Bien Común 203 by Fundación Rafael Preciado Hernández

AÑO 17 NÚMERO 203 NOVIEMBRE 2011

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C.

AÑO 17

NÚMERO 203

Presidente

Gustavo Enrique Madero Muñoz

Director General

Gerardo Aranda Orozco

Director General Adjunto

Salvador Abascal Carranza

Director de Estudios Políticos

Andrés Ponce de León Rosas

Director de Estudios Económicos

Francisco Calderón

Director de Estudios Sociales, Jurídicos y Proyectos Especiales

Oscar Javier Moya Marín

Director de Formación

NOVIEMBRE 2011

Director

Armando Reyes Vigueras

Editor

Carlos Castillo

Coordinación editorial

María Elena de la Rosa Vázquez

Consejo Editorial

• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat • Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Dibujos de interiores

Retorno Tassier / Gonzalo Tassier

Corrección, diseño y formación

Retorno Tassier /Mauricio Corripio

Eduardo Martínez Noriega

Director de Relaciones Institucionales

Armando Reyes Vigueras

CEDISPAN

Gerardo Ceballos

Director Administrativo

Eduardo Sánchez Macedo

La Fundación Rafael Preciado Hernández es una institución académica que tiene como principal objetivo la generación de ideas útiles que coadyuven a resolver los problemas de la sociedad mexicana en los ámbitos económico, político y sociocultural.

Elaborar, editar y publicar, directa o indirectamente, boletines, revistas, memorias, apuntes, libros, videos y similares.

La revista Bien Común es el principal órgano que la Fundación Rafael Preciado Hernández utiliza para dar a conocer públicamente los avances de los proyectos de sus investigadores. Al mismo tiempo que refrenda con este medio su compromiso con una cultura plural y democrática, abre espacio a otros analistas interesados en expresar sus puntos de vista sobre tópicos de actualidad para la sociedad mexicana.

Fomentar y financiar actividades de investigación social, política y económica dentro del país.

Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores no necesariamente reflejan la posición académica de la Fundación.

Actividades:

Los anuncios que aparecen en esta revista son resultado de convenios de intercambio no lucrativos establecidos con los interesados.

Objetivos:

Apoyar la capacitación social, política y económica de personas interesadas en estos temas.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, dirigir y, en general, llevar a cabo directa o indirectamente cursos, seminarios, conferencias, reuniones de estudio, foros, mesas redondas, congresos y toda clase de actividades relacionadas con la política, los asuntos sociales y la economía.

Establecer relaciones y colaborar con otras instituciones similares del país y del extranjero.

Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. El tiraje es de 1500 ejemplares.

Certificado de licitud de título: 9152. Certificado de licitud de contenido: 6405. Reserva: 04–2004–081711193000–102 ISSN 1870–0438 Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para uso académico, con la cita completa de la fuente. No se devuelven originales.

Impreso en: Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V. Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de Churubusco, México, D. F. Tel.: 56 33 28 72 Correspondencia:

Revista Bien Común Ángel Urraza 812, colonia Del Valle,

03100, México, D.F. Tel / Fax: 55 59 63 00

areyes@fundacion.pan.org.mx www.fundacionpreciado.org.mx

COLABORADORES • Federico Ling Sanz Cerrada. Maestro en Análisis Político y Medios de Información por el Tecnológico de Monterrey y politólogo de carrera por la Universidad Iberoamericana. Actualmente trabaja en el Gobierno Federal como Director de Análisis. Es columnista nacional del periódico El Sol de México. • Juan Pablo Chabaud Limón. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Asesor Político y de Discurso del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. • Mario Alberto Zambrano Abrego. Abogado, maestro en derecho internacional por la Universidad de Harvard y Director de la Fundación Bernardo Elosúa / José G. Martínez, A.C. • E. Dorothy Estrada Tanck. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y Maestra en Teoría Política por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Ha trabajado en distintos temas de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es candidata a Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia. • Juan Pablo Estrada Michel. Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, con el reconocimiento académico Parker School por el mérito en materia de Derecho Internacional y Derecho Comparado. Es catedrático de la Escuela Libre de Derecho. • Carlos Martín Gutiérrez González. Licenciado en Derecho. Ha publicado entrevistas, reportajes, ensayo y cuento. Actualmente es contralor interno de la Secretaría de la Reforma Agraria. • Rafael Estrada Michel. Abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho público y de Historia jurídica en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho, en la que funge como Secretario Académico. • Julio Castillo López. Músico de formación, ha colaborado como columnista en medios como Monitor y La Nación. Actualmente es asesor en la Fundación Humanismo Político. • Felícitas Baruch. Exinvestigadora del área de estudios sociales de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Jaime Aviña Zepeda. Médico e investigador sobre el tema de Familia. • Rosalina Arteaga Barrón. Investigadora de la Dirección de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Paulina Lomelí García. Economista e investigadora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Carlos Salazar Vargas. Licenciado en Administración con énfasis en Marketing Social por la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, tiene Maestría en estudios políticos y realizó estudios avanzados de Administración y Políticas Públicas en la “London School of Economics and Political Science”. • Francisco Calderón Quintero. Director de estudios económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

Editorial

Centrales

Presentación Armando Reyes Vigueras Acción Nacional. El carisma y el liderazgo Federico Ling Sanz Cerrada El Poder Legislativo: La encrucijada del bien común Juan Pablo Chabaud Limón La esperanza en el PAN Mario Alberto Zambrano Abrego Seguridad Humana y Derechos Humanos en el Derecho Internacional: Encrucijadas y Posibilidades E. Dorothy Estrada Tanck Formar en los valores democráticos Carlos Castillo La competencia desde el bien común Juan Pablo Estrada Michel La libertad y la responsabilidad Carlos Martín Gutiérrez González Los derechos humanos en acción Rafael Estrada Michel Para una segunda Victoria Cultural Julio Castillo López

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Carta

Carta del director Armando Reyes Vigueras

Agendas

La migración, reto a las políticas públicas de México Felícitas Baruch México y el mundo Jaime Aviña Estudio sobre la relación entre violencia y poder, según Hannah Arendt, en la construcción de la realidad mexicana del siglo XX Rosalina Arteaga Barrón

95 102

105

Dossier

Los Think-Thanks: IV PARTE Carlos Salazar

111

Reseña

Libertad Económica Francisco Calderón Foro México Próspero Paulina Lomelí García

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EDITORIAL

a Fundación Rafael Preciado Hernández ha buscado ser, desde sus inicios, un espacio donde la generación de ideas y propuestas, la convivencia entre generaciones y la promoción de la cultura democrática encauzan las actividades de sus integrantes y son un apoyo para el trabajo político que realiza el Partido Acción Nacional. No son pocos los actuales líderes en distintos ámbitos de la vida política, económica, social y cultural del país que han ocupado un espacio en la Fundación, ya sea como investigadores o, desde la revista Bien Común, como autores de ensayos, estudios, documentos de trabajo y reflexiones que buscan contribuir a entender y, a partir de la comprensión, mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Al respecto, es destacable el modo en que la actividad partidista, desde la primera hora de Acción Nacional, ha podido conjugar no sólo la praxis política y la reflexión sino también a las distintas generaciones que se dan cita en sus filas, renovación que desde 1939 está asentada en los Principios de Doctrina y que ha permitido sumar el talento y la capacidad de mujeres y hombres sin importar su edad o condición social, logrando mantener así un sano equilibrio en el que lejos de restar o excluir, se enriquecen el debate, las propuestas y el trabajo político.

Es ese espíritu de apertura y de reflexión el que buscamos reflejar en la presente edición de Bien Común, que reúne la iniciativa de un grupo de jóvenes para reflexionar respecto de distintos temas tanto del Partido como de un México que tras 10 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, presenta nuevos retos y desafíos y, no obstante, aún se enfrenta a lastres que entorpecen el desarrollo pleno de nuestra vida democrática, herencia de un autoritarismo que empobreció a la sociedad, desvirtuó la participación política y tergiversó la misión del gobierno como facilitador para convertirlo en un Leviatán que terminó por saturarse y, a la postre, resultar disfuncional, sin representación de los intereses de sus gobernados. Temas como la evolución del trabajo partidista en el Poder Legislativo; los derechos humanos y la seguridad; la búsqueda y la consecución del bien común, la evolución de los Principios de Doctrina y su adaptación a las nuevas realidad del país –a través de las distintas proyecciones–; la victoria cultural y los retos que la alternancia política presenta de cara al futuro, entre otros tantos, son los que se abordan desde una perspectiva académica, con mirada objetiva y en busca de aportar a la reflexión una mirada renovada. Completamos este número con nuestra secciones Agenda y Reseñas, así como con la cuarta parte del Dossier de Carlos Salazar acerca de los Think Tanks, con lo que esperamos que nuestros lectores encuentren un número de interés, atractivo y que ayude profesionalizar el debate político de nuestro días.

Carlos Castillo López Editor

PRESENTACIÓN

Se buscan opiniones

Decía Oscar Wilde: “A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante”. Este instante nos ofrece ahora la oportunidad de conocer a plumas que nos dan visiones e inquietudes diferentes. Cuando nos preguntamos qué fue de alguna generación en particular, podemos revisar sus obras para conocer lo que hicieron, pero ¿qué pasó con las que les sucedieron? En muchos casos es muy pronto para saber qué están haciendo y pensando. Es por lo anterior que ofrecemos en estas páginas a otra generación, en esta búsqueda constante de opiniones, todos ellos hijos o nietos de destacados políticos, algunos de ellos en activo. Cuando Juan Pablo Chabaud Limón platicó con quien esto escribe sobre el proyecto –en un inicio en la búsqueda de editar un libro–, la idea del nieto de Ignacio Limón Maurer –ex presidente del PAN, de 1968 a 1969, tras el retiro de Adolfo Christlieb Ibarrola– es reunir a jóvenes con esa característica y ofrecerles una

tribuna para expresarse. El proyecto, como sucede en muchos casos con esfuerzos similares, fue desarrollándose lentamente y finalmente se aceptó la propuesta de Bien Común para que en nuestras páginas se presentarán los textos que contiene esta edición. No se trata de crear escritores o intelectuales, sino –en la mejor tradición de nuestra revista– abrir sus páginas a ciudadanos interesados en presentar textos sobre los temas de interés del país. Es así como, en orden de presentación de sus textos, Federico Ling Sanz Cerrada, Juan Pablo Chabaud Limón, Mario Alberto Zambrano Abrego, Dorothy Estrada Tanck, Carlos Castillo López, Juan Pablo Estrada Michel, Carlos Martín Gutiérrez González, Rafael Estrada Michel y Julio Castillo López, nos brindan la oportunidad de conocer sus ideas sobre una diversidad de asuntos. Toca al lector valorar este esfuerzo y darle continuidad a la labor de estos jóvenes. Nuestras páginas siguen abiertas a este tipo de iniciativas. Armando Reyes Vigueras Director de Bien Común

Acción Nacional El carisma y el liderazgo

Federico Ling Sanz Cerrada

La política mexicana y el papel de Acción Nacional Durante gran parte del siglo XX en México, la política nacional dirigida por un partido hegemónico cumplía la función de ordenar la repartición del poder entre la élite política del país. La columna vertebral del sistema político recaía en un presidencialismo exacerbado que desde la cúpula controlaba todos los sectores nacionales y cuyo brazo operativo, el Partido Revolucionario Institucional, se encontraba sumiso a la voluntad del primer mandatario. El sistema político fue armonizado desde un inicio para dar cauce institucional a las demandas revolucionarias y post revolucionarias de principio de siglo, mediante el engranaje de diversos sectores, grupos y colectividades que, bajo el mando presidencial, habrían de recibir una parte de esa cuota de poder que siempre fue tan prometida. Al comienzo de este sistema político mexicano moderno, el régimen presidencial y de partido hegemónico tenía la capacidad para adaptarse a las demandas sociales que los ciudadanos manifestaban. Al amparo de este poder unipersonal

muchas fortunas empresariales se acumularon, inmensos privilegios tuvieron lugar para diversos grupos, especialmente los sindicatos y los gobernadores de las entidades federativas no eran más que instancias operativas del mando único y total. Los poderes fácticos en México, como la Iglesia y el Ejército, se encontraban sometidos a la voluntad del régimen, mediante el intercambio de prebendas y privilegios para su gremio, así como el respeto a ciertas agendas temáticas definidas y que no eran cuestionadas por el sistema. En el caso empresarial y del sector privado, el contubernio del capital con el poder político era casi una obligación para todos aquellos que quisieran tener éxito; y normalmente sucedía así, pero el éxito económico iba acompañado de la obligación de legitimar al sistema político, incluso aunque éste fuera antidemocrático. La existencia de la sociedad civil organizada era nula prácticamente. Todo intento de protesta o de disenso al interior del sistema político era

Federico Ling Sanz Cerrada

sofocado: ya fuera por los medios de la cooptación o de la eliminación. La ignorancia y el analfabetismo, combinados con un absurdo paternalismo de Estado y el clientelismo de gran parte de la población, evitaban que mayores protestas surgieran a la luz. Todo era incorporado al régimen o bien, eliminado por completo de la esfera nacional. Esta ignorancia cultural y política de la población, en parte provocada y auspiciada por el propio sistema político, fungía como mecanismo de control social y político, y en algunos casos, económico. La falta de oportunidades fuera del régimen era notoria y la deslealtad era severamente castigada. En esta inopia cultural de la población mexicana, las válvulas de escape para quienes no comulgaban con el régimen se hacían escasas. El régimen, con estos mecanismos de control, mantenía al país funcionando. No obstante, el pueblo mexicano se fue pauperizando cada vez más, y no solamente en términos patrimoniales, sino culturales, educativos y hasta espirituales. En este ambiente que se prolongó durante aproximadamente setenta años surgió el Partido Acción Nacional. En el año de 1939, durante el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, un grupo de mexicanos académicos y pensadores en cierto sentido, encabezados por Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna fundaron en septiembre su proyecto político. Le denominaron Acción Nacional, porque la filosofía de Gómez Morin tenía como eje principal la acción que opera, que es práctica, que se pone en marcha y actúa; y evidentemente nacional porque su acción debe abarcar todos los rincones del país. El sistema de reclutamiento de militantes para este nuevo partido fue sumamente selectivo y las recomendaciones se pasaban de “boca en boca”. Actualmente el partido mantiene una política de afiliación individual (están prohibidas las afiliaciones masivas) y se debe acreditar un curso básico de doctrina partidaria. Fue definido como un partido humanista, porque promovía el “humanismo político”, es decir, una doctrina filosófica que descansaba en cuatro pilares fundamentales: la dignidad de la persona

humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. En este sentido, la filosofía política del Partido Acción Nacional fue de centro izquierda, porque privilegiaba el bien colectivo por encima del bien personal y consideraba que la sociedad debería ser solidaria para lograr el desarrollo, sin demérito de la función del Estado para intervenir allí donde la sociedad no lograba penetrar: “tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario”, reza una repetida frase al interior del partido. Acción Nacional enfrentó el reto de ser un partido político con una doctrina que dignificaba al ser humano con valores y principios como la solidaridad en un entorno político que justamente buscaba convertir al ciudadano para que dependiera siempre de lo que recibía del régimen. En lugar de dotar al ciudadano de herramientas políticas, económicas y sociales para convertirse en factor de desarrollo, lo enajenaba para volverlo inválido y controlarlo más fácilmente. La batalla del Partido Acción Nacional no solamente era política, sino cultural. El cambio político que el partido buscaba se habría de detonar mediante la transformación cultural de la sociedad mexicana. El nuevo partido político habría de ir contra la corriente del sistema político mexicano, para modificar el pensamiento social de la nación mediante el humanismo político, y de esta manera conseguir la transformación nacional. Como se afirma, la tarea planteada tenía un cariz cultural y durante largo tiempo, la batalla que Acción Nacional libró en la esfera política fue meramente testimonial. Había que empezar para enseñar al pueblo mexicano que las cosas se podían hacer de otra manera y que en este sentido, la lucha política que estaba librando, aunque era modesta al principio, rendiría los frutos esperados; quizá no los políticos inmediatamente, aún más los culturales y de pensamiento. El Partido Acción Nacional consolidó su trayectoria política y se asentó como uno de los actores del sistema político mexicano más importantes. Durante mucho tiempo enfrentó procesos de cambio y renovación internos, hasta convertirse

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en una opción política viable que en el año 2000 conquistó la Presidencia de la República y que ratificó al siguiente sexenio. Acción Nacional habría obtenido una victoria electoral en un entorno político adverso. La victoria cultural, o bien, alguna parte de ella, estaba inmersa en ese triunfo. El cambio de pensamiento de la sociedad mexicana, así como la liberalización política del régimen que había comenzado varios años atrás estaba dando resultados. El sistema político mexicano, aquél que se adaptaba a las demandas sociales y a las exigencias de la población se había vuelto esclerótico y cada vez más rígido. El partido hegemónico representaba cada vez menos a un sector importante de la población y el crecimiento de una clase media independiente y sin filiación política terminó por poner punto y aparte a la tradición de la presidencia omnímoda en México. El cambio cultural había comenzado y por ende, se había detonado un fuerte incentivo para el cambio político: México podía ser distinto y en esta ocasión, la población comenzaba a creerlo.

