Bien Comun 189-190

AÑO 15 NÚMERO 189-190 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2010

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C.

1

AÑO 15

NÚMERO 189-190

Presidente

César Nava Vázquez

Director General

Gerardo Aranda Orozco

Director General Adjunto

Salvador Abascal Carranza

Director de Estudios Políticos

Andrés Ponce de León Rosas

Director de Estudios Económicos

Francisco Calderón

Director de Estudios Sociales, Jurídicos y Proyectos Especiales

Oscar Javier Moya Marín

Director de Formación

Eduardo Martínez Noriega

Director de Relaciones Institucionales

Armando Reyes Vigueras

SEP-OCT 2010

Director

Armando Reyes Vigueras

Editor

Carlos Castillo

Coordinación editorial

María Elena de la Rosa Vázquez

Consejo Editorial

• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat • Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Mesa de redacción

• Claudio Jones • Paulina Lomelí • Lorenzo Gómez Morin • Francisco R. Calderón • Fernando Rodríguez Doval • Salvador Abascal

Dibujos de interiores Gonzalo Tassier

Corrección, diseño y formación

Retorno Tassier / Carlo J. Torices Vite

CEDISPAN

Gerardo Ceballos

Director Administrativo

Eduardo Sánchez Macedo

La Fundación Rafael Preciado Hernández es una institución académica que tiene como principal objetivo la generación de ideas útiles que coadyuven a resolver los problemas de la sociedad mexicana en los ámbitos económico, político y sociocultural.

Elaborar, editar y publicar, directa o indirectamente, boletines, revistas, memorias, apuntes, libros, videos y similares.

La revista Bien Común es el principal órgano que la Fundación Rafael Preciado Hernández utiliza para dar a conocer públicamente los avances de los proyectos de sus investigadores. Al mismo tiempo que refrenda con este medio su compromiso con una cultura plural y democrática, abre espacio a otros analistas interesados en expresar sus puntos de vista sobre tópicos de actualidad para la sociedad mexicana.

Fomentar y financiar actividades de investigación social, política y económica dentro del país.

Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores no necesariamente reflejan la posición académica de la Fundación.

Actividades:

Los anuncios que aparecen en esta revista son resultado de convenios de intercambio no lucrativos establecidos con los interesados.

Objetivos:

Apoyar la capacitación social, política y económica de personas interesadas en estos temas.

2

Organizar, promover, estimular, patrocinar, dirigir y, en general, llevar a cabo directa o indirectamente cursos, seminarios, conferencias, reuniones de estudio, foros, mesas redondas, congresos y toda clase de actividades relacionadas con la política, los asuntos sociales y la economía.

Establecer relaciones y colaborar con otras instituciones similares del país y del extranjero.

Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. El tiraje es de 1500 ejemplares.

Certificado de licitud de título: 9152.

Certificado de licitud de contenido: 6405.

Reserva: 04–2004–081711193000–102 ISSN 1870–0438 Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para uso académico, con la cita completa de la fuente.

No se devuelven originales.

Impreso en: Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V. Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de Churubusco, México, D. F. Tel.: 56 33 28 72 Correspondencia:

Revista Bien Común Ángel Urraza 812, colonia Del Valle,

03100, México, D.F. Tel / Fax: 55 59 63 00

areyes@fundacion.pan.org.mx www.fundacionpreciado.org.mx

Foto Mario Vargas Llosa: apro

COLABORADORES • Paulina Lomelí García. Economista e investigadora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • José Eduardo Flores. Investigador del área de estudios económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Aminadab Rafael Pérez Franco. Arquitecto y colaborador editorial de La Nación. Asesor en el área política de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, autor del libro ¿Quiénes son el PAN?, coedición de Miguel Ángel Porrúa y la Fundación Preciado.

• Rosalina Arteaga Barrón. Investigadora del área de estudios políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

• Fernando Dworak Camargo. Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, Reino Unido. El presente texto presenta extractos de una investigación que el autor está por concluir sobre las prerrogativas parlamentarias. Contacto: www.fernandodworak.com • María de Lourdes Ramírez Flores. Politóloga por el ITAM. Investigadora de la Dirección de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Salvador Abascal Carranza. Filósofo y escritor. Director general adjunto de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Rafael Preciado Hernández. Abogado. Participó en la fundación de Acción Nacional.

Maestro emérito de la UNAM; autor de obras como Ensayos filosóficos, jurídicos y políticos.

• Francisco R. Calderón Quintero. Director de estudios económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Juan Pablo Sáenz Martínez. Licenciado en derecho por la Universidad Panamericana, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como asesor jurídico en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

• Diódoro José Siller Argüello. Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. d.siller@stps.gob.mx • María Elena de la Rosa. Licenciada en periodismo, coordinadora editorial de la revista Bien Común.

Editorial

5

Numeralia

¿Quién ha gobernado mejor?

Paulina Lomelí y José Eduardo Flores

7

Centrales

Elecciones 2010, en perspectiva

Aminadab Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud

La oposición en México

Rosalina Arteaga Barrón

Nuevos equilibrios: los congresos locales tras las elecciones de 2010 Fernando Dworak

Proceso electoral 2010

Rosalina Arteaga Barrón

Elecciones del pasado y reductos de la PRIhistoria María Lourdes Ramírez

11 28

33 40 43

Reflexión en torno a...

¿Política contra ética?

Salvador Abascal

La definición de Acción Nacional Rafael Preciado Hernández

50 57

Agendas

Diez puntos del informe y oposición política José Eduardo Flores

Corredores multimodales del transporte Francisco Calderón

El principio promocional en la administación pública Juan Pablo Sáenz Martínez

¿Sí o no a la Supervía?

María de Lourdes Ramírez Flores

El reconocimiento de los derechos laborales de las madres adoptivas

62 67

72 79 87

Diódoro José Siller Argüello

Programa económico 2011

94

Paulina Lomelí G.

Reseñas

Campañas electorales y sus límites legítimos María Elena de la Rosa

Ernesto Fernández Hurtado, in memoriam Francisco Calderón

96 99

3

4

EDITORIAL

E

Luego de los diversos procesos electorales de 2010, a la luz de los resultados y del nuevo acomodo del mapa político a nivel nacional, Bien Común prosigue con su tarea de ser un espacio de discusión y análisis sobre las diversas consecuencias y lecciones que pueden extraerse tanto de las cifras como del desempeño de los diversos partidos durante las campañas y de cara a los siguientes años, en los que corresponderá a Acción Nacional ser gobierno y oposición en diversas entidades de la República.

En virtud de ahondar es ese análisis prospectivo, que parte del conocimiento del pasado pero apunta a esclarecer las condiciones en las que se desarrollarán los futuros gobiernos, la presente edición expone un estudio profundo y extenso elaborado por Aminadab Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud, trabajo en el que se desglosa el desempeño y la situación presente del PAN en 16 estados del país, así como los resultados de diversas estrategias que, en algunos casos, han resultado exitosas y en otros ha sido inclusive contraproducentes; es destacable el esfuerzo de los autores puesto que, con amplia información, se abunda sin miramientos ni complacencias en aquellos casos que han desdibujado el papel y el trabajo de cara al propio partido y al modo en que lo percibe la sociedad, al tiempo que se señalan los avances obtenidos en temas como las alianzas y la acción responsable de gobierno en sus tres niveles.

Por su parte, Rosalinda Trejo toma los Diálogos por la Seguridad convocados por la Presidencia de la República en las semanas anteriores como un punto de partida para estudiar el papel del Partido Revolucionario Institucional como oposición en el México democrático; el desempeño de este instituto político en el Congreso, la confrontación constante y los magros resultados frutos del consenso en diversas legislaturas, resaltan la importancia de construir verdaderos espacios de diálogo que conduzcan a acuerdos capaces de dejar de lado visiones mezquinas y parciales para concretar un avance auténtico que beneficie al país en su conjunto.

5

Respecto de la conformación de los congresos locales tras los comicios de 2010, Fernando Dworak analiza el desempeño electoral de aquellos estados donde el PAN es gobierno, de la participación en alianza y de cómo la vocación municipalista que otrora llevara a este partido a la Presidencia, es también un factor que hoy día atenta contra la preservación del poder, fruto de una pérdida de liderazgo de Acción Nacional y de una defectuosa labor de capacitación y formación de dirigentes, aspecto este último que antes fuera una de las principales banderas del partido y que hoy refleja no sólo abandono sino un riesgo latente en los descalabros en las urnas.

Completamos esta sección central con otra colaboración de Rosalina Arteaga respecto de la importancia de la participación ciudadana en los comicios y de la enorme responsabilidad que conlleva el triunfo en aquellos estados donde las alianzas fueron factor determinante para la alternancia de la democracia y las altas expectativas despertadas en la población, así como con un ameno recuento histórico, a cargo de María de Lourdes Ramírez, de los diversos cacicazgos que en el nivel local siguen, en el México de hoy, siendo el principal escollo para el correcto desempeño de un sistema político que no termina de instaurarse plenamente por la acción autoritaria de muchos gobiernos estatales.

Con este número de nuestra revista, la Fundación Rafael Preciado Hernández continua con su papel de abundar en la realidad política nacional para ofrecer a los lectores de Bien Común una visión más amplia de aspectos de la coyuntura que son determinantes para el futuro tanto del Partido Acción Nacional como de México, en aras de contribuir a que nuestra democracia, sus instituciones, el modo de hacer política y ejercer el poder sean reflejo de un país que busca un cambio auténtico, positivo y que no debe postergarse más.

Carlos Castillo López Editor

6

¿Quién ha gobernado mejor?

José E. Flores y Paulina Lomelí

La crisis económica de finales de 2008 y 2009 no fue creada en México sino en los Estados Unidos. A pesar de la fuerte dependencia comercial y financiera, México pudo evitar un mayor daño gracias a que el país cuenta con finanzas públicas sanas y estabilidad económica. Las crisis de 1982 y 1994-95 sí se originaron en México a consecuencia de las malas decisiones de los gobiernos priistas.

La inflación es uno de los problemas económicos que mayor impacto social tiene en el

bolsillo de la población: no sólo mina la capacidad de compra de las familias sino que lesiona más a los que menos tienen. En México, el PAN ha combatido con eficacia este grave flagelo social. En cambio, los gobiernos priistas de José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo tuvieron años en los que la inflación fue del 100, 160, 30 y 50 por ciento, respectivamente; en los gobiernos del PAN la inflación se ha mantenido en apenas algo más de 4 por ciento.

7

Inflación

Además de combatir la generación de mayor pobreza al contener la inflación, las políticas públicas del PAN ha sido más exitosas que las priistas en incrementar la riqueza por habitante.

Ingreso per Cápita (Dolares)

En tiempos del PRI, se contrataron montos muy elevados de deuda en dólares sin contar con las reservas internacionales suficientes. Durante el sexenio de Carlos Salinas la deuda promedió 91% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en la actualidad equivale al 8% del PIB. Deuda pública externa bruta (% promedio del PIB)

8

En la actualidad, México tiene un respaldo monetario fuerte ya que el nivel de reservas internacionales es elevado y sus tasas de interés son superiores a la inflación, haciendo atractivo el país a la inversión. Gracias a la política económica responsable instrumentada por los gobiernos del PAN, el país es percibido como un destino confiable para invertir.

Reservas internacionales (millones de dólares)

Inversión extranjera directa (promedio)

Las malas administraciones de los gobiernos priistas produjeron crisis como la de 1994 en donde la moneda se devaluó 100 por ciento y los trabajadores mexicanos perdieron 30% del poder adquisitivo de sus salarios. Los gobiernos del PAN han defendido el valor del peso, tal como lo muestran las siguientes gráficas.

Los gobiernos del PAN se destacan de los priistas al destinar cifras históricas de inversión verdaderamente productiva en carreteras, puentes, aeropuertos, plantas de energía, puertos, etc.

Inversión en infraestructura (millones de pesos constantes de 2009)

Devaluación peso - dólar (variación porcentual anual promedio)

9

Transferencias y aportaciones federales a los estados y el D.F. (millones de millones de pesos de 2009)

El Programa Oportunidades se ha destacado por los excelentes resultados obtenidos año con año desde su apertura, valiéndole reconocimiento internacional y emulación en distintos países del orbe. A diferencia de los gobiernos priistas, los programas sociales del PAN no buscan formar clientelas políticas sino sacar a las familias de su condición de pobreza.

Recursos destinados a Oportunidades (millones de pesos constantes de 2009)

Presupuesto federal a los estados y el D.F. (millones de pesos a precios de 2009)

10

El compromiso con las entidades federativas y los municipios se ha consolidado en las administraciones federales panistas. Ahora los estados y el Distrito Federal reciben más recursos que nunca, por lo que la mayoría de las obras realizadas en su interior son posibles gracias a los recursos que destina el gobierno federal.

Elecciones 2010, en perspectiva Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

En el año 2010 tuvieron lugar elecciones en 16 estados del país; en 12 de ellas se eligieron nuevos gobernadores, en 15 se renovaron los congresos locales, en 14 se votó por nuevos ayuntamientos y en una entidad tuvieron lugar elecciones municipales extraordinarias. Se trata de la segunda jornada electoral más importante que se lleva a efecto en el país, sólo superada por un proceso electoral federal.

La competencia política de 2010 tiene lugar en un marco sumamente desigual y complejo que obliga necesariamente al análisis caso por caso del desarrollo de las campañas electorales y de sus resultados.

Hay estados donde las instituciones electorales locales permiten que las contiendas políticas se desarrollen en una situación de equidad, legalidad y garantías para la emisión del voto; sin embargo, en la mayoría de los casos no hubo condiciones de equidad, legalidad, ni certidumbre para el elector, dado el rezago democrático derivado de la persistencia de cacicazgos y de estructuras de poder puestas al servicio electoral del partido gobernante y que se escudan en una pretendida autonomía federalista para retardar la modernización política y la vigencia de instituciones democráticas de orden local, por mero interés político electoral del partido que se beneficia de ello: el PRI.

11

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

Hubo entidades donde a pesar de las condiciones de inequidad y los resabios antidemocráticos, pudo cumplirse con las campañas y con la jornada electoral en condiciones de paz y tranquilidad; pero también hubo regiones y municipios donde la violencia provocada por el crimen organizado se hizo presente y alteró el desarrollo normal de las campañas, amenazó y hostigó a candidatos llegando incluso al asesinato de dos de ellos, llevando al electorado a la abstención o al voto del miedo que no refleja una decisión tomada para definir los destinos de la comunidad, sino que resulta ser una respuesta condicionada por un entorno violento ante el cual el ciudadano se siente impotente.

Existen casos donde los partidos políticos ensayaron distintas estrategias para intentar ser más competitivos que incluyeron la postulación de candidatos ciudadanos o de figuras provenientes de otros partidos; la formación de alianzas electorales de orden coyuntural con el claro objetivo de propiciar la alternancia en el poder; el desarrollo de nuevas formas de campaña terrestre para compensar las restricciones a la propaganda electoral en medios derivadas de la legislación o del control político de los medios de comunicación en algunos estados; el acompañamiento de funcionarios públicos a actos de campaña que en no pocos casos aprovecharon para avanzar en sus propias precampañas; también se manifiesta el apego de los partidos a sus tradiciones, sobre todo, de los que históricamente han recurrido a los mecanismos corporativos y que no dudan en aprovechar las ventajas que de suyo implica el ejercicio del gobierno, en el borde de la legalidad o incluso transgrediéndola, para convertir en una la imagen del gobernante y la campaña, fenómeno que identificamos aquí como la figura del “gobernador jefe de partido”.

12

La disputa por las candidaturas al interior de los partidos no fue tersa y su definición llevó a conflictos, renuncias, postulaciones de precandidatos derrotados bajo otras siglas, o incluso al sabotaje de campañas por liderazgos inconformes. Este fenómeno afectó a todos los partidos

participantes en los procesos de 2010, no sólo en términos de las postulaciones, sino también en el desarrollo de las campañas, las estrategias, e incluso en los resultados. En las contiendas donde los partidos o las alianzas llegaron unidos las victorias fueron más fáciles; donde prevaleció el conflicto, los partidos se derrotaron a sí mismos.

Los principales contendientes en esta elección fueron el PRI, invariablemente aliado del PVEM –que en ocasiones parece ya un mero satélite del priismo–, y en otros casos también con el PANAL (donde los candidatos a gobernador fueron del gusto o conveniencia de la líder magisterial Elba Esther Gordillo); y el PAN, que en varios estados concretó alianzas electorales con el PRD y otros partidos de izquierda, mientras que en otros participó en solitario contra el PRI y alianzas del PRD. A pesar del importante factor que el PRD cumplió en las alianzas, en el balance general este partido se desdibuja como fuerza política, pues la percepción es que el partido que decidió y articuló en donde sí o donde no hubo alianza fue el PAN, lo cual llevó a los liderazgos de la izquierda radical a cuestionar los acuerdos con Acción Nacional que no perseguirían el logro de las causas de la izquierda.

La estrategia del PAN: las alianzas electorales Tras un desolador proceso electoral en 2009, plagado de resultados adversos y con el avance aparentemente incontenible del PRI, de cara a la sucesión presidencial de 2012, el Partido Acción Nacional estaba obligado a reposicionarse electoralmente. Y lo único que podía conseguir tal efecto eran triunfos electorales.

Fue así que el nuevo presidente nacional del PAN, César Nava, optó por una estrategia que podía considerarse como riesgosa, peligrosa y difícil de concretar: buscar un acercamiento con el Partido de la Revolución Democrática, adversario ideológico, opositor político y que carga aún el agravio del supuesto fraude electoral cometido en su contra en 2006, para intentar juntos una

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

estrategia de cooperación limitada y la formación de alianzas electorales en algunas entidades, con el propósito de propiciar la alternancia política en varios estados de la República y frenar la tendencia electoral favorable al PRI. Tras meses de pláticas y acercamientos, las dirigencias de ambos partidos manifestaron su intención de aliarse de cara a los procesos electorales locales de 2010.

candidato en 2006”. Sin embargo, debe considerarse el hecho de que no toda la izquierda asumió tales posturas intransigentes y que hubo personajes incluso cercanos a López Obrador que identificaron también el peligro de no frenar la racha triunfal del PRI y que participaron activamente en las negociaciones encaminadas a la conformación de alianzas y la definición de candidatos.

La revelación pública de tales acuerdos conmocionó al sistema político y provocó manifestaciones de rechazo en el PRI, en los propios partidos pactantes y en el círculo rojo. El priismo, mediante una amplia gama de voceros y en una clara manifestación de que las alianzas electorales sí le hacen mella, descalificó al PAN y al PRD por tener acuerdos “contra natura”, por formar candidaturas coyunturales y pragmáticas, por carecer de congruencia y sustento ideológico, por buscar sólo el poder por el poder, e incluso auguró que con alianzas o sin ellas el PRI ganaría de todas, todas, pues –según ellos– el PRI se encuentra fatalmente en la ruta de regresar al poder en el año 2012 pase lo que pase. Incluso llegaron a la presión política durante las negociaciones del Presupuesto de Egresos, a dar pie al conflicto que provocó la renuncia del secretario de Gobernación al PAN, a bloquear de manera insólita y caprichosa la solicitud de licencia como diputado del Presidente nacional del PAN, sin contar las campañas mediáticas antialianza desplegadas en todos los medios y comentaristas afines que fue posible.

Por lo que respecta al PAN hubo también algunos sectores del partido que rechazaron de entrada las alianzas con el PRD por cuestiones netamente ideológicas, y que emplearon argumentos más o menos parecidos a los que los simpatizantes de López Obrador usaron contra la dirigencia del PRD. Pero al interior del PAN, la mayor oposición a las alianzas ocurrió en los casos en que la misma desplazó a algunos aspirantes a las candidaturas que se sentían con el derecho de asumirlas de cualquier forma, provocando que algunos precandidatos renunciaran al partido y descalificaran los acuerdos simplemente porque los mismos atentaban contra su propia aspiración personal. Incluso algunos se sumaron a campañas de otros partidos, llegando al caso de que alguno que a principios de año era el más panista de los panistas se transformó en junio en el más priista de los priistas.

En el caso de la izquierda, la decisión de la dirigencia del PRD de participar en las alianzas tendría la lógica de buscar alternativas de participación política ante el acoso que sufre por parte del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y sus allegados, que inesperadamente la condujeron a ello. No se hicieron esperar los reclamos desde la incongruencia hasta la traición que implicarían aliarse con un partido “que ni defiende el programa de la izquierda y que le cometió fraude a nuestro

Cabe señalar que hubo estados donde el PAN contendió en solitario: en las entidades donde es o era gobierno Acción Nacional se atuvo a su propia fuerza; hubo otros casos donde las alianzas fueron el resultado de procesos de larga gestación, donde el partido simplemente se sumó a un frente político construido más allá de la coyuntura, como resulta ser señaladamente el caso de Oaxaca. Pero es preciso reconocerle al PAN la iniciativa y decisión de concretar estas alianzas, que a final de cuentas no provocaron el rechazo ciudadano que anticiparon algunos exponentes del círculo rojo; por el contrario, las alianzas generaron expectativa ciudadana, apoyo electoral y conquistaron en varios frentes triunfos notables que cumplieron con el objetivo de dar paso a la alternancia política.

13

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

Los triunfos harto significativos de las alianzas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, aunados a lo que resuelvan los tribunales en los casos de Veracruz y Durango, hacen patente que la estrategia consiguió reposicionar electoralmente al PAN, frenar la marcha del PRI y abrir un escenario de sana incertidumbre democrática respecto a lo que podría ocurrir en la sucesión presidencial de 2012.

La estrategia del PRI: lo que sea necesario para ganar El PRI se presentó al proceso electoral de 2010 como la fuerza política avasallante que ponía a competir una maquinaria electoral triunfadora orientada a recuperar para sí la Presidencia de la República en 2012. Los resultados electorales previos mostraban avances sustanciales del PRI en todos los estados, derrotando por igual al PAN y al PRD en varios enclaves tradicionales, avanzando porcentualmente en el peor de los casos, e incrementando significativamente el total de curules ganadas en los cuerpos legislativos, ayuntamientos y el porcentaje de población gobernada en el ámbito municipal. Estos resultados serían claros indicadores tanto de una adecuada estrategia política del priismo como del fracaso del PAN en el poder, a decir de los propios dirigentes del PRI. En el terreno electoral, lo que le importa al PRI es ganar a costa de lo que sea. Importa la victoria y no la calidad democrática o ética de esa victoria. El triunfo no requiere explicaciones y los síntomas de triunfalismo y de optimismo son empleados a discreción por los priistas para ocultar que el PRI ni es una fuerza monolítica, ni está exenta de conflictos y pugnas entre sus distintos sectores y liderazgos. Desde la óptica política del PRI, ganar arregla todo y justifica todo.

14

Es innegable que el PRI mantiene la más extensa estructura política operativa a nivel nacional; que tal organización es en gran medida de naturaleza corporativa y clientelar, logrando a partir de ella sostener grupos de votantes organizados que se movilizan para mantener un alto

piso electoral priista casi en todas partes; que ha tenido la astucia política para preservar una alianza con el PVEM que resulta costosa en términos de posiciones concedidas, pero que en varios casos ha sido la diferencia entre ganar y perder; que los propios resultados que sigue obteniendo le permiten continuar con su política de desgaste y cuestionamiento de los gobiernos del PAN, específicamente del desempeño del Presidente de la República, llegando incluso a aplicar de manera consciente y a conveniencia la no colaboración o la obstrucción a los gobernantes panistas para acusarlos luego de incapaces e ineficientes.

Toda esta estrategia e imagen que muestra el PRI pretende esconder también que el factor clave para preservar su fuerza política y electoral se encuentra en sus gobernadores y en los diputados federales que les proveen de recursos presupuestales desde la esfera federal. No son sus propuestas, su agenda política y legislativa o su “proyecto revolucionario” lo que le brinda fuerza política al PRI; el priismo depende vitalmente de la figura del “gobernador jefe de partido” que ha emergido como una forma de presidencialismo local; como un remedo en pequeña escala del “país de un solo hombre” personificado ahora por un gobernador mediático; como referente lejano de la figura de “papá gobierno” que emplea los programas públicos para atender necesidades sociales a cambio de apoyo electoral.

Muy posible es identificar la reconversión de los vicios del régimen autoritario en la práctica actual de los “gobernadores jefes de partido”: son ellos el gran elector local, el gran legislador, la suprema decisión, la expresión de la voluntad del pueblo, el mando directo del partido y la concentración total del poder.

Con estricto apego al modelo autoritario del siglo XX estos mandatarios procuran mantener sometidos a los congresos estatales, a los tribunales de justicia y a los organismos autónomos locales –sobre todo a los electorales–; manejan

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

a su antojo, a veces con cierta discreción, a veces con una falta total de ética y casi siempre con alardes de cinismo y prepotencia, las políticas públicas, los programas sociales y los beneficios de las acciones de gobierno de manera tal que apuntalen electoralmente al PRI. La voluntad del elector no se conquista, sino que se compra y se mantiene, lo cual convierte a estos “gobernadores jefes de partido” en insaciables demandantes de partidas presupuestales que deben usarse para que el PRI siga ganando las elecciones de manera arrolladora.

Y por si faltara algo, los “gobernadores jefes de partido” son los que mantienen a los sistemas políticos locales en condiciones antidemocráticas de competencia y de carencia de instituciones electorales autónomas y ciudadanas.

Una pieza clave del control político del PRI radica en impedir el avance democrático en el orden local, que se concreta en institutos electorales muchas veces sometidos a presiones del Ejecutivo estatal, cuando no abiertos agentes sujetos al interés político del PRI haciendo nugatoria su supuesta autonomía e imparcialidad; con una legislación electoral atrasada que no prevé el desarrollo de las contiendas electorales en condiciones de equidad y garantías para que todos los partidos puedan realizar adecuadamente sus campañas y que todos los electores puedan emitir en libertad y en secreto el sufragio; a lo anterior se suman prácticas muy delicadas en materia de compra y control de los medios de comunicación que se convierten en vías de propaganda oficial y de ataque y descalificación contra la oposición local.

Pero aún y a pesar de todos estos resabios antidemocráticos, la realidad es que el PRI tuvo que enfrentar la fuerte competencia electoral de las alianzas opositoras en varios estados, destacando los casos de Veracruz o Oaxaca y quizá también el de Puebla, donde las maquinarias priístas fueron capaces hasta de destruir la propaganda opositora y avasallar con la propia, en un intento de borrar políticamente a sus adversarios, pero donde los resultados electorales

muestran que en ocasiones los “gobernadores jefes de partido” son realmente tigres de papel.

El problema para el PRI es que toda esta maquinaria predemocrática, todas esas actitudes arcaicas y todas esas maniobras políticas, no son invencibles y tampoco resultan viables en el contexto de un país donde se viene consolidando la vida democrática. Aunado a lo anterior, el priismo no está exento de los problemas y divisiones que conlleva la disputa interna por el poder; por ello el PRI puede sufrir electoralmente y ser derrotado a pesar de sus maniobras y de sus inveteradas prácticas antidemocráticas, por eso el PRI se encuentra atrapado entre los caprichos de los gobernadores que son su sostén político y la falta de una agenda de reformas a favor del país porque su aprobación podría beneficiar políticamente a los gobiernos del PAN. Una aproximación estado por estado al fenómeno electoral Una vez expuestas algunas consideraciones generales, se optó en este trabajo por esbozar una reflexión sobre los procesos electorales estado por estado. Lo anterior, porque en cada caso la fuerza electoral de los partidos es variable; porque las condiciones institucionales y legales que regulan el proceso electoral son distintas; porque el contexto económico social y las condiciones de la seguridad son también diferentes y porque la calidad e intensidad de las campañas fue única en cada caso. Esta es sólo una primera aproximación con énfasis en las implicaciones de los procesos electorales para Acción Nacional y resulta en todo caso preliminar y tentativa a la que habrán de sumarse otras reflexiones de carácter académico y político.

Aguascalientes: conflicto gobernador-partido muy costoso Los resultados electorales adversos obtenidos por Acción Nacional en el proceso electoral de Aguascalientes (Gráfica 1), específicamente la pérdida de la gubernatura del estado, son producto de la maquinación del gobernador panista quien primero trató de imponer a su sucesor y al

15

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

no lograrlo se dedicó a operar políticamente contra el PAN. En este caso, el nada oculto enfrentamiento del gobernador contra el Comité Ejecutivo Nacional del partido, contra la dirigencia local y contra el candidato panista a la gubernatura, marcó un desenlace en el cual el intento de uno por extender su poder y el de los otros por limitarlo llevó a que el PAN perdiera prácticamente todas sus posiciones electorales.

Gráfica 1.

Gubernatura Aguascalientes

El sistema político estatal había mostrado al PAN como la fuerza electoral dominante y al PRI como su principal competidor, sin que existan prácticamente otras fuerzas políticas con presencia importante en la entidad. Sin embargo, el proceso electoral local de 2010 marca una distorsión respecto a los resultados electorales previos que aún no es posible identificar como una nueva tendencia que elevara al PRI al rango de fuerza dominante y al PAN como competidor.

16

Habiéndose llegado a la declaratoria de expulsión del partido contra el gobernador es previsible que su fuerza política disminuya gradualmente al dejar el cargo, pues no queda claro que el priismo lo vaya a rescatar en sus filas y otorgarle el sitio que pretendió ocupar al interior del PAN, con todo y que su padre don Felipe Reynoso Jiménez haya sido alcalde priista de la ciudad de Aguascalientes en el trienio 1975-1977. Lo más probable es que el PRI tan sólo aproveche la división del PAN para que los suyos regresen al poder e intentar construir un modelo de poder local semejante del “gobernador jefe de partido”.

Aguascalientes es uno de los estados donde el perfil sociodemográfico resulta más favorable para el PAN al tener un elevado porcentaje de población urbana, altos índices de escolaridad y una extensa clase media. Lo anterior aunado a la presencia de la estructura del partido en toda la entidad y una fuerza electoral muy consolidada permite que en futuro el PAN centre su trabajo político en reunificar al partido y fijar como objetivos electorales las senadurías, diputaciones federales y reconquistar la capital en las elecciones de 2013, para confirmar que el proceso de 2010 es sólo una excepción.

Baja California: gobernar bien no es suficiente En Baja California se dieron los peores resultados obtenidos por el PAN en un cuarto de siglo.

Desde 1986 el PAN había ganado al menos un municipio y el PRI no ganaba todos los municipios de la entidad desde 1980. Además, el PRI no propuso en esta ocasión a un candidato con el peso que en su oportunidad tuvo Carlos Hank Rohn quien ganó el Ayuntamiento de Tijuana hace seis años.

Aun considerando el hecho de la elevada abstención registrada en la elección, y factores como la inseguridad, el crimen organizado o los efectos de los problemas económicos en la zona fronteriza, así como la situación de un partido que tiene una intensa vida institucional no exenta de incidentes y escándalos de algunos funcionarios públicos, la realidad es que el PAN mantiene una sólida base electoral y una alta competitividad política con el único partido que le disputa el poder en la entidad: el PRI. En este caso, los resultados tampoco se explican por dificultades en la elección de candidatos o en la inadecuada realización de las campañas. Simplemente el ciudadano bajacaliforniano no salió a votar por el PAN. Más allá de los señalamientos que en voz baja han intercambiado gobernantes y dirigentes del partido en la entidad, existe un sentimiento generalizado que hubo medidas tomadas por el Gobierno Federal,

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

como la limitación de los depósitos en dólares en la zona fronteriza y otras que han afectado la actividad económica y turística, donde no se tuvo en cuenta la opinión de los bajacalifornianos y que son leídas como una imposición desde el centro, provocaron el castigo ciudadano por la vía de la abstención.

El abstencionismo es una circunstancia ya vivida en algunos momentos de administraciones panistas como la de Ernesto Ruffo, Héctor Terán o Eugenio Elorduy; nuevamente aparece el escenario de un Gobierno Federal, un gobierno estatal y de ayuntamientos eficaces, competentes y con elevados índices de responsabilidad y honestidad que no resultan atractivos en las urnas.

No se trata de un simple desgaste derivado del ejercicio del poder, sino de un planteamiento donde el elector no queda satisfecho sólo con un buen gobierno, en parte, porque se mantiene un problema de comunicación donde el gobierno no es capaz de explicarle al ciudadano sus buenos actos de gobierno, a cambio de lo cual el ciudadano se siente insatisfecho y considera que el gobierno no le brinda los resultados que espera; simultáneamente, el PAN de Baja California ha construido una estructura organizativa bastante extendida, pero en la que hace falta hacer más actividad política, medible en el contacto de liderazgos sociales cercanos a los problemas de la comunidad, que cuente con representantes que abanderen sus exigencias y que exijan mayores resultados de sus gobiernos.

Baja California representa hoy el mejor ejemplo de los peligros potenciales para un partido que se concentra casi totalmente en la función de gobierno y deja a un lado factores como la comunicación y la acción política directa al lado de los ciudadanos.

Esto no significa ni que el partido sea débil, ni que haya perdido algo más allá de las posiciones en disputa en una elección, ni que nos encontremos en el inicio de un periodo de decadencia del PAN en la entidad, sino en que para los panistas

de la entidad deben tener importancia semejante tanto las funciones de la gestión gubernamental como la acción política partidista.

Chiapas: un trabajo político que rinde frutos Los resultados electorales obtenidos por Acción Nacional en el proceso electoral de Chiapas son muestra de los frutos políticos que pueden alcanzarse a partir de un trabajo político sostenido y bien orientado. El PAN de Chiapas se encontraba hace unos años en situación de muy baja competitividad electoral, en un entorno donde el PRI pasó de ser la fuerza hegemónica a la oposición, en tanto que la alternancia colocó en el poder estatal a un gobernador producto de una alianza electoral (Pablo Salazar) hasta llegar a un gobierno estatal del PRD (Juan Sabines).

Las fluctuaciones constantes del electorado chiapaneco, en el cual pesan todavía mucho las decisiones de los gobernadores en turno y de la estructura electoral del PRI que se mantiene pese a no ser ya el partido en el poder, no han impedido que el PAN avance en un proceso de consolidación electoral que se demuestra claramente con los resultados positivos obtenidos en las pasadas elecciones municipales.

