Nueva época, Año 4, No. extraordinario
Guatemala, enero de 2004
En el laberinto del Minotauro: los desafíos del nuevo gobierno ■ Un
balance de la administración saliente EQUIPO DE REDACCIÓN DE diálogo ■ Los desafíos económicos
en 2004 EDGAR BALSELLS ■ La
seguridad: una brasa en las manos del nuevo gobierno IDUVINA HERNÁNDEZ
■ Berger
y Stein frente a las demandas sociales NERY R. VILLATORO
■ Reforma
electoral: un reto urgente ALEJANDRO BALSELLS
■ ¿Cambio
de funcionarios o reforma constitucional? EQUIPO DE REDACCIÓN DE diálogo
Presentación
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l primer diálogo de este año está dedicado a los desafíos que en el campo económico, político y social enfrentará la nueva administración. Concluye así una serie de publicaciones iniciada el pasado año, con ocasión del proceso electoral y dedicada al abordaje de diversos temas de la coyuntura política. El título retoma la figura del laberinto en el que se encerró, según la mitología griega, al Minotauro, hombre con cabeza de toro y del que era imposible escapar. La leyenda del laberinto del Minotauro recrea la metáfora de la dificultad para encontrar soluciones o salidas a la que la literatura ha recurrido por su simbolismo. Se utiliza en esta oportunidad para sintetizar las dificultades que caracterizan el entorno nacional en el que principia 2004. Siguiendo la tradición de diálogo, de ofrecer un espacio para presentar enfoques diversos sobre temas relevantes para la sociedad guatemalteca con el fin de contribuir al contraste de opiniones, a su mejor conocimiento y al debate, este número se inicia con un balance sobre la administración anterior. Su título parodia la
célebre película de Sergio Leone de mediados de los 60, perteneciente al género del “western” italiano: El bueno, el feo y el malo, al presentar algunos temas importantes que caracterizaron al gobierno del Frente Republicano Guatemalteco FRG. El artículo fue elaborado por el equipo de redacción de diálogo. A continuación se incluye la colaboración de Edgar Balsells sobre los desafíos económicos que la administración Berger confrontará, sobre todo los financieros, para ejecutar las políticas públicas que se ha propuesto y que constituyeron sus promesas de campaña. El artículo de Iduvina Hernández está dedicado a examinar el problema de la seguridad y, en el mismo, su autora desecha la urgencia de enfrentarla como necesidad perentoria de los ciudadanos y ciudadanas, pero sin olvidar que su tratamiento va más allá del mero combate a la criminalidad y exige la reforma integral del sistema de seguridad dentro de una perspectiva democrática. En el siguiente artículo, Nery Villatoro pasa revista a algunas de las demandas sociales más ingentes y reiteradas, pero no por ello resueltas en Guatemala, y dentro de las que des-
tacan la pobreza, la tierra y el salario. El cuarto artículo elaborado por Alejandro Balsells, se refiere a un tema cuya actualidad y relevancia se puso de manifiesto en forma casi dramática por el reciente proceso electoral, pero que viene arrastrándose desde hace varios años: la necesidad de concluir la reforma electoral y dotar a la sociedad guatemalteca de un sistema renovado y definitivo que disipe las sospechas y dudas que animaron la recién concluida consulta electoral de 2003. Cierra esta primera publicación del presente año un artículo que en parte continúa con las reflexiones de los anteriores y que resume las principales razones para enfrentar una reforma política y, sobre todo, institucional, en por lo menos cuatro de ellas: la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas. El artículo busca presentar, en forma muy resumida, algunos elementos que ayuden a un diagnóstico de las mismas, que muestra la difícil situación en que éstas se encuentran dentro de un proceso de consolidación de la democracia.
Un balance de la administración saliente: Lo bueno, lo feo y lo malo del gobierno del FRG Equipo de redacción de diálogo
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Publicación mensual de FLACSO-Guatemala y elPeriódico Secretario general de FLACSO Wilfredo Lozano San José, Costa Rica CONSEJO ACADÉMICO DE FLACSO-GUATEMALA Víctor Gálvez Borrell-director Virgilio Álvarez/Walda Barrios-Klée/ Virgilio Reyes/Edelberto Torres-Rivas Tel. PBX (502) 362-1431 Fax: (502) 332-6729 Correo electrónico: flacsoguate@flacso.edu.gt Página web: http://www.flacso.edu.gt Coordinación de edición: Hugo de León Edición: Víctor Gálvez Borrell Diseño y diagramación: José Bolaños Corrección: Ariel Ribeaux Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional ASDI/SAREC 30,000 ejemplares
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ara iniciar este balance hay que principiar recordando que la elección de Alfonso Portillo fue expresión del desencanto popular frente a la administración del Partido de Avanzada Nacional PAN. Fue también la culminación de un período plagado de conflictos, frustraciones, desencantos y lastre de problemas no resueltos, que empezó con la administración de Cerezo y se prolongó hasta la de Arzú. Se trata, en perspectiva, de 15 años de construcción democrática sin fuerzas políticas democráticas que la sustenten y consoliden, y de una crisis del modelo exportador. La crisis no es de gobierno, sino de Estado, y por ello más que problemas de coyuntura lo que se vive son contradicciones producto de problemas no resueltos, herencias del atraso que el conflicto armado exacerbó. Este balance es un intento sumario y muy preliminar sobre algunos temas relevantes del gobierno del FRG. No persigue ofrecer un juicio salomónico, sino atisbar más allá de la cortina de exageraciones, omisiones y mentiras que poderosos
intereses económicos montaron con alguna complicidad periodística. Se juzga al gobierno y no al presidente. Hay una relación entre ofertas y logros, es cierto, pero al final los juicios personales de Portillo cuentan menos que los resultados del gobierno del FRG. No de otra manera se escribe la historia. Un balance implica elaborar juicios de valor y ser objetivo al mismo tiempo, tarea difícil además porque todo está muy próximo y sólo la distancia que ofrece el tiempo, debilita el factor emocional del que juzga. Asumiendo los riesgos indicados, dos rasgos califican de forma negativa al régimen que se va. Uno, es que fue un gobierno con poco gobierno, con un agudo déficit de comunidad política, que se olvidó que en la historia sólo se respeta la autoridad que se ejerce, cuando el que manda ejerce efectivamente su mandato. No hacerlo es sembrar incertidumbres. Portillo, Ríos Montt y Reyes, por sus personalidades, su pasado político y los cargos que ocupaban, se neutralizaron mutuamente, da-