Un partido político con liderazgo y carisma en un sistema político cerrado El liderazgo del Partido Acción Nacional estaba fuertemente enraizado en el carisma personal de quienes fueron y hoy siguen siendo sus líderes. Parte del espíritu que impregna a Acción Nacional es aquel que se transmitió de sus dirigentes directamente al alma del instituto político. Este fue el origen del carisma del nuevo partido. Desde sus inicios en 1939, los fundadores del PAN, Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna imbuyeron al instituto de un espíritu propio que en realidad era el de ellos mismos. Le inyectaron su propia esencia y durante largo tiempo, la identidad del Partido era un fiel reflejo de aquellos quienes le dieron origen. Se ha afirmado anteriormente que el nombre de Acción Nacional provenía de la visión que tenían los fundadores para actuar en su vida personal y política. Y al construir el andamiaje de pensamiento e ideológico que soporta a Acción Nacional, le dotaron y proyectaron esa visión propia. Y al reclutar a los

nuevos militantes del Partido Acción Nacional se cercioraron de que dicha visión tuviera eco en los nuevos afiliados. Como no eran muchos al principio y los cuadros del partido fueron creciendo a paso lento, el carisma de los líderes de Acción Nacional fue permeando poco a poco en las conciencias políticas de sus miembros y en la conciencia misma de la institución. Los militantes se iban convenciendo, debido a un acercamiento personal con los líderes, que esta visión de la política y de la sociedad podría devenir en cambios importantes para México. La semilla de la transformación política estaba presente y existía un espíritu receptivo en aquellos que formaron parte del proyecto. A su vez, aquellos militantes que habían sido transmitidos de este espíritu se encargaban de hacer lo propio y diseminar lo aprendido con los nuevos miembros. La lógica de acción política en el partido estaba pensada de modo específico y tenía destinatarios sumamente concretos. Primero, comenzó por convencer a aquellos sectores de la sociedad

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que eran proclives a creer en la forma de hacer política de Acción Nacional. Quizá esta sea la razón de por qué se volvió un partido con cuadros de centro derecha, a pesar de que sus principios ideológicos son de centro izquierda: fueron las clases medias y conservadoras de la sociedad mexicana las que simpatizaban con el instituto político. De forma coincidente y sin que sorprenda demasiado, eran también los cuadros universitarios y los que contaban con mayores niveles de estudios quienes resultaban proclives a esta doctrina. Lo anterior tal vez se deba a que justamente podría existir una correlación positiva entre mayor escolaridad y mayor nivel de demanda y exigencia social o política. Una de las posibles causas de esta correlación podría deberse también a que la formación de un pensamiento crítico provocaría el aumento en la demanda y las exigencias legítimas frente al sistema político. En este sentido, el Partido Acción Nacional siempre propició la conciencia crítica de sus miembros y militantes. Justamente era esto lo que podría comenzar a cambiar en la forma de pensar de la sociedad mexicana. En la medida en que la población cuestionara y se preguntara cosas sobre su propia realidad política y personal, tal vez accedería a una posición de acceso para ver el proceso de cambio político y de transición como una posibilidad real y no solamente como una mera fantasía futurista. Y mientras este cambio en la visión de la realidad y la sociedad fuera permeando cada vez más en la conciencia de los mexicanos, la opción política que representaba el Partido Acción Nacional se volvería más fuerte y más viable. Y justamente, parte del enorme arraigo de esta visión de la realidad política y social del Partido Acción Nacional deviene del ejemplo de sus liderazgos, es decir, del carisma que poseían. Al educar con el ejemplo, los fundadores y primeros militantes daban testimonio de una lucha que sabían que tomaría décadas, pero que valdría la pena realizarla para tratar de cambiar a México. Y así sucedió. El ejemplo de los primeros cuadros de Acción Nacional se plasmó intensamente en

el espíritu del instituto político. Una posible razón de por qué esto sucedió, es que probablemente era lo único –y a la vez lo más sólido– que el partido podía ofrecer de manera real a quienes simpatizaban o militan dentro de él. La opción de un cambio cultural y de una preferencia, no solamente política, sino social e ideológica, dotaba al partido de un factor común a sus miembros: que la lucha era testimonial al principio, que tenían la firme creencia que era la mejor manera de cambiar las cosas y que había un espíritu que les era común y por el que valía la pena realizar importantes esfuerzos. En la medida de lo anterior, la representación de ese espíritu carismático y de ese liderazgo se vio concretado en algunos personajes específicos, que al tener nombre y apellido volvían tangible la idea que subsistía en el inconsciente de sus miembros. Resultaba sumamente importante mirar al espejo de la realidad y verse en la persona del líder que compartía el mismo espíritu y que con su ejemplo, seguía dando testimonio de lo mismo que le era común al resto. Y entonces, la figura del líder se volvía fundamental para los proyectos políticos y para las plataformas electorales. Durante diversas y muchas campañas electorales, la cantidad de votos que Acción Nacional obtenía, sobre todo al inicio de su vida como instituto político, era francamente ridícula y no constituía una opción viable de cambio y alternativa política para el votante. No obstante, el testimonio de aquellos líderes de Acción Nacional contribuía a formar esta conciencia común que sería compartida entre todos los miembros del partido y por tanto, generaba una identidad partidista determinada. Por esa razón, los líderes carismáticos del partido dotaban de una identidad clara y definida al instituto. Y precisamente porque el PAN siempre se preocupó de cultivar dicho ejemplo del carisma, fue lentamente expandiéndose, como quien cuida celosamente del lugar para donde planea crecer. El liderazgo carismático del Partido Acción Nacional se vio reflejado en sus líderes. La concordancia entre uno y otros era prácticamente

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ideal. Lo que se promovía en las pláticas doctrinarias del Partido era ejemplificado por su liderazgo. La congruencia histórica de Acción Nacional le dotaba de legitimidad frente a un sistema que era duramente cuestionado por autoritario y antidemocrático. Es por lo anterior que la batalla de Acción Nacional no podría haber sido solamente política, sino cultural. De haber dado una batalla sólo política, probablemente el Partido habría sido cooptado por las fuerzas del régimen y hubiera sido incorporado, de buena o mala manera al sistema de partido hegemónico de la “presidencia imperial”. Pero no fue así, y justamente porque esta lucha de Acción Nacional fue mucho más allá de los términos convencionales fue que pudo arraigarse en la conciencia de varios ciudadanos. Acción Nacional avanzó con paso lento y moderado, pero hasta antes de llegar al poder, escogiendo bien todas y cada una de las batallas que habría de librar, ya fuera con su adversario político o con la ignorancia que no permitía que los mexicanos cambiaran su forma de ver la realidad. Su propia realidad. La presencia de actores clave a lo largo de la historia política de Acción Nacional se puede

rastrear de forma sencilla. Los liderazgos que han impactado de forma importante en la vida del partido están presentes en las anécdotas de sus militantes. Conforme el partido fue creciendo y transformándose, poco a poco los portadores de esas historias también lo hacían junto con él. No resulta gratuito que precisamente las personas que dirigieron al partido desde posiciones concretas hayan sido, en cierta medida, los principales portadores de esa insignia carismática. Se convirtieron en referente y por eso resulta tan importante mencionar el papel que jugó el liderazgo carismático en la formación, vida, evolución y transformación de Acción Nacional. Se debe mencionar sin embargo que no siempre los liderazgos han jugado el papel descrito. También los ha habido perjudiciales para la vida institucional misma del partido. Cuando un líder está por encima de las reglas del juego institucionales, entonces podría llegar a considerar que por ende, tiene derecho a saltárselas; no comprende que precisamente lo que lo hace ser líder es justamente el espíritu que comparte con los demás, y no su posición propia. Cuando se confunde esta última, entonces, todo parece

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destruirse, pues la vida institucional del partido pareciera no ser tan fuerte como se dice. Y allí se tienen ejemplos históricos de importantes escisiones, a manera de “cisma”, donde algunos de estos líderes, extralimitándose, han decidido romper con el partido e iniciar un propio camino; y así como un liderazgo puede unir, también contribuir para una franca división y estancamiento del propio partido. En este último caso se estaría presenciando una “cooptación cultural” por el antiguo régimen, donde se vuelve parte de un sistema ineficiente, pero que acalla todo tipo de protesta y cumple los “caprichos” y exigencias sociales para evitarse mayores problemas. Justamente la figura del liderazgo carismático opera en ambos sentidos. Puede contribuir a dotar a la institución de un espíritu común y basado en el ejemplo y los principios, o bien, puede convertirse en una influencia manipuladora que busca solamente el beneficio propio. En este sentido, nadie duda del carisma de grandes líderes históricos que ha tenido Acción Nacional y que contribuyeron para fortalecer al Partido institucionalmente. Porque trascendiendo las barreras de las reglas institucionales, dotaron al Partido de fortaleza y lo hicieron, justamente, cada vez más institucional y basado en reglas claras y democráticas. Pero por el contrario, también los ha habido manipuladores. Los que buscan, precisamente, pasar por encima de las reglas institucionales y democráticas utilizando su capacidad de influencia, pero no para fortalecer a la institución, sino para obtener un provecho personal, producto del chantaje, la división o el engaño. Un liderazgo que sea capaz de influir en la organización y fortalecer su espíritu democrático es un liderazgo carismático en un partido político. Y a su vez fortalecerá el andamiaje institucional del mismo. Pero un liderazgo que vulnera los mecanismos institucionales del partido para un provecho personal, que divide o que manipula a los miembros de la organización para obtener mayores beneficios, resultará devastador. Y así como un líder carismático puede detonar el crecimiento y el fortalecimiento de la institución en grados superlativos, en el sentido opuesto, el

daño que se puede hacer por una personalidad nociva para la institución también será sumamente grande y profundo. La legitimidad del liderazgo de Acción Nacional Como se ha afirmado anteriormente, el liderazgo de Acción Nacional fue carismático y sumamente eficiente para permear en todos los niveles de la organización y generar un espíritu común dentro de los panistas que los unificaba a todos. Dado que dichos liderazgos contribuían al fortalecimiento mismo de la institución y las reglas institucionales, era por tanto legítimo y apreciado entre los militantes y hacia afuera también. El liderazgo que Acción Nacional ejercía como partido político y su influencia en el sistema político mexicano, también era un motivo para generar legitimidad como institución política, pues los ciudadanos en el país pudieron apreciar que el Partido siempre jugó como un actor que se regía por las normas y las leyes, buscando siempre la democratización del régimen. En este sentido, el Partido buscaba el bien común de la nación, por encima del bien común del instituto político. Esto generaba la percepción de que el Partido, como si fuese una persona, estaba pensando primero en el bienestar nacional más que en el propio. De esta manera se volvía también un partido que ejercía un liderazgo carismático en la ciudadanía –al menos en una buena parte de ella –y por tanto, era legítimo y a su vez legitimaba al sistema político por la influencia que ejercía. En este sentido, valdría la pena retomar el significado de la legitimidad para la ciencia política, y tomando como referente a un politólogo reconocido como Seymour Lipset, se puede establecer que “la legitimidad política implica la capacidad de un sistema político para generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas existentes son las más convenientes o apropiadas para la sociedad” (Lipset, 2001, p. 130). Tomando en cuenta lo que dice Lipset sobre la legitimidad, podríamos afirmar que Acción Nacional como partido que ejerce un liderazgo

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carismático y los líderes carismáticos de éste, generaban la convicción tanto en los ciudadanos como en los militantes respectivamente, de que la forma de ser y actuar del instituto político –carismáticamente– era la más conveniente o apropiada para la sociedad o para la organización. En ese sentido, la legitimidad se generaba hacia adentro y hacia afuera del propio instituto. Los militantes, al aceptar y reproducir las enseñanzas y prácticas de sus líderes carismáticos avalaban a esta conducta como la mejor forma de expandir la influencia de su partido político. Y el propio sistema político mexicano, al permitir que el Partido Acción Nacional creciera y cultivara políticamente a un importante sector de la población, aceptaba tácitamente como válido su actuar. Luego entonces, mientras esto sucedía de esta forma, el Partido y sus miembros gozaban de extensa valía y legitimidad.

No sucede lo mismo cuando los líderes o el propio partido utilizan esta influencia y capacidad para manipular las conductas de otros militantes o de los ciudadanos, buscando solamente el beneficio propio. Cuando un líder ha decidido romper con el partido, dividir o llevarse ciertos grupos sociales “fuera del partido” solamente porque no obtuvo cierta posición, está perdiendo la legitimidad que un líder puede tener en estas situaciones. O bien, cuando el partido toma decisiones políticas para beneficiarse él por encima del país, pierde toda credibilidad ante la ciudadanía. Luego entonces, el consenso social es que esas prácticas no son, y lejos están de serlo, las más apropiadas para la colectividad. En otro orden de ideas, otra expresión de la legitimidad es aquella que David Easton explica claramente en su teoría cuando afirma que “si se toma en cuenta la teoría de sistemas para el análisis político y se entiende el método utilizado, los inputs, los outputs, el feedback¸ etc., podemos inferir que la legitimidad política está en función de cómo resuelve un sistema político los problemas a los que se enfrenta una sociedad” (Easton, 2001, p. 229). En este sentido, el Partido Acción Nacional generó resultados concretos hacia dentro, en la figura de sus liderazgos, y hacia afuera, en los resultados que poco a poco fue creciendo electoralmente. En el interior del Partido, los liderazgos lograron fortalecer al Partido desde dentro y volverlo institucional. Hacia afuera, logró mayor apoyo electoral e influyó para que existiera una apertura democrática. Observando estos resultados, se puede decir entonces que, la forma y el actuar político de Acción Nacional, era legítimo. Y esa legitimidad, una vez más, estaba puesta en la influencia que ejercía de manera carismática. Esta legitimidad que generó Acción Nacional la podemos encontrar en algunos teóricos de la sociología o la ciencia política como Max Weber o Angelo Panebianco. Este último retoma al sociólogo alemán y establece una hipótesis interesante que se mencionará a continuación, pero donde además involucra la variable de

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la institucionalización. El nivel de institucionalización es importante, porque es una de las variables que nos hablan del grado de crecimiento y madurez del partido político. Asimismo nos dice qué tanto estos liderazgos carismáticos han contribuido para que el Partido se encuentre cada vez más institucionalizado, y por ende, juegue con las reglas democráticas del sistema en el que se encuentra inserto. Angelo Panebianco afirma que “el nivel de institucionalización incide, como ahora ya sabemos, sobre el grado de cohesión de la coalición dominante. Un alto nivel de institucionalización lleva aparejada la existencia de una coalición dominante cohesionada (con grupos poco organizados o tendencias), mientras que a una institucionalización débil corresponde una coalición dominante dividida (con grupos fuertemente organizados y facciones estructuradas a nivel nacional o bien subcoaliciones). Sin embargo, el grado de cohesión es sólo uno de los factores que contribuyen a definir la configuración de la coalición dominante o de un partido. Los otros factores que influyen son su grado de estabilidad y el mapa de poder en la organización” (Panebianco, 2000, p. 315). En este sentido, Panebianco habla de la coalición dominante, es decir, el grupo de personas que controlan los destinos del partido. Y lo habla en términos políticos, sociales, económicos e ideológicos. Y conforme esta coalición se encuentre mayormente unida, mayor será el nivel de institucionalización de un partido. Y querrá decir entonces que es un partido que ha crecido, que se ha fortalecido y que ha madurado. Se supondría también que es un partido que sigue las reglas del juego político y que además, por estas razones, es legítimo. En el sentido contrario, cuando el partido posee una cúpula desunida, entonces su nivel de institucionalización caerá. La división provocará retrocesos importantes para la organización y su participación formal conforme a las reglas del juego también retrocederá. Pero cabe destacar que Panebianco afirma que el carisma personal es una variable que interviene de forma distinta y dice lo siguiente:

“El Carisma Personal: un caso anormal. El resultado anormal que produce el carisma es otro: Consiste en el hecho de que genera, simultáneamente, una coalición dominante unida a pesar de la ausencia de un proceso de institucionalización organizativa. El carisma rompe, por tanto, el vínculo que habíamos establecido como hipótesis entre el grado de institucionalización y el grado de cohesión de la coalición dominante” (Panebianco, 2000, p. 135). Lo anterior es muy importante, porque entonces podríamos decir que, a pesar de que un partido sea pequeño y aún no haya alcanzado su grado óptimo de institucionalización, cuando existe el carisma de un líder dentro de la organización querrá decir que este puede convertirse en un factor para unir a la cúpula o coalición dominante y lograr importantes cosas, como por ejemplo, la expansión en el número de militantes, la conquista de ciertas victorias electorales, pero en el caso específico de Acción Nacional, también representa la oportunidad de avanzar su proyecto ideológico buscando la victoria cultural de la que tanto se ha hablado. En el mismo sentido, la presencia de un liderazgo carismático pero en el sentido negativo, es decir, manipulador y que busca dividir, puede hacerle mucho daño a la organización. Esto es porque no depende del grado de institucionalización, sino de los factores que lo trascienden, como el grado de influencia que se ejerce sobre los militantes. Y para perjuicio de la organización, aunque el instituto político se encuentre altamente institucionalizado, la sola influencia de un mal liderazgo podría derrumbar los avances que haya hecho el Partido. Existe aún otro punto importante que menciona Panebianco: son las “zonas de incertidumbre” en los partidos políticos. Y las define como sigue: “es posible situar las principales zonas de incertidumbre en un número bastante limitado de actividades vitales para la organización. Seis son, esencialmente, los factores en torno a los cuales se desarrollan actividades vitales para la organización: la competencia (división del trabajo), la gestión de relaciones con el

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entorno (mercado, electores, organizaciones, etc.), las comunicaciones internas (canales de información), las reglas formales (estatutos), la financiación de la organización (recursos económicos) y el reclutamiento (afiliación de nuevos militantes” (Panebianco, 2000, p. 84). Dado lo que establece Panebianco sobre las zonas de incertidumbre, se podría decir que cuando un liderazgo carismático al interior del partido político lograr cubrir una buena parte de esas zonas de incertidumbre y dotarlas de la certidumbre necesaria para que la organización funcione, se legitima; por tanto, lo hará también al exterior. Porque el liderazgo es capaz de permear todas esas esferas e influir de forma importante. Por último, sobre la legitimidad que un liderazgo carismático puede tener al ejercer su influencia se podría mencionar lo que Scheufele y Moy establecen de la opinión pública y de los elementos de legitimidad que la componen: “… concibe a la opinión pública como “racionalidad”, lo cual le da un carácter de “instrumental” en la toma de decisiones democráticas. La opinión pública como racionalidad es el “juicio social alcanzado de algún asunto general o ciudadano después de que ha sido objeto de una discusión pública racional y consciente” (Scheufele y Moy, 2000, p. 5). Y en este sentido, la legitimidad de un liderazgo que ha permeado las barreras institucionalizadoras de la propia organización y de las mismas zonas de incertidumbre que hay al interior, también se construye con elementos de opinión pública. No solamente la sociedad creerá que ese mecanismo que la organización tiene (el carisma del líder) para resolver sus asuntos es el mejor, sino que además, se expresará en términos de opinión pública, o lo que es lo mismo, construye su significado con todos estos elementos. No solo es sabido en la conciencia de las personas, sino que además se concreta, y se puede medir y por tanto tiene una expresión definida. 16

