren cristalizar una oposición y cambiar los resultados del referéndum que parecía ya aprobado. Una huelga general de varios días frenará igualmente las decisiones de privatización del gobierno de Noboa. Algo similar acontece con las demandas de reconocimiento de la diferencia y de los derechos colectivos. Los gobiernos de Roldós, Hurtado y Borja fueron los que más avanzaron en este sentido, con la alfabetización y educación bilingüe, después, con la legalización de territorios ancestrales en la Amazonía, el reconocimiento de autoridades propias y el establecimiento de un programa de salud con prácticas autóctonas; así como, con un programa propio de desarrollo (PRODEPINE, Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador)– y la constitución del CODENPE (Consejo de Nacionalidades Indígenas y Pueblos Negros del Ecuador), adscrito a la presidencia pero bajo control de las organizaciones (Andolina, 1992, 1999; Clark

and Becker, 2007; CONAIE 1997, 1998; Maldonado, 1992; Viteri, 1999). El mayor cambio contemporáneo, a raíz del levantamiento del noventa, se produce porque los indígenas conquistan un espacio en la escena política y construyen una representación propia, que pone de lado a los intermediarios. Serán sus organizaciones las que desde entonces definan sus intereses y propuestas, primero la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), después otras organizaciones indígenas, como la FEINE (Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos) y finalmente, a través del partido político Pachakutik, seguido ulteriormente por la organización política de tendencia evangélica, Amauta Jatari, de presencia más bien local en Chimborazo. Estas organizaciones, convertidas en interlocutoras de los diferentes gobiernos, deberán ir construyendo sus propuestas a fin de buscar igualdad y ratificar la diferencia (Brysk, 2000; Collins, 2000; Ibarra, 1999; León, 1993, 2002; Lucero, 2001; Ramón, 1993; Van Cott, 1994; Yashar, 2005; Zamosc, 2005a y 1994b). En suma, estos procesos de reconocimiento de los pueblos indígenas y de acceso a mayor citadinidad y ciudadanía, al igual que el reconocimiento de sus diferencias, se han dado, por momentos, a través de acuerdos con los distintos gobiernos; en otros, a través de una franca oposición, siendo la protesta su principal medio de presión. La conformación de Pachakutik hacia mediados de los noventa dará a los indígenas una presencia política constante y un mecanismo para la negociación de sus demandas, el cual se potenciará, al actuar en medio del fraccionamiento partidario del Congreso ecuatoriano. Un tipo de congreso que favorecía a las minorías políticas, al ser éstas objeto de negociación para la constitución de mayorías. El golpe de Estado contra Mahuad organizado por una facción del ejército comandada por Lucio Gutiérrez con la participación de la CONAIE, revela un contradictorio momento

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coyuntura

Jorge León Trujillo

para las relaciones gobierno-indígenas. Será el momento de mayor reconocimiento social y legitimidad política del movimiento indígena, gracias a su rol en la protesta contra un gobierno que perdía legitimidad. Pero es justamente, durante el gobierno de Mahuad y el de Noboa que se logra mayor interlocución y la búsqueda de una respuesta favorable a sus demandas de citadinidad como a sus reivindicaciones de diferencia. Sin embargo, diversas mesas de negociación no darán sino pocos resultados, al alternar demandas puntuales de acceso a recursos públicos con demandas generales sobre mayor autogestión, relacionadas con la creación de administraciones políticas propias en la región amazónica. Este tipo de demandas así como ciertos programas y propuestas, con excepción de algunas reivindicaciones generales sobre la idea de pueblos, se elaboraban según las circunstancias y sin que hubiera necesariamente continuidad. El período de fuerte inestabilidad gubernamental que continuó tras el derrocamiento de Mahuad marcó también el inicio del declive de la organización indígena, su pérdida de orientaciones y de capacidad de negociación con los gobiernos. La ulterior participación en el gobierno de Gutiérrez conllevará además una pérdida de cohesión interna. Así la integración de indígenas en el gobierno, en una confusión entre la organización social con la política, al que se sumó el ejercicio de prácticas que se atribuían a los partidos políticos tradicionales, tal el nepotismo o el clientelismo, acabaron por fraccionar a la organización y a la población indígena. Una vez que las organizaciones indígenas agrupadas en la CONAIE salen del gobierno y pasan a la oposición, no lograrán sino escasamente recuperar la adhesión y la legitimidad anteriores. Si bien la mayoría de gobiernos han buscado constituir organizaciones propias, que disminuyan el respaldo logrado por la CONAIE entre los indígenas, de este modo fraccionar a su población, como sucedió durante el gobierno de Lucio Gutiérrez ha continuado a través

de su partido Sociedad Patriótica, partido que sistemáticamente ha entrado a competir por la captación de población indígena para su causa. En algunos sectores, este ensayo le ha dado éxito al PSP y actualmente, al gobierno de Rafael Correa, en particular en las provincias centrales de la Sierra y en la Amazonía. Llama la atención la persistencia de la CONAIE como la principal organización indígena, mientras la FEINE y las otras organizaciones con lógica sindical, la FENOCIN (Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras) y la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) son minoritarias con respecto a la primera. Sin embargo, la adhesión completa de la FENOCIN al gobierno de Correa le ha proporcionado actualmente mayor espacio de acción pública y reconocimiento. A pesar de ello, diversos indicios muestran que en general la legitimidad adquirida por estas organizaciones en la sociedad ha disminuido. Una legitimidad que creció sobre todo en momentos en que no existían actores sociales o populares predominantes en la escena pública y la crisis de legitimidad política se incrementaba. Es entonces, cuando las organizaciones indígenas logran captar el espacio de la contestación dejado por las organizaciones sindicales, a través de la protesta como expresión del descontento social. Protesta a la que se sumaron reivindicaciones populares, gracias a las cuales los indígenas construyeron una imagen que encarnaba la ética y finalmente, visos puntuales de un interés general en contra de la tendencia desreguladora entonces predominante. Sin embargo, ya durante el gobierno de Noboa y antes de la llegada de Rafael Correa al poder, se hace evidente la pérdida de influencia de las organizaciones indígenas frente al Estado, paralelo al decaimiento de su legitimidad; como ejemplo, la baja adhesión (2%) que suscitó la candidatura del ex presidente de la CONAIE, Luis Macas, en 2006. En cambio Pachakutik logra una identificación política local, en diversas regiones con predominio de población indígena en el país. 16

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diseños de diversas culturas precolombinas; haber incorporado en su gabinete a varios indígenas en calidad de ministras/os o nombrarlos a puestos públicos de primera línea como el ECORAE (Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico); el invocar como parte del patrimonio histórico y político a lideresas indígenas como Dolores Cacuhango o Tránsito Amaguaña. Para algunos se trata de una folklorización de la cultura indígena, sin embargo no es menos cierto que estos hechos realizados por el presidente Correa contrastan con el desprecio e ignorancia de los pueblos indígenas por parte de la mayoría de mandatarios anteriores. Se trata entonces de una puesta en valor que da prestigio y presencia a culturas en pérdida de reconocimiento, debido a la creciente integración o asimilación y al pobre nivel económico de sus miembros.

Diversas posiciones del candidato a la presidencia Rafael Correa hacían presumir que la CONAIE y éste, si llegaba al gobierno, serían aliados de hecho, más cuando Correa captó las propuestas de las organizaciones populares en general. Esta Alianza que se sostuvo pese a que el candidato de la CONAIE en las elecciones de 2006 no aceptó ser el binomio vicepresidencial de Correa, por considerar que el actual presidente debía ser el segundo. Más allá de estos eventos, la CONAIE apoyó finalmente en la segunda vuelta a Correa y los diputados de Pachakutik se aliaron al variopinto grupo “Acuerdo País” liderado por Correa. Desde entonces, situaciones diversas y a varios niveles que han oscilado entre el acuerdo completo y la franca oposición, han caracterizado las relaciones entre las organizaciones indígenas con- Ganar adherentes para “Acuerdo País” federadas en la CONAIE, Pachakutik y el Go- o para el nuevo “líder” bierno. Desde la campaña electoral de 2006 se estableDe símbolos y la reivindicación de la cultura ció una competencia entre Acuerdo País y Pachakutik-CONAIE por votantes indígenas. Es difícil encontrar otro gobierno o presidente El futuro gobierno apostó por el apoyo de que haya logrado tanta identificación pública otras organizaciones indígenas o campesinoy puesta en valor de aspectos simbólicos y cul- indígenas como la FENOCIN y la FEINE. turales de los pueblos indígenas. Desde luego Esto sirvió al gobierno de Correa al momento que Rafael Correa es un creador de imágenes de definir propuestas, por ejemplo, al interior públicas, en varios aspectos, para marcar dife- de la Asamblea Constituyente, pues la rencias con el pasado. De ahí que haya sido CONAIE ya no fue la única organización que llamativo, por ejemplo, la importancia dada a podía reivindicar la representación indígena, la población y cultura indígena al inaugurar su transformándose en una voz entre otras. La primer y segundo mandato en una comunidad FENOCIN, entre tanto adquiría mayor recoindígena de altura, que en una búsqueda de un nocimiento en los medios de decisión. Adenexo con un pasado desvalorizado o ignorado más varios dirigentes de las organizaciones iny una idea de país desde lo indígena. Demos- dígenas o líderes locales se integraron al gotraciones a las que se suma el hablar quichua bierno. Esta cooptación dejará en parte sin dien sus discursos públicos; aprender este idio- rigentes a las organizaciones creando desconma para darle un realce en la escena política fianza en la organización y pérdida de la misnunca antes visto; utilizar este idioma en los ma. Para varios indígenas, las organizaciones medios de comunicación estatales o el sábado aparecían como un medio de proyectar a sus en sus programas radiales y de televisión; por- dirigentes al ámbito político; En tanto las polítar en actos de primer relieve una camisa con ticas del Gobierno para contrarrestar la pobre17 ÍCONOS 37, 2010, pp. 13-23


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za son vistas positivamente por la población, lo cual tiende a relegar o disminuir a segundo lugar la influencia de la organización. En las reiteradas campañas electorales realizadas por Correa, se ha buscado ganar a la población indígena pasando por encima de las organizaciones. De este modo la CONAIE junto con Pachakutik y el Gobierno aparecen como entes en competencia, pero sin que los primeros dispongan de los medios para contrarrestar el despliegue de presencia de Acuerdo País, es decir, el mismo presidente. Esta disputa de votantes y dirigentes o cuadros políticos implica competencia y mutua desconfianza que se incrementa con la desvalorización y el despreció que Correa ha expresado hacia los dirigentes indígenas, cuando discrepan con él o sus políticas. Este aspecto ha terminado por incrementar la polarización y mutuo rechazo, más allá de las discrepancias políticas. A la postre, la oposición indígena, que se define a los dos años del gobierno, se construye sobre todo por el desprecio de Correa hacia los dirigentes indígenas a partir del instante que no estuvieron de acuerdo con él. El desencadenante de esta mutua postura fue el rechazo presidencial a la consulta previa y el de los indígenas a la extracción minera, a la que Correa ha dado apoyo, considerándola indispensable para adquirir recursos. Hasta ese momento existió una alianza o acuerdo político favorable al gobierno, a pesar de diferencias de posiciones en ciertos aspectos. En la actualidad, tanto Pachakutik como la CONAIE ponen énfasis en las diferencias, en la falta de credibilidad de Correa y en la oposición al grueso de sus posiciones. En los hechos, Pachakutik sigue apoyando las propuestas consideradas progresistas, o que, en todo caso, no se encuentran en el ámbito de la derecha, pero sus votos ya no están dispuesto de antemano para el gobierno. Sin embargo, a raíz de la paralización de actividades promovida por la CONAIE en 2009, Pachakutik se ha acercado al MPD (Movimiento Popular Democrático), también ahora en la oposición, y cuen-

tan con conformar un frente político distante a Acuerdo País. La recuperación de la protesta y las fisuras de legitimidad y credibilidad de Correa Una vez más la existencia de conflictos latentes o revelados y el rechazo presidencial en considerarlos como tales, favoreció un levantamiento. Levantamiento que fue con éxito mitigado en la Sierra, pero que tuvo un impacto mayor en la Amazonía y provocó una pérdida de legitimidad de la palabra del Presidente. La protesta tuvo éxito sobre todo cuando la dirigencia de la Federación Shuar decidió no plegar al llamado de la dirigencia de la CONAIE de terminar los actos de protesta, luego de un acuerdo previo con el Gobierno. Estos acontecimientos llevaron a un enfrentamiento, con inusitada beligerancia de parte de los indígenas, que causó la muerte de un profesor shuar. Aunque el Gobierno deslinda responsabilidad, este hecho desacreditó la imagen democrática de Correa. El gobierno atizó el conflicto con el cierre de Radio Arutam de la Federación Shuar y el intento de confiscar su frecuencia por haber incitado a la violencia al momento de la protesta. Igual que ha acontecido desde el 90 con varios gobiernos, el gobierno de Rafael Correa ha terminado estableciendo una mesa de negociación de alto nivel, encabezada por el mismo y seguida de varias mesas de negociación por temas, lo cual denotó un cambio en la posición presidencial. En un primer momento, Correa deslegitimó a la dirigencia indígena y las razones de la paralización, consideró además, imposible negociar con ella. Si bien estas mesas no han llegado a su fin y los dirigentes indígenas han decidido retirarse de ellas, ya que no están conformes con sus resultados –a pesar de la concreción de varias de sus demandas–, hay que subrayar que la organización logró una vez más reconocimiento público y el Gobierno la hace su interlocutora principal en representación de la población indígena. De 18

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este modo, el Gobierno ha perdido un claro aliado y lo ha convertido en uno circunstancial, lo que indica que será más difícil lograr su colaboración –antes incondicional– para la aprobación de sus designios. No es el primer gobierno que al querer desconocer el sentido de la organización y de la lucha social indígena, ante la protesta exitosa, debe revertir sus posiciones, más cuando el gobierno de Correa utilizó a la organización como medio para obtener apoyos o como cadena de transmisión de sus propuestas. El éxito de la protesta en la Amazonía, al que se suma el que ya tuvo la UNE (Unión Nacional de Educadores), ha vuelto visible que el proyecto “bonapartista” de poder del Gobierno se fisura. Es importante dentro un gobierno donde los símbolos son tan dicientes que se haya pasado de una postura de no negociación y desconocimiento del contendor, a una ceremonia pública de negociación, en la casa presidencial, entre el gabinete y los dirigentes indígenas, en la que son los indígenas quienes adquieren razón. Recursos naturales y conflictos sociales Los conflictos sobresalientes entre Gobierno e indígenas se han suscitado en torno a los recursos naturales: en la Sierra con las normas sobre el acceso y uso del agua, y en la Amazonía con el petróleo y la minería. El Gobierno dice no entender lo que los indígenas proponen, ya que las propuestas gubernamentales serían suficientemente claras y no corresponderían a lo que los indígenas afirman de ellas ni habría razón para sus demandas. Este aparente diálogo de sordos ha puesto de manifiesto que los mecanismos de decisión gubernamentales –que siguen pautas burocráticas, generalmente propias a una abstracta razón de Estado– no realizan los procesos de participación o consulta necesarios ni pueden captar las diferencias provenientes de diversos sectores sociales. Habría una distancia entre las intenciones gubernamentales y varias de las medi-

das tomadas, lo que los indígenas exigían eran rectificaciones. La decisión del Gobierno de incrementar la extracción petrolera y dar paso a la siempre limitada o casi vedada minería en Ecuador suscitó rechazo en varios círculos de la Amazonía, sobre todo entre los indígenas del sur de la región. Desde 2006, Correa ha manifestado que no tolerará oponentes a lo que considera indispensable para el desarrollo del país. Dos enfrentamientos, no solo con la policía sino con el ejército de por medio, que provocaron varios heridos y numerosos encarcelados en Sucumbíos y Orellana, terminaron con la intervención directa del Gobierno para destituir y encarcelar a la Prefecta de Orellana (Pachakutik), defensora de los contestatarios a la explotación petrolera, quien luego de ser encarcelada casi por un año, volvió a ganar las elecciones. Un revés de talla para Correa y sin que el rechazo a la extracción petrolera se haya atenuado. Pachakutik, por su parte, logró una nueva aceptación en la región amazónica. Igual resultado se obtuvo tras un conflicto similar en Sarayacu (Pastaza), cuya comunidad, opuesta a la extracción petrolera, se ha convertido ya en símbolo de resistencia a esta actividad desdiciendo la posición gubernamental. En la Asamblea Constituyente, ya se vislumbró el diferendo, el Gobierno buscó atenuar las medidas de protección sobre el ambiente y el derecho de veto que podría resultar de la aprobación de la consulta previa, mientras los indígenas insistían en lo opuesto. La ya mencionada paralización que tuvo graves repercusiones en la región shuar fue consecuencia de esta polarización creciente. Como el Gobierno persiste en sus posiciones y continúa devaluando a los dirigentes indígenas, es probable que vuelvan a realizarse protestas o que el conflicto persista de modo larvado. En todo caso, el tema de los recursos naturales es un tema sobre el cual las organizaciones indígenas y los electos locales de Pachakutik han logrado aceptación local.

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Cambios institucionales y mayor reconocimiento para los pueblos indígenas La actual Constitución (2008) consagra y desarrolla aquello que ya se innovó en la Constitución de 1998 con el reconocimiento de los derechos colectivos. En este aspecto, en 2008, sobresale el reconocimiento del estatuto de nacionalidades para los pueblos indígenas y el desarrollo de las CTI-A (Circunscripciones Territoriales Indígenas y Afroecuatorianas). Sin embargo, las propuestas del gobierno al respecto fueron interpretadas por los indígenas como imposiciones que desconocían las suyas. Si bien en lo sustantivo las reivindicaciones indígenas han ganado en la Constitución, es frecuente que entre los dirigentes persista más bien la idea contraria. De hecho, sobre los dos temas, actualmente indígenas y Gobierno se contraponen. En algunas organizaciones indígenas, sobre todo de la Amazonía, predomina una visión que liga territorio con alguna idea de autonomía, a lo que se suma la aspiración de que ese territorio se convierta en parte de la División Política Administrativa (DPA). Algunas organizaciones de la Sierra, a su vez, sobre todo en los sectores jóvenes, piensan que se pueden reconstruir espacios para definirlos como territorio indígena y tener autonomía. Si bien no existe en cada comunidad autoridades tradicionales, como sucede de modo más general en la Amazonía, estos sectores piensa que también se las podría recuperar. En el Gobierno, donde había poco o ningún conocimiento sobre estos aspectos, se preferió no abordarlos, imponiéndose la visión presidencial. Una visión donde no es admisible ningún sistema con el menor resquicio de decisiones que puedan cuestionar la unidad nacional o no tener una visión de conjunto. La decisión final se volcó hacia algún punto intermedio, por ejemplo, las CTI-A no pueden recortar la DPA actual, de modo que las parroquias o cantones no pueden redefinir sus límites en función de los territorios indígenas en la Amazonía y peor aún en la Sierra, dónde los

espacios indígenas y no-indígenas están imbricados. Por tanto, una CTI-A deberá ser una entidad de la DPA ya constituida, es decir, una parroquia, un cantón o una provincia, si así lo definen sus habitantes en un referéndum por voto mayoritario. Además, si una circunscripción vecina es también una CTI-A pueden integrarse y de este modo construir un espacio mayor. Es decir, se define un proceso que puede ser una reconstitución de territorios cuya realización depende de la población. En cuanto a las competencias, serán las mismas que las definidas para cada circunscripción de la DPA correspondiente pero pueden aplicarlas según su visión de derechos colectivos, los cuales son particularmente amplios. Esta posición puede calzar con algún tipo de autonomía en el marco de esta DPA. Sin embargo, el contrapunto vuelve a aparecer al momento de concretar estos dos aspectos en leyes y reglamentos que se presentaron en las mesas de negociación. Interculturalidad y ciudadanía Otro diferendo entre los indígenas y el gobierno de Correa es el relativo a la interculturalidad, la ciudadanía y las medidas de discriminación positiva. Correa situó a la interculturalidad como un aspecto característico de su gobierno; en su criterio, todos los ecuatorianos deberían hablar algún idioma indígena de la región en que se encuentren; el mismo da el ejemplo al esmerarse por aprender quichua. Además, considera que el Estado debe incentivar la presencia y el intercambio entre las culturas, esto es, un diálogo intercultural, en cambio, asume que los programas de discriminación positiva tienden a crear enclaves y aíslan a los indígenas del resto del país. La educación bilingüe, por ejemplo, terminaría siendo una educación para pobres. En contraparte, el Gobierno ofrece una educación eficiente y de calidad para todos, de modo que cada persona acceda a las mismas ventajas, sin discriminación. Esta sería la base de una ciudadanía universal, por la cual todos son iguales ante el 20

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Estado y éste garantizaría dicha igualdad ofreciendo las mismas ventajas para todos y todas. Lo mismo acontecería con los programas especiales de discriminación positiva y autogestionarios, tal como el PRODEPINE o el CODENPE. En la óptica del Gobierno, si el Estado tiene programas sociales para todos y tiene prioridades para los más necesitados, estos programas especiales resultarían innecesarios. Además, la responsabilidad sería estatal y mal podrían haber otras entidades que decidan sobre estos aspectos como acontece con una lógica autogestionaría indígena en estas entidades públicas. Por lo mismo, el CONDENPE pasaría a ser una entidad de consulta y sus directivos nombrados por el Gobierno más no por el conjunto de organizaciones indígenas. Así como la Educación Bilingüe, la Salud Indígena no podría ser tampoco entidades en las cuales el Gobierno no tenga nada que decir; al contrario, una y otra harían parte de las políticas generales del Gobierno y sus directivos deberían ser funcionarios de Estado. Esta visión de ciudadanía y Estado universales, próxima a los discursos del siglo XIX, se contrapone a la perspectiva de los indígenas que prefieren una política de discriminación positiva para compensar la desigualdad socioeconómica real y confirmar su diferencia cultural.

Conclusión En Ecuador, la inserción en la escena política de los indígenas y sus objetivos de lograr mayores espacios sociales para su afirmación colectiva se ha acelerado en los últimos años, entre otros durante el gobierno de Rafael Correa. La organización ha sido su principal instrumento. Sin embargo, las relaciones entre el Gobierno actual y las principales organizaciones indígenas, a pesar de las varias coincidencias políticas que las convierten por momentos en aliados, revelan una clara disputa entre estas dos entidades sobre las exigencias del reconocimiento de la diferencia y el aumento de la

igualdad. La apertura y promoción de éstas por el gobierno de Correa chocan, sin embargo, ante concepciones diferentes sobre las vías para concretarlas. Ecuador ya no vive el momento de exigir reconocimiento de éstas para los marginales, sino una nueva fase de construir, en los hechos, lo que esas demandas significan. Las discrepancias parecen incrementarse por las diferencias de perspectiva, como también por la postura política de algunos sectores indígenas que consideran indispensable la aprobación total del conjunto de sus propuestas. En tanto, la posición del Gobierno es completamente contrapuesta, como la relativa, por ejemplo, a la extracción de petróleo o la minería. La solución de estas discrepancias se vuelve aún más compleja al no disponer el Gobierno de una agenda indígena definida para el nuevo contexto y construir propuestas según las circunstancias. Esta situación no contribuye a la definición de referentes, cuando son precisamente propuestas las que se requiere para hacer realidad visiones que fueron pensadas como reivindicaciones utópicas y no como proyectos viables. Este proceso de polarización revela también cierta falta de tolerancia por parte del Gobierno para reconocer a los interlocutores disidentes; este estilo de polarización ha encontrado un límite en la protesta, la cual ha contribuido a agrietar, por ahora, el proyecto “bonapartista” que persigue Correa. Tras estos diferendos entre gobierno y organizaciones indígenas se encuentra el proceso de redefinición del Estado para institucionalizar algún tipo de gestión propia para los pueblos indígenas. Sin embargo, mientras unos afirman la amenaza que habría para el Estado al definir alguna modalidad de autonomía local; otros pretenden que habría una solución al convertir territorios indígenas en autonomías con competencias equivalentes a los de sistemas federados. Las situaciones son sin embargo más complejas, tanto del lado del Estado como del lado de los pueblos indígenas. En los dos casos las renovaciones tienen grandes límites y demandan nuevas ideas. Los pueblos

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indígenas ya no son las composiciones culturales que fueron, su integración al mundo no indígena es enorme. El Estado, como varios en América Latina, no es sino hasta reciente que ha logrado consolidar el monopolio del poder, con una norma, un sentido de ley y autoridad para el conjunto de sus habitantes y territorio. Aún más, la adhesión y sentido de identidad del conjunto de sus habitantes a la comunidad política de cada país, es también bastante nueva. Pero de inmediato, este Estado, que no fue un Estado-nación ni requirió serlo, ya conoce un cambio más realista hacia un Estado pluricultural, con múltiples pertenencias e identidades colectivas, a más de aquella hacia el Estado central. Nadie sabe de qué modo puede esto concretarse, pues se trata de un momento de innovación política que posiblemente requiera, como acontece en estos casos, rebasar los esquemas de unos y otros, así como cotejar las proyecciones del futuro o las utopías y los límites de la realidad.

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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Serie Tesis Derechos de propiedad, actividades rentistas y desempleo: extensión del modelo ecuatoriano de equilibrio general aplicado María Patricia Recalde FLACSO - Sede Ecuador, 2009 70 páginas Esta tesis explora el papel que desempeñan los derechos de propiedad en el desenlace productivo y laboral de la economía. Introduce derechos de propiedad débiles dentro de un modelo ya desarrollado para la economía ecuatoriana, el Modelo Ecuatoriano de Equilibrio General Aplicado (MEEGA) de Pérez y Acosta (2005). Incorpora una extensión del mercado de trabajo que, junto con la modelación institucional, da paso al surgimiento de equilibrios múltiples en la economía. Se muestra que el equilibrio actual de la economía ecuatoriana podría ser inestable. Podríamos estar en un filo de navaja en el que existe tanto el riesgo como la esperanza de empeorar o mejorar económica e institucionalmente como nación.


Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana en el debate de la nueva ley de comunicación en Ecuador

Much Ado about Nothing: Media Coverage and Citizen Participation in the Debate around the New Communication Law in Ecuador Isabel Ramos Profesora-investigadora de FLACSO-Ecuador. Correo electrónico: iramos@flacso.org.ec Fecha de recepción: febrero 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Este debate ha tenido como protagonista a las empresas periodísticas quienes se sienten atacadas, no tanto por las expresiones del Presidente, como por el afán del gobierno de regular actividades que, como la de la comunicación, han estado liberadas a las lógicas del mercado. Su campaña mediática ha logrado simplificar la discusión a una defesa de la libertad de expresión en contra del “autoritarismo” con el que caracterizan al gobierno de Correa. El Gobierno por su parte, no ha logrado incluir en esta discusión, que no afecta únicamente intereses económicos y políticos de los grandes emporios mediáticos, al conjunto de la ciudadanía que, por ahora, no siente suya esta iniciativa de regulación. La discusión definitiva para empatar con los derechos que garantiza el texto constitucional tiene todavía tareas pendientes. Palabras clave: ley de comunicación, medios de comunicación, gobierno, Ecuador. Abstract This debate has as its protagonist the media companies that feel attacked not so much by the President’s words as by the government’s desire to regulate activities that, like communication, have been opened up to market logic. Their media campaign has managed to simplify the discussion, turning it into a defense of freedom of speech against “authoritarianism,” the word they use to characterize Correa´s administration. The administration, on the other hand, has not managed to include in this discussion, which affects not only the economic and political interests of the large media emporiums, all citizen groups that, right now, do not feel that the regulatory initiative is their issue. The definitive discussion, to be consistent with rights guaranteed by the Constitution, still has tasks pending. Key words: communication law, communication media, administration, Ecuador.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 25-31 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Isabel Ramos

cuador enfrenta el imperativo de asegurar, a través de la sanción de la ley de comunicación que la Asamblea Nacional deberá aprobar en pocas semanas, la creación de mecanismos y procedimientos institucionales que garanticen la exigibilidad de los derechos a la comunicación. Derechos que fueron consagrados en el texto constitucional aprobado por más del 80 % de ecuatorianos y ecuatorianas en 2008, a través de un plebiscito. Para la redacción de esta ley el gobierno nacional convocó a diversos colectivos ciudadanos y comunitarios. Si bien no todas las propuestas lograron ser integradas a la Constitución vigente, es preciso destacar, como un gran avance del proceso democrático ecuatoriano, la incorporación de demandas comunicacionales de larga data en el país, como el reconocimiento del carácter de bien público de la información mediatizada; la necesidad de combatir toda forma de monopolio en la producción y circulación de contenidos mediáticos; y el imperativo de que la opinión de las audiencias sea tenida en cuenta para la calificación de la calidad de los contenidos difundidos masivamente. El desafío de los legisladores ecuatorianos, sobre todo del sector afín al gobierno y desde el cual se impulsa la nueva ley, es inscribir estas iniciativas en un cuerpo normativo que las haga exigibles más allá de las declaraciones de principios. Esto podría tener indudables repercusiones políticas y económicas, especialmente en las dinámicas de los medios de comunicación comerciales. Probablemente debido a ello, los empresarios mediáticos se han apresurado a instrumentar un conjunto de estrategias encaminadas a deslegitimar el proyecto de ley en su conjunto, en un claro intento de resistir toda posibilidad de regulación estatal sobre la actividad del sector. Paradójicamente –o no, según se mire–, estas acciones se han desplegado y diversificado con fuerza creciente en las páginas de los periódicos y en la programación informativa de radios y canales de televisión.

E

Uno de los argumentos a partir del cual el gobierno ecuatoriano ha fundamentado la necesidad de un nuevo marco legal para los medios de comunicación es que la ley de Radiodifusión y Televisión que aún está vigente, con algunas modificaciones a las que nos referiremos seguidamente, fue sancionada en 1975 por un gobierno de facto. Este cuerpo legal, además de sus obvias limitaciones para contemplar situaciones emergentes de la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de producción mediática, no prevé ningún mecanismo de participación de las organizaciones y colectivos ciudadanos en el control social del uso de las frecuencias de radio y televisión. Es preciso tener en cuenta, además, que la legislación nacional en material de medios ha estado históricamente circunscrita al sector de las telecomunicaciones y que, por ello, la actividad de la prensa gráfica no ha sido regulada mediante normativas específicas. Posteriormente, en 1995, las empresas periodísticas fueron el único sector consultado por el gobierno neoliberal de Sixto Durán Ballén al momento de introducir reformas al texto legal de 1975. Dos de las modificaciones introducidas son dignas de tenerse en cuenta por sus repercusiones en la actual estructura de propiedad de los medios de comunicación, sobre todo electrónicos. En primer lugar, la integración de organizaciones empresariales como la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión y la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, con voz y voto, en el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. Dicha entidad está encargada de reglamentar, autorizar y controlar la asignación y el uso de frecuencias (Artículo 6)1. En segundo término, la creación de los denominados “sistemas de radiodifusión y televisión”, que abrió la posibilidad para que los concesionarios emitan los mismos contenidos a través de un número ilimitado de frecuencias2. Es indudable que, a 1 2

Registro Oficial Nº 691, 9 de mayo de 1995. Decreto Ejecutivo Nº 3398, enero 1996, artículos 4 y 19.

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Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana

través de disposiciones como estas, la misma Ley de Radiodifusión y Televisión ha alentado la concentración y ha favorecido la creación de monopolios y oligopolios mediáticos en el país. Por estas razones, entre otras, diremos que la legislación de la comunicación en Ecuador fue modificada a partir de las iniciativas de las mismas empresas. Tales empresas hoy utilizan el espacio mediático para posicionar la idea de que la intervención del Estado, en la regulación de los medios de comunicación, atenta contra la libre expresión y, por ello, debe ser resistida por todos los ciudadanos y ciudadanas. En este marco, la difusión, a través de los medios masivos, de los contenidos del proyecto oficial de Ley de Comunicación ha contribuido a profundizar, aún más, el clima de confrontación que se había instalado, desde el inicio del mandato de Rafael Correa, entre los empresarios mediáticos y los funcionarios del gobierno nacional. Sin lugar a dudas, esta situación ha dificultado que los ciudadanos y ciudadanas de a pie conozcan los objetivos y alcances de la ley que se pretende aprobar y puedan, en segundo término, construir opiniones fundadas al respecto. El análisis de las distintas vertientes de la oposición al gobierno de Correa excede las posibilidades de este espacio. Pese a ello, podemos afirmar que las razones de la disputa constante entre gobierno y medios no deben buscarse –como pretenden algunos analistas políticos– en los “ataques” del Presidente a ciertos periodistas y empresas. Esta disputa se funda más bien en el descontento que provoca en determinados sectores de la sociedad ecuatoriana la materialización de un proyecto político articulado a partir de dos ejes principales: una política social fuertemente orientada hacia la redistribución y una política económica encaminada a fortalecer las capacidades del Estado en la regulación de actividades, que las políticas de ajuste neoliberal que se implementaron en los últimos 30 años en el país habían dejado libradas al juego de la oferta y la demanda. La comunicación de masas es un ejemplo paradigmático.

Por este motivo, en los párrafos que siguen, procuraremos reconocer el carácter profundamente político del debate en torno a la comunicación mediatizada que el país. Debate que nos debemos como sociedad desde hace décadas y que, en la actual coyuntura, ha sido monopolizado por las empresas periodísticas. En tanto que, desde el gobierno nacional, no se ha logrado construir y/o fortalecer espacios de opinión ciudadana a partir de los cuales las mayorías puedan informarse al respecto y ser escuchadas.

Monopolios empresariales y campañas mediáticas Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor concentración en la propiedad de los medios gráficos y audiovisuales. Es preciso aclarar, si embargo, que a diferencia de otros países de la región, los grupos empresariales que los administran son de origen nacional, aunque una gran parte de ellos haya constituido domicilio legal en los denominados paraísos fiscales, como Panamá o las islas Caimán. Según datos recabados en 2006 por el Programa de Estudios de la Comunicación de FLACSO-Sede Ecuador, cuatro grupos empresariales: Mantilla Ortega, Mantilla Anderson, Pérez Castro y Martínez Merchán reúnen más del 70 por ciento de medios gráficos con cobertura nacional. Por su parte, la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, creada a partir de una disposición de la Asamblea Constituyente, en un informe que aún no ha sido presentado oficialmente por el gobierno nacional, pese a que ya tiene casi un año de producido, determinó que “por lo menos cuatro concesionarios controlan canales de VHF en prácticamente todo el país (entre 21 y 23 provincias)”, mientras que siete concentran frecuencias radiofónicas en diez provincias3. Finalmente, es 3

Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión: Informe Definitivo, Quito, mayo 2009, pág. 211.

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preciso mencionar que, según la misma fuente, cinco empresas son titulares, al mismo tiempo, de medios gráficos, cadenas de televisión y radioemisoras con cobertura nacional4. Resulta evidente que esta concentración ha producido y perpetuado la existencia de desequilibrios de todo tipo: geográficos, culturales, económicos y lingüísticos en la producción informativa a nivel nacional. Para citar un ejemplo particularmente complejo por sus implicaciones geopolíticas, diremos que en las poblaciones ubicadas en la frontera con Colombia, la cobertura de las emisoras de radio y canales de televisión denominados “nacionales” es inexistente o muy precaria. Una consecuencia necesaria de la formación de grandes conglomerados mediáticos en nuestro país es, sin duda, la precarización laboral que sufren, desde hace décadas, los trabajadores de prensa. Se trata de un sector ocupacional de altísima rotación, en el cual, además, abunda la contratación free lance, el trabajo por producto y otras modalidades de prestación de servicios que no generan relaciones de dependencia laboral ni obligaciones patronales a las empresas. Debemos aclarar que estas modalidades de trabajo continúan existiendo en los medios de comunicación, pese a que la tercerización y la contratación precaria fueron prohibidas hace más de un año mediante mandato constitucional. De ahí, las resistencias que se han generado desde las empresas mediáticas a la iniciativa gubernamental de impulsar una nueva estructura legal para el sector. Estas resistencias han dado forma a una serie de iniciativas corporativas que es preciso analizar con detenimiento. En la actual coyuntura, los medios de masas, sobre todo los de mayor cobertura nacional, no están produciendo contenidos que contribuyan a un debate democrático en el cual las audiencias puedan formarse su propia opinión sobre los contenidos de la futura ley de comunicación. Por el contrario, a partir del 4

Ibídem, pág. 217.

mes de septiembre de 2009, fecha en la cual se instaló el debate en la Asamblea Nacional, los medios de comunicación privados se comprometieron en una campaña de grandes proporciones en contra de la regulación estatal. La característica fundamental de esta campaña es la implementación de estrategias comunes entre empresas que, al momento de captar segmentos de mercado, se comportan como rivales. Un ejemplo de ello fue la decisión tomada hace unos meses por dos diarios de circulación nacional de editorializar –siempre en contra de la regulación de actividades de las empresas periodísticas– en la primera plana del ejemplar del día domingo que, como se sabe, es el más leído de la semana. Hasta donde hemos podido indagar, nunca antes un artículo editorial había ocupado la portada completa de un diario ecuatoriano. Adicionalmente, nunca antes el país había presenciado un intercambio tan asiduo de notas de opinión. En estos días, es muy común que una columna que aparece en el Diario Hoy sea reproducida al día siguiente por El Comercio y, a la vez, citada en El Universo. En el caso de las notas informativas, predomina el uso de fuentes claramente afines a los intereses de empresarios mediáticos, en tanto que en las entrevistas publicadas sobre el tema, los “expertos” y “técnicos” consultados, con rarísimas excepciones, argumentan en contra de los principales contenidos del proyecto de ley de comunicación promovido por el oficialismo. De este modo, las propuestas emergentes desde ámbitos diversos, como la academia, los movimientos sociales y las asociaciones de trabajadores y trabajadoras de prensa aparecen invisibilizadas. Decimos, por ello, que los medios de comunicación ecuatorianos no están aportando a la construcción de un debate social informado con respecto a la futura ley de comunicación y que, por el contrario, se han convertido en simples voceros de los intereses económicos de sus accionistas y propietarios. Otro recurso interesante es la publicación, en la mayoría de medios gráficos del país, de 28

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un segmento en el cual, diariamente, se recuerda a los lectores que los medios, sobre todo gráficos, han cumplido siempre con su obligación de proporcionar información relevante y oportuna: “Lo conoces porque pudimos informarte”, “Periodismo positivo” y “La historia en los medios” son algunos de los títulos que lo encabezan. En todos los casos, el argumento central ha sido la defensa de la libertad de expresión y del libre flujo de la información, en consonancia con los contenidos desplegados en los spots, cuñas y espacios publicitarios que constituyen otro componente de la mayor campaña mediática que se ha instrumentado hasta el momento en el país. Esta reivindicación de la libertad en abstracto esconde un hecho fundamental: en nuestro país, los medios de comunicación únicamente han garantizado la expresión libre de los voceros y representantes de los sectores de poder. Es decir, no se han constituido en espacios a través de los cuales las mayorías puedan informarse, comunicar libremente sus opiniones y posicionar sus demandas. Es posible afirmar por ello que a través de la campaña emprendida por los medios ecuatorianos, éstos han conseguido escamotear del debate público otros derechos asociados a la comunicación, que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente a los periodistas y dueños de medios. Por ejemplo el derecho a “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural” (Artículo 18, literal 1). Esta convergencia tan evidente entre contenidos informativos y publicitarios difundidos por las empresas periodísticas ecuatorianas con respecto a la ley de comunicación no hace sino ratificar el doble rol que cumplen los medios de comunicación comerciales en las sociedades contemporáneas: en primer lugar como espacios de producción y circulación de información y, en segundo, como defensores de determinados intereses empresariales. Lo interesante es que, en muy pocas ocasiones es posible

advertirlo con tanta claridad como en este momento en nuestro país. Lo que podríamos cuestionar, sin embargo, es que esta manifiesta y ostensible defensa de intereses corporativos por parte de las empresas mediáticas resulte vaciada de su carácter político y nos sea presentada como noticia de actualidad, como información de interés general y como opinión experta. Luego de cinco meses de campaña sostenida, es posible afirmar que las empresas periodísticas ecuatorianas han logrado articular una agenda alrededor de la defensa de la libertad y en contra del “autoritarismo” que denuncian como la característica principal del régimen del presidente Correa. De este modo, el debate de una ley cuya aprobación podría afectar intereses económicos y políticos muy concretos, se ha convertido en una posibilidad para plebiscitar la acción del gobierno nacional en su conjunto. Así, cualquier oposición o desacuerdo originado en un sector de oposición podría ser y, de hecho ha sido, presentado como argumento en contra de la aprobación de la ley de comunicación.

Información oficial y diálogo de expertos Si la campaña instrumentada por los medios comerciales en contra del proyecto de ley de comunicación ha tenido un relativo éxito, tal como hemos argumentado, es preciso señalar las responsabilidades que le caben en ello al gobierno nacional. En primer lugar, desde los espacios publicitarios, como el enlace radiofónico y televisivo que conduce personalmente el Presidente de la República, así como los spots y cuñas oficiales en los medios audiovisuales, se ha procurado poner en evidencia los errores, excesos y abusos de la denominada “prensa libre”. En segundo término se ha insistido en la necesidad de regular la actividad de los medios de comunicación, denunciando su carácter empresarial y su articulación con los sectores de privilegio.

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Desgraciadamente, esta estrategia de difusión no ha sido complementada con otras que podrían haber contribuido a potenciar sus repercusiones. En primer término, no se ha generado suficiente información sobre demandas concretas de los ciudadanos y ciudadanas frente a los medios masivos. En segundo lugar, no se ha apostado, sino marginalmente, a la construcción y al fortalecimiento de espacios de discusión –no solo de información– en torno a los contenidos de los tres proyectos de ley que debate la Asamblea Nacional. Debemos señalar, además, que las convocatorias a actividades públicas desarrolladas por organizaciones de comunicadores populares no han recibido la suficiente atención por parte de las autoridades. Adicionalmente, tampoco se ha apoyado suficientemente el desarrollo de las actividades públicas de formación y discusión convocadas por universidades y facultades de comunicación sobre los contenidos, alcances e implicaciones del proyecto de ley que se impulsa desde el gobierno nacional. Por otra parte, desde la Asamblea Nacional, se ha privilegiado el diálogo con expertos por encima del debate ciudadano. En primer lugar, se conformó una comisión asesora en la cual se procuró reunir a especialistas en temáticas comunicacionales y en campos profesionales y académicos específicos. En segundo lugar, se promovieron reuniones con titulares de cámaras empresariales, asociaciones de directivos de medios y organizaciones de comunicadores alternativos. Finalmente, se consultó la opinión de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proyecto de ley presentada por el sector oficialista de legisladores. Por ello, es posible afirmar que el gobierno nacional no ha sido capaz de instalar la discusión pública sobre la ley de comunicación en espacios sociales amplios, como sucedió en Argentina, por ejemplo. En ese país el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovi-

sual recientemente puesto en vigencia fue apoyado por una gran diversidad de organizaciones, gremios y colectivos sociales que, además, contribuyeron a multiplicar los espacios y las actividades de difusión de las políticas comunicacionales promovidas por el gobierno. A menos de un mes del debate definitivo de la ley en la Asamblea Nacional, según los plazos comunicados oficialmente, solo se ha logrado una participación muy acotada desde los sectores “naturalmente” interesados en la temática, como los profesionales y estudiantes de comunicación social y las organizaciones nacionales y regionales de comunicadores. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas comunes no sienten suya la iniciativa de regulación de la actividad de los medios de comunicación que impulsa el gobierno que eligieron y al cual han apoyado mayoritariamente en seis elecciones.

Asignaturas pendientes A partir de la campaña mediática que hemos intentado describir, resulta preocupante que, en las últimas semanas, conforme se acerca la fecha asignada para el segundo debate del proyecto de ley de comunicación, hayan desaparecido de las coberturas mediáticas y también de los discursos de los asambleístas cuestiones referentes a este tema. En primer término, no se habla de los procedimientos concretos mediante los cuales el Estado impulsará la desmonopolización y la desconcentración en la propiedad de los medios en el país. Otra cuestión que, al parecer, ha quedado fuera del debate legislativo son los mecanismos a partir de los cuales, más allá de las expresiones retóricas, se asegurará la salvaguardia de condiciones dignas de trabajo y el respeto a los derechos laborales en las empresas periodísticas privadas y en los medios públicos y comunitarios. Es preciso que la ley de comunicación asegure el fortalecimiento de los medios públicos creados a partir de una iniciativa del actual 30

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Mucho ruido y pocas nueces: cobertura mediática y participación ciudadana

gobierno. Por desgracia, los ciudadanos y ciudadanas no hemos podido conocer si, en el texto, se les asigna infraestructuras adecuadas y fuentes de financiamiento que garanticen su sostenibilidad en el futuro. En este momento, en los medios de comunicación del Ecuador, la participación de las audiencias es nula en dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con el principio constitucional de la información como bien público: la calificación de los contenidos y la dirección o asesoramiento para la gestión de los medios públicos. Por ello, para superar las concepciones liberales que limitan los derechos de los ciudadanos frente a los medios masivos, sean públicos o privados, a la penalización de delitos como la calumnia, es indispensable replantear el papel de los receptores en la creación de mecanismos de control y calificación civil de la calidad y la relevancia social de la información que los medios ponen en circu-

lación. En relación con esto último, es indispensable que se prevean procedimientos para la asignación de frecuencias que puedan ser puestos bajo un efectivo control ciudadano. Por desgracia, el debate legislativo que hemos podido conocer a través de los medios no ha tocado estos temas. Finalmente, además de hablar de la importancia de reducir las brechas de accesibilidad tecnológica, cuestión que nadie está dispuesto a discutir, la ley de comunicación debería promover iniciativas concretas y practicables para mejorar las capacidades de apropiación cultural de las denominadas nuevas tecnologías de la información. Esperamos que estas asignaturas pendientes puedan ser incluidas en la nueva ley de comunicación que se sancionará en pocas semanas. De otro modo, las empresas monopólicas habrán logrado construir una legislación a su medida, tal como lo hicieron 15 años atrás.

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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Serie tesis Travestismo urbano. Género, sexualidad y política Carolina Páez Vacas FLACSO - Sede Ecuador, 2010 157 páginas Este libro demuestra que se habita, además de la ciudad de los mapas, aquella que se recupera en la memoria, que se aprehende y percibe por la manera en que se recorren los barrios o sus calles. Un hito para este estudio es la despenalización, en 1997, de la homosexualidad en Ecuador. La nueva normativa visibiliza un ámbito clandestino, revela la complejidad y aparece un espacio que existía sin que “lo supiera” la ciudad. La autora expone las estrategias de apropiación simbólica de los espacios urbanos en Quito, matizadas por el accionar político LGBTI. Se trata, de una perspectiva crítica sobre la heternormatividad y la subordinación de lo “femenino”.


DOSSIER



Los estudios sociales de la tecnología en América Latina

Social Studies of Technology in Latin America

Hernán Thomas Posdoctorado en Política Científica y Tecnología por la Universidad Estatal de Campiñas. Profesor-investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Correo electrónico: thomas@unq.edu.ar Fecha de recepción: marzo 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen En este artículo se describe la trayectoria de los estudios de ciencia y tecnología (CyT) en América Latina. Dicha trayectoria ha sido dividida en dos etapas. Una que responde a la conformación de este campo de estudios entre los años sesenta y ochenta, durante la cual el enfoque político en torno a problemas de desarrollo relacionados con la ciencia y la tecnología fue el más fructífero. Otras líneas de investigación estuvieron ligadas a los estudios históricos internalistas y, hacia finales de los ochenta, a estudios sociológicos y antropológicos de enfoque constructivista. La segunda etapa se extiende desde los años noventa hasta la actualidad y abarca en su mayoría trabajos sobre la economía del cambio tecnológico y estudios sobre política y gestión de la tecnología, en menor medida sobre sociología e historia de la tecnología. Además de analizar los enfoques al interior de estas grandes áreas de trabajo en CyT, este artículo señala las ausencias y vacios temáticos en este campo de investigación. Palabras clave: estudios de ciencia, tecnología y sociedad, América Latina.