ñando el ejercicio de gobierno. Fue un triunvirato fatal. El otro rasgo negativo, reflejo directo de la especial textura política del FRG, fue la baja calidad de los recursos humanos de los funcionarios del partido en los distintos niveles de los tres poderes, principalmente en el legislativo, en el sistema judicial, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS. En el gabinete hubo un buen número de profesionales de reconocida capacidad intelectual pero sin partido político, sin respaldo y, por ello, su gestión se diluyó. Su paso por el gobierno probó una vez más que alguien de izquierda en una estructura de derecha sirve a ésta y confunde a aquélla. La gestión del FRG tiene graves deficiencias y algunos logros importantes, buenas iniciativas desafortunadamente cruzadas por contradicciones e incompetencias. Y la característica general como balance es que las buenas intenciones se pierden en el camino empedrado del infierno. Hubo buenas políticas en su inicio, que por incompletas y contradictorias en su ejecución no produjeron los resultados esperados. Y éste parece ser el trágico signo de los últimos cuatro años de gobierno. Veamos la dimensión social. Aquí es destacable el empeño permanente del presidente Portillo por aumentar los salarios del mundo del trabajo. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo se incrementó en 78.5% (Q21.62 al día; en 2000 a Q38.60 a pagarse en 2004). En la ciudad el aumento correspondió al 66.3% (de Q23.85 a Q39.67). En todo momento tuvo la oposición empresarial que recurrió a la Corte de Constitucionalidad con éxito en dos oportunidades. Por otra parte, hay que hacer referencia a la distribución de fertilizantes subsidiados (el gobierno pagó el 60% del costo) y la tarifa social de la energía eléctrica para consumidores hasta 300 kilovatios al mes. La Ley de Desarrollo Social constituye una propuesta avanzada, sobre todo en materia de población y familia, así como los programas de salud reproductiva. La creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer y las políticas de género que iniciaron en su provecho, la encuesta materno-infantil. Dentro de este contexto, las políticas para disminuir la pobreza fueron erráticas y su ejecución por demás inoperante. La pobreza ex-
trema creció en más de cuatro puntos porcentuales. Hubo respuestas equívocas al problema de la seguridad alimenticia, sin incluir aquí los hechos trágicos de Olopa y Jocotán, directamente causados por la crisis del café, pero en donde la atención gubernamental debió ser especialmente eficiente. Cabe preguntarse la razón de disolver la Comisión Nacional de Seguridad Alimenticia y crear un Viceministerio de Alimentación en el MAGA. El gasto público en
estímulos a la retención escolar hayan sido objeto de manoseo electoral, como fue el caso de los alimentos escolares que en lugar de ser incrementados en su cobertura, cantidad y calidad durante todo el periodo, fueron ofrecidos sólo en los últimos meses del año con cobertura parcial y deficitaria; las becas escolares fueron entregadas siempre al final del ciclo, lo que las hizo intrascendentes en lo que a estímulo de la permanencia escolar se refiere. El gasto escolar apenas si se vio incrementado en un 2.3% en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Encounter, 1994. M.C. Escher.
salud, como porcentaje del Presupuesto General, bajó de 8.5% (1999) a 7.9% (2002). El ruido de trompetas que acompañó inicialmente a las políticas educativas se convirtió en desafinada tonalidad. La intención de alfabetizar, si bien positiva, no sólo desvirtuó las funciones de instancias gubernamentales específicas, sino presentó al final datos que resultan poco creíbles: ¿cómo es posible que se hallan podido alfabetizar más de un millón de personas cuando anualmente los datos reportados fueron mucho menores y no sufrieron auditorías externas? Fue importante la continuación de la reforma educativa, especialmente con los cambios iniciales en los currículos de primaria y educación infantil, así como la creación de 17 nuevas escuelas normales, aunque es de lamentar que ambos esfuerzos no estuvieran seriamente integrados ni existieran procesos de validación científica de las propuestas. El impulso a la educación bilingüe es, posiblemente, el mayor mérito que a nivel primario puede otorgársele a la administración saliente, el que lamentablemente se contrapone al abandono en el que la educación media quedó durante todo el período, nivel en el que apenas si se mantuvo la telesecundaria. Es de lamentar, además, que las medidas compensatorias y que en países como el nuestro funcionan como
En aspectos económicos, la información también resulta incierta. La aprobación de una nueva legislación financiera fue importante (Ley de Lavado de Dinero y otros Activos, Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley Monetaria, de Supervisión Financiera y de Bancos y Grupos Financieros). La apertura del mercado frente a los monopolios del pollo, la cerveza, el cemento, la harina ¿respondía a convicciones antimonopólicas o fueron decisiones meramente políticas? Puede ser que sean ambidiestras y en algo beneficiaron a la población y perjudicaron a los propietarios.
Las políticas de estabilidad macroeconómica y la monetaria fueron acertadas: bajó el déficit fiscal que en 1999, último año de la administración de Arzú, había ascendido a 1.8 millardos, y hacia noviembre de 2003 fue de 726 millones. El tipo de cambio se mantuvo estable y la inflación se movió entre 5% y 9%. Pero la que mejor define el perfil errático del régimen en materia económica, fueron sus dispersas, numerosas y poco integradas decisiones en materia tributaria y el abandono del pacto fiscal, lo que deja la carga impositiva en 10.7%. El PIB creció 2.4% en 2003, acumulando así dos años de retroceso en el producto interno por habitante. Fue, pues, un gobierno con estancamiento económico y la actividad productiva se debilitó por razones políticas. Más datos podrían darse pero la calificación anterior es suficiente. No obstante, no puede dejar de mencionarse el inicialmente exitoso experimento de concertación que constituyó el pacto fiscal, en donde se alcanzó un milagroso consenso entre el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF y organizaciones sociales. El pacto fracasó cuando llegó a la instancia legislativa, en la que el Presidente del Congreso y los diputados oficiales tomaron una decisión distinta que lo desvirtuó. El pretexto fue la oposición al aumento del IVA que un año enero 2004, No. extraordinario /
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después promulgaron. El fracaso del pacto fiscal constituye un perverso ejemplo de una conducción politiquera y temperamental de la gestión gubernamental. En materia política, el gobierno del FRG puede ser juzgado desde diversos ángulos. Preocupa especialmente su contribución a la consolidación democrática. En este sentido, fueron importantes las leyes de Descentralización, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y las reformas al Código Municipal. Y por discutible y paradójico que resulte, hay que anotar que la administración del FRG intentó devolver al Estado su autonomía relativa frente al gran capital. Esta intención apuntaba a alterar la vieja tradición corporativa, de hondo sabor oligárquico: los intereses terratenientes colonizando el poder del Estado, nefasta tradición del subdesarrollo capitalista latinoamericano, que limita la posibilidad de construir un proyecto de nación incluyente en el que el Estado juegue un papel moderador y efectivo frente a los intereses particulares. El FRG no consultó nombramientos ni políticas en el seno de un discurso de confrontación en contra de “los ricos”. Ello exacerbó la tensión sin que la administración recibiera apoyo de las organizaciones populares y el gobierno se quedó solo. Por su parte, los empresarios implicados y el CACIF demostraron que no estaban realmente preparados para una oposición parlamentaria a través de sus partidos políticos o para negociar las políticas que les interesaban.