El carisma y el liderazgo de Acción Nacional en la vida de hoy Actualmente el Partido Acción Nacional enfrenta una crisis de liderazgo. Ha perdido gran parte del carisma que lo caracterizó durante largo tiempo. Y en parte esto podría explicarse por la llegada al poder en el año 2000. La razón de esto es porque justamente perdió la brújula de la batalla cultural que estaba librando. Acción Nacional tenía claro que su lucha contra el régimen autoritario no solamente era política, sino cultural. Tenía que transformar a profundidad las estructuras de pensamiento social y político para acceder al cambio que tanto esperaba. Al conquistar el poder en el año 2000 consiguió el cambio y la alternancia política. Probablemente se deba al debilitamiento del régimen autoritario, al crecimiento de una clase media más crítica en México, un aumento en los niveles educativos y socioeconómicos en el país para ser menos dependientes de las dádivas del antiguo gobierno y a un cambio en la manera de pensarse como sociedad, es decir, acceder a pensar que se pueda votar de forma diferente. Y esto ha dado origen a nuevos gobiernos emanados de Acción Nacional. Pero esto no significa que el cambio se haya concretado en materia cultural. Sin duda hay ciertas batallas importantes en este terreno que se han ganado y con creces, por ejemplo, la posibilidad de votar por un partido diferente, la apertura para la transparencia de la información, o la participación en ciertos asuntos por parte de las organizaciones de la sociedad civil (como el tema de seguridad). Pero se necesita mucho más que eso. Se requiere que este cambio cultural efectivamente haya permeado hasta el fondo y se profundice en el tema. Que quede impregnado en lo más hondo del pensamiento. El impacto cultural no es sencillo, porque requiere primero que exista un compromiso personal al respecto. Actualmente el Partido Acción Nacional se encuentra profundamente dividido. Los liderazgos que ha tenido han sido influencias positivas

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y negativas. En un sentido, han llevado al Partido hasta conquistar el cargo más importante del país (la Presidencia de la República), pero, por otro lado, también la personalidad de algunos líderes que solamente buscan una posición personal y que manipulan a los militantes ha provocado serios enconos y divisiones que han estancado a la organización en términos de avances y expansión electoral. Cuando esto sucede y la cúpula se divide de esta forma, es complicado avanzar en los procesos que pueden hacer crecer al Partido mismo. Electoralmente se derrumba y no hay margen de maniobra como dique de contención ante la catástrofe. Prueba de ello, podríamos encontrarla en las elecciones federales del año 2009, cuando Acción Nacional perdió la mayoría relativa que tenía en la Cámara de Diputados y varios otros cargos importantes que se compitieron en elección al mismo tiempo. Panebianco estableció en su hipótesis que cuando un partido perdía electoralmente los avances que ya había ganado, es

decir, que tenía retrocesos electorales y estancamiento, se debía en gran parte a que la coalición dominante del partido se había desunido. Y cuando la división persiste, se pierde lo ganado. Panebianco dice también que el carisma personal puede sobreponer esta situación, pero esta es otra prueba de que Acción Nacional ha perdido gran parte de sus liderazgos carismáticos, o bien, que la división de los líderes y dirigentes, así como de aquellos referentes que daban certidumbre y legitimidad al Partido está llevándolo a la bancarrota política. Acción Nacional ha tenido que hacer algunas alianzas con la fuerza política opositora que más distancia ideológica tiene del partido. Solamente así ha conseguido su objetivo de ganar algunas posiciones importantes y no caer en el barranco electoral. No obstante lo anterior y que ha sido duramente criticado por ello, ha decidido permanecer en esta línea de acción política. Precisamente por esto, podría argumentarse que la coalición que rige al interior del Partido se 17

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encuentra gravemente desunida y dividida. De otra forma no habría necesidad de aliarse con un partido político tan distante ideológicamente si no fuera porque se encuentra en graves apuros. Al enfrentar la división de sus liderazgos y la pérdida del carisma político que buscaba vencer en la batalla cultural, Acción Nacional se debilitó frente a otros actores externos: la oposición política. Primero, la que quiere volver a gobernar a México, con supuestas y diferentes prácticas que las de antaño, o bien, segundo, la que quiere gobernar a México desde un proyecto alternativo y radicalmente opuesto, al menos en el discurso. Asimismo, los enemigos a la gobernabilidad y los roles públicos que el Partido ha tenido que jugar con sus mejores cuadros dentro del Gobierno Federal ha debilitado también enormemente la brújula del instituto político en esta lucha política, social, cultural e ideológica.

Prospectivas de un liderazgo carismático En este orden de ideas, Acción Nacional tiene frente a sí dos escenarios. No existen los escenarios intermedios en este caso. El primero podría describirse como una reestructuración, casi una deconstrucción del partido político. Necesita volver a plantearse sus objetivos ideológicos primero, y devenir de estos los políticos. Primero tiene que definir el rumbo y posteriormente ponerse en marcha. No le servirá en este caso, empezar a realizar cosas que no tiene claro para qué las hace. Pero necesita derrumbar algunos vicios y superar la división. Acceder y abrir la puerta a repensarse de nuevo. El Partido Acción Nacional, en este caso concreto, debe acceder a un ejercicio de autocrítica serio y profundo, que le permita descubrir algunos vicios y causas de su estancamiento político y cultural. Y una vez identificados éstos, volver a pensarse como un partido político capaz de ofrecerse como opción no solamente de acción política, sino que provea de todo un andamiaje de pensamiento social e ideológico que le de un rumbo cierto a su actuar.

De cumplirse lo anterior, el partido político tendría que eliminar prácticas antidemocráticas, como la imposición de candidatos, o bien, hacer a un lado la división que impera entre sus coaliciones dominantes, ya sea nacional o locales. Realizado el ejercicio serio de autocrítica, debe concentrarse en todos aquellos errores y malas prácticas que lo llevaron a un escenario poco favorable en términos electorales, a escándalos de corrupción en otros casos, al sabotaje entre los mismos miembros de la organización y al abandono del partido por buscar posiciones gubernamentales o de otra índole. El Partido, si logra eliminar y reposicionar lo anterior habrá dado un primer paso para su renovación. Seguido de ello, tiene la obligación de definir un rumbo claro de a dónde ir. No es sencillo, porque tiene que definir de forma profunda y honesta el destino ideológico y político de la institución. En este caso es tan importante hacerlo así, porque entonces podría también volver a delinear un perfil de su militancia. Evitar los vicios que dieron origen a todo lo que ahora sucede. En este escenario, además, las cúpulas partidarias y las áreas y personas que integran la coalición dominante se volverían a unir para trabajar en conjunto por los objetivos descritos anteriormente. Dado el rumbo cierto, en términos ideológicos y políticos, es decir, definidas cuáles son las batallas que Acción Nacional quiere librar ahora, tanto culturales como políticas, será más sencillo encontrar puntos en común con los demás. En este sentido, un partido que vuelve a institucionalizarse, que encuentra objetivos comunes y cuya coalición dominante vuelve a unificarse de forma sólida, seguramente será un partido en expansión y crecimiento otra vez. Podrá volver a conquistar importantes posiciones políticas, pero también habrá ganado importantes batallas culturales. En todo sentido, este escenario es lo mejor que podría suceder para el Partido mismo. Por tanto, el surgimiento de nuevos liderazgos carismáticos al interior del Partido será casi inherente a este proceso de renovación. Nuevos líderes y el carisma de estos podrá jugar un

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papel fundamental en la construcción de un nuevo instituto político. Una vez más, líderes que como en el pasado, sean capaces de permear en todos los niveles de la organización y de los miembros y de imprimir en éstos el propio carisma, transmitirlo como propio, y encontrar nuevos puntos de acción ideológica y política en consecuencia. El escenario menos favorable, o negativo, por decirlo así, es precisamente el opuesto; uno donde los líderes nunca accedan a un ejercicio de autocrítica y de pensamiento profundo sobre las causas principales de los retrocesos que ha tenido Acción Nacional. Un escenario donde el Partido continúe con ciertas prácticas nocivas como la imposición antidemocrática de candidatos, la corrupción en sus gobiernos o la falta de mística e ideología en sus gobiernos y acciones políticas. En ese caso, está condenado a encontrarse con más derrotas y con más obstáculos para su crecimiento, que en todo caso podrían llegar a ser retrocesos. En este escenario negativo, la coalición dominante de Acción Nacional permanecería dividida. Los líderes del partido político no podrían encontrar una causa en común que los unificara. En este caso, la razón principal de este negativo escenario político para Acción Nacional sería, en primer lugar, la falta de claridad ideológica. Al no tener un objetivo culturalmente hablando que alcanzar, no existiría la motivación adecuada para la unidad y posteriormente, la acción política. Cuando el partido es capaz de delinear claramente el rumbo ideológico que habrá de tomar, es más sencillo lograr que exista un motivo por el cual, el partido debe estar unido, más allá de la mera conquista de posiciones electorales. No se trata de actuar políticamente por el simple hecho de hacerlo. Se requiere de dirección y esa brújula solamente la puede dar el sentido ideológico de la batalla. Mientras no se logre lo anterior, el escenario para Acción Nacional seguirá siendo desfavorable. No existen los escenarios intermedios, porque esta renovación es como un juego de “suma

cero”, es decir, de todo o nada. O se renueva y se reconstruye, o bien, seguirá por una ruta de descalabros. Hay dos escenarios solamente. El actual, o el que podría tener si decide ponerse en esa ruta. Las cosas para Acción Nacional no están perdidas, pero requiere de acciones inmediatas. Conclusiones Durante los casi setenta años que el régimen de partido hegemónico imperó en toda la esfera del sistema político mexicano, el Partido Acción Nacional, desde su surgimiento, se fue convirtiendo en la conciencia ideológica dentro del espectro político. Su lucha, más allá de política, era testimonial. Los liderazgos carismáticos que existían al interior del Partido permearon este espíritu en todos sus integrantes y en toda la institución, siendo después los propios militantes quienes replicarían este modelo de acción política. El rumbo ideológico estaba claramente definido y el Partido tenía claro que la lucha ideológica era una batalla cultural que tenía que librar para conseguir el cambio y la transformación política que anhelaba. Todo esto lo hizo dentro de los límites del institucionalismo y las normas democráticas, que aunque autoritario el sistema, decidió jugar en los límites de éste. Los liderazgos carismáticos jugaron un papel aglutinador y no solamente eran líderes legítimos al interior del propio Partido, sino también, hacia afuera. El Partido Acción Nacional ejerció un liderazgo carismático en el ámbito del sistema político mexicano que lo dotaba de legitimidad en la búsqueda del poder y en la persecución de sus objetivos. Al tener clara la ruta programática y de acción ideológica y política, pesaba sobre su actuar la legitimidad de quien sabe lo que hace, y además, es social y políticamente aceptado. No obstante lo anterior, el partido, debido a una serie de cambios en el sistema político y a su llegada al poder en el año 2000 (en la Presidencia de la República), enfrentó un proceso de cambio donde sus élites comenzaron a dividirse y por tanto a tener retrocesos electorales y

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políticos importantes. La coalición que domina al Partido desde su interior se dividió y comenzó por ejercer la acción política sin un rumbo ideológico claro. En este sentido, la división interna y las prácticas fuera de las normas democráticas, así como la influencia de líderes, pero no carismáticos, sino manipuladores, y el abandono de cuadros para ocupar posiciones en otros ámbitos, han postrado al partido en una honda crisis ideológica y política. Tiene frente a sí dos escenarios: continuar con la ruta que lleva, donde la división prevalece y el retroceso se hace patente; sin la existencia de una ruta ideológica consistente que provea de objetivos claros a la acción política y la falta de un factor que aglutine a todos los sectores. De seguir así, está condenado al fracaso. Pero no hay ruta intermedia. El otro escenario posible, y solamente hay este otro, es romper con los vicios y hacer un ejercicio de autocrítica profunda. Descubrir las prácticas antidemocráticas, usurpadoras y abusivas de los líderes que han manipulado a la militancia a favor propio y la erradicación de ello, así como el nuevo trazo de una ruta ideológica que otorgue certeza a la conducta política y por ende logre la unificación de la coalición que le gobierna, podrían llevar a Acción Nacional a nueva posición. Pero es un juego de todo o nada. La suerte aún no está echada.

Referencias: • Easton, D. (2001). Categorías para el análisis sistémico de la política. Albert Batlle (Ed.), Diez textos básicos de ciencia política (pp. 221 – 230). España: Ariel. • Lipset, S. (2001). Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad política. Albert Batlle (Ed.), Diez textos básicos de ciencia política (pp. 113 – 150). España: Ariel. • Panebianco, A. (2000). Modelos de Partidos. Organización y poder en los partidos políticos. Ed. Alianza. Madrid, España. Pp. 315 • Scheufele, D.A. y Moy, P. (2000). Twenty-Five years of the Spiral of Silence: a conceptual review and empirical outlook. International Journal of Public Opinion Research, Vol. 12, No. 1. World Association for Public Opinion Research.

El Poder Legislativo: la encrucijada del bien común Juan Pablo Chabaud Limón “Dentro de las circunstancias especiales de cada comunidad humana, y por encima de los intereses parciales de los individuos o grupos que la integran, la búsqueda del Bien Común debe ser el objetivo indeclinable de la política”. Adolfo Christlieb Ibarrola, 1962.

La alternancia política en México derivada de las elecciones del 2 de julio del año 2000, en donde el Partido Acción Nacional triunfó en los comicios con el importante respaldo de una sociedad participativa esperanzada en el cambio político, hizo coincidir a los actores políticos y a la ciudadanía en general en la impostergable necesidad de concretar una serie transformaciones institucionales y de reformas al orden jurídico, profundas, para contar con instituciones del Estado acordes al proceso de transición y consolidación democráticas, sustentadas en la gobernabilidad y la paz pública. Al haberse cumplido diez años de aquel momento histórico, cabe hacer una pausa para hacer un análisis en perspectiva sobre el papel que ha desempeñado en este tiempo una institución fundamental, en la expectativa de los grandes cambios para el país, el Poder Legislativo, y exponer una visión a futuro desde el punto de vista del deber ser, pese a la realidad política prevaleciente. Algunos autores como Adam Przeworski1 y Juan Linz2 afirman que los paradigmas de las transiciones en los países culminan con la aprobación de una nueva Constitución, un nuevo orden legal, Praeworski Adam. “Democracia y mercado”. Cambridge University Press. 1995 Linz, Juan. “Transiciones a la democracia”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. No. 51. 1990

1 2

derivado del acuerdo y negociación entre los representantes electos, además de otras condiciones, como la desvinculación con el régimen anterior y las elecciones libres, para dar paso al proceso de consolidación democrática en donde el nuevo régimen delinea y perfila su estructura institucional para dirimir los conflictos. En México las fuerzas políticas no optaron por una nueva Constitución Política sino por mantener la vigente promulgada en 1917, cuyo texto ya contenía preceptos fundamentales como las garantías individuales y la organización del Estado, y que habría que fortalecer y modificar en concordancia con las expectativas generadas por el cambio democrático. México necesitaba contar con instituciones sólidas, eficientes, al servicio de los ciudadanos, transparentes, garantes de los derechos humanos, con la capacidad suficiente para dar respuestas eficaces a los problemas económicos, sociales y políticos. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, entonces, debían ser las piezas claves durante la fase posterior a la alternancia, por su facultad constitucional de iniciar leyes, y especialmente el Congreso de la Unión, como el ente propicio para el debate y la negociación de las grandes reformas institucionales para el país, por su carácter plural y representativo. 21

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A pesar de la importancia de la toma de decisiones respecto a las grandes reformas institucionales para el proceso de consolidación democrática, México se ha encontrado en ocasiones con caminos sinuosos por diversos factores, uno de ellos, el contar con gobiernos divididos en estos diez años, lo que no ha permitido avanzar en los acuerdos y consensos para aprobar las reformas necesarias, y otro, también de gran relevancia, que tiene que ver con la responsabilidad política de los actores ante los escenarios que plantea el fortalecimiento institucional del Estado, como se describe en las siguientes líneas. Gobiernos divididos y reformas estructurales Partiendo del año 2000 como referencia de este análisis, ningún partido político representado en el Congreso de la Unión ha contado con la mayoría absoluta de los votos para la aprobación de reformas legales, lo que ha hecho muy compleja la toma de decisiones al interior del Legislativo, y por ende, la relación y negociación con el Poder Ejecutivo. El Congreso mexicano se ha convertido en un contrapeso real del Ejecutivo y poco a poco ha comenzado a entender sus

funciones legislativas, integradoras, de gestión y control, a asumirse como un genuino parlamento; es ya un espacio plural, donde las fuerzas políticas en él representadas constituyen una fuerza política real. Desafortunadamente, esta integración plural de las Cámaras de Diputados y Senadores en las legislaturas LVIII, LIX, LX y LXI no ha facilitado la construcción de acuerdos, especialmente para la aprobación de reformas constitucionales que requieren de una mayoría calificada (2/3 partes de los miembros del Congreso presentes en ambas cámaras) y la mayoría de las legislaturas locales. Las siguientes gráficas (1 y 2) muestran la forma en que el Congreso mexicano se ha conformado, y cómo ningún partido político por sí solo ha alcanzado la mayoría absoluta de curules y escaños (251 en Cámara de Diputados y 65 en Cámara de Senadores), lo ha significado un complejo proceso de búsqueda de mayorías, no estables, sino efímeras y coyunturales para la aprobación de reformas. Cada uno de los asuntos a negociar, incluso los de carácter administrativo y la ratificación de nombramientos, han implicado intrincados procesos de deliberación para los grupos parlamentarios.

Diputados

Gráfica 1. Integración de la Cámara de Diputados 275 250 225 175 150 125 100 75 50 25 0 PAN PRD PRI PV PT Otros**

LVIII

LIX

LXI*

204 208

148 202

206 106

142 240

55 55 58

97 97

125 125

68 68

Legislatura

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL). SEGOB. * Datos de final de Legislatura (Actualización de la LXI Legislatura al 30 de junio de 2010). Durante las legislaturas se han presentado movimientos de legisladores, quienes han renunciado a sus bancadas y se han adherido a otras o se han pronunciado como independientes, pero no han modificado sustancialmente la integración de la Cámara. ** “Otros” incluye a partidos que no han estado representados en las cuatro legislaturas y a los diputados independientes.

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Senadores

Gráfica 2. Integración de la Cámara de Senadores 65 60 55 45 40 35 30 25 20 15 10 0 PAN PRD PRI PV PT Otros**

LVIII

LIX

LXI*

46 60

47 57

51 32

50 33

16 5 1 0

15 5 1 3

26 6 5 8

24 7 5 9

Legislatura Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL). SEGOB. * Datos de final de Legislatura (Actualización de la LXI Legislatura al 30 de junio de 2010). Aunque el Senado se renueva en su totalidad cada dos legislaturas, se observan diferencias en la integración porque se han presentado movimientos de legisladores, quienes han renunciado a sus bancadas y se han adherido a otras o se han pronunciado como independientes, pero no han modificado sustancialmente la integración de la Cámara. ** “Otros” incluye a partidos que no han estado representados en las cuatro legislaturas y a los senadores independientes.