El PAN de Chiapas no alcanza todavía el rango de fuerza electoral altamente competitiva y menos todavía el de fuerza política dominante, pero los progresos alcanzados son innegables, considerando aspectos como los porcentajes de votación registrados, las posiciones ganadas a nivel de ayuntamientos y, principalmente, el crecimiento de la estructura del partido en todos los rincones del territorio estatal, incluyendo zonas donde en el pasado nunca tuvo presencia.

Habrá que cuidar la solidez institucional y evitar divisiones y problemas al interior del partido para que se mantenga la tendencia electoral ascendente del PAN en la entidad.

Chihuahua: estancamiento electoral Chihuahua es una entidad donde pasan los años y las elecciones y los partidos políticos

17

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

permanecen estancados. Los números respecto a la votación emitida de 2010 son prácticamente idénticos a los de 2004 (Gráfica 2) y muy parecidos a los de 1998. En 2010 el PAN obtuvo 39.1%; en 2004, 41.4% y en 1998, 41.3%; todos ellos resultados muy lejanos al 53.6% con el que Francisco Barrio ganó la elección de gobernador en 1992.

Gráfica 2.

Gubernatura Chihuahua

En este caso, podemos hablar de casi 15 años en que el PRI mantiene una cómoda mayoría, obteniendo más de 50% de los votos, mientras que el PAN se estacionó en 40%. Campañas, candidatos, esfuerzos de organización, recursos, estrategias y el resultado electoral es el mismo.

Hace seis años se configuró una Alianza PANPRD y en este año de alianzas Chihuahua fue de los pocos estados donde la misma no pudo concretarse.

Chihuahua es una entidad donde la organización del partido tiene una presencia no sólo amplia sino añeja. Es un estado donde el PAN ha dado batallas electorales históricas y alcanzado triunfos significativos en el camino de construir la democracia en México. Debido a lo anterior, el partido requiere ensayar nuevas estrategias y resolver algunos problemas internos de cara a elevar su grado de competitividad política y electoral hasta el nivel de retar nuevamente la hegemonía que ha consolidado el PRI. 18

Además de lo anterior, es notable en este caso la afectación en la participación cívica de

los chihuahuenses a causa de la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado.

Prácticamente dos de cada tres ciudadanos de la entidad no salieron a votar, lo cual representa una caída superior al 20% respecto a la participación en la elección a gobernador de hace seis años. Uno de los caminos que puede seguir el PAN de Chihuahua para elevar su grado de competitividad política es retomar las causas sociales relacionadas con esta problemática, las cuales no han podido resolver los gobiernos del PRI en los últimos 12 años.

Es importante reconocer que el PAN mantiene una presencia electoral extendida por toda la entidad y un piso electoral significativo; en este proceso se ganaron 23 municipios pero se perdió la capital a manos del PRI. Salvo los casos de Jiménez, Delicias y Camargo, el PRI tendrá el gobierno en los principales municipios de la entidad, lo cual le permitirá conservar márgenes de acción importantes de cara a futuros procesos electorales, dejando al PAN sólo la opción de incorporar militantes a la función pública sólo en el espacio de las delegaciones federales en la entidad.

Coahuila: un PAN no competitivo Los resultados electorales adversos obtenidos por Acción Nacional en el proceso electoral extraordinario, realizado en el estado de Coahuila, son muestra de que en esta entidad el PAN no es una fuerza competitiva ni capaz de disputarle al PRI la condición de fuerza dominante dada la actual situación del partido.

Los problemas para competir se hacen patentes desde el hecho mismo de que el PAN sólo postuló planilla en uno de los dos municipios en disputa (Lamadrid), mientras que en el otro (Juárez) la oposición local formó una coalición PRDPT-PC sin presencia electoral panista. En el caso de Lamadrid, la elección extraordinaria tiene lugar en un municipio en el que el PAN había obtenido la ventaja en la elección constitucional de 2009 anulada en los tribunales y que, a un año de distancia, observa como esa fuerza electoral se evapora a manos del PRI.

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

Acción Nacional necesita replantear su acción política en Coahuila, restablecer la unidad del partido y aprovechar la circunstancia de mantener un piso de votación bastante respetable que puede permitirle reposicionarse en el proceso electoral federal de 2012.

Durango: giro electoral positivo La alianza con los partidos PRD y PC en el proceso electoral de Durango, muestra la posibilidad de impulsar un cambio significativo en las preferencias electorales, en un estado donde el PRI ha mantenido históricamente una posición dominante (Gráfica 3).

Gráfica 3.

Gubernatura Durango

del PAN, maniobrar políticamente para someter a las autoridades electorales e imponer candidatos, consiguiendo dividir a su partido y propiciar una elevada competencia electoral en la contienda para gobernador.

Independientemente del resultado final que avale el tribunal, y considerando que el PAN ha sido siempre la segunda fuerza electoral en la entidad, con amplia presencia en los municipios de La Laguna, la región serrana vecina a Sinaloa y en el centro de la entidad, esta elección debe servir para que el PAN consolide su fuerza política y su competitividad electoral. Hay que destacar que con todo y alianza el PAN ganó 18 de los 39 municipios de la entidad, no pudo ganar en los principales ayuntamientos: Durango capital, Gómez Palacio y Lerdo.

Hidalgo: panismo débil Los resultados electorales revelan los límites de la estrategia de formar alianzas electorales y que las mismas no pueden cubrir la poca eficacia del trabajo político del partido de muchos años (Gráfica 4).

Gráfica 4.

Gubernatura Hidalgo

En esta entidad, las decisiones de concretar una alianza y de postular como candidato a gobernador a una figura externa con amplio conocimiento del estado, tuvo un efecto electoral positivo que arroja un empate técnico entre el candidato de la alianza y el del PRI, cuyo desenlace final será decidido en los tribunales, pero que de suyo representa un resultado histórico pues significa un punto de quiebre que la oposición no pudo alcanzar jamás, ni siquiera en 1986 cuando el candidato del PAN a gobernador fue víctima de un enorme fraude electoral.

La apuesta política de la alianza opositora hizo que el gobierno local priista mostrara su peor cara, pues aquí la figura del “gobernador jefe de partido” recae en un mandatario gris y mediocre, que hizo patente su autoritarismo y métodos burdos al reprimir al dirigente estatal

Hay que advertir dos asuntos: el primero fue que en Hidalgo el PRI aplicó quizá la más sucia estrategia político-electoral que incluso supera las maniobras urdidas en la elección de Veracruz, pero con un manejo político y un control de la información tan avasallante que incluso fueron pocas las irregularidades y atropellos electorales de los que se tuvo noticia, a pesar de que fueron abundantes; la segunda es que el PAN si es la

19

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

segunda fuerza política en la entidad, con presencia extendida en toda la geografía del estado y que junto a la candidata Xóchitl Gálvez sí dio una fuerte pelea electoral en ésta como en anteriores contiendas; el problema es que el partido no ha desarrollado la suficiente fuerza para confrontar la maquinaria priista o para recabar pruebas de las irregularidades, contrario a lo que ocurrió en el caso de Veracruz.

Si bien los resultados preliminares de la elección –los oficiales no están todavía disponibles– muestran que la alianza rebasó 40% de la votación, lo cierto es que la suma de votos del PAN y PRD por separado se aproximan a esa cifra, en tanto que el nivel de votación del PRI respecto a la elección previa de gobernador se erosiona menos del uno por ciento y se mantiene por encima de 50% del total. Ello hablaría de que la alianza y su candidata crearon más expectación nacional que local y que la oposición unida prácticamente no le hizo mella a un PRI cómodamente sostenido en el control político, el corporativismo local y las maniobras electorales.

20

Oaxaca: alianza exitosa de largo plazo Una exitosa alianza político-electoral conformada a lo largo de varios años por el PAN, PRD, PT y PC; una oferta política de alternancia y cambio democrático que se impuso a la inercia y al continuismo. Esta elección tenía quizá una importancia estratégica mayor a la de otras desde la perspectiva del proceso de consolidación de la democracia en México. Se trataba de quebrar un dominio político-electoral sustentado en las más arcaicas prácticas políticas del grupo priísta en el poder, que no dudaba en medrar con las necesidades de una sociedad sumida en la pobreza y el corporativismo para conseguir objetivos electorales. Se trataba de arrebatar al PRI una de las posiciones que le permitían controlar estamentos electorales y manejar recursos en procesos federales. Se trataba de demostrar que en democracia no hay reductos infranqueables para el voto libre, la transparencia gubernamental, la modernización política y la vigencia del Estado de derecho.

Tal expectativa se cumplió con creces con una alianza electoral que arrebató al PRI la gubernatura (Gráfica 5), una gran cantidad de ayuntamientos incluidos todos salvo uno de los 20 municipios más importantes en población de la entidad y, la mayoría en el Congreso del estado.

A partir del cambio de poderes, Oaxaca deberá entrar en un proceso de modernización política que establezca un nuevo modelo de relación gobierno-sociedad que transforme el sistema político local y extienda pautas democráticas, de transparencia y de buen gobierno.

Gráfica 5.

Gubernatura Oaxaca

Sin embargo, este resultado no puede ocultar el hecho de que el PAN en Oaxaca sigue siendo un partido poco competitivo y con escasa presencia en algunas regiones del estado. Si bien la alianza ganó un número sin precedente de municipios y distritos locales, Acción Nacional no será ni mucho menos el partido más importante de la misma.

Lo anterior significa que el reto del PAN en Oaxaca será aprovechar que el futuro gobierno le brindará un entorno político más favorable para cumplir con su acción política y desarrollar estrategias que le permitan conquistar espacios políticos y ciudadanos que permitan elevar su porcentaje de votación y fortalezcan su presencia política en la entidad de cara al futuro. Esto, sin desentenderse de los compromisos de la

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

alianza y de brindar al nuevo Ejecutivo local un respaldo político que lo fortalezca y amplíe sus capacidades para enfrentar las inercias, los intereses y los grupos de presión que tratarán de obstaculizar las políticas de cambio estructural que se pondrán en práctica en Oaxaca en los próximos años.

Puebla: candidatura exitosa Los resultados electorales favorables obtenidos por Acción Nacional en alianza con los partidos PRD, PT y PANAL en el proceso electoral de Puebla, hacen patente el triunfo político de una figura que arriesgó todo su capital político al abandonar al PRI y encabezar una exitosa lucha personal al lado del PAN para hacerse de la candidatura y derrotar políticamente a uno de los cacicazgos más retrasados del país. No es posible desconocer en este caso los méritos que deben acreditarse al candidato Rafael Moreno Valle (Gráfica 6).

Gráfica 6.

Gubernatura Puebla

militantes comprometidos en puestos clave de la administración y convertir a Puebla en un bastión electoral panista de cara al proceso electoral de 2012.

Cabe apuntar que no sólo se conquistó la gubernatura del estado, sino también se obtuvo la mayoría en el Congreso local y casi la mitad de los ayuntamientos, incluyendo los más importantes que en el pasado el PAN ya había ganado.

Esto significa que el futuro Ejecutivo tendrá en sus primeros tres años condiciones inmejorables para impulsar los cambios institucionales y jurídicos necesarios para concretar la modernización política de la entidad. Acción Nacional deberá promover que estos cambios sean lo más profundos posibles y que se hagan cuanto antes, para desarticular las capacidades de manejo político-electoral desde el interior de la administración estatal que el PRI podría mantener en caso de que funcionarios de ese partido permanezcan en la administración y tengan capacidad de manejar recursos y programas.

Quintana Roo: debilidad estructural Los resultados electorales para Acción Nacional se explican en buena medida en la ancestral debilidad política y electoral del PAN en la entidad, donde pese a innegables y heroicos esfuerzos políticos, no ha sido posible incrementar la fuerza política y la competitividad electoral del partido: en Quintana Roo el PAN sigue siendo un partido débil (Gráfica 7).

Acción Nacional ha sido una fuerza política destacada en el estado de Puebla a lo largo de la historia. Ahora que el candidato emanado del PAN se convertirá en gobernador, el partido deberá trabajar para convertirse en la fuerza política dominante en la entidad; ello precisa de desmontar los cacicazgos con una combinación de políticas públicas eficaces, modernización de la legislación local y trabajo político del partido en todos los puntos del estado. Habrá que cuidar especialmente el mantener el apego del Ejecutivo local al partido, incorporar

Gráfica 7.

Gubernatura Quintana Roo

21

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

Quintana Roo es una entidad donde el PAN tiene que emprender un trabajo político con miras a su fortalecimiento institucional y electoral, que le permitan competir y ampliar su porcentaje de votación en el futuro. La oportunidad que se abre en este caso es lograr que militantes panistas participen en los futuros gobiernos municipales de oposición ganados uno por el PAN y tres en alianza con el PRD-PT-PC, o en dependencias del gobierno federal para proyectar su liderazgo y, simultáneamente, extender la estructura del partido en todas las regiones del estado.

en campaña, sino que anticipa controversias políticas entre el Ejecutivo y el Congreso que pueden propiciar un entorno enrarecido en el que la discrepancia política se suma a la incertidumbre de la violencia que puede llevar o a que el futuro gobernador busque un acercamiento con el PRI o a que éste partido intente someter a un Ejecutivo debilitado, esto obliga a que el PAN mantenga un estrecho vínculo de colaboración y apoyo al nuevo gobierno, que tendrá necesidad especial de un amplio respaldo político y ciudadano para salir adelante en las circunstancias descritas.

Sinaloa: alianza coyuntural exitosa Los resultados favorables obtenidos por la alianza del PAN con los partidos PRD-PT-PC en el proceso electoral de Sinaloa abren a la alternancia y a la modernización política a una entidad de importancia estratégica en términos políticos y económicos (Gráfica 8). No cabe duda que la alianza electoral conformada en esta entidad tiene un carácter estrictamente coyuntural y que el hecho de que el PRI conserve la mayoría en el Congreso del estado y el Ayuntamiento de Culiacán, nos habla de que a diferencia de lo ocurrido en Oaxaca y Puebla el triunfo no fue tan completo.

En Sinaloa, el reto del PAN es también convertirse en la fuerza política dominante de la entidad. Históricamente el PAN ha tenido un buen desempeño electoral desde 1986, gobernando en casi todos los municipios de la entidad al menos una vez, incluyendo a los más importantes en población y actividad económica.

Gráfica 8.

Gubernatura Sinaloa

22

La situación de gobierno dividido que tendrá Sinaloa en los próximos tres años implicará no sólo dificultades para avanzar rápidamente en los procesos de modernización institucional y actualización de la legislación que se prometieron

Esa participación debe aprovechar la circunstancia de formar gobierno para alcanzar la condición de fuerza política dominante, lo cual requiere mantener el apego del Ejecutivo local al partido, incorporar militantes comprometidos en puestos clave de la administración, y afrontar los problemas relacionados con la inseguridad y la violencia del crimen organizado que desgastaron a los gobiernos del PRI. Tamaulipas: elecciones bajo la sombra de la violencia El análisis de los resultados electorales registrados en el estado de Tamaulipas tiene que ir más allá del recuento de las posiciones obtenidas por los distintos partidos políticos (Gráfica 9). La elección a gobernador la gana el partido que vio morir a su candidato días antes de la elección; obtuvo el carro completo en la elección de Congreso y perdió sólo 7 de los 43 municipios. Esto no significa, ni mucho menos, un amplio respaldo popular al PRI sino que refleja más el grado de temor y de zozobra que viven las distintas comunidades del estado de Tamaulipas amagadas por la violencia.

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

Gráfica 9.

Gubernatura Tamaulipas

En Tamaulipas el proceso electoral fue anormal. En sus primeros momentos vio el asesinato del candidato del PAN a presidente municipal de Valle Hermoso, a consecuencia del cual renunciaron varios candidatos panistas a alcaldes y a diputados; posteriormente se registraron presiones semejantes contra otros aspirantes opositores, para culminar con el asesinato del candidato del PRI. No podemos entonces asumir que el proceso o sus resultados se hayan dado con normalidad, sobre todo considerando que, a diferencia de Chihuahua donde la violencia se concentra sobre todo en Ciudad Juárez, en Tamaulipas hablamos que el crimen organizado despliega sus actividades y amenazas en casi todo el estado.

Ante lo ocurrido en el estado de Tamaulipas, se requiere que todos los partidos políticos, los tres órdenes de gobierno y la sociedad conformen un gran frente que sea capaz de replegar al crimen organizado. Lo acontecido en la campaña significó muerte y violencia que impidieron el desarrollo normal de una contienda democrática y que deben interpretarse como una amenaza directa de la delincuencia contra las instituciones del Estado mexicano.

El reto político de todos los actores en el caso de Tamaulipas es recuperar la capacidad de hacer política en el territorio local, de desarrollar contiendas electorales, de presentar a la sociedad candidaturas y plataformas; esto tiene que hacerse rápido, pues de lo contrario, la

entidad será zona de riesgo en el proceso electoral federal de 2012.

Tlaxcala: el regreso del PRI Un PAN que no fue capaz de consolidar su presencia política y electoral tras seis años de un gobierno estatal emanado de sus filas. Si bien la situación del PAN Tlaxcala no es tan grave como la registrada en casos comparables como los de Nayarit y Chiapas, hablamos de una entidad donde no hay un partido dominante y en el que la alternancia ha visto triunfar a tres partidos distintos en las tres últimas campañas por la gubernatura.

En este caso, el PRI se aprovechó de las divisiones perennes de la izquierda local y del desarrollo político insuficiente del PAN para regresar al gobierno estatal tras 12 años de ausencia (Gráfica 10). Este regreso aunado a las condiciones políticas de la entidad pueden anticipar que el priismo tratará de recomponer sus mecanismos de control político de la sociedad local, restableciendo los vínculos con organizaciones que en estos años se acercaron al PRD o no encontraron posibilidades de aproximarse al PAN, para ensayar aquí también el modelo de “gobernador jefe de partido”.

Gráfica 10.

Gubernatura Tlaxcala

Visto en perspectiva, habrá que cuidar que dentro de seis años no ocurra en los casos de Puebla y Sinaloa lo que ocurrió en Tlaxcala este año. El PAN de Tlaxcala no pudo aprovechar la circunstancia de haber ganado la gubernatura

23

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

para consolidar su fuerza política y electoral en la entidad; este crecimiento institucional del partido no se logra simplemente con que figuras destacadas de Acción Nacional formen parte de la administración estatal, sino que precisa de desarrollar la capacidad del partido para competir política y electoralmente. Los triunfos alcanzados por el PAN en los últimos 6 años en la entidad acabaron siendo un espejismo, pues no significaron que el partido se hubiera fortalecido, que hubiera crecido sustancialmente su preferencia electoral y su voto duro hasta convertirse en la fuerza política dominante, en ellos repercutió más la operación política del gobernador (por ejemplo, la candidatura de Rosalía Peredo al Senado de la República en 2006) que un proceso de fortalecimiento institucional del PAN y sus efectos están a la vista.

Veracruz: la maquinaria priista Los resultados electorales obtenidos por Acción Nacional en alianza con los partidos PRD y PANAL en el proceso electoral de Veracruz y el hecho de que muchos de los ganadores de esta elección se definirán en los tribunales, no sólo niegan las previsiones de una aplastante victoria electoral del PRI sustentada en la apabullante maquinaria electoral del gobernador Fidel Herrera Beltrán, mandatario prototipo de la figura “gobernador jefe de partido”, el cual convirtió a su gestión en sinónimo de propaganda electoral personalizada a favor de su partido (Gráfica 11).

Gráfica 11.

Gubernatura Veracruz

24

Todos esos años y todas esas maniobras electoreras maquinadas descaradamente desde la oficina del gobernador, de las cuales se filtraron en los medios múltiples pruebas y testimonios, no fueron suficientes ni para extender la fuerza política y electoral del PRI, ni para cambiar el perfil político de Veracruz que muestra una elevada competitividad política con el PRI y el PAN como los competidores más fuertes, y el PRD y Convergencia con presencia suficiente como para incidir en los resultados. En este caso, si la alianza PAN-PRD-PANAL hubiese logrado sumar los votos de Convergencia, habría sido la clara triunfadora del proceso. Habrá que hacer un análisis particular sobre las razones por las que el líder histórico de Convergencia, Dante Delgado, se ha negado a apoyar estas alianzas tanto en 2004 como en 2010, abriéndole el camino del triunfo al PRI y a su maquinaria electoral perversa en una entidad donde este partido hace años que no tiene una posición política claramente dominante.

Pese a lo anterior habrá que señalar algunos puntos negativos para el PAN; la definición de la candidatura de Miguel Ángel Yunes provocó una escisión de panistas que rompió con la necesaria unidad para afrontar el proceso con toda la fuerza política del partido; se perdieron municipios otrora bastiones electorales en la zona conurbada del Puerto de Veracruz y en el corredor Córdoba-Orizaba; la alianza fue decisiva para ganar en muchos municipios que de otra manera se hubieran mantenido en poder del PRI y el PAN tuvo grandes dificultades para oponerse a la actividad terrestre de la maquinaria electoral del PRI que, como si se tratara de elecciones del siglo pasado, fue capaz de emprender acciones de destrucción de propaganda, saboteo de campañas y movilizaciones electorales que recuerdan la maquinaria autoritaria del priismo de antaño.

En este caso habrá que respaldar con toda la fuerza política del partido la impugnación del proceso que lleva adelante el candidato Yunes, pues no sólo serían viables escenarios de anulación o reversión, sino que la propia impugnación

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

constituye un recurso político de presión contra las prácticas de la mafia electoral comandada por Fidel Herrera, que tendrá que usarse además para acotar lo más posible al priismo local para que abandone esas prácticas y se abra paso a la competencia democrática equitativa y legal en el caso de Veracruz.

Yucatán: desgaste y conflicto Los resultados electorales adversos obtenidos por Acción Nacional en el proceso electoral de Yucatán, particularmente la derrota en el municipio de Mérida, son producto de un largo proceso de deterioro institucional del partido iniciado hace cinco años con motivo de la sucesión del gobernador panista Patricio Patrón Laviada, el cual, si bien sólo ha debilitado levemente la fuerza electoral del PAN en la entidad, sí ha sido lo suficiente como para abrir el paso del PRI al poder en un estado cuyo sistema político local tiene a estos dos partidos como las fuerzas dominantes y con niveles de votación muy semejantes.

Si bien es cierto que en estos resultados adversos gravitan el desgaste en el ejercicio del poder, tanto el del ex gobernador panista en el sexenio 2001-2007, como el de los casi 20 años que el PAN mantuvo en su poder el Ayuntamiento de Mérida, el debilitamiento electoral panista lo provocaron en gran medida el deterioro institucional y la división interna ocurridos en los últimos años que llevaron no sólo a la renuncia al partido de algunos militantes significativos, sino también a la ruptura de los ciclos de la dirigencia local del partido, con la renuncia del Comité Directivo Estatal, reflejo de problemas internos que terminaron por afectar el desempeño electoral del PAN y la participación en campaña de sus militantes.

Lo anterior, aunado a un reposicionamiento electoral del PRI promovido por una gobernadora que sigue al pie de la letra el modelo del “gobernador jefe de partido”, implantado por otros mandatarios estatales, permitió que el PRI recuperara una posición política de suma importancia, a pesar de que en términos de votos, no registró un crecimiento electoral significativo.

En el caso de Yucatán, resulta preocupante para el PAN el dejar su principal bastión electoral y gubernamental en la entidad, lo cual implica, por una parte, la pérdida de espacios en la administración pública con lo que muchos militantes interrumpirán temporalmente el desarrollo de sus carreras políticas, provocando una mayor demanda y presiones de la militancia para acceder a cargos en la administración federal o aspirar a futuras candidaturas y; por otra parte, el hecho de que el PRI amplíe sus márgenes de operación política desde las oficinas de gobierno conlleva el peligro de que pueda consolidar y acrecentar su fuerza electoral a costa de un debilitamiento del PAN. Pese a lo ocurrido en esta jornada, el PAN de Yucatán se muestra como una organización de grandes dimensiones con presencia en toda la entidad y con considerable fuerza electoral. Es importante que estos factores prevalezcan, lo que supone corregir las situaciones que provocaron el conflicto interno y el deterioro de la vida institucional, y con ello será posible reposicionar políticamente al partido como una fuerza de oposición que sabe cómo gobernar eficazmente.

Zacatecas: panismo no consolidado Los avances político y electoral del PAN en la entidad no han sido completos. En una entidad donde el PRI y el grupo político de Ricardo Monreal se disputan el poder, el PAN no fue capaz de consolidar los avances electorales alcanzados hace tres años y no ha alcanzado el nivel de partido competitivo en un entorno local con tres fuerzas principales (Gráfica 12).

Gráfica 12.

Gubernatura Zacatecas

25

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

En el orden municipal, el PAN no consolidó el triunfo obtenido en la capital estatal hace tres años, la que volvió a manos del PRI. Si bien el PAN ganó 16 municipios en 2010, contra 8 en 2007, no son los más importantes de la entidad en términos poblacionales y económicos. La postulación del ex alcalde de la capital como candidato del PAN y quien había cumplido con una buena gestión de gobierno no fue suficiente siquiera para que el panismo retuviera el municipio de Zacatecas.

Si bien el PAN Zacatecas no se encuentra en una posición de debilidad electoral, ni sufre de problemas internos graves de orden local, si tiene que trabajar para consolidar su piso electoral y extender su presencia en diversa zonas del estado donde efectivamente su presencia es limitada. El gran bastión electoral panista de Zacatecas se localiza en la región sur fronteriza con el estado de Jalisco y lo ha sido desde hace muchísimos años, pero ha hecho falta consolidar la fuerza política en la capital del estado y en la región de Fresnillo y el occidente de la entidad; la pérdida de una figura política como “El Rey del Tomate” afectó igualmente el desempeño electoral en el municipio de Jerez.

Conclusiones Son varias las conclusiones que se deducen de las elecciones locales de 2010. Acción Nacional, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas en donde se llevaron a cabo procesos electorales, tiene que hacer una reflexión profunda sobre aspectos tales como la forma de elegir a sus candidatos, la pertinencia de las alianzas electorales, su impacto a la hora de gobernar, sobre sus métodos y logísticas electorales, sobre las relaciones partido-gobierno, entre otros temas.

26

Un partido competitivo requiere cimentar su fuerza política y electoral en una organización lo suficientemente extendida y sólida como

para poder aspirar a participar con posibilidades de éxito en los procesos electorales en todos los municipios y distritos. Muestra evidente de poca competitividad o de debilidad política y electoral es que al aproximarse un proceso electoral los niveles de preferencia medidos en encuestas sean bajos o permanezcan estancados, a grado tal, que se pueda dar por descontado de antemano qué partido será el ganador de la elección antes de iniciar el proceso. Esta situación no corresponde a un entorno de vida democrática.

En algunos casos, es posible remontar esta situación mediante la conformación de alianzas electorales, pero es difícil mantener estos acuerdos de elección en elección y en caso de que tengan éxito las responsabilidades de gobierno suelen hacer a un lado las prioridades del partido; por ello, la alternativa es fortalecer al partido en el mediano y largo plazos, para que su grado de competitividad y fuerza electoral deriven de fortalezas institucionales y no de acuerdos coyunturales que, como muestra la evidencia, no garantizan consolidar la fuerza política del PAN en el futuro.

Otro aspecto importante a considerar es que con alianzas o sin ellas, los procesos de selección de candidatos no pueden ser sinónimo de divisiones internas. Hasta antes de 2009, las renuncias de panistas que aspiraban a las candidaturas no hacían mayor mella electoral al partido y en no pocas veces quienes salieron tan sólo lo hicieron para ser derrotados luego bajo otras siglas.

Pero en 2009 y 2010 las renuncias sí fueron costosas y explican en buena medida derrotas electorales en los casos de las gubernaturas de San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes, así como en otras importantes capitales y municipios. Los procesos de selección de candidatos, si bien en la actualidad significan la búsqueda del poder, no pueden dejar de ser

Aminadab Rafael Pérez Franco y Juan Pablo Chabaud Limón

garantía de vigilar el proceso electoral, para determinar de manera autónoma las condiciones de su trabajo político y electoral en el ámbito local.

Si el partido es capaz de cumplir con todo este trabajo político previo, tendrá mayores opciones para decidir lo más conveniente, conforme a las circunstancias del caso, de participar en solitario o en alianza electoral con otros partidos, de asumir una postura enérgica según le corresponda ser gobierno u oposición, de verse obligado a pactar para asegurar la gobernabilidad o sostenerse en su propia fuerza.

En este sentido, las alianzas electorales, si bien pueden cumplir con objetivos trascendentes como son propiciar la alternancia y la modernización política, no sustituyen en sí mismas la necesidad de cumplir con una profunda acción política con la sociedad, que signifique reclutar miembros, establecer vínculos con organizaciones sociales, gestionar exigencias y demandas ciudadanas, impulsar el trabajo de los gobiernos y legisladores del partido.

procedimientos democráticos, contiendas entre compañeros y con opciones que abanderen la identidad histórica del PAN, que supone la ética y los valores suficientes para aceptar los resultados de los procesos internos, así como para reconocer y apoyar a los candidatos surgidos de los mismos.

De cara al futuro, es importante que Acción Nacional haya podido construir estas condiciones de competitividad, medibles en una estructura extendida y activa, en candidaturas atractivas y campañas ganadoras, en posibilidades de hacer propaganda y campaña terrestre eficaz, en

Los resultados electorales dejan al PAN algunos sinsabores como el caso de las derrotas en Aguascalientes y en Tlaxcala, pero también abre las oportunidades de gobernar en coalición en estados históricamente dominados por el PRI donde deberán caer estructuras y aparatos electorales y corporativos férreos; las opciones políticas que se abrirán en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, y la posibilidad de que a partir de acceder al poder mediante esas alianzas, posibilitarán que los triunfos no sean algo efímero o coyuntural y que el PAN haya logrado un año positivo, no en el balance total de posiciones en disputa, pero sí en términos de la importancia poblacional y política de los estados y municipios que ganó; de la población que gobernará, de los espacios que rescatará para la democracia y la libertad, y en que siga adelante el proceso gradual de consolidación de la vida democrática en México.

27

La oposición en México y su desempeño en el desarrollo de un Estado democrático Rosalina Arteaga Barrón

En el marco de los Diálogos por la Seguridad convocados por la Presidencia de la República, distintos miembros de la elite empresarial, religiosa y de la sociedad civil, así como representantes de los tres órganos de poder compartieron y discutieron la necesidad de una política de Estado en materia de seguridad pública.

28

Dentro de este foro se indicaron las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos: la responsabilidad de todos los actores gubernamentales y políticos de hacerle frente a la delincuencia organizada; el fortalecimiento de las instituciones que tienen que velar por la seguridad de los mexicanos y el establecimiento de guías para una política de seguridad más efectiva. Del

mismo modo, el Gobierno federal comunicó la estrategia que pretende llevar a cabo para el cumplimiento de dicha política: la recuperación de los espacios que las autoridades le había dejado a los delincuentes; el fortalecimiento del marco legal e institucional de la policía, de los ministerios públicos y del registro de identidad; la formación de una política activa de prevención del delito; mejorar la corresponsabilidad en los distintos órdenes de gobierno y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Finalmente, se estableció la necesidad y urgencia de la participación social como mecanismo para que sea factible el cumplimiento de esta meta.1 1

Foro de Diálogos por la Seguridad 2010, México, D.F.( www.presidencia.gob.mx )

Rosalina Arteaga Barrón

Sin embargo, la realización de este encuentro ha abierto un eje de discusión que va más allá de la necesidad de una política de Estado en materia de seguridad pública. Si bien es cierto que el problema no se trata sólo de narcotráfico, sino de crimen organizado (grupo criminal que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de la renta lícita o ilícita de una comunidad),2 también es cierto que hay un reto estructural en el país, no sólo en materia de seguridad.

Durante el marco de los Diálogos por la Seguridad, líderes del Partido Revolucionario Institucional hicieron énfasis en el desarrollo de un Estado democrático para México y en la importancia de contar con “una oposición responsable.” Expusieron que: “En el Estado democrático, actuar con responsabilidad y civilidad política… implica no alentar la polarización, significa propiciar la confianza y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, habida cuenta que la República es una Federación.”

Sin embargo, ¿cuál ha sido el papel que esta oposición, PRI, ha tenido en la aprobación de iniciativas que generen un Estado democrático?

Uno de los rasgos que distinguió a la transición democrática mexicana fue la elección intermedia para el Congreso de la Unión en 1997, misma que generó una dispersión del poder significativa. Es decir, después de más de setenta años de contar con un “gobierno unificado”, el PRI requirió de coaliciones parlamentarias con otros partidos para poder gobernar. Esta modificación en el régimen de gobierno trajo consigo un proceso de incertidumbre política para México (Lujambio, 2001). Para el año 2000, “el pluralismo en ambas cámaras del Congreso y la falta de mayoría del partido en el gobierno alteraron la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues dejó de ser estable y predecible como en la época de la hegemonía del PRI, para devenir compleja e incierta” (Peschard, N.D.).

2

Ibid.

Con la pérdida del control del PRI como mayoría en la Cámara de Diputados (conservando 47.6% de los escaños) y como mayoría calificada en el Senado (con un 59.3% de los escaños), el presidente vio limitada su capacidad para controlar el proceso político institucional (Lujambio, 2001). Asimismo, y de manera general, las condiciones del hiperpresidencialismo descritas por Jeffrey Weldon comenzaron a fracturarse: un régimen constitucional presidencial, un “gobierno unificado” con mayorías parlamentarias en ambas cámaras del Congreso pertenecientes al partido del presidente; disciplina parlamentaria en el partido mayoritario; y que el líder del partido hegemónico fuese, también, jefe del Ejecutivo (Weldon, 2004). Cabe señalar que el autor se refiere a las facultades metaconstitucionales que tenía el presidente.

Para entender la importancia de la relación entre estos dos órdenes de gobierno, Ejecutivo y Legislativo, se deben tener claras las consecuencias que trae una confrontación constante entre ambos. En primer lugar, la parálisis institucional puede definirse como “una situación en la que el status quo no puede ser reemplazado por una política alternativa ya que el presidente objeta cualquier cambio aceptable a la legislatura y viceversa” (Magar, 2009).