El tono confrontativo fue mutuo y no transcurrió precisamente por los canales que corresponderían a una democracia madura. Así, el gesto antiburgués del FRG se redujo a una retórica amenazante, no se tradujo en políticas que llegaran a poner realmente en peligro los intereses del sector privado, pero que tampoco despertaron aplausos en las filas de las organizaciones sociales. Y ello debido, en gran medida, a la natural desconfianza hacia un gobierno comandado por líderes históricos de la contrainsurgencia. La actitud empresarial enfrentó al régimen con una feroz irritación, que la prensa escrita y radial reflejó y que llegó en un momento a sustituir a los partidos políticos ausentes. En una sociedad que aún mantiene hondas divisiones producto del pasado, este enfrentamiento no ayudó a la pedagogía democrática. Contribuyó a exacerbar el desencuentro y la mala imagen del régimen un doloso manejo de los recursos públicos y actos de corrupción multiformes. Es difícil precisar hechos y montos, pero no en casos como lo ocurrido en Gobernación y en el IGSS; en otros hubo prevaricato, incumplimiento de procedimientos legales y sospechas, como en la llamada conexión Panamá. Al condenar la corrupción, la opinión pública fue sometida a un volumen inmanejable de información que se confundió con la oposición política al régimen. Es evidente que en este gobierno la corrupción aumentó. De hecho, siempre la ha habido y Cerezo/Serrano no son una excepción. Al condenarla, cabe se-
ñalar que ella es síntoma de un problema mayor: una descomposición de los valores cívicos, morales y de servicio público que toda sociedad requiere y que el país necesita. En la óptica de la consolidación democrática hubo también serios retrocesos, al menos, en dos dimensiones claves para la tradición guatemalteca. Uno en materia de fortalecimiento institucional, que se vio afectado con selecciones políticas de dudosa calidad profesional (como en el caso de la Corte de Constitucionalidad). Otra, el haber reforzado la desconfianza ciudadana en la política, en los políticos, y acrecentado el rechazo hacia los asuntos públicos. La democracia necesita la simpatía y la adhesión de ciudadanos activos y no la apatía y la desconfianza. Probablemente éste es un daño grave, por cuanto la estabilidad democrática no continuó mejorando. Hay mas detalles que no es posible mencionar por razones de espacio, salvo un par que no pueden dejar de señalarse. La tolerancia frente a grupos paramilitares clandestinos que en el último tiempo son responsables de la desaparición y muerte de más de 35 activistas sociales. Otro fue el ofrecimiento demagógico de pagar a los ex patrulleros civiles, cuerpo paramilitar credo para que los indígenas mataran a otros indígenas como expediente contrainsurgente. Fue como armar un Frankestein electoral cuyo daño todavía no ha terminado.
Los desafíos económicos en el 2004 Edgar Balsells*
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uego de una lucha desgastante al interior de fuerzas de tendencia similar y de haber superado a la Unidad Nacional de la Esperanza UNE por un margen menor al preanunciado por las firmas del marketing político, la coalición de pequeños pero financieramente poderosos partidos de la Gran Alianza Nacional GANA se apresta a comandar las acciones a partir del 14 de enero. Representan en el medio la tradición de fuerzas conservadoras que hoy en día buscan su predominio con base en *
Economista y Master en administración pública por la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC. Postgrado en finanzas y banca por la Universidad de Illinois. EE.UU. Ex Director de la Junta Monetaria (1989-1990). Catedrático en las universidades de San Carlos y Del Valle de Guatemala. Fue el Primer Presidente del Proyecto FLACSO-Guatemala (1985-1986)
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renovadas aperturas hacia la sociedad civil, principalmente frente a sectores que han venido cuestionando, y con razón, los resultados negativos de las panaceas privatizadoras, al igual que la política de liberalizaciones descontroladas, alejadas del consenso que priva en el mundo desarrollado. Ello muestra que los gobiernos centroamericanos y sus asesores económicos han sido, entonces, “más papistas que el papa”.
Convex and Concave, 1955. M.C. Escher.