A partir del 1 de diciembre del 2000, fecha en que rindió protesta Vicente Fox como Presidente de la República, y hasta el 31 de agosto de 2011, el Ejecutivo ha enviado al Congreso para su análisis un total de 2833 iniciativas de Ley de las cuales se han aprobado 219, lo que significa un porcentaje de aprobación del 77.38%. Visto de forma numérica, se puede considerar una eficiente labor de negociación entre los Poderes de la Unión, pero si entramos un poco más a detalle sobre los asuntos presentados y aprobados podremos darnos cuenta de otra realidad. Hay que tomar en consideración, primero, que parte de esas iniciativas del Ejecutivo corresponden a los Presupuestos de Egresos de la Federación y a otro conjunto de normas que incluyen los denominados paquetes fiscales (Ley de Ingresos) que año con año tienen que ser discutidas y aprobadas en tiempo y forma, como lo señala el texto constitucional. Por otra parte, de las 257 iniciativas presentadas por el Ejecutivo, 22 han sido de carácter constitucional, 12 de las cuales han sido aprobadas en el seno del Congreso de la Unión, mientras que de las otras 10, siete siguen pendientes de dictamen en las comisiones y tres han sido desechadas. Todas las referencias sobre iniciativas de Ley que se presentan de aquí en adelante tienen como fuente el Sistema de Información Legislativa de la SEGOB (http://sil. gobernacion.gob.mx/portal) y las páginas electrónicas de las Cámaras de Diputados y Senadores (www.diputados.gob.mx y www.senado.gob.mx).

Las iniciativas de reforma constitucional aprobadas corresponden a temas de gran relevancia. La primera iniciativa constitucional de la alternancia presentada y aprobada trata sobre una deuda histórica del Estado mexicano: el reconocimiento en nuestra Carta Magna a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, sus garantías jurídicas y derechos políticos y sociales. Subsecuentemente fueron aprobadas nuevas reglas en materia presupuestaria, límites para la presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos (2 iniciativas); una reforma referente a la aceptación de la competencia de tribunales internacionales establecidos en tratados de los que México es parte; el fortalecimiento del régimen de responsabilidades administrativas a nivel federal (2 iniciativas); el reforzamiento de las tareas del Estado en materia de Derechos Humanos; la que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de delincuencia organizada y secuestro; el fortalecimiento de las funciones de fiscalización que realiza el Congreso de la Unión través de la Auditoría Superior de la Federación, así como el establecimiento de parámetros de conducción de los tres órdenes de gobierno en la administración de los recursos públicos y la autorización de erogaciones plurianuales como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación; y el

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ajuste de salarios al interior de las entidades y dependencias de la administración pública federal, así como de los organismos autónomos. No obstante, entre las iniciativas constitucionales del Ejecutivo pendientes desde la LVIII Legislatura o que han sido desechadas se encuentran las siguientes: Reformas en materia de federalismo relativas a las facultades municipales y estatales para imponer contribuciones locales a productos y servicios; protección a menores de edad que han sido víctimas de delito; otorgar facultades al Poder Legislativo en materia de seguridad nacional; una reforma estructural en materia de justicia penal; de protección a las personas en materia de seguridad pública, seguridad nacional, una reforma al sector energético; la modernización del subsector de gas natural; la reforma para que los partidos políticos transparenten sus gastos y la reducción de los costos electorales; y la denominada reforma política que incluye diversos temas como la elección consecutiva de legisladores federales, locales y ayuntamientos, la reducción en el número de integrantes del Congreso, segunda vuelta electoral, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, nuevo

umbral de votos para conservar el registro como partido político nacional, facultad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciativa preferente y observaciones del Ejecutivo a los proyectos de Ley y Presupuesto de Egresos. Son propuestas relevantes para el proceso de consolidación democrática que se han quedado en el tintero, y algunas de las cuales, como la reforma política han sido sometidas a foros de consulta e interesantes debates políticos y académicos, pero sin resultados en la legislación. Por su parte, los legisladores en ambas cámaras han presentado a lo largo de 10 años un total de 12 mil 487 iniciativas sobre los más diversos temas y asuntos, de las cuales han sido aprobadas mil 476, lo que representa un porcentaje de aprobación del 11.82%. Sin duda la aprobación de dichas iniciativas es algo importante, sin embargo hay un dato muy significativo sobre un fenómeno que se ha presentado en el Congreso de la Unión: cada año legislativo se presentan cada vez más iniciativas y se aprueba una cantidad menor como lo revela la siguiente gráfica (3):

Gráfica 3. Relación de Iniciativas Presentadas por Legisladores y Aprobadas* 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Iniciativas presentadas Iniciativas aprobadas

2000- 20012001 2002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

214

571

676

702

1348

1439

1184

1407

1543

1551

1852

184

227

138

226

130

100

Año Legislativo

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL). SEGOB. * Iniciativas presentadas y aprobadas por Legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Permanente entre el 1 de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2011 por año legislativo.

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El porcentaje de aprobación de iniciativas respecto al número de las que han sido presentadas ha disminuido en el transcurrir de las legislaturas, como lo refleja la gráfica 4:

un porcentaje del 15.5%. De las iniciativas aprobadas, 13 son reformas constitucionales, entre las que predomina el tema de federalismo hacendario. La importancia de las iniciativas

Gráfica 4. Porcentaje de aprobación de iniciativas* 35.00

20002001

4,84

9,24

19,09

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 20062002 2003 2004 2005 2006 2007

6,48

0.00

9,59

5.00

16,84

10.00

32,34

15.00

13,31

20.00

32,22

25.00

26,64

Porcentaje

30.00

1,19

2007- 2008- 2009- 20102008 2009 2010 2011

Año Legislativo

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL). SEGOB. * Porcentaje de aprobación de las iniciativas presentadas por Legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión entre el 1 de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2011 por año legislativo.

Destaca el dato de que en los primeros años de la alternancia política el porcentaje de aprobación de iniciativas presentadas por los legisladores es más alto que en los posteriores, lo que nos habla de que aunque fueron menos las iniciativas presentadas, el impacto de las mismas fue mayor, en correspondencia con las expectativas sociales y políticas de la transición democrática. Las anteriores gráficas también revelan que la calidad del trabajo legislativo no puede basarse ni evaluarse en sentido positivo únicamente en la presentación de una mayor cantidad de iniciativas sino en la relevancia de su contenido y la construcción de acuerdos para su aprobación. Otros actores importantes con la facultad constitucional de iniciativa son las legislaturas locales. Estas han presentado en este mismo periodo de tiempo un total de 400 iniciativas, de las cuales han sido aprobadas 62, lo que representa

presentadas por los congresos locales recae en que ofrecen una visión más amplia sobre los problemas estructurales de las entidades federativas en el contexto nacional, pero como se puede observar, la mayoría de sus propuestas no han sido tomadas en cuenta para su discusión por el Congreso de la Unión. En resumen, el Ejecutivo, los legisladores de la República y las legislaturas locales han presentado un total de 13 mil 314 iniciativas de Ley, de las cuales han sido aprobadas dos mil 228, lo que representa un porcentaje del 16.73%, y el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido 339 modificaciones. Reforma del Estado Un asunto clave en el proceso inacabado de consolidación democrática es el de la Reforma del Estado. La década de los noventa, en donde terminaba de perfilarse la transición a la

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democracia, fueron muchos los momentos y espacios en que los actores políticos, con un espíritu reformista tuvieron la voluntad política para llevar adelante reformas sustanciales de las instituciones. De aquella década se recuerdan temas que venían siendo demandas históricas por parte de la oposición y de la ciudadanía, como el fin al reparto de las tierras, la creación del Instituto Federal Electoral como ente autónomo, la autonomía del Banco de México, la reforma política del Distrito Federal, las relaciones Iglesia-Estado, la desaparición de la cláusula de gobernabilidad para la representación en el Congreso, la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la reforma electoral de 1992, el fortalecimiento del Poder Judicial, la reforma política de 1996, entre otras de gran calado para el fortalecimiento del Estado mexicano y que facilitaron en gran medida la alternancia en el poder. A diferencia de aquellos grandes esfuerzos que derivaron en importantes modificaciones constitucionales y legales, durante los años posteriores al 2000, los acuerdos para concretar una Reforma del Estado no han fructificado. En ese año, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial para el análisis de las propuestas de reforma en la materia; en el año 2002, el Senado de la República hizo lo mismo abriendo espacios y foros de discusión más amplios y plurales, en los que el Ejecutivo también participó sin resultados palpables. En el año 2006, con el propósito de que todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo (PAN, PRD, PRI, PVEM, Convergencia, PT, PANAL y PAS) y el Ejecutivo Federal hicieran un pacto nacional para sacar adelante la Reforma del Estado,4 el Senado de la República aprobó una iniciativa con proyecto de decreto que creaba la Ley para la Reforma del Estado. En dicho documento se propuso la creación de una Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) como órgano rector del proceso de reforma del Estado. Dicha Comisión Intento similar a lo ocurrido con los Pactos de la Moncloa, España, en 1977 durante la transición posterior al fallecimiento del General Francisco Franco en 1975 y que se consolidó en una nueva Constitución en 1978.

Ejecutiva sería un órgano plural que estaría obligada a negociar y acordar en el lapso de un año las iniciativas que deberán transformar las instituciones del país. En ese lapso de tiempo la CENCA, a través de la Subcomisión de Consulta Pública, lanzó una convocatoria a nivel nacional para participar en diversos foros y alentar la participación ciudadana. Dichos foros plurales reunieron la cantidad de cinco mil 656 propuestas respecto a los grandes temas que engloban la Reforma del Estado: Federalismo, Régimen de Estado y Gobierno, Reforma del Poder Judicial, Garantías Individuales, y Democracia y Sistema Electoral. Al término del plazo de un año contemplado en la Ley, los únicos temas que se discutieron fueron los concernientes a la Reforma Electoral aprobada en 2007, que contempló aspectos como el financiamiento a los partidos políticos, la regulación de campañas y precampañas, el fortalecimiento de la autoridad electoral, y algunos más, que a final de cuentas no dejó satisfechos a los partidos políticos, los cuales han presentado ya nuevas reformas de manera aislada en la materia. Además de las agendas presentadas por los partidos políticos en los diversos mecanismos creados para el análisis y discusión de la Reforma, de manera formal han sido presentadas tres mil 619 iniciativas ante el Congreso de la Unión concernientes a los Poderes de la Unión y los temas de gobernabilidad democrática, y electoral, de las cuales se han aprobado algunas que

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destacan como la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que representa uno de las primeros y más importantes avances en materia de acceso al servicio público y que se convirtió en una de las banderas con que se identificó al gobierno de la alternancia en la búsqueda de la profesionalización y eficiencia como principios de buen gobierno. Otro gran avance, sin duda, la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que establece el derecho de los particulares de acceder a la información en posesión del Ejecutivo, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal de cualquier otra entidad federal. Otras también importantes, por ejemplo, en materia presupuestaria e impositiva, la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, la ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el nuevo formato de entrega y discusión del Informe de Gobierno del Ejecutivo y la antes mencionada Reforma Electoral de 2007. Si bien se ha avanzado en temas importantes, los datos expuestos dejan en claro que la Reforma del Estado es un asunto que requiere no sólo de efímeras expresiones de responsabilidad política por parte de los legisladores, sino de óptimos mecanismos que posibiliten una mejor y más ágil construcción de acuerdos, aunque eso significaría otra propuesta de Reforma que, de acuerdo a lo visto, podría provocar más disenso antes que consenso.

En materias como la hacendaria, la energética y la seguridad pública se han hecho también importantes esfuerzos con la aprobación de iniciativas enviadas por el Ejecutivo, cuyo texto ha sido modificado sustancialmente en el Congreso de la Unión, lo que ha requerido la preparación y presentación de nuevas iniciativas para complementarlas y fortalecerlas, sin que aún se hayan dictaminado. Es de resaltar, particularmente en materia hacendaria y energética, la falta de acuerdos para consolidar reformas integrales por razones ideológicas como el caso del debate sobre la modernización del sector de hidrocarburos en donde se discute la posibilidad o no de la participación de recursos privados y la soberanía nacional sobre estos, o por razones de costo político cuando se pone a discusión la forma y montos de la recaudación de impuestos. Aunado a lo anterior, como país tenemos aún muchos retos por atender como el combate a la pobreza, a la corrupción, a la inequidad, al desempleo, a la inseguridad; el impostergable apoyo a los grupos vulnerables; el acceso de la mayoría de los niños y jóvenes a una educación de calidad; el combate a la desnutrición infantil; el acceso a la salud; entre otros muchos problemas y necesidades que no han sido abordados de forma contundente. En suma, en materia de organización del Estado y solución a los grandes problemas, la división en el ejercicio del poder ha significado un gran desequilibrio en lo fundamental. El sistema de pesos y contrapesos ha derivado en una constante cerrazón por parte de las fuerzas políticas para analizar profundamente las grandes reformas que urgen a nuestra nación. Las razones y sinrazones manifestadas por unos y otros, así como su falta de visión de Estado, han generado un esquema continuo de parálisis legislativa o de resultados a medias tintas. Bien Común vs. intereses particulares Sin duda, para un sistema democrático es de gran valía que se escuchen y se hagan escuchar las voces de todos los sectores y regiones, de las personas, sin embargo, en México se han 27

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confundido los espacios, las instituciones y los medios para la atención de los problemas y los asuntos coyunturales. Es cierto que una de las funciones del Legislativo es la gestión de los intereses y problemáticas de los representados. Es cierto también que el principio de representatividad, por lo menos en lo referente a las posiciones de mayoría relativa en ambas cámaras y primera minoría en el Senado, supone la racionalidad del legislador de llevar al Congreso Federal la voz de sus representados. De igual forma, la pluralidad al interior del parlamento como rasgo inherente del pluripartidismo, se adhiere a los factores que hacen que el Poder Legislativo se convierta en caja de resonancia de los múltiples problemas, situaciones e intereses cotidianos que se han convertido en prioritarios. Durante los últimos años, al interior del Congreso de la Unión se ha observado un fenómeno creciente: la mayor parte de los asuntos presentados y sometidos a discusión y deliberación corresponden a la agenda política y a la coyuntura. Hay que tener en cuenta que en la realidad política, los intereses políticos de los legisladores son múltiples y su carácter representativo queda supeditado a ellos: responder a las demandas de sus electores, de los grupos de interés político,

económico y social a nivel local y federal, de los poderes fácticos, de las causas sociales que se abanderan, de los gobiernos municipales y estatales, de la oposición a ellos, de las agendas, programas e ideologías de sus partidos políticos, el interés político de la trayectoria personal, a las pasiones personales, y a la lucha por el poder, entre otros. Las cámaras del Congreso de la Unión se han convertido gradualmente en un espacio de inflexión para la discusión de los temas de coyuntura y de agenda política que en un gran número de ocasiones no es el propicio. En cada sesión ordinaria y de la Comisión Permanente se presentan proposiciones con punto de acuerdo con temas que en muchos casos no corresponden al análisis y las facultades del Congreso Federal. Muchos de esos asuntos corresponden a cuestiones de carácter local que debieran ser atendidas por los congresos de los estados o por otras instancias gubernamentales u organismos autónomos. La siguiente gráfica (5) muestra la cantidad de puntos de acuerdo en comparación con la cantidad de iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión durante el periodo de referencia:

Gráfica 5. Relación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo Presentados 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Iniciativas Puntos de Acuerdo

2000- 20012001 2002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

214

571

676

702

1348

1439

1184

1407

1543

1551

1852

719

913

812

1560

1907

1784

1975

1966

2177

3103

2899

Año Legislativo

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Legislativa (SIL). SEGOB. Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados por Legisladores en las dos cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Permanente entre el 1 de diciembre de 2000 y el 31 de agosto de 2011 por año legislativo.