En este sentido, la gobernabilidad institucional del país, bajo un régimen de gobierno dividido, depende de los incentivos que los sectores de oposición tengan para cooperar con el partido del presidente (Lujambio, 2001). Asimismo, Juan J. Linz argumenta que la elección separada del presidente y de la legislatura es un potencial desestabilizador del sistema político-institucional (Linz, 1994).

Con el propósito de contar con un marco de análisis que permita la mejor comprensión del papel que desempeña la oposición actual en México, se explica, brevemente, el argumento de Linz. Para el autor, los partidos de oposición 29

Rosalina Arteaga Barrón

no cuentan con incentivos suficientes para cooperar con el partido del presidente por dos razones. En primer lugar, si éstos cooperan y su cooperación es exitosa, los beneficios políticoelectorales del éxito son absorbidos por el partido del presidente.

sido dictaminada en comisiones y aprobada en el pleno (Nacif, 2003). Con esto, el autor muestra que durante los periodos de gobierno hegemónico (1991-1994 y 1994-1997) si la iniciativa era presentada por el Ejecutivo, la probabilidad de que ésta fuera aprobada era casi de 100%.

En segundo lugar, si la cooperación fracasa, todos los miembros de la oposición comparten los costos políticos con el presidente; a excepción de aquéllos que decidieron no cooperar y que resultan beneficiados por el electorado. Por lo tanto, si el resultado de cooperar siendo oposición recae, únicamente, en costos políticos, la tendencia es la no cooperación. Con esto, Linz señala que siempre que el partido del presidente no cuente con mayoría en el Congreso, se producirá parálisis institucional (Linz, 1994).

Estos datos reflejan la certeza que tenía el presidente de que su iniciativa fuese aceptada, así como la anticipación de éste ante la respuesta del Congreso. La legislación propuesta por el Ejecutivo representa entre 81.9% y 76.9% del total de iniciativas aprobadas en cada periodo respectivamente. Del mismo modo, se hace esta comparación con el gobierno dividido a partir de 1997. En esta comparación se concluye que el número de iniciativas por parte de los tres partidos (PAN, PRD, PRI), entre 1997 y 2000, aumenta significativamente.

Ahora bien, otra de las variables fundamentales que indican la tendencia a la cooperación o no cooperación por parte de la oposición es el Timming de las decisiones parlamentarias: “mientras más cercana esté la siguiente elección presidencial, más fuerte serán las tendencias competitivas, y las no cooperativas, entre partidos políticos separados en el Congreso” (Lujambio, 2001).

Finalmente, y siguiendo el argumento inicial, la disciplina partidaria da muestra de la facilidad o no que tiene el presidente para negociar con la oposición parlamentaria. Una fuerte disciplina partidaria con gobiernos divididos dificulta la construcción de acuerdos entre el Ejecutivo y legisladores de distintos partidos cuando se complica la cooperación de los bloques parlamentarios (Lujambio, 2001).

30

Para explicar si en México existe parálisis institucional, Benito Nacif en su estudio Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo tras el fin del presidencialismo en México, muestra el número de iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados y su relación con la “tasa de éxito”, esto es la probabilidad de que una iniciativa haya

Asimismo, se encuentra que a pesar de que el número de iniciativas propuestas por el Ejecutivo disminuye, no necesariamente es reflejo de parálisis institucional, sino de una adecuación del comportamiento del Ejecutivo al nuevo equilibrio de poderes (Nacif, 2003).

Para la LVIII Legislatura, Nacif indica que, únicamente, 5.55% de las iniciativas presentadas provinieron del Ejecutivo. De éstas, 81.97% fueron aprobadas con una contribución (aprobadas por fuente/total de aprobadas) de 18.20%. Por su parte, para esta misma legislatura, el PRI presentó 25.35% de las iniciativas, de las cuales, 17.65% fueron aprobadas con una contribución de 19.60%. (Nacif, 2003) Sin embargo, para el año 2000, con la llegada del PAN a la presidencia, Vicente Fox contó con una mayoría priista en su contra. Por lo tanto, la mayoría de las iniciativas que fueron dictaminadas y aprobadas vinieron del Congreso. Del total de iniciativas que fueron dictaminadas y aprobadas en la LIX Legislatura, 82.92% procedieron de éste, 6% del Ejecutivo y 11.08% de los congresos locales y varios.

Rosalina Arteaga Barrón

A continuación, se muestra la composición del Congreso de la Unión: LVIII – LXI Legislatura: LVIII Legislatura Cámara de Diputados

LVIII Legislatura Senado

LIX Legislatura Cámara de Diputados

LIX Legislatura Senado

PAN

207 (41.4%)

46 (41.4%)

148 (29.6%)

47 (36.7%)

PRI

211 (42.2%)

60 (46.9%)

204 (20.8%)

58 (45.3%)

PRD

50 (10%)

16 (12.5%)

97 (19.4%)

15 (11.7%)

Otros

32 (6.4%)

6 (4%)

51 (10.2%)

8 (5.5%)

LX Legislatura Cámara de Diputados

LX Legislatura Senado

LXI Legislatura Cámara de Diputados

LXI Legislatura Senado

PAN

206 (41.2%)

52 (40.6%)

143 (28.6%)

50 (39%)

PRI

106 (21.2%)

32 (25%)

237 (47.4%)

33 (25.7%)

PRD

127 (25.4%)

26 (20.3%)

71 (14.2%)

26 (20.3%)

Otros

61 (12.2%)

18 (14%)

49 (9.8%)

18 (14%)

Partido

Partido

Fuente: www.cddhcu.gob.mx

Ahora, el lento y desordenado proceso de negociación, así como la disminución constante de la tasa de aprobación de las iniciativas presidenciales han adquirido mayor fuerza a partir del año 2000. Por ejemplo, para el primer periodo de gobierno de Ernesto Zedillo, la tasa de aprobación fue de 99%. Durante su segundo periodo, ésta fue de 90%. Sin embargo, para el primer periodo de gestión de Vicente Fox, la tasa de aprobación fue únicamente de 75% y para Felipe Calderón fue sólo de 69% (Weldon, 2002).

Asimismo, como indica Peschard, durante el sexenio de Fox existió una percepción generalizada de que prevaleció la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta falta de colaboración fue generada por la oposición del Congreso, mayoritariamente priista, a las reformas estructurales en materia fiscal, laboral y energética, así como la reforma política del Estado, la cual quedó pendiente en ese entonces (Peschard, N.D). Y es que como indica María Amparo Casar en su artículo La ruta del fracaso, la mayoría de las iniciativas de reforma que son presentadas por el Ejecutivo con enfrentadas por la oposición con una de tres actitudes: “cliché totalizador”,

“cliché nacionalista-revolucionario” y “cliché populista”,3 por lo que se termina aprobando una iniciativa con objetivos distintos a los iniciales (Casar en Reforma, 2010).

Actualmente, y a poco más de un año de las elecciones presidenciales, es indispensable que el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso se dé de manera eficiente. Sin embargo, dado el Timming que menciona Lujambio, el PRI, al contar con 47.4% de los escaños, tiene muy pocos incentivos a cooperar. Al ser el partido mayoritario de oposición, sus aspiraciones por la presidencia en 2012 son elevadas. Como se mencionó anteriormente, aquel partido con mayoría en el Congreso no asumirá los costos político-electorales provenientes de la posible cooperación con el presidente. Por lo tanto, es muy probable que decida no cooperar. ¿Qué significa esto? Seguir postergando reformas indispensables para México. Como indica Macario Schettino en su artículo Presupuestos, los María Amparo Casar describe los tres “clichés” de la siguiente manera: Cliché totalizador: se juzga según criterios de suficiencia de una iniciativa. Cliché nacionalista-revolucionario: se basa en criterios que colocan a la iniciativa en contra del interés de las mayorías.

Cliché populista: cuando, según ciertos criterios, la iniciativa va en contra de la economía popular.

3

31

Rosalina Arteaga Barrón

obstáculos para el desarrollo económico del país siguen siendo los mismos: insuficiencia fiscal, permanencia de privilegios y escasez de bienes públicos. Asimismo, señala que desde 1997 los paquetes presupuestales se han resuelto incrementando la cantidad de dinero a las entidades federativas, mismas que no cuentan con un sistema de transparencia y vigilancia en el uso de los recursos (Schettino en El Universal, 2010).

Entonces, dadas las condiciones anteriores, es probable que el PRI tenga objetivos muy distintos a los de agilizar las iniciativas de reforma necesarias. Otro ejemplo más: para el 2005, el PRI, en alianza con el PRD y otros grupos parlamentarios, consiguió la modificación del proyecto del Ejecutivo: votaron a favor de un presupuesto distinto al del Presidente, lo cual trajo como consecuencia que Fox hiciera uso del veto (Peschard, N.D.) Conclusiones La elección intermedia de 1997 produjo un cambio sustancial en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La necesidad de trabajar en una mayor negociación y colaboración se hizo imperante. Es en esta lógica que para la construcción de un Estado democrático, y por lo tanto, para la elaboración y aprobación de políticas de Estado, como la de seguridad, que garanticen el ejercicio correcto de sus funciones, los acuerdos son el factor principal.

Ya se demostró que los “gobiernos divididos” no necesariamente generan parálisis institucional.

Sin embargo, para los cambios estructurales que requiere el país, la construcción de acuerdos que garanticen la gobernabilidad de las instituciones democráticas del país debe ser el eje rector de los dos poderes. Del mismo modo, es necesaria la voluntad política de los actores sociales para el accionar de estos cambios.

32

Tanto 2011 como 2012 significarán para México un gran reto para su desarrollo electoral, y por lo tanto, democrático. Por ello, es funda-

mental que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen en comunión para dar marcha a los cambios principales que el país necesita. Ambos poderes tienen deberes y compromisos, como el sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) descrito por Sartori, por lo tanto, de ambos es la responsabilidad de que las reformas que México requiere empiecen a caminar.

Referencias • Linz, Juan (1994), “Democracy, Presidential or Parliamentary, Does it make a Difference?”, The Failure of Presidential Democracy, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

• Lujambio, A. (2001), “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México”, en J. Lanzaro, Tipos de Presidencialismo y Coaliciones Políticas en América Latina (págs. 251-280), Buenos Aires: CLACSO. • Magar, Eric (2009), “Otra mirada al inmovilismo democrático: un modelo de relaciones ejecutivo-legislativo en regímenes con poderes separados”, Gaceta de Ciencia Política, (págs. 11-25).

• Nacif, Benito (2004), “Las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo tras el fin del presidencialismo en México”, Política y Gobierno, Vol. XI, No. I. • Peschard, J. (N.D.), “De la Mutua incomprension entre el Ejecutvio y el Legislativo en los tiempos de la alternancia”, en A. S. Rebolledo, ¿Qué país nos deja Fox? (págs. 59-83).

México: Norma.

• Weldon, J. (2002), “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”, en Mainwaring, Scott y Matthew S.Shugart (eds.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Buenos Aires, Paidós.

• Weldon, J. (2004), “Changing Patterns of Executive Legislative Relations in Mexico”, en J. J. Middlebrook, Dilemmas of Political Change in México (pág. N.D.). N.D: UCSD. Periódicos: • La ruta del fracaso (Casar, María Amparo, en Reforma, 12 de enero de 2010).

• Presupuesto (Schettino, Macario, en El Universal, 20 de agosto de 2010).

Nuevos equilibrios: los congresos locales tras las elecciones de 2010 Fernando Dworak

Los domingos 16 de mayo y 4 de julio pasados tuvieron lugar procesos electorales en 15 estados. Casi todos votaron por gobernador y ayuntamientos, y en todos se eligió a su respectivo congreso local. Por lo anterior, en este artículo se presentarán los nuevos equilibrios en los legislativos.

Se analizarán por separado los estados que en julio pasado eran gobernados por el PAN, los

que tenía administraciones de otros partidos donde nuestro partido se presentó a competir solo o con el Panal y por último aquellos donde se presentaron alianzas con el PRD. Al final del texto se presentarán las tablas de resultados y su comparación con 2007.

I. Estados gobernados por el PAN El 4 de julio hubo elecciones en tres entidades gobernadas por el PAN: Aguascalientes, Baja

33

34

Fernando Dworak

en combinación con el PVEM y el Partido Revolucionario Veracruzano (PRV). La razón: si bien los tricolores perdieron 10 distritos, el porcentaje total de la votación los compensó en cuanto a la representación proporcional.

Las elecciones de Zacatecas fueron competidas para el PRI y el PRD, quien perdió la gubernatura. Aunque el PRI ganó, ningún partido tiene la mayoría en el congreso local. Los tricolores, en alianza con el PVEM y el PANAL, ganaron el 4.66% de los asientos. El PRD, en alianza con Convergencia, se llevó 23.33%. El PAN mantuvo su presencia de 2007 a 2010, con 6 asientos: 20%.

III. Estados donde el PAN compitió en alianza con partidos de izquierda Aunque generaron polémica durante las campañas, se puede afirmar que las alianzas con los partidos de izquierda funcionaron. De las seis que se pactaron, tres lograron remover al PRI de la gubernatura. Sin embargo, en los detalles se puede observar qué tan benéficas fueron para el PAN; y no se puede establecer un criterio general para medirlas.

En Chiapas se renovaron el congreso local y los ayuntamientos. El PAN estableció alianzas con el PRD, Convergencia, Panal y el PSD para los distritos de mayoría. En este caso, el PAN subió su presencia de 17.5% en 2007 a 22.5% en 2010. El PRI bajó de 35 a 30% y el PRD de 27.5 a 20%. Otro ganador fue el PVEM, quien pasó del 5% en 2007 al 15% en 2010.

Los resultados en Durango son complejos para interpretar. Aunque el PRI aumentó su presencia en el pleno de 56.66% en 2007 a 66% en 2010 y el PAN bajó en ese mismo periodo de 26 a 20% junto con el PRD, la alianza ganó cuatro distritos electorales.

Aunque la alianza no ganó en Hidalgo, el

resultado fue positivo. El PRI bajó su presencia en el congreso local de 53.33% en 2007 a 46.66% en 2010. Aunque el PAN y el PRD mantuvieron el mismo número de asientos, la diferencia radica en que el PT ganó un asiento de representación proporcional y Convergencia otro. Este último, gracias a la alianza.

Una experiencia exitosa fue la de Oaxaca. En 2007 el PRI tenía 59.5% de los asientos y en 2010 el 38.09. El PAN pasó de 9 a 26.19% en ese mismo periodo. Por su parte el PRD aumentó su presencia en el congreso local de 14.28 a 21.42% de 2007 a 2010. El PT también duplicó su representación de 2.3 a 7.6%.

Puebla también representó un triunfo. El PRI bajó su presencia en el congreso local de 60.97 a 43.90% de 2007 a 2010; este último año en alianza con el PVEM. El PAN subió de 19 a 29.26%, el PRD de 4.87 a 7.31; el Panal del 4.87 a 9.75 y Convergencia de 2.43 a 4.87% en ese mismo periodo de tiempo.

El último caso, Sinaloa, muestra cuánto cedió el PAN a sus socios de coalición para tejer una alianza. Aunque el PRI perdió asientos en el congreso local de 55 a 47.5% de 2007 a 2010, el PAN también perdió asientos durante ese periodo de tiempo, pasando de 35 a 32.5%. Quienes ganaron presencia a partir de las alianzas fueron los partidos pequeños. El PVEM obtuvo un asiento de representación proporcional de su alianza con el PRI. Aunque el grupo parlamentario del PRD tendrá el mismo tamaño en la próxima legislatura, Panal y Convergencia obtuvieron el mismo provecho del PAN. ¿Qué se puede aprender?

El PAN inició su camino a ganar la Presidencia de la República a partir de conquistar el voto popular a nivel local. Sin embargo, todo pareciera indicar que corre el riesgo de perder el poder por esa misma vía. Aunque exitosas, las alianzas

35

Fernando Dworak

electorales son un recurso que sirvió para un contexto determinado y es difícil que pueda servir más allá de las elecciones de 2011. Por lo anterior, se exponen algunas reflexiones sobre lo que se podría hacer para renovar a nuestro partido en el nivel local.

Retomar el liderazgo en la reforma políticaEl PAN heredó un sistema institucional que fue diseñado para legitimar, apuntalar y en la medida de lo posible eternizar a un partido en el poder. Eso implica no sólo leyes sino creencias populares. Aunque nuestro partido pertenece a una tradición doctrinal totalmente distinta, los gobernadores, legisladores locales y alcaldes han hecho muy poco para cambiar las reglas del juego; prefiriendo gobernar con las viejas normas.

No cuestionar esas reglas obliga a gobernar de acuerdo a los patrones y cánones ya establecidos; haciendo que el partido adopte los modos del PRI. Cuando eso sucede, la ciudadanía deja de percibir una diferencia en estilos de gobernar aparte de un discurso de decencia y valores. Es decir, la inacción sólo fortalece al partido que inventó esas leyes y discursos.

Más allá de toda cuestión valorativa, las alianzas con el PRD son un síntoma del agotamiento del discurso de ambos partidos. Por lo tanto, y dado que ninguno puede por sí solo tener la mayoría absoluta en las entidades donde se ganó, sería un buen inicio pensar en una propuesta conjunta de cambios institucionales; la cual tendría dos ejes: desarticular las redes del PRI y generar nuevos modos de gobierno.

36

Lo anterior también aplica para los estados que todavía gobierna el PAN, así como donde es minoría. Las propuestas deben posicionar a nuestro instituto político como alternativa de gobierno con base en nuestra identidad, cierto, pero en el conocimiento de que una doctrina

sin acción y propuestas políticas es meramente testimonial.

Enriquecer la formación política de la militancia- Las alianzas generaron problemas entre los militantes, e incluso hubo numerosos casos de renuncia al PAN. Se comentó que en esos estados había cuadros políticos que ganaron alcaldías. Sin embargo, habría que preguntarles qué hicieron con ese liderazgo a lo largo de estos años, de tal forma que fue necesario recurrir a alianzas.

Es común leer noticias de dirigentes que se pelean con las bases, diputados de nuestro partido que chocan con sus compañeros o líderes que entran en una dinámica de pugna y desgaste. La política es el arte de la conciliación y por ello el conflicto es inherente a su quehacer. Pero hay formas: un pleito que se ventila al exterior no refleja una vocación democrática, sino incapacidad para resolver problemas al interior. Esos conflictos hacen que el PAN parezca poco confiable ante la opinión pública y revela a los opositores los puntos débiles.

Bajo este argumento se infiere que los otros partidos no son ni más ni menos conflictivos que el PAN. La diferencia radica en qué tan capaces son de resolver sus diferencias a puerta cerrada, de tal forma que muestren una cara de unidad hacia el exterior. Eso es tener espíritu de cuerpo.

Por otra parte es necesario impulsar una profunda capacitación política entre la militancia, especialmente para articular liderazgos de base.

Los trabajos que se han realizado son un buen inicio. Sin embargo es necesario sistematizarlos y reproducirlos a nivel local.

Para los estados que tuvieron elecciones este año, el trabajo rumbo a 2013 comenzó el 5 de julio. ¿Cómo vamos rumbo a 2012?

Fernando Dworak

Tabla 1. Conformación de los congresos locales en estados con gobierno panista durante el proceso electoral Estado

Aguascalientes

Baja California

Tlaxcala

Año

PAN

PRI

PRD

PVEM

2007

MR: 7 RP: 2 %: 33

MR: 11 RP: 3 %: 53.18

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

2010

MR: 4 RP: 2 %: 22.22

MR: 14 RP: 2 %: 59.26

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

2007

MR: 11 RP: 1 %: 48

MR: 2 RP: 6 %: 32

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 2 RP: 0 %: 8

MR: 0 RP: 1 %: 4 (1)

2010

MR: 3 RP: 5 %: 32

MR: 13 RP: 1 %: 56

MR: 0 RP: 1 %: 4

2007

MR: 14 RP: 0 %: 43

MR: 0 RP: 3 %: 9.37

MR: 5 RP: 3 %: 23

2010

MR: 8 RP: 4 %: 37.5

Total: 12 %: 37.5 (4)

Total: 3 %: 9.37

MR: 0 RP: 1 %: 3.12

Panal

MR: 0 RP: 1 %: 3.12

PT

MR: 0 RP: 2 %: 3.12

Conv

Otros

Total

MR: 0 RP: 2 %: 7.4

MR: 18 RP: 9 Total: 27

MR: 0 RP: 1 %: 3.7

MR: 18 RP: 9 Total: 27

MR: 0 RP: 1 %: 4 (2)

MR: 16 RP: 9 Total: 25

MR: 0 RP: 1 %: 4 (3)

MR: 16 RP: 9 Total: 25

MR: 0 RP: 1 %: 3.12

MR: 0 RP: 2 %: 3.12 (5)

MR: 19 RP: 13 Total: 32

MR: 0 RP: 1 %: 3.12

MR: 0 RP: 2 %: 3.12 (5)

MR: 19 RP: 13 Total: 32

Fuente: páginas electrónicas de los institutos estatales electorales.

Las cifras en negrilla significan que un partido tiene mayoría absoluta en el congreso local respectivo.

MR: Mayoría Relativa RP: Representación Proporcional %: Porcentaje del pleno (1) Postulado por PT/Convergencia (2) Partido de Baja California (3) Partido Encuentro Social (4) Asientos ganados por el PRI/PVEM (5) Partido Socialista

37

Fernando Dworak

Tabla 2. Estados donde el PAN compitió solo en alianza con otros partidos Estado

Año

PAN

PRI

PRD

PVEM

Panal

PT

Chihuahua

2007

MR: 7 RP: 5 %: 36

MR: 14 RP: 1 %: 45.45

MR: 0 RP: 1 %: 3.03

MR: 0 RP: 1 %: 3.03

MR: 1 RP: 2 %: 9.09

MR: 0 RP: 1 %: 3.03

MR: 22 RP: 11 Total: 33

2010

MR: 2 RP: 4 %: 18.18

MR: 19 RP: 0 %: 57.57

MR: 0 RP: 1 %: 3.03

MR: 0 RP: 2 %: 6.06

MR: 1 RP: 3 %: 12.12

MR: 0 RP: 1 %: 3.03

MR: 22 RP: 11 Total: 33

2007

MR: 1 RP: 4 %: 20

MR: 13 RP: 1 %: 56

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 1 RP: 2 %: 12

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 15 RP: 10 Total: 25

2010

MR: 1 RP: 2 %: 12

MR: 13 RP: 2 %: 60

MR: 1 RP: 2 %: 12

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 0 RP: 1 %: 4

2007

MR: 0 RP: 8 %: 25

MR: 17 RP: 2 %: 52.77

MR: 0 RP: 2 %: 5.55

MR: 1 RP: 0 %: 2.7

MR: 1 RP: 0 %: 2.7

2010 (1)

MR: 0 RP: 6 %: 16.66

MR: 18

MR: 2

MR: 2

MR: 0 RP: 1 %: 2.77

2007

MR: 1 RP: 10 %: 22

MR: 28 RP: 2 %: 60

MR: 0 RP: 4 %: 8

MR: 1 RP: 0 %: 2

MR: 0 RP: 1 %: 2

2010

MR: 10 RP: 8 %: 36 (2)

MR: 20 RP: 9 %: 58 (3)

MR: 0 RP: 2 %: 4

2007

MR: 5 RP: 4 %: 36

MR: 10 RP: 4 (5) %: 56

MR: 0 RP: 1 %: 4

2010

MR: 2 RP: 6 %: 32

MR: 13 RP: 2 %: 60

MR: 0 RP: 1 %: 4

MR: 0 RP: 1 %: 4

2007

MR: 3 RP: 3 %: 20

MR: 8 RP: 3 %: 36.66

MR: 4 RP: 3 %: 23.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

2010

MR: 2 RP: 4 %: 20

MR: 14 RP: 0 %: 46.66 (7)

MR: 1 RP: 6 %: 23.33 (8)

Quintana Roo

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Conv

Otros

MR: 0 RP: 1 %: 4

Total

MR: 15 RP: 10 Total: 25 MR: 19 RP: 13 Total: 32 MR: 22 RP: 14 Total: 36

MR: 0 RP: 2 %: 4

MR: 1 RP: 1 %: 4 (4)

MR: 0 RP: 1 %: 2 MR: 0 RP: 1 %: 4 (6)

MR: 30 RP: 20 Total: 50 MR: 30 RP: 20 Total: 50 MR: 15 RP: 10 Total: 25 MR: 15 RP 10 Total: 5

MR: 2 RP: 1 %: 10

MR: 1 RP: 1 %: 6.66

MR: 1 RP: 2 %: 10

MR: 18 RP: 12 %: 30 MR: 18 RP: 12 %: 30

Fuente: páginas electrónicas de los institutos estatales electorales.

Las cifras en negrilla significan que un partido tiene mayoría absoluta en el congreso local respectivo.

MR: Mayoría Relativa RP: Representación Proporcional %: Porcentaje del pleno (1) Sigue en impugnación la distribución de los asientos de representación proporcional para los partidos distintos al PAN. (2) Asientos ganados por PAN/Panal.

(3) Asientos ganados por PRI/PVEM/PRV. (4) El diputado de mayoría relativa se declaró independiente. El de representación proporcional corresponde al Partido Revolucionario Veracruzano (PRV).

(5) Asientos ganados por PRI/PVEM/PAY. (6) Asiento ganado por PT/Convergencia.

(7) Asientos ganados por PRI/PVEM/Panal.

38

(8) Asientos ganados por PRD/Convergencia.

Fernando Dworak

Tabla 3. Estados donde el PAN compitió en alianza con partidos de izquierda Estado

Chiapas

Durango

Hidalgo

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Año

PAN

PRI

PRD

PVEM

Panal

PT

Conv

2007

MR: 4 RP: 3 %: 17.5

MR: 9 RP: 5 %: 35

MR: 8 RP: 3 %: 27.5

MR: 0 RP: 2 %: 5

MR: 1 RP: 1 %: 5

MR: 1 RP: 1 %: 5

MR: 1 RP: 1 %: 5

MR: 24 RP: 16 Total: 40

2010

MR: 7 RP: 2 %: 22.5

MR: 7 RP: 5 %: 30

MR: 6 RP: 2 %: 20

MR: 3 RP: 3 %: 15

MR: 1 RP: 1 %: 5

MR: 0 RP: 2 %: 5

MR: 0 RP: 1 %: 2.5

MR: 24 RP: 16 Total: 40

2007

MR: 0 RP: 8 %: 26

MR: 17 RP: 0 %: 56.66

MR: 0 RP: 2 %: 6.66

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 17 RP: 13 Total: 30

2010

MR: 4 RP: 2 %: 20 (1)

MR: 13 RP: 7 %: 66

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 17 RP: 13 Total: 30

2007

MR: 0 RP: 3 %: 10

MR: 15 RP: 1 %: 53.33

MR: 0 RP: 4 %: 13.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 3 RP: 3 %: 20

2010

MR: 1 RP: 2 %: 10

MR: 12 RP: 2 %: 46.66

MR: 2 RP: 2 %: 13.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 3 RP: 3 %: 20

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

MR: 0 RP: 1 %: 3.33

2007

MR: 0 RP: 4 %: 9

MR: 25 RP: 0 %: 59.5

MR: 0 RP: 6 %: 14.28

MR: 0 RP: 1 %: 2.3

MR: 0 RP: 1 %: 2.3

MR: 0 RP: 3 %: 7.14

MR: 0 RP: 2 %: 4.76 (2)

MR: 25 RP: 17 Total: 42

2010

MR: 8 RP: 3 %: 26.19

MR: 9 RP: 7 %: 38.09

MR: 5 RP: 4 %: 21.42

MR: 1 RP: 1 %: 4.76

MR: 2 RP: 1 %: 4.76

MR: 0 RP: 1 %: 2.3 (3)

MR: 25 RP: 17 Total: 42

2007

MR: 1 RP: 7 %: 19

MR: 25 RP: 0 %: 60.97

MR: 0 RP: 2 %: 4.87

MR: 0 RP: 2 %: 4.87

MR: 0 RP: 2 %: 4.87

MR: 0 RP: 1 %: 2.43

MR: 26 RP: 15 Total: 41

2010

MR: 9 RP: 3 %: 29.26

MR: 12 RP: 6 %: 43.90 (4)

Total: 3 %: 7.31

Total: 4 %: 9.75

MR: 0 RP: 2 %: 4.87

MR: 0 RP: 2 %: 4.87

MR: 26 RP: 15 Total: 41

2007

MR: 6 RP: 8 %: 35

MR: 17 RP: 5 %: 55

MR: 0 RP: 2 %: 5

MR: 1.

RP: 1 %: 5

2010

MR: 9 RP: 4 %: 32.5

MR: 14 RP: 5 %: 47.5

MR: 0 RP: 2 %: 5

MR: 0 RP: 1 %: 2.5

MR: 1 RP: 2 %: 7.5

Otros

Total

MR: 18 RP: 12 Total: 30 MR: 18 RP: 12 Total: 30

MR: 24 RP: 16 Total: 40 MR: 0 RP: 1 %: 2.5

MR: 0 RP: 1 %: 2.5

MR: 24 RP: 16 Total: 40

Fuente: páginas electrónicas de los institutos estatales electorales.

Las cifras en negrilla significan que un partido tiene mayoría absoluta en el congreso local respectivo.

MR: Mayoría Relativa RP: Representación Proporcional %: Porcentaje del pleno (1) Asientos ganados por el PAN/PRD. (2) Un diputado del Partido Social Demócrata y otro de Unidad Popular.

(3) Unidad Popular.

(4) Asientos ganados por el PRI/PVEM.

39

Proceso electoral 2010 Rosalina Arteaga Barrón

40

Las contiendas electorales son la vía democrática por la cual se resuelven las diferencias políticas dentro de una sociedad plural. Sin embargo, para la construcción de una sociedad democrática es necesario garantizar la calidad de los procesos electorales.1

las fuerzas políticas del país; la lucha a favor del priismo o en contra de él, la importancia de las alianzas como fuerza opositora, la participación ciudadana y la intención del voto, los planes y plataformas de gobierno y por supuesto la calidad de las elecciones.

Las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 4 de julio mostraron aspectos claves para

El hilo conductor de este proceso electoral fue, en gran medida, la conformación de las alianzas entre el PAN y el PRD. El que se puedan

1

Alcocer en el Reforma: 2010

Rosalina Arteaga Barrón

construir alianzas refleja la posibilidad de negociación entre distintas fuerzas políticas, así como la capacidad de pactar acuerdos con un objetivo común; la construcción de espacios democráticos para una sociedad plural.

Como resultado de las alianzas establecidas para esta elección, el Partido Revolucionario Institucional se enfrentó a una oposición, aparentemente, real. Pero, ¿por qué votaron los ciudadanos? Si bien es cierto que en estados clave como Oaxaca, Puebla y Sinaloa se presentaron candidatos ex-priistas, lo cierto es que los ciudadanos ejercieron su voto en contra del priismo. Más allá del candidato, de las alianzas que se conformaron, de los planes de gobiernos diseñados, la gente votó en contra del PRI. Sin embargo, para los partidos vencedores este hecho no puede reducirse sólo a la victoria obtenida. Se debe pensar en una plataforma de gobierno real; en una que garantice a la ciudadanía que los eligió el ejercicio pleno de la democracia.

Ahora bien, la participación ciudadana durante el proceso electoral 2010 tuvo importantes implicaciones. En los estados en los que se consiguió la alternancia, ésta se encontró por encima de los 55 puntos porcentuales. En Oaxaca, por ejemplo, la participación ciudadana alcanzó 55.8%, según los datos registrados del PREP. En base a los datos históricos, ésta se había encontrado entre los 30 y 35 puntos porcentuales.2 Por su parte, de acuerdo a los Resultados Electorales 2010 publicados por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, la participación ciudadana fue de 58.29%.

Es decir, el índice de participación registrado en estos estados es reflejo del interés de la ciudadanía por, en primer lugar, ejercer su voto a pesar de las condiciones de seguridad pública El Economista: Destaca Órgano Electoral en Oaxaca participación ciudadana, 5 de julio 2010 – 14:22 hrs

que existen y, en segundo, por elegir un cambio en el mando político que gobernará a su estado.

Sin embargo, no todos los estados registraron estos niveles de participación. Chihuahua y Tamaulipas alcanzaron una participación por debajo de los 40 puntos porcentuales. Es decir, en algunos estados, las condiciones de violencia, inseguridad y de crimen organizaron fueron más evidentes y tuvieron repercusión a la hora de ejercer el voto.

Por su parte, de los principales municipios de los estados que contendieron a elecciones, 17 registraron una participación ciudadana por encima de los 40 puntos porcentuales, entre ellos destacan Aguascalientes, Ciudad Victoria, Chihuahua, Durango, Veracruz y Xalapa.

Por otro lado, antes de las elecciones de 2010, la población gobernada por el PRI ascendía a 66 millones 148 mil 569 habitantes, mientras que la de Acción Nacional alcanzaba únicamente a 22 millones 394 mil 550 habitantes.

Después de la contienda electoral, los resultados son notablemente distintos. A pesar de que el PRI obtuvo la victoria en nueve de los 12 estados con elecciones a gobernador, su población gobernada disminuyó a 54 millones 349 mil 900 habitantes. Tan sólo la población de Oaxaca, Puebla y Sinaloa es de poco más de 10 millones de habitantes. Asimismo, el PAN aumentó el porcentaje de votos obtenidos en 10 de los 12 estados; Quintana Roo y Zacatecas fueron la excepción. Oaxaca fue el estado en el que se registró un mayor incremento de votos obtenidos; de 2009 a 2010, aumentó 34 puntos porcentuales.

Ahora bien, dada la fuerza de este anti-priismo y de las alianzas establecidas, las ideologías y los principios partidistas han sido sustituidos por un “pragmatismo electoral”.3 Es decir, la alianza PAN-PRD ha sido vencedora en estados donde era necesario terminar con el cacicazgo

2

3

Reyes Heroles en el Reforma: 2010

41

Rosalina Arteaga Barrón

priista. Pero, como se ha mencionado anteriormente, esta victoria debe ir más allá de la mera obtención de votos. Si no se establece un verdadero programa de gobierno que esté por encima de esta ideología anti-priista, es posible que se dé una parálisis institucional. El PRI es un factor fundamental para la aprobación de reformas estructurales.