Uno de los grandes problemas estructurales que encontrará el equipo económico, será el de la marcada obsolescencia del sector público, que consume más del 65% en gastos
de funcionamiento y pagos por servicios de la deuda pública. Se trata de una maquinaria derruida, que invierte poco y cuyos principales rubros de inversión son movidos por entes como las municipalidades, consejos de desarrollo y fondos sociales, con los cuales debe edificarse todo un esquema de interacción entre políticas económicas y sociales. Gobiernos anteriores de similar tendencia no enfrentaron de tajo este problema. Más bien superpusieron estructuras y esquemas paralelos de trabajo, tal es el caso de los fondos sociales, en torno a los cuales es urgente un replanteamiento integral de su accionar, en coordinación con los ministerios del área social. La proliferación de contrataciones de asesores y las subcontrataciones a diestra y siniestra, han promovido el botín político y la indiferencia por modernizar el sector público. Otro de los principales problemas en el manejo de la política económica desde el inicio de la democracia ha sido la ortodoxia conceptual de los equipos técnicos, educados en la creencia que economía y sociedad son dos entes diferentes, con leyes igualmente distintas. Ello se debe principalmente a su tendencia monetarista. Se trata, entonces, de un problema de teorías y conceptos más que de contar o no con equipos gerenciales modernos, con personalidades eficientes. Ello ha sido sumamente difícil de digerir y entender por las élites políticas, bombardeadas y más bien asusta-
das con los preceptos teóricos que se van desvaneciendo lentamente a costa de tremendos efectos negativos. Las terribles crisis financieras sufridas por el mundo contemporáneo han sido el resultado más nefasto de buena parte de tales creencias, sobre las cuales se ha escrito mucho por economistas de FLACSO en América Latina, y Guatemala no ha sido la excepción. El legado de la crisis ocurrida en Guatemala en 1998 se evidenció en quiebras bancarias, la merma de ahorros perdidos en las casas de bolsa, la carencia de un mercado de capitales –contradicción evidente en un país capitalista–, y la debilidad de entes reguladores diversos, como la Superintendencia de Bancos, el Ministerio Público, etc. Está por verse cómo el nuevo gobierno se acomoda mejor con tales creencias, sobre todo en relación con el manejo macroeconómico, que erróneamente pretende aislarse de lo social y del desarrollo. Aprovechando la infraestructura creada, y las expectativas no satisfechas en torno al pacto fiscal –intacto durante los cuatro años del eferregismo–, seguramente la primera jugada estratégica de coordinadores y equipo económico, en labores de penduleo y comunicación con los principales grupos de interés, será la de promover una convocatoria de dicho proceso, en donde lo más inteligente sería pasar por un diagnóstico consensuado de la coyuntura. Ello permitirá medir en forma clara el legado y
la magnitud del déficit fiscal de 2003, el impacto macroeconómico de la deuda pública y otras variables, para así pronosticar las magnitudes y procedencias de ingresos en el futuro cercano. La alianza de partidos en el Congreso está obligada a estudiar responsablemente este tema. A este respecto debe subrayarse que nunca se supo con certeza la realidad, magnitud e impacto de los manejos de las finanzas públicas durante la gestión del ministro Weyman. Siempre se trató de una danza de millones, movida caprichosamente desde la presidencia, la vicepresidencia, sus asesores más allegados y, por supuesto, en función de los intereses de partido, que se tornaron en una especie de paroxismo, en la medida que los termómetros del marketing político enviaban señales de una posible derrota. Así, las finanzas públicas en estos últimos cuatro años se movieron sin rumbo, sin macroplanes y bajo la manipulación de la elite partidaria y militar. En este sentido, el deber principal del nuevo equipo en la hacienda pública es el de profesionalizarla, equilibrando las presiones e intereses grupales diversos. Los primeros destellos de las inclinaciones económicas del nuevo gobierno han comenzado a percibirse. Tratándose de un equipo de corte pragmático, con predominio financiero y bancario, una de las ideas más atractivas para contrarrestar deficiencias ya previstas –como la relativa al Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias–, podría ser la de acudir al atractivo instrumento del endeudamiento mediante bonos dolarizados de la hacienda pública, a tasas mayores que las ofrecidas en los mercados internacionales. Por sus efectos financieros se sugiere que esta medida sea consensuada dentro del pacto fiscal, en virtud de que provocaría diversas distorsiones y favorecería al capital financiero, en detrimento del capital productivo. Otra tendencia natural del nuevo equipo será la de acudir a las siguientes medidas: la ampliación de la base tributaria, la eliminación de exenciones, la subida de la tasa del Impuesto al Valor Agregado –como ya en un principio había sido acordado en el seno del pacto fiscal–, y la búsqueda de reducciones impositivas al sector empresarial organizado para incrementar la productividad. Estará por verse de qué manera se resuelven contradicciones inminentes, como la relativa a la eliminación de exenciones y la afectación a la maquila, dada la relación estrecha que diversos miembros del equipo tendrán con el sector exportador organizado.
Entierro en la red, 1944. Cándido Portinari.
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En la arena de las decisiones, está claro que todos estos esfuerzos deben concretizarse en un tiempo sumamente corto, en virtud de que son bien conocidas las apreturas del fisco, que deberá limitarse a una magnitud de presupuesto igual al de 2003. Ello deja por fuera programaciones como el cuantioso pago de
Q1600 millones a los ex patrulleros civiles, y el también cuantioso monto de pérdidas operativas del Banco de Guatemala, que por disposiciones financieras legales debe ser anualmente cubierto por el Ministerio de Finanzas: Q900 millones para 2004, superior a lo presupuestado para el Organismo Judicial o la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala. Las próximas semanas serán determinantes y deberán aportar claras señales sobre la senda por la que transitará la futura política económica de la nueva administración. Y hay que recordar que el camino no está pavimentado.
La seguridad: una brasa en las manos del nuevo gobierno Iduvina Hernández*
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egún confirman las diversas encuestas de opinión publicadas durante la campaña electoral, la seguridad es una de las grandes preocupaciones en Guatemala. Al responder lo que les genera intranquilidad, las personas entrevistadas seguramente recordaban algún incidente experimentado o conocido, relativo al robo de algún bien. Quizá un asalto sufrido o, en todo caso, tenían en mente la información diariamente publicada por la prensa. La inquietud manifestada alrededor del término seguridad, es asociada con el estado individual de bienestar y tranquilidad. La merma en el ejercicio de la libertad de desplazamiento, que implica no sólo horarios sino lugares y condiciones, incide en la sensación de inseguridad que se experimenta día con día. No se trata solamente del temor a los robos o asaltos, sino del miedo, realmente justificado, de perder la vida en un secuestro o luego de un atentado que se ejecuta con total impunidad. Dar respuesta a estas demandas de solución a la pérdida de las libertades individuales y colectivas, es prácticamente el desafío mayor que enfrentará el gobierno de Oscar Berger en el corto plazo. Se trata del impulso de medidas inmediatas que den señales inequívocas de la capacidad de su equipo para responder a esa demanda esencial y prioritaria de la ciudadanía en general. No obstante, este elemento es solamente la punta del iceberg en materia de seguridad. El desafío mayor a la larga será además de responder efectiva y positivamente a la aflicción general por la seguridad inmediata, garantizar que el sistema en su conjunto responda *
Periodista, directora de la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia CEDEM.
