El Delito Social, de ser Víctima de la Inseguridad en Argentina. Por Juan Anibal Gómez 1 de febrero de 2014 a la(s) 19:55 Público
"El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgo una conciencia. Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro". Martin Luther King ARGENTINA EN TIEMPOS VIOLENTOS: Quien suscribe, viene desarrollando de menor a mayor, acciones ciudadanas basadas en la participación ciudadana en la prevención del delito, durante mas de veinte años, tuve toda clase de duras experiencias, que me llevaron a ser un "experto" en la Seguridad Urbana, tanto en la formación de Redes Vecinales, Asambleas, Foros, como generando Charlas, Debates, Jornadas, Seminarios y Congresos, como así también, acciones de movilidad en distintas Marchas de Reclamos, hasta llegar a ser uno de lo Coordinadores de las mega Marchas del 13-S y 8-N, etc., pero lo mas doloroso, fue la motivación de defender a los Familiares y a la Víctima de la Inseguridad, en las cuales, el dolor profundo de la pérdida de un ser querido en forma cruenta y traumática, se contrarestaba, con la indolencia de Funcionarios Judiciales, y a veces Policiales, en los cuales junto a la connivencia Política, creaban un clima hostíl, contra las víctimas que contra los victimarios, soportando toda clase de penurias que atentan contra la dignidad humana y el derecho a la vida, mas allá que las supuestas leyes estan hechas para defender al ciudadano, llega a ser una utopía. Son innumerables los casos, que participamos activamente, y a su vez, tenemos la experiencia para darle el contenido de la "verdad", de lo que padece una víctima de la Inseguridad, soslayado de la mediática respuesta que el Gobierno en estos diez años, siempre contestó, que la Inseguridad es una sensación, y los derechos humanos, deber ser serviles al Victimario, por ser víctima de la sociedad (?). Nada mas duro que el Estado, en aplicar la Injusticia, a Derecho, como respuesta a la Justicia de la razón. "Parafraseando a los sabios: Nadie puede pensar y golpear a alguien al mismo tiempo". Susan Sontag (1933-2004) Novelista y ensayista estadounidense.
Ya en notas anteriores, hemos publicado la estadísticas, que contrarestan la inoperancia e inhabilidad como incapacidad en materia de Inseguridad, del Estado Nacional, como el Estado Provincial y Municipal -salvo muy pocas excepciones-, de tener y tomar la decesión Política en la aplicación de las Estrategias aplicables a Derecho, contra las diversos factores, multicausales, que genera la delincuencia y la actividad criminal del narcotráfico; socio partícipe absoluto, de la agresividad y violencia actual; y reconocimiento, de un sistema totalmente colapsado, y que sólo reacciona con medidas espamódicas para fomentar mediáticamente, "algo se esta haciendo", cuando no se reconoce, sus propia incapacidad., mientras, la ciudadanía lo paga, aportando día a día, mas víctimas. Hoy deseamos dar a conocer y analizar, juntos desde nuestra humildad de conocimientos, los derechos no resguardados como los padecimientos y consecuencias de las Víctimas de la inseguridad en los Tiempos Violentos de Argentina, 2014. PADECER EN SER VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD. Las víctimas, a pesar de estar cada vez más en el centro del debate público sobre la delincuencia y la inseguridad ciudadana, acostumbran a recibir una atención del todo insuficiente. En realidad, el interés por las víctimas en nuestra sociedad se limita, en general, a una solidaridad superficial y efímera que, más pronto que tarde, degenera en una curiosidad morbosa por los detalles más escabrosos del suceso. Más raramente, sin embargo, una víctima puede aspirar a recibir de su comunidad el efecto reparador de una autentica compasión; es decir como un sentimiento con el que uno toma parte en el sufrimiento de otro. La persona que ha sufrido y ha sido víctima de un delito, enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento, pues generalmente el delito siempre implica violencia y maltrato, que puede provocar daños colaterales en aspectos físicos, psicológicos y comportamiento psicosocial que afecta a su entorno debido al
quebrantamiento de las reglas y normas establecidas por las leyes. Además del sufrimiento y la violencia, la víctima luego de ese momento, tendrá que convivir – en algunos casos de modo muy cruel – con los daños colaterales de ese anónimo “quiebre de reglas”. También las familias, o grupos sociales que sufren o son víctimas de un delito, generalmente enfrentan traumas que se expresan particularmente, en la pérdida de confianza en el sistema de administración de justicia y ven cómo sus reglas de convivencia social son alteradas y trastocadas, viviendo con una constante sensación de inseguridad y riesgo que afecta al normal desarrollo de las relaciones sociales y crecimiento psicosocial de sus habitantes, que ven cómo se pierden las reglas de ética, valores morales y reglas jurídicas. Existe inseguridad ciudadana y se violan los derechos de la propiedad privada, de las garantías individuales sociales y de la convivencia pacífica; dando paso a la victimización. La victimización, es entendida como aquella situación que produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectiva, en la cual el delito afecta profundamente a la víctima, a su familia y a su comunidad social y cultural (Marchiori, 1984).