Actualmente, la LXI Legislatura del Congreso está compuesta por 184 diputados del PRI electos por mayoría relativa y 53 por representación proporcional. Mientras que Acción Nacional y el PRD, en total, suman 214 diputados. Por lo tanto, si no se establece un diálogo entre las distintas fuerzas políticas (PAN y PRD) que establezcan posibles alianzas en el Congreso, es probable que el PRI obstaculice la aprobación de reformas necesarias para el país.

Lo mismo sucede con la conformación de los Congresos Estatales; el PRI sigue siendo mayoría en su composición en 9 de los 12 estados que tuvieron elecciones. En Oaxaca, la LXI Legislatura (2010 – 2013) tiene, por primera vez, pluralidad en su composición.

Sin embargo, el PRI tiene 23 de los 25 curules; el resto son del PAN. Para el caso de Puebla, la LVIII Legislatura (2010 – 2013) comparte un número similar de escaños entre las alianzas PRI–PVEM y PAN–PRD–Nueva Alianza-Convergencia. Finalmente, para el estado de Sinaloa ocurre una situación semejante a la de Puebla.

A pesar de que el PRI no obtuvo la victoria completa en estas elecciones, es fundamental su papel dentro del Poder Legislativo. Sigue siendo una oposición real dentro de los congresos y por lo tanto de las negociaciones que surjan entre los distintos partidos políticos.

42

Conclusiones Mucho o poco se pueden debatir los resultados de estas elecciones. Sin embargo, lo fundamental es que la ciudadanía ha elegido la

alternancia en el poder. Es decir, los votantes han cumplido, en gran medida, con su compromiso democrático. Es menester de los nuevos gobiernos establecer plataformas de gobierno sólidas que garanticen su correcto funcionamiento y el establecimiento de principios democráticos para la sociedad.

La fuerza que las alianzas adquirieron lleva implícita una gran responsabilidad. Se hizo evidente, con los resultados electorales, la urgencia de un cambio en tres de los estados a elecciones. Por lo tanto, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática comparten un compromiso con la ciudadanía.

Finalmente, los partidos políticos, a nivel individual o en alianzas, el Ejecutivo y demás fuerzas políticas deben generar diálogo entre sí con el fin de llegar a acuerdos que eviten la parálisis institucional y el bloqueo del quehacer democrático.

Referencias • Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla http://www.ieepuebla.org.mx/ • Instituto Estatal Electoral de Oaxaca http:// www.iee-oax.org.mx/ • Resultados Electorales 2010 del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/principal/index.aspx • Saldo Electoral 2010, Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio 2010.

Periódicos • De historias y derrotas (Reyes Heroles, Federico en Reforma, 6 de Julio de 2010).

• Destaca Órgano Electoral en Oaxaca participación ciudadana (El Economista, 5 de julio de 2010, 14:22 hrs.).

• Elecciones, primeras notas (Alcocer, Jorge en Reforma, 6 de Julio de 2010. Sección Opinión).

• Los resultados validan coaliciones (Pascoe, Ricardo en Excélsior, 6 de Julio de 2010).

• ¿Por qué votamos? (Garza, Roberto en Milenio, 6 de Julio de 2010).

Elecciones del pasado y reductos de la PRIhistoria Reflexión humorística sobre la prevalencia de cacicazgos (y cosas por el estilo) en el México actual María de Lourdes Ramírez Flores

Los cacicazgos subsisten mientras los pueblos los toleran.

Adolfo López Mateos

El presente artículo es una reflexión, a manera de comparación, entre algunos casos históricos de candidatos con imagen de gran simpatía popular que perdieron contiendas electorales. Esta comparación es anecdótica y debe entenderse con las reservas pertinentes. Más que historicismo, es una cavilación sobre la evolución de la democracia mexicana. El objetivo es analizar si las estructuras caciquiles del Partido Revolucionario Institucional han evolucionado o si aún existen cotos donde los gobernadores y estructuras partidistas. Por último, tome usted con sentido del humor la comparación. *

Un poco de historia electoral federal (a partir del nacimiento del PRI) El año 1946, con la victoria de Miguel Alemán, inicia el llamado periodo de civilismo. En este periodo se redefine el partido oficial: el Partido Revolucionario Mexicano (PRM) se convierte en el actual Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido conserva su estructura social, pero aumenta su grado de centralización en la designación de representantes en puestos de elección popular y disminuye la participación de los sectores del partido –incluido el militar– en el mismo proceso.

Agradezco a Socorro Escorcia y a Jesús Garulo, del Centro de Documentación e Información del PAN, por su apoyo para la recopilación de datos históricos para el presente artículo.

43

María de Lourdes Ramírez Flores

La “familia revolucionaria” tuvo su última pugna abierta en 1952. La llegada de Alemán al poder trajo consigo cambios en el perfil de los miembros del gabinete: cada vez un mayor número de civiles y universitarios. Durante ese año, el general Miguel Henríquez Guzmán, quien –igual que Vicente Lombardo Toledano– se ostentaba como seguidor del cardenismo, intentó obtener la candidatura del partido. El entonces regente de la Ciudad de México, Fernando Casas Alemán, quien se rumoraba era apoyado por el Presidente, también figuró entre los aspirantes oficiales. Sin embargo, el elegido fue Adolfo Ruiz Cortines. En este año, el Partido Acción Nacional (PAN) presenta a Efraín González Luna como su primer candidato a la presidencia. En dicha contienda, el general Henríquez obtuvo un importante número de votos en el Distrito Federal.

En 1958 tuvo lugar el “afianzamiento de lo que podría llamarse la disciplina política nacional (Reyna, 1993, 109)”, es decir, el presidente en turno empieza a designar a su sucesor dentro de su gabinete. Es decir, se institucionaliza el llamado “dedazo”. El seleccionado para esa contienda fue Adolfo López Mateos, quien contendió con Luis H. Álvarez (candidato de Acción Nacional). Desde ese año, y hasta 1988, el Revolucionario Institucional logró mantener unidos a sus cuadros durante las contiendas por la Presidencia de la República (Lujambio, 2000).

44

En 1964 el entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, fue designado como candidato –lo que equivalía a próximo presidente– por López Mateos. La sucesión se dio con toda tranquilidad. A pesar de los sucesos de 1968, la sucesión presidencial de 1970 mantuvo la tendencia de los dos procesos anteriores. Sin embargo, comenzó a ser notoria la ausencia de medios institucionales de participación política.

Durante esos años la represión fue usada, cada vez más, para “solucionar” problemas políticos.

El progreso económico no estaba siendo acompañado de avances institucionales que reflejaran los cambios sociales. Fue en ese contexto que el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, fue seleccionado como candidato.

Su campaña se distinguió por su espectacularidad y por que el discurso de Echeverría era una crítica, no al sistema, sino al presidente en turno.

Díaz Ordaz desapareció durante todo su sexenio, quizá, “como autocrítica por lo que consideró una designación equivocada de sucesor (Reyna, 1993, 114)”.

El presidente Echeverría propició la “apertura democrática”, con la cual se promovió la ruptura en la continuidad política, no del sistema. De acuerdo a Reyna, si este proceso no se hubiera dado, el régimen hubiera sido aún más autoritario. Este proceso permitió que los intelectuales se expresaran en medios de comunicación masiva y dio lugar a un diálogo entre gobernantes y gobernados que no se había presenciado en un largo tiempo. Sin embargo, este proceso de apertura política se dio en un contexto de desaceleración económica. Numerosos rumores de crisis y de posibilidad de golpes de Estado evidenciaron la crisis de legitimidad del sistema.

La sucesión de Echeverría se dio con una variante a las sucesiones anteriores: el círculo del que el próximo presidente saldría se hizo de conocimiento público. El designado fue el entonces secretario de Hacienda, José López Portillo, quien fue candidato único a la presidencia. En 1977 se llevó a cabo la reforma política –a cargo del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles–, que abrió nuevos caminos a los partidos políticos de oposición y operó como válvula de escape a movimientos guerrilleros y a la inestabilidad (Servín, 2006).

Miguel de la Madrid Hurtado fue electo de una contienda en la que participaron siete candidatos a la Presidencia y en la cual la oposición ganó el mayor número de votos hasta esa fecha. Dicha campaña tuvo como telón de fondo el deterioro de la situación económica del país. De la Madrid, quien había sido Secretario de Programación y Presupuesto y nunca antes había participado en política electoral (Granados Chapa, Köppen, González Casanova, 1993) obtuvo sólo 51.8% de los votos (oficiales) en el Distrito Federal. En dicha contienda, la oposición obtuvo 29% de los

María de Lourdes Ramírez Flores

votos a nivel nacional, con un abstencionismo de 25.3% (Ramos Oranday, 1993). Es decir, 3 de cada 10 mexicanos no votaron por el PRI, mientras que 1 de cada 4 se abstuvieron de votar. De la Madrid fue electo por menos de la mitad del electorado, únicamente 46% votó por él.

La sucesión de De la Madrid se llevó a cabo en un contexto en el cual algunos sectores se sentían abrumados por la presencia de los llamados “tecnócratas” en el partido y en el gobierno, aunado a la exclusión de algunos grupos políticos. Ante dicha situación, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo encabezaron un movimiento de disidencia al seno del Revolucionario Institucional llamado Corriente Democrática del PRI. Dicha corriente –a la que se sumaron otros movimientos de izquierda– es antecesora del PRD (Servin, 2006).

La sucesión de De la Madrid es recordada como un proceso polémico. Carlos Salinas de Gortari, resultó vencedor en una contienda cuya institucionalidad se puso en entredicho dada la famosa “caída del sistema”. Las cifras oficiales dieron a Salinas 48.74% de los votos. En la elección para el Legislativo, el pertenecer al PRI dejó de ser garantía de triunfo: algunos líderes sindicales de renombre perdieron sus respectivas contiendas (Servin, 2006). La cuestionabilidad de la contienda dio como resultado un gobierno democráticamente ilegítimo (Lujambio, 2000). Durante el sexenio de Salinas, hubo un acercamiento del Presidente con el Partido Acción Nacional, producto de la intención de aquel por obtener concesiones ante su poca legitimidad. Este proceso permitió negociaciones que resultaron en reformas electorales. En 1989 se aprobó la primera de ellas, en la cual el Instituto Federal Electoral sustituyó a la Comisión Federal Electoral.

Las elecciones de 1994 se dieron en un ambiente de conflicto político: el primero de enero se dio el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en marzo el candidato del Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. De acuerdo con Elisa Servin (2006), su muerte evidenció los límites del

régimen para impedir que la disputa por el poder se resolviera de forma violenta. A pesar del asesinato, las elecciones se llevaron a cabo: Colosio fue sustituido por Ernesto Zedillo Ponce de León, quien resultó victorioso en los comicios de 1994.

El gobierno de Zedillo tuvo, entre sus méritos, ciudadanizar el IFE –ponerlo en manos de consejeros ciudadanos, principalmente académicos– y convertir al Tribunal Federal Electoral (Trife) en el máximo órgano decisorio en materia de controversia electoral. La ciudadanización del IFE permitió un balance en las fuerzas políticas que, a su vez, hizo posible que se diera la alternancia política en nuestro país. El año 1997 fue decisivo en la historia electoral: el PRI, por primera vez en la historia, pierde la mayoría en el congreso, así como varias gubernaturas estatales.

El 2 de julio de 2000, Vicente Fox, candidato del PAN, ganó la contienda electoral. Destaca que Ernesto Zedillo fue el primero en reconocer la victoria de Fox, actitud por la que fue criticado por los miembros de su partido. El que Zedillo diera ese reconocimiento no debe entenderse como que “Zedillo permitió el cambio”. Ese momento histórico fue la culminación de la lucha por la democracia iniciada décadas anteriores.

Lo que debe concederse es la prudencia y visión del entonces presidente para reconocerlo.

Elecciones a nivel estatal De acuerdo con Granados Chapa (1993), en los estados la competencia electoral no tenía la misma intensidad que a nivel nacional ya que los partidos minoritarios a nivel federal lo eran aún más a nivel estatal. En palabras de Alonso Lujambio: “Todavía a mediados de los ochenta era prácticamente imposible pensar siquiera en la posibilidad de que las elecciones para gobernador reflejaran la pluralidad política realmente existente en el país (Lujambio, 2000, 101).”

En el caso del PRI, el presidente jugaba un rol determinante en la selección del candidato del partido oficial. Sin embargo, las fuerzas e índole política de los estados limitaban el poder del presidente para influir en los procesos locales. El autor considera que la designación de candidatos a

45

María de Lourdes Ramírez Flores

estas gubernaturas tenía un carácter más ritual que el de la Federación. El grado de desarrollo que tuvieron los partidos políticos, a nivel estatal, se explicó –por lo menos hasta 1983- por factores circunstanciales. Asimismo, señala las dificultades para la realización –hasta el momento en el que escribió el artículo- de que se realizaran comicios limpios, especialmente en cuanto a manipulación de las cifras finales.

algunos estados los gobernadores tienen gran poder para elegir a su sucesor, o por lo menos, para imponer al candidato de su partido. El caso de Veracruz, donde Fidel Herrera impuso a César Duarte como candidato –quien además ganó la contienda– y el de Oaxaca, donde Ulises Ruiz impuso a Eviel Pérez –candidato perdedor– son dos ejemplos de cómo el PRI, en algunos estados, aún tiene rasgos caciquiles.

Por citar algunos ejemplos, en 1983, apenas llegado De la Madrid a la Presidencia, tuvieron lugar contiendas estatales en Chihuahua, Guanajuato, Durango y San Luis Potosí. Acción Nacional triunfó en algunas de las principales ciudades. En las zonas urbanas con mayor desarrollo político, el Revolucionario Institucional dejó de ser garantía de triunfo y el PAN comenzó a ser una alternativa real en el norte del país. En el sur, se empieza a consolidar la izquierda. Con ello, se dio lugar a la “regionalización de la oposición (Servín, 2006)”.

La siguiente sección presenta algunos acontecimientos electorales del pasado y algunas analogías con eventos del pasado 4 de julio.1 El primer caso no tiene analogías con la pasada elección, sin embargo, los testimonios de Gonzalo N. Santos nos muestran el folklor del caciquismo priista tradicional. Es interesante lo surreal que fue (¿es?) nuestra clase política.

Fue hasta 1989 cuando se reconoció el primer triunfo electoral de Acción Nacional. En ese año, Ernesto Ruffo Appel fue electo gobernador de Baja California. Este triunfo puso en evidencia la falsedad de que un gobernador no priísta pondría en jaque la estabilidad nacional (Lujambio, 2000).

De acuerdo a Elisa Servín (2006), el reconocimiento del triunfo de Ruffo Appel fue parte de una campaña conciliatoria de Carlos Salinas ante los cuestionamientos sobre el proceso electoral que lo llevó a la Presidencia. En 1991, Carlos Medina Plascencia llegó al gobierno de Guanajuato tras una “concertacesión” gubernamental. El reconocimiento de los triunfos electorales de la oposición fue únicamente para el PAN. Al Partido de la Revolución Democrática no se le reconocían sus triunfos y sus militantes eran perseguidos.

46

Los partidos políticos no son entidades homogéneas. Existen élites regionales. Por lo anterior, un partido político en un estado puede ser diferente al de otro. Eso –aunado a intereses de los comités centrales– explica las variaciones para elegir candidato entre las entidades.

Las elecciones de 2010 dejaron claro que en

Algunas anécdotas del pasado, otras del pasado 4 de julio En 1939 los generales Joaquín Amaro y Juan Andrew Almazán, quienes habían sido compañeros de armas de Lázaro Cárdenas, lo acusaron de llevar al país al comunismo y se convirtieron en sus opositores. Almazán encabezó, en 1940, un movimiento que puso en apuros al cardenismo (Servin, 2006). El Partido Acción Nacional se dividió en el sector que consideraba importante la participación de un candidato, representado por Manuel Gómez Morin, y los que promovían abstenerse, encabezados por Efraín González Luna. Ante dicha disyuntiva, el PAN no presentó candidato a la presidencia ni apoyó formalmente a Almazán.

Como era de esperarse, la contienda no fue limpia. Uno de los personajes más emblemáticos de la política en aquellos tiempos, Gonzalo N. Santos,2 narra: “Las elecciones en la capital las hemos perdido, aunque en rigor, conforme a la ley deberán declararse nulas por la cantidad de violaciones y violencias que se cometieron provocadas por nosotros, que viendo que estaban La comparación es meramente anecdótica. Debe leerse como una invitación (humorística) a la reflexión.

2 Cacique de San Luis Potosí. Inició su carrera política en la Revolución Mexicana, con la facción maderista. Fue de los fundadores del Revolucionario Institucional (dato curioso: su credencial fue la número 6 del partido). Ocupó diversos puestos de elección popular.

Fue diputado, senador y gobernador de SLP. 1

María de Lourdes Ramírez Flores

perdidas se las hicimos tablas. Estoy seguro de que en las grandes ciudades del país nos han ganado en votación, pero en los pueblos medianos y chicos y en los campos la tenemos ganada… (Gonzalo N. Santos, 723, 1986).

“Arremetimos contra esa casilla a pistolazo limpio y como hubo algunos que dispararon contra los nuestros les contestamos en forma enérgica, a balazo limpio. Recogimos todas las ánforas que ya estaban repletas de votos almazanistas, las quebramos y nos llevamos todos los papeles, actas, boletas, etcétera, dejando hecha añicos la mesa de casilla y dispersando a los almazanistas.

Después de haber hecho lo mismo en otras casillas, me dirigí al Comité pro Ávila Camacho…

(Gonzalo N. Santos, 1986, 712)”. Los resultados electorales no reflejaron el voto popular, sin embargo, la actitud conciliatoria del presidente entrante hacia sus opositores lo hizo3 (Servín, 2006).

Los testimonios de Santos nos dejan ver un poco de esa cultura priista en momentos electorales, cultura que predominaba en el país, y que hoy en día prevalece en algunos lugares. Santos, personaje folklórico, no tenía reparo alguno en reconocer la forma en la que el Revolucionario Institucional alteraba –por decir lo menos- los resultados de las elecciones: robo de urnas, violencia, clientelismo, etc. Es probable que –quizá no en la misma proporción- esa mentalidad de “todo por el poder, pero en nombre del pueblo”4 prevalezca en algunos sectores (dinosaurios y dino juniors) del partido. Personajes con desplantes caciquiles y sin el menor empacho en abusar del poder han ocupado importantes puestos de elección popular en nuestro país.

Un caso emblemático es el de Salvador Nava Martínez, quien fue electo presidente municipal de San Luis Potosí en 1958. Su candidatura fue impulsada por la Unión Cívica Potosina.5 El Dr. Nava contendió, en julio de 1961, por la gubernatura de Recordemos la actitud conciliatoria de Salinas.

La palabra “Revolución” ha sido sustituida por “pueblo” y “gente”.

Cabe señalar que la candidatura de Nava a la presidencia municipal de San Luis Potosí fue impulsada por el antisantismo, es decir, priistas, obreros disidentes del sindicalismo oficial, y grupos relacionados con la Unión Nacional Sinarquista unidos en contra del Gonzalo N. Santos (Gamma Ramirez).

3 4 5

su estado. Originalmente, Nava pretendía contender por la gubernatura como candidato del PRI, empresa en la que falló. En este contexto es que el navismo surgió como movimiento autónomo (el navismo anterior no había roto con el PRI). Grupos excluidos del poder se unificaron en torno a Salvador Nava, siendo el “antigobiernismo” su ideología (Gama Ramírez). El Dr. Nava contendió al frente de la Unión Cívica Potosina (UCP), logrando obtener gran apoyo en la ciudad pero no en el resto del estado (Cárdenas, 1961; Gama Ramírez, 1998). Los navistas consideraban que la votación en la capital era prueba del apoyo entre la ciudadanía, por lo que hubo manifestaciones en la ciudad (Uzeta, 1961). Sin embargo, el apoyo que el navismo tuvo en la capital no se extendió al resto del estado, por lo que el candidato priista –Manuel López Dávila– fue electo gobernador.

En fechas recientes (y en otras latitudes) una candidata se enfrentó a la maquinaria priista. El pasado 4 de julio Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza PAN-PRD- Convergencia triunfó en los dos distritos electorales de Pachuca, la capital del estado. Sin embargo, Gálvez perdió la contienda contra Francisco Olvera Ruiz, candidato del PRI y delfín del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong. Durante la contienda tuvieron lugar eventos que podrían sugerir poca institucionalidad en el comportamiento de algunos funcionarios. Por ejemplo, existen reportes de mantas con la leyenda: “aguas, ahí viene Fox, Marthita y sus hijitos, eso sí es una grosería”, que el Instituto Electoral Estatal no consideró desacreditaran a la candidata, motivo por el cual no sancionó (Mota López, 23 de abril de 2010). Asimismo, diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG s) denunciaron irregularidades durante los comicios, entre ellas, compra de voto y violencia en 14 municipios de la entidad (Zavala, 7 julio 2010). Dirigentes estatales de Acción Nacional señalaron que en las zonas rurales de la Huasteca se dio compra de votos (Hernández León, 22 julio 2010). Trascendió que durante el proceso electoral, policías estatales catearon la casa de campaña de Xóchitl Gálvez sin orden (El Economista, 4 de julio 2010). Cabe destacar el resultado de la contienda, que a pesar de las

47

María de Lourdes Ramírez Flores

aparentes violaciones a la regulación electoral (por decirlo elegantemente) dio la victoria a Olvera por sólo 5 puntos porcentuales.6 El caso de ambos candidatos a gobernador es interesante: ambos con simpatía entre la ciudadanía y que pusieron en jaque a las estructuras del partido. Sin embargo, su debilidad fueron zonas rurales (quizá donde el PRI aún conserva mayor poder de movilización).

Existen narraciones sobre cómo, en “los viejos tiempos”, el Revolucionario Institucional ofrecía dinero a cambio del voto y del apoyo en actos proselitistas. En Parral, Chihuahua, se pagaba a las personas por ir a mítines del candidato a gobernador del Revolucionario Institucional en Chihuahua con la amenaza de que, si no lo hacían, a sus hijos se les negarían exámenes en la escuela. En algunos lugares, lideresas de programas sociales condicionan recursos al voto por el Revolucionario Institucional. El caso de Coahuila es interesante porque existen testimonios en los medios en los cuales se denuncia la entrega de despensas condicionada a apoyos al partido, así como la mala utilización y robo de las mismas. La primer “vieja anécdota” es de 1968. La segunda, del pasado 4 de julio.

En las elecciones para gobernador en Veracruz, Acción Nacional denunció ante el Instituto Electoral Veracruzano que personas encapuchadas habían hurtado urnas. Las denuncias llegaron al punto en que el Instituto hizo un llamado para que se firmara un protocolo de seguridad el mismo día de las elecciones. La violencia llegó a tal grado que un militante del PAN fue asesinado en Coxquihui mientras que la presencia de grupos armados fue reportada en el municipio de Tatatila. En Galeana, Nuevo León, Pedro Flores, hermano del Presidente del Comité Local de Acción Nacional fue asesinado. La inacción del gobierno municipal fue evidente ¿En qué año sucedieron estas anécdotas? La primera, “el pasado 4 de julio”, la segunda “el pasado 12 de diciembre de 1949”.

48

Xóchitl Gálvez obtuvo 45.145 de los votos válidos, mientras que Francisco Olvera obtuvo 50.28%.

6

Durante los comicios, un grupo de encapuchados fuertemente armados hurtaron varias urnas electorales en Jardines de Durango y Francisco Zarco. De acuerdo a una agencia informativa, un testigo reportó que cuatro hombres encapuchados entraron a una casilla en el fraccionamiento Jardines de Durango para robarse las urnas. En Tulancingo, Hidalgo, también tuvo lugar el robo de urnas. En todas aquellas donde se dieron estos desafortunados acontecimientos triunfó el Revolucionario institucional. El primer robo ocurrió en 2010, el segundo, en 1972 ¿Realmente fueron tan diferentes?

En Zacatecas, un grupo de 25 jóvenes fueron detenidos, golpeados y sus pertenencias les fueron despojadas por policías municipales de Guadalupe y otras autoridades. La nota periodística sugiere que el motivo por el cual los jóvenes fueron retenidos fue un reporte de compra de votos.

Sin embargo, se menciona que no se les pudo comprobar la acusación. En Aguascalientes, 37 personas fueron lesionadas (8 de ellas, de gravedad) durante las elecciones para gobernador. Se impidió a representantes de Acción Nacional vigilar la elección y se tienen reportes de que grupos de choque se dedicaron a robar cámaras fotográficas y destruir las películas de las mismas ¿Podría usted señalar los años de tan penosos acontecimientos? El primero fue el pasado 4 de julio, el segundo, en 1944.

Es desconcertante analizar las similitudes que existen entre algunos testimonios de épocas pasadas y noticias de hace menos de tres meses. Si bien, estas comparaciones son inexactas y deben tomarse con reserva, es importante analizar las actitudes caciquiles que persisten en partes del territorio nacional. Como se dijo al principio, este artículo no busca hacer historicismo, sino invitar a la reflexión (se sugiere que ésta se haga con humor).

Los avances institucionales que ha tenido la democracia mexicana son innegables. Si bien, cada vez las elecciones son más competidas y más limpias, queda mucho por hacer en algunos estados. El pasado, en algunos reductos, aún es presente.

María de Lourdes Ramírez Flores

Referencias:

• Acción Nacional, Boletín de Prensa, 3 de julio de 1944.

• Acción Nacional, Boletín de Prensa, 28 de junio de 1968.

• Cárdenas, Rogelio “Primeros Cómputos del Peleado San Luis Potosí”, Excélsior, 2 de julio de 1961.

• Cossío y Cossío, Roberto. Memorándum dirigido a Francisco Casas Salcedo de la Secretaría de Gobernación, fechado el 23 de diciembre de 1949.

• Cossío y Cossío, Roberto. Memorándum dirigido a Francisco Casas Salcedo de la Secretaría de Gobernación fechado el 27 de febrero de 1950.

• “Elecciones 2010: Aguascalientes”, El Economista, 4 de julio de 2010, accesado el 7 de julio de 2010 (en http:// eleconomista.com.mx/elecciones-2010/2010/07/04/ elecciones-2010-aguascalientes).

• “Elecciones 2010: Durango”, El Economista, 4 de julio de 2010, accesado el 7 de julio de 2010 (en http://eleconomista.com.mx/elecciones-2010/2010/07/04/elecciones-2010-durango).

• “Elecciones 2010: Hidalgo”, El Economista, 4 de julio de 2010, accesado el 7 de julio de 2010 (en http://eleconomista.com.mx/elecciones-2010/2010/07/04/elecciones-2010-hidalgo).

• “Elecciones 2010: Oaxaca”, El Economista, 4 de julio de 2010, accesado el 7 de julio de 2010 (en http://eleconomista.com.mx/elecciones-2010/2010/07/04/elecciones-2010-oaxaca).

• “Elecciones 2010: Puebla”, El Economista, 4 de julio de 2010, accesado el 7 de julio de 2010 (en http://eleconomista.com.mx/elecciones-2010/2010/07/04/elecciones-2010-puebla).

• “Elecciones 2010: Zacatecas”, El Economista, 4 de julio de 2010, accesado el 7 de julio de 2010 (en http://eleconomista.com.mx/elecciones-2010/2010/07/04/elecciones-2010-zacatecas).

• Flores, Claudia “ZACATECAS: Golpean a 25 jóvenes en La Zacatecana”, Zacatecas en Imagen, 4 de julio de 2010, accesado el 12 agosto de 2010 en http://www. imagenzac.com.mx/elecciones-2010/jornada-electoral/ zacatecas-golpean-a-25-jovenes-en-la-zacatecana .

• Gama Ramírez, José de Jesús (1998) “San Luis Potosí: una Alternancia Política Conflictiva” en Elecciones y partidos políticos en México, 1995 Coord. Manuel, Larrosa y

•

•

•

• •

•

•

• • • •

Valdés, Leonardo. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., y Centro de Estadística y Documentación Electoral.

Granados, Chapa, Miguel Ángel (1993) Elecciones de Gobernadores Las Elecciones en México: Evolución y Perspectivas, Coord. González Casanova, Pablo.

México: Siglo XXI. Granados Chapa, Miguel Ángel; Köppen, Elke y González Casanova, Pablo (1993) Las Elecciones de 1982 en Las Elecciones en México: Evolución y Perspectivas, Coord. González Casanova, Pablo. México: Siglo XXI. Hernández León , Salomón, “Por temor a represalias, pocas personas denuncian la compra de votos: Hernández” , El Independiente de Hidalgo, 22 julio 2010, accesado el 3 agosto de 2010 en http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/index.php?option=com_ content&view=article&id=16829:20100722-p23n2&catid=123:post-elecciones&Itemid=115.

Lujambio Irazábal, Alonso con la colaboración de Vives Segl, Horacio, (2000) El Poder Compartido, México: Océano.

Mota López, Dinorath, “Denuncian propaganda negra contra Xóchitl Gálvez”, El Universal, 23 de abril de 2010, accesado el 17 de agosto de 2010 en http:// www.eluniversal.com.mx/notas/675295.html.

Peña, Jesús “Arman a lideresas en Saltillo” Vanguardia,18 de mayo de 2009, accesado el 25 de agosto de 2010 en http://www.vanguardia.com.mx/arman_a_lideresas_en_saltillo-350883.html.

Reyna, José Luis (1993) Las Elecciones en el México Institucionalizado, 1946-1976 en Las Elecciones en México: Evolución y Perspectivas, Coord. González Casanova, Pablo. México: Siglo XXI. Santos, Gonzalo N. (1986) Memorias, México: Grijalbo.

Servin, Elisa (2006) La Oposición Política: otra cara del Siglo XX Mexicano. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas y Fondo de Cultura Económica.

Uzeta, Arnulfo Tórrida Manifestación Navista en San Luis, Excélsior, 3 de julio de 1961.

Zavala, Misael “Violencia y compra del voto, denuncian ONG’s”, Milenio, 9 de julio de 2010, accesado el 17 de agosto de 2010 en http://impreso.milenio.com/ node/8796790.

49

¿Política contra ética?

Salvador Abascal Carranza

Redefiniendo conceptos En estos tiempos en los que la política es vilipendiada, degradada, despreciada, objeto de las más crueles burlas y del escarnio de periodistas, escritores, “intelectuales” y opinadores de todo tipo, es necesario replantearnos con seriedad el sentido de los conceptos fundamentales que están en juego.

50

Es una gran verdad que muchos actores políticos de todos los tiempos y de todas las banderas, han contribuido al descrédito de la política. La

corrupción, el abuso del poder y el engaño son endémicos a todas las épocas y civilizaciones; nunca han faltado los mesías autoproclamados, los hombres con poderes inverosímiles, que operan en un mundo de mentiras y de manipulación. La insatisfacción y la confusión que producen las malas conductas políticas, por sus efectos perversos, nos llevan a cuestionarnos nuevamente sobre las relaciones entre ética y política, porque si bien la mayor parte de los problemas en esta materia son añejos, hoy y todos los días adquieren nuevas

y sutiles dimensiones, que nos obligan a seguir pensando para redescubrir y encontrar las ideas, que hagan posible una acción política a la altura de la dignidad del ser humano.

La política como ciencia, arte y virtud, nace íntimamente ligada a la ética. Desde hace 24 siglos Aristóteles estableció las bases de esta relación en dos de sus obras cumbres: La Política y la Ética Nicomaquea.

En la primera afirma que “si la política no es ética no es política” y, en la segunda, que “si la ética no es política, no es

ética”.1 La primera tesis nos conduce al eterno debate, pero debate siempre necesario, sobre la naturaleza y objeto de la política. Desde sus orígenes, la política tiene que ver con la organización de la vida en común con vistas al orden, la armonía, la seguridad y la prosperidad.

Todo ello permite a las personas hacer cosas en común, por el interés de todos, cuando no les es posible lograrlo por sí solas. Todo esto se resume en el concepto y definición del Bien Común.

Es la ética, como parte fundamental de la filosofía práctica, la que trata de los conceptos de bien y de mal; es la ciencia del deber ser moral. La moral se refiere a la conducta cotidiana, a la práctica de los principios expresados por la ética. La ética tiene que ver, por su misión iluminadora de la acción humana, con ese hecho indiscutible e irreductible, que hace incomprensible y absurda la vida humana si eliminamos esa dimensión a la que llamamos moral.

El quehacer ético se sustenta en principios irreductibles, universales. La persona humana y su dignidad son el fundamento de esta universalidad: de ahí brotan todos los demás principios: el Bien Común, la Cuando me refiero a Aristóteles y a otros autores del pasado, no lo hago con mirada histórica sino con un interés sistemático, por ser doctrinas que tienen (mutatis mutandis) una actualidad perenne. La verdad no tiene edad, no tiene fecha de nacimiento ni de caducidad; ella se encuentra siempre ajena al tiempo, y solamente así nos es posible encontrarla y seguir descubriendo en ella nuevas respuestas a viejos y nuevos problemas.

1

Solidaridad, la Subsidiariedad, y de ellos, como consecuencia natural, los valores tales como la justicia, la honestidad, la generosidad, la veracidad, etc.

Todos estos principios y valores son inherentes a la política, cuyo objeto principal es el Bien Común. Si la política no es esto y más, entonces se degrada y se desnaturaliza. Aristóteles tenía razón: Si la política no es ética, no es política porque no busca el bien de la polis, el bien de la comunidad. La política se prostituye cuando sólo busca el beneficio personal.

El compromiso ético con la política empieza desde la familia. En su seno es en donde se enseñan y practican los principios y valores que hacen posible la formación de hombres y mujeres con vocación de servicio a los demás. Todos somos corresponsables del Bien Común. Al preguntarse Epicteto: ¿Qué es el Hombre? (Escritos, II, 5, 26) “Es –responde-, una parte de una ciudad, es decir, de la gran ciudad, la de los hombres y la de los dioses, y de la pequeña ciudad, la que no es sino imagen de la ciudad universal.” Así pues, la ciudad se construye entre todos, como entre todos sus miembros se construye una familia, una comunidad escolar, una iglesia, una empresa, un municipio y un país, es decir, la gran ciudad. Sólo que para construir y enriquecer la pequeña y la gran ciudad, se requiere de la conjunción de las voluntades

y de la respuesta comprometida a la vocación social de cada ciudadano.