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a las demandas de una sociedad democrática. En este terreno, las acciones medulares pasan por impulsar un programa integral de reforma al sector seguridad. Una reforma que no ha de limitarse a la “remilitarización” de la Policía Nacional Civil, (según lo anunciara el diputado Otto Pérez Molina). La reforma al sector como tal empieza por la conceptualización misma de la seguridad, a partir de la visión democrática de la sociedad y el Estado guatemaltecos. Se trata, ni más ni menos, que de superar plenamente la visión de la Doctrina de Seguridad Nacional, tristemente célebre por su aplicación contrainsurgente. Para enfrentar lo anterior se requiere, en primer lugar, del cumplimiento real en letra y espíritu de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, y que apuntan a la reforma del sector seguridad. Esto implica la separación clara e inequívoca de ámbitos de intervención entre las fuerzas de seguridad. Sin más adornos, zapatero a tus zapatos; o sea, policías en seguridad pública o ciudadana, y militares en seguridad para la defensa. Para alcanzar este primer elemento se requiere de cambios legales y procesos de reconversión en ambas estructuras de seguridad. Lo siguiente es el desarrollo de las instancias de control democrático, entendidas como sistema, en los campos legislativo, judicial y de auditoría social. Se necesita, también, de la formación de más capital humano para fortalecer la conducción civil de la seguridad.
Mujer llorando, 1955. Cándido Portinari.
El eje central para el impulso de estas acciones es que la autoridad política civil asuma plenamente la responsabilidad de conducción del proceso. La reforma del sector seguridad no es un asunto de militares o ex militares. Es un asunto de toda la sociedad y una obligación de las autoridades civiles en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No se trata de llevar adelante ninguna bravuconada pues, además de absurda, sería inútil. La conducción civil de la seguridad no se garantiza mediante decretos o simples cortes de cabeza, sino a través de medidas coherentes, sistemáticas y sostenibles en el largo plazo. En el terreno de la defensa, no se trata de impulsar solamente la reducción numérica de efectivos en la base. La reconversión tiene que
partir también de la reforma profunda al sistema de educación militar, derivado de la definición de los objetivos nacionales, así como de la visualización del margen de riesgos reales. En síntesis, de trata de construir un cuerpo de oficiales acorde con las necesidades de la sociedad democrática, en calidad y en número. En la formación efectiva está el primer mecanismo de control democrático a cualquier servidor en el campo de seguridad y, con mayor razón, en el terreno de la milicia.
consensuado sobre la reforma. Es decir, retomar las recomendaciones de los proyectos: Hacia una Política de Seguridad para la Democracia POLSEDE y Hacia una Política de Seguridad Ciudadana POLSEC, relativos a los sectores defensa y seguridad ciudadana, respectivamente. Ambos proyectos contemplan, además, recomendaciones sobre el sistema de seguridad en su conjunto y tienen el mérito de haber sido construidos por medio del consenso intersectorial.
En lo que concierne a la seguridad ciudadana, esto involucra no sólo a las fuerzas de policía sino al sistema total, incluido el penitenciario y el judicial. La garantía de seguridad a la población es responsabilidad policial (nacional o municipal) en el nivel preventivo. En un nivel de persecución delictiva, es tarea también del Ministerio Público, y en el cumplimiento de la ley, del sistema judicial y el sistema penintenciario. De manera que no se trata de acciones o soluciones mágicas de la noche a la mañana, sino de procesos integrales que involucren al conjunto de actores e instituciones obligadas por su naturaleza y su mandato.
Las tareas, en todo caso, están a la vista y el reto consiste en identificarlas, priorizarlas e impulsar su cumplimiento en el marco de un proceso de acciones en el corto, el mediano y el largo plazo.
Una medida vital es la creación del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), en tanto entidad de la sociedad civil que debiera contar con funciones de fiscalización y control democrático a los servicios de seguridad (incluidos los de inteligencia). Legislar en función de conducir la reforma de seguridad por los derroteros que han sido trazados en los dos grandes procesos de diseño
Parte medular de cualquier esfuerzo en esa línea será la formación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad CICIACS que ofrecerá un aporte fundamental a la reforma del sector y al combate a una de las esferas del crimen organizado. Ningún proceso de refor-
Así, no se trata de empezar de cero o de iniciar procesos de diagnóstico y búsqueda de soluciones. El desafío no está en ese lado de la cancha. El desafío real está en mostrar la voluntad política y la capacidad de liderazgo tal que permita el impulso de las reformas, en el marco de las recomendaciones emanadas de ambos procesos y en garantizar que los cambios sean sostenibles.
ma a la seguridad podrá ser exitoso mientras existan grupos ilegales, ligados a los cuerpos de seguridad, operando impunemente. De tal suerte que lo que corresponde también, en el corto y mediano plazo, es asegurar el funcionamiento de la CICIACS, sortear los obstáculos que se le puedan presentar, así como desalentar cualquier intento por destruir o menoscabar su mandato. En las actuales circunstancias ningún gobierno, por bien intencionado que esté en materia de seguridad o por mucha mano dura que haga blandir contra el crimen, podrá garantizar seguridad en todos sus aspectos si en el sistema mismo tiene insertos elementos vinculados con el crimen común y organizado. En síntesis, el nuevo gobierno debe impulsar acciones de corto plazo que respondan a la demanda de seguridad inmediata, emanada del clima de inseguridad que vive la población. Sin embargo, también ha de impulsar un programa integral que propicie el combate al crimen organizado, teniendo como punto de partida la formación de la CICIACS. Asimismo, deberá impulsar las recomendaciones de los procesos de consenso intersectorial relativos a la reforma del sector seguridad, tanto civil como militar, en el entendido que no se trata de un proceso que concluirá en los escasos cuatro años de gobierno, sino que habrá de continuar hasta completar el ciclo de reforma y garantizar que los cambios sean irreversibles.
Berger y Stein frente a las demandas sociales Nery R. Villatoro Robledo*
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l nuevo gobierno que recién se instala tiene frente a sí una serie de retos y demandas sociales que requieren ser atendidas. Pese a que Berger y su equipo de gobierno representan, en gran medida, intereses de sectores del denominado gran capital tradicional, el resultado de la elección presidencial es un paso en sentido positivo que despierta expectativas con relación a una serie de as* Tiene estudios en historia; es analista político y columnista de prensa. Trabaja para la Fundación para la Democracia Manuel Colom Argueta.
pectos que fueron tema de permanente preocupación durante la administración del FRG. Veamos algunos.