En este sentido, señala la autora citada que se ha observado en las víctimas del delito los siguientes rasgos y condiciones: Daño en su persona o en sus pertenencias. Sufrimiento a causa de la acción delictiva. Sensación de humillación social. Temor por su vida y la de su familia. Sentimiento de vulnerabilidad que provoca estados de angustia, desconfianza, inseguridad individual y social. Toda esta sensación de inseguridad se incrementa porque la víctima no recibe respuesta a su situación individual, familiar y social por parte de las instituciones encargadas de su protección. Ello, asociado a la impunidad del delincuente, crea estrés y conmoción en la víctima y su familia, como a todo su entorno, recibiendo, en parte la discriminación de la sociedad, por ejemplo. "por algo le pasó", o similares, recibiendo muchas veces la espalda de su comunidad, tanto por miedo ante las amenzas, ó por la falta de intromisión en ser solidario. Tal estrés delictivo puede conducir a conductas posdelictivas desencadenantes de nuevos comportamientos: permanente temor a salir del hogar, imposibilidad de desempeñar sus labores, enfermedad física (en algunos casos somatización), trastornos psíquicos, desintegración familiar, alcoholismo, conductas autodestructivas, encierro, intento de suicidio, suicidio (Marchiori, 1984). ANALISIS DE LA VICTIMIZACIÓN: Cuando una víctima acude a los órganos de justicia – Policía, Fiscalía, etc., a efectos de sentar denuncia pese al dolor y daño sufrido, con una valiosa actitud de colaboración al esclarecimiento del delito y coadyuvar con las investigaciones; generalmente no recibe un trato y atención adecuada, no recibe una asistencia inmediata, no es informada debidamente sobre el proceso y pasos a seguir, no recibe un trato respetuoso y mucho menos equitativo, no cuenta con información efectiva sobre sus derechos y es maltratada por el sistema legal, produciéndose lo que la ciencia de la Victimología denomina “SEGUNDA VICTIMIZACIÓN”; experiencia que en muchos casos resulta incluso más perjudicial y traumatizante que el propio hecho delictivo, y termina provocando actitudes personales y colectivas de desconfianza y rechazo al sistema de justicia y sus operadores. En ningún caso, sin embargo, puede resultar factible la compasión por las víctimas si no se da una condición previa y del todo necesaria: la plena comprensión del proceso de victimización. Porque no se trata de un proceso simple sino complejo que se produce, al menos, en dos niveles complementarios. Por supuesto existen -en un primer estadio del proceso de victimización (primaria, en el léxico de los criminólogos)- los daños físicos y/o las agresiones a sus derechos; los cuales pueden ser, en
ambos casos, relativamente leves pero también, llegado el caso, extraordinariamente graves e incluso irreversibles. Sin olvidar, naturalmente, el impacto emocional que produce en la víctima cualquier forma de agresión personal -ya sea en forma de sensación de impotencia, ansiedad, angustia, pánico a que vuelva a repetirse e, incluso, sentimiento de culpabilidad- y que, en no pocas ocasiones, termina afectando de manera sustancial y duradera los hábitos y los comportamientos de la persona que ha sido víctima de una agresión, en particular su forma de relacionarse con los demás. Contrariando toda lógica, con demasiada frecuencia, el proceso de victimización no termina aquí. Muy al contrario, a la persona que ha sufrido una agresión a su integridad física o a su patrimonio, todavía le espera tener que padecer los efectos de un sistema de justicia penal que no parece pensado tanto para acoger y atender a las víctimas de una acción delictiva como para preservar -aunque sea de una forma cada vez más simbólica que efectiva- la autoridad del Estado. Así, a la víctima de una agresión, a partir del acto de denunciar los hechos, le aguarda un recorrido por el sistema de justicia que, generalmente, termina resultando más equiparable a un via crucis que no a un proceso curativo (victimización secundaria, le llamarán los criminólogos). Y es que no son pocas las ocasiones en las que, el contacto de la víctima con la policía y la administración de justicia, viene a incrementar todavía más los daños -tanto los psicológicos como, también, los patrimoniales- generados por el acto delictivo; y, en algunos casos, puede llegar a resultar más perjudicial el remedio que la enfermedad. En todas estas situaciones, la persona que acude a la justicia con la expectativa de obtener una reparación, en el mejor de los casos, puede acabar teniendo la impresión que ha estado perdiendo el tiempo o el dinero y, en el peor, sintiéndose impotente ante una burocracia que ignora su sufrimiento o, en el extremo, que se le ha tratado con una notable falta de tacto e incluso con incredulidad manifiesta por parte de algunos agentes de policía, como aún ocurre en muchas denuncias de maltratos o violaciones. Nada de esto, obviamente, contribuye en absoluto a reforzar la legitimidad del sistema de justicia y, por consiguiente, la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la protección estatal de sus derechos.
