CALIDAD Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN Por Fred Avila Molina
Hasta hace algunos años el principal tema de debate en el contexto educativo consistía en la cobertura, en términos de su aumento, y el acceso a la educación básica. Actualmente, con la influencia de las organizaciones mundiales, hemisféricas y regionales (p.ej. UNESCO, OCDE, CEPAL, entre otras), se ha centrado fundamentalmente en el incremento de la calidad de la educación y de la equidad educativa. Si bien este cambio de enfoque representa una tendencia global, establecida incluso en acuerdos como “los objetivos del Milenio”, estos tópicos hoy día son no sólo objeto de abundante investigación sino también de gran discusión por los impactos socioeconómicos que suponen para los países firmantes. Primeramente, antes de establecer cualquier relación entre estos conceptos y su influencia en las políticas territoriales, es menester definir sus significados y acepciones más coherentes con el propósito expositivo de este texto, debido a que éstos son dos de los constructos teóricos con mayor diversidad de conceptualizaciones, por su naturaleza abstracta, que está sujeta a las múltiples perspectivas, campos y disciplinas en que se emplean. Refiriéndose particularmente a la calidad educativa, Muñoz (2004) plantea una elocuente concepción integral acerca de ésta. En sus palabras: “se considera que la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada paso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma- se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida”.
Este concepto recoge prácticamente todas las dimensiones de la calidad educativa: social, cultural, económica, con efectividad y equidad. Por su parte, la equidad en el contexto educativo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2012), significa que las circunstancias personales o sociales de un individuo como el género, origen étnico, aspectos familiares, entre otros, no representan obstáculos para desarrollar su potencial educativo (justicia), además implica que todos los individuos puedan alcanzar al menos un mínimo básico de competencias (inclusión). Este concepto, centrado en el individuo, da mayor valor al desarrollo de las potenciales personales, en lugar de considerar la equidad como una dimensión de la sociedad o la humanidad vista como un todo. Por otra parte, si se prefiere un abordaje más amplio de la equidad, el paradigma dominante defiende el universalismo, entendido como una oferta homogénea abierta a todos. Así mismo, subyace a esta concepción la necesidad de difundir valores y creencias que fomenten la integración social y la idea de igualdad. En la práctica, sin embargo, los principales beneficiarios de los servicios públicos sociales han sido, por lo menos en América Latina, los sectores más instruidos, más informados, más organizados, que viven en áreas mejor dotadas de servicios, que cuentan con recursos suficientes para hacer frente a los costos de transacción (transporte, tiempo) en los que es necesario incurrir para recibir los servicios. En contraste, el acceso a esa oferta estatal ha sido siempre difícil para quienes, aun teniendo mayores necesidades insatisfechas, carecen de las características enumeradas, y deben enfrentar las dificultades de acceso a las prestaciones, lo que configura una situación de inequidad y desigualdad (Franco, 1996). A este respecto, es evidente –como lo muestra la teoría sociológica- que la desigualdad es un componente estructural inevitable de toda sociedad. Por ello, en aras de alcanzar mayor equidad, lo válido es que los países desarrollen políticas que contribuyan a disminuir la desigualdad interna en dichas sociedades, a un nivel tal que los recursos se encuentren mejor
distribuidos entre los actores sociales (Franco y Barros, 1985) y que el acceso a los beneficios provenientes del Estado sea también para todos, lo que en últimas se reconoce como equidad o equitatividad. En esta misma línea de análisis, Ben Levin (2003) afirma que la equidad en educación es importante por varias razones, entre otras: − Porque existe una meta imperativa de los derechos humanos porque todas las personas puedan tener una oportunidad razonable para desarrollar al máximo sus capacidades y para participar plenamente en la sociedad. El derecho a la educación es reconocido, por ejemplo, en la Declaración de los derechos de la niñez por parte de las Naciones Unidas. − Mientras las oportunidades no estén distribuidas igualitariamente habrá una subutilización del talento; algunas personas no desarrollarán competencias ni habilidades, con