Acuerdos de Paz y reforma política del Estado Una de las principales demandas sociales y retos para la administración de la GANA, Familia de emigrantes, 1944, Cándido Portinari.
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yoría de la población dedicada a actividades agrícolas es una de las causas, si no la principal, de los altos niveles de pobreza y pobreza extrema que se registran en el campo3 y, por lo tanto, el origen de la alta conflictividad social que caracteriza al agro guatemalteco.
es rescatar el proceso de transición a la democracia del escandaloso retroceso sufrido en los últimos cuatro años, evidente en el estado actual de los Acuerdos de Paz. Consecuencia de lo anterior es el acelerado deterioro y debilitamiento de la institucionalidad del Estado, en la que también influyen factores que constituyen serios valladares para la democratización del país, tales como la creciente pérdida de independencia de las instituciones frente a los denominados “poderes fácticos” y los “poderes paralelos”, y el reposicionamiento, durante la administración saliente, de los sectores de poder político y militar más conservadores vinculados antaño con la contrainsurgencia. Esta deliberada debilidad institucional, reconocida por la MINUGUA1 como uno de los principales obstáculos por los que atraviesa Guatemala, ha frenado la reforma política del Estado esbozada en los Acuerdos de Paz, sobre todo respecto de la preeminencia del poder civil sobre el militar. La administración Berger-Stein deberá enfrentar, en consecuencia, la demanda de amplios segmentos de población relativa a desmontar lo que Amnistía Internacional recoge en su informe 2003 como “Estado de mafia corporativa” surgido a la sombra del FRG, e investigar y desarticular los poderes paralelos y los aparatos clandestinos de seguridad, facilitando el trabajo de la CICIACS creada mediante un acuerdo del gobierno saliente con Naciones Unidas y que será coordinada por ese organismo internacional. Esta tarea, sin embargo, no será fácil en tanto que para que su aporte sea sustantivo, la CICIACS tendría que investigar a fondo y su objetivo debe abarcar a todos esos grupos de poder, incluidos aquellos que puedan tener alguna relación con la coalición triunfadora en las recientes elecciones. Lo anterior está íntimamente relacionado con otra demanda social ineludible: el respeto y vigencia de los derechos humanos y el destierro de la impunidad. No se descubre el “agua azucarada” cuando se afirma que en los últimos cuatro años las violaciones a los derechos humanos y la impunidad adquirieron el rango de política institucional. Hubo un proceso de reinstitucionalización de ambos fenómenos que, si bien dio inicio en el último año del gobierno del ex presidente Arzú, se acentuó de manera dramática de la mano de la administración del FRG.
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Informe ante la Reunión del Grupo Consultivo para Guatemala. Guatemala, 7 de mayo de 2003.
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Los graves contrastes del agro guatemalteco reflejados en los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1979 (las cifras del censo agropecuario de 2003 aún se desconocen), que muestran una alta concentración de la tierra, se han mantenido inalterables:4 el 3% de las fincas que tienen una extensión de más de una caballería, abarca el 65% de la tierra cultivable y se dedica a productos de exportación. El 78% que tiene una extensión menor de cinco manzanas abarca solamente el 11% de la tierra. El 59% es inferior a dos manzanas y ocupa sólo el 3.7% de la tierra, siendo dedicadas a la producción de autoconsumo.5
Tower of Babel, 1928. M.C. Escher.
La pobreza y el eterno problema de la tierra Otro aspecto al que se enfrentará la administración Berger-Stein es el de la problemática agraria, particularmente la tenencia de la tierra, que representa uno de los grandes problemas estructurales causantes de graves desigualdades sociales en el país: la dicotomía latifundio-minifundio y el modelo económico agroexportador. La cuestión de la tierra, uno de los puntos centrales de los Acuerdos de Paz, se ha visto agravada a raíz de la crisis del café,2 provocada fundamentalmente por la caída de los precios internacionales del grano y que también ha mostrado con mayor crudeza las relaciones laborales injustas, cuasi feudales en muchos casos, que imponen en el campo los grandes terratenientes. Sería ocioso mencionar el origen y evolución de la desigual distribución de la tierra. No obstante, la carencia de ese recurso por la ma2
Al respecto puede consultarse el trabajo del autor: La problemática agraria y la conflictividad social en seis municipios de las Verapaces, particularmente el capítulo III: “Algunos indicadores de la actual crisis del café”. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, Programa de Derechos Económicos Laborales, Guatemala, abril de 2003.
Son cifras que muestran la opulencia y la miseria, los dos rostros opuestos de Guatemala. De tal forma que la hambruna que azota el oriente del país (Camotán es un ejemplo trágico), y que la crisis del café hizo más patente en otras regiones, es en gran parte consecuencia de la injusta estructura agraria que, por otro lado, muestra la magnitud de la exclusión social.
Demandas salariales La cuestión del salario es un punto vital. Los reiterados fracasos de la Comisión Nacional del Salario por la negativa de la parte patronal a acordar aumentos aceptables al cada vez más depauperado salario mínimo, obligó al ex presidente Portillo (más por su confrontación con el empresariado que por convicción) a otorgar aumentos a golpe de acuerdos gubernativos, cuestionados por los empresarios ávidos de mayores ganancias a costa de la miseria de quienes constituyen, ellos sí, la clase productiva: los trabajadores. De ahí que la administración entrante tendrá que vérselas con un problema también ineludible: las relaciones capital-trabajo, y abordar el tema salarial 3
Cifras del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala indican que en 2000 el 27% de la población (2.8 millones de personas sobre un total de 10.37 millones) se encontraban debajo de la línea de la extrema pobreza, con un ingreso per cápita menor a US$1 diario; mientras que el 57% (6 millones) era pobre, con un ingreso menor a US$2 diarios. Véase: Guatemala: la fuerza incluyente del desarrollo humano. Informe de Desarrollo Humano 2000. PNUD. Guatemala, 2000. 4 Véase: Ibid. pp. 65-71 5 La problemática agraria y la conflictividad social en seis municipios de las Verapaces. Op. Cit. Capítulo II: “El eterno problema agrario”.
partiendo de que éste debe ser digno y capaz de satisfacer, por lo menos, las necesidades básicas de los guatemaltecos. Estas demandas sociales sólo esbozadas constituyen un número reducido de una larga lista que, cual carta a Papá Noel, la administración Berger-Stein se verá obligada a enfrentar. Entre otras que podrían mencionarse están la necesidad de privilegiar el diálogo y la concertación sobre la confrontación para abordar éstos y muchos otros problemas sociales; la transparencia en el uso de los recursos públicos, y la persecución y sanción de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, el inicio no ha sido de la mejor manera, y es previsible que muchas de las demandas sociales, especialmente las relativas a derechos económicos y sociales (tierra y salario, p.e.), se topen con el muro de la indiferencia y la exclusión.