Abstract In this article, the trajectory of science and technology (S&T) in Latin America is described. This trajectory has been divided into two stages. One corresponds to the creation of this field of study between the 1960s and the 1980s, during which the political focus on problems of development related to science and technology was most fruitful. Other lines of research were linked to internalist historical studies and, toward the end of the 1980s, to sociological and anthropological studies with a constructivist focus. The second stage begins in the 1990s and continues to the present. It covers, in large part, work on the economics of technological change and studies on policies and the implementation of technology, and, to a lesser extent, the sociology and history of technology. In addition to analyzing the focuses within these large areas of work on S&T, this article points out the absences and thematic gaps in this field of research. Key words: science, technology studies and society, Latin America.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 35-53 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


dossier

Hernán Thomas

La tecnología como área de vacancia en los estudios de las ciencias sociales as sociedades están tecnológicamente configuradas, exactamente en el mismo momento y nivel en que las tecnologías son socialmente construidas y puestas en uso. Todas las tecnologías son sociales. Todas las tecnologías son humanas (por más inhumanas que a veces parezcan). No solo se trata de considerar a las tecnologías como productos o procesos productivos. Recientemente, hace menos de veinte años, hemos percibido que las formas de organización –social y productiva– son también tecnologías. Desde aquellas que asignan un orden a un conjunto de operaciones de producción, de acciones bélicas o de sistemas de evacuación de un estadio hasta aquéllas que adquieren formatos normativos, como los sistemas legales o las regulaciones de comercio. En este nivel organizacional, una legislación no se diferencia de otros artefactos tecnológicos. Prácticamente al mismo tiempo, comenzamos a percibir otra de las características básicas de las tecnologías que manejamos: su interconexión, su interdependencia. Desde sistemas de producción, distribución y abastecimiento hasta pozos de petróleo, guerras en Medio Oriente o fenómenos de cambio climático. Las ramificaciones son múltiples: minas de cobre, fibras ópticas, sistemas de control informatizados, formación de recursos humanos, satélites, regulaciones de servicios eléctricos, políticas de privatización, estrategias de desarrollo industrial, políticas de ajuste, empresas, inversiones, ideologías. Así, la dimensión tecnológica atraviesa la existencia humana. Lo curioso es que normalmente reflexionamos poco sobre la tecnología. Pasa desapercibida, naturalizada como la lluvia o las olas. Solo se hace visible cuando deja de funcionar o cuando cambia rápidamente. No se trata de poder clasificar a priori esas acciones en series homogéneas de artefactos tecnológicos y actos sociales. Vivimos no solo

L

con tecnologías singulares, sino gracias a sistemas tecnológicos. Cientos de miles de millones de interjuegos se producen a cada instante para reproducir nuestra existencia, para ponerla en riesgo y, a veces, para cambiarla. No hay una relación sociedad-tecnología, como si se tratara de dos cosas separadas. Nuestras sociedades son tecnológicas así como nuestras tecnologías son sociales. Somos seres socio-técnicos. Paradójicamente, las ciencias sociales se han ocupado poco de la temática. Apenas algunas pequeñas y periféricas sub disciplinas de la sociología, la antropología, la filosofía y, sorprendentemente, de la economía se han focalizado en el análisis de la dimensión tecnológica de la existencia humana. Las dimensiones política, económica y cultural de las ciencias sociales han ocupado la atención de sociólogos, antropólogos, politólogos, educadores y economistas, prácticamente en ausencia de la dimensión tecnológica. Esto a un punto tal que la producción académica de las ciencias sociales ha construido alrededor de la cuestión tecnológica un área de vacancia. Tanto a nivel internacional como regional y nacional, las producciones sobre la cuestión socio-técnica son relativamente escasas y fragmentarias; tampoco, ocupan un espacio relevante en la formación curricular de científicos e intelectuales. ¿Ha tenido usted formación escolar o universitaria en alguna materia titulada Tecnología y Sociedad? ¿Sistemas sociales y sistemas tecnológicos? ¿Tecnología y civilización? ¿Tecnología y cultura? Seguramente no, si ha cursado usted programas de formación en ciencias sociales. Pero probablemente tampoco si tiene estudios universitarios en ingeniería o ciencias exactas. Estamos así frente a un problema: si las tecnologías son construcciones sociales, interconectadas en un altísimo grado de complejidad, constitutivas de las sociedades humanas, ¿no sería pertinente prestar atención sobre los procesos de cambio tecnológico y social? O, en otro plano, si uno de los principales problemas 36

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Los estudios sociales de la tecnología en América Latina

sociales y económicos de la región se vincula claramente a un déficit de desarrollo organizacional y productivo, ¿no sería prudente focalizar nuestra atención en las múltiples formas de generar, utilizar y seleccionar nuestra dotación tecnológica local? Una breve revisión de las producciones latinoamericanas en el campo de los estudios sociales de la tecnología, muchas veces combinados con estudios de la ciencia, tal vez permita contextualizar de mejor manera esta problemática y dimensionar la trayectoria y el alcance de diferentes subdisciplinas de las ciencias sociales en la región1.

1960-1980: hacia la conformación del campo de estudios sociales de la tecnología

ciones existentes en los países centrales. El contexto –concepto ciertamente problemático– aparece como aquello a vencer gracias a las virtudes de los hombres de ciencia, ingenieros y tecnólogos. La historia de la tecnología alcanzó un escaso desarrollo durante este periodo, con una producción significativamente menor que la historia de la ciencia. Es posible distinguir dos vertientes fundamentales: por una parte, una serie de estudios de carácter internalista, generalmente realizados por ingenieros y tecnólogos, donde se relatan algunos de los principales emprendimientos tecno-productivos locales. Fuera de los estudios de la historia de la ciencia, este género prácticamente no ha alcanzado mayor significación. Sí, en cambio, la narración de los desarrollos de grandes obras públicas (desde el Canal de Panamá a la industria petrolera venezolana) y la generación de técnicas indígenas o las invenciones correspondientes al periodo colonial. De modo que han sido sumamente escasos los estudios sobre invenciones locales, vinculadas a la reserva de propiedad intelectual, así como las historias de empresas asociadas a determinados desarrollos tecnológicos. Estudios que resultan comunes en el ámbito norteamericano.

Durante los años sesenta y setenta, se fueron formando en América Latina algunos grupos que, las más de las veces en forma aislada, se consagraron a la discusión y el estudio de diferentes aspectos relacionados con la tecnología y sus dimensiones sociales. La emergencia de estos grupos fue siguiendo en la región una particular especialización en áreas temáticas, en donde prevalecieron, desde sus comienzos, tres tipos de abordajes que responden, en consecuencia, a tres tipos diferentes de “cultura” dis- La perspectiva política ciplinaria: un abordaje histórico, un abordaje político y un abordaje socio-antropológico. El segundo de los campos disciplinarios se estructuró alrededor de los problemas políticos El abordaje histórico relativos a la ciencia y a la tecnología. Los estudios que se despliegan en esta temática, se El primero de los espacios disciplinarios que se reconocen de un modo bastante cercano en fue consolidando es el de la investigación en los antecedentes del Pensamiento Latinohistoria de la ciencia y la tecnología, dentro de americano en Ciencia, Tecnología y Sociedad los parámetros más bien “clásicos” de las tradi- (PLACTS). Uno de sus principales logros fue la crítica al modelo lineal de innovación, proponiendo instrumentos analíticos como “pro1 Obviamente, dadas las restricciones de espacio, es ine- yecto nacional”, “demanda social por cienludible cometer injusticias y omisiones, de las que nos cia y tecnología”, “política implícita y explícidisculpamos por adelantado. En particular, en relación ta”, “estilos tecnológicos”, “paquetes tecnolóa trabajos inicialmente consignados como historia o sociología de la ciencia que abordan en sus contenidos gicos”. Quienes conformaron esta corriente aspectos tecnológicos. fueron, en general, ingenieros y científi37 ÍCONOS 37, 2010, pp. 35-53


dossier

Hernán Thomas

cos2, personajes con un alto grado de compromiso para poner en marcha las transformaciones que juzgaban indispensables, más que de analistas con formación académica. De allí se desprenden dos consecuencias: por un lado, la preeminencia de las dimensiones políticas en el análisis de la situación latinoamericana. La segunda, la “necesidad de la acción” que dejó de lado las preocupaciones ligadas al rigor propio de una perspectiva “académica”. Si uno recorre los textos producidos durante los años sesenta y setenta, se observa que el perfil que describimos se expresa, en términos de la producción concreta, en una clara supremacía de los aspectos de tipo normativo por sobre los aspectos analíticos. Esto último se verifica más allá de las diferencias de tipo ideológico que organizaron a los diferentes protagonistas de esa época: “[...] en tanto para algunos la política de CyT se constituía en una herramienta para la realización de las tareas revolucionarias y la consolidación del estado socialista, para otros era un aspecto integrante de una estrategia nacional” (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996 : 20). Durante esta etapa, cuando la mayor parte de los países latinoamericanos pusieron en marcha organismos nacionales de política y planificación de la CyT, empezaron a emerger una serie de estudios y discusiones acerca de las políticas de CyT. En general, este desarrollo contó con el apoyo explícito de la UNESCO y de la OEA . Los objetivos centrales de las reflexiones giraban en torno a la búsqueda de un modo de movilizar la ciencia y la tecnología como palancas del desarrollo económico y social. Era la época de la planificación que, inspirada remotamente en el modelo soviético, había sido pasada por el tamiz de los modelos socialdemócratas europeos y desarrollada, en América Latina, por los técnicos e investigado2

res de la CEPAL3. Comentemos brevemente algunos de ellos con el explícito propósito de refrescar la memoria4. En primer lugar, resulta interesante destacar el llamado Proyecto STPI (Science and Technology Policy Instruments), financiado por el International Development Research Center (IDRC) de Canadá, y coordinado por el especialista peruano Francisco Sagasti. Abarcaba a grupos de varios países latinoamericanos, junto con equipos de África y Asia, y su propósito era el de “reunir, analizar, evaluar y generar información que pueda ayudar a los planificadores, hacedores de política y tomadores de decisiones de los países subdesarrollados a orientar la ciencia y la tecnología hacia el logro de los objetivos de desarrollo” (Sagasti y Aráoz, 1975). El marco teórico general del proyecto se basaba en la distinción hecha por Amilcar Herrera, tal vez uno de los aportes más originales de este período, entre “política e instrumentos de ciencia y tecnología explícitos e implícitos y “factores contextuales”. Su formulación operativa cobró la forma (frecuente por esos años) de una matriz en la que intervienen los tres conjuntos de variables, organizados según el “lado de la demanda”, el “lado de la oferta” y el “área de vinculación”. En líneas generales, el proyecto STPI es una buena muestra de la puesta en práctica del enfoque de sistemas, perspectiva que atravesó las ideas tanto de los analistas como de los funcionarios durante, al menos las últimas tres décadas. Este enfoque consistía, sumariamente, en suponer que los diferentes elementos que componen las actividades relacionadas con la producción y el uso de conocimientos, conforman –o debían conformar– un sistema de interrelaciones, cuya dinámica virtuosa debería 3

Como Amilcar Herrera, Jorge Sábato y Oscar Varsavsky, en Argentina; José Leite Lopes en Brasil; Miguel Wionczek en México; Francisco Sagasti en Perú; Máximo Halty-Carrère en Uruguay; Marcel Roche en Venezuela, entre otros.

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Sobre este tema véase los interesantes libros de Celso Furtado (1988) y de Avalos y Antonorsi (1980). La enumeración de las publicaciones de los autores de este abordaje escapa a la intención sintética de este trabajo. Con riesgo de cometer injusticias, sólo se comentan algunas de las producciones que marcaron la reflexión de la época.

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Los estudios sociales de la tecnología en América Latina

dar lugar a los aportes sustantivos de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional5. Mencionamos más arriba el concepto, hoy ampliamente conocido, de política “explícita” e “implícita”, propuesto por Herrera. Vale la pena comentarlo en algunas líneas, por dos razones: a) como vimos en el resumen del proyecto STPI, se trata de una idea que tuvo una amplia acogida en el marco latinoamericano, y b) se trata de una verdadera innovación conceptual para el abordaje del problema de CyT. Según Herrera, […] el error fundamental es suponer que los obstáculos que dificultan la incorporación efectiva de la ciencia y la tecnología a todas las formas del quehacer social son principalmente pasivos y consisten, en última instancia, en la falta de una política científica orgánica y coherente. La verdad es que: los países subdesarrollados tienen una política científica, pero esta posee sus propios objetivos, distintos de los que se quieren imponer, y ofrece por lo tanto una resistencia activa a cualquier intento de modificación. [Así, concluye Herrera, que] la dificultad de reconocerlo radica en que generalmente no se sabe, o no se quiere distinguir entre política científica explícita y política científica implícita. La primera es la política “oficial”, la que se expresa en leyes y reglamentos […]. La segunda, la política implícita, aunque es la que realmente determina el papel de la ciencia en la sociedad, es mucho más difícil de identificar, porque carece de estructuración formal; en esencia, expresa la demanda científica y tecnológica del “proyecto nacional” vigente en cada país (Herrera, 1995: 125).

como Proyecto Bariloche). Un equipo multidisciplinario coordinado por Herrera, durante los años 1974 a 1976, se propuso el desafío de discutir el modelo prospectivo –de claro corte neo malthusiano– generado por el club de Roma, demostrando la viabilidad del desarrollo extendido a escala planetaria, con la base tecnoproductiva, de materias primas y alimentarias disponibles a mediados de los setenta. Jorge Sábato ha sido uno de los autores emblemáticos de esta producción inicial. Algunas de sus conceptualizaciones marcaron de tal modo la reflexión sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) local, que su vigencia se prolonga hasta la actualidad. Su idea más conocida –el triángulo Estado-Empresas-Instituciones de I+D (investigación y desarrollo)– fue publicada en 1968, en un texto en coautoría con Natalio Botana (Sábato y Botana, 1968). Las interacciones entre los tres vértices del triángulo –la figura más compleja que podría comprender un economista, según el agudo sentido del humor que lo caracterizaba– permitían generar una dinámica de desarrollo, donde el conocimiento científico y tecnológico se integraba virtuosamente con la iniciativa del estado y de las empresas productivas (privadas y públicas). La difusión de esta modelización se extendió por toda América Latina y España, constituyendo un componente del “buen sentido” de gran parte de los actores del campo de CTS de la región6. Pero su creatividad no quedó allí, nuevas ideas, basadas en una concepción antidependentista, como las de regímenes de tecnología, autonomía tecnológica y fábricas de tecnología circularon por las páginas de Ciencia Nueva7. Lejos de ser simplemente un académico

Uno de los principales desarrollos encarados durante el periodo fue el denominado Modelo Mundial Latinoamericano (también conocido

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El propio Sagasti analizó críticamente, años más tarde, la perspectiva de sistemas, aunque su relectura se centró más en aspectos de forma que de fondo.

Diversos autores han criticado la propuesta de “triple hélice” por autoplantearse como una visión original, ignorando este desarrollo conceptual generado en América Latina 25 años antes que los primeros trabajos de Etzkowitz y Leysdersdorff (1996). Sábato (1971, 1972, 1973, 1975) y Sábato y Mackenzie (1982) son algunas de sus publicaciones más significativas.

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orientado a la publicación de artículos científicos, Sábato tuvo tanto una militancia política sostenida en la Unión Cívica Radical como un activo desempeño en la dirección de instituciones estatales argentinas, en particular en la Comisión Nacional de Energía Atómica (donde generó un espíritu institucional para el desarrollo de una base tecno-productiva nacional, que se encuentra vigente aún en nuestros días) y en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), por entonces la principal empresa productora de energía del país. Otro de los principales generadores de nuevas conceptualizaciones fue Oscar Varsavsky, una de las voces más radicalizadas de su generación en la crítica al “cientificismo” de la producción local8. Sus concepciones de “estilos tecnológicos” y “proyectos nacionales” se aproximan, en perspectiva historiográfica, a algunas de las conceptualizaciones vigentes en la sociología de la tecnología contemporánea (Varsavsky, 1974a y 1974b). Algunos de los textos de Varsavsky siguen tendiendo una sorprendente actualidad: Las instituciones científicas mantienen fuertes vinculaciones internacionales directamente o a través de fundaciones financiadoras, sociedades por especialidad o reuniones periódicas. El resultado es una burocrática comunicación vertical en cada rama de la ciencia y la difusión casi inmediata por todo el mundo de las novedades y normas seleccionadas por los centros de más prestigio, pero no de los demás, que son la mayoría; esto facilita la dependencia cultural. En término de los viejos antropólogos, la universalidad de la ciencia se debe mucho más a la difusión organizada que a la convergencia, los científicos de todos los países ya están unidos en una internacional aristocrática, que aparte de otros defectos es un peligro para la evolución de la humanidad. Sólo una gran diversidad de estilos científicos puede 8

garantizar que no nos metamos todos juntos en un callejón sin salida [...] (1969: 91).

Durante este periodo se iniciaron los primeros trabajos encuadrados en la entonces novedosa economía del cambio tecnológico. Jorge Katz fue autor de los estudios pioneros sobre procesos idiosincrásicos de aprendizaje tecnológico “intraplanta” y su relación con los aumentos de productividad, en la región. Katz y Ablin propusieron el concepto “actividad inventiva de adaptación” para dar cuenta de la dimensión creativa de algunas operaciones de learning realizadas en la periferia: “[...] flujo acumulado de innovaciones menores surgidas de un conjunto de actividades científico-técnicas cuyo producto son tecnologías sustancialmente modificadas respecto de las originales” (1977: 91). Polemizando con el sentido común por entonces vigente, estos trabajos intentaron mostrar, a partir de estudios de base empírica, la relevancia de la actividad de creación de tecnología en las empresas locales en los procesos de desarrollo industrial. Esta producción dio origen a lo que, durante el periodo siguiente significaría una nueva línea de convergencia transdisciplinaria en los estudios sociales de la tecnología. Esta línea incorporó, en la agenda del campo, temáticas hasta entonces escasamente consideradas. Una particularidad, que ha sido adecuadamente señalada en este espacio de preocupaciones por Albornoz (1996)9, es el cierto divorcio de la ciencia política como disciplina 9

Su libro Ciencia, política y cientificismo, publicado por primera vez en 1969, fue objeto de numerosas reediciones.

“En la literatura politológica latinoamericana de los últimos años no se presta mucha atención a la ciencia y la tecnología, ni siquiera desde la óptica de quienes estudian las políticas públicas. La política científica y la política tecnológica no figuran en el currículum de las principales facultades en las que se forman los politólogos argentinos. No hay lugar para las políticas públicas en ciencia y tecnología dentro de las carreras de ciencias políticas. No sería injusta ni excesiva, entonces, la afirmación de que –hoy por hoy– no hay espacio para la ciencia, en materia de ciencia política, en esta parte del planeta” (Albornoz, 1996: 38-43).

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respecto de los estudios sobre la ciencia y la tecnología orientados a las preocupaciones políticas. Pese al clima de explícito compromiso político de gran parte de la producción CTS del periodo, desde el campo de las ciencias políticas se registraron muy pocas contribuciones. Tal vez el caso más destacable lo constituya el texto Política y organización estatal de las actividades científico-técnicas en la Argentina de Oscar Oszlak (1976). Es notable que este divorcio constituya una de las constantes del campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, prolongándose hasta la actualidad. La sociología y la antropología de la ciencia y la tecnología Los estudios socio-antropológicos sobre la ciencia y la tecnología se fueron articulando desde una matriz sensiblemente diferente a las corrientes que reseñamos hasta aquí. En buena medida, el desarrollo de estos enfoques está en relación con el giro que se produjo, en Europa y Estados Unidos, a partir de la ruptura con la sociología de la ciencia “tradicional” de inspiración funcionalista normativa. Esta corriente había operado, de hecho, una separación neta entre el objeto de la sociología y el de la epistemología y la historia internalista de la ciencia. Según esta demarcación, la sociología debía ocuparse de las dimensiones “exteriores” a la producción de conocimientos. Como el mismo Merton admite, en uno de sus artículos más conocidos: Aquí nos ocuparemos de la estructura cultural de la ciencia, esto es, un aspecto limitado de la ciencia como institución. Así, consideraremos, no los métodos de la ciencia, sino las normas con las que se los protege. Sin duda, los cánones metodológicos son a menudo tanto expedientes teóricos como obligaciones morales, pero sólo de las segundas nos ocuparemos aquí. Este es un ensayo sobre sociología, no una incursión por la metodología” (Merton 1977: 357).

Este pasaje resulta fundamental, porque explica la división tajante que estableció Merton entre el dominio de la sociología y de otras disciplinas. Todo lo que parece pertenecer al campo “externo”, es decir, lo que refiere a los científicos y a las relaciones entre ellos, y a las instituciones en donde trabajan, queda dentro del alcance de la sociología. Por el contrario, los aspectos “internos” relacionados con las prácticas científicas, con la formulaciones de proposiciones, con el contenido de los conocimientos, con las teorías y explicaciones sobre el mundo físico y natural, corresponden o bien al campo de estudio de la epistemología, de la filosofía de la ciencia o de la historia “internalista” de las ciencias. Hacia mediados de los años setenta, esta perspectiva fue seriamente puesta en cuestión, por la “nueva sociología del conocimiento”. En muchos sentidos, un común denominador de la mayor parte de las corrientes que surgen en esos años, ha sido la pretensión de “abrir la caja negra” construida por los enfoques precedentes. La segunda pretensión, paralela a la anterior, fue la de ligar los aspectos cognitivos, presentes en el interior de la caja negra, con los aspectos sociales que los condicionan, los enmarcan y –como dirán algunos– incluso los determinan. La emergencia de un “movimiento” constructivista tuvo dos consecuencias fundamentales en el estudio sociológico de la ciencia: por un lado, al desacralizar el conocimiento científico, permitió observar de un modo más realista a los actores concretos que producen el conocimiento. Asimismo permitió señalar tanto los “descubrimientos” como los errores y pasos en falso, e hizo posible centrar la atención en las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, en relación con los conocimientos generados. Por otro lado, la sociología constructivista impulsó un cambio fundamental en el nivel de análisis de la ciencia, al concentrarse en lo que se llamó “la ciencia mientras se hace”, que debía, forzosamente, ser observada en el nivel micro, esto es,

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laboratorios y otros espacios concretos de producción de conocimientos. En América Latina, la sociología funcionalista de la ciencia no tuvo prácticamente desarrollo. El estudio del desarrollo científico y tecnológico era objeto, hasta los años ochenta, de abordajes de inspiración histórica o política. De modo que el giro que propuso el constructivismo en la región no se asentó tanto sobre las críticas a los modelos normativos, sino más bien sobre un terreno vacío. De hecho, los escasos estudios sociológicos o socio-históricos emprendidos hasta los años ochenta, se dirigieron a explicar el desarrollo de comunidades científicas y, en menor medida, tecnológicas a nivel nacional o de algunas disciplinas específicas. Como reseña Hebe Vessuri (1983: 93), es posible identificar en este sentido algunos trabajos pioneros, desarrollados respectivamente por Edmundo Fuenzalida (1971) en Chile, por Simon Schwartzman (1979) en Brasil y por Marcel Roche (1979) en Venezuela.

1980-2010: expansión del campo de estudios sociales de la tecnología La agenda del campo se redireccionó fuertemente a lo largo de las tres últimas décadas: se diversificaron los abordajes teórico-metodológicos y se incorporaron nuevas temáticas. Haciendo un recorte por disciplinas, dos áreas fueron las más dinámicas y presentan la producción más significativa: la sociología de la ciencia y la tecnología, y la economía del cambio tecnológico. Dos movimientos complementarios –y aparentemente paradójicos– se produjeron durante esos años: por un lado, la emergencia y “recepción” (a veces crítica, a veces acrítica) de diferentes enfoques constructivistas los que fueron generando una difusión disciplinaria, donde el “conocimiento” como objeto, atraviesa los estudios de la ciencia como los que se centran en la tecnología. Esto resulta particu-

larmente relevante, por ejemplo, en los trabajos con abordajes relativos al estudio de las “redes” de conocimiento tanto como en la influyente perspectiva de la “triple hélice”. Sin embargo, y en la medida en que se produjo una importante institucionalización académica del campo, las formaciones disciplinarias originadas en las ciencias sociales (dejando de lado a los investigadores “amateurs” formados en las ingenierías o en las ciencias), van reafirmando al mismo tiempo sus propias perspectivas disciplinarias, y por lo tanto sus propias teorías y sus propios métodos de investigación. Sociología e historia de la tecnología La producción de trabajos en sociología e historia de la ciencia y la tecnología se desarrolló en los años ochenta y noventa, paralelamente a la difusión en la región de los nuevos conceptos de sociología constructivista. La adopción de esta perspectiva dio lugar a una serie relativamente extensa de proyectos y programas de investigación de base empírica. Frente a la producción de carácter general –y a veces en-sayístico– de la fase anterior, durante estas dos últimas décadas se han privilegiado abordajes teórico-metodológicos basados en trabajos de campo: estudios de caso, diversas técnicas de entrevistas, reconstrucción de redes de actores, análisis socio-institucional, estudios etnometodológicos. Cambió, al mismo tiempo, la forma de recortar los objetos de análisis. De los grandes temas de política de CyT a escala nacional, se pasó a la focalización de objetos discretos: grupos y líneas de investigación, instituciones de I+D, artefactos y procesos de producción, procesos de producción de conocimientos. En otros términos, donde anteriormente se priorizaba el espacio macro, ahora se privilegian los niveles de análisis micro y meso. Paralelamente, el carácter normativo de la producción fue desplazándose hacia el estudio descriptivo y el análisis explicativo realizado a la luz de las nuevas herramientas conceptuales. 42

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Una excepción, tanto en la orientación micro de los trabajos como en el enfoque constructivista, la constituye una frecuente preocupación por el estudio de algunos campos académicos específicos (comunicación, educación, química, etc.), usualmente emprendidos por investigadores cuya formación inicial pertenece al campo estudiado. Al mismo tiempo, la preocupación por el estudio de campos científicos viene de la mano de la fuerte influencia que han tenido los trabajos de Pierre Bourdieu en América Latina desde el comienzo de los años ochenta y no solo en los referidos al estudio social de la ciencia, ciertamente marginales en los trabajos de este autor. La adopción de nuevos marcos teóricos relativistas-constructivistas10 llevó a la proliferación de aplicaciones a casos locales de análisis en términos de actor red, redes tecno-económicas, flexibilidad interpretativa y grupos sociales relevantes. Al mismo tiempo, a partir de los ochenta alcanzaron una mayor difusión relativa los estudios históricos de la tecnología de raíz externalista, mientras que iban perdiendo importancia relativa los internalistas. Es posible registrar, en diferentes países de la región, líneas de investigación de historia social de la tecnología. Probablemente, uno de los casos más destacados en este sentido lo constituya la creación del Centro Interunidades de História da Ciência e da Tecnología (CHC) de la Universidad de San Pablo, en Brasil. En México, Perú y Colombia existe una significativa producción vinculada particularmente a estudios antropológicos y desarrollos de culturas precolombinas, así como a desarrollos sociales y tecno-productivos durante la fase colonial. También es posible registrar algunos desarrollos aislados en otros países de la región –Argentina y Venezuela, por ejemplo– vinculados al desarrollos de la industria, y de algunos sec10 Véase los trabajos de David Bloor (1976), Harry Collins (1985), Bruno Latour (1987), John Law (1999), Michel Callon (1998), Trevor Pinch y Wiebe Bijker (1987), entre otros.

tores industriales en particular. Obviamente, una parte sustantiva de estas producciones responde a abordajes enmarcados en la historia económica y se orientó, principalmente, al análisis de algunas producciones tecnológicas más recientes, vinculadas al desarrollo de los sectores informático o nuclear. Este viraje teórico-epistemológico llevó a la constitución de nuevos problemas de investigación. Si bien continuaron desarrollándose programas externalistas, centrados en el comportamiento de la comunidad científica (migraciones, brain drain, procesos de institucionalización de la actividad científica y tecnológica, constitución de comunidades científicas nacionales), crecientemente las investigaciones fueron incorporando al propio proceso de producción del conocimiento científico y tecnológico como objeto de estudio. Algunas líneas de trabajo asumieron el desafío del principio de simetría propuesto, a través de diferentes formulaciones radicales y moderadas, por las teorías relativistas. Aunque es necesario acotar que, en una significativa cantidad de casos, estudios auto-denominados relativistas-constructivistas no han superado, en la práctica, el alcance de los estudios externalistas, focalizados en aspectos socio-institucionales. Aunque incorporan el producto de conocimiento (científico o tecnológico), lo hacen como una cuestión relativamente secundaria –o como mero “resultado” de un proceso social lineal, aunque complejo– en el análisis y la construcción de explicaciones. La adopción de las nuevas conceptualizaciones constructivistas dio lugar a una serie de resignificaciones y desplazamientos temáticos. Por una parte, llevó a la revisión de temáticas abordadas previamente desde otras perspectivas. Se revisitaron así cuestiones sobre procesos de constitución de disciplinas, en el nivel local, interacciones intra y extra regionales de la comunidad científica y tecnológica, la relación de los científicos y tecnólogos con el mercado, las relaciones entre procesos de producción de conocimientos y producción de bienes

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y servicios, las relaciones entre políticas de ciencia y tecnología y estrategias de los actores, por ejemplo. Por otro lado, se plantearon algunos trabajos críticos, orientados a cuestionar la insuficiencia de los nuevos conceptos constructivistas como mecanismos explicativos de las dinámicas locales. Estos trabajos discutían, en particular, la limitación de las conceptualizaciones de “actor-red” y “redes tecno-económicas” como herramientas analíticas adecuada para abarcar fenómenos vinculados a situaciones regionales insoslayables en América Latina: situación periférica, transnacionalización y globalización de la producción, debilidad política estructural de los aparatos de estado, situación de las unidades de I+D. Sin embargo, a diferencia de la fase anterior, estos cuestionamientos no alcanzaron a constituir un eje de debate en el campo de CTS local. Finalmente, la difusión de las teorías constructivistas llevó a la generación de desarrollos conceptuales complementarios, a la gestación de nuevas conceptualizaciones mediante procedimientos de triangulación teórica, a la propuesta de abordajes teórico-metodológicos alternativos y, en contados casos, a la genuina producción de nuevos conceptos. Si bien no es una tarea simple la de hacer un “mapa” de la producción conceptual de los estudios sociohistóricos de la ciencia y la tecnología en la región, sí es posible mencionar algunos ejemplos, a título de ilustración. En este sentido podemos señalar cómo, por ejemplo, desde perspectivas diferentes, Rosalba Casas (2001) en México, Jorge Charum (1995) en Colombia, al igual que Pablo Kreimer y Hernán Thomas (2003), y Leonardo Vaccarezza y Juan Pablo Zabala (2002) en Argentina o Hebe Vessuri (1983) en Venezuela, fueron abordando la crítica sociológica al modelo lineal de producción y uso de conocimientos. Rosalba Casas (2001) propone rediscutir el concepto de redes, incorporando elementos formulados por la sociología de la tecnología. Así, elabora una propuesta de estudio

de “redes de actores que permite detectar las estrategias técnicas y organizacionales de los actores y diferenciar entre distintos tipos de redes (de innovación, de difusión, de producción o redes profesionales)” (2001: 22). Charum y Parrado (1995) trabajaron sobre la utilidad de los conocimientos científicos y tecnológicos entendidos como el resultado de procesos de construcción social. Según estos investigadores, “el estudio de la relación y de sus características, entre la producción de resultados y su uso social ha determinado un giro hacia la necesaria caracterización de los ‘usuarios’”. Por otro lado, estos investigadores produjeron una innovación conceptual importante, que ataca al corazón del modelo lineal: “La investigación porta en germen el carácter útil de lo que se espera conseguir al final del proceso: desde su emergencia, el grupo que investiga constituye un potencial de posibilidades, que espera sean reconocidos por aquellos a quienes interesa su actualización” (Charum y Parrado, 1995). Kreimer y Thomas (2003) han intentado formular un abordaje “integrado” del problema de la utilidad de los conocimientos científicos y tecnológicos, en la medida en que consideran que los enfoques precedentes han tratado el tema de un modo fragmentado y parcial. Estos autores proponen […] comprender los procesos de producción y de construcción social de la utilidad de los conocimientos, entendidos como las dos caras de una misma moneda: la utilidad del conocimiento no es una instancia que se encuentra al final de una cadena de prácticas sociales diferenciadas, sino que se encuentra presente, como una dimensión significativa, tanto en el diseño de un proyecto de investigación por parte de un grupo de investigadores, como en los procesos de re-significación de los conocimientos en los que participan otros actores sociales relevantes (Kreimer y Thomas, 2003).

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Por otro lado, el interés de Vaccarezza y Zabala (2002) se ha dirigido a “generar una mirada de la investigación científica académica al nivel microsocial del investigador en sus tareas”. Para ello, centraron “el análisis del comportamiento de los investigadores académicos en el concepto de estrategia […] en un sentido más próximo al enfoque de Bourdieu”. Consecuentemente, estos autores consideran que “la cuestión de la utilidad social se plantea como una atribución de sentido por parte del investigador o una utilidad subjetiva, significando esto no la generación de un beneficio para el actor, sino la expectativa subjetiva de éste respecto a la utilidad del objeto para de otros agentes” (Vaccarezza y Zabala, 2002). El análisis de las condiciones propias de un contexto periférico constituyó otro tema sustantivo en la producción intelectual desde la sociología de la ciencia. Sin dudas, una de las primeras en conceptuar el problema ha sido Hebe Vessuri (1983), quien editó un libro cuyo título es, precisamente, la Ciencia periférica. Allí, Vessuri señala la influencia del contexto sociocultural sobre la ciencia, a partir de tres niveles de análisis, cuya aplicación conforma lo que podríamos denominar “la condición periférica”: el nivel de los conceptos, el nivel de los temas de investigación y el nivel de las instituciones. El marco de análisis propuesto por Vessuri ha sido muy fructífero, tanto por su contenido como, sobre todo, porque tematizó en el campo de CTS el problema de los determinantes presentes, y la dinámica en la producción y uso de conocimientos en contextos periféricos. Como señala la propia autora, […] la promesa de los frutos que la sociedad puede esperar de estos estudios […] estará en el esclarecimiento de las formas históricas y contemporáneas de la razón humana […] y en la comprensión de su relación con los hechos y estructuras de la práctica científica contemporánea y sus aplicaciones sociales, evaluando críticamente la influencia de las formas aplicadas de la racionalidad científica (Vessuri, 1983).

Desde una mirada diferente, tanto en términos disciplinarios, ya que proviene de la historia de la ciencia, como desde el punto de vista analítico, Marcos Cueto (1989) ha trabajado con profundidad el problema, definido en términos de lo que denomina “excelencia científica en la periferia”. Derivado del análisis de los procesos sociales de construcción de la utilidad, Kreimer y Thomas llamaron la atención sobre un fenómeno característico de la dinámica local de producción de conocimientos científicos y tecnológicos: una porción considerable del conocimiento en los países periféricos que, a pesar de declararse como “aplicada”, en realidad no tiene ninguna aplicación efectiva. Formularon así el concepto de Conocimiento Aplicable No Aplicado (CANA), referido a la producción de conocimientos científicos y tecnológicos considerados aplicables que no dan lugar a innovaciones de proceso de producción o de producto, ni contribuyen a la solución de problemas sociales o ambientales. Según los autores, [...] aunque esta situación sea detectable tanto en los contextos centrales como periféricos, en los países en desarrollo ello plantea un problema de importancia estratégica: frente a la necesidad de poner en práctica un desarrollo tecno-productivo capaz de integrar a aquellos países en mercados globalizados o de ofrecer respuestas socio-técnicamente adecuadas para resolver graves problemas sociales, la producción local de conocimientos no ha estado, hasta nuestros días, en condiciones de contribuir de un modo crucial a este esfuerzo colectivo (Kreimer y Thomas, 2003)

Más recientemente, se han profundizado algunos de estos análisis, intentando abrir la caja negra de las relaciones centro-periferia, o ahondando en la exploración conceptual y empírica de producciones tecnológica alternativas, encuadradas en el concepto de “tecnologías sociales”. 45

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Economía del cambio tecnológico La difusión de teorías económicas orientadas a explicar el cambio social y productivo en términos de innovación tecnológica motivó la aparición en la región de economistas “evolucionistas” y “regulacionistas”. Sus marcos de referencia para el tratamiento de la relación entre contexto económico social y cambio tecnológico, por una parte, los colocaron en disputa con los que respondían al paradigma neoclásico y, por otra, los acercaron a grupos locales orientados a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. La eclosión de la preocupación por la problemática ambiental dio pie al abordaje de la problemática científica y tecnológica en términos ecológicos, en particular, con interrogantes acerca de la sustentabilidad del desarrollo y el riesgo ambiental. En tanto, la sociología del trabajo, influenciada por la escuela francesa de la regulación, confluyó hacia algunas líneas vinculadas a estudios sociales de la ciencia y la tecnología. La difusión de la economía del cambio tecnológico dio lugar a una diversidad de impactos en la dinámica del campo de CyT. La combinación de los procesos de institucionalización vía una práctica académica de la actividad de los investigadores de CTS, así como de la difusión de abordajes teórico-metodológicos generados en las matrices disciplinares de la sociología de la ciencia y la tecnología, a lo que se suma la economía de la innovación, han comenzado a generar puentes transdisciplinarios a nivel regional, reflejados en algunos recortes temáticos que dan cuenta de la convergencia. En virtud de este movimiento, resulta pertinente analizar el proceso de difusión y adopción de conceptualizaciones de la economía del cambio tecnológico en el campo CTS latinoamericano. Así, por una parte, se generó una cantidad significativa de producciones enmarcadas en abordajes neo-schumpeterianos y evolucionistas. La difusión de estos conceptos complementó o, aún, sustituyó en algunos casos, la

producción de trabajos estructuralistas y desarrollistas. Por otra parte, la preocupación de estas teorías por aspectos tales como el entorno institucional de las firmas, los fenómenos de co-evolución entre instituciones y tecnologías, la incidencia de factores sociales, lingüísticos y culturales sobre las dinámicas locales de innovación, abrió espacio para el interés de investigadores provenientes de otras matrices disciplinares (historia, sociología, antropología, ingeniería, entre otras). Finalmente, este potencial de convergencia dio lugar a algunos intercambios, a la participación de encuentros plurales en algunos casos y a proyectos de investigación de naturaleza multidisciplinar. La innovación tecnológica fue, tal vez, el principal tema desarrollado en el campo; este tema ha dado lugar a una ingente cantidad de publicaciones, generadas desde las más diversas perspectivas y ha cubierto desde estudios de caso y sectoriales hasta relevamiento y sistematización de normativas, desplegando los más diversos abordajes metodológicos. Obviamente, una proporción significativa de los trabajos respondió a la matriz disciplinaria de la economía del cambio tecnológico, pero dada la atracción generada por la temática, tanto el discurso normativo como el análisis de base empírica de las actividades científicas y tecnológicas se impregnaron de la preocupación por la innovación local. Se produjo una diversidad de trabajos orientados al análisis de la relación entre unidades de investigación y desarrollo y unidades productivas de bienes y servicios. Estos trabajos se encuadraron bajo distintas denominaciones: Universidad-Empresa y UniversidadSector Productivo fueron las más comunes. La problemática ha sido abordada desde diferentes perspectivas: política (Judith Sutz, Rodrigo Arocena, Renato Dagnino, Hernán Thomas), sociológica (Hebe Vessuri, Rosalba Casas, Pablo Kreimer, Jorge Charum), de gestión institucional, entre las principales. Como una derivación de los desarrollos constructivistas, se generaron en la región nue46

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vas conceptualizaciones orientadas a explotar el potencial de convergencia entre la sociología de la tecnología y la economía del cambio tecnológico. Hernán Thomas propuso los conceptos de “resignificación de tecnologías”, “dinámica y trayectoria socio-técnica” y “estilo socio-técnico” como herramientas analíticas adecuadas para captar la complejidad de procesos localizados de generación y uso de conocimientos y artefactos tecnológicos, desde una perspectiva simétrica (Thomas 1995, 2002; Thomas y otros, 2004). Renato Dagnino y Thomas generaron el concepto de “adecuación sociotécnica” (Dagnino y Thomas, 2001; Dagnino 2003) no sólo como una herramienta descriptiva de procesos de creación y utilización de tecnología, sino también como un abordaje operativo orientado al mejoramiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación latinoamericanas. Dos nuevas conceptualizaciones “nueva producción de conocimiento” (Gibbons y otros, 1994) y “triple hélice” (Etzkowitz y Leydersdorff, 1996) tuvieron influencia significativa en la producción local del campo a partir de mediados de los años noventa. Es posible encontrar la incidencia de ambos abordajes tanto en artículos –que adoptan sus propuestas conceptuales como el eje de sus marcos teórico– como en ensayos de política de ciencia y tecnología –que se alinean mecánicamente a estas propuestas normativas–. La circulación de estas conceptualizaciones también ha dado lugar a trabajos orientados a problematizar algunas de sus afirmaciones básicas, y, en particular, su capacidad explicativa y su adecuación como herramientas analíticas para la interpretación de procesos locales. La realización de la Tercera Conferencia Internacional de Triple Hélice, en Río de Janeiro, a inicios del año 2000, que contó con la participación de numerosos investigadores locales, impulsó la difusión de esta perspectiva en la región y promovió la realización de numerosos estudios de caso encuadrados en sus demarcaciones conceptuales.

Estudios sobre política y gestión de la tecnología Los trabajos encuadrados en la perspectiva política se orientaron fundamentalmente por la preocupación acerca del desarrollo social y económico de los países de la región, el papel de la comunidad académica en las estrategias de desarrollo y el impacto potencial del desarrollo local de conocimientos científicos y tecnológicos en las economías nacionales. Al mismo tiempo, generaron una visión crítica de las políticas vigentes y, en particular, de las propuestas restringidas a la percepción del conocimiento como mercancía. Dado el carácter normativo de la preocupación, los trabajos se centraron en el análisis de algunas situaciones consideradas paradigmáticas (produciendo algunos análisis sectoriales, estudios de caso o análisis de experiencias específicas) y, fundamentalmente, en el relevamiento y revisión crítica de la normativa vigente y los posicionamientos de los actores políticos (estado, empresarios, líderes de la comunidad científica, tecno-burócratas). La producción vinculada con la reflexión política crítica disminuyó relativamente a favor de trabajos instrumentales de política institucional. Financiados por organismos internacionales, estos trabajos se orientaron al relevamiento de instituciones de I+D, de planificaciones de políticas públicas de CyT a escala regional (latinoamericana o de algunas de las sub-regiones: ALADI, MERCOSUR) y a análisis de naturaleza prospectiva. Si bien esta producción responde a abordajes metodológicos diversos, suele contener mecanismos de consulta a expertos y actores locales relevantes. En general, estas producciones fueron concebidas como insumos orientados a la optimización del proceso de toma de decisiones y al mejoramiento de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Aunque resulta difícil establecer una ponderación, la influencia de estos insumos sobre las políticas locales parece haber sido escasa.

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Pero también se produjeron análisis y estudios críticos focalizados en las políticas públicas de ciencia y tecnología. Una parte significativa de esta producción suele ser planteada por sus autores como continuación de las producciones de los sesentas y setentas. Centrados en la preocupación por el desarrollo económico y social, el eje de estos trabajos es la reorientación y adecuación de la normativa de ciencia, tecnología e innovación hacia la convergencia con la resolución de necesidades sociales y demandas tecno-productivas. Normalmente, estos textos adoptaron un estilo ensayístico, apoyado por fuentes secundarias y bases de datos estadísticos (Renato Dagnino, Judith Sutz, Rodrigo Arocena, Mario Albornoz, Enrique Oteiza). La producción de “indicadores de ciencia y tecnología” es otra temática central en la producción reciente del campo. Desde mediados de la década del noventa se ha desplegado un esfuerzo a escala regional para la producción y compatibilización de indicadores de ciencia y tecnología11. Los esfuerzos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana/Interamericana (RICYT) se orientan a integrar a los países de la región en la generación, coordinación, compatibilización y unificación de criterios para la producción de indicadores de ciencia, tecnología e innovación. Los logros más significativos han sido la elaboración de un Manual Latinoamericano de Indicadores de Innovación Tecnológica y la publicación periódica de indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos e interamericanos. Los estudios de gestión fueron motorizados por una serie de iniciativas, orientadas a la difusión y aplicación de diferentes propuestas de reconfiguración institucional de las universida-

des12. Los trabajos generados desde esta perspectiva responden, centralmente, a dos modelos: por una parte, una extensa literatura de carácter normativo, destinada a promover y dar sustento discursivo a las propuestas de re-conversión institucional, en base a la emulación de casos exitosos en países desarrollados; por otra, una profusa producción de relatos de implementaciones de la normativa de carácter meramente descriptivo (objetivos, instrumentación, valorización de la experiencia). En la década de los noventa se extendió la realización de estudios institucionales –a nivel meso y micro– destinados a la evaluación de las iniciativas políticas vigentes y de las actividades desarrolladas en las instituciones públicas de CyT. Muchos de estos trabajos se originaron en demandas de diagnósticos institucionales, como insumos para la realización de planificaciones estratégicas o de procesos de reingeniería institucional. Gran parte de la producción vinculada a los encuentros de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC) responde a este recorte temático. Es de notar, en esta producción, la aparición de una problemática asimetría metodológica: la selección a priori de casos considerados “exitosos”. Dicha asimetría generada originariamente en la producción europea y estadounidense fue “heredada” por los estudios de caso locales. Tanto el análisis crítico de las experiencias locales como el seguimiento de las iniciativas en el tiempo o, aún, el estudio de los

Iniciada en 1987 por la conferencia de Rectores Europeos (CRE) y algunas universidades de América Latina, se convirtió posteriormente en un programa de cooperación multilateral. El objetivo principal de Columbus fue promover el desarrollo institucional de las universidades a través del perfeccionamiento de los procesos y estructuras de gestión. El programa se concentró en dos temas: calidad de la enseñanza y relaciones entre la universidad y la industria. Dentro de esta última temática se plantearon tres líneas de trabajo: gestión de la innovación y transferencia de tecnología, asesoramiento y evaluación de incubadoras de empresas y aspectos legales de la transferencia de tecnología.

11 Este tipo de estudios han sido financiados por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED) y la UNESCO. 12 La red Columbus (Collaboration in University Management: a bridge between universities and scholars) constituye el caso más claro en este sentido.

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fracasos ocupan un lugar periférico en la pro- cientemente se pueden mencionar algunos ducción local. estudios promovidos por la OEI, que incluyen tanto trabajos de tipo cuantitativo como ciertas discusiones conceptuales. La segunda, los Debates y silencios trabajos sobre prospectiva prácticamente se restringieron, durante esta fase, a la tentativa Respecto de la participación diferenciada se- de continuación, ampliación y profundización gún los enfoques disciplinarios predominan- del Proyecto Bariloche, liderada por Amílcar tes, resulta sumamente difícil dimensionar el Herrera (Herrera y otros, 1994). espacio relativo ocupado por los estudios so¿Cuáles son los ejes de debate? Curiosacio-históricos de la ciencia y la tecnología en el mente, en una dinámica de convergencias y conjunto de la producción latinoamericana espacios transdisciplinarios, de multiplicación del campo CTS. Sin embargo, no parece im- de abordajes, resulta dificultoso registrar núprudente afirmar que es, comparativamente, cleos de debate que hayan caracterizado esta menos significativo que el de otras disciplinas. etapa. Aún más curioso si se tiene en cuenta Encontramos, aquí, una paradoja: mientras que la fase anterior se caracterizó por un intenque, numéricamente, los espacios hegemóni- so intercambio de ideas y discusión, tanto rescos son ocupados por trabajos encuadrados en pecto de la política oficial como entre las difegestión de la ciencia, de la tecnología y de la rentes posiciones críticas. innovación y economía del cambio tecnológiDos ejes de debate se destacan particularco, las producciones de sociología e historia de mente por su ausencia. El primero se relaciona la ciencia y la tecnología –stricto sensu– pare- con el desarrollo de trabajos internalistas y cen participar con menos de la quinta parte constructivistas. Probablemente la diversidad del total13. Sin embargo, en la conformación de espacios, tanto de socialización y participapública de agendas de investigación y, muy ción académica como de publicación, posibiliparticularmente, en el espacio de las reuniones tó la coexistencia pero no así el diálogo con ESOCITE (Estudios Sociales de la Ciencia y este tipo de trabajos. La segunda ausencia es la Tecnología) que ha congregado a un nú- aún más notable. Salvo en los casos anotados mero importante de investigadores, las pers- previamente, es evidente en la región la dispectivas aportadas por la sociología de la cien- continuidad de la reflexión caracterizada como cia y la tecnología, tanto como la perspectiva “pensamiento latinoamericano crítico”, equivahistórica que la acompaña, han tenido una lente a lo que fue, en su momento, el influencia determinante. PLACTS. Solo algunas conceptualizaciones se ¿Cuáles han sido las temáticas ausentes o mantienen vigentes, más en el plano metafóride menor importancia relativa? Dos áreas te- co que en el categorial: el “triángulo” de Sámáticas parecen escasamente desarrolladas. La bato (1968), la distinción entre “política implíprimera de ellas la conforman estudios sobre cita y explícita” de Herrera (1995 [1971]), la comunicación pública de la tecnología, los crítica al “cientificismo” de Varsavsky (1969). cuales son aún escasos en la región. Muy re- Los nuevos abordajes se difundieron en la región prácticamente sin beneficio de inventario. Lejos de un debate orientado a la evalua13 Sólo a efectos de dimensionar la visibilidad de la pro- ción de capacidades explicativas, de potencial ducción, es posible mencionar un estudio en el que se de convergencia o mutua exclusión, la produccuantificaron las ponencias a los tres principales even- ción de los sesenta y setenta simplemente pertos internacionales que convocaron a investigadores latinoamericanos en la temática CTS en el año 1996 dió vigencia, ocupando un espacio secundario en la memoria de los antecedentes del campo (Dagnino, Thomas y Gomes, 49 ÍCONOS 37, 2010, pp. 35-53


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de los estudios sociales de la ciencia y la tecno- sentido antes que sujetándose a su enunciado. En el plano normativo, esto tal vez permita logía en la región. evitar caer en la ilusión de que por usar los mismos significantes se puede reconstruir la realidad a la medida del concepto utilizado Conclusiones (mientras las cosas (como, por ejemplo, ha ocurrido en las tentasiguen ocurriendo…) tivas locales de emulación de modelos instituPese a este panorama múltiple y diverso, no cionales: “incubadoras de empresas de base parece haberse gestado aún una dinámica de tecnológica”, “parques tecnológicos” y “distridesarrollo teórico conceptual correspondiente tos industriales”). El desafío es aún mayor si se incorpora la al aumento de escala de la producción. Claro que esto no ocurre solo en el campo de los es- dimensión política. Con todo lo valioso que tudios locales de la tecnología, sino que se ex- han sido para la comprensión de la dinámica tiende al conjunto de la producción científica socio-técnica latinoamericana, los estudios (y, en particular, de ciencias sociales) latino- microeconómicos y microsociológicos resultan insuficientes como insumos para la elaboamericana. No se trata simplemente –es obvio– de un ración de políticas de innovación. En el estaproblema de “originalidad”. Tanto los aborda- dio en que se encuentra la elaboración local de jes teórico-metodológicos como las propuestas políticas, los resultados de este tipo de investinormativas requieren un alto grado de adecua- gaciones no alcanzan a abarcar la complejidad ción a la dinámica social, científica, tecnológi- del problema que se enfrenta en la actual sica, productiva, económica y cultural de la re- tuación (globalización, integración regional, gión. Esta adecuación debería conducir, irre- desregulación y re-regulación, cambio climátimisiblemente, a la gestación de nuevas concep- co, etc.). Si bien pueden aportar criterios acertualizaciones, de nuevas producciones científi- ca de “lo que no hay que hacer”, resultan inadecuados como insumos para proponer, priocas y de nuevas propuestas estratégicas. La revisión de la trayectoria del campo de rizar y definir medidas de política concretas. La última lección de la primera generación estudios sociales de la tecnología latinoamericanos permite plantear nuevos desafíos para el latinoamericana de estudios sociales de la ciendesarrollo local de la sociología e historia de la cia y la tecnología: reflexión crítica + generaciencia y la tecnología y de la economía del ción de conceptos localmente adecuados + cambio tecnológico. Si la trayectoria aquí pre- intervención en procesos de policy making, sentada es aceptada –al menos parcialmente– parece hoy tan vigente como en los sesentas. parece necesario realizar una profunda renova- De la renovación teórico-conceptual y normación del aparato conceptual explicativo-nor- tiva puede depender –al menos parcialmente– mativo utilizado, lo que implica, entre otras la posibilidad de realización de un escenario de cosas, la posibilidad de enriquecerlo con apor- democratización política y desarrollo econótes genuinos. mico y social en la región. Desde la perspectiva de la necesidad de una adecuación de los conceptos teóricos a la dinámica socio-técnica local, la ortodoxia teórica no implica seguridad analítica ni garantía epistemológica alguna. Lejos de ello, supone el riesgo de generar fenómenos de inadecuación. Parece conveniente vigilar los procesos de resignificación de los conceptos, recuperando su 50 ÍCONOS 37, 2010, pp. 35-53


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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Serie Tesis La industria del sexo en Quito: representaciones de trabajadoras sexuales colombianas Pamela Villacrés FLACSO-Sede Ecuador / Abya-Yala, 2009 154 páginas Esta investigación estudia la industria del sexo en Quito; se enfoca particularmente en la participación de mujeres inmigrantes colombianas y resalta su agencia en sus opciones laborales y migratorias. Por otra parte, analiza al trabajo sexual como una actividad económica en el marco de una lógica de mercado moldeada por procesos capitalistas globales en los que adquiere un papel relevante la migración transnacional y la industria del sexo, en tanto generadora de empleo y revitalizadora de las economías locales e internacionales. El libro intenta revelar las mediciones que el mercado sexual presenta y que dan especificidad y peculiaridad al trabajo sexual, a saber: la regulación estatal, los estigmas positivos que recaen sobre mujeres colombianas y la irregularidad en su situación migratoria. Asimismo, devela la existencia de ciertas nociones de masculinidad que sostienen esta actividad económica.


Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes1

Reconsidering Social Technologies as Common Goods Ariel Vercelli Doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Quilmes. Investigador Asistente del CONICET en el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IEC-UNQ). Correo electrónico: avercelli@bienescomunes.org Página web: http://www.arielvercelli.org/ Fecha de recepción: noviembre 2009 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Este artículo describe las relaciones que se plantean entre las regulaciones sobre bienes materiales e intelectuales y las tecnologías sociales. Para ello, se utilizan algunas herramientas teóricometodológicas provenientes del análisis socio-técnico y se aprovechan desarrollos conceptuales referidos a la caracterización de los “bienes comunes”. Con ello se busca problematizar el carácter jurídico-político que pueden adquirir algunas tecnologías sociales y, a su vez, analizar posibles formas de privatización y apropiación que éstas podrían sufrir por parte de corporaciones comerciales y Estados. Palabras clave: tecnologías sociales, bienes comunes, gestión de derechos.

Abstract In this article, the author describes relations proposed between the regulation of material and intellectual goods and the social technologies. To that end, theoretical-methodological tools from social-technical analysis are used, and conceptual developments related to the characterization of “common goods” are applied. For that purpose, the legal-political character that some social technologies may acquire is problematized, and, at the same time possible forms of privatization and appropriation that these might undergo by private business or the state are analyzed. Key words: social technologies, common goods, development of rights.

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El artículo fue preparado para ÍCONOS, Revista de Ciencias Sociales de FLACSO Ecuador. Esta obra intelectual se desarrolló gracias al apoyo brindado por BIENES COMUNES Asociación Civil http://www.bienescomunes.org/ y el CONICET de Argentina. Esta obra es Derecho de Autor © 2009, Ariel Vercelli. Algunos Derechos Reservados. Obra liberada bajo la licencia copyleft de Creative Commons Atribución - Compartir Derivadas Igual 2.5 de Argentina. URL de la licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/. Puede descargar esta obra visitando la siguiente URL: http://www.arielvercelli.org/rltscbc.pdf Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 55-64 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Ariel Vercelli

Introducción

tenible se presenta como una necesidad. El artículo también busca contribuir con el desaste artículo es parte de una investi- rrollo de políticas públicas estratégicas sobre gación mayor sobre las relaciones tecnologías sociales. de co-construcción que se producen entre las regulaciones de conductas y espacios, y las diferentes tecnologías que se utilizan para Los bienes comunes frente al cambio estos fines. Específicamente, en este artículo se socio-técnico describen algunas relaciones que pueden presentarse entre las regulaciones de bienes mate- En pocos años los bienes comunes se han riales e intelectuales y ciertas tecnologías carac- transformado en una de las piezas clave para terizadas como “tecnologías sociales” (o, tam- entender las dinámicas de producción, gestión bién, tecnologías orientadas a la inclusión y el y distribución de la riqueza a nivel global. El desarrollo sostenible). Para ello, se utilizan al- análisis sobre aquello que es “mío”, “tuyo” o gunas herramientas teórico-metodológicas “nuestro” se vuelve cada vez más importante provenientes del análisis socio-técnico y se para conocer a quiénes corresponde la producaprovechan desarrollos conceptuales referidos ción de las diversas formas de riqueza material a los ‘bienes comunes’2. El artículo es parte de o intelectual (Vercelli, 2006, 2009). ¿Qué un ejercicio teórico, un ejercicio de transduc- aspectos de los desarrollos tecno-científicos de ción, donde las tecnologías sociales se conside- las últimas décadas pertenecen a los intereses privados de las personas, corporaciones coran como bienes comunes. ¿Por qué ciertas tecnologías comienzan a merciales o Estados? ¿Cuáles son públicos (con definirse como “sociales”? ¿Cómo se gestio- intervención de los Estados) y cuáles se mannan? ¿Pueden estas tecnologías pasar a ser tec- tienen en la esfera comunitaria (a nivel local, nologías privadas, privativas, privatizadas? Las nacional, regional o global)? Una primera discusiones sobre los bienes comunes, ¿pueden aproximación sobre los bienes comunes permiarrojar alguna luz sobre las caracterizaciones te caracterizarlos como aquellos “bienes” que de las tecnologías sociales? Las respuestas que se producen, se heredan o se transmiten en una ofrece este artículo son todavía iniciales; sin situación de comunidad, que tiene un carácter embargo, van a permitir avanzar sobre algunas “común” (Ostrom, 1990; Bollier, 2008; discusiones que aún no tienen un tratamiento Vercelli y Thomas, 2008; Vercelli, 2009). En estable a nivel mundial. A saber, el artículo este apartado se amplían las nociones de “bien/ busca problematizar el carácter jurídico-políti- bienes” y de “común/comunes”. co que pueden adquirir las tecnologías sociales Para esta obra el concepto de “bien/bienes” y, a su vez, presentar posibles formas de priva- indica aquello que tiene (o puede tener) un tización y apropiación que éstas podrían tener valor, un interés, una utilidad, un mérito y a manos de corporaciones comerciales y que, a su vez, recibe (o puede recibir) protecEstados. América Latina es una de las regiones ción jurídica3. Así, los bienes son todas aquemás desiguales de la tierra y re-pensar las tec- llas cosas materiales o entidades intelectuales en nologías desde la inclusión y el desarrollo sos-

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Este artículo se basa en ideas y fragmentos de los capítulos primero y segundo de la tesis de doctorado Repensando los bienes intelectuales comunes: análisis socio-técnico sobre el proceso de co-construcción entre las regulaciones de derecho de autor y derecho de copia y las tecnologías digitales para su gestión (Vercelli, 2009).

El concepto de “bien/bienes” transporta una carga semántica que es necesario aclarar. Para el presente análisis este concepto no tiene una relación directa con posiciones filosóficas, religiosas, morales o éticas. Tampoco posee una carga positiva, afirmativa o se refiere a la idea del “bien común” como posición política, única, vertical y moralizante sobre lo que es bue-

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Reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes

tanto objetos de derecho. La definición de “bien/bienes” alcanza a todo lo que sea o pueda ser jurídicamente tutelado más allá del reconocimiento expreso en una ley positiva o de las interpretaciones jurídico-políticas que pueden ser dominantes en un tiempo y espacio socio-históricamente situados4. Estos bienes jurídicos protegen tanto intereses personales como intereses comunitarios (sociales, colectivos). El significado de un bien no es autoexplicativo. Es decir, los bienes no tienen razones internas, inmanentes o intrínsecas que los expliquen “por sí mismos”, sino que son una construcción híbrida determinada por sus interrelaciones sociales, jurídicas, económicas, políticas o tecnológicas (Latour, 2004; Bijker, 1995). Históricamente, lo “común” es aquello que surge de la comunidad y, por tanto, estos bienes pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de sus miembros, comuneros o ciudadanos (Rubinstein, 2005; Bollier, 2009; Vercelli, 2009). Muchos de estos bienes comu-

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bueno para todos los integrantes de una sociedad. A su vez, el concepto no define solo los bienes materiales o mercancías que circulan en mercados de economías capitalistas. En igual sentido, el concepto tampoco remite exclusivamente a los bienes comerciales o a aquellos que están alcanzados solo por intereses pecuniarios. Existen muchos otros intereses que el derecho también tutela. En este sentido, el concepto de “bien/ bienes” es abarcativo, heterogéneo e incluye siempre una multiplicidad de intereses, objetos o entidades (Vercelli, 2009). La conceptualización de los bienes está directamente relacionada con la definición de los bienes jurídicos que el derecho protege o tutela. La noción de bien jurídico surge históricamente de la capacidad que tiene cualquier persona de ejercer sus derechos, de protegerlos, de reclamar tutela jurídica y peticionar a las autoridades. Entre otros ejemplos de bienes jurídicos protegidos pueden citarse la libertad física, la libertad de expresión, la intimidad, la integridad física y psíquica de las personas, la identidad, el acceso a la cultura, la vivienda digna, el trabajo o la educación. En este sentido, dirá Zaffaroni y otros (2007) que los bienes jurídicos surgen del derecho constitucional, de los tratados internacionales, del derecho civil, comercial, laboral, administrativo, etc. En suma, de todas las fuentes codificadas de expresiones legales y del derecho como construcción histórica.

nes se encuentran genéricamente reconocidos a nivel internacional como un derecho humano inalienable5. Como tales, estos bienes redundan en beneficio o perjuicio colectivo y se encuentran en permanente tensión frente a las posibles apropiaciones, privatizaciones o cercamientos que puedan tener por otros individuos, corporaciones comerciales o Estados (Hardin, 1968; Ostrom, 2005; Boyle, 2008). Tanto las formas de interpretar los “bien/bienes” jurídicos como las formas de entender aquello que es “común/comunes” cambia a través del tiempo. Por ello, los bienes comunes son diversos y heterogéneos6. Estas características crecen exponencialmente con el cambio tecnológico7.

5 Así surge de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. Específicamente, los artículos 17 (inciso primero) y 27 (inciso primero). En relación a la propiedad de bienes materiales: “Artículo 17, 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. Asimismo, en relación a bienes intelectuales y la cultura: “Artículo 27, 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. 6 Estos bienes pueden referirse a temas tan diversos y heterogéneos como la integridad física, biológica o moral de las personas, a los bienes intelectuales, a los recursos naturales, al desarrollo energético, a la salud, la biodiversidad, a la distribución de la riqueza, al acceso a la cultura, al medio ambiente o, entre muchos otros, al derecho de las generaciones futuras. Estos bienes no están sólo circunscritos al patrimonio, la hacienda o la riqueza de una persona física o jurídica. También pueden traducir valores e intereses a nivel social o comunitario. En igual sentido, las tensiones que estos bienes generan pueden ubicarse a nivel local, regional o global (Vercelli, 2009). 7 Los cambios tecnológicos de las últimas décadas afectaron de forma directa las tensiones políticas sobre qué es común en los diferentes contextos y, sobre todo, qué puede o no puede conceptualizarse como bienes comunes. Las tecnologías digitales, la inteligencia artificial / robótica, la bio-tecnología o la nano-tecnología plantean cambios radicales sobre las formas de producir y gestionar el valor a nivel global.

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Las tecnologías sociales u orientadas a la inclusión y el desarrollo sostenible Las tecnologías desempeñan un rol central en nuestras sociedades. Estas median nuestras relaciones y son fundamentales en los procesos de cambio social (Bijker, 1995; Thomas, 2008). Es bien conocido que, bajo ciertas condiciones sociales, económicas, jurídico-políticas, la producción de tecnologías puede generar aún más exclusión social, inequidad, pobreza y concentración de la riqueza a nivel regional y global. América Latina es uno de los mejores ejemplos para comprobar cómo las tecnologías pueden contribuir a generar una mayor exclusión. Ahora bien, ¿es posible desarrollar tecnologías que contribuyan a revertir estos procesos nacionales, regionales, globales? ¿El desarrollo tecnológico puede orientarse a la inclusión social y a la reducción de la pobreza? ¿Es posible poner el desarrollo tecnológico al servicio de los diferentes problemas sociales? ¿Es posible desarrollar tecnologías sociales? ¿Pueden estas tecnologías contribuir al desarrollo sostenible? Las discusiones sobre cuán “sociales” pueden ser las tecnologías no son nuevas. Incluso, desde el enfoque socio-técnico, llamar “sociales” a las tecnologías puede parecer redundante o una expresión poco feliz. En este sentido, está claro que todas las tecnologías son socialmente construidas y, correspondientemente, todas las sociedades están construidas tecnológicamente (Bijker, 1995; Thomas, 2008; Vercelli, 2009). A pesar de esta ambigüedad, el concepto de “tecnologías sociales” comienza a resaltar otro de los sentidos de “lo social”. Desde mediados del siglo XX se han desarrollado diferentes iniciativas que buscaron diseñar tecnologías sin desatender los intereses y problemas sociales. Si bien la mayoría de éstas han sido fragmentadas, insuficientes e inadecuadas (Thomas, 2009)8, estos intentos de gobernar 8

los procesos tecnológicos permiten identificar tecnologías orientadas a la inclusión social, la resolución de problemas comunitarios, la reducción de la pobreza o al desarrollo socioeconómico (Thomas y Fressoli 2008; Thomas, 2009)9. Las tecnologías sociales se pueden definir, genéricamente, como tecnologías (artefactos, productos, procesos, formas de hacer, formas organizativas, etc.) orientadas a la inclusión y el desarrollo sostenible10. Las formas de diseño, desarrollo, distribución –incluso comercial– o gestión de estas tecnologías también son elementos centrales para su definición. En la actualidad, estas tecnologías están abocadas a las más variadas dinámicas, problemas o soluciones11. En América Latina, por ejemplo, las zación, etc. Por ello, su no-funcionamiento socio-técnico se puede atribuir a múltiples razones: cuestiones ideológicas o religiosas, condiciones de mercados, falta de infraestructura para aprovechar las innovaciones sociales, condiciones socio-económicas asimétricas o, entre muchos otros, conflictos sobre las regulaciones de los bienes y/o tecnologías. 9 Siguiendo a Hernán Thomas (2009), se pueden identificar a nivel mundial varias iniciativa relacionadas con las tecnologías sociales. Con sus diferencias (virtudes, defectos, diferencias y posiciones), se pueden citar las “tecnologías apropiadas o adecuadas”, las “tecnologías intermedias”, las “tecnologías alternativas”, las “innovaciones sociales” y las “grassroots” (Thomas, 2009). 10 Desarrollo sostenible refiere a un tipo de desarrollo que logra satisfacer las actuales necesidades sin comprometer el medio ambiente, la inclusión social o los derechos de las generaciones futuras. La noción de desarrollo sostenible se remonta al “Informe Brundtland”, presentado en 1987 a la Organización de Naciones Unidas por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. En el informe se expresa como “[...] la habilidad de volver el desarrollo algo sustentable para asegurar que éste alcance las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de alcanzar sus propias necesidades” (WCED, 1987). Traducción del autor. 11 Las tecnologías sociales pueden orientarse a la resolución de problemas sociales tales como salud, alimentos, agua, energía, vivienda, reciclaje de residuos, protección del ambiente, comunicaciones, transporte o bienes culturales. Entre muchas otras pueden citarse viviendas sociales, medicamentos, semillas, técnicas de cultivo, bio-digestores, formas de depurar el agua, software libre.

Las inadecuaciones de estas tecnologías se han dado tanto en el diseño de los artefactos como a nivel de su implementación, distribución, comercialización, utili-

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mismas han estado más en manos de los sectores sociales que del Estado o de las empresas privadas12. Sin embargo, a pesar de estas aproximaciones iniciales, todavía no está claramente definido cuál es el alcance “social” que tienen estas tecnologías. Es decir, ¿se pueden establecer diferencias entre las tecnologías “sociales” y otras que sean más “convencionales”? ¿Existen tecnologías más sociales que otras? ¿Un artefacto o tecnología es más o menos social en función de sus usos, accesos o disponibilidades?

Aportes de los bienes comunes a las tecnologías sociales Esta indefinición y generalidad de “lo social” en relación a las tecnologías es muy similar a la problemática de “lo común” en relación a los diferentes tipos de bienes. Muchos de los problemas sobre los bienes comunes tienen que ver con una indefinición y con una ambigüedad sobre cuál es el sentido de lo común, de lo comunitario y, sobre todo, con lo que este carácter común permite en términos de gestión de derechos y disponibilidad de los bienes (Vercelli, 2004, 2006, 2009). Las regulaciones afectan qué es lo que se puede o no se puede hacer con los bienes/tecnologías y, por ello, afectan directamente cuán “comunes/sociales” pueden ser estos bienes/tecnologías. De ello surge si los bienes/tecnologías son más o menos disponibles, si se pueden o no hacer desarrollos sobre esas tecnologías, si se pueden usar en beneficio propio o de las comunidades. En este sentido, las tecnologías sociales también están atravesadas por las tensiones que producen las luchas por la privatización o apropiación de las diferentes formas de riqueza a escala global.

En este texto las discusiones sobre cuán sociales son las tecnologías son consideradas un conjunto dentro de las discusiones más generales sobre el carácter que pueden alcanzar los bienes. En este sentido, la teorización sobre los bienes comunes puede hacer un aporte a las definiciones sobre las tecnologías sociales. Para identificar y clarificar cuán común es un bien/tecnología pueden utilizarse tres criterios jurídicos-políticos. El primer criterio se basa en la calidad de los bienes. Dependiente de éste, el segundo criterio se basa en las leyes aplicables a cada bien/tecnología. A su vez, dependiente de los dos iniciales, el tercer criterio es el carácter que pueden adquirir los bienes13. La calidad de los bienes y, sobre todo, las leyes aplicables a éstos dentro de los sistemas jurídico-políticos definen aspectos importantes de las relaciones que las personas o grupos sociales pueden mantener sobre estos bienes. Estos criterios permiten identificar los posibles usos de los bienes y avanzar sobre una mejor caracterización de aquello que es común/ social. Los bienes se clasifican según su calidad atendiendo a las características que definen su constitución, su composición básica, elemental, o a aquello que permite juzgar su valor en alguna de sus formas. Esta consideración por la calidad de los bienes tiene sus antecedentes en el derecho romano y, desde entonces, permite ubicar los bienes dentro de una arquitectura jurídico-política concreta. Tradicionalmente, los bienes según su calidad se clasifican en “bienes materiales” (tangibles, corporales, cosas) que pueden percibirse con los sentidos o a través de medios tecnológicos adecuados y en “bienes intelectuales” (inmateriales, intangibles, del ingenio humano, del espíritu huma-

13 Una definición inicial de los bienes según su calidad, las leyes aplicables y el carácter de los mismos se desarrolló en Aprender la Libertad: El diseño del entorno educativo y la producción colaborativa de los contenidos básicos comunes (Vercelli, 2006). Más referencias pueden buscarse en (Vercelli, 2009).

12 Siguiendo a Thomas (2009), los grupos más activos en el desarrollo de tecnologías sociales son los movimientos sociales, las cooperativas populares, las ONGs, las agencias gubernamentales de I+D, empresas públicas y, en menor medida, empresas privadas.

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no, culturales)14. Los bienes de calidad material y los bienes de calidad intelectual mantienen una relación de reciprocidad e interdependencia a través de la historia. Aquí se entiende que los bienes materiales permiten la existencia y circulación de los bienes intelectuales. A su vez, recíprocamente, los bienes intelectuales permiten la existencia (descubrimiento, producción) y la circulación de estos bienes materiales. Ambas calidades se encuentran en constante articulación y retroalimentación.

Los derechos reales (propiedad) y los derechos intelectuales La clasificación de los bienes según su calidad permite definir las leyes aplicable dentro de las arquitecturas jurídico-políticas. A través de la historia, esta clasificación de los bienes según sus calidades ha separado tajantemente los “bienes materiales” y los “bienes intelectuales”. En este sentido, las leyes aplicables a cada bien según sus calidades también se oponen dentro de los sistemas jurídico-políticos. A la calidad material y la calidad intelectual descritas se le aplican leyes que corresponden a diferentes ramas jurídicas. Por un lado, a los bienes de calidad material se les aplican las leyes que expresan los “derechos de propiedad” o dominio. Por el otro, a los bienes de calidad intelectual se les aplican las leyes que expresan los “dere14 En esta obra se entiende por ‘bienes intelectuales’, entre muchos otros, las capacidades para pensar, hablar, sentir, expresarse, las ideas, las formas de expresión, las artes, las creencias, las costumbres, las tradiciones, los saberes, las obras intelectuales, los lenguajes, las técnicas socio-culturales, los procedimientos, los métodos, los modelos y diseños, las creaciones y símbolos distintivos, los conocimientos, las invenciones o, en general, todo aquello que puede denominarse cultura. Los bienes de calidad intelectual se encuentran incorporados y distribuidos (o tienen la posibilidad de incorporarse o distribuirse ilimitadamente) entre todos los integrantes de una comunidad. Los bienes de calidad intelectual son abstractos, dinámicos y pueden traducirse constantemente hacia nuevos formatos y soportes materiales.

chos intelectuales”. Esta diferencia afecta directamente las formas en que se regulan las relaciones que tanto las personas como los grupos sociales pueden mantener con los bienes/tecnologías. Desde la tradición del derecho romano los bienes de calidad material están regulados por los derechos de propiedad. Este derecho es uno de los derechos reales; es decir, regula las relaciones de las personas con las cosas. Con mayores o menores limitaciones, el derecho de propiedad otorga a quien es titular o dueño de un bien material (titulares o dueños en el caso de la co-propiedad/condominio) plenas potestades para usar, gozar o disponer del bien según su voluntad. Es el derecho real más amplio y completo que los ordenamientos jurídicos reconocen a los ciudadanos. Se caracteriza por ser un derecho absoluto, exclusivo, basarse en la posesión y ser perpetuo (Highton, 1979; Papaño y Kipper, 2007). Permite al titular del derecho la exclusión perfecta de los terceros en relación con los bienes. Al basarse en la “posesión”, contribuye a crear relaciones de rivalidad, competencia y escasez. En forma diferenciada, a los bienes de calidad intelectual se les aplica el régimen de los “derechos intelectuales”. Los derechos intelectuales protegen todo tipo de bienes intelectuales: se aplican tanto a bienes intelectuales que poseen leyes específicas como a los que, por su abstracción e indeterminación, no poseen regímenes particulares de protección. Entre los que poseen leyes específicas pueden citarse las obras intelectuales (literarias, científicas y artísticas) a las que se les aplica el “derecho de autor y derecho de copia”, las invenciones industriales a las que se les aplica el sistema de “patentes industriales”, los signos distintivos a lo que se les aplica el “régimen de marcas” o los diseños industriales a los que se les aplica el régimen de “modelos y diseños industriales”. Los derechos intelectuales se caracterizan por ser incluyentes y tener limitaciones y excepciones, estar limitados temporalmente, basarse en el dominio público y, al no basarse en la pose60

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sión, generar relaciones de abundancia sobre los bienes intelectuales (Correa, 2000; Villalba y Lipszyc, 2001; Lessig, 2006, 2008; Vercelli, 2009)15.

Las infinitas negociaciones por el carácter de los bienes / tecnologías Una vez definida la calidad de un bien (material e intelectual) y, por ello, también definidas las leyes aplicables en cada caso (derecho de propiedad o derechos intelectuales), es necesario considerar el carácter que pueden adquirir estos bienes/tecnologías. El carácter indica la consideración de los bienes/tecnologías en relación a las personas. Es decir, el carácter se relaciona con el conjunto de circunstancias, formas o estilos distintivos que les son atribuidos a los bienes/tecnologías. Permite definir el conjunto de circunstancias que los rodean, sus condiciones de producción, los titulares/dueños, sus soportes, las formas de circulación, el acceso o, entre otros puntos, su disponibilidad. Este tercer criterio complementa la calidad de los bienes y también define las leyes aplicables. El carácter permite saber cómo se disponen y se gestionan los bienes/tecnologías y, por ello, estimar o negociar cuán sociales son las tecnologías. El carácter se ajusta a las calidades y afecta de forma diferencial a los bienes de calidad material y a los de calidad intelectual. Los bienes de calidad material pueden alcanzar un carácter 1) privado, 2) público o 3) común. Un bien material tiene carácter “privado” cuando tiene un propietario, es decir, cuando una persona –física o jurídica– es el titular de 15 Los autores/inventores no crean en vacío cultural, de la nada. Por el contrario, están insertos en un tiempo y un espacio determinados, están imbuidos de una cultura, tienen incorporados valores y producen a través de usos y costumbres, de conocimientos, técnicas o códigos que los pre-existen y que caracterizan su tiempo. Los bienes intelectuales pueden considerarse los nutrientes básicos para la creatividad y la innovación.

sus derechos exclusivos de propiedad o es un bien privado de un Estado. El carácter “público” en los bienes materiales se produce cuando los bienes están bajo titularidad de un Estado sea nacional, provincial o municipal y se consideran pertenecientes a toda la comunidad por medio del sistema de representación política, aunque quedan sujetas a reglamentación y gestión gubernamental. Los bienes materiales tienen carácter “común” cuando surgen de una situación de comunidad, más o menos determinada. El carácter común puede surgir “por defecto” de la legislación o “por contrato” a través de la autonomía de la voluntad16. El carácter de los bienes intelectuales mantiene importantes diferencias con el carácter de los bienes materiales. Por su calidad los bienes intelectuales tienen, todos, un carácter “común”. Pueden circular, aprovecharse y disponerse para cualquier propósito y de forma directa, inmediata y sin mediaciones por todas las personas. Este carácter común es, justamente, el que mejor define a todos los bienes intelectuales. Sin embargo, como se analizó anteriormente, las leyes específicas aplicables pueden establecer diferentes condiciones, res16 El carácter común se da por “defecto” cuando surge de la legislación (expresa, tácitamente o por omisión), se aplica a la generalidad de los casos y su situación de comunidad es bastante indeterminada. Por ejemplo, los bienes muebles que no tienen dueño o los peces de un lago tienen un carácter común dado que no poseen un titular determinado (sean particulares o el Estado). De allí, que puedan ser utilizados, apropiados o explotados sin mediaciones. En los bienes inmuebles el carácter común ha surgido históricamente por defecto (Rubinstein, 2005). Vale decir, de la falta de regulación y del hecho de la posesión, uso y goce directos de la tierra. El carácter común sobre bienes materiales surge a través de “contratos” cuando la comunidad es determinada, surge de un acuerdo de voluntades y se aplica a casos puntualmente reglamentados o, al menos, admitidos por la legislación. Así, estos bienes son comunes por pertenecer a una comunidad determinada y, según lo acordado, podrán ser utilizados, gozados, explotados pero nunca apropiados por los integrantes de la comunidad. Por ejemplo, en los reglamentos de copropiedad y administración se regulan los usos sobre ascensores, pasillos o patios comunes de un inmueble bajo propiedad horizontal.

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tricciones y regulaciones según si estos bienes intelectuales se expresan en obras, invenciones, marcas u otras formas de expresión. El carácter de las “obras intelectuales” e “invenciones industriales”, en general, depende de quiénes han producido las obras e invenciones y de los derechos que se reserven o liberen sobre la gestión de estas creaciones. A continuación se ofrece a modo de ejemplo qué es lo que ocurre con las obras intelectuales y el carácter que pueden adquirir. La regulación de “derecho de autor y derecho de copia” se aplica sobre obras intelectuales. El carácter que pueden adquirir estas obras se puede dividir en 1) privativo, 2) público o 3) común. Las obras intelectuales tienen carácter “privativo” cuando el autor o titular derivado de una obra mantiene la reserva de todos sus derechos y no permite a los usuarios más usos que los reconocidos en las leyes. 2) Las obras intelectuales tienen carácter “público” cuando éstas fueron producidas por un Estado o personas físicas en relación de dependencia con éste; las leyes establecen qué es lo que se puede o no se puede hacer con las mismas (Vercelli, 2010). 3) Las obras intelectuales tienen un carácter “común” cuando ofrecen a los usuarios / comunidades de forma directa, inmediata y sin necesidad de solicitar permiso, la posibilidad de acceder, usar, copiar, distribuir y disponer de ellas de acuerdo a ciertas limitaciones. A su vez, estas obras intelectuales con carácter común se las puede dividir en obras “abiertas” y “libres”17.

Conclusiones: reconsiderando las tecnologías sociales como bienes comunes Las categorías presentadas sobre los bienes comunes están lejos de ser pacíficas. Están en permanente tensión y son parte de las negociaciones por el uso, goce, aprovechamiento y disponibilidad de los bienes. Estas permiten identificar y establecer cómo se dan las luchas por el carácter común de los bienes y como estas son alcanzadas por los cambios socio-técnicos. Ahora bien, estos criterios de calidad, leyes aplicables y carácter sobre los bienes pueden aplicarse también a las tecnologías que, todavía con cierta ambigüedad, comienzan a considerarse “sociales”. En este sentido, el análisis descrito sobre los bienes comunes permite reconsiderar las tecnologías sociales enfocando directamente las tensiones y luchas por su caracterización. Es decir, este ejercicio teórico inicial permite avanzar con mayor precisión y detalle sobre una de las formas de entender el componente “social” de estas tecnologías. El marco de análisis descrito para los bienes comunes puede ayudar a explicar por qué estas tecnologías son sociales en términos jurídicopolíticos. Esto permitiría explicar, a su vez, cómo es que las mismas se pueden orientar concretamente a la inclusión y el desarrollo sostenible. Sin embargo, los bienes comunes y las tecnologías sociales nunca están plenamencomunes libres” son aquellas que, al momento de ser compartidas con las comunidades, sus autores o titulares derivados han decidido liberarlas, es decir, permitir que los usuarios puedan usar la obra intelectual con cualquier propósito o finalidad, que puedan estudiarla y adaptarla a sus necesidades, que puedan copiar las obras y distribuirlas y que puedan derivar la obra y publicar estas obras derivadas. Las obras intelectuales con carácter común libre tienen también una condición que, justamente, las transforma en libres: los autores o titulares derivados establecen como condición que las obras derivadas de la obra original continúen también bajo la misma licencia. Este es el caso de las obras intelectuales liberadas a través de licencias libres o copyleft (Stallman, 2002; Lessig, 2008, Vercelli, 2009).

17 Todas las obras intelectuales comunes permiten, al menos, las capacidades antes descritas en manos de los usuarios y las comunidades. Las obras intelectuales comunes pueden estar sujetas a mayores o menos limitaciones en función de las limitaciones, condiciones o restricciones que los autores o titulares derivados hayan decidido al momento de compartir estas obras intelectuales con las comunidades. Para distinguir los niveles de limitaciones al momento de compartir las obras intelectuales, el carácter común se divide entre obras abiertas u obras libres. Las “obras intelectuales

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te garantizados. Se juegan en cada una de las adecuaciones socio-técnicas que producen los diferentes grupos sociales. Por ello, el uso estratégico de las regulaciones pasa a ser central en la defensa del carácter común de los bienes y el sostenimiento social de las tecnologías. Uno de los puntos relevantes en la reconsideración de las tecnologías sociales como bienes comunes pasa, justamente, por las formas de expresión, ejercicio y gestión de los derechos que pueden llevar adelante de forma directa y sin intermediarios los diferentes grupos sociales, las comunidades o los ciudadanos. Si las tecnologías sociales pueden considerarse tecnologías orientadas a la construcción de sociedades más justas, incluyentes y democráticas, entonces, es necesario que, desde el punto de vista jurídico-político, estas categorías puedan traducirse en la expresión, ejercicio y gestión de derechos de los ciudadanos. Si la caracterización de “social” sobre una tecnología no habilita la gestión concreta y efectiva de estos derechos, entonces, tal vez, estas tecnologías sociales sean sólo una moda pasajera, una categoría irrelevante o, en el peor de los casos, nuevas formas encubiertas de acumulación, privatización y apropiación de la riqueza. Los bienes con un carácter común deben seguir sirviendo a las comunidades, a los ciudadanos, tanto en su disponibilidad como en sus frutos. En igual sentido, las tecnologías sociales deben mantenerse en el ámbito de la gestión comunitaria/ciudadana para evitar que puedan ser apropiadas –vueltas hacia el sistema de la propiedad– y generar nuevas dinámicas de concentración de la riqueza y exclusión social. Finalmente, es importante resaltar que las capacidades de gestión de derechos sobre bienes y tecnologías dependen de las tecnologías de gestión disponibles y, sobre todo, de los usos que de ellas hagan los diferentes grupos sociales. La relación entre las regulaciones y las tecnologías de gestión es circular, ambas se construyen simultáneamente, se retroalimentan. Esta relación se puede definir como un proceso de co-construcción entre las regula-

ciones y las tecnologías orientadas a su gestión. La co-construcción indica que, en el mismo momento (en el mismo acto) se construyen regulaciones para tecnologizar las sociedades y tecnologías para regular las sociedades. Por ello, la gestión ciudadana, la gestión comunitaria y, sobre todo, las políticas públicas orientadas a las tecnologías sociales deben enfocar estos procesos de co-construcción. Las nuevas formas de gestión de derechos también favorecen la interpelación y la reconsideración de las tecnologías sociales.

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Blogs, artefactos y política1

Blogs, Artefacts and Politics

María Belén Albornoz Profesora-investigadora de FLACSO-Ecuador. Correo electrónico: balbornoz@flacso.org.ec Fecha de recepción: enero 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Este artículo problematiza la acepción de “lo público” en el espacio virtual que surge en la blogosfera política ecuatoriana en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente. A partir del análisis de la extensión de la política a los lugares virtuales, se aborda la blogosfera como proyecto político y la tecnología como formas de ordenamiento del mundo que la sociedad estabiliza. Se considera a la blogosfera política un espacio público regulado con la capacidad de ordenar y clasificar el mundo virtual por medio de dispositivos sociales, políticos y tecnológicos. Finalmente se propone el estudio del nuevo espacio público virtual desde un enfoque tecno-social que dé cuenta del entorno virtual como espacio formador de conductas. Palabras clave: blog político, espacio virtual, código, blogosfera, espacio público. Abstract This article problematizes the acceptance of the public in the virtual space emerging in the Ecuadorian political blogosphere, in the context of the National Constitutional Assembly. Beginning with an analysis of the spread of politics to virtual spaces, the blogosphere is approached as a political project, and technology as ways of ordering the world that society stabilizes. The political blogosphere is taken to be a regulated public space with the ability to order and classify the virtual world by means of social, political and technological tools. Finally, the study of this new virtual public space from a techno-social focus is proposed, taking into account virtual surroundings as a space in which conducts are formed. Key words: political blog, virtual space, code, blogosphere, public space.

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Este artículo retoma parte del debate sobre espacio público virtual que fue trabajado en la investigación “La esfera pública en la blogosfera política ecuatoriana” realizada en coautoría con la investigadora Consuelo Albornoz. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 65-74 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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María Belén Albornoz

Introducción a Asamblea constituyente ecuatoriana 2007-2008 ha sido uno de los procesos políticos más significativos de la historia democrática del Ecuador, bien por las prácticas de participación que ha inaugurado, bien por la promesa de construcción de un espacio público participativo, incluyente y representativo. La reivindicación de “lo público” ha primado en la retórica política como característica definitiva de una democracia exitosa. Se ha planteado “lo público” como una manera de superar los procesos de individualización de la sociedad y como una herramienta para recuperar el rol del Estado en la construcción de la esfera pública. La ciudad de Montecristi se convirtió en el punto de referencia espacial, donde la estructura de “mesas temáticas” de la Asamblea permitía la convergencia de todo tipo de ciudadanos interesados en participar en la construcción de la nueva Carta Magna. Sin embargo, es interesante anotar que lo acontecido en “Ciudad Alfaro” (Montecristi), tenía su reflejo virtual: el sitio web de la Asamblea Constituyente (www.asambleaconstituyente.gov.ec) y los blogs de las mesas y de los asambleístas. Este artículo pretende dar cuenta de cómo se estructuró y practicó “lo público” en este espacio virtual. La noción de espacio público presenta varias dificultades que deben ser abordadas para clarificar desde dónde se posiciona epistemológicamente este trabajo. Vemos que el adjetivo de “público” revela formas diversas de entender la política y la sociedad. Por una parte, encontramos significados más o menos codificados en distintas disciplinas que al aplicar el adjetivo “público” a un espacio, visibilizan “referencias normativas” fuertes que no siempre son explícitas. Y, por otro lado, dichos significados revelan distinciones ambiguas cuyos límites han ido cambiando históricamente en cada una de estas disciplinas (Rabotnikof, 2008).

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Este trabajo privilegia lo público como “el lugar de la deliberación”, el espacio en donde el conflicto y el consenso ciudadano son planteados como prácticas de democracia deliberativa. Avritzer sostiene que, aunque es rol de las instituciones “determinar formas de toma de decisión cooperativa en caso de que el consenso no sea posible”, el espacio público debe construirse al margen de las propias instituciones, pues de lo contrario lo que se obtiene es una “asociación acrítica entre participación y racionalidad administrativa” (Avritzer, 2000). Por tanto, la primera pista a seguir es conocer si, efectivamente, el espacio público virtual se ha constituido en una arena de deliberación sobre lo político, previa a la toma de decisiones por parte de las instituciones. La segunda categoría que se ha rastreado es la pluralidad de las formas de comunicación a través de las cuales se puede desarrollar una voluntad común. Cómo se construye la institucionalización de las formas de comunicación del espacio público capaz de generar opinión y voluntad política institucionalizada. Puesto que lo que está en juego en el espacio político no es la existencia de una ciudadanía capaz de actuar colectivamente, sino la institucionalización de procedimientos deliberativos correspondientes, que viabilicen espacios públicos autónomos desde la sociedad civil, claramente diferenciados de la acción económica y de la administración pública (Habermas, 2005). Lo que interesa profundizar sobre este punto es si el espacio público debe concebirse como un espacio autónomo en el cual los individuos actúan en busca de sus propios intereses y donde la intervención del Estado deba asumirse como una amenaza para dicha autonomía. O si, por el contrario, planteamos el espacio público como el vínculo entre la sociedad civil y el Estado, como el escenario de la negociación y la lucha social, en el que intervienen los pequeños y grandes grupos, en calidad de unidades autoconstituidas, resistiéndose a la subordinación del Estado y exigiendo a su vez su inclusión en las estructuras políticas nacionales 66

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(Oxhorn, 1995). La calidad del tejido social que sostiene el espacio público dependerá en primer lugar, de los tipos de grupos que incluya –y excluya– y, en segundo lugar, de la capacidad de los actores de conseguir posicionar sus intereses y de contribuir a la construcción de políticas públicas. Es justamente esta doble dinámica, de resistencia y de inclusión, la que da cuerpo al espacio público y visibiliza las relaciones de poder de una sociedad, permitiéndonos analizar sus características y sus prácticas. Si bien, diferenciamos “sociedad civil” de Estado como actorías en asociación, privilegiamos el estudio de los vínculos construidos entre ellos. Una sociedad civil dispersa, poco autónoma se encontrará sometida al Estado por su propia incapacidad de posicionamiento y negociación. Mientras que una sociedad civil activa y “localizada” (tanto en lo referente al espacio como a los intereses que persigue) mantendrá su autonomía respecto del Estado a través de asociaciones más potentes y constantes. En ambos casos, el Estado juega un rol importante en la estructuración del espacio público: a) generando un sentido de comunidad e identidad compartida como eje para que los distintos intereses de la sociedad puedan fortalecerse (Walzer, 1992); b) facilitando espacios desde sus propias instituciones para promover la conformación de actores sociales, afectando el carácter de espacio público a través del tipo de relaciones que establece con esos actores (Schmitter, 1974) y c) a través “del otorgamiento de derechos ciudadanos” como canales para consolidar las posibilidades de crear espacio público, a través de la inclusión de amplios sectores de la población a procesos democráticos de participación ciudadana y, por ende, de participación más efectiva en un espacio público menos elitista, abriendo “sistemas políticos cerrados como medio para mantener la paz social [...] los regímenes democráticos inclusivos son una conquista de la sociedad civil a través de su participación en el espacio público” (Oxhorn, 2008: 53).

Puesto que el espacio público virtual presenta sus propias dinámicas y cualidades en términos de posibilidades de participación, de posturas de intervención (el anonimato entre una de ellas), debemos empezar identificando qué tipos de espacio público se plantean, quiénes son los actores que invitan a su construcción, qué tipo de autonomía constituye y qué tensiones se presentan entre las propuestas institucionalizantes del sector público y los espacios normados desde los actores sociales. Para finalmente conocer si este espacio se concreta en acciones que puedan ampliarse en sentido institucional y mejorar de este modo la práctica democrática a partir de la participación de la pluralidad de identidades sociales presentes en la sociedad.

El espacio virtual La introducción de la blogosfera al quehacer político ecuatoriano se realiza desde una propuesta institucional: La Asamblea Nacional Constituyente instalada desde el 28 de noviembre de 2007. Sin embargo, este fenómeno tiene sus antecedentes en otros espacios virtuales alternativos, creados desde la propia ciudadanía, como ventanas de discusión sobre el momento político en el Ecuador. La blogosfera es una innovación del espacio virtual que ha logrado abordar casi todos los aspectos sociales de la red. Del mismo modo, ha conseguido replicar procesos del mundo real o, por lo menos, hacernos soñar con que es capaz de ello. Por esta razón es importante detenernos a analizar qué implicaciones ha tenido introducir la virtualidad en este proceso político. La extensión de la política a los espacios virtuales se realiza, en este caso, a partir del blog: un género que irrumpe con fuerza en el escenario cibercultural del Ecuador en estos últimos años. El Estado utiliza el concepto de blog, porque ya ha sido estabilizado en el imaginario de los cibernautas, y propone un espa-

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cio de participación política acorde a los valores que los ciudadanos le atribuyen al propio blog: acceso directo y actualizado a la información; posibilidad de participar en directo y sin censura; comentar y promover debate; transparencia; horizontalidad; capacidad de generar red; entre otros. La novedad de la blogosfera política de la Asamblea es que no surge de la propia dinámica cultural del ciberespacio, sino que se concibe por fuera de la web desde instancias gubernamentales. Así, un fenómeno propio de la Web 2.0 es así reterritorializado por la autoridad para convertirlo en una propuesta del Gobierno para extender su campo de acción política, inaugurando un nuevo espacio público. Un fenómeno propio de la web, aparece como un proyecto externo a ella, cargado de los imaginarios sobre la tecnología y sus posibles aplicaciones. Para comprender mejor cómo actúan estos imaginarios tomamos de referente a Lévy (2007) y no separamos tecnología, cultura y sociedad como categorías autónomas e independientes2. Ello facilitará la comprensión de cómo se construyó el espacio público de la blogosfera y cuáles fueron las funciones que se le atribuyó en el proceso político. Ya que detenerse en la valoración de las tecnologías como herramientas, o en los usos que se hacen de ellas, significaría dejar de analizar las dimensiones políticas que intervienen en su planificación, diseño y desarrollo. Por ello intentaremos explorar la construcción de esta blogosfera como un proyecto político enmarcado en un modo de entender lo virtual y lo tecnológico. Winner (1983) identifica a ciertas tecnologías como inherentemente políticas3, cuando 2

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Para este autor, separarlas significaría entender lo humano independientemente de su entorno material y de los signos e imágenes que dan sentido a su vida y a su mundo. Este término es entendido por Winner (1983), como “acuerdos de poder y autoridad en las asociaciones humanas y como actividades que tienen lugar dentro de dichos acuerdos”.

su diseño e invención se enmarca dentro de una estrategia para alcanzar un fin determinado dentro de una comunidad y cuando son altamente compatibles con ciertos tipos de relaciones sociales. Para Winner las tecnologías son modos de ordenar el mundo que las sociedades estabilizan y a través de cuyas estructuras se organiza la cotidianidad. Una vez que un sistema técnico se introduce en la sociedad los sujetos se distribuyen en distintos estratos de poder y en diferentes niveles de conocimiento debido a la pronta desaparición de sus propósitos prácticos y a la incorporación de unos compromisos iniciales, que una vez adoptados se asemejan a los decretos legislativos o a las fundamentaciones políticas que establecen un marco para el orden público. Si examinamos los patrones sociales incluidos en los ambientes de los sistemas técnicos, podemos darnos cuenta que algunas invenciones y sistemas se hallan ligados casi de forma inevitable a modos específicos de organización de autoridad y poder. La pregunta clave es: ¿se deriva este estado de cosas de una respuesta social inevitable a las propiedades de las cosas en sí mismas, o es, sin embargo, un patrón impuesto de manera independiente por un cuerpo de gobernantes, una clase dominante, o por cualquier otra institución social o cultural con el propósito de realizar sus propios intereses? (Winner, 1983: 7).

En este sentido, el fenómeno de la blogosfera es un “artefacto” (entendido como práctica social mediada por la tecnología), que contiene unos significados que le son atribuidos por los diversos grupos sociales que se involucran en su desarrollo y, finalmente, implica unas relaciones sociales entre dichos grupos (Boczkowski, 1996). La blogosfera ecuatoriana es nueva y todavía más la blogosfera política, por tanto, no ha logrado una presencia prolongada en la conciencia de los grupos sociales relevantes y tampoco ha logrado estabilizarse como parte “natural” del paisaje sociopolítico. 68

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Su análisis es relevante porque nos permite estudiar dinámicas micro-sociales de conformación de un nuevo espacio público y las maneras cómo la situación sociocultural y política de un grupo social moldea sus normas y valores, influenciando el significado dado al artefacto (Bjiker, Böning y van Oost, 1984). La blogosfera política de la Asamblea Nacional Constituyente fue un espacio público regulado y, como tal, ordena y clasifica el mundo virtual por medio de dispositivos sociales, políticos y tecnológicos. Los procesos regulatorios de la blogosfera en gran medida no son racionales y conscientes y tienden a reproducir la cultura política de los gobernantes que “encargan el sitio” y los códigos sofisticados de la tecnología4. Las regulaciones alcanzan la fibra íntima de cualquier sistema e implican en todo momento, posiciones tanto políticas como técnicas. Las mismas involucran las redes de actores fundamentales de cualquier sistema y tienen la función de anticipar-gobernar situaciones futuras. En este sentido, las regulaciones son dispositivos técnico políticos que tienen por objeto lograr una estabilidad perdurable en el tiempo a través del control de las conductas” (Vercelli, 2004: 38).

El blog político entra en acción Los blogs empezaron a ser valorados por los asambleístas como espacios de acción política, a raíz de las investigaciones que realizaron varios medios de comunicación del país, entre ellos, diario El Telégrafo, El Comercio, la revista Vistazo. Fue entonces cuando algunos miembros de la Asamblea reconocieron que los blogs eran un espacio público que podía ser aprovechado para entrar en contacto con la ciudadanía y, muy útiles también, para capitalizar protagonismo. En esta coyuntura no pocos asambleístas ingresaron por primera vez al sitio web de la Asamblea y solicitaron al equipo técnico asesoría para usar los blogs. Algunos replicaron los resultados de estas investigaciones en sus propios blogs, tal es el caso de la asambleísta Amanda Arboleda, quien el 7 de enero del 2008 publicó5: Los 130 asambleístas tienen su propio TOP TEN. Han puesto a mover sus blogs para mantener a la ciudadanía [informada] de lo que ocurre en la Asamblea Constituyente. AMANDA ARBOLEDA está en el octavo puesto. En los blogs [se] encuentra de todo: entrevistas, opiniones, crónicas, videos, audios, perfiles, novedades, etc. Hasta la semana pasada, los 10 primeros lugares lo ocuparon los asambleístas de Acuerdo País.

El entorno de esta blogosfera tiene componentes políticos que dialogan con tendencias tecnológicas, para configurar un espacio donde los ciudadanos pueden moverse y expresarse de “una determinada manera” y no de otra. Donde los asambleístas pueden optar por publicar o no los comentarios que reciben. Por tanto, estamos frente a un espacio regulado por la clase política que invisibiliza las prácticas y los discursos que están por detrás del diseño del blog.

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Sofisticados porque se trata de códigos poco visibles y silenciosos que estructuran las posibilidades de acción dentro del espacio público.