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para atender dichos asuntos, particularmente al interior de la Cámara de Diputados. Por su parte, en el Senado de la República lo que ha aumentado es el número de comisiones ordinarias como lo revelan las gráficas 6 y 7:

Gráfica 6. Comisiones Cámara de Diputados 50

No. de Comisiones

45 40

Comisiones Ordinarias

35 30

25 20

Comisiones Especiales y de Investigación

10 5

0 LVIII

LIX

LXI

Legislatura

Gráfica 7. Comisiones Cámara de Senadores 70 60

No. de Comisiones

La figura de la proposición con punto de acuerdo se ha instituido en un instrumento para expresar y dar a conocer la agenda política personal del legislador o del Grupo Parlamentario, quienes encuentran en este acto la posibilidad de fijar una postura no sólo ante el pleno, sino ante los medios de comunicación y la opinión pública. El punto de acuerdo ha servido como herramienta de utilidad para el desfogue de muchas tensiones, controversias y diferencias a nivel nacional, sin embargo los Grupos Parlamentarios han acudido a ella de forma cada vez más recurrente para suplir su incapacidad para analizar y negociar las reformas y, por consiguiente, la carencia de consensos y acuerdos sobre los temas fundamentales, propios de las facultades constitucionales del Congreso, en el cumplimiento de su primordial función legislativa. Por ejemplo, durante la LXI Legislatura, han quedado pendientes en la agenda de las comisiones ordinarias de las cámaras, dictámenes muy importantes y de gran relevancia como la reforma política, la reforma laboral, la Ley de Seguridad Nacional y reformas en materia de protección a periodistas y a la libre expresión, algunos de los cuales o quizá la totalidad de ellos, por su oportunidad y pertinencia, ameritaban ser abordados en periodos extraordinarios de sesiones. Sin embargo, los grupos parlamentarios decidieron posponer su análisis y discusión para dedicar el tiempo de receso legislativo a la coyuntura de las elecciones locales a celebrarse en el mes de julio. El desahogo de estos asuntos de interés particular y temporal, en muchas ocasiones predomina en la agenda de discusión, debate y deliberación, tanto en el pleno como en las comisiones legislativas. Cada vez más las jornadas de trabajo se enfocan a dirimir las controversias expuestas en los puntos de acuerdo, y cada vez menos se discute sobre el contenido de las iniciativas de Ley, quedando pendientes sus dictámenes. Otro dato que ejemplifica esta priorización por la agenda política y los temas de coyuntura, es la creciente creación de comisiones especiales

Comisiones Ordinarias

50 40

30 20

Comisiones Especiales 29

13 LVIII

LIX

0 LX

LXI

Legislatura

Fuente: Elaboración propia con datos de los acuerdos para la integración de las comisiones y de sus mesas directivas. Gacetas Parlamentarias de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

La naturaleza de las comisiones especiales y de investigación es la de atender un asunto específico en un plazo determinado. Sin embargo, observamos algunos casos en que dichos asuntos

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podrían ser atendidos por las comisiones ordinarias. Por ejemplo, se han creado comisiones especiales de ganadería o de seguridad pública, entre otras, cuando ya existen las ordinarias para trabajar dichos temas. Estas comisiones especiales también se han convertido en instrumentos de negociación por parte de los Grupos Parlamentarios. Su creación significa la asignación de recursos para su funcionamiento y la posibilidad de contar con mayores espacios de influencia por parte de los legisladores. Un ejemplo más que deja ver la primacía de la agenda política sobre la legislativa es la utilización de la revisión de las cuentas públicas y los informes de la Auditoría Superior de la Federación sobre los ejercicios fiscales. Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados han aprovechado este recurso para exponer en tribuna los dictámenes sobre los resultados de las auditorías realizadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, exaltando las observaciones realizadas por el máximo órgano de fiscalización del país,

convirtiendo el debate en un asunto meramente político, sustentado en la función de control que ejerce el Legislativo, como fue la dictaminación y debate a mediados del mes de abril de 2009 sobre la cuenta pública 2002-2003, dos meses previos a la celebración de los comicios federales de ese año. Durante la discusión en pleno del dictamen, los partidos de oposición al gobierno sacaron a relucir las observaciones de las auditorías realizadas para exponer supuestos malos manejos en la ejecución de los recursos públicos por parte del Ejecutivo Federal. Sin embargo, no consideraron que dichas observaciones fueron solventadas en la administración pública en tiempo y forma. La participación en tribuna por parte de los legisladores se convirtió en un duelo de acusaciones en donde privaron los señalamientos sobre las anteriores administraciones, el régimen político, la repartición de culpas sobre la situación del país, las antiguas y nuevas disputas por el poder, en fin, todo menos el concreto análisis de la cuenta pública. Se tenía agendado para dos sesiones posteriores, el análisis de la cuenta pública del ejercicio 2003-2004 mismo que, después del recuento de lo ocurrido y para evitar nuevamente una confrontación, los Grupos Parlamentarios de común acuerdo decidieron retirar el tema del orden del día. Un caso similar fue el ocurrido en el mes de abril de 2010 en donde se sometió ante el pleno el análisis del dictamen de la cuenta pública del ejercicio 2007. Mismo debate, mismos argumentos, con la salvedad de que el dictamen fue aprobado con un transitorio reprobando la forma en que se ejerció el gasto, exaltando nuevamente las observaciones e irregularidades expuestas en las auditorías, lo que los medios de comunicación interpretaron como la reprobación del primer año del Presidente de la República, sin detenerse en el análisis de que las observaciones estaban en proceso de ser solventadas en su totalidad. La revisión de la cuenta pública como facultad constitucional de control por parte del Legislativo debiera ser observada con toda seriedad

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por parte de los legisladores. Se trata de un asunto de enorme relevancia institucional, mediante el cual se pueden evitar y erradicar prácticas como la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos, así como también dar dinamismo a mecanismos propios de la democracia y la división en el ejercicio del poder como la transparencia y la rendición de cuentas. Como lo menciona el título de este apartado, el Congreso de la Unión es una caja de resonancia de lo que ocurre en el país, y en ocasiones las pasiones políticas han desbordado la institucionalidad de las cámaras, particularmente de la de Diputados. Cabe recordar los momentos de incertidumbre que se vivieron como parte del conflicto postelectoral del año 2006; primero, lo ocurrido hacia el VI Informe del Presidente Fox como antecedente clave para la toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente de la República el 1 de diciembre de ese año. El ánimo político postelectoral abría muchas posibilidades de acción por parte del denominado Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por legisladores del PRD, PT y Convergencia, quienes después de los comicios no reconocieron el triunfo del candidato del PAN y emprendieron una ardua lucha a través de una gran cantidad de medios para solicitar el recuento de los votos emitidos, llevaron el asunto a las sedes del Congreso de la Unión. El 1 de septiembre de 2006 se llevaría a cabo la sesión de apertura de la LX Legislatura con el VI Informe de Gobierno del Presidente Fox. El Ejecutivo y los legisladores del PAN y de otras fuerza políticas ya imaginaban y tenían previsto que el FAP llevaría a cabo algún tipo de estrategia para boicotear dicha ceremonia. El FAP optó por tomar la tribuna de la Cámara de Diputados horas antes de la sesión e impedir el paso al Presidente Fox para rendir su informe ante el pleno del Congreso, para dar paso a un hecho inédito en la vida institucional del país: la entrega por escrito el VI Informe de Gobierno en las puertas del recinto de San Lázaro y retirarse habiendo cumplido con el mandato constitucional. Con estos antecedentes privaba la incertidumbre

sobre lo que podría pasar hacia la toma de protesta de Felipe Calderón como Presidente de la República, el 1 de diciembre de ese año. El FAP apostaba a generar una crisis institucional mediante las causales del artículo 85 constitucional que a la letra señala: “Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo o la elección no estuviese hecha y declarada el 1º de diciembre, cesará sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el anterior”. Asimismo, el artículo 87 constitucional señala la formalidad del acto de Toma de Posesión del Presidente: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ‘Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y, si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”. Para evitar a toda costa que se dieran estos supuestos, se analizaron y exploraron todas y cada una de las alternativas legales, además de una profunda labor de negociación con los grupos políticos por parte del Ejecutivo para que la transmisión de poderes se diera en orden y en cumplimiento con lo señalado por la Constitución. Mientras transcurría este proceso de estudio de opciones y de diálogo formal por parte del Ejecutivo con el Presidente de la Cámara de Diputados y con las fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política, el 28 de noviembre de 2006, durante la sesión ordinaria que se celebraba en San Lázaro, los diputados del PAN, ante el amago de la toma de tribuna y del recinto parlamentario por parte de los legisladores del FAP, tomaron la máxima tribuna del

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país para impedir que su contraparte opositora a la toma de protesta constitucional hiciera lo propio, lo que desató la confrontación física y verbal por parte de ambos bandos. Esto desencadenó algunos enfrentamientos entre los diputados, y lo que se reflejaba hacia la opinión pública, en un primer momento, era que lo que se estaba haciendo era un acto irracional que nuevamente situaba a los representantes de la nación en el escándalo político y en el mal ejemplo de la utilización de recursos antidemocráticos como medio para imponerse. Por su parte, los grupos parlamentarios no cesaron en su afán de alcanzar algún tipo de negociación. Respecto a la toma de la tribuna nadie daba un paso atrás para no ceder terreno, no obstante, lo que si comenzaba a perfilarse horas antes de la sesión fue el apoyo del PRI y del PVEM para alcanzar el quórum necesario para dar inicio a la ceremonia en las condiciones suficientes para que ésta se llevase a cabo y de esta forma evitar cualquier tipo de controversia constitucional. Todo este asunto tenía un significado mayor que la propia coyuntura de la transmisión de poderes, del acto en sí del protocolo constitucional de la rendición de protesta por parte del Presidente de la República. La causa final no era la toma de protesta, sino generar un ambiente de gobernabilidad, estabilidad institucional y dar legalidad al proceso de transmisión de poderes mediante la certeza jurídica. En las horas previas al mismo día 1 de diciembre lo que privaba era una gran incertidumbre sobre lo que podría pasar. Llegó el momento en que la toma de decisiones por parte del Ejecutivo y de los legisladores se concentró en buscar la forma reducir los riesgos institucionales. Finalmente, con la tribuna tomada, los legisladores del PAN lograron conseguir que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República en un acto inédito pero que finalmente cumplió con todos y cada uno de los requisitos de Ley al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro. Las reiteradas tomas de tribuna, que desafortunadamente sirvieron como una opción

recurrente de manifestación al interior del Congreso, la carencia de diálogo y la prevalencia de la coyuntura por sobre los asuntos estructurales se han convertido en actos de la política que los legisladores de la República no han sabido superar para edificar un nuevo y mejor entramado político-institucional para el país. Señala Przeworski, y conviene utilizarlo como referencia a lo anterior, que “la vida política democrática cotidiana no es un espectáculo que inspire reverente respeto; al contrario, aparece como una inacabable tira y afloja entre ambiciones mezquinas, una retórica dirigida al ocultamiento y la tergiversación, turbias conexiones entre el poder y el dinero, leyes que ni siquiera aparentan ser justas, políticas que refuerzan los privilegios”.5 Visión prospectiva Estas líneas no pretenden por ningún motivo negar la realidad política del Congreso mexicano, por el contrario, se identifican una serie de actos, prácticas, costumbres que no han facilitado ni contribuido al proceso de consolidación democrática y transformación estructural. Lo que es necesario es comenzar a plantear la posibilidad de que esa realidad política que está ahí, presente, pueda ser modificada en tanto los actos de las personas tiendan a ello. Vale la pena pensar en un Congreso de la Unión que concentre un grupo de 628 legisladores capaces de enfrentar los retos que el presente y el futuro delinean, con una plena conciencia respecto a la gran responsabilidad del cargo que ostentan y el entendimiento y conocimiento pleno de sus facultades y atribuciones; en ello, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad durante sus procesos internos de selección de los mejores perfiles de candidatos. Aunque pareciera un escenario lejano, no se puede descartar la posibilidad de generar ambientes y mecanismos más propicios para que diputados y senadores contribuyan de mejor forma, en primer término, a la estabilidad del Estado, a su gobernabilidad democrática, y segundo, 5

Przeworski. op.cit. pp. 161 y 162

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al cambio y la modernización de las instituciones. Para ello, se expone la visión prospectiva de un Congreso de la Unión que precisamente amalgame, dentro de su pluralidad, la voz y los anhelos de toda una Nación, traducidos en mejores condiciones de vida y de convivencia, de seguridad, de igualdad, de libertad; un Poder Legislativo que en su dimensión representativa realmente haga presentes a los ciudadanos y que éstos, a su vez, se sientan partícipes de las decisiones que le incumben; un Congreso con la capacidad de armonizar las ideas y propuestas de una sociedad participativa en torno a los proyectos legislativos, y que impulse y promueva cada vez más el diálogo entre gobernantes y gobernados, lo que no ha sucedido. La participación ciudadana ha sido un elemento fundamental para la transición democrática del país, sin embargo, el Estado mexicano no ha sido capaz de brindar los canales suficientes y apropiados para que tal participación sea óptima en términos de lo que sugiere un auténtico sistema democrático, y que se refleja de forma contundente en que la participación ciudadana en las elecciones federales para elegir a sus representantes ha disminuido paulatinamente. A diferencia de elecciones como la de 1991 y 1994 en que el porcentaje de participación ciudadana en los comicios fue de 65.97 y 77.16%, respectivamente, en 2006 y 2009 fue del 58.55 y 44.80% en cada una de ellas.6 En diversos foros y espacios de opinión pública la ciudadanía ha expresado su malestar respecto a la actividad política, y el no sentirse representada por quienes han sido electos al Congreso de la Unión. La opinión pública resalta a menudo los conflictos y disensos al interior del Legislativo por encima de sus resultados. Exalta también la falta de cercanía y de rendición de cuentas por parte de sus representantes, quienes no toman en consideración la opinión de sus electores respecto a los temas que se discuten en el Congreso. Una expresión significativa de este rechazo ciudadano se presentó en las elecciones federales 6

Datos del Atlas de Resultados Electorales Federales 1991-2009. IFE

de 2009 cuando algunos grupos de la sociedad civil organizada lanzaron una campaña mediática para participar en la jornada electoral dejando su voto en blanco. México necesita un Congreso con la capacidad de conciliar la construcción de mayorías con el principio de pluralidad y no exclusión de las minorías. Que a la hora de legislar se tomen en cuenta las opiniones de todos buscando el consenso y no sólo el pragmatismo de los votos en pro. Un Congreso que asuma su responsabilidad frente a los ciudadanos, que legisle y no que paralice, que transparente sus procesos y que rinda cuentas, que informe lo que realmente ocurre y que deje a un lado populismos y demagogias para justificar sus hechos que, con visión de Estado, recobre la visión estructural de su quehacer cotidiano como en los primeros años de la alternancia y asuma su responsabilidad histórica con la consolidación democrática. El Congreso mexicano debería también, de forma prioritaria por su carácter representativo, ser el espacio adecuado para promover una mejor relación entre sociedad y gobierno, especialmente, en tiempos en que nuestro país enfrenta problemas, además de los estructurales y coyunturales, de índole sociocultural profundos, que se perciben a diario y que se han generalizado progresivamente como el individualismo exacerbado, la desestimación en el reconocimiento del otro como fuente de coexistencia, la pérdida de confianza entre las personas, el poco o nulo valor que se da a la palabra, la falta de respeto a las visiones y formas de pensar y de vivir, de respeto al propio entorno, la carencia de solidaridad como principio de cooperación humana. Esta situación que de alguna u otra forma divide a la sociedad, derivada de múltiples factores y variables, como la historia, la costumbre, la educación, la economía, el sentido de pertenencia, la cultura, las ideologías, idiosincrasias, etc., significa un enorme dilema que se debe procurar atender y no sólo verlo transcurrir como parte de la naturaleza nacional. Desafortunadamente, en el transcurso de las legislaturas de la alternancia, han sido cada vez

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menos los legisladores con la capacidad de observar estas realidades socioculturales y abonan más al desencuentro y la confrontación sistemática como inercia, más que a la búsqueda de fines trascendentes. En los debates de las cámaras de diputados y senadores se escuchan frecuentemente voces de quienes replican discusiones que han quedado en el pasado y que pertenecieron a otro tiempo y circunstancia política. Se percibe, por ejemplo, a algunos jóvenes legisladores que acceden a una curul o un escaño con gran ímpetu y expectativa de inyectar frescura a las discusiones y al trabajo legislativo, que terminan heredando viejos radicalismos ideológicos y antagonismos que no les corresponden en tiempo y que se contagian de las prácticas y dinámicas parlamentarias antes descritas. En coincidencia con la idea de Juan José Rodríguez Prats de que “es indispensable conformar un discurso político que comunique; palabras que sean puente y obedezcan a un ejercicio

de concordia”.7 “México está urgido de voces orientadoras y no de apasionadas estridencias, de voces serenas que desechen prejuicios y que sepan convocar a la reconciliación”,8 es preciso señalar que el papel de las nuevas generaciones de políticos y legisladores es crucial como portavoces y ejemplo de una reconciliación que impulse y fortalezca el proceso de consolidación democrática en México. Nuestro país requiere de esas voces que convoquen a superar las diferencias a partir del respeto irrestricto de las mismas; que congreguen a encontrar espacios más favorables para el diálogo y que éste, a su vez, se convierta en herramienta eficaz de un verdadero parlamento. Voces integradoras de la diversidad, de las regiones, de la identidad nacional; solidarias y subsidiarias, en pro de las personas, de las familias, de las empresas, de las comunidades humanas, del bien común. Rodríguez Prats, Juan José. “Desencuentro y parálisis en el Congreso mexicano”. UNAM. México. 2006. p. 306 8 Idem. p. 343 7

La esperanza en el PAN Mario Alberto Zambrano Abrego

En la primera parte de su obra El Político y el Científico, Max Weber escudriña lo que implica la “política como vocación”, perfilando elementos clásicos del liderazgo y la ética aplicada al ámbito político. Las ideas contenidas en los mensajes transmitidos en la sesión del Consejo Nacional del PAN del pasado 25 de septiembre esbozan un esfuerzo de reconciliación de dicho partido con la política como vocación y con el ideal de “vivir para la política” y no de ésta. Las señales enviadas por el Primer Mandatario Felipe Calderón Hinojosa y por el Presidente del PAN Gustavo Madero Muñoz son contundentes: el Partido se encuentra desgastado por el ejercicio del poder y los ciudadanos ya no distinguen su esencia; “es urgente una renovación ética, de comportamiento y de imagen.” La realidad indica que vislumbramos un ejemplo puntual del impacto de lo “tentador” de tomar atajos ilegítimos en política, de estirar la liga de los principios de más al grado de romperla. Las consecuencias del actuar político alejado de la ética han impactado al ciudadano y se han dejado sentir tanto en el PAN como en el gobierno.

La diferenciación del partido fundado por don Manuel Gómez Morin se diluye y la renovación se torna indispensable. La ciudadanía se encuentra harta de que los intereses preponderantes no sean los de la Nación y de ello culpa a los partidos políticos. ¿Cuántos dedos de la mano se requieren para contar a líderes políticos que inspiren, que representen esperanza y el ideal a seguir por las nuevas generaciones? El bono ciudadano que al PAN le tomó décadas acumular y que durante años lo ha favorecido se ha ido agotando rápidamente. El “renovarse o morir”, anunciado por el Presidente Calderón, resume el tamaño del daño y, al mismo tiempo, revela la gravedad de no adoptar el remedio correcto. ¿Cómo conectar de nuevo con la sociedad, de qué manera habilitar una reconciliación con el ciudadano, a quiénes impulsar como candidatos? Hay que luchar contra las inercias. El sistema falla si el político, ante la desvinculación con la sociedad y sus legítimos intereses, tiene campo para abandonar un esquema de sensibilización social y rendición de cuentas donde exista un

Mario Alberto Zambrano Abrego

proceso ciudadano de transmisión de inquietudes, carencias y exigencias sociales y una recepción atenta por parte del servidor para posteriormente producir valor para la comunidad. A falta de diálogo y sin una sólida exigencia ciudadana, que se traduzca en presión pública o castigo electoral, la “tentación” para el actor público de materializar conductas egoístas, individualistas y no éticas se multiplica, sobre todo si existe una voluntad poco educada, baja capacidad para el desprendimiento y deseo enfermizo por los temas materiales (léase control y dinero). El cáncer está anidado en nuestras endebles instituciones públicas y privadas. La culpa no es sólo de los actores públicos. Cada ciudadano es corresponsable de que hoy vivamos una dictadura de los antivalores y del pragmatismo imprudente. El poder ciudadano, atomizado, poco puede ante el gobernante irresponsable, los partidos o el funcionario empresarial que corrompe o es corrompido. La sociedad civil debidamente organizada representa la concentración de poder que puede y debe asumir un rol estratégico para el diálogo con los actores públicos en la definición de agendas comunes que privilegien la atención de las problemáticas de la sociedad y un conducto para ejercer presión ordenadamente. ¿Está ocurriendo esto? Estimo que sólo hay bocetos. Los liderazgos sociales requieren sagacidad y visión estratégica para impactar la vida de los partidos políticos y el desempeño de las administraciones públicas en todos sus niveles; sin ello, el poder se mantiene difuso y aumenta el desencanto. Se requieren planes sólidos sobre la Nación que los mexicanos queremos construir y se ocupa actuar, ya que aunque en un esfuerzo social organizado no todos los ciudadanos son líderes sociales ni todos los líderes sociales necesariamente cuentan con una vocación de poder y transformación es indispensable que cada persona asuma una responsabilidad cívica y con el entorno que supere el mero hecho de votar. En todo caso, especial responsabilidad recae en el líder social que sí cuenta con vocación de

poder y transformación, quien no debe faltar al deber y reto que su esencia y la vida le brindan e imponen: liderar en equipo de manera generosa, auténtica, libre y sin coaccionar a terceros, con el fin de generar bien común como resultado de acciones concretas que respeten la dignidad de la persona humana y se funden en los principios de solidaridad y subsidiariedad. Algunos lo harán desde la sociedad civil y otros desde la sociedad política. Y quien pudiendo hacerlo no lo haga, sólo merece el calificativo de traidor a la Patria. Considero que los ciudadanos a quienes se han referido los liderazgos panistas en su pasado Consejo Nacional son aquéllos que, actuando en la esfera del Partido o de la sociedad: (i) siendo sagaces observan un comportamiento ético, (ii) son generosos y muestran equilibrio entre las ideas y la acción política/social y (iii) reconocen lo digno de cualquier trabajo lícito, sea éste entregar un panfleto, impartir una capacitación, realizar una brigada o resolver que las fuerzas armadas sigan en las calles. Me imagino que se refieren, en esencia, a líderes que cabalmente reconozcan que servir implica tener conciencia del peso de la responsabilidad y que dicha carga, llevada en hombros, debe ser la base para no perder piso. Celebro que el PAN trace una línea y directriz encaminada a restaurar el diálogo del Partido con la sociedad civil, con los jóvenes, con las mujeres, con los empresarios, con diferentes sectores de la comunidad y a ubicar los talentos que encarnen la esencia del Partido. Para el trabajo que se avecina será necesario contar con los interlocutores naturales que realmente puedan generar que el ciudadano confíe de nuevo. Como se precisó en el Consejo Nacional habrá que considerar “a los mejores ciudadanos y no a quienes controlen la estructura” y “a los que tengan la capacidad y el compromiso para impulsar la doctrina panista en el poder público”. El esfuerzo de renovación e interlocución habrá de ser genuino, so pena de que a la esencia del PAN le ocurra el segundo supuesto esgrimido por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa: morir.