Estado reducido a su mínima expresión, que propició la artera política de privatizaciones durante la gestión de Arzú. Un gabinete que no tiene nada de plural, ni en el lado político ni en lo que respecta a la multiculturalidad del país; o sea, excluyente.
El gabinete refleja que el discurso de Berger de un gobierno incluyente dio paso a la realidad de la Guatemala profunda: exclusión de los indígenas y de las mujeres. Más aún, el gabinete es lo que un amigo decía: el retorno al futuro. Es decir, un gabinete integrado casi en absoluto por representantes y miembros del empresariado con esa visión gerencial del
Surge así una gran interrogante: ¿se retomarán los Acuerdos de Paz solamente en la medida que ello facilite al gran capital la hegemonía del proceso político del país en función de sus intereses y de los grandes negocios, incluidos aquellos que se hacen desde el Estado?
Reforma electoral: un reto urgente Alejandro Balsells*
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ada cuatro años, cuando se celebra una consulta para escoger autoridades, el tema electoral se pone de moda y se leen y escuchan los más novedosos artículos y opiniones sobre la deficiencias de un régimen electoral que, desde 1996, está “en estudio para su reforma”. En efecto, el tema favorito de la campaña 2003 fue el padrón electoral. Sobre el mismo se efectuaron los análisis respectivos desde múltiples tribunas; sin embargo, únicamente se presentó un trabajo serio de investigación, preparado por FLACSO y a cargo del ex magistrado del TSE César Augusto Conde Rada.1
La reforma electoral lleva dos legislaturas de estar engavetada. Ello, a nuestro juicio, se debe principalmente a dos factores (deleznables ambos), que motivan que los partidos políticos no puedan pasar de los discursos a los hechos: regular el financiamiento privado de las organizaciones políticas, por una parte, y desmunicipalizar la identificación ciudadana por otra. Para los partidos políticos, la regulación y, sobre todo, la publicidad de sus fuentes de financiamiento, no constituyen temas atractivos. Tan es así que el proyecto original de normativa ha sido tan variado en el seno del Con-
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Abogado y notario por la Universidad Rafael Landívar. Catedrático de derecho constitucional en la misma universidad. 1 Conde Rada, César A. El padrón electoral en Guatemala: antecedentes y situación actual. FLACSO, Guatemala, 2003.
Magic Mirror, 1946. M.C. Escher.
greso que todo control que en un principio se intentó se ha convertido en inocuo e inviable. Es necesario aceptar que mientras no se tenga certeza pública sobre las fuentes de financiamiento a las organizaciones políticas, el “dinero sucio” del contrabando, el narcotráfico y cualquier actividad ilícita estará (efectiva o potencialmente), presente en las campañas políticas. Asegurar lo contrario corresponde a una falacia, toda vez que es imposible –con el marco regulatorio de las sociedades mercantiles nacionales– sostener que esto no pueda darse. Guatemala debe aprender de las experiencias de los países cercanos. Mientras no se fortalezca el financiamiento público a los partidos políticos (previa reforma estructural de los mismos) y, a la vez, los ciudadanos no tengamos acceso a conocer a los financistas de los mismos, las oscuras aguas de la duda, la corrupción y, sobre todo, el obligado alejamiento de muchos, será la constante. Las campañas electorales, por naturaleza, deben ser cortas. Debe ser el tiempo en el que los respectivos candidatos den a conocer sus
planes de gobierno y realicen los debates ideológicos que tanta falta hacen. Sin embargo, Guatemala se caracteriza por campañas que duran seis meses, en las que el acceso a los medios de comunicación masiva sustituye cualquier posibilidad de discusión política seria, siendo en consecuencia un “derroche de plata” lo que ocupa a los dirigentes políticos. Es necesario que la regulación del financiamiento a las campañas y organizaciones políticas sea parte de una agenda nacional, en la que los centros de investigación, las universidades, los colegios profesionales y, principalmente, la sociedad civil organizada, tomen conciencia del mismo y jueguen el papel de promotor de los cambios sustanciales del sistema. Mantener ocultas las fuentes de financiamiento de los partidos políticos dificulta su autonomía cuando éstos hacen gobierno. El segundo aspecto que a los partidos políticos representados en el Congreso parece que les da alergia, es el relativo a la identificación ciudadana. La sustitución de la obsoleta cédula de vecindad es un proyecto que lleva más de enero 2004, No. extraordinario /
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15 años haciendo fila para poder concretarse. A la fecha, únicamente el Tribunal Supremo Electoral ha dado muestras serias, a lo largo de su vida institucional, de encarar el proyecto. Al parecer, mantener el control de la identificación ciudadana en 331 alcaldes constituye una cuota de poder que los partidos no están dispuestos a perder. El potencial ingreso de dudosos ciudadanos al padrón electoral, dentro de un esquema disperso de control, únicamente permite diluir las responsabilidades institucionales y garantizar que “lo que una vez hizo otro, ahora lo haré yo”. Modificar radicalmente el sistema de identificación ciudadana debe ser una decisión de Estado, de urgente ejecución, pero también de amplia discusión. Los temores de la militarización de la información, la confidencialidad de la misma y, sobre todo, la certeza de su manejo, son imprescindibles. Es necesario tener presente que de nada servirá modificar el régimen de la cédula de vecindad sin adoptar paralelamente transformaciones sustanciales al sistema del registro civil.
Los guatemaltecos debemos entender que los políticos (acá y en cualquier parte del mundo) son los más reacios para concebir su propia transformación. En virtud de esta realidad es a los grupos de presión, pero fundamentalmente a los académicos y científicos sociales, a quienes corresponde impulsar las acciones para que los legisladores y el gobierno central comprendan la dimensión de estos cambios que el país necesita y los pongan en práctica. Por otra parte, es conveniente considerar que la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no será, por sí sola, ninguna solución, pero sí el inicio de una transformación política seria y fecunda. Existen muchos aspectos a estudiar y transformar en torno al régimen electoral, pero no debe olvidarse que el mismo no es una isla y, por tanto, que los esfuerzos de fortalecimiento institucional rebasan el límite de autoridad rectora del mismo y de los partidos políticos, instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Corte de Constitucionalidad.