EL TOP TEN 1. Alberto Acosta 2. Aminta Buenaño 3. María Paula Romo 4. Virgilio Hernández 5. César Rodríguez 6. Susana Queirolo 7. Fernando Cordero 8. Amanda Arboleda 9. Betty Tola 10. Cristina Reyes

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5 042 4 610 3 335 2 998 2 382 2 248 2 066 1 805 1 644 1 496

Disponible en: http://asambleaconstituyente.gov.ec/ blogs/amanda_arboleda/

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El sistema técnico de la blogosfera estaba en plena acción y los sujetos empezaron a distribuirse en su interior a partir de los niveles de empoderamiento que adquirieron. Sin embargo, no podemos asegurar que los propósitos prácticos iniciales del sistema hubieran desaparecido, sino que más bien, permitieron la adquisición de ciertas destrezas y prácticas resignificadas. Un ejemplo de ello es que el blog, diseñado en principio para que el asambleísta tenga un acercamiento directo con el ciudadano, quedó a cargo de uno de sus asesores y se manejó de acuerdo con el criterio de otras personas, sin que ello se volviera público para el ciudadano, quien estaba convencido de que era el asambleísta en persona quien respondía o dejaba de responder a sus mensajes. Otro de los resultados que provocó el ingreso de los asambleístas a la blogosfera fue que comenzaron a referenciar información publicada en sus propios blogs cuando daban entrevistas a los medios. La frase “puede verlo en mi blog” se volvió recurrente en esos meses y dio paso a un nuevo efecto: posicionar al blog como fuente de información. La intermediación de los medios de comunicación que tanto se quería evitar con el sitio web de la Asamblea, cumplió una función adicional en el caso particular de los asambleístas como individuos

Cuadro 1

Fuente: http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/awards/spanish

y no sólo como grupo colegiado. Espacios como “Artículos más comentados” provocaron una motivación más para interesarse por los blogs (Ver cuadro 1). Los asambleístas interesados en utilizar sus blogs, requirieron al grupo técnico que se les permita colgar videos, fotos y música en sus espacios virtuales. De este modo los usos del blog se diversificaron y crecieron los reclamos sobre aspectos relacionados a la visibilidad del blog en el sitio. Por ejemplo, se demandaba al grupo técnico que explique por qué sus blogs no estaban en el primer lugar de aparición en la sección “Noticias de entradas asambleístas” (donde aparecía en primer lugar el último blog que había sido actualizado) o en “Últimos comentarios de visitantes”. También se acusaba al equipo técnico de haber borrado “entradas” a los blogs escritas por los asambleístas con el afán de perjudicarlos (olvidándose de que muchas veces sus asesores eran quienes manejaban el blog y no todos eran lo suficientemente diestros como para no cometer errores de ese tipo). Los medios de comunicación empezaron a utilizar la información publicada en el sitio web, tanto la producida en los blogs de los asambleístas como en el espacio de noticias que se privilegiaba en el sitio. Pese a todo lo indicado, muchos asambleístas no utilizaron sus blogs y se tuvo que readecuar ciertos conceptos utilizados inicialmente en su visualización: uno de ellos, el que originalmente acordaba la publicación de la última contestación del asambleísta a un comentarista, debió ser sustituido por el último comentario realizado al blog. Esto porque bien el asambleísta ni siquiera abrió su blog, bien porque sus entradas rara vez consistían en una respuesta a un comentario. En gran medida, los blogs llegaron a generar comentarios, pero no necesariamente diálogo con los asambleístas. Aunque diseñado con herramientas de la Web 2.0, el sitio web de la Asamblea emuló a un medio de comunicación porque informaba en tiempo real lo que sucedía en Montecristi. La ambigüedad entre la blogosfera y el sitio web 70

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concretas. Lessig utiliza el término código para estudiar la arquitectura de Internet y lo propone como un tipo de restricción fuerte de la conducta que no puede ser entendido como una instancia opcional en el ciberespacio; del mismo modo que no es opcional la arquitectura en la vida urbana contemporánea6. Seguimos las señalizaciones de la arquitectura del entorno virtual del mismo modo que obedecemos las normas que rigen la circulación por los espacios físicos de la ciudad. Ante cada señal La arquitectura del sitio y sabemos qué se nos está permitido realizar y su capacidad modeladora qué definitivamente está prohibido. El código El diseño de entornos es un proceso opaco debe ser entendido del mismo modo que la ley porque no vuelve explícitos los objetivos de su moderna, con todo el peso de su inevitabilidad diseño, muchas de las veces ni siquiera a sus (Mitchell, 1995). propios promotores. El diseño tiene el objeto Lo arquitectónico es algo que ya está pensade adecuar un ambiente artificial a un conjundo, diseñado, construido y que produce to de normas y relaciones para moldear conefectos con independencia de las voluntades ductas en espacios determinados. En el cibeindividuales y colectivas. Las arquitecturas respacio las conductas de los usuarios son las son formas ordenadas y, muchas veces, no mejor reguladas y por esta razón el diseño es, volitivas de regular las conductas y los espaen sí mismo, una instancia política muy imcios. Por ello, la relación que hemos tenido portante, pues provoca tendencias que termicon las arquitecturas ha sido siempre una nan naturalizándose a través de las prácticas de relación inconsciente: la obra siempre supelos ciudadanos. En el caso del sitio web de la ra la condición de su creación-creador, se Asamblea, esto significó reorganizar los capitaindependiza de ella, logra autonomía (Verles sociales, culturales y políticos del propio celli, 2004:83-84). proceso de la Constituyente en términos del nuevo espacio virtual. El código del sitio web de la Asamblea nos Para Lessig el ciberespacio se construye por permite observar cómo las nuevas formas de medio de reguladores, que consisten en dispo- interacción política funcionan y de qué manesitivos a partir de los cuales los espacios y las ra se intercalan con formas de socialización conductas son diseñados, controlados, restrin- propias de las redes sociales en Internet. El sigidos y hasta protegidos. El análisis de Lessig tio es entonces un artefacto cultural, político y es clave para este trabajo, porque sostiene que social que privilegia cada espacio para sus proel entorno llegaría a implicar mucho más que el pios fines, utilizando instancias de regulación control del uso del espacio virtual, en tanto que permiten reconocer los recorridos posibles puede llegar a producir espacios formadores de y los espacios destinados a la información, a la conductas. Los reguladores para Lessig son las publicidad del discurso oficial y a la participaleyes, las normas sociales, el mercado y la ar- ción (en “principio”, abierta, transparente y quitectura del ciberespacio (Lessig, 1998). En este caso en particular nos ocupamos de la arquitectura de la blogosfera política de la 6 Esta analogía entre arquitectura del mundo real y la codificación del ciberespacio es central en la tesis de Asamblea porque fundamenta una producLessig y nos sirve para entender mejor la importancia ción de prácticas sociales, políticas y culturales del diseño del entorno de la blogosfera de la Asamblea. informativo se mantuvo, pues prometía un espacio de debate político (a partir de las herramientas para practicarlo) que terminó sin consolidarse. Así, la construcción de este nuevo espacio público no pudo liberarse de su ra cionalidad administrativa y no se dio paso a una arena de deliberación sobre lo político previa a la toma de decisiones por parte de las instituciones.

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directa entre ciudadanos y asambleístas). El código estandariza, divide, ordena las prácticas y procura reducir todo lo posible la incertidumbre social. Nos enfrentamos sin duda a un nuevo espacio público normado que implica una nueva arquitectura política silenciosa (la de los discursos implícitos, opacos, poco reconocibles). En este contexto, la noción de espacio público virtual emula la idea de espacio público estrechamente vinculada con la realidad de la ciudad, ese espacio cívico del bien común, siempre relacionado con los valores de la ciudadanía y de la democracia. Y del mismo modo que las ciudades son unas particulares puestas en escena de las sociedades, la blogosfera se convierte en un espacio de performance político que se inaugura con la promesa de convertirse en la nueva ágora. La vida política está unida a formas de espacialidad. Hay una correspondencia estructural entre la disposición física de las cosas en el orden espacial y las prácticas políticas asociadas, entre el espacio físico y el espacio cívico. En una época en la que los condicionantes materiales han perdido su viejo prestigio determinista, es frecuente pensar que el debate público se constituye únicamente por la palabra y las acciones, mientras se minusvalora la importancia del espacio físico, concreto, material donde se desarrollan. Así como las palabras y las acciones generan un espacio público, también el espacio genera determinadas formas de la política. […] La sociedad es tanto constituida como representada por las construcciones y los espacios que crea (Innerarity, 2006: 96).

gración, donde pueda diferenciar entre las cuestiones públicas susceptibles de consenso y las cuestiones privadas que deben quedar al margen de la confrontación. Si se entiende por espacio público el lugar donde se plantean los intereses ya constituidos, pero se despolitiza la diferencia, lo que tenemos como resultado es un modelo liberal (Rawls, 1979; Dworkin, 1977; Ackermann, 1989). Tal modelo concibe lo público como la posibilidad de equilibrar los grupos de interés (modelo de agregación de voluntades). Si en cambio, lo que se propone es un espacio de democracia deliberativa, hay que abrir un espacio que trabaje sobre lo incierto y lo falible. El sitio web de la Asamblea Nacional Constituyente habilita nuevos lugares de participación en línea, que no necesariamente implican la ampliación de una esfera pública presencial (física, fuera del alcance de la pantalla). El uso alternativo de las tecnologías de la información y la comunicación puede ayudar a la “reconstrucción de la esfera pública”, siempre y cuando existan cambios en los mapas mentales de los actores que intervienen, que les permitan la reterritorialización de los nuevos espacios públicos virtuales. El nuevo espacio público virtual tiene sus propias características y prácticas y debe poder ser comprendido como construcción tecno-social. Esto implica diferentes lógicas de los mundos de vida que pueden, o no, potenciar la participación ciudadana. El aporte de los nuevos públicos a la ampliación de la esfera pública implica la necesidad de […] construir estructuras específicas de captación de los intereses de los públicos subalternos, además de alertar del riesgo implícito de enfatizar solo el modelo discursivo de comunicación verbal. En efecto, si el espacio público no se muestra poroso a la fuerza expresiva no solo de los argumentos, sino también de las formas no verbales de comunicación, éste se puede prestar, indefi-

El nuevo espacio público El valor de un espacio público no sólo radica en la posibilidad de que el ciudadano haga valer su derecho a exponer sus deseos y convicciones, sino, más bien, en la capacidad que tiene de construir sistemas públicos de inte72

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nidamente, a la reproducción del poder de aquellos que históricamente dominan el proceso de producción del discurso verbal. (Avritzer y Costa, 2004: 713).

que se pone en juego es la definición misma de los intereses ciudadanos: la posibilidad de identificarlos.

Y esta puede ser justamente una de las dificultades con las que se topa un proyecto político, cuando le otorga mayor peso al artefacto tecnológico que al propio proceso de construcción del espacio público virtual por parte de los actores sociales. Vemos por ejemplo, que la institucionalización de las formas de comunicación –por medio de las cuales se desea construir una “voluntad común”–, el nivel de institucionalización de dichas formas de comunicación, su grado de desarrollo y sus procedimientos son los que le otorgan a la voluntad política y a la opinión política su fuerza legitimadora. La mera existencia de una ciudadanía capaz de “actuar colectivamente” no garantiza la creación de espacios públicos autónomos, lo que los garantiza es la institucionalización de los procedimientos de deliberación que dichos espacios inauguran (Habermas, 2005). El espacio deliberativo supone un tipo de comunicación argumentativa que se caracteriza por el intento de proporcionar alguna justificación o evidencia para apoyar las afirmaciones, los juicios y las pretensiones, que no son presentadas con una certeza absoluta, sino que están abiertas a las objeciones y reconocen su falibilidad. La esfera pública es un espacio donde los ciudadanos pueden convencer y ser convencidos, o madurar juntos nuevas opiniones (Innerarity, 2006: 60).

Solo es posible identificar lo que se quiere a partir de unas interpretaciones culturalmente compartidas. Una democracia deliberativa no se fundamenta sobre las exigencias de la publicidad o de la transparencia, tampoco lo hace desde el control de la representación política de los intereses. Un espacio público es necesariamente un espacio de deliberación, donde lo

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Tecnología, territorio y sociedad. Producción de biodiesel a partir de aceites usados Technology, Territory and Society. Biodiesel Production Based on Waste Oil

Santiago Manuel Garrido Magíster en Historia Social. Instituto de Estudios Sociales sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes – CONICET Correo electrónico: santiagomgarrido@gmail.com Fecha de recepción: noviembre 2009 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Desde el año 2002, se desarrollaron en Argentina distintas experiencias vinculadas a la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados. El desarrollo de estas experiencias puede ser interpretadas como una trayectoria socio-técnica en la que se articularon diferentes grupos sociales, técnicas y condiciones socio-demográficas generando distintos estilos socio-técnicos. La reconstrucción de esta trayectoria permite entender cómo se desarrollan los procesos de coconstrucción de tecnologías, regulaciones, dinámicas económicas y prácticas sociales; más, cuando en el caso analizado, el aprovechamiento de desechos puede resolver problemas tanto ambientales como económicos y sociales. Palabras clave: biodiésel, aceites vegetales usados, tecnologías sociales, estilos socio-técnicos, tecnologías apropiadas, trayectoria socio-técnica, Argentina.

Abstract Since 2002, a number of experiences have developed in Argentina related to biodiesel production based on waste vegetable oils. The development of these experiences can be interpreted as a socio-technical trajectory in which different social and technical, and different socio-demographic conditions were articulated, generating distinct socio-technical styles. The reconstruction of this trajectory makes possible an understanding of how processes of co-construction of technologies, regulations, economic dynamics and social practices develop. In the case analyzed, this reconstruction will permit observation of how the use of waste material can resolve environmental as well as economic and social problems. Key words: biodiesel, waste vegetable oils, social technologies, socio-technical styles, appropriate technologies, socio-technical trajectory, Argentina.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 75-86 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Santiago Manuel Garrido

Introducción a experimentación con la producción de biocombustibles tiene una historia de casi ochenta años en Argentina y se ha concentrado especialmente en combustibles a base de alcohol. La producción de biodiésel, en cambio, no se inició efectivamente hasta finales de los años noventa. Los primeros proyectos, anuncios y propuestas legislativas relacionadas con la producción de biodiésel surgieron a partir del año 1999. Desde diversas dependencias estatales se publicaron resoluciones y decretos que buscaban dar algún impulso o marco legal a este tipo de actividades. En el año 2006, el Congreso de la nación aprobó la ley de biocombustibles (No. 26.093) que impone, entre otras cosas, la obligación para todos los vehículos a gasolina de circular con al menos un 5% de biodiésel en sus tanques a partir del año 2010. Como parte de esta normativa, el artículo 14 plantea la promoción de las economías regionales y las pequeñas y medianas empresas (PyMES), con el fin de asegurar al menos el 20% de la demanda total de aceites a ser procesados (Presidencia de la Nación Argentina, 2007). De este modo, la producción de biodiésel es presentada como una solución a diferentes tipos de problemas ambientales, energéticos, económicos y, además, sociales. Esta interpretación acerca de las posibilidades que ofrece la producción de biodiésel, y biocombustibles en general, desató un debate sobre sus implicaciones sociales y ambientales. La producción de biocombustibles a partir de cultivos comerciales aumentó notoriamente en los últimos 10 años1 y ha provocando una concentración de la producción agrícola en monocultivos basados en capital intensivo, así como la expulsión cada vez a mayor escala de pequeños productores y campesinos de sus tierras. Esta situación agrava la desigualdad social

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La producción de biodiésel en Argentina pasó de cerca de 50.000 toneladas en 2006 a 1394 millones de toneladas en el año 2009 (CADER, 2009).

en el ámbito rural, produce un aumento de las migraciones campo-ciudad y pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Sin embargo, existen alternativas en la producción de biocombustibles que pueden evitar este tipo de contradicciones y ofrecer soluciones a problemas sociales y ambientales como, por ejemplo, la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados. Estos aceites suelen ser vertidos en las cloacales y desagües pluviales produciendo altos niveles de contaminación. Situación que es más grave en locales de comida que utilizan grandes cantidades de aceite en sus cocinas. El aprovechamiento de estos desechos para producir combustibles puede resolver varios problemas a la vez: • Permite reducir la contaminación que genera el vertido de estos residuos en las cloacas y los desagües pluviales. • Permite la generación de combustible que puede utilizarse en motores diésel, con lo que reduce las emisiones de CO2. • Ofrece una actividad económica alternativa relacionada a la recolección del aceite vegetal usado y a su procesamiento posterior. El objetivo de este artículo es analizar y comparar las distintas dinámicas socio-técnicas desarrolladas en diferentes experiencias de producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados, en la provincia de Buenos Aires desde el año 2001. Para esto se utiliza un abordaje teórico-metodológico proveniente del campo de la sociología constructivista de la tecnología. Este abordaje socio-técnico permite operar una interpretación sistémica de estos procesos. Las preguntas que guían este trabajo son: ¿Qué características presentaron las diferentes experiencias de producción de biodiésel? ¿Qué problemas fueron identificados por los actores sociales involucrados en estas experiencias? ¿Cuáles fueron las soluciones desarrolladas? ¿Qué elementos socio-técnicos se combinaron en cada caso y que relevancia tuvo la inclusión social en cada caso? 76

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Tecnología, territorio y sociedad. Producción de biodiesel a partir de aceites usados

El presente trabajo esta organizado de la siguiente manera: comienza con la presentación de un conjunto de herramientas analíticas que permitirán proceder a la desconstrucción y re-construcción de los problemas y las soluciones vinculadas a la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados. Continúa con la exposición de un resumen de las diferentes experiencias desarrolladas en la Provincia de Buenos Aires a partir del año 2001, realizando una distinción parcial de las mismas según la región geográfica en la que se llevaron a cabo. Y finalmente concluye con algunas observaciones acerca del proceso de coconstrucción de tecnologías, regulaciones, dinámicas económicas y prácticas sociales.

Enfoque teórico Desde mediados de la década del setenta, comenzó en occidente la preocupación por las tecnologías denominadas “apropiadas”2, “intermedias” (Schumacher, 1973), “alternativas” (Dickson, 1980) o, más recientemente, “innovaciones sociales” (Mulgan, 2006) o grassroots innovations (Gupta y otros, 2003). El objetivo explícito de estas tecnologías era responder a problemáticas de desarrollo comunitario, generación de servicios y alternativas tecno-productivas, en escenarios socio-económicos caracterizados por situaciones de extrema pobreza (en diferentes países subdesarrollados de Asia, África y, en menor medida, América Latina). La mayoría de las experiencias de aplicación de tecnologías apropiadas, desde esos años, fue implementada en países asiáticos y africanos. En 2005 comenzó a funcionar la Rede de Tecnologia Social en Brasil, la que 2 Las tecnologías apropiadas se definen como tecnologías adecuadas a las condiciones locales, caracterizadas por su bajo costo, la no importación de insumos, su pequeña escala, su fácil utilización por parte de la población y su sostenibilidad (Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 2006).

adoptó una nueva definición de tecnologías sociales como productos, técnicas y/o metodologías reaplicables, desarrolladas en interacción con la comunidad y que representan efectivas soluciones de transformación social (Dagnino y otros, 2004). En los últimos años surgieron propuestas para la revisión de los conceptos de las tecnologías “sociales” disponibles, abandonando su concepción original como recursos paliativos de situaciones de pobreza y exclusión, para pasar a concebirlas como sistemas tecnológicos orientados a la generación de dinámicas de inclusión, vía la resolución de problemas sociales y ambientales (Thomas, 2009). Para lograr esto es preciso romper con las interpretaciones que conciben a los artefactos y sistemas como meros derivados de la evolución tecnológica (determinismo tecnológico) o simples consecuencias de los cambios económicos, políticos o culturales (determinismo social). Esta tensión determinista solo puede ser superada por un abordaje que intente captar la complejidad de los procesos de cambio tecnológico. Estas propuestas teóricas evitan distinciones a priori entre “lo tecnológico”, “lo social”, “lo económico” y “lo científico”, proponiendo a cambio hablar de “lo socio-técnico” (Thomas, 2008: 218-219). En este sentido, siguiendo este razonamiento, Wiebe Bijker afirma que “las relaciones puramente sociales solo pueden ser encontradas en la imaginación de los cientistas sociales mientras que las relaciones puramente técnicas sólo se encuentran en el terreno de la ciencia ficción” (Bijker, 1995: 273). Para la operación de re-construcción de procesos complejos de cambio tecnológico a través del tiempo se puede utilizar el concepto de “trayectoria socio-técnica” (Thomas y otros, 2003). Una trayectoria socio-técnica es un proceso de co-construcción3 de elementos heterogéneos: relaciones usuario-productor, 3

El concepto “co-construcción” permite analizar el proceso simultáneo en el que se producen cambios tecnológicos al mismo tiempo que se establecen normativas

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relaciones problema-solución, procesos de construcción de “funcionamiento” de una tecnología, racionalidades, políticas y estrategias de un actor o, asimismo, de un marco tecnológico determinado. Este concepto permite ordenar relaciones causales entre elementos heterogéneos en secuencias temporales. Para analizar las particulares formas de producir tecnologías y de construir su “funcionamiento” por diferentes actores, se utilizará el concepto estilo socio-técnico (Thomas y otros, 2003). Un estilo socio-técnico se conforma en el interjuego de elementos heterogéneos: relaciones usuario-productor, sistema de premios y castigos, distribución de prestigio, condiciones geográficas, experiencias históricas regionales y nacionales, etc. Se utilizará el conjunto de conceptos presentados en este apartado para el análisis de las diversas experiencias de producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados, con el propósito además de reconstruir el proceso histórico para mostrar simultáneamente el carácter tecnológicamente construido de la sociedad y el carácter socialmente construido de las tecnologías. ¿Qué es el biodiésel a partir de aceites vegetales usados? La ASTM (American Society for Testing and Materials) define el biodiésel como “el éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, tales como aceites vegetales o grasas animales, para utilizarlos en motores diésel”. Se presenta en estado líquido y se obtiene a partir de recursos renovables como aceites vegetales de soja, colza/canola, girasol, palma y otros, como así también de grasas animales, a través de un proceso denominado Transesterificación (ASTM, 2009).

La Transesterificación4 consiste en la mezcla del aceite vegetal o grasas con un alcohol (generalmente metanol) y un álcali (soda cáustica). Al cabo de un tiempo de reposo, por decantación, el biodiésel se separa de su subproducto el glicerol. Este proceso requiere de un reactor que es el corazón de toda planta de biodiésel. A pesar de diferentes experiencias realizadas desde la década de 1920 en la producción de biodiésel, el mismo alcanzó verdadera notoriedad en los primeros años del siglo XXI provocado por el aumento de los precios internacionales del petróleo. En este contexto y sumado a la profunda crisis económica y social que afectó a la Argentina en el año 2001, el biodiésel se instaló en la agenda pública de este país. Desde el año 2002, se desarrollaron en Argentina distintas experiencias vinculadas a la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados. Estos emprendimientos surgieron a partir de diferentes circunstancias y adquirieron diferentes características. Siguiendo este tipo de particularidades se pueden identificar dos tipos de experiencias: las desarrolladas en zonas rurales en el interior de la provincia y las desarrolladas en zonas urbanas del Gran Buenos Aires. En las mismas se identifican tres variables en juego que se articulan generando distintos estilos socio-técnicos.

Trayectorias socio-técnicas en la producción de biodiésel en el interior de la provincia de Buenos Aires. A comienzos de la década de 2000, el sudeste de la provincia de Buenos Aires había logrado captar la atención de los medios de comunicación a escala nacional a causa del biodiésel5. 4

legales. Para diferentes aplicaciones de co-construcción véase Thomas y Vercelli (2007) o Garrido y otros (2007).

5

Así se llama el proceso químico por el que los ácidos grasos presentes en el aceite se separan de la glicerina y se unen al metanol generando metilésteres (biodiésel). La soda cáustica se utiliza para estabilizar la glicerina. El impacto fue tal que el director del suplemento rural del diario Clarín, Ing. Héctor Huergo, le dedicó dos

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Tecnología, territorio y sociedad

En el año 2001 se presentó un proyecto para construir una gran planta productora de biodiésel a partir de un consorcio del que participaban cuatro municipios de la región. Este proyecto iba a recibir apoyo financiero del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también había generado el interés de diversas dependencias del estado nacional. Sin embargo, la profunda crisis desatada a finales de ese año en el país y su particular impacto en el provincia de Buenos Aires, provocó la extinción del proyecto antes de nacer. A pesar del fracaso de este proyecto, la producción de biodiésel en esta región de la provincia de Buenos Aires prosiguió a partir de diferentes proyectos y experiencias. Algunas de ellas fueron las primeras en las que se utilizó aceite vegetal usado como materia prima. Planta artesanal de la Escuela Agro-técnica de Tres Arroyos La dinámica productiva del sudeste de la provincia de Buenos Aires es un elemento que tiene una influencia significativa en el desarrollo de la trayectoria socio-técnica de la producción de biodiésel a partir de aceites usados en esta región. La misma se caracteriza por ser una zona productora de oleaginosas, principalmente girasol. Esta particularidad, probablemente, favoreció a comienzos de la década del 2000 la incorporación de nuevas opciones para aprovechar este tipo de cultivos. En el año 2002, la crisis económica y sus repercusiones estaba afectando el desarrollo de las actividades educativas de la Escuela Agrotécnica de Tres Arroyos (EATA). Esta institución, fundada en 1983 por productores y profesionales de la zona, contaba con alumnos que provenían de 26 escuelas rurales. El problema consistía en las dificultades que se presentaron para sostener el servicio de colectivos columnas en el mes de febrero, en una de las cuales llegó a hablar del show del biodiésel (Huergo, 2001 y 2001a).

(autobuses) que trasladaba a estos alumnos hasta la EATA. Frente a esta dificultad, algunos docentes y personas vinculadas a la escuela decidieron construir una planta para producir biodiésel a partir de aceites vegetales usados para ser utilizado en los colectivos. Para los productores agropecuarios, la producción de biodiésel representaba una solución al problema provocado por los altos costos de los combustibles y la caída de los precios de sus productos, además de ofrecer una alternativa para incorporar valor agregado a su producción. La actividad de algunos productores agropecuarios como docentes o directivos en la EATA puede explicar que frente a un problema similar experimentado en la escuela, altos costos de combustible, hayan desarrollado una solución similar, producir biodiésel. En agosto de 2002, comenzó la construcción de la planta artesanal de la EATA con capacidad para producir 600 litros mensuales. Los responsables del proyecto obtenían la materia prima a través de la donación de comercios de comida de Tres Arroyos y alrededores. La Planta fue reinaugurada con reformas al año siguiente, en el marco del II Foro Nacional de Biodiésel llevado a cabo en las instalaciones de la escuela. Para la concreción de estas modificaciones y mejoras, la provincia de Buenos Aires aportó un subsidio de 50 000 pesos. También recibieron el apoyo de los gobiernos municipales de Necochea y Bahía Blanca, y de la Cooperativa Obrera de esta última ciudad que aportaron importantes cantidades de aceite6. El biodiésel producido lo utiliza la Escuela en los colectivos y tractores para sus actividades educativas, también los asociados como la cooperativa o los municipios reciben el combustible a cambio de su aporte de aceite. En una nueva etapa iniciada en 2003, las autoridades de la EATA planteron que los objetivos de este emprendimiento eran generar dinámi6

La Cooperativa Obrera llegó a donar cerca de 4000 litros mensuales a cambio de biodiésel para sus camiones.

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cas de aprendizaje entre sus alumnos, desarrollar conciencia ambiental, generar combustible para el autoconsumo y la experimentación7. En este sentido, además, establecieron un acuerdo con el Comando Antártico Argentino en el año 2006, por el que el rendimiento del biodiésel producido en la EATA fue puesto a prueba en la Antártida Argentina. En el mes de mayo del 2004, el municipio de Necochea terminó el convenio de recolección de aceite usado para ser procesado en la planta Tres Arroyos de la EATA8. El mismo fue cancelado para encarar un proyecto propio con la instalación de una planta piloto dentro del partido de Necochea. Planta de la Escuela Agropecuaria de Ramón Santamarina Ramón Santamarina es una localidad rural ubicada a 65 kilómetros de Necochea. La misma, sufría algunos de los problemas comunes a este tipo de poblaciones como la escasez de empleo, caída de las expectativas sociales y dificultades de comunicación. Este tipo de problemas eran considerados como algunas de las causas que provocaban una disminución sostenida en el número de pobladores en las últimas décadas. Además, su escuela agropecuaria es la única de su tipo en el partido y había sufrido varios intentos de traslado a otro lugar más cercano a la ciudad de Necochea. En el año 2004 el gobierno municipal inició la instalación de una planta en la escuela agropecuaria de Ramón Santamarina y dictó una ordenanza municipal que obligaba a todos 7

8

Entre las nuevas aplicaciones del biodiésel experimentadas por la EATA se encuentran la calefacción de aulas y producción de energía eléctrica a través de un grupo electrógeno. Véase “Apoyo a municipios para producir biodiésel con aceite comestible”, La voz del Pueblo de Tres Arroyos, 11 marzo 2008. La cancelación de este convenio no tuvo un impacto significativo en la actividad de la planta de biodiésel de la EATA, que se siguió sosteniendo con los aportes de aceite de donantes particulares y de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca.

los comercios e industrias del distrito a contar con un certificado de disposición final del aceite vegetal usado. De este modo, estos certificados son, a partir de la imposición de esta normativa, entregados por la misma municipalidad que recoge el aceite y lo lleva a la planta de biodiésel. El biocombustible producido es utilizado en la flota municipal (70 unidades), en porcentajes que van del 50% al 100%, para máquinas y móviles de la Escuela Agropecuaria y para la calefacción de la Aeroestación de Necochea y otros establecimientos educativos. A partir del año 2007, el municipio estableció un convenio con la Compañía de Ómnibus de Necochea para la utilización de biodiésel en dos móviles con un corte del 20% (B20). Esto se encuentra aún en etapa experimental.

Trayectoria socio-técnica de la producción de biodiésel en el Gran Buenos Aires En los últimos tres años, la producción de biodiésel a partir de aceites usados también fue noticia en el Gran Buenos Aires. Desde el año 2006 se hicieron públicos diversos proyectos de este tipo llevados a cabo por municipios o empresas privadas que se proponían aprovechar el gran volumen de aceite usado que se genera en este gran espacio urbano. Las características socio-económicas particulares de esta región influyeron en el desarrollo de una trayectoria socio-técnica diferente de la que se produjo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Uno de los elementos más significativos que marcan esta diferencia corresponde a las características geográficas y socio-económicas imperantes en la región. El Gran Buenos Aires puede ser comprendido como una gran aglomeración urbana vinculada a actividades industriales y de servicios más que a la producción agropecuaria. Además, la población de sus partidos y localidades pueden, como mínimo, duplicar la cantidad de habitantes de una gran ciudad del interior bonaerense. 80

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nados a la generación de energías alternativas y disminución de la contaminación ambiental. El biodiésel producido en esta planta fue probado en un vehículo municipal que utilizó biodiésel al 100%. Los resultados de esta prueba, considerados positivos, impulsaron la construcción de una nueva planta que fue inaugurada en junio de 2009 con capacidad para procesar 12 000 litros de aceite mensuales. El proyecto es lograr producir combustible suficiente para utilizarlo en los vehículos municipales con un corte del 20% (B20). El objetivo que expresan los responsables del emprendimiento es potenciar, desde el sector público, el ahorro de las energías convencionales y generar el ámbito necesario para impulsar emprendimientos y conciencia en la población con las energías renovables. Para obtener la materia necesaria para alcanzar las metas de producción planteadas se debe comprometer, sobre todo, a comercios e industrias que son los principales generadores de este tipo de residuos. Para ello, el municipio, dictó una ordenanza municipal que obliga a comercios e industrias a presentar un certificado de disposición final del aceite vegetal usado. El mismo municipio les entrega estos certificados recogiendo y acopiando el aceite en la planta de biodiésel para su procesamiento (Learreta, 2009). La población puede participar del proyecto como proveedores de aceite y lograr una fuente de ingresos alternativa a través de esta práctica. El proceso de producción de biodiésel y el aprovechamiento del combustible producido quedan, exclusivamente, en manos del municipio.

Plantas de biodiésel municipales de General San Martín y Malvinas Argentinas

A finales del año 2006, el Honorable Concejo Deliberante del municipio de General San Martín aprobó una ordenanza que autorizaba la construcción de una planta de biodiésel en este partido. El biodiésel producido sería utilizado en los vehículos municipales (HCD de General San Martín, 2006). Con este propósito se estimaba una inversión de 150 000 dólares, en tanto la construcción de la planta quedaría en manos de una empresa privada luego de una licitación pública. Como parte del proyecto, el municipio recolectaría el aceite desechado por los comercios e industrias, los cuales estarían obligados a entregarlo por medio de una ordenanza. Además, se buscó darle al emprendimiento un carácter social a través de un acuerdo realizado con una organización que trabaja con niños con capacidades especiales, para que la misma recolecte aceite y obtenga una fuente de recursos a través de su venta. Sin embargo, hasta mediados del año 2009 todavía no se concluía la instalación de la planta y hasta el día de hoy no se ha producido ni un litro de biocombustible, debido a problemas administrativos y financieros9. A los pocos meses de la promulgación de la ordenanza en San Martín, otro municipio inició un proyecto de similares características. El municipio de Malvinas Argentinas, ubicado a unos pocos kilómetros, construyó, a principios del año 2007, una pequeña planta experimental para el procesamiento de aceite vegetal usado. Este aceite era recolectado en diferentes puntos del distrito y por el cual pagaba a los vecinos 0,60 pesos el litro. Esta planta fue Biodiésel cooperativo en Hurlingham pensada como un emprendimiento más entre varios desarrollados por el municipio relacio- Un caso diferente a los mencionados hasta aquí es el de Biocoop. Esta cooperativa fue creada en el año 2006 por un grupo de estudian9 Una de las trabas que tuvo que enfrentar este proyecto tes de tercer año de Polimodal de la EET 2 de fue un conflicto gremial generado por la utilización de un predio que el sindicato de empleados municipales Hurlingham, a partir de un curso de cooperativismo dictado por la Central de los Trabareclamaba como propio. 81 ÍCONOS 34, 2009, pp. 75-86


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jadores Argentinos (CTA)10. El emprendimiento fue patrocinado por otra cooperativa de trabajo que les prestó un local, montaron la planta piloto realizando ensayos y pruebas. Los responsables de Biocoop promueven la idea de extender su experiencia a otros lugares tratando de establecer una red de cooperativas, emprendimientos productivos, fábricas recuperadas y mercados locales solidarios, y no solamente de productores de biodiésel. Esperan poder articular en esta red diversas actividades productivas para resolver las dificultades que puedan presentar estos emprendimientos por separado11. A finales del año 2008, Biocoop obtuvo el primer premio en el concurso de “unidades productivas tipo” otorgado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)12. Como parte este premio tres de los técnicos integrantes de la cooperativa obtuvieron una beca de cuatro meses para avanzar en el proceso de estandarización del proceso productivo y de la calidad de producto para alcanzar la certificación del INTI. El proyecto de la cooperativa es ampliar el nivel de articulación del emprendimiento ofreciendo a los recolectores de aceite otras alternativas para generar mayores ingresos. Por un lado, se ofrece la posibilidad de deslocalizar el filtrado del aceite usado que podría ser realizado por las personas que lo recolectan pero también, se les ofrece intercambiar el aceite por el agua con resto de glicerina que resulta del proceso de lavado del biodiésel y que puede ser transformada en detergente. De este modo, se plantea la generación de emprendi-

10 La CTA es una de las dos principales centrales sindicales del país y se destaca por sus vínculos con diferentes organizaciones sociales y de trabajadores desocupados. 11 “Aceite para la vida, energía para el trabajo”, Saber Cómo No. 72, Buenos Aires, enero 2009. 12 El INTI es un organismo dedicado al desarrollo tecnológico orientado a la industria y tiene entre sus actividades el asesoramiento tecnológico a pequeñas y medianas empresas productivas así como la certificación de calidad de procesos y productos.

mientos asociados y articulados a la producción de biodiésel así como la generación de dinámicas de inclusión social.

Trayectorias socio-técnicas de producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados La producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados en la provincia de Buenos Aires surgió a través de distintas experiencias, durante la última década en diferentes regiones, articulando de forma particular elementos heterogéneos. Estos procesos, no pueden ser interpretados de forma aislada, sino en una compleja red de relaciones de influencia mutua, la cual parte de distintas dinámicas de problema-solución que se van encadenando en procesos de co-construcción de tecnologías, actividades económicas, dinámicas sociales y regulaciones. Esta trayectoria socio-técnica puede ser recorrida a partir de la articulación de tres variables: la forma de obtención de la materia prima, las características del proceso de producción y el destino del biodiésel producido. Obtención del aceite usado: obtener el aceite vegetal usado para producir biodiésel es una cuestión crucial en este tipo de experiencias. La viabilidad de estos proyectos depende, en gran medida, de asegurar la provisión de la materia prima, limitada en volumen y difícil de recolectar. Resolver este problema requiere, necesariamente, obtener la colaboración de diferentes grupos de actores proveedores del aceite. Alinear y convencer a estos potenciales proveedores para que entreguen esta materia prima es un problema frente al cual, los actores involucrados en los diferentes proyectos idearon y desarrollaron diferentes soluciones. Los mecanismos implementados buscan convencer a diferentes grupos de actores a través de diversos incentivos. Los mismos pueden clasificarse en cuatro tipos: donación, conve82

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Cuadro 1:Variables socio-técnicas de la producción de biodiesel a partir de aceite vegetal usado. Obtencion de aceite

Características de de la planta

Utiliación del Biodiesel

EATA

- Donación

- Planta auto-construida - Reactor auto-construido - Manual

- Autoconsumo - Investigación y docencia - Intercambio con instituciones asociadas

Necochea

- Regulación

- Compra de reactor - Planta auto-construida - Manual

- Autoconsumo - Transporte público

San Martín

-Regulación - Donación

- Instalación a cargo de empresa - Automatizada

- Autoconsumo

Malvinas

- Regulación -Compra - Donación

- Instalación contratada con profesionales - Automatizada

- Autoconsumo

BIOCOOP

- Donación - Compra

- Planta auto-construida - Reactor auto-construido - Manual

- Venta limitada a socios adherentes

Fuente: Elaboración propia.

nios, regulación/legislación o compra. Estos mecanismos se dan en muchos casos de forma combinada (Cuadro 1). La donación voluntaria del aceite usado requiere dos elementos que pueden observarse en algunos de los casos hasta aquí presentados: altos niveles de conciencia ambiental en la población y una considerable valoración pública de la institución responsable de la producción del biodiésel. Estas condiciones están presentes en la experiencia desarrollada por la EATA. En este sentido, que el proyecto haya sido efectuado en una institución educativa de gran prestigio regional resultó fundamental. Otro caso en el que la donación es un mecanismo utilizado para obtener el aceite usado es el de Biocoop. Aquí, los vínculos de la cooperativa con instituciones como una escuela técnica, cuyos alumnos participan de la experiencia, favorecieron la implementación de este tipo de solución.

Las experiencias desarrolladas por gobiernos municipales tienen características distintas en comparación a las mencionadas. Los municipios no gozan, en general, de la valoración positiva que tienen en la población las instituciones educativas. Sin embargo, cuentan con la posibilidad de regular algunos aspectos del comportamiento social a través de ordenanzas orientadas al ordenamiento territorial. En todos los casos en los que los municipios son los responsables de la producción del biodiésel, la recolección del aceite esta garantizada por la obligación impuesta a los comercios de comida. En algunos casos, varios de los mecanismos mencionados se combinan con la compra directa del aceite usado. Este procedimiento es aplicado por el municipio de Malvinas Argentinas y Biocoop, aunque los restringen a ciertos tipos específicos de proveedores: escuelas, sociedades de fomento o centros de jubilados, en tanto los comercios quedan excluidos.

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Características de la planta procesadora: todas las experiencias presentadas en este trabajo pueden ser denominadas como plantas transtesterificadoras. Sin embargo las características de las mismas son diferentes en cada caso. Los elementos que permiten realizar una distinción entre los casos presentados son tres: cómo se instaló la planta, cómo se construyó el reactor y cómo opera la planta. La instalación de las plantas analizadas se concretó de dos formas: contratando a un profesional o empresa especializada o con recursos humanos y tecnológicos propios. La primera opción fue la elegida por los municipios de Malvinas Argentinas y General San Martín, y la autoconstrucción fue la elección de la EATA, la Municipalidad de Necochea y Biocoop. Esta división es coincidente al analizar como operan estas plantas. Mientras que las plantas instaladas por empresas o profesionales operan de forma automatizada, las autoconstruidas tienen sistemas de operación manual. En el caso de la construcción de los reactores se presentan algunas diferencias. En las plantas de Malvinas Argentinas y General San Martín, el reactor fue comprado como parte del contrato de la instalación de la planta, en tanto EATA y Biocoop construyeron sus reactores. En el caso particular de Necochea se combinó la autoconstrucción de la planta con la compra del reactor. Uso del biodiésel producido: la última variable presente en la constitución de diferentes estilos socio-técnicos en este estudio se refiere al uso que se le da, en cada caso, al biodiésel producido. En todos los casos el biodiésel tiene una finalidad de autoconsumo, aunque esto pueda presentar significados diferentes. El objetivo explícito de los gobiernos municipales que cuentan con plantas de biodiésel es utilizar el biocombustible producido para reducir los costos de sus vehículos. En el caso de Necochea, a esta finalidad se le suma la calefacción de algunos edificios públicos y la experimentación en el transporte público. La

EATA, en cambio, utiliza el biodiésel en transporte, maquinaria agrícola y calefacción de las aulas de la escuela. Biocoop, a diferencia de los otros casos, es la única experiencia en la que el biodiésel se vende, aunque de forma limitada. Estas diferencias están vinculadas a las características particulares de los lugares y comunidades en los que tuvieron lugar las experiencias. En ciudades del interior de la provincia la articulación de intereses entre el municipio y el transporte público local resulta más sencillo que en el Gran Buenos Aires, donde el sistema de transporte es más complejo e involucra a otros distritos. Asimismo, el uso de combustibles líquidos para calefacción es frecuente en las zonas rurales del interior de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con redes de gas natural, a diferencia de la zona metropolitana.

Conclusiones En el análisis de estos procesos se puede observar la existencia de varios estilos socio-técnicos. Los mismos son el resultado de diferentes procesos de co-construcción. La comprensión de estos estilos socio-técnicos diferentes permite analizar de forma integral los problemas planteados y el alcance que tienen las experiencias en su resolución. Los estilos socio-técnicos que pueden identificarse en la trayectoria socio-técnica analizada en este trabajo surgen de la articulación de varios elementos. En primer lugar, de la combinación de las variables ya mencionadas, pero además de la fusión con los objetivos de inclusión social presentados por los actores involucrados. En el caso de los proyectos desarrollados en el sur de la provincia de Buenos Aires, las dinámicas de inclusión social mencionadas se concentran en el mantenimiento de ciertas actividades educativas, en riesgo por diferentes motivos: problemas para sostener el sistema de transporte rural o para mantener la ubicación 84

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del establecimiento educativo y su funcionamiento. A estos problemas sociales se agregan, además, la promoción de nuevas dinámicas, así, la interacción entre la EATA y la cooperativa obrera de Bahía Blanca o el proyecto de incorporar el biodiésel al transporte público en Necochea. En las experiencias del Gran Buenos Aires, lo social se concentra principalmente en la oportunidad de generar recursos económicos alternativos a partir de la recolección, que pueden presentar mayor o menor nivel de complejidad, según el caso. Sin embargo, en el caso de Biocoop las dinámicas de inclusión social se extienden a nuevos emprendimientos asociados a la producción de biodiésel a partir de la fabricación de detergente. Estas particularidades, sumadas a las que surgen de la combinación de variables ya presentadas permiten identificar en el Gran Buenos Aires dos estilos socio-técnicos diferenciados. Uno para los emprendimientos desarrollados por los gobiernos municipales y otro para las experiencias cooperativas. Un elemento común a todos los casos presentados de producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados es la constitución de dinámicas y redes sociales que aseguren la recolección de la materia prima necesaria. Además, en todas las experiencias se pueden observar nuevas dinámicas sociales generadas a partir de estos emprendimientos. Un abordaje en términos socio-técnicos tiende a focalizar las relaciones problema/solución como un complejo proceso de co-construcción. Esto configura, en la práctica, una visión sistémica, donde difícilmente exista una solución puntual para un problema puntual. De este modo, la producción de biodiésel a partir de aceites vegetales usados puede representar un buen ejemplo de cómo resolver de forma combinada problemas económicos, ambientales y sociales.

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Santiago Manuel Garrido

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El papel de las TIC en el desarrollo: una mirada desde la construcción social de la tecnología en el caso Ecuatoriano

The Role of ICTs in Development: A Look at the Social Construction of Technology in the Ecuadorian Case Javier Andrés Jiménez Becerra PhD (c) por FLACSO-Ecuador. Correo electrónico: jajimenez@flacso.org.ec Fecha de recepción: enero 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Este artículo propone como vía para problematizar las tecnologías de información y comunicación (TIC), su visión de progreso y asociación con el discurso del desarrollo partir de los llamados estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Estudios dentro de los cuales la tecnología se entiende como construcción social. Dicho enfoque nos puede ayudar a pensar los elementos centrales que deben tomarse en cuenta a la hora de reflexionar e investigar sobre las autodenominadas redes de TIC para el desarrollo en el caso ecuatoriano. Palabras claves: desarrollo, tecnología, determinismo tecnológico, TIC, sociedad de la información, Ecuador. Abstract This article proposes to begin with what are known as science, technology and society studies (STS) as a way to problematize information and communication technologies (ICTs), their vision of progress and their association with the development discourse. In these studies, technology is understood as a social construction. Said focus can help us to think about the central elements that should be taken into account when reflecting on and studying the self-styled ICT networks for development in the Ecuadorian case. Key words: development, technology, technological determinism, ICTs, information society, Ecuador.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 87-97 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Javier Andrés Jiménez Becerra

Introducción as asociaciones entre progreso y tecnología por medio de la idea de desarrollo han marcando el estilo de muchos de los discursos sociales, políticos y económicos en la región hasta el presente (Mato, 2004; Escobar, 2004). Si bien desde la década de 1980 se generó una crítica sistemática sobre estas asociaciones por sus consecuencias humanas (Maxneff, 1986; Hinkelammert, 1995), ambientales (Elizalde, 2006; Leff, 1994), económicas (Coraggio, 1995; Boisier, 1998), culturales y geopolíticas (Escobar, 2006; Ribeiro, 2005), hoy parece que asistimos a una reinvención de este discurso con las mismas asociaciones a través de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales emergen como camino para la inclusión y la inserción en la sociedad de la información. Las TIC aparecen construyendo una nueva promesa de igualdad donde se supone que los recursos tecnológicos que ellas proveen, logran disminuir las diferencias entre el Primer y el Tercer Mundo. Un acercamiento que, a su vez, se establece como algo necesario para ser parte de una nueva forma de globalización cuyo motor y centro es el flujo de información y conocimiento (Castells y Robertson, 1995). Pese a las críticas y denuncias de las TIC como discurso universalizador y homogenizante (Agudo y Mato, 2000) que permite agenciar la idea de una era global para todos, esté discurso, que se consolida rápidamente, sigue ocultando las dinámicas de una economía cada vez más desigual y segregadora, en la que los llamados países del Tercer Mundo están lejos de participar de manera significativa (Rivero, 2001). Pese a ello, las TIC en América Latina conjugan políticas gubernamentales, movimientos sociales, empresas, entidades religiosas, etc., que han encontrado en este discurso una nueva promesa que puede llevar a la región a ser parte del Primer Mundo. De ahí que nos preguntemos: ¿Cómo construye la

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tecnología su discurso de exclusión o inclusión y qué implicaciones tiene en la región?¿Cómo se gestiona y se apropia un discurso global de las tecnologías y qué tipo de valores y relaciones de poder sostienen su promesa de progreso?¿Qué imaginarios y valores transitan por estas redes de tecnologías y qué consecuencias tienen al localizarse en América Latina? ¿Cómo se reinventa el desarrollo con las TIC para marcar nuevas aproximaciones entre el Primer y Tercer Mundo? Tratar de responder estas preguntas, para algunos autores, implica construir una estrategia que nos permita ir más allá de la concepción absoluta y necesaria de estar insertos en una determinada forma de globalización (Rojas, 2000), y, al mismo tiempo, captar las redes de poder y el sistema de creencias que subyacen en las posiciones que constituyen las asociaciones entre progreso, tecnología y desarrollo (Ribeiro, 2007). Una estrategia conceptual e investigativa que apunta a este propósito, mostrando cómo se generan estas asociaciones y el papel de la tecnología en las mismas, se encuentra en los llamados estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). En este campo de las ciencias sociales se considera que si iniciamos por cuestionar la concepción misma de tecnología y la despojamos de su supuesta neutralidad y objetividad (Klein y Kleinman, 2002), al evidenciarla como una construcción social, podemos encontrar un camino para darnos cuenta cómo la tecnología se convierte en una forma culturalmente construida de relacionarse y cuáles son las relaciones de poder que la hacen parte de las redes de los discursos sociales (Latour, 2007). La manera cómo se construye la tecnología y cómo se renuevan las promesas de progreso deben llevarnos a conocer su realidad material, las ideologías presentes en su diseño y, por tanto, identificar los actores sociales y los discursos que sostienen la promesa de un Tercer Mundo que se redime en el Primero (Feenberg, 1991). Una vez que podamos entender este complejo y totalizante papel de la tecno88

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logía será posible analizar la función que tienen las TIC en las estrategias de inclusión o de dominación en los llamados países del Tercer Mundo (Katz, 1998; Escobar, 2006). Su asociación con el desarrollo, la idea de progreso, sus imaginarios y cómo se conjugan estas asociaciones en la llamada globalización informacional, se convierten en focos de análisis social (Ribeiro, 2007). Ligar este debate conceptual con la literatura tradicional sobre TIC generada en la región, que señala las bondades (Bonilla, 2001; Finquielevich, 2003) o perversiones (Canclini, 2004; Gómez, 2008) desde una perspectiva de CTS, implica identificar aquellos espacios sociales donde las narrativas asociadas a la tecnología están en conflicto (Pinch y Bijker, 1987). Generalmente esto sucede en aquellos contextos donde el artefacto tecnológico es legítimo tanto para defensores como para detractores del mismo, es decir, donde se cuestionan los sentidos de las TIC, mas no su uso (Callon, 2001). En América Latina uno de los espacios sociales donde la tecnología está en conflicto, en el caso de las TIC, es el de las autodenominadas redes de TIC para el desarrollo1. Estas redes, al ser generalmente financiadas por organizaciones multilaterales, naturalizan y generan polémica sobre los sentidos de la tecnología y su papel en el desarrollo en la medida en que priorizan ciertos grupos locales (Ribeiro, 2007). En el caso ecuatoriano, encontramos una de las experiencias consideradas exitosas de este estilo: la red de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo Infodesarrollo. Esta red, que opera desde hace cinco años, ha logrado que las principales entidades públicas, privadas y ONG se agrupen y definan los sentidos legítimos de las TIC para el 1

Según el Inventario Regional de Proyecto de Tecnologías de Información y Comunicación para América Latina y el Caribe, en el año 2008 se tenían reseñados 1600 proyectos en la región que, de manera directa o indirecta, tienen que ver con el desarrollo. Disponible en: http://www.protic.org.

desarrollo en Ecuador. A nivel internacional, existe una convergencia de organizaciones multilaterales que hacen parte de Infodesarrollo y que han permitido que los sentidos legítimos que se han asignado a las TIC para el desarrollo en Ecuador sean traducidos a un contexto global como experiencias exitosas y modelos a seguir en otros países. En este orden de ideas, este trabajo busca ubicar los elementos centrales que deben tomarse en cuenta, desde un enfoque de construcción social de la tecnología, para investigar y reflexionar sobre las llamadas buenas prácticas y las experiencias paradigmáticas de la tecnología, usando como caso las TIC y el establecimiento de sus redes de gestión, en relación al progreso y al desarrollo. Para iniciar, explicaré la visión que los estudios CTS proponen para repensar la tecnología, sus asociaciones con el progreso y el desarrollo. En un segundo momento, rastrearé cómo se construyó el discurso sobre las TIC y cómo se ubica en América Latina, evidenciando la relación que tiene Infodesarrollo con este discurso. En un tercer momento, platearé que elementos deben ser considerados para reflexionar e investigar las autodenominadas redes de TIC para el desarrollo, desde la visión de construcción social de la tecnología en el caso ecuatoriano.