Seguridad humana y Derechos humanos en el Derecho internacional: encrucijadas y posibilidades “El Estado, como sociedad política, requiere de un Gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad. Requiere también el recto ejercicio de la autoridad, que no es el mero dominio de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común que simultáneamente implica la justicia y la seguridad, y la defensa y protección de la persona y del bien colectivo. Por lo tanto, el Estado no debe desconocer los derechos esenciales de la persona y de las comunidades intermedias...” Partido Acción Nacional, Proyección de los Principios de Doctrina, 19651

E. Dorothy Estrada Tanck 1 El amplio espectro de riesgos que enfrentan las personas en esta era global no se puede entender ni atender plenamente a través de las políticas públicas tradicionales y los conceptos de seguridad del Estado y seguridad nacional.2 Los conceptos por largo tiempo aceptados de seguridad nacional o seguridad militar, centrados en el Estado territorial, no son aptos para analizar muchos factores de riesgo, amenaza o cambio inesperado en la vida cotidiana de las personas causados por otras inseguridades como la pobreza, los daños ambientales, las enfermedades epidémicas globales, los desastres naturales y la violencia de género. Todos estos Aprobada en la XVIII Convención Nacional del PAN con fecha 16 de mayo de 1965. Las citas se toman del punto 3 del documento, “El Estado”, a través del cual se desarrolló el principio original del mismo numeral y nombre del documento Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional, aprobado por la Asamblea Constituyente del PAN en las sesiones del 15 y 16 de septiembre de 1939. 2 Fukuda-Parr, Sakiko, “New Threats to Human Security in the Era of Globalization”, en Lincoln Chen, Sakiko Fukuda-Parr y Ellen Seidensticker (editores), Human Insecurity in a Global World, Harvard, Harvard University Press, 2003, pp. 1-13. Traducción propia de las partes relevantes del texto. Todas las referencias y las citas originalmente escritas en inglés que se incluyen en el presente artículo, se presentan en traducción propia al español. 1

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elementos de amenaza que afectan los derechos de las personas y su dignidad, por lo general no han sido considerados como riesgos que pueden estar relacionados con la seguridad, misma que el Estado tiene obligación de promover y proteger. Tales amenazas a menudo se vuelven invisibles en el debate público que frecuentemente centra su preocupación en la seguridad nacional del Estado, o en algunos casos en la seguridad pública referida sólo a la lucha contra la delincuencia o los conflictos abiertamente violentos. Puede alegarse que la atención fragmentada a cada uno de estos problemas no ofrece un enfoque integral hacia fenómenos que en realidad están relacionados entre sí y por lo tanto limita el desarrollo de soluciones más estructurales a las violaciones de derechos humanos que pudieran derivarse de tales situaciones.3 Por lo tanto, el concepto de seguridad humana, centrada en el individuo y no en el Estado, surge como un posible medio para examinar y enfrentar todas estas condiciones, resulten o no de conflictos entre Estados e independientemente del hecho de que se produzcan en el contexto de conflictos armados. La noción de seguridad humana, construida e impulsada en el ámbito internacional, ofrece una interesante oportunidad para analizar más a fondo su relación con los derechos humanos, otro concepto de gran relevancia internacional, especialmente en el terreno jurídico. Sin embargo, “a pesar de su relevancia para cuestiones centrales del derecho internacional, la seguridad humana hasta hace poco ha recibido poca atención de juristas internacionalistas”.4 Por ello, resulta imEn este sentido, véase Alkire, Sabine, “Concepts of Human Security”, en Human Insecurity in a Global World, op. cit., pp. 33-34. 4 Von Tigerstrom, Barbara, Human Security and International Law. Prospects and Problems, Hart Publishing, Oxford y Portland Oregon, 2007, página de Introducción. Sin embargo, debe resaltarse que existen ciertos signos de esperaza en el ámbito internacional (al menos en el terreno político si no jurídico), cuando se observan las modificaciones en el discurso sobre seguridad de países dominantes en las relaciones internacionales en la materia como Estados Unidos, por ejemplo: “Es indudablemente cierto que el desarrollo rara vez se arraiga sin seguridad, es también cierto que la seguridad no existe si los seres humanos no tienen acceso a suficientes alimentos o agua limpia, o al medicamento que necesitan para sobrevivir. No existe seguridad cuando las niñas y niños no pueden anhelar una educación de calidad o no se puede aspirar a un trabajo para sostener una familia. La ausencia de esperanza puede pudrir a una sociedad desde dentro”; Barack Obama, Comentarios en la aceptación del Premio Nóbel de la Paz, 10 de diciembre de 2009, Oslo, Noruega. 3

portante examinar la posible trascendencia de la noción de seguridad humana para la comprensión y práctica de los derechos humanos bajo el Derecho Internacional. La revisión de los puntos de conexión entre la seguridad humana y el derecho internacional puede contribuir también a mejor entendimiento del concepto de seguridad humana y la evaluación de su posible utilidad, puesto que hay todavía muchas definiciones dispersas entre los círculos académicos, las organizaciones internacionales y los Estados que promueven esta idea de la seguridad. Por lo tanto, los objetivos específicos de este ensayo son: 1) Presentar una visión general de las diferentes concepciones de la seguridad humana, de las críticas hacia el enfoque de seguridad humana, de los ejercicios prácticos de medición de la seguridad humana, y evaluar la definición más útil de seguridad humana para adoptarla como definición de trabajo, y 2) Analizar críticamente la forma en que se relaciona la seguridad humana con el derecho internacional y si los elementos de la definición de trabajo de la seguridad humana se reflejan en el Derecho Internacional en general, y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en particular (aunque el concepto no se nombre específicamente como tal). Mediante el estudio de estos puntos, el artículo presenta algunas formas en que la seguridad humana puede contribuir a una comprensión más integrada y holística de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, y al mismo tiempo, propone enfoques por los cuales la noción de seguridad humana se volvería más precisa a través de un análisis desde el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y con ello definir más claramente su alcance y contenido. A través de este examen, el trabajo tiene como objetivo evaluar algunas de las limitaciones y potencialidades de la noción de seguridad humana a nivel local, nacional e internacional, más allá de sus dimensiones políticas, mediante su estudio a través de las lentes del Derecho Internacional.

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Las concepciones cambiantes de la seguridad y la evolución de la seguridad humana Tradicionalmente, la seguridad ha sido considerada un asunto del Estado, tanto como el sujeto a cargo de proveerla a las personas bajo su jurisdicción, así como el objeto digno de protección y regulación a través de leyes y políticas públicas. La seguridad de los seres humanos individuales, en cambio, ha sido ampliamente ignorada.5 Por lo tanto, la forma moderna de la seguridad humana surge como una respuesta postGuerra Fría frente a las amenazas que habían sido ignoradas por las concepciones estatistas de seguridad militar, territorial y nacional,6 así como a los nuevos riesgos que plantea el proceso de globalización e intensificación de las relaciones transnacionales, tales como los conflictos violentos dentro de los Estados (y no sólo entre los Estados tal como había sido generalmente el foco),7 las caídas económicas repentinas, los peligros ambientales y las enfermedades infecciosas mundiales como el VIH/SIDA, todo lo cual crea vulnerabilidades interrelacionadas para las personas en todo el mundo. Esta idea contemporánea de la seguridad humana se esboza por primera vez en 1993 por MacFarlane, Neil S. y Yuen Foong Khong, Human Security and the UN. A Critical History, Bloomington, Indiana University Press, United Nations Intellectual History Project, 2006, p. 19. MacFarlane and Foong Khong, op. cit., p. 20. 6 MacFarlane y Foong Khong, op. cit., p. 20. 7 Salvo especificación en contrario, el término “conflicto violento” se entiende en este documento como una situación en la cual la fuerza armada es utilizada por el Estado o por cualquier otro agente en el contexto de cuestiones disputadas. Aunque debe notarse que esta es una definición estrecha y que hay otras formas de “conflicto violento” o de “violencia” en general, dado que éste es el significado que se atribuye al término de seguridad humana en el informe Seguridad Humana Ahora y otros documentos sobre el tema, será el que se emplee para efectos de coherencia y claridad. Véase Comisión de Seguridad Humana, Seguridad Humana Ahora, Comisión de Seguridad Humana, Nueva York, 2003, pp. 22, 23 y 60, el cual destaca que las estimaciones del número de la gente muerta como resultado de conflicto violento reflejan generalmente solamente muertes relacionadas con batallas: Se estima que entre 1945 y 2000 más de 50 millones de personas murieron en guerras y conflictos. Pero muchas más personas mueren de las consecuencias de encontrarse dentro de un conflicto -de la destrucción de infraestructura, del derrumbamiento de los servicios médicos esenciales y de la carencia del alimento. Sin embargo, esos datos no están disponibles o no son incluidos en los estudios tradicionales sobre el tema. Véase también los documentos publicados por el Human Security Report Project: Human Security Report 2005. War and Peace in the 21st Century, Human Security Centre, University of British Columbia, Canadá, Oxford University Press, 2005; Human Security Brief 2006, Human Security Centre, University of British Columbia, Canadá, mismos que se refieren a “conflicto violento”, sea surgido por violencia delictiva o política, como uno que hace uso de la fuerza; y Miniatlas on Human Security 2008, Simon Fraser University-School for International Studies, The World BankHuman Security Research Group, Notes on Terminology, p. 66, que específicamente hace equiparable el “conflicto violento” al “conflicto armado”, que se define como “violencia política entre dos partes que involucra la fuerza armada y que causa por lo menos 25 muertes en batalla al año”. 5

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y luego se articula plenamente por Mahbub ul-Haq en el Informe Anual sobre Desarrollo Humano de 1994 elaborado por el PNUD.8 Debemos recordar que precisamente en 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena puso fin a la discusión histórica de la Guerra Fría sobre la jerarquía de los derechos civiles y políticos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) o viceversa, y aclaró que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”,9 adoptando así una comprensión integral de los derechos humanos. Por lo tanto, no es mera coincidencia que el PNUD también haya promovido una visión amplia del desarrollo humano y haya incluido en su ámbito de aplicación la revisión de la seguridad humana. Para el PNUD, siguiendo la redacción original de la Carta de Naciones Unidas (NU) de 1945 (que expresa en su Preámbulo el compromiso de las Partes de “promover el progreso social y mejores niveles de vida con un concepto más amplio de libertad”), hay dos condiciones que pueden fomentar la seguridad humana, la libertad del temor y la libertad de la miseria.10 Por lo tanto, la seguridad humana tal como se concibe por el PNUD, tiene dos aspectos principales: 1) La seguridad frente a amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades y la represión, y 2) la protección contra perturbaciones repentinas y dañinas en los patrones de vida diaria, ya sea en los hogares, los puestos de trabajo o las comunidades. Estas amenazas pueden existir en todos los niveles del ingreso nacional y de desarrollo. Con base en esta definición, según el Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, las amenazas a la seguridad humana se pueden agrupar en siete categorías: PNUD, Informes sobre Desarrollo Humano, 1993 y 1994, en http://hdr.undp.org/en/ reports/ 9 Artículo 5, Declaración y Programa de Acción de Viena, Asamblea General de Naciones Unidas (NU), Conferencia Mundial de Derechos Humanos, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993. 10 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 1994, p. 24, en http://hdr.undp.org/en/ media/hdr_1994_en_chap2.pdf 8

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1.- Seguridad económica 2.- Seguridad alimentaria 3.- Seguridad sanitara 4.- Seguridad ambiental 5.- Seguridad personal 6.- Seguridad comunitaria 7.- Seguridad política11 En 2003, la Comisión de Seguridad Humana (CSH), un grupo de expertos presidido conjuntamente por Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, y Sadako Ogata, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, publicó el informe La seguridad humana ahora, que también se construye sobre la posición original referida en la creación de Naciones Unidas en relación con la libertad del temor y la libertad de la miseria.12 La CSH da la siguiente definición: La seguridad humana significa proteger el núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se desarrollen las libertades humanas y la realización humana. La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, las libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de amenazas y situaciones críticas (severas) y penetrantes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en las fortalezas de las personas y sus aspiraciones. Significa crear sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales que en conjunto brinden a las personas los elementos básicos para la supervivencia, la subsistencia y la dignidad.13 El informe también subraya que la seguridad del Estado y la seguridad humana son complementarias, dado que la segunda aborda las inseguridades que no han sido consideradas como amenazas para la seguridad del Estado.14 La CSH se refiere a las amenazas procedentes

de la violencia, pero también de la pobreza, la mala salud, y el analfabetismo, y destaca el hecho de que el conflicto y la privación están relacionados entre sí.15 Sin embargo, el informe se enfoca en el cambio abrupto como un riesgo a la seguridad, en lugar de mirar niveles absolutos de privación, por ejemplo, en el caso de “caídas económicas repentinas”.16 Muchas amenazas afectan a las personas en todos los niveles, tanto a los ricos como a los pobres, por ejemplo, los riesgos ambientales y la falta de agua o la propagación del VIH/SIDA, que es alta en los países pobres, así como en los países en transición a la democracia y las economías de mercado,17 un dato interesante si se piensa en el caso de México. No obstante, el informe también señala que entre otros factores que pueden condicionar la exposición a las amenazas, tales como género, edad o etnia, la gente en una situación de pobreza o marginación se encuentra en un nivel más alto de riesgo y vulnerabilidad para hacer frente a estas amenazas.18 Al referirse a la relación entre la seguridad humana y los derechos humanos, el Informe afirma que: “…los derechos humanos y los atributos que se derivan de la dignidad humana constituyen un marco normativo y un punto de referencia conceptual que necesariamente debe aplicarse a la construcción y puesta en práctica de la noción de seguridad humana. De la misma manera, sin perjuicio de considerar a las normas y principios del derecho internacional humanitario como componentes esenciales para la construcción de la seguridad humana, se hace hincapié en que esta última no puede limitarse a las situaciones de conflictos armados presentes o pasados, sino que es un instrumento generalmente aplicable”.19 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el desarrollo de sus conclusiones, el informe centra La seguridad humana ahora, op. cit., Resumen del Informe, p. 1. La seguridad humana ahora, op. cit., Cuadro 1.3 “Desarrollo, derechos y seguridad humana”, p. 8. 17 Ibid., pp. 15-19 y 96. 18 Ibid., p. 95. 19 Human Security Now, op. cit., p. 145. 15

Ibid., pp. 23-25, en http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf 12 Comisión de Seguridad Humana, La seguridad humana ahora, Nueva York, Comisión de Seguridad Humana, 2003. 13 La seguridad humana ahora, op. cit., p. 4. 14 Ibid., pp. 1, 4 y 10. Cita tomada de la p. 4. 11

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su análisis más en las situaciones de hecho valorados como amenazas, que en una evaluación normativa en relación con la condición de disfrute de los derechos humanos y los riesgos que se enfrentan en lo que respecta a su protección. Se han realizado varias preguntas y críticas a la noción de seguridad humana como conceptualmente incorrecta, demasiado amplia y vaga para ser útil en la práctica,20 o incluso como una idea susceptible de ser objeto de abuso en detrimento de algunas de las personas más vulnerables, como los refugiados (especialmente a la luz del discurso post-11 de septiembre en materia de seguridad).21 Es verdad que la noción de “riesgo” está basada en la interpretación de una serie de factores empíricos como constitutivos de peligro, y en ese sentido la seguridad es un fenómeno intersubjetivo más que una condición objetiva. Dado que se basa en percepciones de bienestar, las cuales son socialmente construidas, existe la posibilidad de que el concepto se utilice Véase Tadjbakhsh, Shahrbanou, programa “Human Security: 60 minutes to Convince”, discusión realizada en la UNESCO el 13 de septiembre de 2005. 21 Freitas, Raquel, “Human Security and Refugee Protection after September 11: A Reassessment”, en Refugee: Canada’s periodical on refugees, Vol. 20, No. 4, 2002, pp. 37 and 36. 20

por diferentes grupos de poder de forma destructiva. Sin embargo, la terminología de derechos humanos y desarrollo humano también ha sido utilizada en formas que ponen en peligro los valores que dichas ideas intentan proteger, y ello no parece razón suficiente para abandonar estas concepciones del derecho internacional moderno.22 En un tono más constructivo, se puede subrayar que la contribución de la seguridad humana reside en haber alejado el foco, al menos en algunos aspectos, de las concepciones de seguridad nacional centradas sólo en el Estado a las consideraciones de seguridad centradas en las personas.23 Asimismo, podemos encontrar en la seguridad humana un fuerte potencial político para provocar una renovación en el debate de la seguridad que incluya un enfoque más basado en los derechos humanos, así como la posibilidad de actuar como un contrapeso sobre todo desEn esta línea véase MacFarlane and Foong Khong, op. cit., y Freeman, Michael, “Beyond capitalism and socialism”, en Human rights and Capitalism. A Multidisciplinary Perspective on Globalisation, editado por Janet Dine y Andrew Fagan, Reino Unido, Edward Elgar, 2006, pp. 3-27. 23 Véase Owen, Taylor, “Human Security - Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and a Proposal for a Threshold-Based Definition”, in Security Dialogue, Vol. 35, No. 3, International Peace Research Institute, Oslo, Norway, Sage Publications, 2004, pp. 373-387. 22