El primer año de gobierno es fundamental para comprender si existen intereses partidarios de carácter diverso en las instituciones que por mandato constitucional y legal deben ser ajenas a intereses político partidistas, y si así fuera el caso, es menester un consenso general para depurarlas y, sobre todo para poder iniciar una nueva era donde los controles de racionalización del ejercicio del poder jueguen el papel que normativa e institucionalmente les corresponden. En 2004 deben elegirse a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia; dentro de dos años y meses a los la Corte de Constitucionalidad. Ambos órganos tendrán una injerencia directa en el próximo proceso electoral, como la tuvieron en las elecciones generales de 2003. Ojalá aprendamos de los errores cometidos y tengamos la sensatez de superarlos; de lo contrario, estaremos obligados a repetir la historia y a quejarnos eternamente.
¿Cambio de funcionarios o reforma institucional? Equipo de redacción de diálogo
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a realización de reformas institucionales, tan publicitadas como necesarias, generalmente resultan cuesta arriba. Las modificaciones sustanciales a la administración pública no pueden estar sujetas sólo a la opinión de algunos; por su naturaleza, efectos y entorno político exigen discusión, publicidad y un amplio acuerdo multipartidario. En Guatemala existen abundantes ejemplos de legislaciones casuísticas y, sobre todo, normas diseñadas casi con la exclusiva intención de salir del atolladero que la propia clase política produjo. La reforma constitucio10 / enero 2004, No. extraordinario
nal de 1993 y la novedosa presidencia alterna en el Organismo Judicial son ejemplos ilustrativos. Las instituciones se convierten en sólidas gracias a los hombres y mujeres que las ocupan; cualquier país puede contar con leyes y normas rectoras, pero si a quienes se les confía su conducción no son las adecuadas y capaces, las políticas erradas, la corrupción y, fundamentalmente, el desencanto, serán su producción constante. Frente a las expectativas de la nueva administración un análisis por separado de las principales instituciones, puede contribuir al diagnóstico que el equipo gubernamental instalado el 14 de enero requiere hacer:
1. Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial En 2004 el Congreso de la República debe elegir a 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un nuevo período de cinco años
y a todos los magistrados de las Cortes de Apelaciones. Este proceso se debe llevar a cabo tras la integración de dos comisiones de postulación, constituidas principalmente por representantes de las facultades de derecho del país, el rector de la Universidad de San Carlos, el propio Organismo Judicial, así como miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala electos en Asamblea General.
del particular. El Colegio de Abogados, la Comisión de Fortalecimiento a la Justicia y las principales facultades de derecho deberán jugar un papel de primer orden en este campo.
3. Corte de Constitucionalidad El máximo tribunal constitucional del país se ha situado en medio del huracán, en vista de los recientes cambios de doctrinas mantenidas por más de una década, las integraciones casuísticas y, principalmente, las denuncias de corrupción que se han efectuado sobre sus integrantes. Se observa que la Corte de Constitucionalidad ha procedido anómalamente en varios procedimientos, y a la vez ha condicionado “su libertad de fallar” con casuísticas políticas, publicidad de sus conflictos internos y. lo que es aún más grave, con un daño institucional que únicamente puede ser reparado por medio de una verdadera depuración. Ésta no se presenta, sin embargo, como tarea fácil ni sencilla.
La elección de estos nuevos funcionarios la debe realizar el Congreso de la República con la mitad más uno de sus integrantes. Los nuevos electos encararán serias dificultades financieras, así como una débil presencia institucional. Las metas que se pretendían alcanzar con los Acuerdos de Paz no fueron satisfechas, y si bien pueden señalarse éxitos en el área administrativa, la calidad de la justicia, así como la celeridad en los fallos judiciales, no es aún ninguna realidad. Por si lo anterior fuera poco, la actual Corte Suprema de Justicia ya declaró que será su prioridad durante este año promover la aprobación del Código de Procedimientos Generales, que representaría un cambio de ciento ochenta grados para la administración de justicia civil, laboral y de familia.
4. Contraloría General de Cuentas El Contralor General de Cuentas fue electo por un procedimiento que desde un inicio fue tachado de irregular, puesto que los electores del propio Colegio de Ciencias Económicas manifestaron su inclinación por él cuando a ellos les correspondía formar parte de una comisión de postulación constitucionalmente establecida.
El éxito de estas profundas modificaciones con noveles funcionarios no parece ser un buen augurio para esta delicada.
La ausencia institucional de la Contraloría de Cuentas ha sido evidente en los escándalos de corrupción municipal denunciados por la ciudadanía. Por otra parte, su falta de acción en muchos ámbitos, ha hecho que a los contralores sólo se les pueda considerar como funcionarios que entorpecen las dinámicas administrativas, que ya de por sí son bastantes lentas.
2. Ministerio Público El Ministerio Público tiene por mandato constitucional la gran responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y es a la vez el titular de la acción penal pública. El jefe del Ministerio Público está siendo objetado por entidades que han apoyado al sector justicia como un funcionario con intereses particulares; paralelamente a ello, no se han obtenido éxitos en los casos paradigmáticos investigados. La pasividad del Ministerio Público durante las jornadas violentas del 24 y 25 de julio de 2003, la falta de acción en casos de corrupción y, sobre todo, los escándalos publicitarios de sus principales funcionarios, hacen imprescindible revitalizar la institución y, todavía más, realizar una verdadera consulta con los principales operadores de justicia acerca
Este rápido repaso a cuatro instituciones muestra un panorama poco alentador. Por ello, imprimir a las actividades públicas un estricto cumplimiento de la ley y esperar que el Congreso de la República se convierta en un verdadero foro político constituyen un reto casi sin precedentes en el país. Desde el Ejecutivo, no cabe duda que puede hacerse mucho, pero la sociedad en su conjunto debe comprender que son los hombres y las mujeres que se desempeñan como funcionarios quienes hacen a las instituciones y jamás a la inversa. Música solar, 1955. Remedios Varo
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