El determinismo tecnológico y sus asociaciones con el discurso del desarrollo Si bien vivimos en un siglo cuya principal característica es, para muchos, la tecnología2, 2

En julio de 2000, la revista Time analizó el futuro de la tecnología en relación al siglo XXI. En esa edición, connotados científicos, premios nobles y líderes norteamericanos coincidieron, desde diversas perspectivas , en que el avance de la tecnología es la principal característica de nuestra civilización; y sostuvieron que el desarrollo, especialmente de las tecnologías de información y comunicación, la nanotecnología y la biotecnología eliminarán nuestras necesidades materiales y se impondrán unívocamente en todos los órdenes de nuestra realidad.

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definirla se vuelve algo difícil. Para dar un ejemplo, por tecnología se entiende “el uso de herramientas por los seres humanos” (Gregori, 1988); el conjunto de conocimientos para producir cosas (Merryl, 1968); y el paquete de conocimientos organizados, según criterios científicos (Sábato, 1982). Las anteriores acepciones aunque pueden diferir en la manera como describen la tecnología desde el conocimiento o la práctica, en el fondo tienden a coincidir en lo que algunos autores señalan como rasgo común de lo que denominamos hoy tecnología. Se considera que la tecnología son artefactos o herramientas construidos para una diversidad de tareas (González, 1996) y también, que son procedimientos, habilidades y artefactos desarrollados con ayuda del conocimiento científico (Sanmartín, 1990). Esta forma de definir la tecnología3 está referida al conocimiento y transformación material del mundo desde una perspectiva moderna, donde las tecnologías son “herramientas”, listas para servir a los propósitos de quienes las usan y además, son neutras, sin ningún contenido valorativo. Para algunos autores, la modernidad se caracteriza precisamente por una visión científica de la tecnología, que difiere de las de los anteriores periodos de la civilización occidental. Esta nueva visión se gestó a partir del siglo XVI (Habermas, 1989; Lipovesky, 1986; Winner, 1979; Marx, 1984). La modernidad europea, por medio de esta visión de la tecnología, generó una esperanza y confianza extrema en la capacidad del ser humano de controlar el ambiente y expandir los conocimientos de forma ilimitada a través del descubrimiento de las leyes básicas de la naturaleza. Asimismo, aprovechando experiencias, modos y saberes de tecnologías de otras culturas, se impuso una forma dominante y única del quehacer tecnológico (Mitcham, 1998; Ferrer, 2000). Entre 1750 y 1850 estas ideas se 3

Que soportaría afirmaciones como las de los autores reunidos por Time, en el documento antes citado.

materializaron en las artes prácticas, donde la innovación técnica se consolidó como principal agente de progreso, hasta el punto que se llegó a considerar la tecnología como fuente de cambio de la historia (Marx, 1984) y se le asignó la capacidad de imponer ciertas características culturales y políticas a la sociedad, moldeando el futuro de la humanidad. En síntesis, se acuñó una concepción determinista de la tecnología desde la que se la consideró el motor fundamental de la historia humana que determina a la sociedad (Heilbroner, 1996). Esta visión se consolidó a lo largo del siglo XX, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, cuando “se introdujo, por parte de algunos científicos sociales, la idea de la tecnología como una fuerza lineal y unívoca, de carácter evolutivo y con unos resultados altamente predecibles. Perspectiva que está detrás de las llamadas teorías de la modernización” (Winner, 1987: 4). Es por esto que el planteamiento de la modernización, según el cual todas las sociedades pasan por distintas etapas universales, liga dichas etapas de crecimiento a la sofisticación tecnológica, que garantizaría integración social y prosperidad material para todas las sociedades del planeta. La conjugación de las ideas de la modernización, con las de la economía de la planificación moldeó la idea del desarrollo a finales de la década de los cuarenta en Estados Unidos, idea instaurada como paradigma social y cultural. Desde allí, Estados Unidos propuso crear las condiciones necesarias para que todas la sociedades del planeta se equipararan a la estadounidense, aumentando sus niveles de productividad a través de la tecnificación de la agricultura, la industrialización y la urbanización (Escobar, 1998). La implementación del desarrollo posibilitó la configuración de un discurso que hablaba sobre un sector del globo denominado Tercer Mundo. Este sector pobre, enfermo y desamparado debía ser llevado de la mano por el camino del progreso y la civilización (Castillejo, 2000). En América Latina, las ideas del 90

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desarrollo fueron introducidas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ideas y programas que fomentaban los procesos de urbanización e industrialización bajo la mirada de la tecnología como panacea que permitiría que el Tercer Mundo llegar a ser como el Primero (Stavenhagen, 1995). Con el paso del tiempo, el discurso del desarrollo se profesionalizó y, a partir de los años setenta, empezó a incluir todas las áreas de las ciencias sociales como parte de su discurso a fin de posibilitar el crecimiento y el cambio socio-económico inducido. Esta perspectiva naturalizó el desarrollo y volvió invisible aún más el papel determinista de la tecnología (Cernea, 1995). Pese a las críticas que como ya anotamos al inicio del texto se han producido sistemáticamente en la región frente al desarrollo y gracias a los procesos de innovación del sistema capitalista, donde la información y las comunicaciones se convierten en la punta del sistema de comercio mundial, se genera a partir de los noventa la consolidación de la Internet y, por ende, de las TIC (Hamelink, 1995). Esto hace posible darle un nuevo impulso al desarrollo, ahora asociado a la percepción de la tecnología como una fuerza lineal e inevitable que nos hace iguales en la sociedad de la información.

“sociedad de la información” 4 para designar la nueva forma de sociedad, impensable con metáforas sociales de un pasado no influenciado por este tipo de tecnologías. Con estas ideas se empezó a difundir la necesidad de una nueva institucionalización que permitiera estimular, regular e incluir a toda la humanidad en esta nueva sociedad, sobre todo, al Tercer Mundo, donde ya algunos organismos como la FAO y el Banco Mundial alertaban, a finales de la década, del nuevo rezago digital en el que estas regiones del mundo estaban entrando (Bianchi, 1999; Osín 1998). En el caso latinoamericano, el discurso de las TIC se inserta en ciertas discusiones que, sobre la globalización, se iniciaron en la región a principios del siglo XXI. Estas discusiones consideraban que en América Latina los efectos económicos de la globalización5 habían llegado a un punto en el cual no sólo alteraba las estructuras económicas tradicionales de los diversos países latinoamericanos, sino también las ideas y los patrones socioculturales de comportamiento (Barbero, 2007). Esto sucedía precisamente debido a la revolución informática que se estaba viviendo a escala global y en especial, a la introducción de las TIC. Se empezó a hablar, entonces, siguiendo los escritos de Castells (1995, 1998), de una nue4

Las redes TIC en América Latina: nuevos rezagos, nuevas agendas Desde que el discurso de las TIC se popularizó a mediados de los noventa, se lo asoció al optimismo y las promesas de progreso propias del determinismo tecnológico. Autores como Roryte (1997), Cairncross y Thurrow (1996), entre otros, ayudaron a consolidar el imaginario de que se estaba entrando en una nueva época. Una etapa donde todos los cambios sociales, culturales y económicos estarían, de ahora en adelante, determinados por el desarrollo de las TIC. Incluso se acuñó el término

5

La mayoría de definiciones tienen en común situar a las TIC como el centro de reflexión y consecución de metas de dicha sociedad. A manera de ejemplo, las sociedades de la información se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento (Linares, 1995) para el nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que el incremento de productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos (Castells, 1998) Para autores como Barbero, producción en múltiples sentidos, especialmente el cultural y simbólico, en la medida en que, por ejemplo, la globalización disminuye el peso de los territorios y los acontecimientos fundadores que telurizaban y esencializaban lo nacional, y, de otro, la revaloración de lo local redefine la idea misma de nación.

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va etapa de la globalización, “la globalización informacional”, entendida como un modo del desarrollo social y, especialmente, económico, que es posible gracias a una profunda innovación tecnológica agenciada por las TIC. Como lo había predicho Giddens (1993), las TIC propiciaban, por un lado, una transformación como nunca antes se había dado en los imaginarios culturales de la región: rompiendo barreras culturales, sociales, políticas; creando nuevos movimiento sociales, nuevas manera de pensar, desear, imaginan y actuar; y, por otro lado, generaban un fenómeno de desarrollo desigual en la medida en que los procesos de cambio, innovación y mejora tecnológica constantes de las TIC dejan a la región en un proceso de exclusión creciente respecto de esta nueva etapa de la globalización. En este panorama, organismos mundiales como la CEPAL introdujeron la noción de brecha digital en la zona (CEPAL, 2000; Ferranti y otros, 2003; Proenza, 1999) para referirse a la situación que se estaba viviendo en Latinoamérica, donde se daba una incapacidad de incorporación de las TIC respecto a los países del Primer Mundo. Según estos documentos, existía una infraestructura incipiente, así como iniciativas aisladas que mostraban que los diversos gobiernos de la región, por sí mismos no podrían hacer frente a este reto. La parte más evidente de este rezago, decían estos informes, es una nueva forma de pobreza en la región, los “info-pobres”, “los analfabetos tecnológicos”. Masas de ciudadanos latinoamericanos que, al no tener las habilidades, la educación ni el acceso a las TIC en esta nueva realidad informacional, sólo pueden contribuir a reforzar las brechas antes existentes (pobreza, desempleo, etc.). La estrategia recomendada, dada la velocidad de innovación y cambio de las TIC, consistió en que los diversos gobiernos de la región, junto con las organizaciones multisectoriales “generen redes sociales para el desarrollo que, desde temas tan disímiles como la educación, la innovación, la infraestructura digital y el comercio justo,

unan esfuerzos para que las TIC se conviertan con urgencia en una nueva dimensión de las agendas sociales para el progreso” (Flacso, 2004: 27).

Infodesarrollo: la red en acción Dentro de estas redes, en la actualidad, un ejemplo paradigmático en América Latina es la Red Ecuatoriana de Información y Comunicación para el Desarrollo, Infodesarrollo, (Albornoz, Cabrera, Palacios y Ramírez, 2007). Infodesarrollo estaba conformada en 2008 por treinta organizaciones, su misión es promover la generación e intercambio de información, metodologías, experiencias y conocimientos sobre TIC para el desarrollo. Se define como una red multisectorial, porque de ella, directa e indirectamente, hacen parte organizaciones de base, entidades del gobierno, ONG y empresas. El producto más visible de esta red es el Observatorio Ecuatoriano de Políticas Públicas de TIC, así como la realización de talleres y seminarios sobre el tema de las TIC6 para el desarrollo (Infodesarrollo, 2008). Tanto Infodesarrollo como las demás redes sociales de la región consideran que la superación de la brecha digital requiere de grandes esfuerzos. En primera instancia, en torno a la conectividad, entendida como la masificación de infraestructura que aumenta las posibilidades que existen para acceder a la información mediante las TIC. Para esto se hace necesaria la implantación de infraestructura tecnológica para el acceso y conectividad al Internet y sus aplicaciones como medio para proveer un desarrollo comunitario sostenible (Gómez y Martínez, 2001). En el caso de Infodesarrollo, este tema se asocia a instituciones que buscan 6

Sólo entre 2007 y principios del 2008, realizó y apoyó aproximadamente dos eventos mensuales, que buscaban difundir, en el Ecuador, el uso de las TIC para el desarrollo. Esta información puede ser consultada en: http://www.infodesarrollo.ec/.

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que la sociedad civil acceda, de manera masiva, a redes de datos para compartir información, difundir conocimiento y crear redes sociales7. En segunda instancia, en torno a la educación en línea (e-learning), ya que se asume que por medio de las TIC y en la medida en que se hace posible un acceso masivo a éstas, se puede aprovechar la enorme información y conocimiento que ofrece la red, así como nuevas maneras de pensar la educación a distancia con un bajo costo (Bruner, 2000). Este aspecto se refleja en Infodesarrollo con las organizaciones que impulsan la aplicación de las TIC en procesos de educación y aprendizaje en general, tratando de identificar retos y desafíos de la inclusión e impacto de las TIC en los procesos de educación y aprendizaje8. En tercera instancia, en torno al gobierno electrónico (e-goverment), entendido como iniciativas que buscan la prestación de servicios e informaciones de manera electrónica para todas aquellas relaciones que se dan entre las administraciones públicas y la ciudadanía (Brutto, 2007). El uso que hacen los gobiernos electrónicos de las TIC pretende lograr ciertas transformaciones como, por ejemplo, la transparencia en su gestión, las integraciones regionales y, especialmente, la digitalización de los procedimientos legales y una democracia más participativa por medio de la 7

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consolidación de comunidades virtuales y de plataformas tecnológicas que acerquen a los funcionarios públicos y su gestión a la ciudadanía en general. Este aspecto se materializa, en el caso de Infodesarollo, con las organizaciones que buscan promover un modelo horizontal de uso de la información al aplicar las TIC a procesos y procedimientos en las áreas estratégicas de gobierno que faciliten y potencialicen reformas gubernamentales9. Como elemento innovador del uso de las TIC en la región, Infodesarrollo incorpora un grupo de organizaciones que aplican las TIC en el desarrollo rural. Esto con el fin de incentivar el uso de las TIC como medio para fortalecer las comunidades de base, buscando que el acceso a las TIC influya positivamente en la forma de vivir de comunidades que habitan en lugares normalmente apartados y privados de los más elementales servicios10. Adicionalmente, Infodesarrollo es apoyada por una serie de instituciones internacionales que la patrocinan como el Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo (IICD), UNESCO, FLACSO y que, desde una visión informacional de la globalización y como parte de sus estrategias globales de superación de la brecha digital, apoyan la inserción de la sociedad ecuatoriana en las TIC.

Las redes de TIC para el desarrollo: elementos para su análisis e investigación en Ecuador

Alianza Ecuatoriana de Empresas de Tecnologías de Información y Servicios (AETI), Centro Ecuatoriano de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías en Informática y Derecho (CETID), Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CORPECE), Corporación Parque Tecnológico Machángarasoft, EliteTv, Auditoría Democrática Andina, Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), Intercom-Ecuanex, Asociación de Consejeras Provinciales del Ecuador (ACOPE), Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales del Ecuador (AMJUPRE), CEDEP-Radio la Luna, Jubileo 2000, Red Guayaquil, Programa del Muchacho Trabajador (PMT), Grupo Editorial Parten. Universidad Politécnica Salesiana, Nuevared.org, E-ducate, Corporación Gestión Social del Desarrollo (GSD), Fundación Unidad Virtual Iberoamericana (UVIA), FLACSO.

Ecuador es uno de los países de la región donde más se han realizado históricamente esfuerzos en torno a las TIC (Cerbino y Richero, 2007) 9

Fundación UVIA, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Fundación Futuro Latino Americano (FFLA), Ciudadanía Informada, FLACSO. 10 Acción Ecológica, Sistema Solidario de Comercialización del FEPP, Camari, Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, CCONDEM, Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA), Cámara de la Agricultura, Red Financiera Rural, Fundación Maquita.

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y hoy encontramos un gobierno que, desde el socialismo del siglo XXI, apoya programas pioneros como el uso obligatorio de software libre en las instituciones públicas, la transmisión de Internet por redes eléctricas, además de los esfuerzos mencionados de Info-desarrollo. Sin embargo, es el país de la región con el servicio de Internet más caro y con más problemas de acceso a las TIC en Latinoamérica (Carrión, 2008). ¿Cómo entender estas contradicciones? ¿Estamos en el caso de Infodesarollo ante un proyecto exitoso solo para ciertas organizaciones? ¿Cómo podemos leer y explicar estas visiones que son parte de un mismo discurso? En síntesis, ¿cómo abrir la caja negra de las TIC para el desarrollo? Si partimos de la visión de la construcción social de la tecnología dada por el enfoque de CTS, podríamos asumir que el discurso del determinismo tecnológico, en este caso efectuado a través de algunas organizaciones de Infodesarrollo, ha naturalizado el papel de la tecnología para el desarrollo en el contexto ecuatoriano. Si retomamos los diversos informes de esta red, con sus argumentos frente a las TIC, el transfondo de la neutralidad y el optimismo tecnológico que los une no permite abrir la caja negra a la que nos enfrentamos. Hacer visible los aspectos culturales y sociales que trascienden a lo tecnológico, pero que, a su vez, lo definen, se convierte en una tarea fundamental. La tecnología está inmersa en una red de relaciones que incluye los intereses políticos y económicos de sus gestores y promotores, pero también incluye la apropiación y el cambio de esta tecnología en el contexto local, asociada a la generación de sentidos culturales que construyen prácticas tecnológicas concretas (Callon, 1998). La apropiación tecnológica es una práctica de resignificación, que redefine las formas en que la comunidad percibe la tecnología y los imaginarios a través de los cuales proyecta las consecuencias, aportes o conflictos que podría generar esta tecnología en el contexto local. Sin duda alguna, las percepciones y los imaginarios de las TIC nos van a permitir

abrir la caja negra de las TIC y mostrar cómo operan y cuáles son las implicaciones sociales. Ahora bien, avanzar en este sentido, nos lleva a reconocer que la tecnología tiene un rostro que la implementa y administra, y que los documentos que hemos usado para entender qué son las TIC, son solo una cara de los colectivos y sujetos que hacen posible que en ella se den procesos de exclusión, equidad y justicia (Winner, 1995). Entonces la contradicción, tal vez nos está diciendo que lo importante sobre las TIC para el desarrollo no ha sido dicho, pues deberíamos identificar los actores responsables de su diseño y desarrollo. Por otro lado, deberíamos asumir en la interacción de esos actores, las variables sociales, políticas, económicas y culturales relevantes que posibilitan la existencia de discursos y prácticas controversiales frente a las tecnologías para el desarrollo (Winner, 2003; Sclove, 1995; McChesney, 1999). Asumir esta postura, implica reconocer que las TIC pueden crear demandas tecnológicas que no necesariamente corresponden a las necesidades fundamentales que la sociedad exige del Estado (Soderqvist y Bard, 2003) y reconocer que la brecha digital, no es sólo un problema de rezago tecnológico, sino una expresión de las desigualdades profundas existentes en la sociedad. Adicionalmente, es necesario redescubrir el discurso de las TIC, más allá del mito de la implantación de la infraestructura tecnológica para el desarrollo y el progreso (Serrano y Martínez, 2003). Con este tipo de análisis, se podría empezar a determinar cómo en una red confluyen una diversidad de percepciones e imaginarios en torno a las TIC para el desarrollo. Diversidad de representaciones sobre las TIC que llevan a los actores de la red a considerar distintos sentidos y significados de la tecnología y a generar, a través de la diversidad, los discursos y las prácticas, desde el Tercer Mundo, la posibilidad de invención y reinvención tecnológica para el empoderamiento ante un proceso de globalización informacional cada vez más dominante. 94

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Reinventar la rueda bsurdo y utopía. Artista, diseñador, ilustrador y diagramador, Adrián Balseca recupera la rueda como una metáfora de la industria en rotación y nos plantea, a través de seis ilustraciones, una crítica a ese mundo posmoderno, que bajo el supuesto acuerdo del sin-sentido de las disputas por la igualdad y la predominancia de la imagen descontextualizada, nos muestra una rueda que sin llegar a nada, no deja de rodar. Su crítica, estética y política, recupera a los actores concretos de esas disputas diarias. ¿Es posible encontrar soluciones a algo que ya ha pasado por la intervención de las soluciones? ¿Estas imágenes fueron antes dibujadas? Su propuesta no se interesa por la discusión de la originalidad en el arte, ni siquiera en el texto o la problemática, Reinventar la rueda indaga con seis ilustraciones diagramadas sobre la relación, por momentos circular, entre artista y diseñador, arte y tecnología, macro y micro; pregunta cómo esos paradigmas se hacen carne en la negociación, la oposición y la reivindicación entre el usuario y el ciudadano, incompleto, precarizado, invisible. Pero no es solo una mirada del poder sobre los cuerpos, las ilustraciones dejan planteada entre ojos, carteles, consignas, la presencia activa y dolorosa, interpelante de aquellos desposeídos, precarizados, trabajadores, campesinos, burócratas. Sin plantear soluciones fáciles ni responder a sus propias interrogantes, las ilustraciones van dejando un camino de angustia, incomodidad, una sensación de despojo, de empobrecimiento, de bienestar inconcluso, excluyente en un país que, como la mayoría de la región, no alcanzó jamás niveles de industrialización. Imágenes desde el Sur del mundo que visualizan las tensiones entre los paradigmas de la racionalidad y el crecimiento económico y nos cuestionan sobre la existencia real de la razón, el bienestar, el progreso, en un espacio temporal que recoge desde el discurso de la modernización oligárquica hasta el neoliberalismo y la territorialización de las transnacionales.

A

Alejandra Santillana






DEBATE



Sobre ética y política (apuntes acerca de una relación no-lineal) On Ethics and Politics (Notes on a Non-linear Relationship)

Roberto Follari Doctor en Psicología. Profesor de la Universidad del Cuyo, Argentina. Correo electrónico: rfollari@gmail.com Fecha de recepción: febrero 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

Resumen Lo ético no es reductible a la eficacia política, como a veces se imagina desde la izquierda ideológica. Ciertamente, tampoco la política podría reducirse a formas éticas, incomprensión altamente instalada en tiempos de crisis de la representación. El “eticismo” en la interpretación de lo político suele servir a su deslegitimación, pues impide comprender su funcionamiento intrínseco. Hay también un “eticismo de izquierda”, que, sin comprender los factores socio-estructurales, interpretó el fervor por el estado soviético como el abandono ético de los principios emancipatorios del marxismo. Pero suele predominar la idea de que un pensamiento revolucionario puede prescindir de la ética, pues la eficacia política sería la ética por sí misma, en cuanto a sus esperados beneficios sociales. No cuesta advertir las lamentables consecuencias de legitimación del terror o del absolutismo que se siguen de una asunción que simplemente superponga lo político con lo ético. Palabras clave: ética, política, Estado, izquierda, ideología.

Abstract The ethical cannot be reduced to political efficacy, as imagined at times by the ideological left. Clearly, it is also the case that politics cannot be reduced to being read in ethical terms, a misunderstanding firmly entrenched in times of the crisis of representation. “Ethicism” in political interpretation tends to delegitimize said interpretation as it prevents an understanding of its intrinsic functioning. There is also an “ethicism of the left” which, without understanding socio-structural factors, interpreted support for the Soviet state as simply an ethical abandonment of the emancipating principles of Marxism. But the idea that revolutionary thought can dispense with ethics tends to predominate, since political efficacy would be, in and of itself, ethical as regards the social benefits hoped for. It is not hard to predict the unfortunate consequences of the legitimatization of terror or absolutism that follow from an assumption that simply superimposes the ethical on the political. Key words: ethics, politics, state, left, ideology.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 111-119 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


debate

Roberto Follari

Prolegómenos ay quienes proponen que la ideología reemplaza a la ética. Es casi una manera de suponer que el fin justifica los medios: si tengo buenos fines ideológicos, lo demás vendría por añadidura. Quienes creen –un poco hegelianamente– que se ha “ascendido” desde lo personal hacia lo colectivo-social representado en lo ideológico y en el Estado, a menudo entienden que lo ético sería una especie de retroceso hacia el individualismo burgués. Pero los crímenes y deslealtades cometidos en nombre de altos ideales van dejando claro que no v cabe una “suspensión política de la v ética” (Zizek, 2005). Si la ética encuentra cierto espacio de realización en lo político, ello no implica abandonar las cuestiones de la moral cotidiana y personal, sino reabsorber éstas y sostenerlas en el nuevo espacio práctico asumido. Hay quienes en nombre de lo ideológicocrítico son capaces de negar en cada uno de los procedimientos, aquellos fines humanitarios que propugnan. Por ello, hoy más que nunca la llamada a la ética parece necesaria: sólo en la asunción responsable de que es imprescindible sostener el respeto y la solidaridad a nivel de la convivencia diaria, es que resulta coherente hablar de grandes relatos sobre la emancipación de la humanidad, de los pobres del mundo o de nuestra Latinoamérica agobiada. Algunos sostienen testimonialmente tal cuestión y por ello sus actos son una continuidad de sus palabras, no hay ruptura entre ambos. Son aquellas actitudes atravesadas por la decisión de no cejar en tiempos de oportunismo pragmatista, dentro de los cuales parece más adecuado aquello que tiene éxito, que lo que guarda consistencia valorativa. Incluso no faltan actualmente los que hacen una lectura utilitarista acerca de los valores revolucionarios de la generación de los años setentas. Algún compañero de jornadas de aquellos tiempos agitados me preguntaba

H

cuando los noventas: “¿cómo no nos dimos cuenta de que el mundo iba en sentido contrario?”. Su afirmación –típica de los profetas al revés, que leen el pasado desde el presente– implicaba el supuesto de que si él hubiese sabido que el mundo iba hacia el neoliberalismo, no hubiera sido militante socialista. Es decir, que él no había estado con el socialismo porque representara sus personales valores, sino ‘porque la historia iba hacia ese lado’. Si la historia hubiera ido para otro, él habría estado ‘del lado acertado’. Patética caricatura de lo ético: pongámonos del lado de los vencedores. En parecida clave está la interpretación de algunos jóvenes neoanarquistas (en verdad, más liberales que anarquistas) que describen las luchas de aquellos años como las de una generación perdida, derrotada. Generación que se estaría aferrando a imaginarios de un pasado lleno de inútiles ilusiones: el mundo sería fatalmente como es, y toda imaginación subvertora no sería más que un reservorio de utopías vacías e imposibles. También en esta versión se advierte el supuesto según el cual la ética se liga a la victoria histórica. No se advierte que lo ético no se sostiene a partir de triunfos necesarios, sino desde la convicción respecto a los valores sostenidos. Y que es más valioso el sostnimiento de tales valores precisamente en tiempos de derrota y de dificultades. Subirse al carro de los triunfadores es un camino fácil y elemental. Continuar cuando la aridez de las dificultades, del exilio, la cárcel y los riesgos, es vivir una ética digna de ser mantenida. Cristo, el Che o Gandhi no terminaron sus vidas entre loas y cetros. Son ejemplos éticos –cada uno en su nivel y estilo– precisamente desde el martirio y la caída. La comprensión de lo cual no lleva a una moral puritana ni ascética. La defensa del placer y el ataque a la “libidofobia” de la Iglesia y de la inicial época burguesa se vuelven contra cierta versión autoflagelante que es propia de alguna izquierda de tinte eclesial. Se trata de la intensidad de los placeres que no pasa por

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aquellos fomentados desde la motivación mercantil al consumo, sino desde la corporeidad, lo estético, lo comunicativo, las comidas, los viajes, los amigos. Y también desde la sexualidad, por supuesto, reivindicable contra el espiritualismo dualista e hipócrita y a partir de la cual cabe asumir la defensa de la despenalización del aborto para evitar la práctica clandestina de éste, que condena a las mujeres más pobres a la ilegalidad, cuando no a la muerte. Preocupaciones inscritas como testimonio, que no necesitan de la palabra para plasmarse. “Escribo para analfabetos” decía Antonin Artaud. Y no faltan quienes podrían también hacerlo, porque lo suyo no se sostiene solo en el plano del concepto, sino que está antes puesto en el espacio de la sensibilidad y del afecto. Esos que hacen de la ética una forma de vivir con naturalidad valores ya interiorizados, en vez de sufrir la heteronomía de cumplir con normas externas a las cuales cupiera obedecer. Una ética que liga placer con sentido y valores, para que estos últimos no devengan espiritualismo anticorpóreo, y el placer no sea ciego a los significados de lo interpersonal y lo social. Ese placer con sentido (consentido, por ello) que también puede lograrse de la palabra puesta a estas experiencias, en la que se dibujan a sí mismos los meandros de lo vivido1. Al final de nuestro trabajo esclareceremos en detalle nuestro concepto de la ética. Baste por ahora señalar que la misma es universal, en cuanto existente en cualquier trama social posible, pero diferenciada en sus contenidos en cada una de las sociedades –y, en algunos casos, en cada sector de la mismas– acorde a condiciones histórico-sociales que son siempre específicas. De tal manera, es un imperativo vivido siempre como exigencia universal, aunque responda a códigos cada vez singulares.

1

Estos “prolegómenos” glosan el prólogo a un texto del escritor Roberto Chediack, recuperado en Roberto Follari (2008: 91).

Sobre la in-comprensión de la mediación política Tras estas palabras de inicio que empiezan a dibujar la trama que nos interesa recorrer, vayamos a una realidad palpable en los procesos encabezados por gobiernos populares en Latinoamérica, especialmente los de corte que técnicamente podemos denominar neopopulistas (Laclau, 2005). Las derechas los atacan actualmente a partir del desprestigio de la política que ellas mismas engendraron. No hay neopopulismo sin previa crisis del sistema político convencional, desde Venezuela a la Argentina. Pero la exacerbación del conflicto social que el neopopulismo supone –y que él no produce, sino que evidencia–, lleva a la muy reconocida “guerra mediática” contra estos gobiernos, donde la actual “sociedad de la imagen total” tiende a la satanización de los mismos a partir de campañas permanentes y maniqueas que en Ecuador, Venezuela o Argentina son muy patentes. Dentro de la tónica de estas campañas es habitual culpar a la política de todos los males, lo cual equivale a culpar a los actuales gobernantes de dichos males. De tal manera, se refuerza el anterior desprestigio de lo político, advertido –a menudo con enorme ingenuidad– como el único espacio en que el poder se concentra en la sociedad. Incluso, llega a suponerse que hay problemas (así, el de la seguridad personal frente al delito que no es uno menor) que, si las autoridades tuvieran intención, resolverían fácilmente. Esta supuesta “omnipotencia de lo político” conlleva el desprecio hacia la política; ella podría arreglarlo todo y es, a la vez, indecisa e impotente para hacerlo. Es decir, no muestra ni voluntad ni capacidad para resolver lo que estaría en sus manos resolver. Tal simplificación es muy común en nuestros países; se advierte incluso –con otros matices– en países que no sostienen las tensiones políticas que evidencia el neopopulismo. La política nada puede, cuando todo podría ha-

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Roberto Follari

cerlo. De tal modo, se la advierte como aviesa y perversa, como espacio que, teniendo todas las facilidades para resolver los problemas sociales, se niega a realizarlo. Por supuesto que la simplificación es grande en este imaginario. Hay factores estructurales que no puede nadie cambiar voluntariamente y menos de una vez y con un solo gesto. No se acaba con la pobreza y la desocupación por decreto ni se acaba con la violencia criminal de ese modo. Puede y debe actuarse al respecto y cabe siempre la discusión acerca de si las medidas tomadas son oportunas, si son suficientes y están bien implementadas. Pero lo que no cabe –y se hace a veces con mala fe y muchas inadvertidamente– es suponer que todo ello se resuelve con buena voluntad y decisión, solamente2. A ello se suma las limitaciones, que provienen desde las fuerzas de oposición o de la carencia de alianzas suficientes, entre otras, que puede padecer un gobierno determinado, cualquiera fuera su orientación. No solo hay factores “objetivos” que limitan, sino otros que son políticos. Y estos últimos –bien se sabe desde Marx– no son solamente internos a eso que suele aislarse analíticamente como “el sistema político”. Los poderes vienen desde las iglesias, desde los grandes medios de difusión, desde las embajadas de países poderosos, desde los despachos de las multinacionales. La política no es omnímoda: en todo caso, disputa con esos otros poderes el campo de decisión. Pero ello no es claramente advertible para la sociedad, menos cuando existen campañas mediáticas como las descritas, en que algún contendor social saca réditos de esconder el poder de otras instancias sociales, para culpar 2

Es lo que está presente –en este caso (mal) intencionadamente– en la solicitud de la cúpula de la Iglesia Católica argentina al gobierno de Cristina Fernández para que baje los índices de pobreza –los cuales, por cierto, han bajado en el período iniciado por Néstor Kirchner a partir de 2003–. La idea es que la pobreza no disminuye porque el gobierno “no quiere hacer lo suficiente”.

a lo político-en-curso de todos los males presentes. Por supuesto, a largo plazo esto es un suicidio aún para los sectores políticos que hoy se ven beneficiados por ese recurso; pero en política –y más aún en Latinoamérica– rara vez se piensa en el largo plazo. De tal modo, la política aparece como estructuralmente fallida. Tiene la llave de acceso a las soluciones, pero es incapaz de solucionar nada. De aquí, la lectura mayoritaria es que ello deviene de una falla de la voluntad. En el mejor de los casos, se transige en pensar que se trata de una incapacidad de los gobernantes o, en su caso, de los políticos en general. En el peor, y mucho más difundido, se echa la culpa a la corrupción. Estaríamos ante la presencia de falta de moral: tanto en el sentido más amplio de falta de voluntad, de aptitudes éticas, como en el significado más restringido, de robo al erario público, de negociados secretos, de enriquecimiento ilícito. Dejemos de lado esa caricatura de crítica que encontramos en muchos ciudadanos infatuadamente lanzados contra la política, los cuales a menudo muestran –por vía de un resentimiento fácil de interpretar en sentido nietzscheano3– que lo que ellos quisieran es estar instalados en el lugar de aquellos a los que critican. Esa crítica de mala fe puede ser notoria a los observadores, pero los que la realizan, casi siempre son no-concientes de su mecanismo dual: hablan sinceramente en contra de lo que desean, mientras quienes lo posean sean los demás. Aquí caben desde “el infierno son los demás”, de Sartre, hasta “lo insoportable es el goce del otro”, de Lacan. Lo cierto es que la referida crítica a la política, supone que la política no es suficientemente buena, porque no es suficientemente moral. Y establece una relación lineal entre ambas cuestiones: eficacia y ética. Si los políticos fueran buenos éticamente, serían segura3

La relación entre resentimiento y moral es central en el pensamiento de Nietzsche, especialmente en Así hablaba Zaratustra.

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Sobre ética y política (apuntes de una relación no lineal

mente efectivos, resolverían los problemas.Ese tipo de lectura se lleva también a cualquiera de los niveles de la actividad y el ejercicio de lo político. Si un político no ha dicho la verdad, es una mala persona. Si ha hecho una alianza inesperada, es alguien que hace maniobras a espaldas de la transparencia. Si hace concesiones en orden a las relaciones de fuerza o negociaciones con adversarios para destrabar un conflicto, puede suponérselo incapaz de ser leal a principios. Todo ello muestra la total inadvertencia, en esos múltiples casos, de una lectura de la mediación política. Es cierto que hoy la política, en tiempos posmodernos, se acerca más que en otras épocas a la representación directa de los intereses de los actores sociales. Lo posmoderno implica el retorno a la sensibilidad y al cuerpo y –consecuentemente– el rechazo de aquello que de abstracto e indirecto se da en el proceso de representación política. De tal manera, se esconde en lo posmoderno por un lado, la caída de la legitimación de la política especializada y por otro, el crecimiento de lo social como auto representado. También es cierto que, ya en un clásico como Marx, la política especializada se entendía como una especie de mal necesario, que sería reabsorbida por la sociedad emancipada. Pero también lo es, que la política efectivamente existente continúa monopolizada por la cuestión del Estado y por los organismos concomitantes de representación. De tal modo, eso es la política en su ejercicio actual. La utopía de otra política, donde la especialización desaparezca y la política sea simplemente otra denominación de la práctica social cotidiana, está por ahora muy lejos de realizarse; y, ciertamente, nada garantiza que en algún momento llegue a consumarse. En todo caso, si la forma representativa es la forma burguesa de la política4, nada indica que vaya a cambiar frontalmente hacia la “multitud” o hacia alguna modalidad de apelación 4

Fue el teórico italiano Biaggio de Giovanni (1979) quien que habló de “forma burguesa de la política”.

más directa a la población con mira a la toma de decisiones. La caída de la representación por ahora refuerza al mercado, por ello es que se compensa, en los casos neopopulistas, con la identificación colectiva hacia un liderazgo personal, implicándose allí una recuperación de la política frente a su gradual desvanecimiento. Por ahora, lo político sigue siendo representación en torno a los Estados nacionales, a pesar de la globalización y de las comunidades supranacionales, tal el caso de la europea. Y es respecto de esa política concreta que se despliegan las posiciones y opiniones de la población. A pesar de Maquiavelo y de todo lo que indica sobre la importancia y necesidad de la astucia en la política, sobre la necesidad de estrategia propia y de conocimiento –lo mejor posible– de la estrategia del otro, a lo que se suma el ocultamiento de la que se tiene; y a pesar del hecho de que la virtud, en la política, pasa por la capacidad de imponer la propia posición y no por alguna norma ética suprapartidaria que vaya por encima del propio embanderamiento, el juego específico que lo político supone, no se hace comprensible para quien no lo ha jugado. De tal manera, se juzga con infantilismo que lo sano sería, por ejemplo, “decir siempre la verdad”. Imagínense a un general en guerra avisando dónde va a estar situado su ejército el día de mañana. Y, como se sabe, “la política es la guerra por otros medios”. De manera que no cabe, simplemente, una ética de decir siempre la verdad. Ello desconoce la necesidad de jugar en un espacio donde hay otros actores en competencia y, a menudo, en competencia feroz. ¿Es, entonces, la política un juego de eficacia pura? ¿No hay lugar allí para el sentido ético? Yo creo que sin duda la ética tiene cosas que decir en el campo de la política; pero no cabe aplicar los principios del “mundo de la vida” a una necesaria “razón estratégica” (Habermas 1990). Se trata de campos diferentes, y la lectura eticista/inmediata de la política desconoce esa situación. En primer lugar para el análisis, la política trabaja sobre fines, aunque tiende a ciertos

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Roberto Follari

valores viabilizados en términos de ciertas ideologías (al margen de que ellas hoy se hayan desdibujado, sobre todo en el capitalismo avanzado –Latinoamérica es una excepción a nivel planetario en este punto–). De tal modo, si un político miente sobre sus finalidades, sobre su línea última, sobre a qué propenden sus estrategias falta a la ética política misma. En ese caso ya no se trata de sostener al Príncipe, sino de cambiar al mismo; eso es una deslealtad que muchos cometen, pero que no resulta admisible. Finalmente, si alguien cambió de opinión en el camino, debe declararlo públicamente, y si ha sido elegido en un cargo, ponerlo a alguna forma de escrutinio público que defina si se acepta o no que continúe en el mismo. Eso, sobre la necesaria claridad en los fines. La otra cuestión, es si el fin justifica los medios. Aquí se entra en un espacio de matices y claroscuros que resulta muy difícil definir a priori y en un sentido general. Pero en todo caso, está claro que los medios no son lo mismo que los fines y que –por ello– se podría en virtud de mantener los fines, apelar a medios que, al menos en términos de lógica formal, no parezcan conducentes a esos mismos fines. Es aquí donde aparece una necesaria lógica estratégica, con un intrínseco componente instrumental, que no puede dejarse de lado; quien quiera hacer una política distinta de aquella que le permite la fuerza que posee, fracasará seguramente. “Hay que hacer la política de la fuerza que se tiene o buscar la fuerza para hacer la política que se quiere”5. Por ello, tomar lo que un político decide como si fuera expresión de su voluntad libérrima o como si careciera de mediaciones que lo limiten y condicionen, es un monumental error propio de un transparentismo eticista definidamente ingenuo. Esto no significa que las mediaciones políticas sean éticamente neutras. Por ello, en cada 5

Frase de Juan Perón, que fue presidente de la Argentina desde una posición populista con amplio apoyo de masas.

caso, habrá que calibrar en qué medida lo que se gana con una acción estratégica no se pierde respecto de los fines que se busca conseguir. Dicho de otro modo, las mediaciones y estrategias serán siempre medidas con la vara de cuánto efectivamente colaboran a las finalidades perseguidas, a la vez que a una especie de cálculo de suma y resta entre el daño que puedan hacer a los valores perseguidos y el beneficio que pueden traer para los mismos desde el punto de vista de la eficacia pragmático-decisional. La pérdida de toda noción ética de lo político, por parte de quienes asumen lo instrumental como desligado de toda finalidad valorativa, es inaceptable, aun cuando la práctica cotidiana de la política lleve a muchos a vivir tal situación como cuasi-natural. Lo político no puede leerse sin clave ética y el reclamo social por una política que respete la ética se dibuja sobre este fondo. Sin embargo, la lectura que no comprende la mediación política y pretende que lo ético presente en la política se lea en términos de transparencia o en términos de ética de la vida cotidiana y el “mundo de la vida” yerra radicalmente en su crítica y pregona una visión simplificada de las complejidades que lo político conlleva.

Sobre la supuesta “superación ideológica de la ética” Muchos hemos vivido la noción de la ideología como “superación de la ética”. En un periplo sin duda neohegeliano, habríamos pasado de la conciencia inmediata (allí donde cabe la “conciencia infeliz” del individuo (Hegel 1982: 128)) y la relación moral con la familia y los amigos, hacia la conciencia del lugar en el trabajo y las instituciones y, por fin, a la conciencia de lo universal representado en la lucha política por el poder del Estado. Sin duda es ésa la noción que se impuso en el marxismo humanista de los años setentas. Frente a la maquinaria “estadolátrica” y auto-

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ritaria de la Unión Soviética surgió la idealización ética de la figura del revolucionario, que encontrara en la trayectoria de Ernesto “Che” Guevara su concreción más definida. Se trataba por entonces, y con dejos del París de 1968, de “cambiar la vida”. Contra la noción de que el logro de un sistema socioeconómico daba ya plena razón de sí como cambio suficiente, surgió la idea de una sociedad donde los sujetos se realizaran personalmente de manera amplia en lo sensible y en lo intelectual y donde la dimensión ética cubriera el conjunto de relaciones con los demás. Paradoja curiosa, también aquí se leía en términos éticos lo que era un problema de ejercicio político. La burocratización del bloque del Este se entendía como una cuestión de falta de decisión ideológica por parte de los líderes. Se habían olvidado de la revolución. Habían olvidado los principios de Marx. No se hacían cargo del “hombre nuevo” que anidaba en las figuras de Camilo Torres y del Che. De tal manera, cuestiones como “el socialismo en un solo país”, la industrialización forzosa del campo en la URSS, la necesidad de fortalecimiento militar para el enfrentamiento con Occidente, la noción de partido único surgida del leninismo, etc. eran reducidas en su enorme complejidad a una interpretación según la cual, los líderes habrían traicionado éticamente al socialismo. Traemos a colación esta noción –espejo de la que veníamos desarrollando– para que se advierta que la forma burguesa de la política obra por igual sobre quienes se deciden por una ideología anticapitalista, y los que se mantienen en la misma o se suman a su defensa acérrima. La comprensión de lo estructural como si fuese fruto de la voluntad humana aparece en ambos casos y es muy típica de la formación de las clases medias, de su conciencia individualista-eticista de la existencia. La individualidad burguesa, a nivel práctico, opera produciendo el fantasma del poder enorme del individuo a nivel ideológico. Sin duda que en la idea del “hombre nuevo” anidaba una ética

exigente y necesaria, pero también es cierto que se exageraba en cuanto al poder de la ética revolucionaria para modificar subjetividades y materialidades sociales. Pero dejemos este punto que muestra la continuidad entre eticismo apolítico y eticismo politizado. Lo cierto es que este último, a menudo ha pensado su propio eticismo como una curiosa forma de “eticismo más allá de la ética”. Un eticismo de la efectividad políticoideológica y por ello, traducible a términos exclusivamente pragmáticos. En ese nuevo credo, lo ético es lo que sirve al proyecto político emancipador (por cierto, existen también ‘versiones de derecha’ de esta lógica, por ejemplo, fundamentalismos católicos al estilo del franquismo, fundamentalismos de seguridad nacional como los que se vivió con las dictaduras de los años setentas, fundamentalismos de mercado, etc.). Es decir, la política aparecería como la “forma superior” de la ética, la ética realizada en su más alto nivel, el nivel de lo universal expresado en el Estado. Por ello, todas las formas ‘previas’ de lo ético quedarían así suprimidas, subsumidas bajo esta modalidad que las realizaría en un plano superior. Si así fuera, la política implicaría una eficacia en la cual no hay consideraciones éticas, porque lo ético son los fines perseguidos, que justifican en su nombre las mediaciones necesarias. Cualquier referencia ética a la hora de las decisiones podría ser vista como desviación individualista-burguesa. Lo que es bueno para la revolución es bueno por sí mismo, siempre y en cualquier circunstancia. No es necesario hacer detalle sobre las desastrosas consecuencias de estas premisas. He trabajado parte de la cuestión en un libro sobre el uso de la ideología como coartada autolegitimatoria en las universidades (Follari 2008). Al parecer si tengo la ideología adecuada, soy bueno; es más, soy “el” bueno frente a cualquier otro. Por ello, esa bondad intrínseca surgida del abrazo a la causa de las mayorías, que autoriza, a quien la abraza, a obtener algu-

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nas ventajas, lograr ciertos acomodamientos a sus intereses. En fin: se trata de un acto de justicia para los que pelean por la justicia. Por supuesto que estos casos de larvado cinismo (larvado, porque pocas veces los sujetos se hacen concientes de ejercerlo; opera allí, en lo que se ha llamado la “ideología 2”6) no hacen justicia a los muchos casos de aquellos que han mostrado conductas heroicas, cuando no pacientes y prolongadas trayectorias de fidelidad a ideales y valores acerca de una sociedad que se quiere superior al reino indiscriminado del mercado y el individualismo capitalistas. En estos casos no hay usos autolegitimatorios de la propia posición ideológica; al menos, no en el sentido de perseguir finalidades de uso personal y de toma de ventajas sobre terceros. Pero la desaparición de la consideración ética resulta altamente problemática: lleva a suponer que no es necesario el respeto para los que piensan diferente –a menudo percibidos solo como enemigos–; no se advierte la dimensión ética de las prácticas políticas, de modo que éstas pueden quedar totalmente desprendidas de cualquier límite; lo cotidiano queda reducido a una especie de nadería insignificante, al lado de la ‘Gran Historia’ en la cual sucede y acaece el relato de la emancipación de la entera sociedad. Hay un espacio donde aquel que piensa diferente de nosotros, puede hacérsenos cercano, por otras razones. Por una mirada, un gesto, un favor, un cuidado. Por mostrarnos, en algún momento, un gusto parecido al nuestro, una memoria entrañable en común, una similar mirada sobre algún detalle del mundo. Porque quiere los mismos paisajes, pinturas, deportes o diversiones que nosotros. O, simplemente, porque parece ser eso que solemos denominar “una buena persona”. Todo ello justifica una ética que trascienda la única lente de la ideología. 6

Esta “ideología 2” no implicaría una relación imaginaria con las relaciones de producción, sino una “relación imaginaria del sujeto con su propia ideología” (Follari 2008: 83).

Finalmente, podemos afirmar que la posición post-ética y el eticismo ingenuo proyectan el mismo reflejo, ese que Hegel llamaba a superar. Esta última es torpe debido a su incapacidad para advertir que solo con la ética no se resuelven los problemas materiales y que la política no es reductible a una lectura únicamente ética. La posición que ahora analizamos debiera advertir que solo con ideología tampoco se resuelve del todo la convivencia. Es cierto: los fines ideológicos mismos tienen una dimensión ética; en este sentido, la ideología incluye lo ético como un componente inescindible. Pero lo ético no es coextensivo a lo ideológico: lo desborda y, en ese sentido, lo ético no es reductible a una lectura solo político-ideológica. Se requiere una dialéctica que no abjure de los fines ideológicos, necesarios para quien quiera ubicar su rol en la sociedad y pensar su individualidad en la imprescindible configuración de la misma desde lo social. Renunciar a lo ideológico es algo en que no cabe que sigamos las torpezas de Fukuyama, pues Latinoamérica ha mostrado con claridad que no renuncia a modelos alternativos y a una deseable posibilidad post-capitalista. Pero ello no nos libera de la ética; hay que restituir a ésta su lugar, fuera de la imaginería ingenua de las visiones individualistas. Lo ético está presente y no puede ser reducido; en su abandono se da el reino del máximo egoísmo disfrazado de magnanimidad y apertura, o simplemente la barbarie sin límites.