la consiguiente pérdida que esto representa no sólo para ellos sino también para la sociedad. Por ejemplo, jamás se sabrá cuántos científicos geniales, escritores, artistas, o profesores se “pierden” debido al número significativo de personas que no son capaces de obtener la educación o formación necesaria. − Altos niveles de educación están relacionados con casi todo logro o resultado positivo en la vida, no sólo en términos de mejores empleos y salarios sino también en materia de salud, longevidad, éxito como padres, participación cívica, entre otros (Dearden, Reed & Van Reenen, 2000, citados por Levin, 2003; Vernez et al., 1999, citados por Levin, 2003). Si las sociedades contienen un significativo segmento de su población sin las competencias adecuadas para participar social y económicamente, habrá mayores costos sociales en materia de seguridad, salud, subvención social, bienestar infantil, etc. (Statistics Canada y OECD, 2001, citados por Levin, 2003). Así mismo, de acuerdo con la OCDE (2012) los sistemas educativos con los más altos desempeños son aquellos que combinan calidad con equidad, al brindar a todos los niños y jóvenes equitatividad en términos de oportunidades para el acceso a una educación en
constante mejoramiento. Por lo contrario, los costos sociales y económicos de fenómenos educativos como el fracaso escolar y la deserción son elevados para el sistema. En particular, el fracaso educativo es un indicador que tiene gran impacto no sólo sobre la calidad de la educación sino también para la sociedad, imponiéndole altos costos sociales, dado que las personas con bajo nivel educativo limitan la capacidad de las economías para producir, crecer e innovar. Adicionalmente, el fracaso escolar daña la cohesión y la movilidad social y “carga” al sistema con costos adicionales sobre el presupuesto público: elevada inversión en salud pública, alta subvención social, grandes rubros para combatir la criminalidad, entre otros. Sin lugar a dudas, el hecho de poder completar con éxito la educación secundaria permite conseguir mejores empleos y estilos de vida más prósperos y saludables, lo que resulta en mayores contribuciones de impuestos para las finanzas e inversión pública. Así mismo, las personas con mayor nivel educativo contribuyen en mayor medida al fortalecimiento democrático de la sociedad y a dar sostenibilidad a la economía, así como tienden a depender menos de las ayudas públicas y son menos vulnerables a los reveses económicos. Adicionalmente, las sociedades con mayor número de individuos competentes están mejor preparadas para afrontar situaciones potenciales de crisis en el presente o en un plazo futuro. Por ello, invertir en educación para todos en los niveles: primera infancia, básica primaria y secundaria y, en particular, para los niños en situación de vulnerabilidad o con necesidades básicas insatisfechas, es tanto justo y equitativo como eficiente económicamente hablando. Ahora bien, algunos analistas sostienen que las políticas denominadas universalistas son de alto costo pero de bajo impacto (Franco, 1996). Es evidente que una oferta que atendiera a todos los habitantes de una nación resultaría excesivamente costosa y su abaratamiento sólo sería posible disminuyendo la calidad en la provisión y, por tanto, deteriorando el impacto del programa sobre los supuestos beneficiarios (Franco, ibíd.), lo que recortaría la pretendida "universalización" y promovería situaciones de inequidad.
Teniendo en cuenta todas las razones anteriormente expuestas, a manera de conclusión, la gestión gubernamental debe propender porque la equidad en educación y el mejoramiento de la calidad educativa sean metas de alta prioridad en todas las agendas políticas sobre educación a nivel internacional y, particularmente en el sistema educativo colombiano, por los impactos positivos y beneficios que esta sinergia entre calidad/equidad representa para el desarrollo del país.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Franco, R. (1996). Los Paradigmas de la Política Social en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. Franco, R. y C. Barros (eds.) (1985). Aspectos Metodológicos de las Políticas de Desarrollo Social. Estudios ILPES/UNICEF sobre Políticas Sociales. Santiago de Chile: ILPES/UNICEF. Levin, B. (2003). Approaches to Equity in Policy for Lifelong Learning. Paris: OECD Publishing. Muñoz, C. (2004). Educación y Desarrollo Socioeconómico en América Latina. México, D.F: Universidad Iberoamericana. OECD (2012). Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools. Paris: OECD Publishing.