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pués del 11 de septiembre y los riesgos para el disfrute de los derechos humanos derivados de la lucha actual por la seguridad en el plano internacional, así como problemas más localizados en el nivel nacional o local a través del uso de los conceptos de seguridad del Estado (utilizado en el caso de los territorios palestinos ocupados) o la seguridad pública (como en el contexto de América Latina). Cabe señalar que a pesar del hecho de que los documentos de las Naciones Unidas han adoptado un concepto amplio de seguridad humana, las posiciones de los Estados, el debate académico, así como la medición de los ejercicios de la seguridad humana, se han fragmentado básicamente en dos posiciones. Resumiendo estas posiciones, encontramos las concepciones siguientes: 1) La seguridad humana como la protección de un conflicto violento, ya sea que se derive o no de un conflicto armado entre Estados, es decir, también los conflictos derivados de la violencia política o criminal (normalmente conocida como la ‘definición estrecha’ más relacionada con la libertad del temor), que se podría considerar principalmente afecta al derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal y a la integridad física. En esta categoría, podemos localizar el Human Security Report, expedido por la Universidad de British Columbia en Canadá.24 Si bien reconoce que “el hambre, las enfermedades y los desastres naturales actualmente matan a más personas que la guerra, el genocidio y el terrorismo combinados”,25 este informe ha estado midiendo desde el año 2005 las condiciones de la seguridad humana en el mundo, relacionándola a los conflictos violentos y haciendo hincapié en los (hasta ahora olvidados) conflictos intraestatales. 2) La seguridad humana como la defensa contra

los riesgos relacionados con aspectos de desarrollo y condiciones socio-económicas (la ‘definición amplia’ más relacionada con la libertad de la miseria), un enfoque que se mantiene más cerca de los DESC. Bajo este punto de vista, encontramos por ejemplo, la propuesta de G. King y C. Murray que tratan de concretar la definición de seguridad humana como la “expectativa de años de vida sin experimentar la situación de pobreza generalizada”.26 Por lo tanto, parecería que el debate sobre la seguridad humana ha reproducido en cierta medida la división de los derechos humanos de la Guerra Fría (derechos civiles y políticos / DESC), desde el punto de vista de la importancia jerárquica de los derechos (haciendo relación con la clasificación de riesgos), así como en aspectos relativos a la utilidad y la viabilidad (política o práctica) del cumplimiento de dichos derechos o la protección contra dichos riesgos. Definición de trabajo: un puente para conectar la encrucijada Hay algunas definiciones de consenso que intentan superar el debate ya descrito, permaneciendo fieles al enfoque integrado de la seguridad humana, pero al mismo tiempo buscando un concepto viable que permita su impacto práctico. Owen Taylor ha propuesto una definición ‘umbral’, que hunde sus raíces en la definición original del PNUD, que a su juicio ofrece una propuesta conciliadora frente a lo que con frecuencia se ha caracterizado como un debate fracturado. Él sugiere que el hecho de limitar la inclusión de las amenazas por su severidad, y no por su causa, salva la brecha entre los defensores de la definición amplia y los de la estrecha, atiende las muchas críticas al concepto, y proporciona una agenda política clara que puede operar en diversas escalas.27 King, Gary y Christopher J.L. Murray, “Rethinking Human Security”, en Political Science Quarterly, 2004, pp. 586-610. En su definición, la “pobreza generalizada” significa “caer por debajo de umbrales críticos en cualquier terreno del bienestar”; para lo cual también proponen un análisis y categorías de los “Terrenos del Bienestar”. 27 Véase Owen, Taylor, “Human Security - Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and a Proposal for a Threshold-Based Definition”, en Security Dialogue, Vol. 35, No. 3, International Peace Research Institute, Oslo, Noruega, Sage Publications, 2004, pp. 373-387. 26

El Human Security Report Project, coordinado por Andrew Mack, fue transferido en mayo de 2007 del Centro de Seguridad Humana del Liu Institute for Global Issues, University of British Columbia, a la Escuela de Estudios Internacionales del Simon Fraser University en Canadá. Esta Escuela ha continuado con la tarea de elaborar el informe anual. 25 Human Security Report 2005. War and Peace in the 21st Century, Human Security Centre, University of British Columbia, Canadá, Oxford University Press, 2005, p. VIII. 24

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Así, con base en la clasificación de 1994 del PNUD sobre los tipos de inseguridad, pero también en la idea de amenazas elaborada por el Informe 2003 de la Comisión de Seguridad Humana, Owen proporciona una definición útil de la seguridad humana como “la protección del núcleo vital de todas las vidas humanas respecto de amenazas críticas y generalizadas en materia medioambiental, económica, alimentaria, de salud, política y personal”.28 En cuanto a los criterios para la elaboración de la línea del umbral (si el número de muertes o los costos monetarios, por ejemplo), el autor propone que lo mejor es considerar esta línea como política. De una manera similar al hecho de que “no hay una lista fija para lo que es y no es una amenaza a la seguridad tradicional, las amenazas contra la seguridad humana serían decididas por las organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y las ONG. Al igual que con la seguridad tradicional, lo que es una amenaza para la comunidad mundial es diferente de lo que es una amenaza para una nación o región. La línea está fijada por las prioridades políticas, la capacidad y la voluntad”. En este sentido, subraya que la primera oportunidad y la responsabilidad principal de garantizar la seguridad humana deben recaer en los gobiernos nacionales. Sin embargo, si las amenazas de cruzar el umbral de la seguridad humana son causadas por los propios gobiernos o si los gobiernos son incapaces de proteger a su población en contra de ellas, la comunidad internacional debe realizar acciones.29 Se podría señalar que para llevar a cabo esta última opción (que sigue siendo un tema debatido), los criterios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional

Ibid., p. 383. La categoría de “seguridad comunitaria” propuesta por el PNUD no se incluyó a propósito en la definición de Owen, dado que, como él lo explica, “Siento que entra en conflicto con la primera parte de la definición, limitando la seguridad humana a las amenazas críticas y generalizadas al núcleo vital. No me parece que la integridad cultural, aunque innegablemente importante, quepa dentro de esta concepción”, nota al pie no. 17 en la p. 383. 29 Owen, Taylor, op. cit., p. 384.

general tendrían que ser observados.30 En cualquier caso, parece coherente estar de acuerdo con la idea de que la seguridad humana “como un umbral más allá del cual una amplia gama de cuestiones se convierten en algo similar, algo que requiere la respuesta política unificada concedida a las amenazas a la seguridad, se puede aplicar a cualquiera de las conceptualizaciones existentes”.31 Se considera que un enfoque adecuado de la definición de Owen en cuanto a cuáles aspectos de la vida política y social entran en la seguridad humana y cuáles son dejados de lado, es que se centra en la cuestión del riesgo, en lugar de en la cuestión de los derechos. En consecuencia, se podrían estudiar las situaciones (elemento fáctico) y las valoraciones (elemento evaluativo) de los niveles de riesgo y vulnerabilidad, y relacionarlas con los niveles de disfrute de los derechos humanos, a fin de obtener conclusiones útiles. Para ello, uno se basaría en la jurisprudencia y el trabajo interpretativo de los mecanismos internacionales de derechos humanos y se analizarían estas normas e interpretaciones a través de la noción orientativa de la seguridad humana, lo cual ayudaría a poner énfasis en la obligación fundamental del Estado de llevar a cabo acciones de prevención, así como acciones de atención, frente a los riesgos y vulnerabilidades que afectan los derechos de las personas y su seguridad en general. En un intento de tener en cuenta los principales elementos descritos, podemos adoptar como definición de la seguridad humana la protección contra los riesgos graves, las vulnerabilidades y los cambios repentinos que coloca a los seres humanos, su vida cotidiana, sus derechos humanos y su dignidad, en el centro de atención.

En este sentido, una de las opciones para establecer los criterios para la intervención humanitaria ha sido propuesto por la Comisión Internacional sobre la Soberanía y la Intervención Estatal a a través de su informe La Responsabilidad de Proteger (diciembre 2001), aunque permanece como un tema altamente controvertido. 31 Owen, Taylor, op. cit., p. 384. 30

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Seguridad humana y derechos humanos En relación con la intersección entre la seguridad humana y los derechos humanos, pueden encontrarse diversos puntos de encuentro. Por razones de necesaria brevedad del presente artículo, sólo se mencionan algunos de estos puntos para profundización posterior. En primer lugar, derivado de un análisis normativo, se puede considerar a la seguridad como un derecho humano, pero limitado al derecho a la seguridad personal (artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 9,1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y al derecho a la seguridad social (artículos 22 y 25, 1. y 2. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y artículo 10, 1. y 2. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), así como cierta noción de un derecho a la seguridad internacional de acuerdo con el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay quien ha sostenido que existe un “derecho emergente” a la seguridad humana, que consistiría en la facultad de la persona de exigir protección contra los siete tipos de amenazas correlacionadas a las categorías de inseguridades identificadas por el Informe de 1994 del PNUD.32 Sin embargo, se considera que no existe aún suficiente base para afirmar que existe un derecho a la seguridad humana e incluso, tal vez no sería deseable que así fuera, si se busca mantener la capacidad de la seguridad humana como concepto unificador, con fuerte potencial orientador y transformador. Un segundo punto de encuentro puede destacarse si se piensa por ejemplo en el concepto de libertad de la miseria promovido por la definición de seguridad humana, pues se hace evidente el vínculo de esta concepción con los derechos económicos, sociales y culturales. En este tenor, la idea de seguridad humana nos permite subrayar la necesidad de considerar el respeto a estos derechos, pero también los mecanismos de Fernández Pereira, Juan Pablo, La seguridad humana: un derecho emergente, Ariel, Barcelona, 2006, pp. 107 y 118.

justiciabilidad para su cumplimiento, como un tema que debe tocar a las preocupaciones políticas y jurídicas en materia de seguridad. Una tercera conexión se encuentra revisando la idea de amenazas no tradicionales incluidas en el concepto de seguridad humana y la obligación del Estado en materia de prevención y atención de la violencia de género, en especial por lo que concierne a la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La relación entre la defensa de tales derechos, en especial, el derecho a una vida libre de violencia, y la seguridad, queda claramente establecida en distintos criterios jurisprudenciales, particular y enfatizadamente en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente contra México en el Caso Campo Algodonero. Además de determinar la responsabilidad del Estado en la violación de distintos derechos humanos de las tres mujeres asesinadas en Chihuahua, y víctimas en el análisis del caso, la Corte también resalta que: Los tres homicidios por razones de género del presente caso ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra la mujer. No

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corresponde a la Corte atribuir responsabilidad al Estado sólo por el contexto, pero no puede dejar de advertir la gran importancia que el esclarecimiento de la antedicha situación significa para las medidas generales de prevención que debería adoptar el Estado a fin de asegurar el goce de los derechos humanos de las mujeres y niñas en México e invita al Estado a considerarlo.33 Asimismo, el vínculo entre seguridad humana y el disfrute de los derechos humanos de las mujeres, se observa en la indicación de la Corte en relación con algunas de las mujeres sobrevivientes, miembros de las familias de las mujeres asesinadas, en el sentido de que: …sufren miedo sostenido por los peligros y las amenazas diversas que han padecido, reflejados en hechos que han puesto en peligro su seguridad y su integridad en espacio público, sin que las autoridades hayan dado atención expedita y adecuada a sus demandas. También han padecido sensaciones de soledad y aislamiento por la desconfianza creciente en las autoridades.34 En último y cuarto lugar, la correlación entre seguridad humana, seguridad ciudadana y seguridad democrática, bajo la concepción del sistema interamericano de derechos humanos, ha sido destacada en el informe recientemente emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Por la importancia para México de la labor del sistema interamericano y por referirse a fenómenos que enfrentan distintos gobiernos panistas en el nivel federal, estatales y municipales, se concluye esta sección con algunos de los párrafos del informe que se considera pueden servir de reflexión en torno a la actual política en materia de seguridad: La seguridad ciudadana es una de las dimenCorte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Sentencia del 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 463. Énfasis propio. 34 Ibid., párrafo 434. Énfasis propio.

siones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados. Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Por primera vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población. En estos países el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia. La CIDH señala en su informe que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo por ésta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. Una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que estos derechos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales…35

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párrafos 2-4 del Resumen Ejecutivo. Énfasis propio.

E. Dorothy Estrada Tanck

Algunas conclusiones: la seguridad humana y los derechos humanos, una propuesta para fortalecer el diálogo El Derecho no puede ni debe permanecer indiferente frente al riesgo. El principal elemento distintivo entre la seguridad humana y los derechos humanos es el elemento de riesgo o vulnerabilidad. En este sentido, con base en la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, se ha propuesto tener en cuenta a través de un enfoque integrado, que todos los derechos humanos constituyen el centro de la seguridad humana, y que el elemento diferenciador, el que une a las dos nociones y hace que sea importante tanto para los derechos como para la seguridad, es precisamente el componente de riesgo o vulnerabilidad, como se señaló en la definición presentada. Se puede argumentar que la seguridad humana llega a los espacios que los conceptos de seguridad personal, seguridad social y seguridad ciudadana no arriban. Como se vio anteriormente, la seguridad tiene una dimensión de hechos y también una dimensión normativa. En cuanto a su carácter normativo, en términos de derechos humanos, la seguridad humana incluye todos los derechos humanos y abarca tanto el derecho a la seguridad personal y el derecho a la seguridad social previstos en normas internacionales de derechos humanos, así como los elementos de la seguridad ciudadana como se articula en

el sistema interamericano de derechos humanos. Pero también se extiende a los riesgos, amenazas y cambios repentinos que no se consideran por estos conceptos o por estos derechos específicos, por ejemplo, los riesgos para el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, ¿por qué analizar la seguridad humana y no simplemente la suma de todos los derechos humanos? En este sentido, se considera que en el análisis de temas de derechos humanos, en particular, en el estudio de violaciones de derechos humanos, no es suficiente mirar a cada derecho por separado, ni tampoco sólo examinarlos de manera conjunta como un problema monolítico. Más bien, se propone que la seguridad humana tiene un potencial importante para funcionar como un puente de integración entre riesgos correlacionados para los derechos humanos, los cuales colocan a las personas en una situación de vulnerabilidad. El resultado de revisar la conexión entre los diferentes derechos humanos y a la vez analizarlos integralmente se puede considerar, de hecho, como la seguridad humana. Bajo esta luz, la seguridad humana no sólo se refiere a la protección contra los riesgos descritos en la definición de trabajo, sino que se convierte también en una garantía de derechos, es decir, en una condición necesaria para permitir el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas. Por lo tanto, se considera adecuado e incluso constructivo utilizar los instrumentos jurídicos internacionales para enfrentar algunos de los nuevos retos para la humanidad que la noción de seguridad humana ha contribuido a identificar, aplicando un enfoque centrado en las personas, retos que en muchos casos se encuentran estrechamente relacionados con la posibilidad de los seres humanos de disfrutar plenamente de todos los derechos humanos. Por último, se observa que, dado el aumento reciente en el uso de la noción de seguridad humana a través de algunos ejercicios teóricos y prácticos, el tema está adquiriendo un impulso importante, para lo cual los estudios jurídicos deben

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tener una respuesta y continuar la reflexión sobre los límites y el potencial de la seguridad humana como un catalizador para la mejora de las vidas y los derechos de todos los seres humanos. Para trasladar y aplicar estas ideas al caso de México, en un ambiente de creciente violencia e intolerancia, cabría preguntarnos qué concepto de seguridad es el que las políticas de Estado deben fomentar y proteger, pero también cuál visión de la seguridad nos interesa construir como sociedad. Cualquier concepción de la seguridad sin duda debe incluir la protección contra los riesgos a la vida, integridad física y libertad que se causan por la delincuencia organizada, el narcotráfico y el conflicto armado. Si bien es cierto que la preocupación en muchos casos más apremiante es la defensa contra este tipo de violencia, también lo es que una estructura política y social en que existen altos niveles de pobreza, profundas desigualdades socio-económicas, peligros medio-ambientales y de desastres naturales constantes (como se ha observado reciente y dolorosamente en los casos del Huracán Alex y las inundaciones de Tabasco y Veracruz), violencia de género que afecta especialmente a las mujeres y niñas, así como deficiencias y carencias muy fuertes en el sistema de administración de justicia, sobre todo penal, se presentan riesgos gravísimos para los derechos de las personas, entre ellos, precisamente la vida, la integridad física y la libertad. En este sentido, la seguridad humana efectivamente es un niño a quien la droga no llegó por haber sido interceptada a tiempo, una familia que no fue destruida por la acción violenta del narcotráfico, un hombre que no fue secuestrado por grupos armados. Pero no es sólo eso. También la seguridad humana en México es un niño que no enfermó por desnutrición, una mujer que no fue golpeada o violada en su casa o en la calle, una familia que no se quedó sin hogar por el deslave de una barranca, un joven que no fue herido por fuego cruzado con el Ejército, y una sociedad que cuente con instituciones que no sólo sirvan para detener a las personas sospechosas de intervenir en la delincuencia

organizada, sino también para procesarlas, sentenciarlas y sancionarlas debidamente. Todo ello implica en un régimen democrático de gobierno y de convivencia social, la construcción y consolidación no sólo del Estado de derecho, sino también del Estado de derechos. Una concepción integral de la seguridad basada justamente en los derechos humanos, en congruencia con los principios fundamentales del PAN, que informe y alimente las normas, políticas públicas y estrategias de seguridad, contribuiría a hacer frente de raíz y de manera más sostenible, trascendente, eficiente y legítima, a los retos tan graves que aquejan al México del siglo XXI y de cara a las generaciones por venir.