¿Y qué era la ética? El círculo se cierra, pues el “suelo” de constitución de lo ético es él mismo político, depende de qué sociedad tengamos, cuáles son los valores que la misma considera sostenibles. Importa insistir en este punto: la ética no cae del cielo. No es una especie de intuición de lo universal que nos acaeciera, ni tampoco la fulguración intelectual de normas transculturales bajo los ropajes diferenciados de las culturas y

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la historia, como lo imagina Habermas (1990). Lo ético no proviene, como ha supuesto la moral cristiana, de celestiales espacios a-históricos o de platónicas verdades inscriptas en algún dibujo natural del mundo. Lo ético, podríamos pensarlo en términos freudianos, como la interiorización del lazo social (Freud 1981); es decir, como la forma en que se nos representa la necesidad de convivir con otros y limitar nuestras acciones en relación con su copresencia en espacio y tiempo. Dicho de otra manera, si por nosotros fuera, a nivel del inconciente, trataríamos de apoderarnos de todo cuanto nos apeteciera. Somos un hato de pulsiones y estos impulsos tienden a la autosatisfacción. Por ello también a la liquidación de los otros, que en relación a recursos compartidos y limitados son competidores. Entendiendo por tales recursos la comida, los materiales para refugiarse de los avatares climáticos, incluso los posibles sujetos que fueran objeto de satisfacción sexual (usamos “objeto” en el sentido técnico psicoanalítico, como “objeto de pulsión”). El problema, tal cual muy bien lo describe Freud (1981), es que los otros pretenden lo mismo, y que eso hace la vida muy peligrosa, pudiendo llegar a vivir en perpetua inseguridad. Frente a esta pelea permanente por el acceso a los recursos, surge la necesidad de reglas de convivencia: límites al simple acceso libre y por la fuerza a lo que sea que se desea. De tal manera, la ética es la conciencia de los límites. “Lucha contra los límites del lenguaje”, ha dicho Wittgenstein, lo que supone la asunción de que tales límites existen. Y si los límites del lenguaje lo son del mundo propio, también wittgensteinianamente, se trata de una lucha contra los límites del mundo, siempre a partir de su asunción. Hay límites: si uno los atraviesa, corre peligro del ataque del otro. De tal manera, la cárcel contra la cual puedo sublevarme éticamente es, en verdad, el espacio primero de la necesaria construcción de la ética. De tal modo, la ética no aparece como un trascendental, sino como construcción históri-

ca: universal, presente en todos lados, como mostrara Levi-Strauss (Levi-Strauss 1983), pero universal sólo en cuanto mecanismo necesario, no en los contenidos concretos que son en cada caso históricos y culturalmente variables. Con esta versión, que creeríamos fiel al legado de un Derrida (1978) que no reconoce centro del sentido ni lugar de la Presencia, la ética aparece como cúmulo contingente, como circunstancialidad siempre renovada, como acaecer y acontecimiento no reductible a ninguna ley ni generalidad previas. Pero asoma también como horizonte necesario de cualquier experiencia humana, en cada caso diferente, pero siempre apareciendo, siendo el marco donde la coexistencia con los otros se muestra en lo que tiene de absoluto, de configurante, de constituyente de lo humano: un modo diferente de enunciar el dicho de Marx según el cual todos somos nuestras relaciones. Bibliografía Derrida, Jacques, 1978, De la Gramatología, Siglo XXI, México. Follari Roberto, 2008, La selva académica (los silenciados laberintos de los intelectuales en la universidad), Homo Sapiens, Rosario. Freud, Sigmund, 1981, “El malestar en la cultura”, en, Néstor Braunstein y otros, A medio siglo de El malestar en la cultura de Sigmund Freud, Siglo XXI, México. Giovanni de, Biaggio, 1979, “Lenin, Gramsci y la base teórica del pluralismo”, Dialéctica No. 7, Universidad Autónoma de Puebla, México. Habermas, Jürgen, 1990, Pensamiento post-metafísico, Taurus, México. Hegel, Federico, 1982, Fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, México. Laclau, Ernesto, 2005, La razón populista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Levi-Strauss, Claude, 1983, Antropología estructural (mito, sociedad, humanidades), Siglo XXI, México. Nietzsche, Federico, 1981, Así hablaba Zaratustra, Mexicanos Unidos, México. v v Zizek, Slavoj, 2005, La suspensión política de la ética, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Edición especial 120 estrategias y 36 experiencias de seguridad ciudadana Fernando Carrión, Jenny Pontón y Blanca Armijos FLACSO Sede Ecuador - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2009 199 páginas El presente libro es producto de los datos que provee el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, en tanto son parte del mismo. El uso de la información ha sido uno de los pilares del proceso de diseño de las estrategias que ahora se presentan, así como también un elemento central para elevar la calidad de la voz de los actores intervinientes, porque no solo han provisto de insumos sino también han formado y construido consensos. Por eso, ésta publicación busca compartir los resultados, conclusiones y propuestas de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en Quito, en Ecuador y en algunos países de América Latina.


DIÁLOGO



El M-9 y una reflexión acerca de las guerras inútiles Un diálogo con Otty Patiño Jorge García y Camilo Mongua Estudiantes de maestría de FLACSO-Ecuador Fecha de recepción: enero 2010 Fecha de aceptación y versión final: marzo 2010

l compromiso de Otty Patiño con una sociedad capaz de asumir retos y responsabilidades respecto de

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la paz y la democracia es de toda su vida. Este compromiso le ha llevado a desarrollar una permanente vinculación con la política, con la historia y con la investigación sobre conflictos y soluciones en diferentes contextos. Otty Patiño fue militante guerrillero, cofundador y parte del Comando Superior del Movimiento 19 de Abril (M-19); fue negociador de los acuerdos de paz con el Gobierno Colombiano en 1989 que implicaron la desmovilización del M-19 y su entrada en el ejercicio de la política. Fue elegido por voto popular como delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que llevó a la actual Constitución Política de Colombia. Asimismo, es fundador del Observatorio para la Paz a través del cual presentó sus investigaciones sobre los paramilitares, sobre el Ejército de Liberación Nacional y sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Actualmente se desempeña como Director del Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura de Bogotá.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 123-131 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Jorge García y Camilo Mongua

¿Cómo y cuándo empezó a militar en el M-19?

¿Cuál fue su participación en el M-19?

Soy uno de los fundadores del M-19 (Movimiento 19 de abril)1. Antes de integrarme a esta agrupación no había militado en otra organización revolucionaria, aunque tuve una aproximación con el Frente Unido de Camilo Torres. Después participé en un levantamiento indígena que se dio en los llanos orientales de Colombia. Eso se agotó después de lograr algunos resultados interesantes, pues evitó el exterminio de esa población. Gracias a este levantamiento los guahíbos obtuvieron el reconocimiento de algunos derechos y el establecimiento de una reserva indígena –un pedazo del territorio llanero que estaba siendo ocupado rápidamente por un brutal proceso de colonización–. Los guahíbos eran indígenas seminómadas del llano y los habían arrinconando contra la selva a punta de presiones, que hoy se conocen como desplazamiento forzado. Cuando terminó esa aventura justiciera quedé desprogramado. Uno se mete en la vorágine de la guerra revolucionaria y eso lo atrapa, a pesar de que en los años setenta ya había ocurrido una decantación crítica contra las armas como método de lucha revolucionaria. Había fracasado el modelo del foco guevarista y se mantenía la crítica contra la concepción de guerra de resistencia que originaron las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Pero aparecieron otras personas que empezaron a unir la lucha de masas con la lucha armada en el escenario urbano y me fui juntando con el núcleo fundacional del M-19 cuyo líder más importante fue Jaime Bateman2.

En el M-19 hacíamos un poquito de todo. Yo participé en las diferentes actividades de una organización rebelde, con esa concepción “integral” de la guerra que teníamos como organización político-militar, aunque me especialicé más en la propaganda. Yo siempre fui muy tímido pero encontré una veta comunicativa de las ideas revolucionarias en el lenguaje escrito. Bateman decía que el principal diálogo del M-19 debía ser con la gente común y corriente, con el pueblo y no con la izquierda. Esa orientación básica hizo que nos alejásemos de los lenguajes esotéricos que tenían las izquierdas. Al contrario de la mayoría de los compañeros que hacían parte del núcleo fundacional del M-19, yo no tenía ninguna formación doctrinaria. Por esa razón, no tuve que hacer mayor esfuerzo para construir un lenguaje adecuado para el propósito de establecer una comunicación con las masas. ¿Cuándo decidió el M-19 dejar las armas? Eso ocurrió después del fracaso del proceso de paz con Belisario Betancur (Presidente de Colombia entre 1982-1986), después del holocausto del Palacio de Justicia. [Ya un año antes, cuando se firmaron los Acuerdos de Corinto de cese al fuego y la búsqueda de una salida política al conflicto armado] Carlos Pizarro3, el último comandante general del M-19, supo que la guerra como expresión política estaba agotada. La toma del Palacio de Justicia4 fue el último intento que hizo el predecesor de Pizarro, Álvaro Fayad, para endere3

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El Movimiento 19 de Abril (M-19) surge a raíz de los “fraudulentos” resultados de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, en que el candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) fue derrotado por el conservador Misael Pastrana. El grupo queda constituido hacia 1974. Fundador y líder del M-19 hasta su muerte en abril de 1983.

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Después de la muerte de Jaime Bateman y de las comandancias de Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, Carlos Pizarro asume el comando del M-19, en 1983. Tras la desmovilización del M-19, se lanza como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 en 1990, año en que es asesinado. Efectuada en noviembre de 1985, tras la ruptura de los Acuerdos de Corinto firmados en agosto de 1984. Ruptura provocada por los ataques del Ejército a miembros y campamentos en tregua del M-19.

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zar un proceso de paz que no iba para ninguna parte, o mejor dicho sí, se estaba produciendo lo contrario, una profundización de los odios y la confrontación. Belisario quería lucirse como hombre de paz, pero no sabía cómo orientar a las fuerzas políticas ni a las fuerzas armadas. Eso había creado una gran desazón en toda Colombia, la prensa ayudaba a esa confusión y Fayad pensó que había que poner las cosas en su sitio con un acto de fuerza en el corazón de Bogotá. Pero la toma de la Palacio por parte del M-19 y la contra-toma por parte de los militares, en lugar de aclarar el ambiente lo volvieron más trágico y más confuso. “Allí perdimos todos” reflexionaba más tarde Pizarro, quien por un tiempo quiso tensionar en otros escenarios la confrontación militar con el Estado. Sobrevino entonces la creación de una fuerza militar de estirpe guevarista, el Batallón América, pero el pueblo colombiano había entendido, antes que nosotros, que la lucha armada revolucionaria en Colombia estaba agotada. Después de ese esfuerzo, Pizarro hizo otro de carácter unitario con las guerrillas colombianas, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria. En esa época, en Colombia había una cantidad de grupos armados en la insurgencia, las FARC, el EPL (Ejército Popular de Liberación), ELN (Ejército de Liberación Nacional), el M-19, Quintín Lame, entre muchos otros, lo que generaba confusión. Como si fuera poco, el narcotráfico había irrumpido en la escena de la confrontación y empezó a copar espacios institucionales como el de la Policía en Cali, el del Ejército en el norte del Valle del Cauca y a crear nuevas expresiones contrainsurgentes, así como los grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Los narcotraficantes empezaron a perfilarse, con Pablo Escobar en Medellín, como un actor armado con su agenda reivindicativa alrededor de la no extradición. Un sector de la clase dirigente comenzó entonces a contemplar la necesidad de restablecer la gobernabilidad mediante un acuerdo nacional que incluyera nuevas fuerzas en un régi-

men político, tradicionalmente bipartidista y excluyente. Pizarro entendió que en ese momento se abría una oportunidad en la crisis de las armas y formuló una nueva política para el M-19 que sintetizó en tres frases: “Guerra a la oligarquía, paz a las fuerzas armadas y vida a la nación”. No se equivocó. Con el secuestro de un conspicuo representante del régimen oligárquico, Álvaro Gómez5, se puso en evidencia la debilidad del régimen imperante, su necesidad de un entendimiento con la insurgencia. Así surgió el nuevo proceso de paz cuyo inicio se dio en el departamento del Tolima, el 10 de enero de 1989, cuando Carlos Pizarro como comandante general del M-19 y Rafael Pardo como Consejero Presidencial de Paz, firmaron una declaración donde invitaban a los partidos políticos, a los grupos guerrilleros, a las fuerzas vivas de la nación a construir un acuerdo nacional para alcanzar la paz. En ese comunicado, el M-19 pronunció, por primera vez, la palabra desmovilización como promesa cierta de una paz irreversible. Pero los demás grupos guerrilleros desoyeron este llamado, las fuerzas políticas no gubernamentales, la Unión Patriótica [brazo político de las FARC] y el Partido Conservador, terminaron desertando del proceso de paz. En tanto, el narcotráfico con Pablo Escobar unió sus fuerzas con la contrainsurgencia en el Magdalena Medio, manejada por otro narcotraficante, Gonzalo Rodríguez Gacha, y en 1989 asesinaron a Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia de Colombia por el liberalismo, quien se perfilaba como el líder más capaz de enfrentar las acechanzas de los narcos. Este acontecimiento obligó al Gobierno nacional a darle prioridad a la lucha contra el narcotráfico y quiso que el acuerdo de paz con 5

Secuestro a través del cual se presionó al gobierno de Virgilio Barco para la instauración de una mesa de negociaciones que arribara a un acuerdo de paz y reconciliación. Álvaro Gómez fue liberado después de cincuenta y tres días lo que dio lugar a “La Cumbre de Salvación Nacional”, meses antes de que el M-19 lograra instalar una mesa de diálogo formal con el Gobierno.

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e improvisado, porque salimos de las armas al ejercicio de una política muy dinámica en ese momento. El asesinato de Pizarro al mes de habernos desmovilizado, nos puso el primer gran desafío político: si continuábamos en la paz o retomábamos la guerra. La decisión fue continuar en la paz y participar en las elecciones presidenciales con Antonio Navarro. Después participamos en la Asamblea Constituyente de 1991, donde fui elegido delegatario en una alianza heterogénea con sectores conservadores, liberales y hasta autodefensas metidas en las listas. Pensábamos en una lista nacional como la visualización de un nuevo país y logramos ser una fuerza decisiva en la Asamblea Constituyente con otras fuerzas [el Partido Liberal, el Partido Conservador y El Movimiento de Salvación Nacional]. Ya no era el M-19, pero sí esas ganas que iban más allá de la Organización, de construir un país distinto.

el M-19 tuviese un componente de guerra contra las drogas. Así, metió el tema de la extradición entre las reformas pactadas con el M-19, pero el Congreso rechazó la extradición. Entonces Virgilio Barco (Presidente de la República entre 1986-1990), decidió tumbar todo el proceso. Eso ocurrió en diciembre de 1989, demostrando que el Estado colombiano era incapaz de adelantar un proceso de paz. Lo único que se logró fue la aprobación de una ley de amnistía que, sin ser amplia, era útil para el ejercicio de la política por parte de los militantes del M-19 en trance de abandonar las armas. Le tocó al M-19 salvar el proceso con una salida a la vida política, confiando en la voluntad popular. Estamos a veinte años de habernos desmovilizado, nosotros nos desmovilizamos el 9 de marzo de 1989 y el 10 de marzo participamos por primera vez en elecciones. Era una paz a las carreras, precaria, sostenida por el fervor popular y la convicción de Pizarro de que estábamos en el camino correcto. Fue un proceso de reinserción en la vida civil muy complicado

¿Cuál ha sido su actividad después de dejar las de armas? Vino entonces la debacle de la AD M-19 (Alianza Democrática M-19), pero creo que una virtud fue mostrar que la paz era necesaria y posible para la democracia. Desde entonces he estado en diversas actividades relacionadas con la paz y creamos al final de la década de los noventa el Observatorio para la Paz, desde donde hemos hecho reflexiones sobre la situación del conflicto porque los procesos de negociación de los noventa no están terminados. Por supuesto que se abrió un camino, que otros intentan cerrar, un camino de consolidación de la democracia y de lograr una Colombia en paz, en paz consigo misma, entre otras cosas. Producto de esas reflexiones hemos hecho varios libros sobre los actores del conflicto, bautizados por la editorial Intermedio –con un interés muy comercial– como “Las verdaderas intenciones de…” los paramilitares, el ELN, las FARC. El último libro que sacamos se llama Guerras Inútiles, que es una historia de las FARC, pero más allá, es una his-

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toria de la violencia que empieza con el asesi- ría que lo opuesto a la guerra no es la paz sino la violencia. En esa reflexión, hemos planteado nato de Jorge Eliécer Gaitán6. que las FARC no aceptó los procesos de los A propósito de la presentación de su libro Las años noventa, le apostó a continuar y a ganar Guerras Inútiles, nos queda precisamente la la guerra. Lo que muestra el libro es que a peinquietud sobre la inutilidad de las guerras en sar que las FARC logró generar una situación victoriosa en 1998 cuando arrinconó al goColombia. bierno de Ernesto Samper (1994-1998)7 y Bien, el tema de la paz se empezó a volver muy obligó al gobierno entrante de Andrés Pastraimportante en Colombia antes de 1981, cuan- na (1998-2002) a sentarse de igual a igual con do Jaime Bateman planteó la posibilidad de ellos en una mesa, desperdició ese momento. resolver el conflicto de una manera dialogada La ausencia de una fuerza política al interior en la toma de la Embajada de la República de las FARC, su fractura con el partido comuDominicana, un año antes. En esa toma se nista, el fracaso de la Unión Patriótica, la configuró una maqueta, en pequeño, de lo que muerte de Jacobo Arenas [Luis Alberto Mosería una solución negociada. Estaba la comu- rantes, líder ideológico y fundador de las nidad internacional, estaban los guerrilleros, FARC], le había generado un vacío político estaba la sociedad civil, la prensa, en algo que que se visualizó con la “silla vacía” en el Caduró cerca de dos meses, y estaba la camioneta guán8. Y desde luego la guerra es guerra cuanamarilla, que era un sitio de diálogos, y, desde do es política, si no es violencia. La pura cuesluego, toda la opinión nacional. Esto abrió un tión militar en sí misma es, simplemente, el diálogo en un país donde la violencia parecía ejercicio de la violencia y no de la guerra. ser el punto en común e inagotable; se logró Por otro lado, y mirando desde el Estado, mostrar que las cosas se podían solucionar de la sacralización de la solución negociada conotras maneras y el movimiento por la paz, el dujo a que se creyera que el despeje militar del movimiento civil –ya no ligado a la guerrilla– Caguán9, con las connotaciones negativas que comenzó a brotar en Colombia de una mane- hubo y el fracaso mismo, era el fracaso de la ra fuerte, hasta el punto que, cuando se logra solución negociada. Entonces Álvaro Uribe el proceso de negociación, se sacralizó el tema de la paz como opuesta a la guerra. 7 Para mediados de los noventa, las FARC cambió su Sin embargo, esa oposición de paz y guerra estrategia de guerra, que algunos analista califican en Colombia es un poco falsa, en el sentido en como el tránsito de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, dicho cambio implicó el “cercaque la guerra cuando no tiene límites, cuando miento” del sur del país. Las tomas y ataques a Las los conductores de la guerra no le ponen límiDelicias, San Juanito, Patascoy y El Billar son representes, es violencia, simple y llanamente. Lo que tativos de ese proceso. De ahí que el gobierno de Ernesto Samper haya sido visto como “arrinconado” hace que una guerra, cuando no es inútil, puepor las guerrillas. En ese contexto Andrés Pastrana llega da llevar a la paz es que tenga conducción, es al poder, en parte gracias a su propuesta de diálogo. decir, se sabe orientar y poner límites a los pro- 8 Así se denominó a la “silla vacía” que debió estar ocucesos de violencia. Entonces, casi que uno dipada por el comandante general de las FARC, Manuel 6

Candidato a la presidencia de Colombia durante los comicios electorales de 1946, donde recibió un amplio apoyo popular. Tras su participación en dichos comicios fue elegido jefe del Partido Liberal y asesinado dos años después en 1948. Acto que dio lugar a una ola de violencia denominada el “Bogotazo”, aunque los levantamientos se extendieron a varias zonas del país.

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Marulanda, en la reunión de enero del 1999 con el presidente Pastrana, a la que Marulanda no asistió. Dicha reunión debió dar inicio a los diálogos de paz entre la guerrilla y el Gobierno. Dicho despeje se realizó en un área de 13.161 kilómetros que comprende el municipio de Cartagena del Chairá y la inspección de Remolinos del Caguán, en el Caquetá. Ordena por Ernesto Samper en mayo de 1997 con el objetivo de permitir a las FARC el despla-

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(Presidente en los períodos 2002-2006, 20062010), en ese momento de frustración, retoma la bandera de la guerra contra las FARC y la mayoría del pueblo lo acompaña en eso. Defender la solución negociada después del fracaso del Caguán era muy difícil, porque la paz se hace entre dos, si el otro no quiere o no muestra iniciativas claras es muy difícil hacer la paz. Uribe retoma el tema de la guerra como una posibilidad y se establece, aunque no es explícito, que la victoria de las FARC depende de lograr otra vez un despeje en municipios y en departamentos y volver a sentar al Gobierno en situaciones de igualdad, para lo cual usaría como elemento fundamental el intercambio humanitario; lo que indudablemente, frente a un país que pese a los niveles de violencia es compasivo y solidario, les genera un espacio. Uribe, por su parte, le apuesta a golpear a las FARC en su retaguardia, o sea, golpear al Secretariado y lograr el rescate de los secuestrados que están en la retaguardia profunda de las FARC. Lo que se lee además como una victoria del Ejército. Así se logra la muerte de dos miembros del Secretariado, uno acá, en Ecuador, Raúl Reyes, donde las FARC había construido una retaguardia en la zona fronteriza; el otro fue Iván Ríos. A esto se sumó el rescate de Íngrid Betancourt, de militares norteamericanos y de algunos militares colombianos secuestrados. Esos han sido golpes contundentes. Además, el Ejército, con apoyo de Estados Unidos, había dado ya una serie de golpes, pero ninguno del nivel de los que se dieron en el año 2008. Uno podría decir que esos golpes fueron estratégicos. Por otro lado, en el mismo año (2008), ocurre la muerte de Manuel Marulanda, quien más que un símbolo, era el comandante general de las FARC y, por tanto, quien sostenía o aseguraba la unidad de las FARC. Con esos zamiento de militares secuestrados por la guerrilla, para su entrega a los delegados de la Comisión de Conciliación Nacional, los representantes de la Cruz Roja Internacional y los representantes del Gobierno, fue el escenario de las denominadas audiencias.

logros y bajo esas circunstancias, el gobierno de Uribe hubiese podido desarrollar una política de paz. Una política de solución negociada, pero no como hace diez años cuando el Estado fue obligado a sentarse, sino en una perspectiva de iniciativa política del Gobierno hacia las FARC. No lo hace, en lugar se le ocurre una “caguanización”10. Un desperdicio militar desde el Estado colombiano, donde la guerra vuelve, otra vez, a dejar de tener horizontes políticos y empieza a convertirse en violencia desde el Estado. Entonces, ese es el tema de la inutilidad de una guerra que se desperdicia como esfuerzo de hombres para definir objetivos políticos, sea cual sea la naturaleza de sus objetivos. Y es esto lo que termina generando procesos de más violencia. Es aquí cuando apuntamos a decir que las FARC, por su dinámica guerrerista, no se dio cuenta que habían ganado. Pensamos que el caso de Uribe es diferente, pues al Gobierno no le convenía la paz en función de mantener un Estado precario basado en la popularidad, un Estado incapaz que necesita una cierta dosis de violencia para seguir manejándose, en vez de un Estado institucionalizado, de un Estado Social de Derecho como se inscribe en la Constitución. El tema de la inutilidad de la guerra es saber que la guerra tiene un cierto límite, en el sentido en que, pese a todo lo que se diga y la repugnancia que genera, es un acto de la inteligencia humana. Incluso en el epílogo del libro nos atrevemos no ha teorizar sino a recoger la teoría que ya ha planteado Clausewitz sobre el tema de la guerra, que tiene tres elementos fundamentales: el odio, por supuesto el sentimiento que es necesario para cualquier guerra; la inteligencia, que es la que permite 10 Esto refiere al discurso elaborado por el gobierno de Álvaro Uribe en que se acusa a las FARC de no estar dispuesto a un proceso de paz. Tal discurso ha servido para impedir el diálogo entre gobierno y guerrilla, y negar de forma rotunda cualquier tipo de despeje militar en cualquier parte del territorio colombiano. Todo esto ha fortalecido la tesis de la eliminación militar de las FARC.

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conducir las operaciones militares y construir estrategias; y la política que es la que permite ponerle fin a la guerra. Es decir que la guerra no devore el objetivo para el cual fue hecha o se convierta en violencia y nada más sin desembocar en una paz. Ese es entonces el planteamiento inicial, que la guerra se vuelve una cuestión inútil cuando no sirve para cumplir ningún objetivo y se convierte en un fin en sí misma. ¿En el contexto actual es posible una salida negociada, cuando el narcotráfico ha venido permeando las estructuras del Estado y donde podemos ver en Colombia la influencia del narco paramilitarismo? Yo creo que la solución negociada a secas no es posible hoy en Colombia. Se necesita un espacio de reformas. La dinámica que tenemos en este momento, como proceso que se viene imponiendo, es una revolución del capitalismolumpen, donde los capitales mafiosos e ilegales no son capitalistas marginales y empiezan a tener cada vez más importancia e injerencia en la vida social, política y económica del país; una influencia que empiezan a volverse determinante. La coca como negocio, en cifras aproximadas, hace unos quince años mueve capitales y ganancias controladas en un 70% por Estados Unidos, un 24% por México y un 6% por Colombia. Sin embargo, en una economía tan formidable como la de Estados Unidos ese 70% no le hace “ni cosquillas”, en cambio, ese 24% en México y ese 6% en Colombia sí empezaron a afectar la realidad económica, porque son montos fabulosos para economías como las nuestras. La sociedad colombiana ha sido caracterizada como una sociedad con ausencia de reforma agraria, es decir, con falta de una cierta democracia social en el campo, a la que se suma la ausencia de una revolución liberal que ha hecho que la democracia política en Colombia sea también precaria. Es en este tipo de sociedad que la influencia del narcotráfico en la economíaha he-

cho posible un proceso de revolución lumpencapitalista que ha permitido ascensos sociales y movilidad económica, en una sociedad muy dura. Esa revolución lumpen-capitalista ha roto ciertos límites. Alguna gente habla de una cierta democratización de la economía, lo cual no es tan cierto. Por supuesto, esta economía de “riesgo”, ha hecho que mucha gente le apueste a esta lotería y mucha de esa gente termine muerta o presa o extraditada. Es una economía que se alimenta de muchos cadáveres y de situaciones en donde quien no gana, puede perder su libertad o puede perder hasta la vida, porque son economías de riesgo; pero quien triunfa, puede llegar a ser hasta Presidente de la República. Entonces la economía que ha venido dominando a Colombia es como los premios gordos de lotería –si se puede decir así– y combatirla no es un problema solamente político sino profundamente instalado en las estructuras de Colombia. Se necesitaría hacer una reforma que permita generar oportunidades distintas en el desarrollo humano y económico del país. Entonces, un proceso de paz, si no está atado a un proceso de decisión de reformas, es muy complicado que se haga, más cuando uno sabe que las FARC no tienen fuerza suficiente de orden moral y político, y carecen de la suficiente democracia a su interior para plantear una transformación donde cuenten otros actores. Incluso en el esquema de audiencias que crearon en 1998, la gente sí tiene derecho a hablar pero no hay posibilidad, en últimas, de que esa gente se convierta en un actor decisivo para un proceso político, simplemente habla. Esto ha servido para avalar el discurso de las FARC pero no para generar y respetar esos discursos independientes de actores armados. Estos discursos han servido para decir “ve, la gente aquí se está quejando, mire que hay inconformidad”, pero esto no es suficiente, lo que los ha transformado en discursos para avalar la rebeldía, pero no para construir unos discursos en común, a diferencia de hace veinte

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Jorge García y Camilo Mongua

años, cuando nosotros planteamos –creemos– un espacio democrático, para con una Constitución diferente, la de 1991, poder reconstruir el país. En este momento, ese espacio, tiene que ser un espacio también democrático, pero tiene que apostarle a reformas políticas que fueron los pendientes en la Constitución de 1991 y que no podrán darse simplemente en el antagonismo gobierno-guerrilla. De ahí que tiene que haber una gran participación de la sociedad civil, del movimiento popular, de las fuerzas que podrían estar interesadas en un país distinto; porque en el país que tenemos, la economía ilegal sigue floreciendo, es un proceso de Colombia y en expansión hacia otros países. Se trata entonces, de un proceso enorme y creo que los países vecinos, debido también a situaciones de pobreza, de miseria, no tienen defensa frente a ese tipo de economía, porque no es que el presidente Uribe o los paramilitares sean una cabeza dirigiendo ese proceso. Estos son más bien fenómenos que ocurren y que van más allá de muchas de las voluntades de las personas, pero estos fenómenos hay que reconocerlos. Creo que ni desde Colombia ni desde los países vecinos afectados por esos procesos socio-económicos, hay una mirada amplia de cómo confrontarlos. Ese es, me parece, uno de los problemas graves que hay, pero desde luego, la solución negociada sí está ahí vigente. Cuando las marchas contra las FARC y el secuestro, nosotros, desde el Observatorio de Culturas, hicimos una encuesta a la gente sobre si estaba de acuerdo o no con la solución negociada y, pese a que todo el mundo condenaba a las FARC y al secuestro, el 80% de la gente decía que sí, que le parecía que la salida era negociada. Ahora, plantear a secas la salida negociada, no es suficiente, hay que decir bajo qué contexto es posible la salida negociada. Y creo que sobre eso, la gente que ha venido trabajando los temas de paz no ha avanzado mucho. Tal vez Gustavo Petro11 ha planteado el tema de la negociación con reformas como

algo articulado, pero ha sido una voz solitaria. En los sectores académicos, la articulación entre reformas y negociación no ha sido suficientemente trabajada. ¿Qué riesgos produce el conflicto colombiano en términos de América Latina, teniendo en mente la campaña que ha desarrollado el Gobierno colombiano y que culminó con la muerte de Raúl Reyes en territorio Ecuatoriano? La octava Conferencia del M-19 la hicimos en el Putumayo, cuando decidimos la construcción de un ejército, justamente cuando Belisario Betancur habló de paz y dijo que ni una gota más de sangre entre colombianos, abriendo un momento político que iba en contravía de nuestro planteamiento estratégico. En ese momento estábamos situados en el puro sur de Colombia, en los límites con Ecuador. Muchas de las personas llegaron a la Conferencia por el Ecuador, a través de rutas clandestinas. Allí yo pude sentir que había una frontera muy porosa y muy abandonada de parte y parte, incluso más de Colombia que de parte de Ecuador, pero en general con unos niveles de abandono enormes. Sentí la gran vulnerabilidad que tenía Ecuador en esas fronteras frente a la expansión. Milagrosamente –por otras razones–, no había cultivos de coca en Ecuador, era muy curioso, porque el Putumayo ya era en ese momento un Departamento tomado totalmente por los cultivos de coca. En el recorrido que hice, solamente encontré una finca en la que no se sembraba coca, era de evangélicos; pero ellos se aprovechaban del negocio de la coca porque vendían carne a muy buen precio a la gente. Lo que quiero decir, es que uno cruzaba la frontera y no había una sola mata de coca al otro lado y menos aún laboratorios. En la parte colombiana, todas las fincas por pequeñas que fueran, 11 Ex miembro del M-19, actual candidato a la presidencia por el Polo Democrático Alternativo.

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montaban su ramada donde procesaban y sacaban base de coca. Los colombianos generalmente no han vendido hoja de coca, aún el más pobre, siempre ha vendido base de coca, ha habido siempre un proceso de transformación. Pero ya desde allí uno visualizaba que había una frontera real en el sentido de que mientras en Putumayo se estaba desarrollando una economía coquera, en Ecuador no. Después, durante el año 1999, desarrollamos un estudio sobre paz en las fronteras y encontramos que había una cierta contaminación que estaba relacionada además con la pérdida de cierta institucionalidad en las fronteras ecuatorianas, fundamentalmente en provincias como Esmeraldas y en la zona de Lago Agrio, más que en la zona andina de la provincia del Carchi. Pero de todas maneras, aún en la parte andina, ya se sentía que había habido un deterioro de la institucionalidad. Incluso se hablaba ya de la “colombianización” de la zona fronteriza ecuatoriana, un término un poco peyorativo pero era cierto, había un proceso de “lumpenización” de la economía ecuatoriana En Esmeraldas era dramático, no había gobierno, no había gobernador, la persona que estaba ejerciendo la Prefectura era encargado y era una zona que estaba siendo invadida por capitales mafiosos. Entonces, uno siente que más allá de que Raúl Reyes estuviese en la provincia de Sucumbíos, más allá de que a Simón Trinidad lo hubieran capturado en Quito, más allá de esa penetración fuerte de las FARC en Ecuador a través de personajes altamente destacados, esto era posible gracias a esa expansión de redes de lumpen-capitalismo colombiano que se habían logrado articular con la economía ecuatoriana. Entre 1999-2002 durante el gobierno de Andrés Pastrana se inició el Plan Colombia con las fumigaciones y persecución al lavado de activos y muchos capitales de estos mafiosos colombianos comenzaron a migrar a Ecua-

dor y a Panamá. En ese momento los gringos acababan de salir de Panamá y decían “gracias a dios llegaron los colombianos”, “llegó el capital colombiano”, en tanto uno veía aquí, en Quito, cómo la industria de la construcción tenía un boom importante, debido a mi parecer a esa migración de capitales mafiosos que coincidió con la dolarización de la economía ecuatoriana, que facilitaba el lavado de activos, mucho más que cuando la moneda era el sucre. Ya se habían roto unas fronteras de orden económico monetario que facilitaban el flujo de estos dineros. A finales de los noventa, al puro filo del nuevo milenio, hablamos con alcaldes y organizaciones de la frontera de ambos lados y empezamos a ver que era un fenómeno que se extendía, y quedó en las memorias de ese encuentro, como procesos riesgosos de colombianización del conflicto. Entonces, uno sí piensa que más allá de los temas ideológicos, más allá del conflicto colombiano, está también, de una manera todavía un poco subterránea, los modelos de desarrollo. El lumpen-capitalismo es algo más tenebroso que el capitalismo neoliberal, que el capitalismo salvaje como algunos lo llaman; es mucho más salvaje porque incluso el capitalismo neoliberal necesita ciertas dosis de Estado para funcionar bien, en tanto el capitalismo mafioso necesita un Estado precario, que es el Estado que en este momento están tratando de mantener e implementar como deseable en Colombia. Creo, entonces, que vale la pena examinar con mucho cuidado lo que está pasando en Colombia, más allá de reducirlo a un problema de terrorismo, de lucha armada o incluso de una lucha entre derecha e izquierda. Si se piensa solamente así, creo que la mirada se vuelve muy simple y hay el riesgo de que se termine siendo devorado por ese proceso en expansión que es toda la revolución del lumpen-capitalista que ya ocurrió en Colombia.

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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Serie Tesis Entre sospecha y ciudadanía. Refugiados colombianos en Quito Stuart Schussler FLACSO-Sede Ecuador / Abya-Yala, 2009 174 páginas Entre sospecha y ciudadanía analiza el encuentro entre la sospecha que crea esta indocumentación, fenómeno fundamental para la articulación del Estado, y una reinterpretación radical del concepto de la ciudadanía que explora temas de empoderamiento colectivo y lucha social. Basando su análisis en una mezcla de entrevistas hechas en Quito y fuentes secundarias, Schussler describe el aumento de la vulnerabilidad desde el desplazamiento inicial del refugiado en Colombia hasta sus encuentros con el Estado ecuatoriano. La tesis, finalmente, documenta la estrategia de los refugiados para construir la ciudadanía desde la informalidad y subraya las pistas que ellos nos dan para la construcción de una sociedad verdaderamente pos-neoliberal.


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Límites de la cooperación internacional ambiental: el caso del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil

The Limits of the Environmental International Cooperation:The Pilot Programme for the Brazil’s Tropical Forest Proteccion Joseph S. Weiss PhD por la Conell University. Investigador del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia (CDS/UnB). Correo electrónico: josephweissbr@gmail.com

Elimar Pinheiro do Nascimento Sociólogo, doctor por la Universidad de París V. Director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Brasilia (CDS/UnB). Fecha de recepción: agosto 2009 Fecha de aceptación y versión final: febrero 2010 Resumen Más allá de sus múltiples éxitos, el análisis de las alianzas verdes del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil (PPG7), así como de los conflictos presentes en su creación y ejecución, de los resultados alcanzados y de las circunstancias de su finalización, muestra que el PPG7 contribuyó poco a la conservación del bosque, al fortalecimiento institucional de la región amazónica y a su desarrollo sostenible. Esto debido a su concepción neoliberal y limitaciones institucionales. Aprisionado por el localismo, entre los riesgos y las oportunidades creadas por el agronegocio para la Amazonía, el PPG7 olvidó el papel destacado del Estado nacional en las regiones en desarrollo. Una eficaz cooperación internacional al ambiente requerirá de nuevos conceptos de efectividad, de una cooperación menos hegemónica y un fortalecimiento del movimiento por la sustentabilidad. Palabras clave: Estado nacional, cooperación internacional, gobernanza ambiental, Banco Mundial, sustentabilidad institucional. Abstract Beyond its many achievements, an analysis of the green alliances of the Pilot Program for the Protection of the Tropical Forests of Brazil (PPG7, Portuguese acronym), as well as the conflicts present in its creation and implementation, of the results achieved, and of the circumstances in which it came to an end, demonstrate that the PPG7 contributed little to the conservation of the forest, the institutional strengthening of the Amazon region, or its sustainable development. This is due to its neoliberal conception and institutional limitations. Trapped in the local, between risks and opportunities created by agribusiness in the Amazon, the PPG7 forgot the outstanding role of the national state in developing regions. Effective international cooperation on the environment will require new concepts of effectiveness, cooperation that is less top-down, and strengthening of the sustainability movement. Key words: National state, international cooperation, environmental governance, World Bank, institutional sustainability. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 135-148 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Joseph Weiss y Elimar Pinheiro

Introducción espués de 15 años, el 23 de septiembre de 2009, en presencia de 250 invitados, se realizó la reunión de cierre del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil (Pilot Program to Conserve the Brazilian Rainforest) o PPG71. Uno de los más grandes programas de cooperación internacional ambiental del mundo concluyó con resultados poco alentadores. Este artículo discute las razones de sus frágiles resultados en relación a las expectativas generadas en la época de su lanzamiento. A inicios de la década de 1990, los organismos multi y bilaterales, a la vez que reconocían los severos impactos ambientales de los proyectos de infraestrutura que habían financiado, inclusive en la Amazonía2, reivindicaban su nueva ingerencia sobre los recursos naturales de los países del Sur. Se esbozaba, así, el surgimiento de un conflicto potencial (Simmel 1995). De un lado, los países desarrollados reivindicaban su poder de interferir en la forma de uso de los recursos naturales de los países del Sur, concebidos como activos ambientales globales y, por otro lado, los países del Sur anhelaban conducir de forma autónoma su propio desarrollo. Para algunos críticos, esta nueva ingerencia de los países del Norte, a través de organismos multilaterales, no era más que una nueva forma hegemónica “de presionar a los países periféricos y de asumir el control de la decisión sobre los territorios” por medio de la cooperación internacional (Becker 2004:35). Otros, como Redwood (2003) y áreas de dirección del Banco Mundial (al que se hará referencia en adelante como Banco), veían en esas iniciativas una nueva

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El Programa fue conocido popularmente como PPG7, pese a que varios de sus gestores prefirieron no utilizar este término. Algunos donantes del PPG7 continúan con apoyos a programas específicos. La carretera BR-364, de Cuiabá de Porto Velho, es considerada un ejemplo mundial de desastre ambiental, con fuerte impacto en el Estado de Rondónia, en los años 1970-1980.

oportunidad para fortalecer su imagen de responsabilidad ambiental ante la opinión pública internacional y los gobiernos de los países del Norte. El modelo de intervención buscaba establecer programas y proyectos apoyados por organizaciones no gubernamentales y/o gobiernos subnacionales, en acuerdo con los gobiernos nacionales. Había una clara asimetría hegemónica, no explicitada, entre, por un lado, el receptor no gubernamental o subnacional y, del otro, el donante internacional. Estos acuerdos ambientales de tipo “donante–nacional–no gubernamental–local” colocaban a actores reconocidamente frágiles (subnacionales y no gubernamentales) frente a las fuertes alianzas de tipo predominantemente “multilateral-gobiernos del Norte–empresas multinacionales”. En este contexto nace el Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales de Brasil (PPG7), programa manejado por el Banco, con la participación destacada de la Comunidad Europea y agencias de Alemania (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ y Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW), Gran Bretaña (Department for International Development, DFID), EEUU (United States Agency for International Developmente, USAID) y Holanda. La expectativa era crear un nuevo modelo de cooperación internacional para bosques tropicales3. Se analiza aquí la experiencia de esa cooperación internacional como un proceso complejo de articulaciones y conflictos institucionales. Las preguntas que orientan nuestra reflexión son: ¿Por qué esa experiencia no respondió a la gran expectativa presente en sus inicios, a pesar de haber logrado muchos éxitos a nivel local? ¿Cuáles fueron las razones que impidieron que fuera la base para una forma innovadora de cooperación internacional?

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El Programa abarco los biomas de la Amazonía y de la Selva Atlántica, con 90% de los recursos invertidos en el primer bioma.

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Para responder a las interrogantes propuestas se estudia los orígenes del PPG7, su trayectoria y contexto. Se comprobó que fueron elementos relevantes: la fragilidad del diagnóstico, la baja coherencia entre sus objetivos, la poca claridad estratégica, los desentendimientos institucionales, la no observancia de procedimientos consagrados y las demoras burocráticas, detectados en sus informes. De todas maneras, todos ellos son insuficientes para explicar los resultados. Se vislumbró entonces la hipótesis de razones subyacentes, más profundas y estructurales, normalmente no explícitas, que complementan el cuadro explicativo.

Métodos analíticos adoptados Fueron consultados para la elaboración de este artículo los documentos de definición del Programa, sus informes y la evaluación general. Se realizaron 22 entrevistas semi-estructuradas con actores que ocuparon posiciones claves en el Programa, no identificados para proteger su privacidad. Además, uno de los autores de este artículo fue consultor del Programa, acompañándolo en sus diversas etapas. Especificamente, fueron analizados cuatro documentos de revisión y evaluación del PPG7: tres estudios intermedios contratados por el Banco y una evaluación final contratada por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). En razón de las críticas a los retrasos burocráticos y a los conflictos institucionales, se decidió en 1999 anticipar la contratación de Henrique Cavalcanti y otros especialistas internacionales (Cavalcanti y otros, 1999), para hacer una primera evaluación institucional del Programa. Al año siguiente, fue seleccionada una consultoría finlandesa fusionada a una paranaense (Indufor/STCP 2001) para una revisión general. Por ser sensible, se destacó el tema de la participación social y se contrató a Rebecca Abers (2001), una socióloga americana. Al aproximarse la finalización del Programa en 2006, el MMA contrató a un grupo de consultores para

realizar una evaluación consolidada (Pinzón, 2006). El Programa además fue objeto de dos tesis doctorales relevantes, utilizadas en el presente texto: la de Hagemann (1994), un análisis crítico del proceso de concepción del Programa y la de Abdala (2007), un análisis del contexto de su ejecución. A este material, se aplicó un conjunto multidisciplinario de conceptos relevantes de la literatura de las ciencias sociales para comprender la articulación institucional del Programa, cuyas referencias aparecen directamente en el texto. Así, Haris y Reilly (1998) consideran que la conducta entre actores se desarrolla como resultado de la coexistencia culturalmente codificada, con base en la historia y en la intensidad de las relaciones de poder y amistad, dentro de la que emergen conflictos. La noción de conflicto (Simmel, 1995; Nascimento, 2001), por su parte, es fundamental para develar la lucha de poder en las relaciones entre instituciones. Los autores llaman la atención al hecho de que los conflictos interinstitucionales, comúnmente, refieren no solo a la disputa pura y simple por el poder de mando, sino también a percepciones y visiones diferenciadas, que se esconden en el juego de intereses. El mando se traduce, generalmente, en la desconfianza sobre la capacidad del otro o el desacuerdo en cuanto a sus concepciones. Así, percepciones y concepciones opuestas, normalmente no mencionadas, constituyen el núcleo central de las disputas. Son varias las formas de conflicto y cooperación dentro de las organizaciones complejas (Etzioni, 1961), entre sus dirigentes y con la sociedad con la que interactúan. Los conflictos en las relaciones de poder pueden motivar cambios en los objetivos perseguidos por medio de comportamientos racionales e irracionales. Los conflictos también pueden ser sobre ideologías, roles, reglas de control y su interpretación, lo cual deriva en problemas de comunicación, acceso a la información, diferencias interpersonales, reglas excesivas, falta de motivación y eficiencia.

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Las relaciones de poder influyen los resultados de los conflictos. El poder es un conjunto de mecanismos (normas, hábitos, etc.) que, al definir identidades y conductas, limita las acciones de actores subordinados. El resultado de la competencia por el poder entre grupos e instituciones está condicionado, entre otros, por los recursos físicos, financieros, técnicos y de status (autoridad y carisma). El uso del poder varía de acuerdo con el objeto, la credibilidad, la identificación con posiciones dominantes, la internalización de valores y las culturas institucionales (Handy, 1993). Las diferencias entre organizaciones (percepciones, objetivos, culturas, estructuras, ambiente y formas de los procesos decisorios) también explican las relaciones de poder; mientras que las semejanzas contribuyen al grado de cooperación (Weiss, 1981). Las culturas institucionales de las organizaciones públicas son resistentes a cambios, debido a sus historias, objetivos, ambientes, ámbitos y tecnologías (Handy, 1993). Ese análisis tiene consecuencias complejas para la gobernanza ambiental. Según el trabajo de Van Vliet (1997), los terrenos de la gobernanza consisten en cuatro elementos: las contribuiciones de la economía multidimensional, el manejo ambiental, las teorías de la regulación sociopolítica y económica y la economía de las organizaciones. Dados los límites de la política pública se debe aceptar que, en el modelo de la gobernanza, persisten innumerables problemas teóricos y metodológicos. La gobernanza puede ser mejorada cuando existe entendimiento entre actores con objetivos diferentes. Las negociaciones no pueden estar basadas únicamente en la fuerza. La aceptación del otro y el diálogo son condiciones necesarias para reducir la intensidad de la confrontación, para construir acuerdos y coaliciones viables, permitiendo transformaciones en las actitudes y el comportamiento (Gramsci, 1975). No se puede olvidar que el Programa se realiza sobre el juego de un régimen interna-

cional, que normalmente tiene instancias de cooperación constituídas por reglas y procedimientos que facilitan la convergencia de expectativas (Krasner, 1983). Los regímenes internacionales reflejan la distribución del poder en el sistema internacional (Grieco, 1988) y representan todas las variables que intervienen entre la distribuición del poder y la cooperación. Por tanto, se vuelve mucho más compleja que la coordinación entre agentes del sector privado, que actúan basados en lógicas de mercado, con fuerte capacidad de presión y control sobre la agenda pública.

La creación del PPG7 y su contexto Partiendo de la necesidad consentida de tomar medidas de reducción de los impactos antrópicos mundiales sobre los recursos naturales, Alemania, en la cumbre económica de 1990 en Houston, presentó al G7 una oferta no solicitada de cooperación a Brasil. Consistía en un programa piloto para actuar contra las amenazas hacia los bosques tropicales, recibida por el gobierno brasilero con profunda desconfianza4, a pesar de la declaración conciliatoria del Secretario Ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)5. El gobierno brasileño creó un grupo de trabajo interministerial para preparar una contrapropuesta. Fueron involucrados además de los donantes multi y bilaterales, gobiernos de las tres instancias administrativas brasileñas (federal, estatal y municipal), movimientos sociales y or-

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Entrevista con Eduardo Martins, secretario adjunto de la Secretaría Especial del Medio Ambiente (Hagemann, 1994: 70; Martins, 1993). En una reunión ambiental en 1989 en La Haya, el Secretario Ejecutivo del MRE abrió una ventana a la cooperación: “Sin abandonar la noción de responsabilidad exclusiva, comprendemos que algunos fenómenos en nuestro territorio pueden impactar en otros países [...]. La cooperación internacional es bienvenida siempre que no implique intervención injustificable” (citado en Hagemann, 1994: 60).