“Es evidente la razón por la cual el ser humano es un animal político (Zoôm Politikón).

La naturaleza, como decimos, no hace nada en balde. Lo que distingue singularmente al hombre es su conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, como de todos los sentimientos cuya comunicación constituye precisamente la familia del Estado”.2 Añade el filósofo: “quien no vive en comunidad, o es un dios o es un bruto”.3 La sociabilidad natural del ser humano se perfecciona a través del servicio a los demás.

Sólo así se puede cumplir con la finalidad de la política –el bien común–, como un deber ético que sólo se realiza en el ejercicio cotidiano del compromiso compartido. “La única política, la única digna de ese nombre –sostiene Vaclav Havel–, y además la única que conviene en practicar, es la política del servicio al prójimo, del servicio a la comunidad.4 Si el bien común constituye el objeto mismo de la política, su sola expresión manifiesta su íntima relación con la ética. El bien es, por su cuenta, el objeto propio de la ética, entendida Aristóteles, La Política. Ed. Iberia, Buenos Aires, 1962.

C I-9.

Ibídem.

4 Méditations d´Été, Paris, Editions de L’Aube, 1992, p.

137.

2

3

51

ésta no como un conjunto de normas o prescripciones, de códigos o recomendaciones, que son el quehacer de la moral, como saber práctico, sino el porqué debemos hacer lo que debemos hacer. La ética es la teoría y la moral la práctica. Es una misma materia, el bien, que plantea siempre una doble pregunta: el qué y el porqué. En el porqué están comprendidos los principios que normarán el qué, pero ¿y si no hay principios? ¿Y si no hay un porqué, es decir, una visión teleológica de la vida? La respuesta es el vacío, la pérdida de la conciencia moral –el deber ser- y por lo mismo la ausencia de criterios para distinguir lo bueno de lo malo. De hecho, toda acción está impregnada de teoría. Todos los actos humanos, por constituir sofisticados procesos de adaptación al medio, llevan consigo teorías incorporadas, que pueden ser teorías de destrucción y de muerte, que introducen en la realidad el vacío, el mal o, por el contrario, de amor y de vida, que producen perfección y plenitud de vida.

52

En este mundo en el que la ética es la gran incomprendida (aunque todo el mundo la invoque a su favor), en el que a la moral se le desprecia, sobre todo en los círculos jacobinos de la política y de ciertos grupos sociales (por identificarla mañosamente con la religión), dichos temas suponen un gran desafío para quien se atreve a

ponerlo en la mesa del debate público. En el fondo, es un debate cultural, es un debate sobre la educación (quiero decir la formación, no la instrucción), y toda discusión sobre la educación lo es también sobre la supervivencia de nuestra cultura y de nuestra civilización.

manera, una acción benéfica para la comunidad no constituye el bien común. “El bien común es el conjunto de condiciones y medios de vida social, que permiten y promueven en las personas y en la comunidad, alcanzar la perfección debida a su naturaleza”.5

Las virtudes políticas Hablar de virtudes, de cualquier clase de virtud, parece hoy un despropósito, un anacronismo o incluso un insulto que no perdonan los celosos guardianes del laicismo antirreligioso, verdaderos policías del espíritu.

Hay quienes les temen a las palabras, más que a las armas, y tienen razón. Las palabras revelan emociones, sentimientos, ideas. Pueden ser usadas para bien o para mal, para expresar amor u odio, vida o muerte, paz o violencia; ellas son el medio por el cual algo se destruye o se construye. Pueden ser utilizadas para engañar, para inducir al error, o para decir la verdad, para orientar, para crecer y hacer crecer.

Para la consecución del bien común, se requiere la conjunción de muchas voluntades que buscan la perfección. No la perfección de los demás, ni su felicidad –cosa que, por lo demás, no está al alcance de nadie–,6 sino la adecuación de la acción política con la naturaleza del objeto al cual va dirigida.

Las virtudes políticas podrían parecer en nuestros días un lujo, pero son un deber moral para quienes ejercen cargos de autoridad pública. Los simples actos buenos no constituyen una virtud. Pongamos el caso de una virtud artística. La buena ejecución de una obra de teatro, no convierte al actor en un artista. Una buena pieza oratoria, no convierte al orador en un tribuno. De la misma

1. Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional.

2. En efecto, nadie puede hacer feliz a nadie. Es petulancia y soberbia pretender lo contrario.

Lo propio es poner las condiciones y los medios para que los demás sean felices… si quieren.

Si bien, poner al alcance de todos los gobernados las condiciones y los medios para la realización del bien común, exige que alguien sea el principal responsable de promoverlos, toca a los destinatarios hacer su parte correspondiente –es Cortina, Adela, Ética mínima, Tecnos, Madrid, 1989, pp.

170-171 Marco Aurelio, Escritos para mí mismo, II, 5-11.

5

6

decir, corresponsable–, para que los beneficios surtan su efecto. “De la gran obra de la creación que se continúa a nuestros ojos, debemos sentirnos partícipes, creadores de nosotros mismos, en colaboración alegre con la obra del todo.” Esta bella y comprometedora expresión de Henri Bergson, resume en pocas palabras la tarea que tenemos todos los ciudadanos de contribuir al bien común, con una visión trascendente de la vida en sociedad. La carga de responsabilidad, sin embargo, no es pareja, ni debe serlo. Quien se atreve a entrar en ese espinoso campo que es el del servicio a los demás, desde el ámbito de la política, debe reunir las virtudes sin las cuales puede fácilmente ceder a las tentaciones del poder.

Sin embargo, las virtudes no surgen con el cargo o función como generación espontánea, ni se adquieren con la sola vocación política. Es cierto que el hábito (vestimenta) no hace al monje, pero también lo es que sin los buenos hábitos (morales), que son otra forma de definir las virtudes, no se hace un buen servidor público. Pongamos, como ejemplo, el de la creación artística. La vocación y el talento natural hacia el arte, no hacen de un hombre un artista. Es necesario, para dominar el arte, de muchas horas, de muchos días, de una disposición habitual, hasta lograr el virtuosismo, la perfección. De

la misma manera, la inclinación por la vida política no es suficiente. Tampoco bastan las buenas intenciones. La política es una tarea difícil, no es una profesión, es una misión de servicio. Es a la vez una ciencia, un arte y una virtud.

A todo lo anterior, hay que añadir que el ejercicio de la autoridad pública exige la aplicación eficaz de la acción política.

La eficiencia y la eficacia son también condiciones éticas y morales para que el ideal del bien común sea realizable. Tal como lo hace el artista, el hombre de acción política debe saber escuchar la realidad. Ella es la que le exige su atención y su devoción, para ser transformada en lo que debe ser según su naturaleza. Para atreverse a cambiar la realidad, el gobernante debe primero tener la capacidad de cambiar él mismo y para eso necesita empezar por comprenderse y respetarse a sí mismo. A ello se refiere Adela Cortina cuando afirma que: “Sólo cuando el hombre se comprende a sí mismo –a su propia humanidad-, como lo absolutamente valioso, como lo que tiene dignidad y no precio, es para él su propia humanidad un fundamento para la acción, el motor del quehacer ético”.7 Este principio se resume, con toda su plenitud, en el mandato evangélico: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Pero en un mundo en el que todo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 2ª.-2ae, C-90, a 3-4.

7

está mediatizado, en el que unos seres humanos son instrumento de otros, en el que la propia dignidad se sacrifica para obtener poder y dinero, lo que prevalece es el egoísmo y el cinismo. La autoestima, el amor propio bien ordenado, lleva a la transformación profunda de un yo, que es capaz de respetar, de amar al otro como a sí mismo, es decir, de servirlo para darle sentido de trascendencia a la vida en sociedad, empezando por lo más sencillo y lo más cercano a la gente.

En el siglo II de la era cristiana, el emperador Marco Aurelio –ejemplo de buen gobierno– advierte que el primer deber del emperador es ocuparse de los detalles; por ejemplo, proteger a los ciudadanos de los abusos de los funcionarios del imperio, o de los errores judiciales.

También exige facilitar la liberación de los esclavos. No es éste un conjunto de consejos que el emperador les dirija a otros gobernantes, al estilo de lo que hará Maquiavelo muchos siglos después, sino consejos que se da a sí mismo. A la vez, Marco Aurelio advierte con gran lucidez y sentido moral, “de los peligros que acechan al hombre de acción política: Tener extremo cuidado en el respeto a los otros, a su derecho al uso de la palabra y a su libertad; buscar la igualdad entre todos, ser totalmente imparcial, ser perfectamente desinteresado, hacer el bien sin apenas tener conciencia de

53

ello, no aferrarse egoístamente a su opinión y aceptar los consejos de los más sabios.” También aconseja, “rodearse de gente capaz y virtuosa”.

Poder y autoridad No es lo mismo ejercer un poder que tener autoridad. El poder, en el mejor sentido del término, está íntimamente ligado con la ley. Tienen poder quienes ejercen un cargo público por elección o por designación, de conformidad con lo que establecen las leyes del Estado.

También son partícipes del poder público, los funcionarios de todas las condiciones y de todas las tareas, destinadas a servir a las personas y a la comunidad. “La ley tiene por objeto primario el orden al bien común, y ordenar algo al bien común es propio de la multitud o de quienes hacen sus veces. (…) Así, la ley es la ordenación de la razón al bien común, y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad.”

54

La ordenación al bien común es la finalidad ética de la ley, de tal manera que en su formulación, el legislador tiene como límites los principios de la ética, por encima de lo que establezcan otras leyes o costumbres. Como instrumento del bien común, la ley debe atenerse a los principios de equidad y justicia. Los límites que impone la ética al derecho no son arbitrarios; su fuente es la misma naturaleza humana,

tanto en lo que se refiere a su dignidad, como a su relación con los demás. Así, la protección y defensa de los derechos humanos no se funda en la decisión de un órgano legislativo cuando dicta una ley, sino en la ley natural, anterior y superior a la ley del Estado.

La autoridad, en todo caso, debe vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes que son conformes con los principios superiores de la ética, en el entendido de que hay muchas leyes que son neutras respecto de los contenidos éticos, pero que por su capacidad para producir bienes o evitar males, obligan, además de legalmente, moralmente a su cumplimiento. En esto se encuentra la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. En el caso de las leyes contra natura, deberá acudirse como último recurso, si no se pueden abrogar, al de la objeción de conciencia.

Ya dijimos que autoridad no es lo mismo que poder. El poder es compartido. Los ciudadanos detentan el máximo poder, en el contexto de una democracia representativa, pero éste es delegado en las instituciones del Estado. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no son los únicos, los hay también fuera de estos ámbitos, pero complementarios.

Hay otros poderes que reciben el nombre de “poderes fácticos”, como son los de perso-

nas o grupos económicamente muy fuertes; los medios de comunicación, los sindicatos y otros. Si el poder se concentra, la autoridad se ve vulnerada. En la medida en la que crece y se concentra el poder de una persona o de un grupo (llámese partido político, sindicato, organización, etc.), decrece y se deteriora la autoridad de las instituciones. Por el contrario, a medida en la que se fortalece la autoridad de las instituciones, se limita el poder de las personas y de los grupos de presión. El quid está en que, además de una sana y sólida estructura jurídica, son las personas las que conforman las instituciones y le confieren su verdadero carácter de autoridad, por su calidad moral, intelectual y su disposición permanente de servicio a los demás.

En efecto, autoridad viene del latín auctoritas, que significa “hacer crecer”. Son autoridad el padre y la madre de familia, que hacen crecer a sus hijos hasta que alcanzan su independencia. Son autoridad el jefe de oficina, el empresario, el director de instituciones públicas o privadas que hacen crecer a sus colaboradores.

Es autoridad el maestro que hace crecer a sus pupilos; el autor que hace crecer a sus lectores, el hombre y la mujer de trabajo que hacen crecer su patrimonio con esfuerzo y dedicación; es autoridad el alcalde y el cabildo que hacen

crecer a la comunidad; los gobiernos (comprendidos todos los poderes) que hacen crecer a los estados y a los países.

La autoridad no se gana en las urnas ni en los nombramientos, se construye a través del ejercicio de las virtudes morales, intelectuales y sociales.

Si queremos describir el perfil del hombre o de la mujer, comprometidos con la acción política como instrumento del bien común, debemos saber encontrar en ellos los tres aspectos de la autoridad, sin los cuales el cumplimiento de su misión resulta muy improbable. 1.

Autoridad moral, es decir, congruencia e integridad en la vivencia de los valores morales.

2. Autoridad intelectual, entendida como amor por el conocimiento, especialmente de los temas que le exige su función.

3. Autoridad social, que significa prestigio por su capacidad de servicio a la comunidad.

Ciertamente, resulta muy difícil conjuntar todas estas cualidades en una persona, pero si realmente se quiere dignificar el quehacer político, debemos exigir de la sociedad y de los partidos la formación de hombres y mujeres que sean capaces de llevar a buen término esta misión tan compleja como trascendente. Y son precisamente las dificultades las que nos deben hacer pensar en su importancia; tan importante como el hombre al que Diógenes buscaba con su lámpara.

De no ser así, solamente nos quedará el vacío, el desierto intelectual y moral que lleva fatalmente al cinismo de la mediocridad, de la corrupción y de los intereses creados. En este contexto, no solamente la ética no estorba a la política ni a sus fines. No existe contradicción ni conflicto de intereses. Así, cuando quien ejerce honestamente la autoridad, ve que las opciones disponibles para procurar el bien común, pasan necesariamente por la elección de males probables, debe optar por el mal menor. Esta es una decisión ética. Optar por el mal que favorezca a los intereses personales o de grupo, o no optar en lo absoluto, es una elección inmoral.

La política que merezca tal nombre, no se hace con buenos discursos, ni con promesas demagógicas y menos aún con patologías populistas. La política debe volver a sus cauces naturales, los de la responsabilidad y el compromiso, con aquellas cosas a las que se les ha quitado desde hace tiempo las mayúsculas: el Bien, la Verdad, la Justicia y la Belleza.

Porque en la estética de la ética, encontramos también la estética de la política. Es posible, es más que posible hacer de la tarea política una bella misión; una misión que engrandece a quienes –sociedad y gobierno– la practican con honesta autoridad. Debemos hacer de la política algo alegre y agradable, como todo lo bue-

no y lo bello son agradables.

Sólo así la ética será política y la política ética.

La política es una obra colectiva, permanente, una gran obra humana, una actividad noble y difícil, de dimensiones cada vez más extensas y trascendentes. La política exige hoy ser revalorizada, a la luz de los principios de la ética, pero sustentada también en la praxis que la realidad impone. La política es, bien entendida, al mismo tiempo vida cotidiana y destino. Frente a la gran complejidad de los problemas actuales, los hombres y las mujeres de acción política y social deben enfrentarse a los prejuicios, a los poderosos intereses creados, a la incomprensión o manipulación de los medios, sometidos a sus propios intereses y no al interés general, en fin, a los “poderes fácticos” y, lo más importante, a sus propias ambiciones y debilidades.

No toda decisión política, tomada conforme a los dictados de la justicia, del bien-ser y del bien-estar general, es en sus inicios, popular. Las sociedades que apenas se están asomando a la vida democrática, como la nuestra, esperan demasiado de la acción política, sin percatarse aún de que, precisamente por querer ser democráticas, están constreñidas a ciertos límites impuestos por la ética y por las leyes. El ejercicio de una autoridad responsable y comprometida con

55

teligente y generosa contribución al bien común. Porque nadie puede cumplir la misión que sólo a cada quien le está destinada. En tratándose de hacer el bien, no hay suplentes; todos somos propietarios, destinatarios, creadores, ejecutores de esa misión. Lo que no haga por los demás un hombre o una mujer, destinados a servir, nadie lo hará por ellos. Quedará sin hacerse. Se producirá un vacío que es el ámbito propicio para que el mal se haga presente, con toda su cauda de dolor y de desgracias, de miseria y de muerte.

el bien común, está generalmente acompañado de muchos sinsabores, de muchas presiones e ingratitudes. La trascendente misión y la pasión por el servicio valen todo eso.

Muchos hombres y mujeres han dejado materialmente su vida en el empeño.

56

Una política verdaderamente humanista, para ser eficaz, necesita de mucha reflexión, de mucha sabiduría y de convicciones éticas y virtudes morales a toda prueba. La sociedad mexicana debe producir nuevos liderazgos, formados

en principios y valores universales que sólo esperan a ser transformados en vida cotidiana, asumiendo todos los riesgos y los peligros que impone la misión superior de colaborar a construir una vida en común, mejor para todos, buscando siempre la armonía, la paz, la prosperidad y la justicia en la libertad. Para lograr ese objetivo, o acercarse a él, es preciso renunciar a los egoísmos personales o de grupo, a visiones reduccionistas de la realidad y, por el contrario, estar dispuestos a tender puentes y a construir consensos, como una in-

A pesar, o justamente por los escollos y las dificultades que se tienen que librar, durante y al final del escabroso camino de una política al servicio de los demás, se le revela al hombre o a la mujer de acción una oculta y misteriosa belleza y una íntima alegría, que sólo produce la convicción de ser actor responsable de una nueva historia, la historia de verdad. Una historia que cambia rumbos y logra bienes.

Nadie necesita ser públicamente reconocido por haber cumplido. Basta con el reconocimiento tácito de una realidad que es distinta, mejor, que queda ahí como testimonio del bien hacer, para que otros vengan a continuarla, porque nunca se podrá culminar plenamente. Porque en el reconocimiento de la propia finitud, se encuentra la grandeza de la trascendencia.

La definición de Acción Nacional Rafael Preciado Hernández

Antes de exponer el tema que corresponde a esta plática, quiero leer un párrafo de este extraordinario resumen que apareció en la Enciclopedia Herder, bajo el rubro de “El Mundo del Derecho”, en el cual se alude a las relaciones que hay entre los partidos políticos y los regímenes democráticos. Dice así el párrafo de que se trata: “Es innegable que la formación de los partidos es un proceso natural. Naturalmente no puede imaginarse la eliminación de los partidos de la realidad política, pues son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia; pero su posición debería fijarse jurídicamente y ordenarse por una ley constitucional; aunque antes debería fijarse lo que hay de justificado y de perjudicial en el poder de los partidos. Estos representan la expresión del pueblo puesto en movimiento, que se organiza políticamente”. Creo que la idea coincide con todo lo que expusimos en la plática anterior.

También deseo leerles este breve texto de una obra que cité y que da cabal respuesta a alguna pregunta que se me hizo. Es el libro famoso de Jean Jacques Servan-Schreiber, “El desafío Americano”, en el que se precisa el reto que representa la ciencia y la tecnología norteamericanas para Europa. Es un verdadero desafío, porque Europa está cayendo en la órbita científica y tecnológica de los norteamericanos, y consiguientemente en la económica.

Expresa que según el cuadro de Herman Cahan, quien define el tipo de sociedad al que pertenece un país atendiendo a la renta por cabeza de sus habitantes, cabe formular la clasificación de las sociedades económicas en los siguientes términos: “Preindustrial, de 50 a 200 dólares por cabeza (se entiende anuales); en proceso de industrialización, de 200 a 600 dólares por cabeza; industrial, de 600 a 1,500 dólares por cabeza; industrial avanzada o sociedad de consumo, de 1,500 a 4,000 dólares por

57

cabeza; postindustrial, de 4,000 a 20,000 dólares por cabeza”.

A la luz de esta clasificación, sigue diciendo: “Los Estados Unidos y la Europa Occidental (la URSS se acerca a ellos), con diferencias evidentes en los niveles, reparticiones y modos de empleo de los ingresos, forman actualmente parte de un mismo mundo, que es la sociedad industrial avanzada”.

“El estudio del Hudson Institute indica cuál será en treinta años más, según las previsiones probables y bajo reserva de cambios imprevistos, la clasificación de las naciones. En lo que constituye, pues, un horizonte razonable y puede servir útilmente de base a la reflexión”.

“Formarán parte de las sociedades posindustriales las siguientes naciones, en este orden: Estados Unidos, Japón, Canadá, Escandinavia. Y eso es todo”.

“Formarán parte de las sociedades industriales avanzadas, en potencia para ser un día postindustriales, las naciones o grupos de naciones siguientes: Europa Occidental, Unión Soviética, Israel, Alemania del Este, Polonia, Checoslovaquia, Australia, Nueva Zelanda”.

“Llegarán al estado de sociedades de consumo las naciones siguientes: México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Corea del Sur, Malasia, Formosa, los demás países de Europa”.

“El resto del mundo –la China, la India, casi toda la América del Sur, el conjunto del mundo árabe, África negra– no habrá alcanzado aún la fase industrial”.

58

Como puede observarse por estos datos económicos, no es probable que en unos cien años podamos llegar a la unificación de todo el mundo, bajo una misma dirección, en materia económica, mucho menos en asuntos de políti-

ca. El sueño de Dante Allighiere consignado en su obra La Monarquía, de un gobierno mundial, lo más probable es que nunca se logre realizar.

Se puede pensar, en cambio, que en dos generaciones, en 60 años, los pueblos convengan en una planificación mundial de la economía que asegure a cada uno de ellos un desarrollo económico y cultural decoroso. Pero pensar en la unidad de formas de gobierno de signo auténticamente democrático es, hoy por hoy, una utopía.

Abordaremos ahora el tema de la definición de Acción Nacional como partido político. Tratándose de las definiciones que se refieren a la actividad humana –un partido político es una organización que coordina las acciones de los miembros de un grupo–, se atiende en la definición fundamentalmente a la finalidad, porque la actividad humana es esencialmente teleológica, finalista: un acto se distingue de otro atendiendo a su fin. Si no se atiende al fin, se pueden confundir dos actos, o un acto con un movimiento que sólo es apariencia de acto. Pongamos un ejemplo: una persona ve que otra, a cierta distancia, saca una pistola frente a otra persona, dispara y ésta cae. No puede decir la primera que fue testigo de un asesinato. ¿Por qué? Porque muy bien pudo suceder que se tratara de un accidente: que una de esas personas sacara la pistola para mostrársela a la otra y que se le disparara. Y evidentemente, si se trata de un accidente, no se puede decir que hay acto humano. El acto humano supone conocimiento de causa y decisión libre, con mayor o menor conocimiento de causa y con mayor o menor libertad; pero si falta cualesquiera de esos dos elementos, el conocimiento o la voluntad libre, no hay propiamente acto.

Por eso se habla de delitos imprudenciales, que estrictamente hablando no son delitos sino accidentes. Que alguien manejando su automóvil atropella a un chiquillo que se atraviesa corriendo, tal hecho no es un acto, ya que el automovilista no se propuso arrollar al niño. Ahora bien, porque el acto humano se especifica y se distingue de otros actos en razón de su fin, también las sociedades, que son uniones permanentes

de seres humanos con miras a la realización de una finalidad común, se distinguen en razón de sus fines. ¿Cómo se distingue a una sociedad religiosa, de una sociedad científica, de una sociedad deportiva, de una sociedad política, de una sociedad mercantil, de una sociedad civil?

Por lo que constituye el objeto o la finalidad de cada una de ellas. Según la naturaleza de esa finalidad para cuya realización se coordinan las acciones de los miembros de cada grupo.

Por tanto, en una definición del partido se tiene que atender a la finalidad política. ¿Y qué la política, qué significa esta palabra que constantemente usamos? En su sentido más amplio, la política es el conjunto de conocimientos sobre la naturaleza, fines y estructura del Estado; en pocas palabras, es la ciencia del Estado.

Una actividad es política en la medida que tiene que ver con la subsistencia, organización y realización de los fines del Estado. Ahora bien, en el Estado siempre se establece una distinción entre gobernantes y gobernados, como en toda sociedad se establece una distinción entre dirigentes y dirigidos; hasta una orquesta sinfónica necesita un director, un equipo de deportistas requiere su capitán, una sociedad anónima tiene su gerente, su consejo de administración y su asamblea de accionistas. No se puede hablar de una sociedad humana en la que no haya siempre alguien que dirige, que coordina las acciones, con ese carácter de dirigente y, luego, la mayoría de los que son dirigidos, cuyas acciones son coordinadas con miras a la realización de la finalidad común.

Porque en el Estado hay gobernantes y gobernados, se plantea el problema de cómo determinar a los gobernantes, dado que nadie nace con un carisma, con una señal puesta por Dios para ser gobernantes. Es razonable, pues, preguntar: ¿cómo se legitima o justifica el que algunos gobiernen, el que algunos manden, que tengan el derecho de mandar, con el correlativo deber de los demás de obedecerlos? En esto consiste el problema de la legitimación de origen

de las autoridades políticas. Por que todos somos iguales frente al poder político, ninguno puede invocar normalmente, por nacimiento o porque Dios lo señaló, un título para gobernar.

La solución que ofrece la democracia a este problema de la legitimación de origen de los gobernantes, es la que parece más razonable: considerar que el pueblo es el sujeto natural de la autoridad política y, por consiguiente, que el consenso del pueblo, ya sea tácito o expreso –mejor expreso que tácito–, es el título que puede invocar una persona para sostener: “yo tengo el derecho de mandar, con el correlativo deber de los demás de obedecerme”. Esa es la solución: el principio de la autodeterminación de los pueblos; por eso se le llama a la democracia el sistema mediante el cual los pueblos toman en sus manos su propio destino, por analogía de lo que sucede en cada ser humano; pues cada ser humano, en uso de su libertad, que es principio de autodeterminación, habrá de tomar las decisiones fundamentales acerca de su vida, sobre su vocación, sobre si se casa o no, sobre todas aquellas cosas importantes que le ofrecen alternativas. La libertad es el principio de autodeterminación que nos hace responsables de nuestras acciones.

Ese mismo principio de autodeterminación se traduce en soberanía si lo extendemos al plano de los grupos humanos y de ese grupo por excelencia que constituye el Estado, la sociedad perfecta según le llamaban hace tiempo; no porque lo fuera realmente, sino en el sentido de que, como decía Tomás de Aquino, comprende o abarca los fines fundamentales de la convivencia humana.

Consiguientemente, dentro de un sistema democrático el gobierno debe ser ejercido por el pueblo, debe ser el pueblo quien designe a sus gobernantes a través de una consulta sincera, auténtica; pues faltando ésta los gobernantes carecen de legitimidad. Esta es la tesis fundamental, democrática, en este aspecto un tanto técnico.

59

Sobre el particular, ya explicaba en la plática anterior que hay dos posibilidades: o dejar que los individuos ejerzan sus derechos y cumplan sus deberes políticos individualmente, o que lo hagan agrupados orgánicamente. No hay más que esas dos posibilidades.

Algunos, preocupados de mantener su libertad individual, dicen: “no quiero formar parte de un partido porque un partido, en cierta medida, limita”; lo cual es cierto, ya que implica un compromiso y el compromiso siempre representa una limitación. Sin embargo, lo importante no es dejar de comprometerse; pues no es exacto que el hombre sólo es libre cuando no tiene compromisos. Por el contrario, la libertad es para comprometerse, para adquirir compromisos; un individuo que no tiene ningún compromiso, ni con sus familiares ni con algún otro prójimo, no es propiamente libre, es un sujeto vacío.

Lo importante es saber cómo nos comprometemos; pero hablar de falta de compromisos es absurdo; no se puede permanecer neutral.

Por otra parte, es evidente que lo más eficaz en cuanto al ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes políticos, desde el punto de vista de los gobernados y con miras a integrar el gobierno o para imponerle directrices al gobierno, es hacerlo organizadamente, no individualmente.

60

El liberal-individualismo propendía a que no hubiera partidos, y que cada sujeto, cada ciudadano se informara, se ilustrara y ejerciera con absoluta libertad sus derechos. Pero se vio que esto no daba resultado porque se traducía en debilidad de la ciudadanía frente a los detentadores del poder político, dado que éstos siempre tienen que estar organizados. Así, mientras arriba había una organización del poder, abajo sólo se encontraban individuos aislados, separados. Surgió entonces, con las inquietudes democráticas que habían venido a barrer con las ideas monarquistas y los regímenes en que no había propiamente elecciones,

la necesidad de las organizaciones políticas, de los partidos.

Acción Nacional es una sociedad de tipo político, una sociedad que tiene como atributos la permanencia, la independencia y el carácter nacional; pues lucha por el fortalecimiento de la nación que integra el pueblo mexicano y por promover y realizar el bien de la comunidad, a base de organizar el cumplimiento de los deberes políticos y el ejercicio de los derechos cívicos de todos los ciudadanos o del mayor número posible; pues considera que desinteresarse de los asuntos del Estado es, en cierto modo, abdicar de parte de la dignidad del ser humano en un medio social, es abandonar uno de los deberes más importantes que tiene todo ser humano en una sociedad civilizada.

Esto se expresó con claridad en uno de los catorce puntos del ideario del partido; pues en los verdaderos partidos políticos el ideario es fundamental, es una síntesis de los principios que profesan los militantes en relación con la vida pública, los puntos de vista que tienen respecto del Estado, su naturaleza, sus fines y su organización; es, en suma, una concepción del Estado, del hombre y de la sociedad en que se vive, para luchar por lo que se considera lo más conveniente en beneficio de todos.

Permítanme recordar lo que se dijo en el punto 14 de los originales principios de doctrina o ideario político de Acción Nacional: “La creación y administración de un orden dinámico que jerarquice justamente las diversas funciones y los distintos intereses que existen dentro de la vida social no es patrimonio de un hombre o de un grupo social determinado. A la creación y administración de ese orden deben concurrir la inteligencia y la voluntad de las personas que viven dentro del Estado. Cumplir este deber político es necesidad imperiosa y urgente cuya omisión acarrea el envilecimiento de la vida social.

La formación de partidos que organicen el cumplimiento del deber político y sean permanentes

es su actividad, como permanente es su fin, es necesidad evidente dentro de la realidad histórica de México”.

No se puede expresar con más precisión la finalidad del Partido Acción Nacional. Y como decíamos en la plática anterior, es el primer intento serio, en la historia de México, que ha persistido ya durante más de treinta años, para lograr lo que disfrutan los países que van a la vanguardia en materia de organización política democrática. La democracia, sin partidos políticos auténticos, no funciona; y sin democracia, sin una participación orgánica del pueblo en el gobierno, a través de la opinión pública, de los partidos políticos y de las elecciones, los pueblos no logran su desarrollo integral que se traduce en verdadera paz social.

De acuerdo con los primeros estatutos del Partido Acción Nacional, éste se tuvo que constituir en una asociación civil, debido a que la ley electoral vigente en esa época, era tan defectuosa, que en realidad no establecía un régimen de partidos políticos. Quien quiera que lea la Ley Electoral de Poderes Federales de 1918, se dará cuenta de que en realidad sólo reglamentaba clubes electorales; pues para constituir éstos bastaba cumplir con los siguientes requisitos: 1), celebrar una asamblea de cien ciudadanos, por lo menos; 2), que tal asamblea eligiera una junta para dirigir los trabajos del grupo; 3), que la misma asamblea aprobara un programa político y de gobierno; 4), que publicara por lo menos ocho números de un periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a las elecciones; y algunas otras exigencias tan elementales como las que acaban de mencionarse (artículo 106 fracción I a III y IV). Fue necesario, pues, para que nuestra organización tuviera personalidad jurídica, una misión permanente y no el mero objetivo de postular una o varias candidaturas, darle la forma jurídica de una asociación civil, que tendría como finalidad la que se expresó en el artículo 2° de sus estatutos, redactado en estos términos:

“Artículo 2°.- Son objeto de la asociación y del partido político Acción Nacional: a) La actividad cívica organizada y permanente; b) La intervención en todos los aspectos de la vida pública de México, para lograr la realización de los siguientes principios fundamentales: I.- El reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana y el aseguramiento de los medios espirituales y materiales requeridos para garantizar con eficacia esa dignidad; II.- El reconocimiento de la unidad nacional y de la preeminencia del interés de la nación sobre todos los grupos, divisiones o intereses parciales, y la ordenación y jerarquización justas de éstos en la vida nacional; III.- La subordinación de toda actividad individual, social o del Estado a la realización del bien común; c). El establecimiento, sostenimiento y desarrollo de cuantos organismos, institutos, publicaciones, periódicos y servicios sociales y conexos sean necesarios para la realización de los anteriores objetivos, en los términos que señalan los reglamentos respectivos”.

Todo esto se precisó como objetivo permanente, como finalidad a perseguir por nuestra organización, a la que se le dio la forma jurídica de una asociación civil –como se indicó antes–, para que gozara de personalidad. Y comenzó, entre otras, la batalla y la exigencia de que se expidiera una Ley de Partidos Políticos, de que se estableciera un Registro Nacional de Ciudadanos y, en suma, de que se organizaran las condiciones mínimas para las consultas al pueblo en materia electoral. Conviene hacer notar que la Ley Electoral de Poderes Federales en 1918, a pesar de que no organizaba las condiciones mínimas de una consulta objetiva de la voluntad popular, sino que más bien organizaba el desorden electoral, estuvo en vigor desde 1918 hasta fines de 1945.

61

Diez puntos del informe y oposición política José E. Flores

En la pertinente reflexión que merece un evento como el IV informe de gobierno del presidente Felipe Calderón es fundamental hacer un repaso de lo conseguido y reconocerlo. Análogamente, recordar aquellas políticas públicas urgentes que fueron abandonadas y las voluntades detrás de estas graves omisiones es tarea de primer orden.

Entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 hubo importantes e impostergables mejoras para nuestro país. La enorme mayoría de estas acciones tuvieron como punto de partida el Poder Ejecutivo de la Federación. Su culminación promete dotar a los mexicanos de más herramientas para un mejor futuro. Las mejoras se inscriben en el marco de los 10 puntos bajo los cuales giró el anterior informe de gobierno del presidente.

62

*

1. Destinar toda la fuerza y recursos del Estado para reducir la pobreza. Presentar un presupuesto que no reduzca el gasto para combatirla.