Pero la cuestión que nos ocupa ahora es la atención que reclaman y merecen las víctimas de agresiones delictivas y, especialmente, la importancia que puede revestir la compasión, eventualmente, en la necesaria reducción de la violencia en nuestra sociedad. No tiene ningún sentido ni propósito, en principio, que el Estado -a quién está encomendada la protección efectiva de las personas, de sus bienes y sus derechos- forme parte del problema en lugar de la solución. Es cierto que, en los últimos tiempos, en el seno de la administración de justicia y de los cuerpos de policía han empezado a aparecer algunas unidades especiales de atención a las víctimas en general o bien a aquellas que requieren un tratamiento especial (mujeres maltratadas o violadas, por ejemplo) y que, al mismo tiempo, las escuelas de policía han empezado a introducir en sus programas contenidos destinados a sensibilizar y capacitar agentes en la atención a las víctimas. Es cierto, igualmente, que se han emprendido algunas medidas
legislativas destinadas a mejorar la protección de las víctimas de actos delictivos y, prioritariamente, de actos terroristas. Considerado globalmente, sin embargo, no se puede decir aún que el Estado actúe, consecuentemente con la responsabilidad que le corresponde, como un agente activo y eficaz de protección de las víctimas de la criminalidad. Lo cual trasciende, sobradamente, la consideración política de simple carencia en la prestación de un servicio público y adquiere, en términos radicalmente democráticos, la dimensión ética de escándalo. Maltratar las victimas de agresiones, despreciar su sufrimiento y abandonarlas a su suerte, todo ello a cargo de los fondos públicos, es exactamente eso: un auténtico escándalo que nos resultaría simplemente intolerable si no fuera que la falta de sensibilidad que, en términos generales, muestra la administración de justicia hacia las víctimas se corresponde, exactamente, con la despiadada desconsideración que les muestra el conjunto de la sociedad. En esta carrera insensata -¡quién sabe hacia dónde!- quien cae pierde: el enfermo, el anciano, la víctima. Y es que allí donde prevalece la competencia extrema entre los individuos, DONDE MAS QUE SER UNA SENSACIÓN ES UNA DURA REALIDAD DE DEFENDER MAS AL VICTIMARIO QUE A LA VÍCTIMA, obviamente, ya no puede haber espacio para la compasión, es decir para una solidaridad efectiva basada en una auténtica comprensión. Justamente, por tanto, nada nos hace más falta, y con mayor urgencia, que la compasión. Así pues, la atención a las víctimas ¿constituye un deber colectivo de reparación de los efectos extremos, en los individuos, de la violencia existente en la sociedad? No parece tan claro en la sociedad del individualismo exacerbado y ello se traduce, como hemos visto, no sólo en una atención estatal ineficiente sino, incluso, en una victimización añadida a los daños producidos, en primera instancia, por la agresión criminal. El derecho de las víctimas (todas y sin distinciones de ningún género) a ser atendidas y compensadas, lejos de su plena vigencia, se mantiene como una reclamación que no acaba de encontrar su encaje en el sistema de justicia penal argentino, más cuando cierta "onda" abolicionista, corre por ciertos Juzagados, donde el caracter del derecho del victimario, prevalece al derecho de la víctima. Y es que no parece que hayamos comprendido -embobados como estamos en la contemplación del propio ombligo- la importancia determinante que puede llegar a tener, una atención adecuada a las víctimas, en la desactivación del círculo perverso de la violencia en nuestra sociedad. Debería ser, en realidad, el primer paso. Porque cuando estalla la violencia -efecto extremo del conflicto irresueltoentonces genera, entre muchos otros daños, agravio en el corazón de las víctimas que, tarde