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Figura 1. Alianza “verde” que posibilitó la creación del PPG7. Sociedad brasileña

Sociedad AgroPrensa negocio

Areas del Gobierno brasileño* ONG favorables**

Socio ambiental

Central

Productiva

Donantes principales Banco Mundial*

Comunidad Europea*

Gobierno Aleman

1991 1992 resolución 1992

* Negociadores principales. ** Las ONG brasileñas contrarias terminaron sin influencia, en tanto que las ONG internacionales cedieron el liderazgo a las nacionales favorables al Programa. Fuente: Síntesis de los autores a partir de Hagemann (1994) de acuerdo a Mintzberg (1983). Las flechas más claras representan las alianzas verdes.

ganizaciones no gubernamentales (ONG)6. A ilustradas en la Figura 1. El Banco formó su lo largo de 15 años (1994-2009) de gestión del base de apoyo con la Comunidad Europea y lasdelagencias de los países donantes, especialBanco y, en una segunda etapa, en co-gestión Areas Sociedad Gobierno brasileño* Donantes principales AgroONG Socio Banco Comunidad Gobierno Sociedad las alemanas. con el Gobierno, siempre con la participación mente Central Productiva A pesar de que hubo disPrensa negocio favorables** ambiental Mundial* Europea* Aleman brasileña de la Comunidad Europea, de las agencias de putas constantes entre donantes, el Banco cooperación bilateral y de la sociedad civil, fue- consiguió mantener el liderazgo durante la 2001 ron gastados casi 500 millones USD, un equi- vigencia del Programa. 2005 a 30 millones USD por año o cerca de Se considera, para efectos del análisis, tres valente áreas que tipifican y simplifican las divergen3 millones USD por mes. Esos recursos fueron 2008 destinados a 28 programas y proyectos, y 250 cias existentes en el gobierno federal: una “productivista” o “desarrollista”, cuyo objetivo subproyectos, distribuídos en cinco áreas: era estimular la producción nacional y defen• Experimentación y demostración de expe- der el sector productivo; otra “socioambiental” riencias innovadoras en comunidades loca- que priorizó objetivos sociales y ambientales; y una “central” que tomó las decisiones finales. les. • Conservación y manejo de recursos natura- En el grupo de trabajo interministerial, el área “productivista”, que reunía a los ministerios les. • Fortalecimiento de agencias ambientales económicos y de infraestructura, fue coordinada por el MRE; el área socioambiental estuvo estatales y redes de la sociedad civil. • Investigación científica para la generación representada por la Secretaría de Medio Amy divulgación de conocimientos relevantes. biente de la Presidencia; y, finalmente, el área “central”, la más cercana a la Presidencia, estu• Apoyo al monitoreo y análisis7. vo representada por la Casa Civil. A causa de De acuerdo a Hagemann (1994: 81 y 177), la presión internacional, con la cercanía de la durante el proceso de negociación, a pesar de Conferencia de las Naciones Unidas para el las resistencias iniciales fueron construídas Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD alianzas “verdes” entre los distintos actores, o Eco-92) y debido a la crisis que debilitaba al Gobierno, la Casa Civil aprobó la propuesta. 6 Las ONG fueron representadas por redes, especialEl Gobierno, al establecer un acuerdo con esas mente el Grupo de Trabajo Amazónico (GTA), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la tres áreas, ganó legitimidad internacional y Amazonía Brasilera (COIAB), la Red Selva Atlántica redujo las perspectivas de conflictos diplomá(RMA) y el Consejo Nacional de Caucheros (CNS). ticos. Sin embargo, se mantuvieron los objeti7 Una lista completa de programas se encuentra en vos desarrollistas y nacionalistas y se limitó el Pinzon Rueda (2006). 139 ÍCONOS 37, 2010, pp. 135-148


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alcance de las reformas propuestas para las políticas ambientales. El “área socioambiental” asumió la coordinación del Programa y recibió apoyo durante algunos años. La alianza más significativa talvez haya sido la que se armó entre un grupo de ONG (GTA8), que acompañaba las negociaciones del PPG7, y la Secretaría de Medio Ambiente de la Presidencia de la República, alianza iniciada por consejo del Banco y estimulada por las ONG internacionales. A pesar de las divergencias, en marzo de 1991, según los entrevistados por Hagemann (1994: 112) y por los autores, el Banco consideró que se había llegado a un acuerdo sobre el objetivo general del PPG7. Este consistía en el reconocimiento del nuevo paradigma del desarrollo sustentable, que, como concepto impreciso, permitió una alianza frágil y contradictoria –como se explica más adelante–. Resueltos los primeros choques culturales, los tres principales actores, el Banco, la Comunidad Europea y el Gobierno, suscribieron la Resolución 92-2, constituyendo una gran alianza verde en defensa de los bosques. Se formó así una organización compleja (Etzioni, 1961) entre los donantes, organismos nacionales, ONG y movimientos sociales, lo que permitió avanzar en los propósitos del Programa y mejorar las comunicaciones. Persistieron, sin embargo, innumerables diferencias culturales e institucionales (Mintzberg, 1983 y Handy, 1993) que limitaban las posibilidades de llegar a un consenso y las contradicciones no resueltas fueron exacerbadas a través de nuevos conflictos durante la ejecución del Programa, conflictos inclusive de carácter

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Hoy el GTA es una red formada por dieciseis colectivos regionales con cerca de 600 organizaciones de agricultores, caucheros, indígenas, descendientes de quilombos, recolectores de coco babaçu, pescadores, ribereños, entidades ambientalistas, de asesoría técnica, de comunicación comunitaria y de derechos humanos. Promueve la participación de las comunidades en las políticas de desarrollo sustentable.

interpersonal (Nascimento 2001)9. La resolución definió los objetivos del Programa y, apoyada por un Fondo Fiduciario de los Bosques Tropicales, abrió espacio para ejecutar nuevos programas y proyectos ambientales, con la expectativa de reducir los procesos de devastación o de recomendar formas para viabilizar ese cambio. El objetivo general del Programa fue “maximizar los beneficios ambientales de los bosques tropicales brasileros de forma consistente con las metas de desarrollo de Brasil, a través de la implantación de un enfoque de desarrollo sustentable que contribuyera a la reducción continua de la tasa de deforestación” (Pinzón 2006: 9). Un análisis sencillo del contenido de esa frase identifica, simultáneamente, un consenso sobre el principal objetivo y una contradicción entre la reducción de la tasa de deforestación y las metas de desarrollo, ecuación que planteó condiciones favorables para el surgimiento de conflictos. Además de los tres objetivos específicos (desarrollo sustentable, conservación de los bosques y reducción de la emisión de gases), la resolución estableció un cuarto: la creación de una cooperación internacional ejemplar. Es decir, el Programa pretendía constituirse en referente en el campo de la cooperación internacional alrededor de la conservación ambiental. Debido a su mediación inicial, el Banco ocupó el vacío resultante de la reducida capacidad de iniciativa en la esfera ambiental federal brasilera, al abarcar gran parte de la responsabilidad por la definición de los proyectos y procedimientos financieros. En la reunión en Ginebra (1991), al detallarse las acciones del Programa para los donantes, fueron propuestas actividades de fortalecimiento institucional, tanto a nivel federal como estatal (Hagemann 1994: 83); sin embargo se excluyó el fortalecimento institucional de la esfera fede9

Aunque podría haberse esperado mayores oportunidades de consenso en esta alianza por estar constituida de un número menor de actores que los regimenes internacionales (Krasner, 1983).

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gobiernos. Sin embargo, sirvió para respalral lo que refleja las características del Prodar a aquellos gobiernos con orientación grama, las que se detallarán más adelante. más ambiental, como los de Acre y Amapá El diseño institucional de la gestión del (Pinzón, 2006: 29). Programa fue centralizado desde sus inicios, creando insatisfacciones entre los otros actores • Ejecución de cerca de 250 subproyectos de experiencias innovadoras orientados a la (Haris y Reilly 1998), que pedían mayor parproducción alternativa, incluyendo proyecticipación en las decisiones: el Gobierno detos extractivistas y agroforestales, así como mandaba una cogestión operacional y finande capacitación, articulación y concientizaciera; la mayoria de los donantes reclamaba ción, con la participación y el compromiso autonomía en los proyectos financiados por de segmentos sociales de la población amaellos; el GTA y otras organizaciones de la sozónica. Estos subproyectos beneficiaron a ciedad civil luchaban por una mayor particicomunidades locales en la generación de pación en la concepción y ejecución del ingresos y bienestar y en la adquisición de Programa. nuevos conocimientos sobre el manejo de los recursos naturales del bosque, pero contribuyeron poco a desarrollar su capacidad Análisis del Programa y de sus resultados gerencial o a la divulgación de esos conocimientos entre la población objetivo (Brasil/ Por su propuesta, el PPG7 fue visto como un MMA 2004: 50 y 84). Los entrevistados modelo de conciencia ambiental mundial y coinciden respecto a que el Programa conconsiderado, por sus proponentes, como el tribuyó a aumentar la capacidad organizaprograma más innovador de cooperación Norcional y la conciencia política y ambiental te–Sur. Ese ambicioso Programa generó la esde las comunidades y asociaciones de la peranza de poner en práctica soluciones amsociedad civil; por otro lado, no fue posible bientales a la devastación de la Amazonía por evaluar en qué medida las prácticas prointermedio de la asistencia financiera y técniductivas estimuladas y supuestamente más ca, y la adopción articulada de múltiples enfosustentables, fueron efectivas, replicables o ques, desde los de la conservación ambiental económicamente viables. De modo genehasta los de desarrollo sustentable. El PPG7 ral, los subproyectos no consideraron las contribuyó, según los entrevistados, al fortalecadenas productivas de las actividades esticimento de las redes de la sociedad civil, a la muladas (Pinzón, 2006: 29), ni los orientaconstrucción de capital social entre los moviron hacia la obtención de créditos bancamentos sociales, a la formación de alianzas verrios (Brasil/MMA, 2004: 81); finalmente, des entre esos actores, los órganos gubernael MMA y el Banco intentaron algunas somentales y los donantes y, finalmente, al fortaciedades con el sector privado, con éxito lecimento de una conciencia y una cultura falimitado. vorables al desarrollo sustentable y al respeto • Contratación de 116 proyectos de investihacia la biodiversidad de la Amazonía. gación científica y redes de investigación De entre las realizaciones del Programa, para la generación y distribución de conoordenadas según la importancia de los recursos cimientos; los mismos que fracasaron en la invertidos, están: socialización de sus resultados, ya que la población objetivo no participó en la plani• Esfuerzos para el fortalecimiento de las ficación de las investigaciones. Según agencias ambientales estatales de la AmaAntunes (2004: 73), sin apoyo del subprozonía con impactos limitados, ya que estas, grama ni cualificación para la divulgación, en su mayoría, tenía poco peso en sus 141 ÍCONOS 37, 2010, pp. 135-148


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“poquísimos son aquellos [investigadores] que completaron el ciclo de la comunicación que va de la comunidad de pares hacia la población objetivo de sus proyectos”, mucho menos con proyectos de desarrollo. • Demarcación hasta el 2005, de 92 territorios indígenas (TI), con métodos participativos nuevos; de los cuales 87 fueron homologados, correspondiendo a 37 millones de hectáreas, a las que se suman 2,1 millones de hectáreas de reservas para la extracción, un total de hectáreas que equivale al 9,5% de la Amazonía Legal. Esta demarcación representa el único resultado de escala amazónica y fue acompañada por 51 acciones de protección y vigilancia en los TI; incluyó diagnósticos etnoecológicos que son apenas el primer paso en la construcción de capacidades de autoprotección y etnodesarollo de estos territorios (Pasca, 2007 y Martini, 2007: 27). • Iniciativas de manejo de recursos forestales y de llanuras de inundación, que con otras experiencias contribuyeron a la concepción de políticas importantes. Conflictos institucionales Si bien los tres primeros objetivos fueron lejanamente alcanzados, errores y conflictos impidieron, igualmente, alcanzar el cuarto: constituir el Programa en un modelo de cooperación internacional en el área ambiental. Cavalcanti y otros (1999) concluyeron que, a pesar de la ganancia en capital social, había, entre otras, las siguientes deficiencias en el PPG7: a) insuficiente acuerdo sobre estrategias; b) gestión débil, con poca habilidad para resolver conflictos; c) proyectos complejos de difícil ejecución; d) insuficiente integración de esfuerzos entre la sociedad civil y la iniciativa privada. El informe de revisión intermedia (Indufor/STCP, 2001: 74) reforzó esas conclusiones, ya que constató que el Programa carecía de una visión estratégica de largo plazo y de una matriz lógica que se tradujera en una

aproximación programática coherente e integrada. El Gobierno y los donantes enfrentaron la resistencia del Banco a los cambios en cuento al uso de los recursos financieros; pero en lugar de confrontarlas, optaron por acuerdos bilaterales. En entrevistas con las organizaciones participantes, Cavalcanti y otros (1999: 78) verificaron que el Gobierno, el Banco y los donantes no concordaban sobre aspectos como la formulación de políticas públicas y de gestión. El Gobierno quería recursos para la gestión del Programa y el desarrollo de políticas, en tanto los donantes querían del Gobierno políticas regionales más coherentes sin ofrecer recursos para este fin. De dichas entrevistas, los autores antes mencionados (1999: 55) constataron consensos sobre: a) la necesidad de alcanzar una mayor apropriación del Programa por parte del Gobierno; b) una mejor integración con las políticas públicas; c) una inclusión más efectiva de otros ministerios, más allá del MMA, así como de los gobiernos estatales; d) un mayor fortalecimiento del papel de la sociedad. Cavalcanti y otros (1999: 4) e Indufor/STP (2001: 62) verificaron que los acuerdos financieros e institucionales limitaban la ejecución del PPG7, lo que llevó a grandes retrasos en la formulación y ejecución de los proyectos, con costos de transacción altos y trámites diversos. Como consecuencia, los costos administrativos globales excedían el 40% de los gastos reales (Indufor/STP 2001: 64). Sin embargo, prácticamente nada fue modificado después de los informes, demostrando la resistencia del Banco a introducir cambios en la gestión del Programa y poca decisión de los otros actores para obtener los cambios deseados, una relación claramente asimétrica y conflictiva. En vez de una simplificación de los procesos, fueron sobrepuestos procedimientos convencionales exigidos al Gobierno brasilero por parte de cada agencia internacional, siendo esa “la principal razón del

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bajo nivel de ejecución de la mayor parte de los proyectos del Programa” (Brasil/MMA, 2002). Esas actitudes burocráticas acentuaron las desconfianzas de ambos lados (Mello, 2002; Haris y Reilly, 1998). El régimen presupuestario gubernamental también limitó la ejecución del proyecto al solicitar la internalización y la eventual restricción del uso de los recursos externos10. De tres alternativas a la estructura institucional inicial analizadas por Cavalcanti y otros (1999) en la búsqueda de mayor coherencia y eficiencia, fue seleccionada una gestión compartida entre el Banco y el MMA, en oficinas separadas, la cual fue poco efectiva. “La cogestión conseguida por el Gobierno de Brasil fue parcial. Permanecieron deficiencias tales como la dependencia financiera casi total y la falta de condiciones para la coordinación del Programa” (Indufor/STP, 2001: 69). Según empleados del propio Banco, entrevistados por los autores, nunca hubo la intención de ceder poder efectivo. El Informe de Progreso del Programa (Brasil/ MMA, 2005) citado por Pinzón (2006: 153) indicó que los costos de asistencia financiera y técnica del Banco representaron 35,31% de los valores depositados en el Fondo y los costos de la coordinación del MMA representaron 3,82%.

Razones de los Fracasos

ce temático; sin embargo, no resolvió las limitaciones institucionales. Persistieron los conflictos, las incongruencias y la ineficiencia. De esa manera, el Programa no consiguió ser un modelo innovador de cooperación internacional, tal como fue propuesto11. Hay que tomar en cuenta además que, aparentemente, poco contribuyó al desarrollo sustentable a nivel regional. Los recursos invertidos del PPG7, según Pinzón, sustituyeron, en lugar de complementar, las políticas públicas (2006: 235), actuando como un quiste dentro del Gobierno (Muriel Saragoussi citado en Pinzón, 2006: 11). En la evaluación sobre participación social, la socióloga norteamericana Rebecca Abers (2001: xii) recomendó al Banco que se fomentara la motivación y la capacidad del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil para una participación más efectiva. No obstante, aunque hubieran existido foros de participación formal para las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con los entrevistados, la mayoría de las decisiones fueron tomadas a través de mecanismos que las excluían. Margulis (1999: 34) admitió que el ciclo de proyectos y procedimientos del Banco era incompatible con proyectos de fortalecimiento institucional, necesarios para la participación social. Faltaba la preocupación y el entendimento de que un proceso gradual con un cambio cultural era esencial para fortalecer acciones socioambientales.

Según Pinzón (2006: 19), el PPG7 fue considerado un mosaico de proyectos sin conexión, sin diagnóstico previo ni estrategia de Las Alianzas “marrones” vuelven a dominar largo plazo. De 1996 a 2002, el Programa buscó su expansión con el diseño de una se- Con la elección de Lula, dos esperanzas surgiegunda fase, llegando a acuerdos sobre su alcan- ron, entre tantas otras. Una, la esperanza de un desarrollo sustentable para la Amazonía, con base en un programa de gobierno que incluía 10 La economía ortodoxa considera que las donaciones tienen impactos monetarios y fiscales, por tanto, en Brasil, están sujetas a controles y restricciones presupuestarias. Con participación ínfima en la economía brasilera, ese requisito no es racional, puede serlo en países más pequeños, donde la cooperación internacional desempeña un papel mayor.

11 En los términos de los objetivos del Programa, “proporcionar un ejemplo de cooperación a los países desarrollados y en desarrollo en temas ambientales globales” (Pinzón, 2006: 22).

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Figura 2. Desnivel de las alianzas en el Siglo XXI Sociedad brasileña

Sociedad AgroPrensa negocio

Areas del Gobierno brasileño* ONG favorables**

Socio ambiental

Central

Productiva

Donantes principales Banco Mundial*

Comunidad Europea*

Gobierno Aleman

2001 2005 2008

Fuente: Interpretación de los autores. Las flechas más oscuras representan las alianzas “marrones”, entanto que las más claras, las “verdes”

una nueva política para la región (Partido de los Trabajadores, 2002). Sentimiento que fue fortalecido con la nominación de Marina Silva como ministra de Medio Ambiente y la divulgación de propuestas transversales preparadas por ese Ministerio. Otra, la reconquista de nuevos modelos para una segunda fase del PPG7. La dinámica política, a pesar de eso, fue inversa. Poco a poco, las alianzas “marrones” volvieron a ser hegemónicas, al debilitarse las alianzas “verdes”, como se muestra en la figura 2. A partir de 2001 comenzó a deteriorarse la gran coalición alrededor del PPG7, con fuertes divergencias tanto entre donantes, como en el ámbito gubernamental. De todas maneras, a partir de 2003 disminuyó el papel de los donantes y del Banco y se amplió el papel del gobierno federal. En el segundo mandato del gobierno de Lula (2007-2010), el predominio de las alianzas “marrones” se volvieron evidentes gracias a la formulación, divulgación e implantación del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), con énfasis en proyectos de infraestrutura. Gran parte de los actores de la sociedad civil recibió este programa como un retroceso para la sustentabilidad de la Amazonía. A lo largo de este segundo mandato, la falta de definiciones en cuanto a políticas apropiadas y las sucesivas derrotas de la vertiente ambientalista aislaron aún más al “área socioambiental”, lo que llevó a la renuncia de la Ministra de medio ambiente y su retorno al Senado.

El Programa Amazonía Sustentable (PAS), de cobertura regional, concebido en 2004 bajo la dirección de la Casa Civil, solo fue aprobado en 2008. En él se definieron directrices que buscan compatibilizar visiones federales y estatales de desarrollo sustentable, pero no logró resolver el conflicto entre la ampliación de la infraestrutura defendida por los “desarrollistas” y la creación de sustentabilidad difundida por la “alianza verde”. Al contrario, las políticas continuaron siendo definidas sin la participación del MMA y postergando el tratamiento de temas socioambientales. En realidad, el PAS no tuvo mayor influencia sobre la acción del gobierno, conviritiéndose en un texto vacío y sin valor. Aparentemente, las limitaciones institucionales, los desacuerdos y las luchas por el poder surgidas durante la ejecución del Programa, además del incremento de la resistencia hacia la intervención extranjera, habrían impedido la continuidad del PAS por la falta de apoyo externo; de otra forma, este podría haber sido una consecuencia natural del PPG12.

12 “En el actual momento, definidos los parámetros generales de la política gubernamental para la Amazonía, existe una oportunidad histórica de aprovechar el patrimonio de conocimientos acumulados y la base social [...] del Programa Piloto en la gran política pública para la Amazonía” (Brasil/MMA, 2005: 20).

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Limitaciones en la concepción del Programa La investigación documental y cualitativa realizada permitió identificar serias limitaciones institucionales y múltiples desacuerdos provenientes de la falta de un diagnóstico, de evaluación y estrategias comunes, y mostró asimismo escasos resultados del PPG7. De este modo, no fue posible constituir el pretendido modelo de cooperación internacional en el ámbito ambiental, perdiéndose una excelente oportunidad para ampliar la gobernanza ambiental en la Amazonía. Además, no se logró una apropiación suficiente del Programa por parte del gobierno federal ni la participación más efectiva de la sociedad civil. Alertados sobre esos desafíos a través de sus propios informes, los conductores del Programa no fueron capaces de tomar las medidas adecuadas para corregirlos. El resultado analítico más importante es aquel que señala que el Programa poco contribuyó en el desarrollo sustentable de la Amazonía. No es de extrañar que programas gubernamentales ambiciosos terminen frustrando a sus formuladores, gestores, socios y público beneficiario. El PPG7 fue un ejemplo singular de esta situación, ya por los recursos empleados como por la expectativa que esos actores levantaron. Las razones del fracaso del PPG7 no se limitan, únicamente, a las citadas fragilidades institucionales, a la insuficiente participación social, a la ausencia de diagnóstico, a la falta de un modelo ágil y eficiente de gestión y monitoreo y de un grupo de decisión hábil y eficiente. Si bien todos esos fueron factores importantes, antes que superficiales, las diversas evaluaciones mostraron esas inconsistencias y señalaron soluciones técnicas que no fueron contempladas; si no se las adoptó fue porque había otros motivos. De esa forma una buena pregunta parece ser: ¿por qué los errores identificados no fueron corregidos?

Una primera hipótesis parece residir en el hecho de que la concepción del Programa no daba lugar a una ingeniería institucional conveniente, ni permitía acciones que pudieran brindar los resultados deseados. El Programa estaba basado en una concepción ideológica propia del contexto neoliberal predominante que no atribuía un papel relevante a los gobiernos nacionales del Sur dentro de la cooperación internacional. Ese presupuesto indujo al predominio, en la ejecución del Programa, de los gobiernos subnacionales, del mercado y de la sociedad civil. Por otro lado, el reducido papel estratégico del Programa en la visión del Estado fue consistente con el predominio de su objetivo desarrollista sobre el de la sustentabilidad. El abordaje que parece haber inspirado a los principales mentores del Programa fue aquel de minimizar el papel del Estado nacional, personaje excluido bajo el lema ambientalista: “pensar globalmente y actuar localmentente” presente tanto en la izquierda como en la derecha. Este lema no involucra la dimensión nacional, lo que conduce a beneficios meramente locales, sin interferencia del Estado nacional. Al dar preferencia excesiva a lo local, se dejó de fortalecer las agencias estatales responsables de la gestión ambiental, su aparato institucional y su capacidad de decisión, todavía débiles. Según Bustamante (2008), a pesar de que la cooperación internacional puede traer beneficios socioambientales a los países del Sur, también puede ser un dispositivo para mantener la asimetría del sistema mundial, un ardid para asegurar una dependencia permanente, en lugar de fortalecer a los gobiernos para enfrentar problemas ambientales tales como el calentamiento global, lo que parece haber ocurrido con el PPG7. La base ideológica del Programa suponía que en la Amazonía tanto el mercado como la sociedad civil poseen una dinámica propia, estimulada más bien por la ausencia del Estado nacional. Se olvida que, en el Brasil del siglo

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XX, el Estado no fue un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y del mercado, tampoco impidió el desarrollo de la región y del país como un todo. Al contrario, fue el principal agente de su crecimiento (Baer, 1969; Furtado, 1963; Silva, 1973; Suzigan, 1986). Abandonarlo significó excluir un actor de la más alta relevancia en regiones de poco desarrollo, sobrevalorando la dinámica de mercado en regiones de frontera del sistema capitalista y sobredimensionando la capacidad de organización y movilización de la sociedad civil. Aún más cuando en la selva no solamente es limitada la presencia del Estado sino que la dinámica de la economía de mercado es frágil, con participación de poquísimos agentes empresariales. En áreas con características como las de la Amazonía, la ausencia del Estado más bien estimula las prácticas ilegales de deforestación. La sustentabilidad de la Amazonía supone la presencia del Estado, sin el cual la conservación ambiental es una quimera.

Conclusión El Programa acabó sin obtener los resultados esperados y, sobretodo, sin constituirse en referente de cooperación internacional en el campo ambiental como lo deseaban los gobiernos del Norte y las agencias multilaterales. Los estudios consultados y las entrevistas realizadas señalaron diversas deficiencias enumeradas a continuación que finalmente convirtieron al Programa en una especie de mosaico de proyectos poco artículados, sin estrategias de largo plazo: • Diagnóstico insuficiente sobre la región Amazónica, sobretodo en relación a las potencialidades de su mercado y de su sociedad civil. • Objetivos poco coherentes entre sí. • Falta de una estrategia clara y consensuada entre los actores, así como de un marco lógico consistente.

• Disputa por el poder entre los actores, en especial entre el Banco, los donantes y el gobierno federal, que condujo a frecuentes desentendimientos institucionales. • Gestión frágil y costosa, con gran lentitud burocrática. • Foros participativos poco efectivos, con un tipo de participación más simbólica que real. • Poca integración del Programa con las políticas públicas del gobierno federal y de los gobiernos estatales. • Poco involucramiento de los ministerios económicos y de infraestructura. • Régimen presupuestario federal que limitó la ejecución del Programa al requerir la internalización y eventual restricción de los recursos externos. Sin embargo, esas explicaciones son insuficientes para esclarecer los fracasos del Programa, las razones más profundas residen en su concepción: valoración excesiva de lo local, de la sociedad civil y la negligencia del Estado nacional; pero también en las contradicciones internas del gobierno federal, poco inclinado a adoptar políticas favorables a la conservación ambiental. Consistente con las prioridades del gobierno federal, en la medida que el Programa invirtió casi 500 millones de dólares a lo largo de 15 años, se fueron disponiendo cada año montos mayores de crédito, dirigidos a los agricultores y ganaderos principales responsables de la deforestación de la Amazonía. La concepción del Programa intentó introducir prácticas no consistentes con la realidad nacional, método típico de la cooperación internacional que parte de presupuestos en vez de diagnósticos, sin respetar las prácticas sociales de la población beneficiaria. Se espera que los nuevos esfuerzos de cooperación internacional en el campo ambiental sepan aprovechar esta experiencia.

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La construcción del heroísmo de Mariana de Jesús: Identidad nacional y sufrimiento colectivo1

The Construction of the Heroism of Mariana de Jesús: National Identity and Collective Suffering Natividad Gutiérrez Chong PhD por la London School of Economics and Political Science. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Correo electrónico: nativid@servidor.unam.mx Fecha de recepción: septiembre del 2009 Fecha de aceptación y versión final: febrero 2010

Resumen Este artículo aborda tres temas interrelacionados en el estudio de la identidad nacional: el sufrimiento colectivo, la agresión de la naturaleza por terremotos y la construcción del heroísmo basado en un ícono femenino: Mariana de Jesús. Para explicar la novedad de estos temas recurrimos a una propuesta metodológica que combina tres tipos de nacionalismo y una tipología de roles de mujeres en los nacionalismos. Con estos recursos, ubicamos el surgimiento del mito de esta heroína como prenacionalista aunque su socialización masiva se encuadra en la construcción de la nación por parte la oligarquía y la iglesia durante el siglo XX. El artículo esta basado en fuentes documentales primarias. Palabras clave: identidad nacional, sufrimiento colectivo, nacionalismos, heroínas, símbolos nacionales, naturalización.

Abstract This article addresses three interrelated themes in the study of national identity: collective suffering, the aggression of nature related to earthquakes and the construction of heroism based on a feminine icon: Mariana de Jesús. To explain the novelty of these themes, we resort to a methodological proposal that combines three types of nationalism and a typology of women’s roles in nationalisms. With these resources, we demonstrate that the rise of the myth of this heroine is pre-nationalist but its massive socialization is framed in the construction of the nation by the oligarchy and the church during the 20th century. The article is based on primary documentary sources. Key words: national identity, collective suffering, nationalisms, heroines, national symbols, naturalization. 1

En recuerdo a Mariana Ximena (1982-2008) quien sacrificó su vida a los 26 años. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, mayo 2010, pp. 149-161 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249


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Natividad Gutiérrez Chong

n abril del año 2007, visité el Museo de las Conceptas (Convento de las Marianas de Jesús, Cuenca, Ecuador)2. Un retrato al óleo llamó poderosamente mi atención. En éste se representa el torso de una joven mujer en riguroso hábito negro, sostiene con delicadeza una azucena, en la austera mesa, hay un cilicio y una calavera, al pie de la obra la siguiente leyenda “‘La Azuzena de Quito. V.V. Mariana de Jesús, que por libertar a su patria de la peste y los terremotos que padecía, ofreció su vida en sacrificio’.- Murió de 26 As. De edad. Llena de Mer. en 1645”3. La obra, sin duda, representa un tributo a una heroína que se sacrificó por su nación azotada por los terremotos destructivos, el hambre, las epidemias y la desolación. Otros ejemplos de mujeres convertidas en heroínas o arquetipos nacionales por sus hazañas a favor de la patria son: La Libertad del París revolucionario (La libertad guiando al pueblo, Museo Louvre) que inmortalizó el pintor Eugène Delacroix (1798-1963) en una mujer, nombrada, también Marianne; o la mestiza que simbo-

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Agradezco a Cristina Corral, gerente del Museo de las Conceptas, por su asistencia en la localización de fuentes sobre la heroína (abril 2007), asimismo a Leticia Limón de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. El siglo XVII, dice el historiador José Gabriel Navarro y Enríquez (1881-1965), fue el siglo de los terremotos en la Real Audiencia de Quito. Los terremotos de 1645 y 1648 hicieron desaparecer a Riobamba; el de 1674 desoló el cantón de Chimbo; en 1660, las erupciones del Pichincha despoblaron gran parte de la región occidental que hasta ahora permanece deshabitada; y en 1698, Latacunga y Ambato veían enlutados sus hogares a causa de los terremotos y enfermedades que por poco los hacen desaparecer. En 1645, la alfombrilla y la viruela diezmaron las poblaciones de Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba y Azuay; volviendo a verse, en 1693, azotadas por el sarampión y la viruela que causaron estragos verdaderamente terribles y desesperantes (Navarro y Enríquez, 1929). Los terremotos y sus secuelas fueron propicios para la implementación de otras estrategias de conversión impulsadas por órdenes religiosas, por ejemplo, la de los mercedarios, la orden de la Virgen de las Mercedes o de los Terremotos; tales estrategias eran novenarios, procesiones, penitencias, paseo de imágenes importantes, entre otras (Kennedy Troya, 2001: 141).

liza el origen étnico de la nación mexicana, la Malinche, conocida también por Marina. En la composición pictórica de Delacroix se consagra el símbolo revolucionario de la vida moderna, el triunfo popular frente a la clase opresora que yace aplastada ante la mirada de Marianne, el ademán con el que empuña la bandera de una Francia liberada que apunta al futuro y la sensualidad de sus senos descubiertos. La Malinche de México, asume un doble rol: por un lado, al ayudar y servir al invasor, el conquistador Hernán Cortés, traiciona a su gente, pero, por otro, da lugar a la unión simbólica de indias y europeos que se ha convertido en el incuestionable origen del mestizaje mexicano. En ambas mujeres hay sensualidad y sexualidad explicitas en la construcción simbólica de género, hay sensualidad triunfal y hay también, un origen idealizado de maternidad de una sociedad que nace diversa. Pero la heroína de Ecuador, Mariana de Jesús, se aparta por mucho de la sensualidad y de la maternidad de sus arquetipos pares. Ella representa la construcción triste y adolorida de una nación. Una multitud indefensa por el hambre y la enfermedad está en ciernes y se expresa en el dolor y el sufrimiento de una mujer. Riobamba, llamada “la cuna de la nacionalidad ecuatoriana”, casi sucumbió ante un terremoto en 1645 que afectó también a Quito. Mariana, se dice, ofreció en misa solemne su vida a Dios a cambio de la salvación de su pueblo. La peste que siguió al terremoto cesó después del ofrecimiento, pero Mariana enfermó de muerte (Segur, 1998: 219). Este artículo aborda un conjunto de temas interrelacionados con el estudio de la identidad nacional4 y las mujeres. Partimos de que el 4

“La identidad nacional a menudo se describe como un conjunto de hábitos, actitudes, creencias, sentimientos, emociones que reflejan la uniformidad de la vida social a fin de satisfacer las exigencias del trabajo moderno. También se conoce como representación de originalidad cultural en la que los ciudadanos que comparten tal identidad recrean su sentimiento de pertenencia en un mundo cada vez más interdependiente” (Gutiérrez 1998: 84).

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mito mariano de Ecuador es una construcción simbólica de unidad, instrumentada por la iglesia y el estado del siglo XX, aunque su leyenda y ambientación cultural tienen como fecha histórica la sociedad colonial de la Audiencia y Cancillería Real de Quito (15631822). En la fabricación de este simbolismo nacional5, basado en un personaje femenino, están presentes nuevos elementos en el tratado de la identidad nacional, esto es, el uso del sufrimiento como medio para evocar y cohesionar sentimientos colectivos en un contexto de desastres naturales. El análisis de la identidad nacional ha incursionado en la importancia que tienen los sepulcros y los monumentos a los ancestros y a los caídos en las guerras. También ocupan un lugar importante en la memoria y el recuerdo colectivo la conmemoración de episodios violentos, como las víctimas de genocidio o de exterminio (Smith, 1998y 1991). Sin embargo, la relación entre sufrimiento colectivo y violencia provocada por la naturaleza, en especial, la forma impredecible y destructiva en la que ocurren los terremotos, como factor de cohesión social, no ha recibido atención suficiente. Ahora bien, la investigación sobre el nacionalismo y sus múltiples ángulos y facetas, entre ellos, el de la identidad nacional, requiere una ubicación temporal y conceptual, toda vez que sus usos y definiciones no son intercambiables. La nación y su ideología han sido fenómenos multidimensionales que han recibido amplia teorización, pero han quedado de lado esfuerzos por incluir análisis que den 5

La santidad de Mariana, según argumenta Segur, fue inducida, cultivada por los padres jesuitas quienes veían en sus virtudes e inteligencia excepcionales la oportunidad para confirmar que la reconstrucción del mundo católico puede producirse espontáneamente, solo es necesario que la fe y las virtudes sean protegidas y cultivadas (Segur, 1981: 216). Para Kennedy Troya, la orden jesuítica había contribuido a que la población conociera los milagros de Mariana, pero también tenía el propósito de dotar a la ciudad de Quito con su propia santa (Kennedy Troya 1996: 8).

cuenta de los roles femeninos en estos amplios y profundos procesos nacionales. Esta carencia precisa de la construcción de modelos explicativos que den cuenta de la especificidad de los roles femeninos, en el extenso ámbito de la investigación del nacionalismo. El artículo, entonces, integra tres partes. En la primera, se desarrolla una propuesta metodológica para el estudio de las mujeres y la nación; en la segunda, se aborda el contexto de la leyenda y el uso del sufrimiento; en la tercera, se explica el mito y su función social en tanto “tradición inventada” (Hobsbwam y Ranger, 1983).

La metodología de los roles de género y los tipos de nacionalismo6 ¿Cómo explicar el caso de la feminidad arquetipica de Mariana de Jesús y su profundo simbolismo construído en la identidad nacional de Ecuador? Es un lugar común reiterar que el analista recurre al concepto nacionalismo para explicar procesos socio-políticos, étnicos y culturales muy diferentes entre sí. De modo que el nacionalismo puede ser desde una doctrina inventada en Europa en el siglo XIX, hasta un estado de la mente, un ideal de independencia o una expresión cultural (Leoussi y Smith, 2002). En consecuencia, tampoco hay una sola definición lo suficientemente elástica para compilar la multiplicidad de hechos históricos que se integran en la modernidad del nacionalismo. Por lo tanto, recurro para el caso que aquí nos ocupa, a un modelo que diseñé para entender la intersección de los roles de género y los tipos de nacionalismos (Gutiérrez, 2004 y 2006) y mostrar nuevamente su pertinencia. 6

Esta sección se deriva del modelo de análisis que integra los roles de género y los tipos de nacionalismo que desarrollé para la investigación Mujeres y nacionalismos: estudios de matria, territorio y región, PAPIIT-UNAM. El desarrollo completo del modelo, así como una discusión de las principales escuelas de las teorías del nacionalismo y su relación con los estudios de mujeres, esta publicado en dos obras diferentes véase Gutiérrez Chong (2004 y 2006).

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Este modelo parte del principio de que no hay un solo nacionalismo, más bien, hay tipos de nacionalismos en la perspectiva histórica y específica de América Latina. Estos tipos de nacionalismos, los identifico en un arco historico que parte desde finales del siglo XVIII hasta el presente: • El surgimiento del estado soberano, las luchas de independencia y de liberación colonial. La autodeterminación, el surgimiento y consolidación del estado como resultado de las guerras de independencia, la elección de gobiernos popularmente electos y sus instituciones constitucionales. Siglos XVIII y XIX. • El proceso de construcción de la nación por el estado. El forjamiento de la patria y del nation building por medio de un nacionalismo oficial y sus instituciones. Siglos XIX y XX. • La construcción de la nación multicultural o plurinacional. La capacidad de negociación y liderazgo de nuevos movimientos étnicos o proyectos que cuestionan el nacionalismo oficial y que demandan pluralidad y reconocimiento en la agenda democrática. Fin del siglo XX hasta el presente (Gutiérrez, 2004: 29, 38 y 53). Ahora me referire a la tipología desarrollada por Yuval-Davis y Anthias en 1989, que muestra cinco intersecciones de roles de mujeres, los cuales son susceptibles de combinarse de acuerdo a cada tipo de nacionalismo. • Como reproductoras biológicas de los miembros de las colectividades nacionales. • Como reproductoras de los límites de los grupos nacionales (mediante restricciones sobre las relaciones sexuales y maritales). • Como transmisoras activas y productoras de la cultura nacional. • Como símbolos significantes de diferencias nacionales.

• Como activas participantes en luchas nacionales7. Así, por ejemplo, el personaje de Malinche asume varios roles en la formación de los nacionalismos mexicanos: reproductora biológica, reproductora de fronteras de identidad, símbolo de unidad. Su surgimiento es míticamente contextualizado en el tiempo de la conquista, pero su socialización, a gran escala, ocurre en el segundo tipo de nacionalismo, es decir, durante el proceso de construcción de la nación por el estado. Proceso que involucró la expansión de la educación estandarizada y la delimitación de una identidad nacional basada en el mestizaje, como símbolo de unidad nacional8. Es claro que el conjunto de esta tipología no se aplica al caso estudiado pero su presentación y ejemplificación arriba elaboradas, son necesarias a fin de resaltar la originalidad que buscamos demostrar. El rol de Mariana de Jesús es el de un símbolo para delimitar la identidad nacional, un símbolo significante para establecer diferencias nacionales, mostrar sus marcas de autenticidad cultural y, al mismo tiempo, propiciar unidad. Esto es: el paisaje andino imprime originalidad en la identidad, pero en este paisaje natural ocurren violencias telúricas que desatan un gran sufrimiento colectivo, de ahí la importancia de construir un ícono de protección y unidad. La unidad en el estado nación tiene el propósito de inspirar la movilización colectiva en torno a objetivos comúnes (Smith, 1998: 62). La consolidación de este mito mariano, aunque construído en un contexto colonial, se forja durante la etapa del nation-building (segundo tipo de nacionalis7

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De forma pionera Floya Anthias y Nira Yuval-Davis desarrollaron esta tipología en el libro Woman-NationState (1989). Aquí se utiliza la traducción que se hizo para Gutiérrez (2004: 25). En ése mismo volumen, véase Yuval–Davis “Género y nación”. Para complementar esta aclaración, mencionaré que los roles de mujeres como activas participantes en luchas de liberación nacional las convierte en heroínas, ayuda a ilustrar este caso la mexicana insurgente Josefa Ortiz de Domínguez.

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¿Donde ubicamos entonces en nuestro momo), de ahí la pertinencia de ubicar, aunque a rasgos generales, tres diferentes momentos del delo a Mariana? Su rol de mujer transformado en símbolo nacionalista es más contundente y nacionalismo. por ende, único, ejemplar, irrepetible. Solamente se entiende en la profundidad de la naturaleza cuya furia indomable no puede ser Mariana de Jesús: un ícono femenino prevenida ni controlada por el ser humano. La en la identidad nacional naturaleza suscita terror o veneración colecti9 Todos los arquetipos nacionales , sin excep- va, es terrorífica o majestuosa, por ello provoción, son únicos. En la historia de las naciones ca distintos sentimientos de identidad. Sobre no ha ocurrido que una nación imite a otra en el tremendo impacto que la naturaleza suele cuanto a la invención y recreación de sus sím- inspirar en temas de identidad nacional está el bolos. El caso de Mariana de Jesús aporta evi- de conceder una historicidad a los sitios natudencia para destacar su originalidad. No es rales, así, volcanes, cordilleras, montañas están una heroína pre-nacionalista ni una líder revo- imbuidos de “divinidad”, se consagran como lucionaria; tampoco es una madre protectora o sitios sagrados o como dice Anthony Smith se un símbolo revisitado de la diversidad y la glo- “naturalizan los sitios históricos” (Smith, balización (Malinche según las escritoras 1998: 64). Los Alpes y sus paisajes nevados mexicanas en la frontera estadounidense). Ma- por ejemplo, otorgan sublimidad a la identiriana no forja a la nación, porque no es prota- dad recreada y cultivada en Suiza porque se ha gonista de luchas campales para expulsar al vuelto parte del hábitat como referencia al extranjero, como lo fue Juana de Arco, ni una “hogar” (Zimmer, 2001: 103). Pero en el caso lideresa, una activista o pensadora por las ideas ecuatoriano, aunque los volcanes forman parte de libertad y soberania o de opresión y hu- del hábitat, infunden respeto y terror. Así millación de una nación por otra. Cierto que vemos que en la búsqueda de una áurea de es una figura femenina protectora, pero no en protección colectiva frente a una naturaleza rol de maternidad y procreación como la Vir- indomable se entiende el sacrificio de Mariagen de Guadalupe: ¿Qué no estoy aquí que soy na10. El estado-nación es una promesa de restu madre? En suma, Mariana de Jesús se apar- tauración para calmar y sanar los tiempos del ta de los modelos por la búsqueda de libertad, caos y de desastre, para restaurar el orden, para de defensa y de protección que han sido instrumentar un orden moral y para dar a sus comunes a los procesos históricos de emanci- nacionales un sentido de destino (Valentine, 1997: 310). La nación es un espacio simbólipación de las colonias de América Latina. co y territorial que protege y da sanación, con 9 Nuestro enfoque no refiere la concepción psicoanalíti- ello construye las bases de su legitimación poca de Carl Jung sobre los arquetipos y el inconsciente lítica y soberana. El rol de Mariana es dotar a colectivo en tanto tipos arcaicos o primigenios o imá- la nación ecuatoriana de un símbolo de restaugenes generales existentes desde tiempos inmemoriaración ante el sufrimiento humano, sin distinbles (Jung, 2002: 5). Reconocemos que en el estudio de la identidad, el uso de arquetipos es de gran ayuda ciones raciales, sociales o étnicas, teniendo ya que estos condensan en alguien o en algo las características importantes que se consideran epítomes de los modelos de perfección, logro y belleza y, por lo tanto, merecen admiración e incluso ser emulados (Gutiérrez, 1998: 85). Por ejemplo: héroes sufrientes, mártires, protectores y defensores de la independencia y los derechos civiles, padres y fundadores, virtudes, valores, hazañas, paisajes, montañas, arquitectura entre muchos otros.

10 Una serie de terremotos destructivos se registran en la zona andina a partir de 1640. En 1645 los sismos de Riobamba y Quito. Quito sufre sismos de regular intensidad en 1662, 1678 y 1755. En 1797 Riobamba fue destruida. El volcán Pichincha hace erupción en 1660, el Cotopaxi de 1742 a 1744 y en 1768 hizo una gran erupción (Gascón y Ahumada, 2005).

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como contexto una naturaleza impredecible e incontrolable. La peculiaridad de esta mujer es su sacrificio personal para atemperar las fuerzas de la naturaleza. No interviene en ningún tipo de negociacion donde halle lugar el raciocinio humano, no se buscan resultados culturales ni políticos. Se erige como una protectora ante la violencia creada por la naturaleza y no por la violencia que produce la humanidad “[…] que la guerra es un juego de hombres, que la máquina de matar tiene sexo, y es masculino” (Sontag, 2003: 14).

Mariana de Quito Sobre la vida de Mariana, hay por supuesto, una mezcla de leyenda, hecho y ficción. Me referiré brevemente a tres fuentes de documentos: a) los documentos históricos de la Compañía de Jesús11; b) biografías, artículos y panfletos sobre su vida12; c) una novela y un ensayo contemporáneos13. Una fuente adicional es la vasta iconografía en la que Mariana es representada en relación con la naturaleza y los desastres naturales14. Estas fuentes son de importancia para trazar la construcción de Mariana de Jesús y Pa11 Documentos para la historia de la Beata Mariana de Jesús, Azucena de Quito, Imprenta del Clero, Quito, 1902 y Santa Mariana de Jesús (Según Los Testimonios Jurados de los Procesos), Imprenta Católica, Quito, 1954. 12 La lista de estos documentos se encuentra al final del artículo. 13 La novela Aprendiendo a morir de Alicia Yañez Cossio (Quito 1928- ), la cual está basada en fuentes jesuitas y proporciona una convincente atmósfera cultural y doméstica de la vida cotidiana en dicha ciudad durante el siglo XVII. El artículo de Raquel Segur (1998) que aborda tres temas: el discurso hagiográfico, las anomalías psíquicas de Mariana que explican su masoquismo y la santidad secular de la religiosidad política propuesta por la Compañía de Jesús. 14 La biblioteca jesuita en Quito incluye una exhibición permanente sobre la vida de Mariana, en la que se pueden observar algunos de sus objetos personales, así como una colección de varios retratos de ella atribui-

redes como la primera heroína de Ecuador. Proceso que implica la elaboración de aspectos de su vida, pero de manera más importante, su obsesiva pasión por la divinidad; pasión que fue intelectualmente reelaborada por los jesuitas para fabricar un modelo de feminidad basado en la madre de Jesús, María de Nazaret, y que pudiese ser ampliamente representado en el contexto de la oligarquía militar y catolicismo del Ecuador. Esta importante construcción del modelo femenino de heroicidad, dota a Mariana de otro factor indispensable para la inspiración colectiva, el exempla virtutis (Smith, 1998: 71). Hay una extensa bibliografía sobre la leyenda de Mariana, suficiente aquí es señalar que nació en Quito, en 1618, de ascendencia criolla, en el seno de una numerosa, noble y adinerada familia, quedo huérfana a la edad de cinco o seis años y murió a los 26. Según los Testimonios Jurados de los Procesos (1954) fue una “hija predilecta de la Compañía de Jesús”. Vivió bajo la tutela y dirección espiritual de los jesuitas. Asimiló el espíritu de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía. Consagró su alma y vida entera a los ejercicios espirituales, sus reglas y constituciones, de ahí que aprendiera y siguiera devotamente los rituales de la Adoración de la Cruz, del Viernes Santo y de la Disciplina de las Tinieblas. Tomó el nombre de Jesús y vistió hábito. De su profunda espiritualidad y asimilación de los preceptos jesuitas y de su amor divino a Jesús se derivan dos aspectos interrelacionados con la construcción cultural del sufrimiento y la identificación de la violencia de la naturaleza con la identidad nacional. Veamos por un lado, su tormento auto infligido, su intenso sufrimiento físico y su auto sacrificio. Por otro, la ocurrencia de desastres naturales, particularmente terremotos y erupciones volcánicas como producto de la topografía dos a varios autores y escuelas desde el siglo XVII hasta el XX. Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinoza Polit, Barrio Cotocollao, Quito (abril 2007).

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explica Sznaider (1996: 333), no había escapatoria al dolor, la gente vivía y aceptaba el dolor como castigo a sus pecados y se consideraba una virtud y una bendición. Otra forma de entender el sufrimiento son las reflexiones del alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860) en su “On the suffering of the world” en Essays and Aphorisms (1973: 41): el dolor y el sufrimiento se esparcen entre los humanos por la ausencia de gratificantes placenteros como la falta de salud, de alimentación, incluso de gratificación sexual. Pero todo lo que es desagradable impresiona muy directa e inmediatamente y con gran claridad. Este imaginario de sufrimiento colectivo enmarca aquellas visiones del naturalismo francés del siglo XVIII15 con respecto a la supuesta “pubertad” del continente americano16. Este sufrimiento colectivo era provocado por la naturaleza implacable de una tierra en proceso de formación, tal cual “niña”, débil e inPara Mariana todo fue sangre, a su paso por madura; de ahí la degeneración y rareza de las la vida. Las paredes de la habitación, los coespecies vivas, la humedad y los pantanos. Así, rredores de la casa, las entrañas del jardín, no es casual que el “embrionario patriotismo los cilicios, las disciplinas, las cruces, los americano” (Gerbi, 1939: 50) se exprese no vestidos, los libros, la vihuela, todo lo que solo en la defensa sino también, en la apología estaba junto a ella estaba salpicado de su de las excelencias naturales de América. En el sangre. Le caía como hilillos de las sienes proceso que las colonias americanas tuvieron coronada de espinas, le corría por las espalque emprender para buscar su delimitación y das, le goteaba de los cabellos, le chorreaba especificidad respecto a España, las elites criode las extremidades. Era el místico festival llas encontraron al menos dos fuentes de vasta de lo sangriento. Era el ascético esplendor originalidad cultural. Por un lado, el pasado de lo ensangrentado […] (Romero y Cordero, 1945: 128). prehispánico (México)17 y, por otro, el caso que nos ocupa, la apología de las tierras, los La relación de su martirio y el derramamiento volcanes, minerales y efectos saludables del de sangre emulan a Cristo Crucificado, con su clima. Con este proyecto intelectual de inspimuerte redime a la humanidad del mal y le ración jesuita se forma un nacionalismo inciofrece el acceso al cielo, su salvación. Mariana con su sacrificio también redime, salva, busca el 15 Naturalistas franceses como Bufón (1826) y Cornélius de Paw (1768). perdón para aliviar el sufrimiento de sus se16 Antonello Gerbi se refiere al continente americano mejantes castigados por el espectáculo aterracomo la “niña púber” (1939: 48). dor de las ruinas y destrozos causados por in- 17 Sobre la glorificación del pasado prehispánico como tema relevante en la gestación del nacionalismo mexicontrolables e inexplicables sacudidas telúricas. cano hay, por supuesto, una amplia obra. Algunos La erupción volcánica, además de causar inconejemplos en orden cronológico Grajales (1961); tables muertes, pérdidas y desolación, se erigía Brading (1973); Lafaye (1985); Florescano (1987) y en una amenaza aterradora. En la edad media, Gutiérrez (1990, 1997 y 2006). andina, que por su intensidad y frecuencia se atribuían a la furia de Dios. ¿Cómo del horroroso dolor que se auto infligía, se desprende el heroísmo por Quito? Su amor profundo por Jesús es la ruta que la conduce a practicar y experimentar el dolor físico y el tormento. Desde una edad temprana aprende a auto castigarse y a renunciar a todo placer, a vivir con espantosa frugalidad y ayuno, para ella no era suficiente derramar lágrimas sino sangre, por lo que se infligía terribles martirios corporales. Los Testimonios Jurados de los Procesos (1954) narran con detalle sus escalofriantes tormentos y la forma en que buscaba e inventaba formas de martirizarse. Había logrado averiguar el dolor que causan los golpes propinados por piedras y el tormento de tener sed, mientras se tiene enfrente un vaso de agua, bajo el cielo lluvioso de Quito y la contemplación de sus picos nevados.