El aumento de número de beneficiarios del programa Oportunidades sin duda es uno de los logros más significativos de la administración en el periodo; esta cifra aumentó de cinco a 5.8 millones de familias, permitiendo que uno de cada tres mexicanos en condiciones de pobreza sorteé de mejor forma el hambre y la enfermedad. Se empezó a atender la pobreza urbana; se brindaron más apoyos a mujeres y adultos mayores, y los créditos a la vivienda no se han detenido.

Las cifras hablan del trabajo realizado, pero no nos dicen mucho acerca del cumplimiento

Agradecemos las valiosas contribuciones y orientaciones de Paulina Lomelí, Gisella de León y Milagros Recioy para la elaboración de este documento.

de la meta que presuntamente se busca: disminuir el nivel de pobreza. En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló recientemente que el Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) experimentó una reducción de 0.5% durante el segundo trimestre de 2010 comparado con el primer trimestre del año en curso y una caída de 2.9% comparado con el mismo periodo de 2009.

o privado. En el entendido de que una sociedad con acceso a la atención médica es una más libre y productiva, es claro que el haber incorporado a más de 37 millones a los sistemas de salud pública a través del Seguro Popular capitaliza y mejora la calidad de vida de innumerables familias, justificando una meta tan ambiciosa como la cobertura universal.

Avance del seguro popular y cobertura universal de salud

Si bien no es posible despreciar la buena política monetaria y fiscal del Banco de México y el Ejecutivo federal por contener el avance de la inflación y evitar fuertes incrementos en los precios de la canasta básica, los verdaderos responsables de la reducción en los índices adelantados de pobreza son la reparación del ingreso nacional y la recuperación de los empleos perdidos durante la recesión. Vale la pena mencionar que de enero a agosto de 2010 se han creado más de 630 mil nuevos empleos netos registrados en el Seguro Social, la tercera mayor creación de empleos para un periodo similar en la historia del país.

Beneficios del programa Oportunidades (miles de familias)

2. Alcanzar la cobertura universal de salud.

Que haya médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicano que lo necesite, independientemente de su condición social.

A principios del sexenio, 50 millones de mexicanos no contaban con seguro médico público

3. Lograr una educación de calidad y superar el marasmo de intereses, a fin de que sea la puerta para salir de la pobreza.

La agenda en educación pública básica es uno de las más importantes y apremiantes de la administración pública federal. Se han realizado cambios que ya están surtiendo efectos en la calidad de la educación que se imparte, repercutiendo en horizontes de tiempo más amplios en la calidad de vida de las familias; en efecto, al ofrecer una formación académica de mayor calidad no sólo permitimos que los jóvenes se integren de mejor forma a un mercado laboral muy competitivo, también dotamos de mejor capital humano a nuestros sectores productivos, acelerando el crecimiento económico. Prueba de lo anterior lo encontramos en los resultados de la prueba ENLACE, uno de los más grandes triunfos de la actual administración al permitir, por primera vez en sexenios, la evaluación del aprovechamiento de los alumnos en colegios públicos y privados. Los

63

resultados son favorables y alentadores, con la salvedad del español impartido a nivel secundaria.

Secundaria - Español (porcentaje de alumnos por nivel de logro educativo

Resultados históricos Primaria - Matemáticas (porcentaje de alumnos por nivel de logro educativo)

Primaria - Español (porcentaje de alumnos por nivel de logro educativo)

4. Perseguir una reforma profunda a las finanzas públicas, eliminando programas y rubros que no contribuyen al desarrollo. El gobierno es el primero en poner el ejemplo en la racionalidad del gasto y no pedirá un esfuerzo que él mismo antes no haya hecho.

En el paquete económico 2010, por primera vez se promovió que la vigencia de los programas estuviera acotada al cumplimiento de metas sociales previamente estipuladas, suponiendo un cambio radical en la ejecución de la política pública. Por desgracia, este esfuerzo no ha sido homologado por las entidades federativas, al mismo tiempo que la oposición en el Poder Legislativo ha impedido la desaparición de oficinas de gobierno cuya existencia no está claramente justificada de cara a los contribuyentes.

Secundaria - Matemáticas (porcentaje de alumnos por nivel de logro educativo)

64

Respecto a la responsabilidad, en el manejo de las finanzas públicas es loable la reducción de sueldos de altos funcionarios y la reducción de gastos de operación y administrativos; el fortalecimiento de los ingresos públicos tributarios y la transparencia de la cuenta pública federal.

5. Luchas permanentemente por una economía más competitiva, lo que implica una nueva generación de cambios al sector energético.

Una transformación de las empresas públicas, con la finalidad de eliminar privilegios, opacidad y corrupción.

La desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro ha dado un respiro a las finanzas públicas y un triunfo para todos aquellos que padecimos su servicio.

En el sector petrolero, la inversión registra cifras históricas de 12% en promedio anual que han permitido estabilizar la producción e incrementar la exportación. Asimismo, la inversión en exploración en la actual administración ha crecido a una tasa de 24% en promedio anual provocando, entre otras cosas, la ampliación de la tasa de restitución de reservas probadas que por segundo año consecutivo ha sido mayor al 100%. Por otro lado, se han tomado alternativas que sin duda pavimentarán el desarrollo de una economía verdaderamente sustentable en largo plazo. El haber logrado que la producción de energía eólica se incrementará de 2 a 520 megawatts es importante y a tono con las metas medioambientales que se han fijado.

Otro punto medular de la presente administración lo encontramos en el apartado de inversión en infraestructura: en sólo cuatro años se han utilizado, en términos reales, una cifra equivalente a lo invertido en toda la década de los noventa en nuestro país (2.3 billones de pesos).

Una de las obras más destacadas es la carretera Durango-Mazatlán, donde se construye el Puente Baluarte, el más alto de todo el continente americano.

Con estos datos en mano, es claro el poder que tiene el Ejecutivo federal para realizar acciones de gran alcance cuando posee la libertad para hacerlo. Cuando coartamos esa libertad a través de la parálisis legislativa o la coacción de los mandatarios estatales en partidos de oposición, impedimos que este país desarrolle el potencial que guarda para garantizar (sobradamente) la vida, libertad y propiedad de todos.

6. Introducir reformas fundamentales al sistema de telecomunicaciones para lograr la competitividad y la convergencia con tecnologías de avanzada.

La acelerada transformación del sector de las telecomunicaciones hizo forzosa la licitación del espectro radioeléctrico en su episodio más reciente. Con ello, el gobierno federal contribuyó en la construcción de nuevos servicios digitales para los mexicanos a precios competitivos. No olvidemos que por cada fragmento de información transmitida vía voz (telefonía) o datos (Internet) hablamos de posibilidades de negocios, empleos e ingresos. Por desgracia, la mano visible del Estado, nunca mejor personificada por la oposición política en el seno del Congreso de la Unión, ha impedido que el sector sufra una verdadera transformación al haber paralizado una necesaria reforma a Ley Federal de Competencia Económica que otorgue facultades suficientes a nuestros entes reguladores incapaces de frenar el oligopolio imperante en el sector.

7. Pugnar por una reforma laboral que facilite el acceso de millones de mujeres y de jóvenes a la vida del trabajo y económica, y a un ingreso digno; que eleve la productividad con el pleno respeto a la autonomía sindical, al derecho de huelga y a la contratación colectiva.

Sin saberlo, uno de los mayores errores de la política pública “revolucionaria” lo encontramos en el apartado laboral. Injustamente, promovieron cantidad de prerrogativas que beneficiaron a aquellos que ya contaban con un empleo formal, pero perjudicaron a quienes aspiraban a uno. Por su dolorosa vigencia, se trata de una política pública perniciosa que beneficia al que más tiene (el empleado) pero desampara al desprotegido (el desempleado, o bien, aquel que nunca ha trabajado). Por lo tanto, nos enfrentamos a un claro ejemplo de mala política pública, en donde los postulados de eficiencia y equidad se rompen a cuenta del populismo y la ignorancia económica.

La reforma laboral propuesta por el Ejecutivo federal favorece cambios de trasfondo que permiten un acceso más equitativo al mercado laboral sin vulnerar las libertades sindicales. Desafortunadamente, se encuentra detenida por actores que buscan socavar la presente administración

65

federal a través del aplazamiento y desgaste parlamentario. No olvidemos que este país es gobernado por sus leyes, por lo que la ausencia de justicia, eficiencia y claridad en las mismas impide que se transite adecuadamente por las vías del desarrollo.

8. Una reforma de fondo que permita contar con una regulación base cero, que facilite la vida de los ciudadanos.

Una de las conquistas más importantes de la administración de Felipe Calderón se culminó recientemente con la eliminación de más de siete mil 300 normas que regulaban los procesos del gobierno federal y su sustitución por nueve manuales administrativos que homologuen el desenvolvimiento de todas las dependencias federales. Asimismo, se anunciaron 12 medidas de simplificación administrativa, mediante las cuales se promoverá la competitividad de las empresas y la economía nacional. Las más importantes facilitarán la exportación de productos mexicanos a Europa y América Latina y la inversión extranjera en el país. Lamentablemente, estos esfuerzos se limitan al marco de la administración pública federal; es decir, no ha habido una emulación generalizada a nivel municipal y estatal. Sin una óptima arquitectura regulatoria en estas jurisdicciones, el alcance de estas nuevas disposiciones será menor al esperado.

66

realizar un mejor trabajo. Las iniciativas de combate al lavado de dinero y para la creación del Mando Único Policial a nivel estatal se encuentran detenidas a capricho de las voluntades viscerales de la oposición política. La irresponsabilidad parlamentaria pretende endosar los costos a un poder ejecutivo que sólo puede actuar conforme a lo dispuesto en la ley, que en su condición actual, no es suficiente para abatir al crimen organizado.

10. Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral. El objetivo es plantear si el actual sistema político permite procesar los conflictos. Pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Un sistema político que haga de manera correcta la corresponsabilidad entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.

En la lucha por encontrar un nuevo equilibrio político que permita la gobernabilidad efectiva y eficiente de nuestro país, observamos que el status quo ha prevalecido. Por desgracia, sin reforma política es casi una quimera hablar de reformas de mayor calado en el bolsillo o en las libertades de los mexicanos.

9. Profundizar y ampliar la lucha contra el crimen organizado y enfocar el fortalecimiento de acciones contra robo, extorsión y secuestro. Al mismo tiempo, es necesario acelerar el esfuerzo en todos los órdenes de gobierno para tener cuerpos policíacos eficaces.

La parálisis legislativa y el feudalismo gubernamental al interior de los estados y municipios han frenado, una y otra vez, una generación de reformas necesarias. Ya sea por ignorancia o desconocimiento de su pertinencia, por franco desacuerdo, prejuicios ideológicos, ambición electoral o defensa de una prebenda mal habida, la oposición política en México ha imposibilitado la ejecución de políticas públicas que transformen la arquitectura jurídica e institucional que se requieren para un mayor desarrollo.

En su condición como ejecutor de la Ley, el poder ejecutivo inició un enfrentamiento con los cárteles de la droga que por años invadieron las esferas de lo público y lo privado en nuestro país. Para concretar los resultados que los mexicanos exigimos a nuestras autoridades, es inaplazable que el Congreso de la Unión le otorgue los insumos que el ejecutivo requiere para

Pese a los logros obtenidos gracias a la iniciativa, trabajo y creatividad del Poder Ejecutivo federal, el camino largo y amplio que subyace frente a nosotros en un mundo que no perdona la pasividad y el estancamiento no se recorre ni se contempla desde el curul opositor; la mirada está bien puesta en 2012, parapetada en la dinámica del poder por el poder mismo.

Corredores multimodales del transporte Francisco R. Calderón

Cuando se creó la red ferroviaria en la época porfiriana el comercio interior se realizaba entre la Ciudad de México, principal centro de consumo y de producción, y las diversas regiones del país; por lo que respecta al comercio exterior, consistente en la exportación de materias primas e importación de manufacturas, el flujo comercial se dirigía ya desde entonces a Estados Unidos y en menor medida a Europa.

En consonancia, las líneas ferrocarrileras fueron construidas en forma radial desde la

Ciudad de México y siguiendo tres grandes troncales hacia Estados Unidos: México-El Paso, México-Monterrey-Laredo y México-Guadalajara-Nogales cumpliéndose así el doble propósito de comunicar a la capital del país y de unir a los principales centros mineros con los mercados estadounidenses.

A su vez los puertos mexicanos de mayor tráfico eran los del Golfo de México cuyo movimiento se dirigía hacia las regiones más desarrolladas de Estados Unidos y Europa.

Durante el siglo XX se construyó el sistema carretero siguiendo en lo fundamental las rutas de los ferrocarriles, con lo que tuvieron menor atención las rutas transversales; la única diferencia fue la creciente importancia de los puertos del Pacífico según se iban desarrollando la industria y el comercio de Japón, Corea y Hong Kong al principio y Taiwán, Singapur y China después. Manzanillo fue inicialmente el puerto más beneficiado por esta tendencia hasta que empezó a ser desplazado por el puerto de Lázaro Cárdenas de reciente creación.

67

Hasta hace muy poco la infraestructura del transporte estaba únicamente destinada a cubrir las necesidades del comercio interior y exterior de México, lo cual es imprescindible y prioritario pero ahora se ha caído en cuenta que la localización geográfica de los puertos mexicanos del Pacífico permite atraer además el muy lucrativo comercio de paso entre el Extremo Oriente y el centro y Este de Estados Unidos. Las rutas que se consideran más viables son las que unen Manzanillo y Lázaro Cárdenas con los puntos fronterizos de Ciudad Juárez, Piedras Negras, Colombia, Nuevo Laredo y Matamoros, así como con el puerto de Altamira; en segundo término se pueden agregar las rutas Mazatlán-Durango-Piedras Negras y Guaymas-Nogales.

68

La ruta Mazatlán-DurangoPiedras Negras sólo será competitiva cuando se concluyan las obras ya muy avanzadas de la espectacular autopista que cruza la sierra entre Sinaloa y Durango y del monumental puente del Baluarte el más alto de América Latina, con las que se ahorran casi cuatro horas de recorrido con absoluta seguridad. No se considera muy prometedora la ruta del Chihuahua al Pacífico por las altas pendientes de la línea del ferrocarril que elevan los costos y por las muy insuficientes instalaciones portuarias de Topolobampo que exigen fuertes inversiones; igualmente no se ha tomado en

cuenta la ruta por el Istmo de Tehuantepec, por la insuficiencia del puerto de Salina Cruz.

Para captar el tráfico Asia centro y Este de Estados Unidos hay que superar tres importantes obstáculos: la competencia que ofrecen las rutas vía el puerto Los Ángeles-Long Beach y vía canal de Panamá y sobre todo el manejo ineficiente de la operación dentro del territorio nacional.

La competencia de Los Angeles-Long Beach es superable, porque, en primer término, su puerto está muy cerca del punto de saturación y ofrece escasas perspectivas de ampliación y en segundo lugar, porque entre él y el mercado del centro y Este de Estados Unidos hay que recorrer un mucho más largo camino por tierra que las rutas que ofrece México, lo cual es decisivo porque como es bien sabido el flete por tierra es mucho más caro.

El Canal de Panamá ofrece una competencia más difícil de vencer, porque si bien está también saturado y los barcos tienen que esperar varios días para poder entrar al canal el gobierno panameño ha iniciado una costosa inversión para ampliarlo lo que en un corto o mediano plazo le dará fluidez a esta ruta; por otra parte, el trayecto vía Panamá se realiza en su totalidad por la vía marítima siempre sin costos adicionales de carga y descarga dejando

como único factor de encarecimiento el pago por el uso del canal. En consecuencia sólo es posible competir con esta ruta a base de eficiencia en el manejo de la carga en nuestros corredores multimodales.

Debe entenderse por corredores multimodales aquellas rutas por donde fluye sin obstáculos el tráfico de carga gracias a que se interconectan puertos, fronteras, una o varias líneas férreas, carreteras, terminales portuarias, terminales interiores de carga, libramientos de las ciudades, pasos a desnivel, óptimo estado de vías y equipo rodante, un marco jurídico-administrativo que permita la coordinación de los diferentes modos de transporte y sobre todo un eficiente operación durante el trayecto. Obviamente la operación eficiente de los corredores multimodales no sólo atrae el tráfico internacional de paso sino que contribuye al desarrollo económico de las zonas por las que atraviesa el corredor.

Un buen funcionamiento de los corredores multimodales depende en buena medida del buen manejo de los contenedores, esto es, de su rápido traslado del barco al ferrocarril en sus varias conexiones y del ferrocarril a camiones cuando sea necesario; para ello es imprescindible la eliminación o reducción al máximo de trámites engorrosos en la recepción y entrega de los contenedores lo que a su vez exige una eficaz

coordinación entre los diferentes transportistas producto de una minuciosa planeación y concertación entre ellos.

eficiente de los corredores tanto en lo jurídico como en lo referente a la constitución de operadores y lo que es más importante en la inversión de ingentes sumas en la construcción y modernización de puertos, ferrocarriles y carreteras.

El objetivo final de los corredores es atraer el tráfico internacional en virtud de la reducción de tiempos y costos que los hagan ser competitivos; por ejemplo, que la carga despachada de Yokohama o Singapur con destino a Houston llegue a esta última ciudad en menos tiempo y costando menos dinero por la vía de los puertos mexicanos que por Los Ángeles-Long Beach o por el canal de Panamá.

Por lo que respecta a lo jurídico el gobierno federal ha fijado el marco legal para una eficiente operación del transporte multimodal: el 7 de julio de 1989 expidió el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional donde se especifican los requisitos que debe llenar una empresa para ser concesionada como operadora de transporte multimodal, sus obligaciones y responsabilidades y las inspecciones a que estará sujeta; el 24 de enero de 1990 se publicó el Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales Terrestres en que se determina cómo las empresas concesionarias deben prestar las maniobras de estiba y desestiba de los buques, el acarreo de la mercancía de ellos hacia y desde los furgones de ferrocarril; por último por medio de diversas normas se obliga a la coordinación entre las diferentes empresas, se fija como se resolverán los conflictos, el derecho de transitar el material rodante de un concesionario en las vías de otro y el pago per diem que deberán abonar los que utilicen dicho material en su propio beneficio.

importante avance administrativo al entrar en activo nuevos corredores y empresas operadoras. En 2009 estaban en operación 12 corredores multimodales lo que significa un incremento del 20 por ciento sobre los existentes en 2007. En todos los corredores se han establecido terminales multimodales para la transferencia de carga entre ferrocarril y camión. Ya para el año 2000 México contaba con 12 empresas operadoras de transporte multimodal (OTM) registradas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2009 existían 18 OTM todas ellas comprometidas a ofrecer servicios integrados para el transporte eficiente y a menores costos, seguros incluidos; éstas dan servicio en 74 terminales de carga entre las que se encuentran las de Querétaro, Altamira, San Luis Potosí, Guadalajara, Cuautitlán, Tula, Tizayuca, Toluca, Amecatla Pue., Apodaca N.L., Gómez Palacio, Torreón, Pantaco, Escobedo N.L., y Saltillo (18 plataformas ferroviarias, 18 portuarias de contenedores, ocho automotrices y 30 intermodales de carga) esto es, 10.4 por ciento más respecto a las 67 existentes en 2007. A lo anterior debe agregarse la obra en infraestructura realizada en puertos, ferrocarriles y carreteras para integrar los corredores multimodales.

Ha habido ya sustanciales avances en la creación y manejo

Dentro del marco jurídico descrito se ha registrado un

Los puertos mexicanos operaban con una productividad

Uno de los grandes obstáculos al transporte multimodal son las múltiples inspecciones de los contenedores a lo largo del trayecto impuestos por la injerencia burocrática con diversos pretextos como el de la lucha contra el contrabando, el combate al tráfico de drogas o la protección fitosanitaria; lo ideal es mover contenedores sellados desde su recepción hasta su destino final donde serían objeto de una única revisión. La apertura de los contenedores a lo largo de la ruta da lugar a demoras, robos, largas estadías en las terminales, deterioro de las mercancías y aún a que queden abandonados los contenedores con la consiguiente alza de las primas de seguros que en todos los casos deben pagar los operadores.

69

muy baja hasta que la apertura del comercio exterior y la inserción en el proceso mundial de globalización obligaron a la modernización de la operación portuaria y así en 1993 se expidieron las nuevas Leyes de Puertos y Navegación que desincorporaron la operación portuaria creando un sistema de puertos descentralizados, autónomos y autosuficientes, que no dependan de subsidios, compitan entre sí y atraigan a la inversión privada. La administración de 63 puertos y terminales se confió a 24 Administraciones Portuarias Integrales (API).

De entre ellos los más importantes, si se exceptúa a Coatzacoalcos cuyo movimiento es fundamentalmente de hidrocarburos, fueron en 2008 Manzanillo y Lázaro Cárdenas con el 8.4 y el 7.5 por ciento respectivamente del total nacional de carga; sin embargo ya desde el primer semestre de 2009 Lázaro Cárdenas se colocó en el primer lugar nacional con un 14.8 por ciento del total nacional no obstante que en ese lapso el movimiento de autos cayó un 74 por ciento con respecto al primer semestre de 2008 como consecuencia de la crisis mundial; la recuperación de ese puerto se debe en buena parte a que el movimiento de contenedores se elevó un 65 por ciento.

70

La preeminencia de Lázaro Cárdenas se explica porque tiene como base a Sicartsa la

siderúrgica más grande de América Latina cuyo movimiento de fierro y carbón lo mantiene constantemente en operación; sus canales de navegación tienen una profundidad de 16.5 metros capaz de recibir a los barcos de mayor calado en el mundo; las inversiones que en él se han realizado le han dotado de 3,689 metros de muelles con 15 posiciones de atraque para terminales de carbón, fertilizantes, contenedores, metales y minerales, productos agrícolas a granel, hidrocarburos, usos múltiples y barcos pequeños; cuenta con escolleras, espigones, silos, patios, bodegas y últimamente con un puente basculante que da acceso a todos los muelles a las líneas férreas y camiones.

A partir del primer semestre de 2010 se han iniciado las obras por la empresa filipina concesionaria Container Terminal Services de una nueva central de contenedores para incrementar la capacidad del puerto de dos a cuatro millones de TEU anuales (TEU=33 metros cúbicos, capacidad de un contenedor estándar); esta obra cuyo costo estimado es de 6,000 millones de pesos generará más de 2,900 empleos directos y más de 13,000 indirectos.

Manzanillo, actualmente, el puerto con mayor capacidad de movimiento de contenedores, recibirá en 2010 inversio-

nes de la API por 569 millones de dólares en infraestructura y equipamiento amén de la inversión de 257 millones de dólares en 2010-2012 por la Comisión Federal de Electricidad en el proyecto de dragado de la boca de la laguna de Cuyutlán cuyo propósito es la instalación de una terminal de gas natural licuado pero que sin lugar a duda servirá también al corredor multimodal al incrementar la capacidad del puerto de Manzanillo.

Después de los puertos los ferrocarriles conforman el siguiente eslabón de los corredores multimodales. Cuando México se enfrentó al reto de participar en los mercados globales el gobierno federal vio que era urgente modernizar al sistema ferroviario y decidió concesionar el servicio a empresas de amplia experiencia que garantizaran un crecimiento sólido de este medio de transporte. Las empresas concesionarias cuyas vías integran los corredores multimodales son Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) cuyas troncales son Manzanillo-Guadalajara-Nogales y Guadalajara-IrapuatoCiudad Juárez con 7,930 kilómetros y la empresa Kansas City Southern de México (KCSM) cuyas troncales son Lázaro Cárdenas-México-Querétaro-Nuevo Laredo con 4,251 kilómetros. A pesar de ser más corto el sistema de KCSM es el más importante porque por sí solo mueve el 40

por ciento de la carga ferroviaria total del país.

La segmentación de los antiguos Ferrocarriles Nacionales de México ha resultado exitosa: las inversiones de las empresas concesionarias privadas han superado las inerciales que venía realizando el gobierno en años anteriores, solamente en 2010 las inversiones programadas por Ferromex y KCSM son de 121.6 y 121 millones de dólares respectivamente, han mejorado las condiciones de vía y se ha incrementado y mejorado el equipo rodante. Por ejemplo sólo en 2007 KCSM corrigió curvas y pendientes, sustituyó más de 230,000 durmientes, adquirió 90 locomotoras modernas y al año siguiente compró otras 35 locomotoras y más de 600 furgones de carga; Ferromex ha realizado inversiones similares.

Ambas empresas han concertado acuerdos de derecho de paso en Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Altamira, Monterrey y Saltillo de tal manera que están totalmente integrados los dos sistemas; igualmente ambas tienen extensos programas de inversión para los próximos dos años como son ampliaciones portuarias, puentes internacionales y nacionales, libramientos de ciudades y pasos a desnivel.

Las carreteras son parte fundamental de los corredores

multimodales porque cubren prácticamente la totalidad del territorio nacional. En 2009 la red caminera pavimentada contaba con 132,973 kilómetros de los cuales 119,938 eran de dos carriles y 13,035 de más de dos carriles; a finales del año 2000 el 57 por ciento de la red estaba en malas condiciones, el 25 por ciento en condiciones regulares y tan sólo el 18 por ciento se encontraba en buen estado físico. Los dos últimos gobiernos provenientes del PAN han logrado mejorar el estado físico de las carreteras del 18 al 79 por ciento en bueno y satisfactorio, mejoría de gran importancia porque revierte la tendencia de varias décadas de descuido del mantenimiento para darle preferencia a obras espectaculares.

Se ha dado por tanto especial atención a la reparación y mantenimiento a la red carretera así como a la corrección de los llamados “puntos de conflicto” es decir sitios donde se ha presentado un número importante de accidentes por las desfavorables condiciones geométricas y de trazo. En el año 2000 se habían detectado 3,011 de estos puntos donde entre 1996 y 2000 se registraron 18,960 accidentes con un saldo de 9,595 heridos y 1,424 fallecimientos. De entonces acá se han realizado trabajos para suavizar curvas, disminuir pendientes, crear peraltes suficientes y reforzar alrededor de

1,200 puentes debilitados por el paso del tiempo y por el tráfico de vehículos pesados.

La reorganización e inversiones efectuadas han dado por resultado importantes logros: se ha reducido el número de maniobras para la revisión por las autoridades de tres a sólo una con un ahorro promedio de 75 dólares; el tiempo de despacho y tránsito de la carga se ha reducido entre el 15 y el 20 por ciento; la instalación de grúas y la simplificación de las maniobras ha reducido ea la mitad el tiempo de estancia en los puertos; el tránsito de carga entre Shanghai y Kansas City vía Lázaro Cárdenas ha resultado 12 horas más rápido que por la ruta Los Ángeles-Long Beach; se ha logrado un ahorro de 72 horas por la ruta Singapur-Lázaro Cárdenas-San Antonio que por la de Los Ángeles-Long Beach; en fin en el transporte de automóviles de Chile a Houston se ha preferido la ruta por Manzanillo en lugar de por el canal de Panamá.

No obstante los logros obtenidos es indispensable continuar indefinidamente la reducción de tiempos y costos en nuestros corredores multimodales tanto porque los competidores mejoran continuamente su productividad como porque la competitividad de México deja todavía mucho que desear, basta decir que en este renglón nuestro país ocupa el lugar 69 entre 125 países.

71

El principio promocional en la administración pública Juan Pablo Sáenz Martínez

“No es ser gobernada lo que la nación necesita, sino ser administrada”.

Henri de Saint-Simon, juzgando la situación francesa a la caída del Imperio.

Introducción Los fundamentos de la actividad administrativa del Estado se concretan en una serie de principios éticos que delimitan y guían el actuar de los funcionarios de la administración pública. Estos principios han ido variando paralelamente al desarrollo de las formas de organización política. A lo largo del siglo pasado, en especial a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de derecho público han venido sufriendo una transformación, proceso que se encuentra estrechamente relacionado con la efectividad en la aplicación de los derechos fundamentales como tarea suprema del Estado de Derecho.1 72

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Principios de Ética Pública ¿Corrupción o servicio?

Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1993, pg. 49

1

En consecuencia, actualmente la administración pública, en cuanto actividad del Estado para el servicio de los intereses colectivos, tiene una misión capital: promover el libre ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos, esto es, el principio promocional de la administración pública.

En la vida cotidiana del mexicano, no es común encontrar funcionarios de la administración pública conscientes de la trascendencia y responsabilidad de su función, pues el principio promocional no suele tener la misma difusión que otros principios considerablemente más limitados en su alcance, como lo son los principios de eficacia, transparencia, solidaridad,

profesionalidad, entre otros, los cuales están enmarcados dentro del principio promocional.

En el presente ensayo se analizará, en primer lugar, el concepto de administración pública, así como la definición del sujeto en concreto que realiza esta función, es decir, el funcionario público; posteriormente se realizará una reflexión sobre la esencia ética de la administración pública, para concluir relacionando los conceptos anteriores con el principio promocional de la administración pública. Finalmente se concretará dicho principio en la realidad mexicana del siglo XXI, además de establecer algunas conclusiones generales.

La administración pública y el gobierno Existen cuando menos dos formas de concebir la administración pública, la primera es de carácter deontológico, mientras que la segunda, en cuanto a su naturaleza funcional u operativa dentro del Estado. Ambas perspectivas, no son contradictorias, sino complementarias.

Desde una perspectiva deontológica, la administración pública puede ser definida como “…el servicio objetivo del interés general”.2 Definición que será detallada en el desarrollo del siguiente epígrafe. Por su parte, desde una visión funcional u operativa dentro del Estado, la administración pública podría identificarse con el concepto de gobierno, como lo define Carlos Juan Bonnin; sin embargo, como se explica a continuación, el gobierno y la administración pública son conceptos íntimamente relacionados, pero no equivalentes.

A raíz de la teoría de la división de los poderes del Estado desarrollada por Montesquieu, tanto el gobierno como la administración pública son conceptos que se atribuyen exclusivamente al Poder Ejecutivo del Estado, sin Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Sobre el Servicio Universal en Materia de Telecomunicaciones. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (www.juridicas.unam.mx) pg. 2. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. El Derecho Fundamental a la Buena Administración en la Constitución Española y en la Unión Europea. pg. 2

2

embargo las características formalmente distintivas consisten en que la administración pública se identifica con la operación de los actos de gobierno, mientras que el gobierno se enfoca en las cuestiones políticas. En otras palabras, administración pública está relacionada con el qué y el cómo del gobierno o actividad del Estado,3 en el mismo sentido Marshall Dimock explica que: “Cuando un gobierno es organizado para la consecución de los negocios de la comunidad, tenemos lo que ha sido llamada la administración pública.” 4 Esta distinción, como se ha mencionado anteriormente, responde a una lógica formal, ya que materialmente ambas acciones –administración pública y gobierno– se confunden.

En palabras de Gaspar Blunstchli, “la administración se opone también a la política; ésta comprende entonces la alta dirección general del Estado; aquella la actividad detallada inferior; la una es la misión del hombre de Estado, la otra de los funcionarios técnicos”. Sin embargo, Blunstchli hace una aclaración inmediata “… ésta oposición es naturalmente muy elástica”.5 La política –identificada con el gobierno–, es incapaz de avanzar sin la ayuda de la administración, y la administración en muchas ocasiones adquiere tintes de carácter político a causa de su importancia general.6 En este sentido Chanes Nieto manifiesta que a lo largo de la historia ha quedado plenamente demostrado que la función pública siempre ha sido fiel reflejo de la tendencia política.7 El funcionario público Cuando se habla de “principios”, es un error que se expongan como conceptos abstractos que no se aplican en la realidad, pues, como se explica en el siguiente subtítulo, los “principios” son esencialmente pautas o parámetros éticos, Omar Guerrero. Los principios de Administración Pública. Escuela Superior de Administración Pública, México 1997, pg. 41 4 Idem.

5 Omar Guerrero. Los principios de Administración Pública. Op. cit. pg. 66 6 Idem.

7 Jose Chanes Nieto. Administración y Política, Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho, Guanajuato, México, 1997, pg. 9 3

73

por lo que son eminentemente prácticos. En base a esta naturaleza práctica de los “principios” es fundamental el conocimiento del sujeto responsable de la relación directa entre el órgano de la administración pública y el ciudadano.

El poder del gobierno se manifiesta y exterioriza siempre por medio de una determinada política administrativa, pero de nada serviría el poder estatal si no contara con la existencia de funcionarios que, en definitiva, serán los encargados de desarrollar la política gubernamental y son los responsables de promover, antes que cualquier otra persona, los derechos fundamentales, garantizando así, en primer lugar, el derecho elemental de todo ciudadano a una buena administración. De ahí la importancia de que los funcionarios sean conscientes de la función primordial de promoción de los derechos fundamentales y que actúen en consecuencia.8 Para definir al funcionario público, Jorge Jiménez Alonso, en concordancia con Duhalt Kranss, hacen la siguiente clasificación: a. Altos funcionarios: personas de alto nivel en el ejercicio de la administración pública. Su función se identifica con los fines del Estado; sus actos trascienden a los particulares y afectan o comprometen al Estado. b. Funcionario: personas que realizan una función pública y que tiene poder de decisión, mando de personal y ejercicio de autoridad. Es, propiamente dicho, el empleado de confianza que en México está catalogado y descrito en el artículo 5º de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. c. Empleado: toda persona física que presta un servicio para algún órgano del Estado, y que se desempeña normalmente en actividades de apoyo al funcionario.

Su labor no implica un poder de decisión, disposición de la fuerza pública o representación estatal alguna.

74

8

IbIdem. pg. 85

Esta distinción fue esbozada por el Constituyente de 1916-1917 cuando determinó que la administración federal se compone de dos grupos de órganos: las secretarías “que ejercen atribuciones meramente políticas o, cuando menos, a la vez políticas y administrativas” y los departamentos “que administran algún servicio que en su funcionamiento nada tiene que ver con la política… su objeto natural… es la prestación al público de un buen servicio en el ramo que se les encomienda…”9 Existen autores como Francisco López Álvarez y Rafael Bielsa, que interpretan que son servidores públicos solamente aquellas personas que como funcionarios desempeñan funciones esenciales que le atañan al Estado, lo que, en la clasificación propuesta por Jiménez Alonso, abarcaría a los Altos funcionarios y Funcionarios.10 Finalmente encontramos en México el concepto de “servidor público”, que es un término amplio, que abarca al funcionario, al empleado y al trabajador. El artículo 108 de la Constitución reputa como servidor público a toda persona que desempeña un empleo, un cargo o una comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública, incluso a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y a los demás funcionarios y empleados.11 La ambigüedad del concepto es proclive a confusiones en el ámbito jurídico y político.