o temprano y de una u otra forma, termina generando más violencia que, a su vez, genera más; y así sucesivamente. Es, pues, en el agravio provocado en la víctima que hallamos la primera ocasión de desactivar, compasivamente, el ciclo de la violencia. Ello requerirá, por supuesto, no tan sólo las debidas atenciones formales por parte de los servicios públicos -indispensables, por otra parte-, sino también algo mucho más exigente: acogida, comprensión, afecto auténtico por parte de la propia comunidad. Sólo así podremos aspirar a que a los daños causados directamente por la agresión (victimización primaria) no se le añadan otros no menos graves, como pueden serlo el sentimiento de impotencia y de abandono por parte de los poderes públicos (victimización secundaria), pero también el resentimiento, el odio y, en su extremo, el deseo de venganza, es decir el propósito irracional de perpetuar la espiral infernal de la violencia. DERECHOS DE LA VÍCTIMAS: La gente espera que los operadores del sistema penal le devuelvan la confianza perdida por el delito perpetrado, pero..., del dicho al hecho.., hay mucho trecho ....; conclusión casi nada se cumple, el sistema en la realidad, falla .... El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, brinda asistencia integral, acompañamiento y contención a las personas afectadas por las consecuencias de haber padecido algún delito en su perjuicio o de sus familiares.
Los campos problemáticos que configuran las violencias contra la mujer: violencia familiar, abusos sexuales, trata de personas, femicidios; la explotación y abusos sexuales infantiles; los homicidios; los delitos de lesa humanidad; la violencia institucional, requieren de intervenciones especializadas por parte del Estado. El CPV se compromete con la víctima, mediante una rápida asistencia interdisciplinaria, acompañando el seguimiento del caso, hasta la resolución del proceso, procurando que cada momento tenga un efecto reparador, superando así la mera pretensión punitiva frente a la alteración del orden jurídico. Esto contribuye por un lado, a materializar el acceso efectivo y oportuno a la Justicia por parte de estas personas; este principio es de alta significancia ética en cuanto modelo de Estado y su rol de salvaguarda del principio de VERDAD Y JUSTICIA. Paralelamente, durante el transcurso del proceso judicial se desarrolla el acompañamiento integral de los familiares y victimas, así como se gestiona el patrocinio jurídico correspondiente, en los casos que sea necesario. Las situaciones de vulnerabilidad que aparejan estos hechos, o que los anteceden pero dificultan un proceso reparatorio por parte de los afectados, son también materia de abordaje a través de dispositivos institucionales de este Centro. Este andamiaje de política pública se estructura y construye de manera permanente y cotidiana, acudiendo a procesos que promuevan la participación activa de los afectados y sus familias, las organizaciones de la sociedad, el resto de los poderes del Estado, los Municipios, y demás actores del “espacio” público. Esto supone apostar vigorosa y decididamente a una CULTURA COLECTIVA POR LOS DERECHOS DE LA VICTIMA, que recree los preceptos de una sociedad justa, solidaria y protagónica. LÁSTIMA QUE ESTO NO SE CUMPLE, EN NINGÚN ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL..... SER VÍCTIMA DE LA INSEGURIDAD, ES SER VÍCTIMA DEL DERECHO JUDICIAL, PENAL Y POLICIAL, COMO MINISTERIAL DE ESTADO. AHORA COMPRENDERÁS EL DOLOR, Y LA ANGUSTIA DE PADECER LA INJUSTICIA, CON TODO SU VIGOR, EN CADA MARCHA POR UNA VÍCTIMA DE NSEGURIDAD, ANTE SU RECLAMO. "JUSTICIA..., POR ..... "
Juan Anibal G贸mez Moderador del Foro Seguridad Urbana - Coord. Gral. de RED AMPARO www.JuanAnibalGomez.blogspot.com RedAmparo@gmail.com Twitter: @RedAmparo 15-3020 6288 y 15 6211 6591