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piente, que buscaba superar los prejuicios de inferioridad física atribuidos al continente por las tesis deterministas del naturalismo francés, dando lugar a la defensa de la geografía, la flora, la fauna, la topografía. Hemos advertido la presencia de una simbólica asociación de la sangre vertida por el sacrificio para calmar el sufrimiento colectivo. Y tal sufrimiento y desesperación están enmarcados en la temible naturaleza de los volcanes pero también, en su imponente belleza. Desde lo alto de los Andes, narran los Procesos, Mariana contemplaba la ciudad de Quito, en esta fase de su vida abandona su hogar y se retira para vivir un tiempo corto en soledad, desde esta lejanía advierte una conmovedora belleza natural, a Quito y a sus alrededores, a los volcanes, al firmamento, al verano ecuatorial y el daño causado (Romero y Cordero, 1945: 175). Terror y belleza se entremezclan en la naturaleza de Ecuador. Los constructores de este poderoso mito y símbolo nacionalista han visto en su sacrificio individual la liberación y salvación del sufrimiento de una nación. Por eso, “Dios quiso que fuese quiteña y naciera al pie del Pichincha” (ibídem), el volcán asociado a la identidad nacional de Ecuador. Sin la asociación de Mariana con la naturaleza no se comprende el valor simbólico de la identidad nacional. Sangre y azucenas Un símbolo inequívoco del sacrificio es el derramamiento de sangre. Derramar sangre es dolor extremo, es desgarramiento, es aflicción. La identidad nacional de Ecuador esta fabricada en la ambivalencia del sufrimiento y el alivio, de ahí, que la sangre sea el vehículo mediador. De la sangre vertida de Mariana se construyen otros símbolos de identidad nacional, expresados en la identificación de cosas naturales, por ejemplo, la flora18. La sangre

martirizada que brotaba de Mariana caía en la tierra, pero de ahí no surgía el color encarnado, sino el color de la nieve, naciendo la flor nacional de Ecuador, la azucena. O bien, de tanta sangre derramada su palidez que diera el tono blanco de la flor (Romero y Cordero, 1945: 124). “Alto, el tallo de la azucena, ostentaba, en su extremidad, tres flores magníficamente abiertas, sin duda, en la triple memoria de la trinidad” (Romero y Cordero, 1945: 127).

La construcción nacional de la heroína Mariana de Jesús es una construcción mítica y simbólica realizada por la iglesia que se extiende al culto que de ella, como heroína, ha hecho el estado ecuatoriano y sus regímenes militares a partir de 1946, año de su homenaje oficial. “La Compañía de Jesús ha trabajado en todo tiempo por la glorificación de esta Heroína Nacional, ha fomentado su devoción y sus culto con el mismo afán con que lo ha hecho por sus hijos santos, ha guardado con veneración y amor sus sagrados Restos, y los ha paseado por todas la regiones de la patria, dándola a conocer a sus compatriotas y estimulándoles a la imitación de sus heróicas virtudes” (Espinoza Polit, 1957). La elevación de Mariana como heroína a la que se le rinde culto nacional se explica en función de la construcción de una “tradición inventada” (Hosbawm y Ranger, 1983: 267) en el contexto de una nueva religión cívica para unificar un proyecto nacional instrumentado por el militarismo ecuatoriano. Una “tradición inventada” se refiere a la construcción de símbolos, ceremonias o celebraciones que buscan lealtad al estado y promueven la participación de las masas en la vida pública. Solo con la celebración y

18 Una semejanza a modo de ilustración es el simbolismo de la Ceiba como el centro de la Tierra, que para las

mujeres mayas, es el surgimiento de la cabeza, representado por los cuatro puntos cardinales de su vestimenta, el huipil (Gutiérrez, 2001: 246).

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conmemoración del nacimiento o muerte de un personaje de forma repetida, es decir, año a año, es posible dotar a las masas de distinta pertenencia étnica y social de un sentimiento de unidad. Así, en el tercer centenario de su muerte es declarada heroína y la Asamblea Nacional Constituyente acuerda que se conmemore en el mes de mayo a Mariana. Estos son los párrafos del Homenaje Oficial publicado en 1948, dónde se consignan los honores que a ella tributan: “aristocracia” y “pueblo”, el “ejército”, los “municipios”, la “iglesia” y el “estado”. Mariana se entrega al pueblo para salvarlo de sus pecados: “Su vida es de sacrificio y de oración por su Patria”. Dentro de su condición de hija de familia, se desvive por los pobres, los desamparados y los niños (Mancero Villagomez, 1948: s/p). A los 26 años de edad, cuando los terremotos y las pestes amenazaban acabar con su Patria, ofrenda a Dios su vida por ella y muere víctima de amor a sus paisanos. El Ecuador agradecido la ha mirado como a la flor más hermosa de sus jardines, como a la joya más preciosa de su diadema, la ha proclamado heroína Nacional y se ha esmerado en su glorificación definitiva (ídem).

El siguiente es un párrafo de un artículo en relación a su canonización y peregrinación popular el 9 de julio de 1950. La autora del artículo condensa la reunión de factores que integran el arquetipo de la heroína, que incluye por supuesto, la inmolación, el alivio al sufrimiento que convergen en un modelo de feminidad anclado en el catolicismo: El Ecuador tiene en Mariana la hija más preclara, la más grande, la heroína de nuestra patria, la santificadora de nuestra nacionalidad. En Mariana se destaca su figura angelical y su destino que fue inmolarse en bien de sus compatriotas, como atalaya que fue colocada por Dios sobre los montes de su pueblo, encima del áureo pedestal circundado de azucenas y lirios, bajo un cielo blanco-azul como las cumbres de los Andes, desde todos los confines atrae a todas las mujeres ecuatorianas para seguir sus pasos en su misión redentora que culminará con la gloria y prosperidad del Ecuador (Barona, 1950: 4).

Conclusión

Durante las celebraciones del tercer centenario de su muerte, marcha en hombros del ejército y guardia civil y se le rinden honores militares, se reciben sus reliquias con alabanzas y fervor a su paso por los pueblos y aldeas del Carchi, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua (Chacón, 1945). El patriotismo cívico atribuido a Mariana en el marco de la “tradición inventada” del estado castrense es la suplica a Dios para que acepte su vida en sacrificio para salvar a Quito de los violentos terremotos, del hambre y la peste. La misión renovada de esta heroína, ahora, cívica, es la de simbolizar el sacrificio, el socorro, el dolor; es decir, aquellos arquetipos del modelo de la feminidad en Dios eternizados en la mariología y la teología de la salvación19.

En éste artículo abordamos el caso de un personaje femenino como factor innovador en la construcción de la identidad nacional, a partir de una propuesta metodológica que combina los roles de mujeres en tres distintos tipos de nacionalismos. El personaje en cuestión surge en un contexto pre-nacionalista y es transformado en “tradición inventada” en el segundo tipo de nacionalismo, en el momento en que la iglesia y la oligarquía contribuyen a la socialización masiva del mito. Encontramos también que éste caso de fabricación de identidad colectiva incluye aspectos innovadores tales como el uso del sufrimiento colectivo con el 19 No esta fuera de lugar agregar que tales arquetipos forman parte de la sustentación ideológica del sistema patriarcal que contribuye, en buena medida, a preservar múltiples formas de exclusión y dominación de las mujeres (Stern, 1999).

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Natividad Gutiérrez Chong

fin de propiciar cohesión social y lazos de solidaridad en la diversidad étnica y social de Ecuador. El sufrimiento deviene por la agresión de la naturaleza, la impredictibilidad y el daño causado por desastres naturales. La construcción de la heroína quiteña ofrece una original y fascinante ruta para aportar al estudio de la identidad nacional. Esta ruta descansa en la presencia avasalladora de la naturaleza y sus embates. La destrucción causada por desastres naturales funge como factor de cohesión social para una sociedad diversa y en constante amenaza. Aún hoy no se puede prevenir o evitar los terremotos y este contexto de incertidumbre y ambigüedad es propicio para fomentar la unidad. Mientras ocurran terremotos hay lugar para una nación en sufrimiento. Recordemos que este sufrimiento no es obra de guerras o conflictos, no interviene la voluntad, la mediación ni el raciocinio del hombre. Este sufrimiento proviene de la violencia telúrica y los volcanes que se construyen también como belleza arquetípica que corona el paisaje místico de Quito. El dolor sólo puede aliviarse con más dolor y sacrificio. La heroína imita a Cristo, sacrificando y torturando su cuerpo para el alivio colectivo. En su lecho de muerte en 1645, se dice que las últimas palabras que Mariana pronunció fueron “La amenaza que se cierne sobre Quito no es la de los cataclismos naturales sino la del mal gobierno” (Matovelle, 1903: 93 citado en Segur, 1981: 219). En el imaginario colectivo de la identidad ecuatoriana está presente la fuerza interna que emana de la profundidad de la tierra que nadie puede prevenir o controlar. La sacudida impredecible es el eje de la preocupación colectiva ecuatoriana, la que puede determinar su idea de destino. La vox populi de un grafiti en el corazón urbano de Quito hace que la heroína resurja: “El Ecuador no se va acabar por los terremotos sino por los malos gobiernos – Ya lo decía Marianita”.

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La construcción del heroinsmo de Mariana de Jesus: identidad nacional y sufrimiento colectivo

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Ediciones de FLACSO - Ecuador

Serie 50 años Perspectivas de la educación en América Latina Ana María Goetschel, compiladora FLACSO Sede Ecuador - Ministerio de Cultura del Ecuador, 2009 328 páginas La siguiente compilación busca contribuir al debate y discusión de la educación en América Latina, en la necesidad de construir una educación equitativa y de calidad, innovadora y creativa. En la primera sección, , se dis-

Los desafíos de las universidades en el siglo XXI

cute la misión actual de las universidades respecto a las demandas sociales y económicas de la población. En

, se analizan casos de

Educación y políticas públicas

aplicación de políticas educativas en Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. La tercera sección, Educación y ciudadanía, presenta investigaciones realizadas en Chile, México y un programa de resolución de conflictos sin violencia en escuelas de Guayaquil, Ecuador. En la última parte, Educación y equidad, se explora como se construyen en el sistema educativo los estereotipos de género y las distinciones sociales y raciales.


RESEÑAS



Reseñas

María Castañeda Gobierno Comunitario: el caso de las comunidades de la parroquia de González Suárez Serie Tesis, FLACSO-Ecuador / Abya Yala, Quito, 2009, pág. 187 En el actual contexto, en que se debate la nueva organización territorial del estado ecuatoriano, María Castañeda señala que es necesario que las organizaciones indígenas indaguen las realidades y prácticas del gobierno comunitario y el control territorial. Su trabajo constituye una intervención y un aporte para dicho debate, pues apunta hacia elementos que podrían dar sustento tanto a los gobiernos locales, como a las circunscripciones territoriales indígenas. La autora se pregunta si existirían elementos para hablar de una autonomía de las comunidades de los pueblos Kayambi y Otavalo, para lo cual examina las prácticas de gobierno comunitario en relación a tres ejes: el manejo de los recursos naturales, la memoria histórica y el ejercicio de la autoridad de los gobiernos comunitarios de la parroquia González Suárez. En cuanto a la discusión teórica, la autora ofrece una reflexión sobre cómo entender el concepto de autonomía dentro del marco mayor de un estado-nación. La autora sintetiza

las definiciones de varios intelectuales indígenas y no indígenas y entiende la autonomía o el gobierno comunitario como: “la capacidad de gobernarse a sí mismo sobre sus territorios, con formas de autogobierno propio, cimentados en el derecho consuetudinario y con una identidad que sustenta la continuidad histórica dentro del Estado-nación” (p. 25). Para la autora, la autonomía se basa en la identidad y memoria, los territorios y el ejercicio del autogobierno. Estos son los elementos que posibilitan la operacionalización del concepto de autonomía así como el tratamiento y análisis de los datos. Además de ofrecer una discusión y definición sobre la autonomía, proporciona un estado actualizado del marco legal internacional y nacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y los derechos colectivos. La autora desarrolla dos capítulos históricos relevantes en su investigación, uno basado en fuentes documentales y otro en la memoria histórica de los comuneros. La combinación de ambas fuentes le permite sostener parte de su argumento principal, a saber: la existencia de una memoria histórica que señala una ocupación del territorio de larga duración, además de un concepto amplio del territorio y de su topografía ritual ligado también, a la identidad indígena; que existe una reconstitución de las formas organizativas comunales como entidades políticas propias y un rechazo a la estructura de cooperativas y asociaciones; y la reconstitución del poder comunitario basado en una autoidentificación étnica, como indígenas, campesinos y miembros de los pueblos Kayambi y Otavalo. A continuación, la autora analiza el manejo y control de los territorios, como elementos constituyentes de su noción de autonomía. Como en otros casos en el país, los recursos naturales son un elemento clave que confronta a los gobiernos indígenas con agentes externos locales, nacionales e internacionales. El manejo de estos recursos constituye la arena de lucha en la que se miden las fuerzas de los diver-

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Reseñas

sos actores involucrados. En palabras de la autora, “los recursos naturales se han constituido en la herramienta importante para consolidar el poder de las comunidades” (p. 111). Castañeda realiza un análisis detallado de tres conflictos en torno al manejo del agua, los páramos y las tierras. La autora considera que en las luchas de los gobiernos comunitarios por los recursos naturales, se ha legitimado en la práctica el poder de la comunidad y el respeto a los derechos colectivos. Para cualquier propuesta de autonomía, por lo tanto, es fundamental que los gobiernos comunitarios controlen los recursos naturales. Al respecto Castañeda señala: “Para ejercer poder la organización debe, por lo menos, controlar uno de los tres recursos: económico, tecnología, o recursos naturales; de lo contrario se trataría de un poder aislado, sin fundamento” (p. 135). Con relación a las formas de autoridad en las comunidades, Castañeda analiza sus características, su capacidad de convocatoria y participación, sus competencias y atribuciones, y su relación con otras organizaciones y actores. Castañeda corrobora la importancia de la asamblea como máxima autoridad comunitaria. Encuentra, además, que existe una alianza o coordinación entre algunos cabildos y las respectivas juntas de agua, dada la importancia que estas últimas han adquirido. También observa una multiplicación y multiplicidad de grupos organizados al interior de las comunidades, que representan a sus miembros en temas específicos. En cuanto a la capacidad de convocatoria y participación, Castañada encuentra que todavía existe una alta participación, entre el 70% y 80% de los miembros, para las asambleas, mingas y fiestas. Es interesante notar ciertos problemas de coordinación o superposición de funciones o rivalidad entre organizaciones. La información recogida por Castañeda da cuenta, en especial de un posible debilitamiento de los cabildos, debido a que algunas de sus funciones son asumidas actualmente por autoridades estatales locales como las juntas parroquiales y tenientes políticos.

Este es un punto importante a ser considerado al momento de pensar en las reformas de organización territorial y en las estrategias de fortalecimiento de los gobiernos comunitarios. Castañeda observa que los gobiernos comunitarios son espacios políticos encargados de la organización comunitaria, resolución de conflictos, interrelación con agentes externos y defensa de la integridad territorial. Asimismo la información recopilada y su análisis llevan a Castañeda a concluir que de hecho existe autonomía en las comunidades Kayambi y Otavalo, la cual es entendida como la capacidad de gobernarse a sí mismos dentro un territorio, a través de formas propias de gobierno y en base a su identidad cultural. Resulta interesante en el análisis que realiza la autora no dar por hecho que existan los tres elementos –territorio, autogobierno e identidad–, por el contrario, investigó cada uno etnográficamente y les proporcionó contenidos específicos con base en las realidades de las distintas comunidades de González Suárez. Aquí justamente radica uno de los aportes del trabajo, pues su enfoque etnográfico le permitió dar contenidos concretos al concepto de autonomía y comprender ciertos elementos fundamentales del mismo, como la necesidad clave del manejo de los recursos naturales. Otro aporte es la recuperación de las voces de mayores y de otros comuneros sobre la memoria histórica de las comunidades. Este es un trabajo que, como señala la autora, resulta indispensable para la recreación identitaria, especialmente para las generaciones más jóvenes. Sin embargo, esta lectora se hace algunas preguntas que resultan de la más bien sucinta exposición metodológica. En primer lugar, la autora no explica la selección del caso: ¿por qué escogió a las comunidades de González Suárez, frente a muchas otras posibles opciones dentro de los pueblos Kayambi y Otavalo? Además, sería necesaria una pequeña aclaración del tiempo de duración de la investigación, del número de entrevistas realizadas y otros detalles que den cuenta del proceso del

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trabajo de campo. Finalmente, la lectora se pregunta sobre la posicionalidad de María Castañeda. ¿Cuál es la vinculación de la autora a los pueblos Kayambi y Otavalo? ¿Es Castañeda miembro de los grupos mencionados o de una de las comunidades? ¿Cuál es su vinculación con la FICI? Esto sólo puede intuirlo la lectora y no se encuentra explicitado en el texto. Por último, vale mencionar que María Castañeda utiliza un estilo narrativo muy claro y accesible, que hace que esta obra pueda llegar a un amplio público, en el que se incluyen tanto académicos indígenas y no indígenas, miembros de organizaciones indígenas, planificadores, quienes hacen política pública y estudiantes, entre otros. María Belén Albornoz y María Moreno Mauro Cerbino (comp.) PhD (c), University of Kentucky Comunicación, cultura y política FLACSO - Sede Ecuador/Ministerio de Cultura, Quito, 2008, 215 pág. Dos conceptos claves, enunciados en la presentación, definen la textura y la profundidad de esta obra: memoria y balance. Dos conceptos que condensan, mejor que otros, la dinámica acumulativa de la construcción del conocimiento, que consiste en usar un juicio consolidado como punto de apoyo para avanzar un escalón más en el nivel de complejidad. Nos acercan también al reto de constituir la comunicación en un espacio interdisciplinario desde el cual es posible explicar la realidad con suficiente autoridad. Este libro se compone de varias ponencias desarrolladas en el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, en octubre 2007. Con ese material, los editores logran agrupar las reflexiones en cuatro temáticas, con lo cual el texto en su conjunto gana en organicidad, claridad y fuerza. Se lo puede leer como un punto de partida pero también de llegada dentro del extenso campo de las relaciones entre comunicación, cultura y política. Las temáticas que componen el volumen son: Estudios de recepción en América Latina; 165 ÍCONOS 37, 2010, pp. 163-170


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Comunicación, política y televisión pública; Movimientos sociales y comunicación; Sociedad y tecnología de la información y comunicación. Confluyen aquí algunos presupuestos duros –como la innegable dimensión política de la comunicación y su centralidad en el debate sobre lo público– y algunos más debatibles –como el optimismo respecto a la supuesta capacidad democratizadora de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)–, entre otros. Isabel Ramos y María Belén Albornoz trazan el panorama histórico y ofrecen las pistas para rastrear, por cuenta del lector, la evolución de las ideas en este campo. Nos acercan a lo que se podría llamar la tradición latinoamericana respecto de la investigación de la comunicación, que se desmarca de sus influencias iniciales –europeas y estadounidenses– para hacer sus propios avances en áreas como los estudios de audiencias; la relación entre comunicación y acción colectiva; la economía política de los medios y las nuevas tecnologías; las condiciones de producción y de recepción de los mensajes como elementos decisivos en la construcción del espacio simbólico. Temas donde todavía queda mucho terreno por explorar. A partir de esta exploración útil, resulta más fácil entender a qué preguntas los diversos autores tratan de encontrar respuesta en sus artículos. Así, cada sección podría ser auscultada a partir de una pregunta central. Por ejemplo: ¿Cómo surgen y cómo se perciben los proyectos de medios públicos en América Latina? Según Roberto Follari, hay un primer escollo por resolver, la creencia generalizada de que los medios privados, aunque estén ligados a intereses particulares, son garantes de la libertad de expresión; en cambio, los medios estatales, aunque apuesten por otros contenidos periodísticos, son percibidos como propaganda gubernamental. Sin embargo, dice Follari, el gran reto de los medios públicos también está en la producción de contenidos que, sin enfocarse en la cultura de élite, logren re-

cuperar la reflexión y la esperanza, algo que la gente ya no encuentra en los privados. En otras palabras, tienen primero que ser validados como medios públicos por la población. Valerio Fuenzalida, Andrés Cañizales y Joel Zito Araújo dan cuenta de la experiencia de la televisión pública en Chile, Venezuela y Brasil, respectivamente. La búsqueda de independencia respecto del poder político, la conformación equilibrada de las instancias directivas, la construcción de agendas informativas conectadas con las demandas sociales, así como la visibilidad y la participación política de la sociedad organizada, convocan los esfuerzos de quienes participan en la construcción de los medios públicos en la región. ¿Dónde se encuentran la política y la comunicación como base de proyectos emancipatorios en América Latina? Es una segunda pregunta para interrogar a este libro. En la existencia de espacios de interlocución, fuera del control de las élites, donde circula la información de manera horizontal y se tejen relaciones cara a cara sobre la base de la confraternidad y la confianza mutuas, responde Raúl Zibechi, resumiendo al máximo su planteamiento acerca de los movimientos sociales como sujetos de comunicación. Para este autor, la dimensión política de la comunicación dista mucho de la noción popularizada por los medios masivos, según la cual un emisor emite un mensaje hacia un receptor pasivo, una fórmula totalmente alejada de las interacciones que sí se producen en la cotidianidad. Emir Sader completa la lectura del tema cuando afirma que la prensa pública debe orientar su mensaje a los jóvenes de barrios marginales porque, según dice, son ellos quienes en el futuro pueden evolucionar a formas de organización social o, por el contrario, ser cooptados por el sistema consumista de los centros comerciales. Una tercera pregunta es: ¿Cuáles son los usos sociales que las diversas audiencias hacen de la información mediatizada? Un camino para averiguarlo, según Nilda Jacks, es perfeccionar el método etnográfico sobre la observa-

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ción de medios, que permita integrar la observación de las conductas cotidianas con las construcciones teóricas al respecto. No obstante, los estudios de audiencias en la región han estado dominados por la publicidad (sondeos de mercado) y por el marketing político (intenciones de voto). Al respecto, Amparo Marroquín da cuenta de las dificultades teóricas y metodológicas que han tenido que superar este tipo de estudios en Centroamérica, con el fin de hallar las primeras coordenadas del mapa en un campo en el que es preciso construir un mínimo de referencias para no perder la orientación. Un campo donde queda mucho por hacer, dicen quienes lo trabajan. Finalmente: ¿Qué límites, barreras, cruces e intercambios se producen entre la realidad a secas y la llamada realidad virtual? Primero, dice María Belén Albornoz, es importante desmitificar las tecnologías, dudar de que el acceso a las tecnologías implica automáticamente inclusión o de que su aplicación en la administración garantiza la transparencia. El paradigma de la sociedad de la información ha sido aceptado sin mayor resistencia, advierte Albornoz. Una percepción celebratoria, que dificulta la comprensión del componente político, expresado en relaciones de poder y de dominio, del cual el uso de las tecnologías no está exento. Rosalía Winocur completa esta aproximación crítica cuando analiza el uso del teléfono móvil como una ilusión de visibilidad contradictoria. Sirve para estar conectado pero también vigilado. El que no contesta su móvil es sospechoso de ocultar algo. Un pacto de simulación, dice Winocur, que va desde la sensación de libertad hasta un estado de atención dispersa. En las cercanías de este tema se posiciona María José Calderón y plantea el debate acerca de la legitimidad de la información que circula en internet, la cara más visible de la llamada sociedad de la información y también una dimensión del espacio público de pronóstico reservado.

Mauro Cerbino cierra este conjunto de reflexiones con una perspectiva actualizada acerca de los estudios de medios. La idea, plantea el autor, es no perder de vista que en los procesos de producción y consumo de información mediatizada participan sujetos con profundas desigualdades estructurales. Por eso duda del optimismo generado a partir de la teoría del receptor activo, que oculta las desigualdades de acceso y dominio conceptual e instrumental entre el emisor y el receptor. Cerbino añade una crítica a los medios de comunicación en su función de constructores de esfera pública. La ausencia de mediación, esa intervención inteligente entre los hechos y los significados, es un gran déficit de los medios latinoamericanos. Como efecto, afirma el autor, el periodismo no supera la mediatización.

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Gustavo Abad Periodista. Magíster en Comunicación por la UASB


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Margarita Camacho Zambrano Diversidades sexuales y de género: exclusión social e inserción laboral en Quito UASB-Sede Ecuador / Centro de Vida y Crecimiento Personal, Quito, 2009, 188 págs. Una de las principales críticas que se realizan a la economía desde el feminismo tiene que ver con la definición de los mercados –entre ellos, el laboral– como espacios en los que se desempeñan seres que toman decisiones individuales buscando, en forma “racional”, maximizar sus ganancias. Esta definición se hace a partir de pensar un sujeto, apartado de su entorno, que al entrar al mercado y decidir racionalmente se convierte en económico. Este homo económico es un ser adulto asexuado –aunque altamente masculinizado– quien, en representación de la sociedad, genera y distribuye riqueza. Es así que el espacio mercantil ha estado relacionado con esos seres que a partir del capitalismo salen de su entorno doméstico para “traer el pan” al resto de la comunidad dependiente, irracional, no económica. Y es en este grupo residual en el que se ha ubicado históricamente a las mujeres, aun cuando su entrada al mercado laboral es creciente; ya que esta entrada sigue siendo considerada “añadida” o

“secundaria” y por ende, su situación de desventaja relativa, aceptada como “normal”. El libro de Margarita Camacho Zambrano describe cómo, por haber asumido la femineidad en sus cuerpos y prácticas, muchas personas se ubican en esta situación desventaja. Particularmente, analiza la situación de discriminación y segregación que enfrentan las personas de grupos gay y trans (grupo que incluye a las personas transexuales, transgénero y travestis), frente al grupo “norma”, en la ciudad de Quito. De acuerdo a su estudio, la homosexualidad es, en general y en primera instancia, rechazada en la ciudad y más aún en los espacios de trabajo, por considerar a quienes están en este grupo como un “componente vergonzoso y disminuido”. Vergonzoso porque se aparta de la norma masculina, disminuido porque ese apartamiento transmite una “señal perversa” al mercado, indicativa de menor capacidad o productividad. En este sentido, se habla de dos mecanismos de exclusión y maltrato hacia dichas personas: el primero, discriminación, en muchas ocasiones violenta, que lleva a la no aceptación, mayor movilidad laboral y menor estabilidad que las de personas autodefinidas como heterosexuales. El segundo, segregación, que genera el encasillamiento de estos trabajadores y trabajadoras en ciertos tipos de ocupaciones o tareas, para las que inclusive se considera tienen mayores “destrezas”. En lo que alude a la discriminación, la autora presenta evidencia de que, las personas trans y algunos trabajadores homosexuales varones que se han “feminizado” abiertamente, enfrentan condiciones de trabajo bastante más precarias que el resto de la fuerza laboral e inclusive que aquellos homosexuales no declarados. De hecho, los testimonios de muchos de ellos apuntan a que su estabilidad en el trabajo depende de no explicitar su identidad sexual y preferencias. Explicitar una determinada identidad ha implicado una situación de exclusión, inclusive, en el plano educativo –donde se ha experimentado con frecuencia

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maltrato, rechazo y violencia corporal explícita–. De acuerdo al estudio hay mucho menos homosexuales y trans que han terminado la secundaria o (menos aún) llegado a la universidad, que el promedio de la población de varones heterosexuales. Estos dos tipos de exclusiones (educativa y laboral) llevan a estas personas a optar por otros espacios educativos, de capacitación y de trabajo más “tolerantes”. No obstante, de acuerdo a los testimonios presentados por el estudio, esta tolerancia no es un paso previo a la aceptación del otro, se acerca más bien al recelo o a la resignación. Dichas circunstancias provocan que gays y trans excluidos, se autoexcluyan y conformen “guetos” laborales, donde son observados/as, tolerados/as, requeridos/as en sus servicios, pero cuyas fronteras no son traspasables. De hecho, se construyen lugares geográficos específicos en ciudades como Quito (zonas de tolerancia) ante la necesidad y la demanda, con la característica de encontrarse físicamente apartados, porque cuando la demanda se satisface la relación desaparece. En el segundo caso (segregación), las tareas más cercanas al grupo tlgbi (trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales), y particularmente los homosexuales varones y trans, están relacionadas con belleza, cocina, cuidado del cuerpo y trabajo sexual. En el caso de los servicios de atención en belleza, si bien se reconocen como de mejor calidad por sus demandantes, su prestación a cargo de personas homosexuales no es considerada “normal” (pues en este como en cualquier trabajo la heteronormatividad es lo que se considera apropiado). En cuanto al trabajo sexual, el estudio plantea que la diferenciación de “destrezas” se visualiza a través de tipos de prácticas sexuales demandadas, distintos para el caso de trabajadoras sexuales mujeres. Esto último, de acuerdo al estudio, refleja una necesidad de desfogue social reprimido en los sujetos masculinizados de la sociedad. Esto resulta, en términos económicos, un “mercado cautivo” para los trabajadores sexuales gay y los/las trans, quie-

nes adecuan, desde su necesidad, el producto ofrecido en forma de transformaciones corporales (implantes y otros accesorios), lo cual también es altamente demandado. Por supuesto, la identidad masculina heteronormal requiere dominar a otras para definirse y perpetuar su situación de poder, lo que se refleja también en el mercado, asimétrico, entre la demanda y la oferta. No obstante, todas estas tareas, si bien no son las peor pagadas del mercado, no tienen el estatus de un trabajo formal y con prestaciones de ley, se trata más bien de trabajos informales e irregulares, altamente móviles y en muchos casos de alto riesgo. Frente a esta situación, el estudio da cuenta también de la existencia de una normativa que reconoce los derechos a la diversidad sexual y de género, así como algunas experiencias de organización y trabajo colectivo, así como acciones legales que han resultado casos de “inclusión laboral”. No obstante, la práctica generalizada todavía mantiene casi intactos los comportamientos segregacionistas y discriminatorios descritos. La omnipresencia del sistema patriarcal capitalista se empeña en moldear a sus trabajadores y trabajadoras para que se ajusten a sus necesidades y modelos productivos y tecnológicos. En este contexto, el caso de las/los trans es más grave, dado que ellas/ellos no se mimetizan, y esta es una barrera material explícita para la consecución de un trabajo en condiciones dignas. Finalmente, algunos datos que el estudio presenta ilustran esta situación. Esta información se obtuvo a partir de una encuesta que se realizó a 100 personas en la cuidad de Quito en el 2008. Además de que las personas homosexuales y trans tiene en general menor nivel educativo que las heterosexuales, se encuentra que la mayoría de estas personas tiene o aspira a tener un negocio propio o a ser autoempleada, no accede a su empleo por concurso o medios formales, permanece menos tiempo en los trabajos y está más inconforme con sus condiciones laborales actuales que el grupo heterosexual. Se encuentra, en general, que las perso-

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nas trans están en una situación económica de mayor precariedad que las personas gays, enfrentan mayor incidencia de desempleo, participan desde más jóvenes en el mercado y tiene menor cobertura de seguridad social y salud. En este contexto, caben las líneas de reflexión que el estudio plantea como grandes temas conclusivos. Una primera cuestión tiene que ver con el hecho de que lo discriminado en la sociedad (en este caso, quiteña) es, en última instancia, el género femenino, al desafiar su tarea socialmente asignada de subordinación y servicio. El género femenino que no es el del proveedor principal “ganador del pan”, ni del trabajador dedicado y comprometido de la empresa de éxito. Un segundo gran tema es la estrecha relación entre la estructura social de las identidades y los cuerpos con el mercado, que muestra el flujo entre lo interior y lo exterior, entre lo íntimo (femenino) y lo público (masculino), con dominancia de éste último en razón del

sistema imperante. Esta relación permite, a decir de la autora, que los cuerpos estén imbuidos en unas jerarquías que a la vez marcan su función en la sociedad y en el mercado. Vista de esta forma, la discriminación es un mecanismo que explica y mantiene el funcionamiento del sistema. Un último aspecto, apela al reconocimiento de las personas como sujetos de derechos entre ellos su orientación e identidad de género, así como su derecho a la educación y el trabajo e insta a la continuación del debate y a la lucha por la efectivización de estos derechos. Lucha que no ha dejado de estar vigente en el espacio político y en el económico, considerado a este último un ámbito que se construye en un continuo entre lo público y lo privado, basado en el sistema de trabajo.

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Alison Vásconez Rodríguez Doctora (c), FLACSO-Ecuador


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Serie Tesis La reproducción de la dominación racial: las experiencias de una familia indígena en Quito Patric Hollenstein FLACSO Sede Ecuador - Abya-Yala, 2009 198 páginas A partir de la base de que la vieja dictadura etno-racial ha sido sustituida por una era multicultural (de aparente respeto por la pluralidad étnica), la tesis analiza las limitaciones de las teorías que ven en el racismo un mero legado colonial. Con el objetivo de abrir un campo de debate, el autor propone una aproximación alternativa al estudio de la dominación racial en Ecuador, el “sistema social racializado”. Según el contexto económico, político y cultural, los mecanismos sociales que reproducen la discriminación racial son transformados a lo largo del proceso histórico, esto como resultado de la continua contestación por parte de sus víctimas, por un lado, y las estrategias de mantener su hegemonía por parte de los grupos etno-raciales dominantes.


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Serie Tesis Políticas de demanda agregada vs. políticas focalizadas María Isabel Camacho FLACSO - Sede Ecuador, 2009 72 páginas En este trabajo se plantea una investigación en torno a la efectividad de la adopción de políticas de gasto público que estimulen la demanda agregada, en contraste con las políticas de demanda focalizadas basadas en transferencias al ingreso de los hogares dentro del quintil más bajo de la economía. La aplicación de políticas fiscales, en el marco de desarrollo de la economía, implica determinar qué tipo de medidas son las adecuadas, no solo para asegurar un crecimiento económico

per se

; sino, adicionalmente, contribuir con el

bienestar de la población. A partir de este criterio, surge la necesidad de evaluarlas, utilizando herramientas técnicas que permitan cuantificar el impacto de la aplicación de determinada política económica.


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Serie Tesis De la serpiente tecnológica a la mariposa de las secuoyas: el proyecto OCP y la ecología política de un conflicto Marco Andrade Echeverría FLACSO - Sede Ecuador, 2009 198 páginas De la serpiente tecnológica a la mariposa de las secuoyas es una metáfora que permite adentrarse en la dicotomía desarrollo-ambiente, vista desde el conflicto socioambiental a partir de la construcción del oleoducto de crudos pesados en Ecuador. El conflicto se comprende desde dos niveles. Primero, el campo de la ecología política que revisa la relación entre el humano, las disputas por los recursos y las tensiones en la perspectiva del uso de la naturaleza. El segundo nivel aborda, desde la sociología del conflicto, las dimensiones implicadas en este aspecto crítico de la vida social. La combinación de distintas perspectivas, más la visión local del problema en Mindo y El Reventador, aportan al análisis de nuestro actual dilema: la actual forma de vida y la incompatibilidad con nuestra propia base de sustento, la naturaleza.



Política editorial ÍCONOS recibe artículos durante todo el año siempre que éstos se ajusten a la política editorial y a las normas de presentación de originales. Por el carácter especializado de la revista, se espera que los artículos presentados sean de preferencia resultados o avances de investigación en cualquier área de las ciencias sociales. También se aceptan ensayos sobre temas históricos y contemporáneos que se apoyen sólidamente en bibliografía especializada, análisis de coyuntura nacional o internacional que partan de aproximaciones académicas y/o entrevistas de interés para el campo de las ciencias sociales. Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego o de revisión por pares ( peer review ), el cual consiste en pasar cada artículo por el filtro de al menos dos evaluadores conocedores del tema propuesto a fin de valorar la calidad del trabajo en relación a su originalidad, pertinencia, claridad de expresión, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. En este sistema el evaluador desconoce el nombre y procedencia del autor, y el autor recibe observaciones anónimas. Cada edición de Íconos se arma en torno a un tema central, recogido en la sección Dossier. Para cada edición existe un coordinador del dossier, quien es un/una especialista en el tema, con quien debe coordinarse la publicación en esta sección. Para propuestas e información: revistaiconos@flacso.org.ec Debate es la sección para presentación de textos críticos sobre artículos publicados en ediciones anteriores de Íconos, así como sobre temas de confrontación teórica y analítica. Diálogo es la sección de entrevistas temáticas y biográficas a académicos/as de las ciencias sociales. Igualmente podrán incluirse en esta sección diálogos entre dos o más académicos sobre un tema específico. Temas, sección en la que se incluye una diversidad de artículos. Recoge análisis y ensayos con temática libre, artículos de coyuntura nacional e internacional y análisis sobre temas internacionales y/o transnacionales relacionados con la política, la economía, el ambiente, la antropología, los estudios de género y otros campos de las ciencias sociales. Reseñas es la sección de crítica bibliográfica. Se incluyen tanto comentarios críticos a obras de ciencias sociales como estados de la cuestión sobre un tema determinado. Íconos se publica tres veces al año en los meses de enero, mayo y septiembre.


Normas para la presentación de originales Las personas interesadas en publicar artículos en la revista Íconos deberán enviar sus trabajos originales por correo electrónico a revistaiconos@flacso.org.ec, aceptar y respetar las siguientes normas: 1. Los artículos deberán ser originales, inéditos y no estar aprobados para su publicación en otras revistas. Se reciben artículos en idioma español, portugués e inglés. 2. El Consejo Editorial de Íconos se reserva el derecho a decidir sobre la publicación de los trabajos, así como el número y la sección en la que aparecerán. Para su evaluación y selección final, los artículos serán enviados a lectores anónimos, quienes emitirán un informe bajo el sistema de doble ciego o revisión por pares. 3. En una hoja aparte, el autor o autora hará constar su nombre, grado académico y/o estudios, adscripción institucional o laboral, el título del artículo, la fecha de envío, dirección postal y correo electrónico. Se debe indicar expresamente si el autor desea que se publique su correo electrónico. ( Llenar Formulario ) 4. Los artículos deben estar precedidos de un resumen no mayor a 800 caracteres con espacios (100 a 150 palabras). Esta norma no se aplica para la sección Reseñas. 5. Los autores deben proporcionar de cinco (5) a ocho (8) descriptores o palabras clave que reflejen el contenido del artículo. Esta norma no se aplica para la sección Reseñas. 6. El título del artículo no podrá contener más de diez 10 palabras y podrá ser modificado por los editores de la revista, previo acuerdo con los autores. 7. La extensión de los artículos variará según las secciones de la revista y se medirá en el contador de palabras de Word. La extensión deberá considerar tanto el cuerpo del artículo como sus notas al pie y bibliografía, de modo que el número total de caracteres con espacios (cce) será el siguiente: Dossier: Debate: Diálogo: Temas: Reseñas:

de 30.000 a 40.000 cce de 20.000 a 30.000 cce de 20.000 a 30.000 cce de 25.000 a 35.000 cce de 7.000 a 9.000 cce

8. La primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado completo, luego las siglas. 9. Sobre cuadros, gráficos y tablas: -

Deberán estar incorporados en el texto de forma ordenada. Deberán contener fuentes de referencia completa. Cada uno contará con un título y un número de secuencia. Ejemplo: Tabla 1. Presupuesto por organización, zona y monto Los gráficos pueden enviarse de forma separada en cualquier formato legible estándar (indicar el formato), siempre que en el texto se mencione la ubicación sugerida por el autor. Para asegurar la calidad final el autor/a hará llegar a la redacción un archivo digital con alto nivel de resolución (en cd, disquette, zip, usb u otra forma de archivo).

10. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto deben ir entre paréntesis indicando el apellido del autor, año de publicación y número de página. Ejemplo: (Habermas 1990:15). Para el caso de citas con referencia a un artículo no firmado en un periódico se indicará entre paréntesis el nombre del periódico en cursivas, seguido de del día, mes y año de la edición. Ejemplo: ( El Comercio 14.09.2008). Las referencias completas deberán constar en la bibliografía. 11. La bibliografía constará al final del artículo y contendrá todas las referencias utilizadas en el texto. Se enlistará la bibliografía de un autor en orden descendente según el año de publicación. Ejemplo: Pzeworski, Adam, 2003, States and Markets: a primer in political economy, Cambridge University Press, New York.


—————, 2000, Democracy and Development: political regimes and material well-being in the world, 1950-1990, Cambridge University Press, New York. —————, 1993, Economic Reforms in New Democracies: a social-democratic approach, Cambridge University Press, New York. 12. La bibliografía se enlistará siguiendo el orden alfabético de los autores y las siguientes formas: Libro de un autor: Apellido, Nombre, año de publicación, Título del libro en cursiva, editorial, lugar. Ejemplo: Laclau, Ernesto, 1996, Emancipación y diferencia, Ariel, Buenos Aires. Libro de más de un autor: Apellido, Nombre y Nombre Apellido, año de publicación, Título del libro en cursiva, editorial, lugar. Ejemplo: Laclau, Ernesto y Chantall Mouffe, 1985, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics , Verso, Londres. Artículo en libro de editor (es), coordinador (es) o complilador (es): Apellido, Nombre, año de publicación, Título del artículo entre comillas, en Nombre Apellido, palabra que corresponda editor / editores / coordinador / compiladores, Título del libro en cursiva, editorial, lugar. Ejemplo: Muratorio, Blanca, 2000, “Identidades de mujeres indígenas y política de reproducción cultural en la Amazonía ecuatoriana”, en Andrés Guerreo, compilador, Etnicidades , FLACSO-Ecuador, ILDIS, Quito. Artículo en revista: Apellido, Nombre, año de publicación, Título del artículo entre comillas, Nombre de la revista en cursiva, No. de la revista, editorial, lugar, páginas que comprende. Ejemplo: Coraggio, José Luis, 2000, “Alternativas a la política social neoliberal”, Íconos , No. 9, FLACSOEcuador, Quito, pp. 52-59. Artículo no firmado en periódico: En este caso colocar la referencia, en nota al pie bajo el siguiente formato: Nombre del artículo, nota o reportaje entre comillas, Nombre del diario o periódico en cursivas, lugar, día mes año. Ejemplo: “Cabildo controlará con una ordenanza azoteas de edificios”, El Universo, Quito, 21 abril 2006. Artículo no firmado en una revista: En este caso colocar la referencia en nota al pie, bajo el siguiente formato: Título del artículo entre comillas, Nombre de la revista en cursivas, No. de la revista, lugar, año, páginas que comprende. Ejemplo: “Primero de Mayo”, Calenturas, No. 30, Guayaquil, 1923, pp. 1-5. 13. Los artículos presentados para la sección Reseñas deben incluir toda la información bibliográfica del libro al que se haga mención y de ser posible adjuntar la imagen de la portada del libro con al menos un mega de resolución. 14. Íconos se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo. 15. Los artículos que se ajusten a estas normas serán declarados como “recibidos” y notificados de su recepción al autor; los que no, serán devueltos a sus autores/as y serán declarados como “no recibidos”. Una vez “recibidos” los artículos serán puestos a consideración del Consejo Editorial y de evaluadores independientes para su revisión antes de ser “aprobado”. El mecanismo de evaluación se explica en la norma 2, o ver el ítem relacionado a la selección de artículos en “Política editorial”. 16. La revista no mantiene correspondencia sobre los artículos enviados a su consideración, limitándose a transferir el dictamen de sus lectores en un tiempo no menor a cuatro meses ni mayor a ocho. Igualmente señalará a los autores una fecha probable de publicación.




Etnografías del Estado en América Latina Coyuntura Sara Latorre y Alejandra Santillana: Capitalismo estatal o convergencias populares

Íconos 34 Mayo de 2009

Dossier Rossana Barragán R. y Fernanda Wanderley: Etnografías del Estado en América Latina Alejandro Diez Hurtado: Presupuestos municipales, participación y reordenamiento de los espacios políticos Rossana Barragán R.: Hegemonías y “Ejemonías”: las relaciones entre el Estado Central y las Regiones (Bolivia, 1825-1952) Michel Gobat: La construcción de un estado neo-colonial: el encuentro nicaragüense con la diplomacia del dólar Fernanda Wanderley: Prácticas estatales y el ejercicio de la ciudadanía: encuentros de la población con la burocracia en Bolivia Norma Fatala: Avatares discursivos de la estatidad en la prensa gráfica Ensayo gráfico Salvador Schavelzon: Una y millones de asambleas constituyentes Debate Luciano Martínez: La “Economía social y solidaria”: ¿mito o realidad? Diálogo María Belén Albornoz: Los intelectuales y el espacio público Un diálogo con Roberto Follari Temas Luca Queirolo Palmas: Pandillas en el Atlántico Latino: identidad, transnacionalismo y generaciones Roberto Mardones Arévalo: ¡No en mi patio trasero!: el caso de la comunidad ecológica de Peñalolén Reseñas Ignacio Farías y José Ossandón, editores, “Observando Sistemas. Nuevas apropiaciones y usos de la teoría de Niklas Luhmann” – Francisco Carballo François-Xavier Tinel, “Las Voces del Silencio. Resistencia Indígena en Chimborazo en tiempos de León Febres-Cordero, 1984-1988” – Mónica Mancero Roxana Morduchowicz, coordinadora, “Los jóvenes y las pantallas. Nuevas formas de sociabilidad” – Lorena Natalia Plesnicar Producción bibliográfica sobre el Estado en revistas especializadas en América Latina – Jorge Derpic


Ciudadanías y sexualidades en América Latina

Íconos 35 Septiembre de 2009

Dossier Amy Lind y Sofía Argüello: Ciudadanías y Sexualidades en América Latina Beatriz Gimeno y Violeta Barrientos: La institución matrimonial después del matrimonio homosexual Germán Torres: Normalizar: discurso, legislación y educación sexual Jorge Luis Aparicio Erazo: Ciudadanías y homosexualidades en Colombia Karina Felitti: Derechos reproductivos y políticas demográficas en América Latina Adriana Leona Rosales Mendoza y Aymara Flores Soriano: Género y sexualidad en las universidades públicas mexicanas Ensayo gráfico Gonzalo Vargas: Blak Mama Debate José Luis Coraggio: De mitos y realidades (respuesta a Luciano Martínez) Diálogo Amy Lind y Sofía Argüello Pazmiño: Activismo LGBTIQ y ciudadanías sexuales en el Ecuador - Un diálogo con Elizabeth Vásquez Temas Daniel James Hawkins: Reconfiguración del estado colombiano: el difícil balance entre consenso y coerción Anthony Bebbington y Denise Humphreys Bebbington: Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú Ignacio Irazuzta: Gobiernos de enlace: la población y la política más allá del Estado Reseñas Fernando López Castellano, compilador, “Desarrollo: Crónica de un desafío permanente” - Víctor Bretón Solo de Zaldívar Martin Minchom, “El pueblo de Quito. 1690-1810. Demografía, dinámica sociorracial y protesta popular” - Sofía Luzuriaga Analía Minteguiaga Garabán, “Lo público de la eduación pública: La reforma educativa de los noventa en Argentina” - Claudia Cabrera Mauro Cerbino y Luis Barrios, editores, “Otras naciones. Jóvenes, transnacionalismo y exclusión” - Isabel Ramos


Naturaleza y crisis del capitalismo

Íconos 36 Enero de 2010

Dossier Franklin Ramírez y Hugo Jácome: Naturaleza y crisis del capitalismo Pierre Salama: Una crisis financiera estructural Francisco Luiz Corsi: La crisis estructural del capitalismo y sus repercusiones José María Tortosa: Las nuevas violencias en la crisis global Eduardo Gudynas: La ecología política de la crisis global y los límites del capitalismo benévolo Ignacio Sabbatella: Crisis ecológica y subsunción real de la naturaleza al capital Julianne, A. Hazlewood: Más allá de la crisis económica: CO2lonialismo y geografías de esperanza Ensayo gráfico Ana Lucía Garcés: Reciclaje de formas: hacia un diseño renovable Debate Susana Wappenstein: Sobre ciudadanía(s) Andrea Aguirre Salas: ¿Ciudadanías y sexualidades en América Latina? Diálogo Rafael Polo Bonilla: Las posibilidades de la historia intelectual en América Latina Un diálogo con Elías José Palti Temas Juan Jesús Morales Martín: José Medina Echavarría y la sociología del desarrollo María Ángela Cifuentes: Sobre medios, masa, cultura popular en las crónicas de Carlos Monsiváis Roger Magazine, Jacques Ramírez y Samuel Martínez: Las rivalidades futbolísticas y la construcción de la nación. Una comparación entre México y Ecuador Reseñas Luciano Martínez Valle y Liisa L. North, “Vamos dando la vuelta”. Iniciativas endógenas de desarrollo local en la Sierra ecuatoriana – Hugo Jácome Eduardo Kingman, compilador, Historia social urbana: espacios y flujos – María Augusta Espín Francisco Sánchez, ¿Democracia no lograda o democracia malograda? Un análisis del sistema político del Ecuador: 1979-2002 – Teodoro Verdugo Silva


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