La ética y la administración pública El Dr. Jaime Rodríguez-Arana ha estudiado a profundidad el principio promocional de la administración pública, como origen y finalidad de la misma, concluyendo que dicho principio constituye uno de los contenidos básicos de la ética del servicio público.12 José Chanes Nieto. Administración y Política, Op. cit. pg. 22 Francisco López Álvarez. La Administración Pública y la Vida Económica en México.

México, Editorial Porrúa, 1956, pg. 113 11 Jorge Jiménez Alonso. El régimen jurídico de los servidores públicos. Ponencia presentada ante la XXXIII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, Revista Vínculo Jurídico Revista 20, Octubre-Diciembre 1994.

12 IbIdem. pg. 47 9

10

La administración pública es una función con un alto contenido ético, ya que se basa en el servicio. Etimológicamente, la palabra administración deriva de la voz latina administratio compuesta por ad (a) y minitrare (servir, cuidar) que era empleada entre los romanos para referir el acto o la función de prestar un servicio a otras personas. El foco de la palabra administratio la ocupa el vocablo ministrare, que deriva del sustantivo minister (“el que sirve o ayuda”). Minister, a su vez, proviene de minis, voz referida a lo “menor”, como contraste de magis, lo “mayor”.

Por consiguiente, el minister era el funcionario subordinado a la autoridad del magister, cuya tarea se circunscribía a la realización de funciones subalternas. En suma: la palabra administrare entre los romanos significaba la satisfacción de las necesidades de la sociedad, con un esfuerzo extra por parte de los oficiales.13 En contra de la esencia solidaria de la administración pública, la experiencia nos muestra que desde el momento mismo en que el administrado se pone en contacto con la Administración Pública y se encuentra con la ventanilla, comienza una violación sistemática de los principios fundamentales del servicio público, al grado de que un amplio sector de la sociedad –no solo en México, sino a nivel internacional- termina por ver a la Administración como un conjunto de ventanillas donde se hace cola.14 El fenómeno anterior sucede en razón de que comúnmente la persona que accede a un cargo público lo hace sin la sana conciencia de servicio. No considera la función pública como algo a lo que ha de consagrarse para el servicio de los intereses colectivos, sino como algo que está para su servicio particular.15 Este despropósito, que corrompe la actividad administrativa, se da en parte porque el funcionario público administra bienes que no son exclusivamente de su propiedad o realiza una función que no le beneficia directamente, de manera que el

incentivo inmediato de su labor tiene una dimensión metafísica más profunda, y por consiguiente más difícil de anhelar, pero que si se comprende e interioriza debidamente, suele proveer una mayor satisfacción. Al respecto, Rodríguez-Arana concluye que la actitud de servicio y de interés hacia lo colectivo es una de las actividades más trascendentales del horizonte profesional y debe ser el elemento más importante de cultura administrativa.16 La actitud de servicio constante no puede ser una actitud artificial, temporal, sino que se trata de una actitud vital que, para ser auténtica, debe ser constante y continua.17 La administración pública y los derechos fundamentales En definitiva, uno de los contenidos de mayor actualidad de la ética pública se centra en la tarea de promoción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.18 Por ello, los elementos que componen el sustento del servidor público: lealtad, transparencia, objetividad, imparcialidad, etc. deben estar en consonancia con la consecución del interés público, que se encuentra estrechamente relacionado con los derechos fundamentales.

En su origen, los derechos fundamentales se concebían como auténticos límites frente al poder público como consecuencia lógica del Estado Liberal.19 Sin embargo, el tránsito del Estado Liberal de Derecho al Estado Social o a la tendencia internacional de la implementación de políticas públicas en materia social, ha traído consigo una nueva dimensión del papel y de la funcionalidad de los derechos fundamentales.20 Ya no son los derechos fundamentales meras barreras a la acción de los poderes públicos, sino por lo contario, se configuran como “un conjunto de valores o fines directivos de la acción positiva de los Poderes Públicos”.21 IbIdem. pg. 83 y 86 Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Principios de Ética Pública ¿Corrupción o servicio?

Op. cit. pg. 84 18 Ibidem pg. 61 19 IbIdem. pg. 48 20 Idem.

21 Antonio E. Pérez Luño, Los derechos fundamentales, Madrid, 1986, pg. 21 16 17

Francisco López Álvarez. La Administración Pública y la Vida Económica en México Op. cit. pp 22-23 Jesús González Pérez. Administración Pública y Libertad. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1971, pg. 46 15 IbIdem. pg. 62 13

14

75

Para entender esta dimensión de la administración pública, se debe tener claro que el ciudadano es el titular de la administración pública, la cual se le encomienda a un gobierno determinado. En razón de lo anterior, Gerald Caiden menciona que la insensibilidad del funcionario con los derechos de los ciudadanos, es la mayor corrupción.

El principio promocional en la administración pública En todo Estado de derecho, el interés colectivo se encuentra en facilitar a los ciudadanos un conjunto de condiciones que hagan posible su perfeccionamiento integral y les permitan un ejercicio efectivo de todos sus derechos fundamentales, colaborando con la propia administración en la gestión de los intereses públicos.

Todas las categorías, instituciones y conceptos centrales del derecho administrativo deben orientarse al interés general. Lo público debe estar abierto a la ciudadanía, y las necesidades públicas deben manejarse de manera que, efectivamente, la administración pública tienda al bienestar general de todos. Es decir, deben estar abiertos a hacer posible y visible ese metaconcepto del interés general, que en un Estado democrático de derecho está directamente vinculado a la tarea promocional y garante de los poderes públicos, orientada al libre y efectivo ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos.22 En resumen, el principio promocional se refiere a la labor de los poderes públicos –no solo de la administración pública- de hacer posible el ejercicio de las libertades, y de la igualdad, de los ciudadanos. En palabras del Dr. Jesús González Pérez consiste en “una acción decidida a fin de promover las condiciones para que la dignidad sea efectiva y remover cuantos obstáculos dificulten su plena realización”.23 76

22 Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Sobre el Servicio Universal en Materia de Telecomunicaciones. Op. cit. pg. 2 23 Jesús González Pérez. La dignidad de la persona, Madrid, pg. 63

El principio promocional, no se refiere sólo a un parámetro ético, en base al cual se debe regir una determinada decisión de la Administración Pública, sino que se refiere a un modo determinado de ser del funcionario de la administración pública. Se puede hablar de una “Actitud Promocional del Estado”, que se traduce en el núcleo del llamado Estado constitucional de derecho, en cuanto a la promoción –no solo la protección– de los derechos fundamentales entendidos como manifestación del derecho positivo de los derechos intrínsecos del ser humano.

En razón de lo anterior, es de gran importancia que toda constitución política de un Estado contenga este principio, pues obliga a los poderes públicos para que la libertad de los ciudadanos sea efectiva. Un claro ejemplo es la Constitución Española, que establece en su artículo 9.2: Artículo 9.

Respeto a la ley 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Libertad e igualdad 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Este precepto compromete la acción de los poderes públicos, promoviendo que, como señala García de Enterria, la operatividad de los derechos fundamentales se dirija hacia la organización de prestaciones positivas del Estado a favor del ciudadano.24 El caso de México En 1910 con el liderazgo de Francisco I. Madero, las demandas populares iniciaron un movimiento Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. Principios de Ética Pública ¿Corrupción o servicio?

Op. cit. pg. 51

24

en el que se exigía una transformación política, pero que derivó también en un cambio en lo económico y en lo social de México. Tales aspiraciones tuvieron como respuesta la Constitución de 1917, que incorporó los derechos sociales, el predominio del interés público sobre el privado, la igualdad en las cargas y en los beneficios sociales, la economía mixta, la función social de la propiedad y los principios fundamentales de la Independencia y la Reforma.25

•

•

En su artículo 39, la Constitución establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, sin embargo no establece con claridad que la administración pública está al servicio de la Nación y que tiene la obligación de promover los derechos fundamentales en ella establecidos. Por lo contrario, expone a la administración pública como un componente del Estado que cumple con una función específica para el funcionamiento del mismo, pero que en ningún momento tiene la obligación de promover los derechos de los ciudadanos, sin embargo sí establece de manera específica las sanciones a aquellos servidores públicos que violen la ley.

A raíz de lo anterior, se observa que la Constitución mexicana, mediante la amplitud del concepto de “servidor público”, fomenta la diversificación de interpretaciones conceptuales. Además, no establece claramente la relación directa que debe existir entre la parte orgánica y la parte dogmática, en otras palabras, la vinculación de los poderes públicos y eficacia de los derechos fundamentales.

Conclusiones • El principio promocional obliga a los Poderes Públicos, y en particular a la Administración Pública, a que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean efectivos.

• La Administración Pública debe tener

• •

Bibliografía • Chanes Nieto, José. Administración y Política, Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho, Guanajuato, México, 1997.

• Cleaves, Peter. 1974. Bureaucratic Politics and Administration in Chile. Berckeley: University of California Press.

• González Pérez, Jesús. Administración Pública y Libertad. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1971.

• González Pérez, Jesús. La dignidad de la persona, Madrid.

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz pg. 36 menciona a dos autores: K. Kernaghan y D.P. Dwivedi.

26 25

Jose Chanes Nieto. Administración y Política. Op. cit. pg. 17

conciencia del principio promocional, en oposición del mito que perdura sobre que las cuestiones éticas son propias de los políticos y no de los funcionarios.26 La administración pública es aquella parte del gobierno que tiene encomendado llevar a cabo las políticas públicas determinadas por éste último, mediante el servicio objetivo al interés general.

Es fundamental para el funcionamiento correcto de la administración pública que se cumpla con el principio de profesionalidad, el cual puede garantizarse mediante un sistema eficiente de formación de funcionarios públicos de carrera. En la medida en que se desarrolle el principio de profesionalidad de la función pública, incrementará la aplicación del principio promocional.

La actitud de servicio es el elemento más importante de la cultura administrativa y fundamento de la ética pública.

Aún cuando es pertinente desarraigar la ilusión de que basta el texto constitucional para alcanzar el desarrollo y el goce efectivo de los derechos fundamentales, es de suma importancia que el principio promocional se encuentre dentro de la Constitución y no sólo en la apreciación subjetiva de los funcionarios.

77

78

• Guerrero, Omar. Los principios de Administración Pública. Escuela Superior de Administración Pública, México 1997.

• López Álvarez, Francisco. La Administración Pública y la Vida Económica en México.

México, Editorial Porrúa, 1956.

• Perez Luño, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales, Madrid, 1986.

• Rodríguez–Arana, Muñoz Jaime. Principios de Ética Pública ¿Corrupción o servicio? Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1993.

• Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime. Sobre el Servicio Universal en Materia de Telecomunicaciones. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (www.juridicas.unam.mx).

• Rodríguez-Arana, Jaime. El Derecho Fundamental a la Buena Administración en la Constitución Española y en la Unión Europea.

• Rodríguez-Arana, Jaime. La Ética en la Administración Pública. Publicado en: http://iij. derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/ inv%20otras%20entidades/UNAM/iij/ponencias%20300104/mesa1/20s.pdf

Hemerografía • Jiménez Alonso, Jorge. El régimen jurídico de los servidores públicos. Ponencia presentada ante la XXXIII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, Revista Vínculo Jurídico Revista 20, Octubre-Diciembre 1994.

• Silva, Patricio. Revista de Ciencia Política Los Tecnócratas y la Política en Chile: Pasado y presente año/vol. 26, número 002, Pontificia Universidad de Chile, Santiago, Chile 2006.

Documentos Oficiales • Constitución Española de 1978 • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 • Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado 1963 (México).

Diccionarios • Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (internet: www.rae.es).

¿Sí o no a la Supervía?

María de Lourdes Ramírez Flores

El Gobierno del Distrito Federal continúa con la construcción de la Autopista Urbana pese a las múltiples inconformidades de vecinos, especialistas del transporte y medio ambiente, así como de legisladores de oposición. El Frente Amplio contra la Supervía Poniente incluso organizó tres debates públicos para analizar las implicaciones económicas, sociales, urbanas y ambientales del proyecto de la vialidad de cuota que unirá Santa Fe con Periférico.1 Consultado en nota de El Universal, del 30 de agosto de 2010 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/103164. html

1

Ante la negativa de las autoridades, el foro “La Supervía a debate. Mitos y realidades”, los vecinos inconformes al proyecto vial se reunieron con académicos e intelectuales para debatir y generar los espacios de discusión que el gobierno de la Ciudad de México no fomentó.

Con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), los vecinos habían demandado suspender la obra para iniciar un diálogo con las autoridades, pero éstas se negaron a ambas cosas.

Aunque el subsecretario de gobierno de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental del DF, Héctor Hernández Llamas, confirmó que no acudirán a los debates, insistió en su disposición al diálogo (sic).

El proyecto pretende “mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado, tanto del transporte público como privado; devolver la competitividad a la Ciudad de México a través del desarrollo de proyectos de alta ingeniería; contribuir a mejorar y ampliar el transporte público en la Ciudad de

79

México y mejorar la calidad de vida de miles de personas que transitan por la Ciudad de México”2 mediante un sistema vial y puentes, túneles y distribuidores en la zona sur -poniente de la ciudad, argumentan las autoridades.

Uno de estos trayectos es la denominada Supervía, que pretende conectar Cuajimalpa con el Periférico Sur. Dicho proyecto, cuya longitud será de 10 kilómetros, pasará por Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán.

Para informar a nuestros lectores en el Distrito Federal, Bien Común (BC) entrevistó a Roberto Remes Tello de Meneses, director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (Institute for Transportation and Development Policy , ITDP por sus siglas en inglés),3 y a Fernando Rodríguez Doval, diputado de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). La charla con ambas personalidades fue simultánea y de esta forma les presentaremos el contenido.

De acuerdo al Gobierno del Distrito Federal “la zona surponiente de la Ciudad de México tiene un rezago importante en http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/ Es un centro global de buenas prácticas, especializado desde hace 25 años en transporte urbano, sustentable y equitativo. Actualmente tiene presencia en 13 países del mundo.

2 3

80

vías de comunicación eficientes, lo que genera atascos viales y largos tiempos de traslado que afectan la calidad de vida de los ciudadanos”. En principio, estás de acuerdo o no con dicha afirmación.

generado polémica. Algunas personas consideran que sería una solución para los problemas de tráfico, otras no lo piensan así. ¿Ustedes creen que el proyecto ayudaría a solucionar el problema? ¿Por qué?

Roberto Remes (RR): La afirmación pudiera ser inexacta, la zona sur-poniente es la que más vialidades tiene, pero en concreto el tráfico hasta Santa Fe ha ido reforzando la demanda de viajes del sur hacia esa zona y entonces, concretamente, es esa zona la que podría eventualmente requerir una conexión directa. Está por verse si lo que requiere es la supervía.

RR: Es probable que solucione los viajes de la zona San Jerónimo-Pedregal hacia Santa Fe. Pero también es probable que genera muchas complicaciones en el resto de los viajes de ambas zonas, particularmente la de San Jerónimo, Pedregal, alrededores y Luis Cabrera, porque eventualmente generará turbulencias en los puntos de conexión con la autopista.

La gente en lugar de moverse hacia un lado en las mañanas se va a mover al lado opuesto.

Y esto eventualmente generará caos. Especialmente en el área de Luis Cabrera.

Fernando Rodríguez Doval (FRD): Nosotros no hemos conocido ningún estudio serio –científico– por parte del Gobierno del Distrito Federal, de la Secretaría de Obras, Secretaría del Medio Ambiente o la Secretaría de Transporte que justifique la construcción de la Supervía. Ellos dicen que es necesaria, pero nosotros les hemos estado solicitando constantemente que nos muestren algún estudio, plano, análisis del costo-beneficio. Y hasta el momento no nos lo han dado.

Entonces de entrada, pues al no conocerlos suponemos que no existe una necesidad real.

La autopista urbana –proyecto mediante el cual el GDF pretende dar solución al problema del congestionamiento vial– ha

FRD: Creo que en toda política pública deben de verse todas las consecuencias –buscadas y no buscadas– que va a traer consigo. Probablemente pueda solucionar el problema del tráfico en algún momento determinado durante algún periodo específico. Pero en cambio va a traer otros problemas que puedan ser tanto o más dañinos. Por un lado, va a generar tránsito inducido; por otro lado, puede generar desarrollos inmobiliarios en zonas que son prácticamente reservas ecológicas, como la zona de Tarango, donde tendría uno de los polos la Supervía del lado de

Álvaro Obregón, casi con Santa Fe y con Cuajimalpa; puede tener graves afectaciones el medio ambiente. No sabemos si pueda resolver el problema, porque no existe ese estudio de costo-beneficio y de cuánto tránsito podría reducir, y por otro lado, si tenemos la sospecha fundada de que puede traer consigo afectaciones ecológicas gravísimas y que por lo tanto deteriore la calidad de vida de los que habitan tanto en la zona de uno de los polos de Santa Fe, Álvaro Obregón, Tarango, San Jerónimo y Luis Cabrera.

Consideras que podría generarse “tráfico inducido”.

RR: Eso lo que va a ocurrir ¿Qué es el tráfico inducido?

Por ejemplo, hace año y medio se inauguró el Tren Suburbano, y la gente lo fue a conocer. Qué bueno que lo fueron a visitar, etc. Ese es un viaje inducido: un viaje que no hubieran realizado nunca hacia Tlalnepantla o hacia Cuautitlán y que realizaron a partir de que se creó la obra. Pero a lo mejor lo hicieron sólo una vez. Cuando se crea una vialidad así se crean nuevos viajes que no existían, que induce la propia vialidad, y que se desarrollaban en transporte público, o no se hacían o se realizaban de alguna otra manera.

Para ustedes ¿cuál sería el impacto más negativo de la obra?

RR: Yo creo que hay una afectación muy negativa en la calidad de vida de quienes están a partir de los Puentes de los Poetas hasta Luis Cabrera.

Pensemos, por un lado, en los vecinos que estén a dos kilómetros sobre la margen de la autopista y que eventualmente otros más se vean afectados.

Es muy probable que otros más se vean afectados en la zona en la que entronque, es decir, desde la Unidad Independencia, San Jerónimo, Pedregal hasta Perisur… toda esa zona puede verse muy afectada por los cambios de flujos en el tráfico.

FRD: Son varios. Está el tema medio ambiental. Yo creo que la Supervía va a dañar gravemente la zona de Tarango, que es uno de los pocos pulmones que existen en la ciudad, y que la va a dañar y se va a generar un desarrollo inmobiliario, aunque digan que no es así. Se va a generar un gran desarrollo inmobiliario a su alrededor. Por otro lado, está el tema financiero. Es una obra estratosféricamente cara que al otorgarse a un particular, y al ser tan cara, va a ampliar el horizonte de concesión durante muchos años y eso se va a traducir en un peaje muy alto, lo que va a hacer que muy pocas personas tengan acceso a ella y, por lo tanto, no va a beneficiar a una gran cantidad de personas. Por otro lado, está el tema del Estado de Derecho, va a dañar a aquellas personas que tienen

una propiedad y que se les va a expropiar. Sobre todo del lado de San Jerónimo y de Luis Cabrera, como en la colonia La Malinche. Son personas que tenían ahí una vida establecida desde hace años y que de manera arbitraria se les va a privar de su propiedad.

Dentro de las principales críticas al proyecto está la falta de transparencia en la asignación de la obra.

La concesión se otorgó sin licitación previa a las empresas OHL Concesiones México S.A. de C.V., Inmobiliaria COPRI y Constructora Atco. ¿Cuál es su opinión al respecto?

RR: Bueno, ciertamente hay incentivos perversos detrás de las misiones de cada una de estas compañías. El hecho de darle una concesión a una empresa inmobiliaria es como dicen “poner la Iglesia en manos de Lutero” y en el caso de OHL es una empresa que se ha especializado en autopistas urbanas –hoy día es la empresa líder en autopistas urbanas- y bueno, suena como que vendieron ellos el proyecto, los convencieron, y de la mano de esto la falta de transparencia sí es cuestionable. De hecho habría que tener un procedimiento de discusión social de este tipo de iniciativas. Que no sólo fueran parte de un plan, es decir, tendrían que ser parte de un plan de movilidad y que la propuesta concreta se abriera a la sociedad y se discutiera, y

81

si se decide hacerla, que hubiera un proceso transparente de concurso de este tipo de obras.

82

FRD: Aún cuando la ley no obliga a que se haga una licitación, lo más sano y lo más transparente es que se hubiera dado ésta. Sobre todo si se toma en cuenta que es una obra multimillonaria y que probablemente si se hubiera dado este proceso habría existido una competencia entre empresas por ofrecer mejores costos y un mejor servicio. Al adjudicarla de manera directa a una empresa, que además es una empresa que ya tiene una trayectoria previa de trabajo para el Gobierno del Distrito Federal, hace que uno piense mal ¿Por qué no se hizo otro mecanismo? Además, insisto, es una obra estratosféricamente cara.

Si bien es cierto que ésta requiere que se construyan puentes y abrir túneles; en comparación con otras obras de infraestructura de gran envergadura es carísima; su costo financiero y de oportunidad es altísimo. Por ejemplo, algo que nosotros mencionamos en la Asamblea del Distrito federal es que la autopista Durango -Mazatlán, que son 230 km.; que incluyen 63 túneles y 118 puentes, costó 17 mil 796 millones de pesos, es decir, cada kilómetro costó alrededor de 77 millones. Esta es una obra de menos de 6 km que va a costar alrededor de seis mil millones. Está completamente

disparatado el costo. Sabemos que por ser una obra tan pequeña el costo es tan alto. Pero ahí es donde habrá que hacer ese análisis de si verdaderamente amerita una inversión de estas características. Una obra que tan sólo va a conectar 5.24 km. ¿Cuál consideran que sería el impacto social de la obra?

RR: La sociedad ya tendría que tener un papel más relevante en la decisión de las obras. Los impactos locales muchas veces se menosprecian en aras de un beneficio general. Hemos tenido demasiados casos en donde el daño que se hace termina acumulándose sobre un daño social muy amplio. Pensemos el caso de los ejes viales a finales de los 70, algunos dicen que era una decisión necesaria y que estuvo bien tirar los camellones para construirlos.

Sin embargo, pensemos cómo sería la vida en las colonias que fueron afectadas por los ejes viales: sería mucho más calmada. Sin los ejes viales se hubiera impedido el crecimiento hacia el sur y hacia el oriente de la ciudad. Esto hubiera propiciado una mejor densificación de la ciudad, que ha crecido demasiado territorialmente cuando debió haber crecido verticalmente. Decisiones así, donde se impuso la autoridad, como en los ejes viales – y antes de ellos, Circuito Interior y el Periférico. Pueblos como Tacubaya fueron muy afectados por

una serie de vialidades impuestas por el gobierno central y reiteradamente encontramos casos donde la autoridad se impone. Incluso hace poco, la línea 12 del metro donde a la gente se le expropió, pudo haber una persona la que le llegó un millón de pesos con la expropiación pero no sabía qué hacer con ese millón de pesos, porque toda su vida se había dedicado al campo. Hay que revisar como sociedad si lo que queremos son proyectos que se impongan con trascabo y no proyectos que busquen cómo armonizar con la sociedad local. Entiendo que después de un proceso de decisión, a lo mejor, puede haber alguna imposición, pero si no hay un proceso de discusión democrática es una cuestión completamente arbitraria y por lo tanto de mucho impacto social negativo.

FRD: Igual, el tema del autoritarismo. Finalmente, se hace una obra sin tener ningún tipo de socialización previa, sino que es una medida autoritaria por parte del Gobierno del Distrito Federal y eso sin duda tiene afectaciones en la vida de la gente, de esas colonias que necesariamente va a cambiar su vida cotidiana. La vialidad va a generar desarrollos en su alrededor, va a generar cambios de hábitos y de costumbres, de personas que tienen muchos años viviendo en la zona de Tarango o de la Malinche y que pareciera que el Gobierno

del Distrito Federal está desconociendo completamente en aras de favorecer, en este caso, a un privado.

Mucho se ha discutido sobre el impacto ecológico que tendrá el proyecto. ¿Ustedes cuáles consideran que serían las consecuencias de la Supervía en el medio ambiente?

RR: Bueno, creo que muchos de los grandes proyectos pueden lograr una adecuada compensación. Yo en este tipo de cuestiones soy partidario –aunque tendría que haber un cambio legal– de que las compensaciones ambientales se realicen por anticipado. Al momento de que se realice la afectación que ya se haya compensado. Y esto lo que nos genera es un banco de servicios de compensación que tendría grandes beneficios ambientales. Lo que hoy ocurre es que se sustituye en proporciones en función del tamaño y la importancia del árbol. Puede ser de 4 a 1, de 8 a 1… pero a veces se sustituye un árbol grande que tiene un gran ramaje, que tiene una función ambiental importante, por árboles pequeños que en teoría tendrían que estarse supervisando y en la práctica no ocurre. Entonces, generalmente, las compensaciones ambientales no están logrando el efecto –jurídicamente se llama compensación ambiental– pero en la práctica no lo están logrando.

Creo que la mayoría de los im-

pactos pueden compensarse considerando que es una zona urbana. Sin embargo, un punto relevante es cuando se afecta un área natural protegida, como es el caso de La Loma. Si una sociedad determina declarar un área natural como protegida es porque no debe de tocarse nunca más. Puede haber manejo de la zona, pero una sociedad decide que no se toca nunca más. Cuando se lleva adelante una afectación así es que todo va a tener precio. En el Bosque de Chapultepec ya hubo algún intento de hacer una torre y un estacionamiento bajo la torre. No, el Bosque no se debe tocar nunca. Podemos pensar en muchos otros casos.

FRD: En el caso de Tarango hay incluso un decreto en la Gaceta Oficial del 22 de julio del 2009 donde a 267 hectáreas se les declara áreas de valor ambiental. Y esas áreas se van a ver afectadas por la construcción pues se van a promover –consciente o inconscientemente- desarrollos inmobiliarios, o incluso asentamientos irregulares alrededor de esta construcción. Nos llama mucho la atención que el estudio de impacto ambiental lo hizo la empresa que pretende construir, entonces pues ya sabíamos lo que iba a decir ese estudio, prácticamente. No existe la certeza de que ese estudio haya sido hecho con objetividad, con rigurosidad metodológica, científica, etc. Sino que

la empresa iba a poner un estudio que favoreciera a sus propios intereses; nos llama también la atención que ni un solo especialista en temas ambientales, urbanos, etc., se ha pronunciado a favor de la Supervía. Eso nos genera mucho ruido desde el punto de vista medioambiental, y por lo tanto creemos que es una obra que va a traer afectaciones importantes.

Es interesante señalar que un grupo de expertos de la UNAM, UAM y distintos centros, entre los que se encuentran el Dr. Luis Zambrano (Instituto de Biología - UNAM), Víctor Hugo Reynoso (Instituto de Biología - UNAM), Luis Bojorquez (Instituto de Ecología- UNAM), Gustavo Cruz Bello (Instituto de Geografía - UNAM), Pedro Moctezuma ( Programa para la Sustentabilidad –UAM) y Elena Burns (Centro para la Sustentabilidad, Zncalli Zxchicopa) hicieron observaciones a la medición de impacto ambiental que Fernando menciona. Algunas de las observaciones son que la medición de impacto ambiental tiene datos erróneos sobre la filtración de agua al subsuelo, faltan datos sobre flora y fauna, etc. Por lo anterior, podría suponerse que se subestima el impacto ambiental que tendrá la obra ¿Qué opinan al respecto? ¿Consideran que el estudio realizado por el Gobierno del Distrito Federal es suficiente para autorizar el proyecto?

83

84

RR: Ahí voy a tener una posición menos contraria a la Supervía. Creo que todos los impactos ambientales, la mayoría de los impactos ambientales pueden compensarse. Pero tengo mis dudas de que lo estén haciendo, en tanto que es una obra que más tiene la decisión política que una serie de decisiones responsables. Si no están siguiendo el proceso democrático, tampoco van a seguir el proceso ambiental debido. Temas como la filtración pueden resolverse. Temas como la captura de bióxido de carbono, eventualmente, también podría compensarse. La idea es que si estamos afectando bosque, ¿por qué no compramos ocho veces el área afectada por esa obra de zonas que se invadieron y no debieron haberse invadido y tratar de hacer una restauración del bosque en las partes altas y empezar a recuperar suelo de conservación? Porque estos árboles que se siembran para compensar el daño los van a sembrar sobre los camellones de la zona o sobre un parque deforestado, pero no le van a ganar suelo a la ciudad. Es decir, quitar zonas que no debieron urbanizarse y comprar suelo en esa zona. Si tengo mis dudas al respecto de lo que se está haciendo, pero creo que sí se pueden hacer las compensaciones. No soy biólogo, quiero acotar mi dicho en esos términos. Un biólogo podría decirlo mejor.

FRD: Creo que es una obra que va en contra del Plan Verde del GDF, que iba muy encaminado a fomentar el uso del transporte público más que del transporte particular. Al construir más vialidades, lo que van a lograr es que la gente siga utilizando su vehículo. Y por otro lado, es una obra que se brinca los programas delegacionales de desarrollo urbano, en este caso de Álvaro Obregón, de Cuajimalpa y de Magdalena Contreras al venir una autoridad central, del gobierno del DF, a imponerles una vialidad que tendrá implicaciones en el desarrollo urbano de esas delegaciones. ¿Cuál consideran que sería el impacto urbano de construir el proyecto? ¿Consideran que mejoraría el impacto visual de la Ciudad de México?

RR: Los impactos urbanos pueden ser muy amplios. Generalmente en este tipo de obras lo negativo está, precisamente, en los impactos visuales. Un segundo piso podría hacerse abajo y no arriba.

Eventualmente puede haber una discusión en torno a la movilidad: lo que afecta o lo que perjudica. Pero en torno a los impactos visuales, el tener este tipo de moles donde antes veías verde es cuestionable.

Los impactos urbanos son estos cambios de flujos de tráfico que se generen, que para algunos podrá acortar, a lo mejor, una hora el camino. Para otros,

va a incrementar en una hora el camino. Y el tiempo de las personas ¿de quién vale más el tiempo de las personas? Resulta que los que trabajan en Santa Fe ganan más y entonces, su tiempo vale más. Y el pobre vale menos y el pobre no trabaja en Santa Fe –o muy pocos trabajan en Santa Fe–. Resulta que hay ahí una ponderación de los tiempos de los ricos y no los del pobre.

FRD: Estas obras son muy poco amigables desde el punto de vista estético. En las zonas por donde va a pasar, que hoy en día son zonas de barrancas, de parques ecológicos naturales como Tarango, la Loma, construir una vialidad de esas características no es estético, es todo lo contrario. Eso contribuye a la imagen de la Ciudad de México como un amontonamiento de construcciones, vialidades, puentes, distribuidores, etc. Por supuesto, eso no genera tampoco un buen impacto visual.

Sólo para comparar, recientemente en Seúl, Corea del Sur, tiraron un segundo piso que corría sobre el río Cheonggye, cercano al distrito financiero de la ciudad y con importante afluencia vehicular.

El gobierno convirtió el área en un parque e implementó un servicio de transporte público eficiente, con resultados muy positivos. Existen casos similares en San Francisco y Portland ¿Por qué creen que en

la Ciudad de México estamos a contracorriente en cuanto a urbanismo?

RR: Todavía estamos en el punto en donde la solución no va a la raíz: cada problema que encontramos estamos dando una solución de botepronto y no estamos viendo cuál es la problemática de fondo. Si nos ponemos a hacer un análisis, a contabilizar todas las inversiones que habría que hacer para que esta ciudad nunca más volviera a tener tráfico o las inversiones en materia de transporte para que esta ciudad fuera sustentable en materia de transporte. Siempre va a ser más barato el transporte público que la vialidad. Independientemente de quién lo pague, porque nunca acaba. Siempre pongo el ejemplo del Callejón del Aguacate: se satura el segundo piso, entonces le ponemos segundo piso a los ejes viales. Se saturan los ejes viales, le ponemos segundo piso a las vialidades secundarias.

Se saturan las vialidades secundarias y vamos a ponerle un segundo piso al Callejón del Aguacate. Es el cuento de nunca acabar la ruta de las vialidades. Dice el dicho: “siembras vialidades, cosechas automóviles”. Hay un ejemplo muy interesante de desmontes de segundos pisos, y es más forzado que el de Corea. Cuando Corea del Sur se volvió un país más desarrollado, Seúl pudo tomar ese tipo de decisiones: vamos a desmontar la estruc-

FRD: El problema ha sido que en la Ciudad de México ha faltado visión de largo plazo en todas las materias, pero muy específicamente en materia de transporte. Simplemente lo que ha buscado la autoridad ha sido, coyuntural y puntualmente, obras de relumbrón que, incluso, pueden tener efecto electoral. Lo vimos con los segundos pisos, lo vemos ahora con la Supervía que se construye en la segunda mitad de un sexenio; preparada para inaugurarse en vísperas de las elecciones. Eso nos hace ver que no hay planeación a largo plazo, no hay una visión a 20 o 30 años, sino una visión coyuntural de muy corto plazo, buscando incluso un beneficio electoral. Y eso carece de una visión urbana integral.

RR: Justo en el mediano y el largo plazo es cuando se va a demostrar que no. El cambio de movimientos, todo el tráfico inducido va a generar un nudo, más o menos en Perisur y San Jerónimo. Yo creo que más concretamente entre Ajusco y San Jerónimo va a generar un gran nudo vial y a contribuir a que el nudo vial sea en las dos direcciones. En la mañana va hacia un lado, en la tarde hacia el otro; le llamamos pendular.

Esto va a generar que todo el día, en todas las direcciones tengamos este nudo. Justo ese punto va a ser el tapón. Y aún cuando se llegara a construir el segundo piso del Periférico, que es otra problemática que va a tener que enfrentar la ciudad si lo construyen; al final de cuentas va haber tapones en todas las alimentadoras y generará un gran caos. También hay que comentar lo que sucede en el Oriente: si vives en esa zona te doy transporte público, pero no a todos. El metro no puede llegar a todos lados. Si vives en el Poniente, te doy vialidades. Esto logra la discriminación. El transporte público va a seguir siendo el símbolo del pobre, y la vialidad del éxito económico. Un gobierno que se dice de izquierda hace lo opuesto.

¿Creen que la Supervía es una alternativa viable al problema del congestionamiento en la zona Sur-Poniente de la Ciudad de México en el mediano y largo plazo?

FRD: Probablemente, si acaso se llegaran a ver beneficios, los veríamos en el corto plazo.

Pero en el mediano y largo plazo veríamos que la Supervía no resolvió de fondo el problema

tura que nos afea el paisaje. En el caso de San Francisco, en un terremoto, se cayó el Freeway elevado y de pronto la sociedad tiene que tomar decisiones sin él. De pronto, la sociedad descubre que puede funcionar sin esa vialidad ¿Por qué vamos a montar el Freeway, si podemos vivir sin él? Entonces desmontaron todo el Freeway, no sólo la parte que se cayó. Y rescatan el embarcadero.

85

FRD: pensar en un transporte público, de calidad. Limpio y seguro. Que la gente deje su automóvil y use el transporte público.

Mientras el gobierno no le entre a eso y en muchos casos el transporte público siga siendo cotos de poder, como en el caso de los microbuses y taxis, taxis piratas, seguiremos viendo que no hay una estrategia de largo plazo, integral. Simplemente es estar parchando un problema que va más allá de seguir construyendo vialidades, que van a hacer que la gente siga utilizando su automóvil, siga contaminando y esta ciudad cada vez sea mucho menos amigable.

En resumen, su posición personal ¿Sí o no a la autopista urbana?

RR: Sí, sobre el Callejón del Aguacate.

de tráfico y de movilidad en esa zona. Y vemos que falta una visión de largo plazo, una visión integral que proyecte a la ciudad a 20 o 30 años y que incluso pueda predecir, un poco, cuáles van a ser los movimientos poblacionales que se van a dar entre una zona y otra.

86

Hablando del mediano y del largo plazo ¿Cuáles consideran que serían alternativas viables a construir la Supervía para mejorar el problema del transporte en la Ciudad de México?

RR: La ampliación de la oferta de transporte en el sur de la ciudad y su conexión con los Puentes de los Poetas y con la Avenida Constituyentes, que tiene potencial para un Metrobús. Para la zona de San Jerónimo existe la propuesta de ampliar la línea 7 del Metro, yo creo que más bien habría que buscar una solución muy articulada. Y sale mucho más barato, el beneficio social va a ser más alto. Hay que articular movimientos entre la zona de San Jerónimo y la de Santa Fe.

FRD: No, porque no hay un estudio serio que la avale. No, porque no hay un estudio medioambiental que muestre que se pueden mitigar sus efectos. No, porque no es financieramente viable. Parece una obra para generar una impresión positiva de cara a un proceso electoral y porque parece beneficiar a una empresa que ya tiene un historial de haber trabajado con el Gobierno del Distrito Federal, pero que no pareciera que se están evaluando de manera integral los beneficios para los habitantes de la zona y los que eventualmente serían beneficiarios de la obra.

El reconocimiento de los derechos laborales de las madres adoptivas Diódoro José Siller Argüello

La concreción de una sociedad justa no es obra sólo de los ordenamientos, normas y prácticas que crea el poder formalmente constituido o de la acción política. Su búsqueda y materialización debe amalgamar el deseo de conquista del bien común y la protección de la dignidad de las personas.

Una sociedad justa parte de la concreción de normas públicas que dan fin y sentido al quehacer cotidiano del gobierno; y este quehacer tiene en primer y último objetivo al hombre como centro y fin de toda actividad, la actividad económico-social.

En la complejidad de las

sociedades modernas resulta indispensable la creación de instituciones e instrumentos jurídicos que permitan a sus integrantes gozar de obligaciones y derechos en un entorno de libertades individuales y colectivas, con un marco de igualdad y respeto a la dignidad. Estas instituciones e

87

instrumentos deben, de manera indeclinable, sostener una visión o aspiración de sociedad, familia y hombre y a ellas debe encaminar sus esfuerzos de protección y previsión.

Las personas actúan e interactúan en diversas esferas o ámbitos. El ámbito laboral es sólo uno de los diversos que existen. En las relaciones laborales debe procurarse la salvaguarda de la dignidad de las personas. El gobierno, las instituciones y normas con que se cuentan deben garantizar la existencia de sistemas de protección y previsión laboral que garanticen a las personas un sólido nivel de garantías tuteladas a partir de la creación de diversos derechos.

Los derechos laborales de los trabajadores pueden y deben ser concedidos conforme a las aspiraciones que de sí misma va construyendo la comunidad. Las figuras que se van creando deben promover orgánica e institucionalmente el bien común y éste debe inspirarse, al menos implícitamente, en una visión del hombre y la familia.

88

Los derechos laborales constituyen una búsqueda constante de mejoras. En las leyes mexicanas existe desprotección de las madres adoptivas, quienes “legalmente adquieren todas las obligaciones y derechos que les asignan las legislaciones de carácter privado

y público, existiendo una gran laguna dentro del derecho social, en específico en el derecho de la seguridad social. Actualmente se deja sin protección durante el periodo de la inserción familiar y social a la madre y a su hijo… De ahí que las reivindicaciones de equidad y de igualdad de las mujeres entre sí y respecto a los hombres, y de la sociedad en general, deben ser impulsados dentro de la seguridad social”.1 Otorgarse derechos a los padres en adopción impactaría dialécticamente tres esferas o pilares concretos de la sociedad: la individual o personal, la familiar y la social. Hacerlo posible contribuiría al afianzamiento de una sociedad democrática, incluyente y humanista, después de todo, la diferencia entre los sistemas democráticos y los sistemas totalitarios o absolutistas no radica, en lo fundamental, en saber cómo se procesan las decisiones de la mayoría de sus integrantes; la diferencia radica en la sensibilidad que se tiene para procesar e incluir a diversos sectores que, con respeto a las normas naturales, buscan garantizar la igualdad en cada uno de sus integrantes.

Es por ello que el presente trabajo aborda la necesidad de otorgar derechos iguales para los padres, sea concretada por vía natural o biológica o a través de la adopción.

Mendizábal Bermúdez, Gabriela. Análisis comparativo de las prestaciones de seguridad social por maternidad. En boletín mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIX, num. 116, mayo, agosto de 2006, p. 453

1

La ley debe tratar igual a los iguales, no debe otorgar tratos diferenciados y, en consecuencia, discriminatorios a las personas que por decisión propia han tomado la determinación de adoptar un hijo.

Estas medidas tendrían repercusión en cuatro ámbitos: el de los padres que han adoptado, el del hijo que ha recibido un hogar, el de la familia que se fortalece y consolida y el de la sociedad que tiene en la familia a su célula original.

La realización de estas medidas exige la concurrencia de diversos actores económicos, políticos y sociales. Los gobernantes tienen el deber y obligación de jugar un papel preponderante en la construcción de un sistema de protección social que abone en favor de la prevención y protección de los gobernados.

Las familias son el núcleo social básico por excelencia y esta no es sólo una frase hueca. En la familia se abreva y funda la educación de mejores ciudadanos y constituye la iniciación de seres humanos en la conquista de valores. La adopción de medidas como esta permitiría a la célula original de la sociedad ser ayudada y defendida.

Puede haber opiniones que califiquen esta reforma como de las menos importantes en el mundo laboral, dada

la existencia de rezagos y la necesaria adecuación de diversos aspectos de la vida laboral; tal nivel de prioridad, dirían, radica en un aspecto cuantitativo o de obtención de impacto mediático. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, reconoció el trato diferenciado y discriminatorio a ellas en otros aspectos igual o más relevantes que el que nos ocupa. Sirvan tres ejemplos al respecto: El número de plazas –particularmente en cargos de dirección– son menores; no está prohibida la existencia, en la práctica, del certificado de ingravidez, se encuentran en indefensión frente a figuras como el acoso sexual.2 Disentir de la posición que minimiza este tema no resulta difícil, en virtud de que una sociedad debe procurar el avance de su población sin fijarse sólo la cantidad de personas a las que se dirige alguna política pública, sino en la construcción de acuerdos para alcanzar una sociedad más justa. Pero quizá este tema, como seguramente muchos otros, no alcanza la visibilidad pública debido a la poca o casi nula difusión del tema en los medios de comunicación. Empero, “se tienen cifras de que un 15% de la población nacional, tiene problemas de esterilidad y, como consecuencia, grandes deseos y posibilidades de adopRevista Vértigo no. 477, mayo 9 de 2009 “Reforma Laboral, Impostergable para el Desarrollo”, entrevista a Javier Lozano por Arturo Rodríguez, p. 8-13

2

tar a un niño o niña, susceptible de serlo”.3 Según el DIF, “en cuanto a las solicitudes de adopción, nos encontramos que durante el año 2006 se reportaron 2,817”. Estos números deben verse a la luz de que el 92% de las solicitudes recibidas fueron de carácter nacional, mientras que el 8% restante fueron solicitudes de adopción internacional. Adicionalmente, el 92% de las solicitudes reportadas se recibieron en los Sistemas Nacional y Estatales DIF, el 8% restante de instituciones públicas, privadas o particulares.4 El aspecto cualitativo de estos números radica en que los cambios y transformaciones que hacen a una sociedad más justa e igualitaria no son grandes brincos o saltos para modificar un status quo, son pequeñas conquistas, luchas cotidianas con impacto concreto en el tejido social, en el vivir cotidiano de las personas, ya que al final del día lo que se trata es de garantizar derechos que contribuyan a construir el bien común.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 señala que: Extracto de la iniciativa presentada por los Senadores Blanca Judith Díaz Delgado y Héctor Pérez Plazola, ante el pleno para reformar y adicional los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional. http://www. senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/04/19/1&docu mento=27 4 Diagnóstico de la Adopción en México, Secretaría de Salud - DIF, p. 32 3

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, puntualizando en la fracción V, del apartado A, los derechos de los cuales gozan las trabajadoras con motivo de su maternidad: “Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.” Asimismo, el apartado B de dicho numeral señala: “Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además,

89

disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles”.

La adopción en otras democracias En un mundo global, otras democracias han avanzado en la conquista de derechos para las madres. Desde una perspectiva comparada hay experiencias de las que se podría abrevar.

Así, en España, se otorgan derechos similares a los de las madres biológicas. Si el hijo adoptado es menor de nueve meses, la madre o el padre podrá disfrutar de un permiso de maternidad (o paternidad) con una duración máxima de 16 semanas distribuidas según les interese, a partir de la decisión administrativa de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco años, el plazo se reduce a seis semanas.

90

En relación con las Percepciones salariales, la legislación española establece para las madres adoptivas que “el permiso por adopción será retribuido en 100%, siempre y cuando se haya cotizado al menos 180 días dentro de los cinco años a la fecha de adopción. La baja por este motivo será retribuida 100%, siempre y cuando haya cotizado a la Seguridad Social al menos durante 180 días en los cinco

años anteriores a la fecha de la maternidad”.

Pero los españoles no se limitan a la tutela de los derechos maternos, también han avanzado en favor de derechos de los padres adoptivos. La legislación da opción al padre a que asuma los permisos contemplados para maternidad y cuidados del niño. De esta forma, la responsabilidad familiar se reparte equitativamente. Ahí incluso se analiza por parte del Ministerio de Trabajo regular la equiparación del permiso de maternidad de los hijos adoptivos y acogidos con el de los biológicos. De esta forma, el descanso sería de 16 semanas independientemente de la edad que tuviera el niño adoptado.

Además, se podría ampliar el derecho del padre a disfrutar de este permiso, con la posibilidad de compaginar el descanso con la madre, a partir de la sexta semana del nacimiento. Esta sólo estará obligada a disfrutar del permiso durante las seis semanas posteriores al parto.5 En Austria, al igual que en España, la maternidad recibe tratamiento de contingencia protegida; sin embargo, su ámbito de protección no se hace extensivo a las madres adoptivas; lo que sucede es que por medio del Fondo para la Familia, se les otorgan ciertas prestaciones atendiendo al caso concreto. http://www.guiainfantil.com/servicios/Adopcion/derechos. htm

5

En Italia, fue hasta el año 2000 que el ámbito de protección por maternidad incluyó la adopción y el acogimiento de menores de seis años. Respecto a las prestaciones, el ordenamiento denominado Tutela della maternità, distingue entre dos tipos de ausencias al trabajo, las obligatorias y las facultativas. El inciso referente a los hijos adoptivos, señala que las trabajadoras que adopten niños menores de seis años, en adopción nacional, podrán disfrutar de la indemnización correspondiente a los tres meses siguientes al ingreso del niño a la familia, además de gozar de la ausencia obligatoria, que consiste en los tres meses siguientes a la adopción. En algunos casos se otorga la ausencia facultativa al trabajo, que consiste en seis meses no consecutivos al primer año del menor en la familia. Excepcionalmente esta prestación se puede hacer extensiva a los padres.

En Inglaterra, existen diferentes figuras por las que se prevén este tipo de situaciones: • Licencia por adopción (adoption leave): consiste en hasta 52 semanas de licencia para aquellos empleados calificados que hayan adoptado, se compone de la siguiente manera: • Licencia ordinaria por adopción (ordinary adoption leave): 26 semanas. Cabe mencionar que durante este

periodo ordinario, la relación laboral subsiste, a menos de que el contrato haya expirado o el empleador así lo señale. Durante esta licencia, el trabajador tiene derecho a mantener las mismas condiciones de trabajo que tenía previas a la adopción, exceptuando los salarios, mismos que podrían sufrir modificaciones.

• Licencia adicional para adopción (additional adoption leave): 26 semanas.

Para el caso de que se llegue a solicitar esta licencia, es necesario que su inicio sea inmediato al término de la licencia ordinaria. Al igual que la licencia ordinaria, durante este periodo, la relación laboral subsiste con las salvedades antes precisadas. La distinción con la licencia ordinaria por adopción radica en que el patrón no se encuentra obligado a pagar los salarios al trabajador.

• Pago por adopción (statutory adoption pay): es aquella remuneración económica que reciben ciertos trabajadores ‘cualificados’, dependiendo de su antigüedad y salarios. Esta contraprestación puede llegar a ser hasta de 39 semanas de salario.

• Permiso y pago por adopción del padre (statutory paternity leave and pay): Si los adoptantes son una pareja, la persona que no gozará de licencia, ni pago por

adopción, podría solicitar una licencia temporal de hasta dos semanas, con pago de salario.

La necesaria actualización del marco jurídico mexicano En la Cámara de Senadores se presentó una iniciativa relacionada con el tema, en la que se plantea: el derecho de las madres adoptivas a gozar del beneficio equivalente al término que se otorga por maternidad biológica.

Ello se planteó en función de que “en diversos países, así como en algunas instancias públicas y privadas de nuestro país, se ha logrado alcanzar como derecho laboral, el que las madres trabajadoras que deciden adoptar a un niño o niña, no mayor a los seis años de edad, se le otorgue un permiso o descanso por maternidad adoptiva, igual al otorgado como posparto, por concepto de maternidad biológica. Esto es, equiparando la fecha del parto, a la fecha de que cause ejecutoria la sentencia de adopción a favor de la madre adoptiva.

La iniciativa de referencia impacta directamente al artículo 123 de la Carta Magna, en los siguientes términos: V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su

salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

En caso de que el parto ocurra antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto, se acumulara al descanso posterior al parto todo el lapso de tiempo que no se hubiere gozado antes de éste, de modo que se completen las doce semanas de descanso por maternidad, y el descanso se acrecentará con el número de semanas o días equivalentes a la diferencia entre la fecha fijada para el parto y la fecha en que este ocurra.

Para los efectos del primer párrafo de ésta fracción, las mujeres que reciban en adopción a niño o niña, cuya edad sea inferior a los seis años, gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas posteriores a la fecha en que cause ejecutoria la sentencia a favor de la adoptante.

B.XI. c.

91

92

También se propuso impactar las fracciones II y VII, del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Articulo Segundo. Se reforman y adicionan las fracciones II y VII, del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: II.-... Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. En caso de que el parto ocurra antes de la fecha fijada aproximadamente, se acumularan al descanso posterior todo el lapso de tiempo que no se hubiere gozado antes del parto, de modo que se completen las doce semanas y se acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia entre el tiempo establecido para el nacimiento a término, y la edad gestacional del recién nacido, la cual deberá comprobarse con el certificado médico otorgado por la Institución que conozca del nacimiento.

Por tanto la trabajadora deberá para los términos de este artículo comunicar fehacientemente su embarazo al empleador presentándole el certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto o el mismo empleador podrá a su vez requerirla por tal comprobación.

En igualdad de condiciones, las mujeres que reciban en adopción a niño o niña, cuya edad sea inferior a los seis años, disfrutarán de un descanso de seis semanas posteriores a la fecha en que cause ejecutoria la sentencia a favor de la adoptante. Para lo cual, la trabajadora deberá comunicar sobre la resolución al empleador presentándole copia certificada de la resolución y acuerdo en el que conste la fecha en que se declaró ejecutoriada la sentencia de adopción a su favor.

VII.-...A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales, así como los periodos empleados en partos prematuros o por adopción, los cuales también serán computados en la antigüedad en el empleo.

Artículo Tercero. Se reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. En caso de que el parto ocurra antes de la fecha fijada aproximadamente, se acumulará al descanso

posterior todo el lapso de tiempo que no se hubiere gozado antes del parto, de modo que se completen los tres meses y se acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia entre el tiempo establecido para el nacimiento a término, y la edad gestacional del recién nacido, la cual deberá comprobarse con el certificado médico otorgado por la Institución que conozca del nacimiento. Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para amamantar a sus hijos.

En igualdad de condiciones, las mujeres que reciban en adopción a niño o niña, cuya edad sea inferior a los seis años, disfrutarán de un descanso de dos meses posteriores a la fecha en que cause ejecutoria la sentencia a favor de la adoptante. Para lo cual, la trabajadora deberá comunicar sobre la resolución al empleador presentándole copia certificada de la resolución y acuerdo en el que conste la fecha en que se declaró ejecutoriada la sentencia de adopción a su favor.

Tendrán derecho a que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales, así como los periodos empleados en partos prematuros o por adopción,

más justa. Este cambio que se propone, difícilmente, puede encontrar oposición de algún sector de la población. Tal hecho resulta de fundamental importancia, en virtud de que el contexto actual, donde con mucha frecuencia existe la subordinación para alcanzar acuerdos a la existencia de calendarios electorales y, en consecuencia, de los intereses particulares o sectoriales.

los cuales también serán computados en la antigüedad en el empleo.

A manera de conclusiones Un principio general debe primar en la construcción de normas y leyes en beneficio del bien común: otorgar trato igual a las iguales. Las mujeres que trabajan son sujetas al mismo régimen de obligaciones y, por lo tanto, deberían ser partícipes del mismo sistema de derechos y prerrogativas.

Una sociedad se aliena cuando impulsa únicamente proyectos orientados al avance de la técnica, o el mercado y, en consecuencia, desplaza la centralidad de las personas en los

procesos económicos, sociales o laborales. Se aliena cuando revisten formas inhumanas y omiten el rostro humano del proceso de desarrollo.

Los procesos de desarrollo deben coincidir con la inclusión multifactorial y transversal de todas las personas y familias que dan origen y sustentan a la sociedad. Los gobernantes tienen en la búsqueda de protección de las personas y las familias el compromiso de defenderlos mediante la implementación de cambios legales apropiados.

El cambio en la normatividad laboral contribuirá a la construcción de una sociedad

El desarrollo de una sociedad debe avanzar en beneficio de un sistema que permita a los trabajadores desempeñar su actividad en condiciones dignas y respetables, evitando toda discriminación, que les permita satisfacer las necesidades de la familia, atendiendo y educando a sus hijos y dejando espacio para reencontrar las raíces de las células primigenias de la sociedad.

Y si los conceptos de maternidad y paternidad no admiten moral y éticamente diferenciación por la naturaleza biológica o adoptiva que les da origen, tal y como sucede con los hijos, en donde no hay diversa denominación para el origen de la filia. Eso mismo debería suceder con el estatus legal de las mujeres que tienen la bendición de ser madres. Después de esta transformación, deberíamos pensar en el necesario impulso del otorgamiento a los padres de familia de tutela para atender a los recién nacidos o recién adoptados.

93

Programa económico 2011 Paulina Lomelí G.

94

Se entregó al H. Congreso de la Unión la propuesta del Programa Económico 2011 compuesta por la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011 y los Criterios Generales de Política Económica correspondientes.

Dentro de la propuesta se toman en cuenta las siguientes proyecciones para los siguientes indicadores: una tasa de crecimiento económico de 4.5% en 2010, y de 3.8% para 2011, una inflación de 3.0% para 2010 y una tasa de interés promedio de los Cetes a 28 días de 5.0% en 2011.

Además, se calculó un precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de 63 dólares por barril y plataformas de producción de dos mil 550 barriles diarios –de lo cual se destinarán mil 149 barriles diarios para exportación– para 2011.

En dicho programa se consideró un déficit presupuestario de 42.2 miles de millones de pesos (equivalente a 0.3% del PIB) excluyendo la inversión de Petróleos Mexicanos. Es importante subrayar que no se está considerando la creación de nuevos impuestos ni el incremento a tasas de los impuestos vigentes.

El Proyecto de la Ley Federal de Derechos contempla una propuesta de simplificación tributaria y de una menor carga regulatoria. Asimismo, se propone incluir en el régimen fiscal especial de Pemex, aguas profundas y Chicontepec, en ciertas zonas y cuando se cumplan una serie de criterios de rentabilidad.

Se estimó que los ingresos crecerán 3.9% con respecto a lo aprobado en 2010. Dentro de este rubro, los ingresos petroleros serán superiores en 4.5% a lo contemplado para 2010, y se prevé que en 2011 la recaudación tributaria alcance un monto equivalente al 10.3% del PIB (un avance importante frente al 9.6% actual).

Para 2011 se calculó un gasto mayor al de 2010 en 62.5 miles de millones de pesos, es decir, 2.1% más alto.

En materia de seguridad pública, destacan los crecimientos reales propuestos para las secretarías de Gobernación (9.6%), Defensa Nacional (13.1%), Marina (10.6%) y Seguridad Pública (28%), con respecto al proyecto de 2010.

Además, se consideraron incrementos importantes en los recursos asignados a las secretarías de Turismo (33.5%), Economía (15.7%),

Educación Pública (7.1%), Salud (4.2%) y Comunicaciones y Transportes (4.7%), así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (7.2%), con respecto al proyecto de 2010.

Para 2011, la inversión impulsada será de 622.5 mil millones de pesos, monto que será mayor en 72.2% al observado en 2000.

Por último, se propuso que el gasto federalizado aumente en 2.0%. Si esto se aprobara, las participaciones y las aportaciones a las entidades federativas se incrementarían en 6.8% y 2.7%, respectivamente, con relación a lo aprobado para 2010. El monto estimado de las participaciones a los estados, para 2011, es el máximo histórico que se ha registrado.

El ahorro total para ese año será, según este paquete, de 20 mil millones de pesos y los principales rubros en donde se registrarán recortes son: oficialías mayores y áreas homólogas; asesorías y consultorías; pasajes y viáticos de funcionarios; gasto para alimentación de funcionarios públicos; gasto de delegaciones federales; servicios de telefonía fija y celular; impresión y fotocopiado; consumo de agua; energía eléctrica y servicio postal; estudios e investigaciones; donativos; remodelación y conservación de oficinas públicas, etc.

El debate mayor, en torno al paquete, se encuentra en la reducción al IVA, de 16% a 15%; lo cual llevaría a hacer ajustes en otros rubros, tales como transferencias a los estados, gasto corriente o nivel de endeudamiento. Sin duda, la mejor opción será aquella que no ponga en riesgo a las finanzas públicas.

La decisión que tome el Congreso será el reflejo del grado de responsabilidad que tengan los legisladores para salvaguardar la viabilidad de las finanzas y el desarrollo de México.

95

R

R ESEÑA Campañas electorales y sus límites legítimos María Elena de la Rosa Vázquez

Las fundaciones Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en inglés) y la Rafael Preciado Hernández (FRPH) organizaron el pasado 7 de septiembre el foro “Campañas electorales y sus límites legítimos”, en el hotel Melía-Reforma, de la ciudad de México.

96

En esta actividad académica asistieron Javier Oliva Posada,

de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Juan José Rodríguez Prats, investigador de la FRPH; David Sánchez Apresa, del Comité de Elecciones del Comité Directivo Regional del PAN en el DF; el politólogo alemán Hans-Juachim Veen, por parte de la KAS, y como relator del encuentro, Aminadab Pérez Franco, direc-

tor del Área de Análisis Político y Discurso de la Fundación Miguel Estrada Iturbide.

Los ponentes, resumió Pérez Franco, hicieron hincapié en el trayecto gradual de la construcción de la democracia en México; en que éste es un proceso largo y complejo, que tiene que ver con el grado de educación política de la ciudadanía;

R ESEÑA coincidieron también en el cambio de conciencia para llevar a cabo esta transformación; matizaron sobre la dispersión y centralización del poder en reglas contradictorias que sólo confunden al ciudadano, y ahí es dónde se aprecian los límites legales y legítimos de las campañas electorales.

Las alianzas sin duda fueron uno de los tópicos recurrentes, que no sólo provocaron la discusión y el análisis; así como la calidad humana que deben tener todos los políticos, fundamental para que finalmente el sistema mexicano pueda avanzar en la democracia.

El debate llevó a replantear las formas de hacer política y las reglas para disputar el poder. Los límites legales y legítimos, sobre todo en relación con los medios de comunicación, que actúan más que como medios como agentes con su propia agenda.

Y dado los procesos electorales recientes, se cuestionó la calidad democrática y el planteamiento de qué tan legítimas pueden ser las alianzas bajo estas circunstancias.

En su oportunidad Javier Oliva Posada, de la UNAM, sostuvo que la inercia en el país es que se propongan reformas políticas luego de una crisis electoral, que no sólo se da en el caso de México.

El catedrático universitario recurrió al concepto de democracia, entendido como el razonamiento colectivo (organizar el debate). Por lo que las elecciones pasadas –consideró– fueron una regresión, ya que lo que menos se trasmitían eras propuestas. ¿Qué se premia en el debate político en México?, cuestionó.

Respecto a la reforma política, Oliva Posada añadió que debe darse junto con una reforma electoral, o viceversa. “Si los partidos políticos tienen la disposición para darse cuenta que los ciudadanos votantes estamos cambiando”, esto se realizaría sin duda. Se trata de conductas políticas de los partidos, porque la democracia necesita de demócratas.

Juan José Rodríguez Prats planteó que la construcción de la democracia requiere de muchos elementos y condiciones, y a veces nos encontramos con cierto desaliento. Rememoró las crisis política de 1988 y que cuando el gobierno de Carlos Salinas requirió hacer reformas, el PAN aprovechó el momento, “un partido que se acerca al poder”.

Hoy, comparó, la falta de negociación del PRD atora la democracia, porque el problema fundamental está en la tentación del poder.

Nos hacen falta reformas,

R

coincidió con Oliva, porque algunas de ellas han sido regresivas (2007), por lo que estamos en presencia de los brutales recursos económicos, influencia del dinero en las elecciones que provoca impunidad, y éste es el principal problema.

Las 26 naciones más desarrolladas son democracias, por lo que considera a este sistema político como el más ético. La búsqueda de la felicidad, el bien común, el único sistema que lo brinda es la democracia.

Y dejó en la mesa la pregunta: ¿Cómo hacer que los políticos fortalezcamos nuestra congruencia? Educación cívica y participación, es el único camino con el que se logra perfeccionar la democracia.

Sánchez Apresa fue más allá y estimó que lo que realmente hace falta en este sistema es una reforma de conciencia tanto en la clase política como en la sociedad civil; que hay que revisar los límites legítimos y legales; que la reforma del 2007 sí fue regresiva. La sobrerregulación no ha sido buena, y los propios procesos y dinámicas en los órganos legislativos no son inmediatos.

Y advirtió que los límites a los partidos políticos en las campañas, precampañas, actos anticipados de campaña, han orillando al elector a tomar decisiones apresuradas. Por ejemplo, en los límites en el uso

97

R

R ESEÑA pos. La comunicación continua entre los partidos y la ciudadanía sólo se intensifica en procesos electorales. Por lo que el trabajo programático es fundamental en un partido, ya que de ahí se deriva la confianza ciudadana, pues estos entienden que no sólo los necesitan en las campañas electorales.

de los medios de comunicación: cuando decidimos limitar los contenidos y las campañas, en qué tiempos sí y qué tiempos no.

Y todo ello nos ha llevado a gastar más y disimular el gasto, “estamos confundiendo el tema. Los fondos para la campaña deben ser públicos. Estamos operando debajo de la legalidad, en una farsa”.

El límite de fondo –reiteró David Sánchez- es si debe haber límite en los gastos de campaña, porque hemos llegado al absurdo de la sobrerregulación. Es una práctica monopólica.

98

En otro tema, se pronunció por las candidaturas independientes, como un valor agregado de la institucionalización de acceso a la democracia, para que el ciudadano tenga la garantía de ir a los partidos políti-

cos siempre que se mantengan las puertas abiertas.

Y señaló que es responsabilidad de los medios la polarización entre políticos y ciudadanos; son ellos quienes han hecho la línea imaginaria entre partidos y ciudadanía.

Finalmente el politólogo alemán Hans-Juachim Veen aportó la experiencia de Alemania unida en el trayecto a la democracia. Una democracia sin partidos sólo llega al caos, refirió.

De éstos hizo algunas precisiones: Los partidos pueden recibir donaciones de particulares (donaciones no mayores de 10 mil euros). Tienen un estricto balance sobre sus gastos e ingresos. Si no contribuyen los militantes con su cuota no podrán ser admitidos como tales.

No hay un IFE, no hay regulación de campañas y sus tiem-

Las campañas electorales en Alemania son sólo una forma más aguda de la comunicación, donde se promueve una cierta idea sobre y para el partido. Los partidos inician sus campañas cuando ellos mismo lo deciden. Cuatro meses antes de elección presentan temas de mayor interés, y el que fije la agenda política ya ganó la elección. Así se desarrollan las campañas electorales en democracias consolidadas.

De tal suerte que las limitaciones de las que se hablaron al inicio del foro son las expresión de un cierto proceso de aprendizaje y de abuso en el pasado, “porque México desde hace 10 años entró a una democracia consolidada”.

El especialista alemán sostuvo que la hegemonía de un solo partido y el primer cambio en el gobierno apenas tuvo lugar hace 10 años. La democracia es un relevo. Lo que hasta ahora no se ha podido practicar es el relevo de gobierno y el IFE está en la lucha por consolidar la confianza en las elecciones.

R ESEÑA

R

Ernesto Fernández Hurtado, in memoriam Francisco R. Calderón Quintero

El 2 de octubre falleció el licenciado Ernesto Fernández Hurtado, destacado economista cuya carrera en el Banco de México culminó en el puesto de Director General; se inició en ella como investigador en el Departamento de Estudios Económicos, Jefe de Oficina, Gerente, Subdirector y Subdirector General. Muy pronto su

capacidad atrajo la atención de esa leyenda viva que es Don Rodrigo Gómez, el gran director del banco central, de quien fue su brazo derecho; a la muerte de Don Rodrigo pasó a ocupar su puesto.

Desafortunadamente la gestión de Fernández Hurtado como Director General coincidió

con el sexenio del Presidente Luis Echeverría en una época en que el Banco de México no era autónomo sino que dependía directamente de la Secretaría de Hacienda y por tanto del Presidente. En la medida de sus posibilidades Fernández Hurtado se opuso a las insensatas políticas económicas del Echeverriato, aunque como es

99

R

R ESEÑA

natural sin éxito dada la ideología y carácter del Presidente de la República; no obstante los testigos de esa situación aseguran que los dislates de la política económica de ese sexenio hubieran sido más numerosos y mucho peores de no haber sido por las objeciones del Director del banco central.

100

Muchos otros en su lugar se hubieran concretado a esperar mejores tiempos; Fernández Hurtado desbordó entonces su creatividad a la promoción de actividades concretas: fundó el Fondo para el Fomento de las Exportaciones (Fomex), el Fondo de Fomento para la Vivienda de Interés Social (Fovi) que por primera vez dio oportunidad a miles de familias a ser propietarios de viviendas decorosas, el Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (Fonei) y el Fondo para el Desarrollo de la Agricultura (FIRA) que otorgó

con éxito créditos de avío y refaccionarios con el apoyo del Banco Mundial.

Quizá la mayor aportación al desarrollo del país de este banquero central fuera de serie fue la fundación de ciudades turísticas con el objeto de poblar territorios de muy rala población, crear empleos y captar divisas. Él personalmente recorrió miles de kilómetros de nuestras costas para seleccionar los que habrían de ser polos de desarrollo y así nacieron de la nada Cancún e Ixtapa y pasaron de ser poblados mínimos a centros turísticos de primera magnitud Los Cabos y Huatulco. A casi medio siglo de la fundación de Infratur, después Fonatur, entidad que dio origen a los estudios de estos desarrollos, medio millón de familias mexicanas viven de las ocupaciones productivas generadas en estas ciudades.

También Ernesto Fernández Hurtado dirigió su atención a proyectos en pequeña escala: en una de sus excursiones ecuestres topó con una comunidad otomí donde quedó impresionado por la pobreza de sus habitantes y por su habilidad manual para tejer sarapes y tapetes que desgraciadamente tenían diseños rutinarios y estaban elaborados con técnicas y materiales de ínfima calidad. Aquí se revelaron sus cualidades de visionario, concluyó que sería factible que los artesanos produjeran tapetes anudados a mano de la más alta calidad mundial: adquirió asesoría técnica en Irán, Pakistán y Turquía y adquirió los mejores diseños, lanas y telares para producir los hoy famosos tapetes de Temoaya reconocidos en el mundo entero.

Descanse en paz este gran mexicano.