Formar en los valores democráticos: para no dormirse en el laurel de la victoria cultural Carlos Castillo

Introducción Hoy más que nunca, la labor de formación toma una importancia trascendental para la militancia panista. No porque antes se le confiriera a la capacitación un escaño menor, sino más bien porque si vamos a tener un partido abierto a la sociedad, si vamos a tener un partido que reúna a los mejores ciudadanos para tener también la mejor militancia y los mejores candidatos, entonces se vuelve imperativo contar con mecanismos que garanticen esa calidad humana y política, en ese orden. Comienzo con una anécdota que es a la vez una justificación para escapar de una de las formas habituales de impartir cursos, que consiste en las llamadas presentaciones powerpoint: por la propia naturaleza de esas herramientas, todo tema queda simplificado a unas cuantas frases que el presentador explica, pero en esa simplificación se corre el riesgo de también restar valor al contenido. Si bien la asimilación se vuelve más sencilla y su presentación más amable, los contenidos deben reducirse a frases o máximas, que muchas veces son todo lo que el oyente se lleva como nota o memoria de lo escuchado. Hay temas cuyo tratamiento no es simple, y si bien puede simplificarse por recursos como la anécdota, el ejemplo y el símil, reducirlos a unas cuantas láminas es caer un poco en lo que

* El presente texto es una ampliación de la charla impartida por el autor en el diplomado Eslíder, segunda generación, en 2008, bajo el tema “Bien Común, participación ciudadana y autoridad política”.

menciona Milan Kundera en su libro La inmortalidad, si mal no recuerdo en el capítulo titulado “La imagología”. En ese texto, y aquí viene la anécdota, el novelista rumano menciona que la caída del comunismo se dio, entre otras razones, por una especie de reduccionismo de la teoría que lo sustentaba; así, lo que empezó siendo una doctrina filosófica –el marxismo-leninismo–, en unos años se convirtió en un librito que explicaba cómo emplear esa teoría, para luego, otros años más tarde, pasar a ser panfletos que se distribuían por doquier, y al final, solamente un listado de premisas que era indispensable cumplir, más allá de toda explicación, razonamiento o justificación. Esa reducción de una teoría a un cúmulo de citas o frases brillantes, concluye Kundera, vació de significado una teoría filosófica que, independientemente de lo atinada o no, terminó en esas frases, casi lugares comunes, que todos habremos escuchado alguna vez y que todavía hoy abundan en ciertas manifestaciones retrógradas o intolerantes de nostalgias que la propia historia, que se esperaba diera la razón, acabó por enterrar. Una vez esbozado esta especie de preámbulo-justificación, paso a los temas que nos interesan, temas que no queremos reducir a un compendio de frases o máximas sino intentar razonar y asumir no como un grito de guerra sino como una forma de vida, la democrática.

Carlos Castillo

Este es, me parece, el espíritu original de la “escuela de ciudadanos” que Acción Nacional se propuso ser desde su fundación. El bien común La teoría enseña que el término bien común es “el conjunto de condiciones espirituales y materiales que permiten el desarrollo integral de las personas, en donde cada individuo tiene el derecho y el deber de proteger, de aprovechar y de gestionar ese conjunto de condiciones necesarias para mejorar la convivencia humana y posibilitar su realización integral y el de las demás personas”. Quiero detenerme en esta definición pues me parece que el análisis de sus términos da lugar a una serie de reflexiones que, como veremos, se entremezclan, afectan y condicionan, para incluso determinarse o depender uno del otro, en una ecuación que podría traducirse en una fórmula que contenga los factores que dan título a esta charla. Esta fórmula sería entonces Bien común= participación ciudadana + autoridad política. Sin duda, la autoridad política tiene como precedente la participación ciudadana, al menos en lo que toca al régimen democrático. Pero el bien común es una especie de a priori para que estos dos conceptos se realicen en condiciones que conduzcan, precisamente, a que ese bien de todos sea construido de acuerdo con las ne-

cesidades y la participación del conjunto social. Esto es, el bien común debe construirse mediante la participación ciudadana que se constituye en autoridad política y que tiene como misión la consecución, precisamente, del bien común. Lo cual lo hace, de manera confusa, un a priori que también es un a posteriori. El bien común será pues causa y efecto; es y se transforma de acuerdo con la decisión de las mayorías, pero debe mantener un “piso mínimo” de valores donde radican la civilidad, el acuerdo, el diálogo y aquellas virtudes que poco a poco nos damos cuenta son, más que necesarias, indispensables para vivir en democracia. La obra de Rafael Preciado Hernández es una referencia obligada para comprender la trascendencia e importancia del establecimiento de ese bien común, precisamente porque, me parece, es el a priori que conducirá, impulsará y encauzará las acciones necesarias para concretarse en bienestar social real y tangible. Decía don Rafael que “el bien común comprende no sólo aquellos valores colectivos ya realizados, sino también aquellas condiciones sociales que permiten realizar, conservar o acrecentar esos valores colectivos”. De esta aseveración, continúa el autor, se desprenden pues dos bienes comunes: uno final, del que la sociedad goza y que puede ser la práctica de virtudes sociales, la civilización y la cultura, la paz social, que representan valores colectivos realizados.

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Hago un pequeño paréntesis para señalar que el arte, en este sentido, es un reflejo del bien común de un pueblo, pues manifiesta mediante su expresión la forma en que se percibe la vida. Y es muy claro: durante los tiempos de guerra o de vacío, el arte tiende a plasmar ese desencanto, esa nada o la violencia de su entorno, se descompone y no en el sentido de pudrición, sino que explora caminos nuevos de la imaginación, es decir, busca hacia adentro cuando ya lo de afuera no puede ser reflejado, por vacuo o por ese tipo de atrocidades humanas que sobrepasan el lenguaje. El arte y la cultura pues, son reflejo del bien común de una sociedad, incluso cuando este bien común se tergiversa para convertirse en mal de todos. Este bien común final, el virtuoso, claro está, se alcanza mediante lo que Preciado Hernández llama bien común medial, que son las condiciones sociales que conducen a realizar esos valores colectivos o los fortalecen, como son el derecho y la autoridad política; también son bienes comunes mediales las instituciones que fomentan o facilitan la práctica de los deberes del hombre. Aquí, en la parte medial, es en donde incide de manera más inmediata la autoridad política. Y es también donde el Partido Acción Nacional comenzó su lucha política hace setenta años, buscando precisamente fortalecer, legitimar, transparentar, garantizar la elección de la autoridad política: poner verdaderamente en manos de los ciudadanos la elección de la autoridad que habría de construir el bien común de la patria. El primer llamado de Acción Nacional fue a la participación, al voto de un pueblo que conservaba la creencia de que daba igual participar o no, pues la elección tenía ganador de antemano. Cuando el bien común no está claro, cae en una serie de supuestos tomados por verdades, provenientes de proyectos, ideas o soluciones que obedecen a razones como las que seguían los sofistas, esos hombres que fueron grandes malabaristas de la verdad pero sin una premisa ética que guiara su pensamiento. 50

El fundamento ético La ética, que es el comportamiento social que cada hombre asume como propio y que lo conduce a la virtud. También podemos definirla como la parte de la filosofía que trate del bien y del mal, de las normas morales y de los juicios de valor. Para Aristóteles, la política está supeditada a la ética, esto es, antes de hacer política, de luchar por la consecución de mejores condiciones para una sociedad o pueblo, esto es, antes del bien común, debe haber una disposición personal hacia ese bien, hacia la virtud. Y la virtud, para este gran pensador griego, es el punto medio entre dos extremos, lo que, en términos coloquiales puede traducirse de la siguiente manera: entre el ingenuo y el infame, que son dos extremos de la naturaleza humana, está el ciudadano común, el que busca su bienestar y el de los suyos sin sacrificar ni obstaculizar el derecho de los demás a conseguir la felicidad o alcanzar la virtud, que para Aristóteles son casi sinónimos. Un comportamiento que conduce a la virtud genera hábitos positivos, y del hábito viene la costumbre. Esto significa que antes de buscar el plano público, es necesario construir el plano personal, esto es, una moral que conduzca hacia la virtud, primero individual y luego social, estrictamente en ese orden. Con base en lo anterior podemos entonces concluir una definición complementaria de Bien Común, que será

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democracia”. Estos cuatro valores son los pilares del humanismo panista. Efraín González Luna llamó a la ética la “moral de la opción”, esto es, la capacidad y voluntad de es escoger, libremente, el camino obligatorio, no por que sea obligatorio sino por libre elección. Es decir, hay que renunciar al movimiento fácil. La personas éticas son las que “desprecian el oportunismo y se abrazan a los valores esenciales”.

entonces “un asunto de justicia, entendida como la costumbre, el hábito adquirido de otorgar a cada quien lo que es suyo”. Para Acción Nacional, la política tiene como fin “instrumentar e institucionalizar el bien común”, que, como vimos hace un momento, es un acto de justicia. Hay una máxima de Cornelius Castoriadis, marxista que en la época de la más intensa bipolaridad del mundo tuvo el valor de denunciar las atrocidades del estalinismo y las grandes desventajas del autoritarismo frente a los regímenes democráticos, una máxima respecto del bien común: “En una verdadera democracia, existen instituciones de autonomía que otorgan a cada cual, como miembro de una colectividad, una autonomía efectiva, y le permitan desarrollar su autonomía individual”. Y esas instituciones, en México, son fruto de la lucha del PAN, y se han traducido hoy en padrones confiables, en credencial para votar, en instancias autónomas que organizan y realizan el conteo de las votaciones, en leyes de transparencia y otras tantas que, insisto en esto, son fruto sobre todo y ante todo, de la concepción panista de la política, una concepción que antepone la ética a la acción. Es importante recordar que “la ética panista está inspirada en valores que nos exigen que la actividad política dirija sus acciones a la consecución del bien común, practicando la solidaridad, la subsidiariedad y la

Dejar de lado el bien común: ejemplos y alternativas Volviendo a las divisiones de bien común expresadas por Rafael Preciado: cuando el bien común final se administra o se construye bajo bienes comunes mediales erróneos, no éticos, se tergiversa su sentido de “común” e incluso de “bien”, y esto termina no sólo en el descontento y el atraso social, sino además en la decepción, la crisis que se lleva los ahorros, la inflación que devalúa la moneda. Nuestro país tardó muchos sexenios en entender que la economía era parte del bien común de todos los mexicanos, que debía ser la gran facilitadora y no el muro contra el que se estrellaran las posibilidades de llegar un poco más allá, mediante el esfuerzo, mediante el trabajo. Una crisis rompe el círculo virtuoso del trabajo y el ahorro que permiten alcanzar una vida mejor: imposibilita el trabajo y sacrifica el valor del dinero. Y esto es sólo un ejemplo de la importancia de la auténtica participación ciudadana en la construcción de una autoridad política. Mediante la elecciones truqueadas, mediante el no respeto al voto, se manipula la voluntad popular. Entonces la autoridad política, que no encontrará su legitimidad en el pueblo, recurre, en el caso más extremo, a la violencia, para así hacerse del apoyo, forzado, obligado, de la sociedad. Es en estos casos extremos donde la política se disuelve ante el poder de la minoría o del caudillo, para usar términos más cercanos y actuales. Cuando se vive un régimen de democracia simulada como el de México durante 60 años, esa voluntad popular traducida en participación

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ciudadana se manipula, se coopta, se le impone una decisión que utiliza igual la fuerza, la prebenda, el soborno, el encanto o la amenaza para adherirse el voto. Si todo esto fallaba, todavía quedan la manipulación en las urnas o en los conteos para inclinar el resultado a favor de la opción impuesta. Un grupo minoritario decide entonces quién será el que decida los bienes comunes mediales para alcanzar el bien común final, que será igual de falso que la elección disfrazada que le dio el supuesto triunfo. El PRI, para no ir más lejos, llegó a convocar al fraude patriótico, –¡el fraude en nombre de la Patria!– para impedirle triunfos al PAN, lo cual, bajo los términos analizados, es poner el bien común final (la Patria) como pretexto para conducir un mal común. Cuando se tergiversan los medios, se tergiversa inmediatamente el fin. Y esto fue lo que al cabo de varias generaciones de autoridades políticas falsas, no provenientes de la participación ciudadana libre, quedó como legado: un país que satisfacía necesidades para una clase, para una fracción mínima de la sociedad, que en su delirio consideró que el petróleo alcanzaba para siempre, cuando su condición de bien no renovable lo define de facto como lo contrario. Ante este tipo de excesos, y una miseria creciente como resultado, el ciudadano estaba desarmado. Su voto, herramienta de participación ciudadana, no valía o era cambiado por una compensación que cubría lo momentáneo, el hambre del día pero no la sed de generación tras generación. Esto se tradujo en desencanto político, en la desvalorización del voto que no cuenta o da igual emitir o no. Cuando el bien común es un “bien público cuyo logro fomenta el florecimiento simultáneo de la fraternidad, la libertad, la igualdad y el ambiente natural de una comunidad determinada”, entonces ese bien común se alimenta de la participación activa y virtuosa de la ciudadanía, que ve reflejados sus intereses y su bienestar en su entorno directo, no en los discursos, no en las campañas, sino en el día a día. Si la participación ciudadana no construye autoridades políticas que conduzcan a ese tipo de bien común, con to-

das las condiciones que requiere una democracia, entonces viene el desencanto, la apatía, la abstención. Antes de entrar de lleno al tema de participación ciudadana, hago de nuevo un paréntesis para hacer notar cómo la fórmula que se mencionó al principio de este texto (Bien Común = autoridad política + participación ciudadana) carece de simpleza alguna y más bien requiere una serie de condiciones que no se alcanzan por pura voluntad sino que requieren dedicación y compromiso. Por eso Gómez Morin habló de “brega de eternidad“, pues ese bien común final, en el que, utópicamente, todos los ciudadanos alcanzarían un grado óptimo de desarrollo, no es consecuencia de un día ni de un sexenio, sino trabajo constante, esfuerzo, sacrificio, imaginación. Rescato dos frases que me parecen muy útiles para los tiempos que hoy vive México. La primera, y cito de memoria, es de Adolfo Christlieb Ibarrola, y dice que Acción Nacional no ha elegido el camino fácil, sino aquel que por ser auténticamente democrático y vivir y practicar los valores de la democracia, exige el consenso, el acuerdo, la negociación y la reflexión. Es decir, en Acción Nacional no se improvisa sino que se piensa y se actúa en el sentido de lo pensado, para no andar sacando luego soluciones de la manga, para verdaderamente estar conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. En estas palabras van los ecos de aquella moral de la opción que de González Luna. Es entonces fundamental que, tal como se anotó, el bien común sea motor y meta, esté al principio y al final de cada decisión, sea bien común medial para que necesariamente se traduzca en bien común final. La segunda frase que quiero rescatar es casi un lugar común de esos que guardan sabiduría pero que a fuerza de repetirse pierden fuerza, o caen en el lugar del olvido. Es aquella consigna de los años sesenta, que reza “la imaginación al poder”. Yo veo esta famosa consigna, pintada en los muros de las universidades en aquella década, como uno de los grandes retos de la política actual. Y es que sin lugar a duda hoy más que nunca requerimos de imaginación en el po-

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der, de imaginación para el poder, de imaginación porque hemos pasado décadas de proyectos y políticas que lejos de imaginar buscaron, sin buenos frutos, conectar la realidad con una solución que no sólo ofrecía rutina, más de lo mismo, sino que también cortaron de tajo lo único que una sociedad no puede perder, que es la esperanza, que a su vez significa la posibilidad de un futuro mejor. Hoy como nunca, cuando la esperanza lleva postergándose lustros y prometiéndose en cada campaña; hoy que la esperanza se reduce solamente al acto de esperar, sin ser partícipe de los cambios o las acciones que modificarán el porvenir, es cuando más necesitamos devolver a la esperanza su dignidad original, y esto sólo es realizable mediante mucha imaginación. No me refiero aquí a la fantasía o a la utopía. Hablo de lo posible, de lo que está en nuestras manos hacer, de la gran cantidad de soluciones que un gobierno debe idear a diario, anteponiendo el bien común, buscando que la propia ciudadanía sea partícipe y actora de esos cambios que transformen su presente y aseguren su futuro. No es posible gobernar de manera unívoca. Es indispensable que la propia sociedad participe en la construcción de un interés común que a su vez se vuelva bien común medial y asegure un bien común final. Cuando la sociedad es relegada de esta construcción, las acciones de los gobernantes dejan de responder a las necesidades reales de la población, los gobiernos se duermen en sus laureles o en una ceguera que sólo mira lo que le conviene ver. La decepción política No es una mentira ni un secreto que hoy asistimos a un desencanto de la política que no sólo es producto de corrientes de pensamiento mundiales, de la inverosimilitud que afecta a los políticos y vuelve a la sociedad indiferente a sus acciones, o de la idea de que participar no sirve de nada. Hay algo más en el actual desprestigio de la política que se vive en México y es que muchas veces o no tiene a responder al interés común de los mexicanos, o los gobiernos son incapa-

ces de dar a entender cómo su actuar es en verdad benéfico para las mayorías. Me detengo un momento en ese desencanto, pues como partido en el gobierno o como oposición responsable, nos afecta de manera directa y grave. Vivimos una época en la que el aislamiento y la individualidad se ven alentadas por diversos factores, que muchas veces van más allá de la política pero que afectan a ésta tanto en México como en el resto del mundo. No son pocos los pensadores –entre ellos el español Vicente Verdú, el francés Gilles Lipovetsky o el mexicano Octavio Paz– que han advertido o señalado esta tendencia, que se manifiesta, por ejemplo, en la poca necesidad que hoy día tenemos de socializar cara a cara, de frente al rostro de los otros. Emmanuel Levinas, filosofo lituano, quien creó ese bello concepto de la otredad, advertía hace varias décadas que el primer contacto con los otros es a través del rostro, que ahí conocemos y reconocemos al prójimo. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten prescindir de ese primer elemento de identificación del otro y, sin embargo conocerle, al menos desde el lenguaje binario de las computadoras. Las relaciones se tornan entonces frías y distantes, impersonales e, inclusive, ficticias, pues qué certeza tenemos de que aquél al otro lado del monitor es en verdad quien dice ser. Esto crea de manera inmediata reservas, desconfianza, duda, que quizá a su vez despierte la curiosidad, pero que ya por principio prescinde de la persona para concentrarse en la imagen que nos generamos de esa persona. Otro caso común de aislamiento moderno lo ha generado la posibilidad de tener todo a nuestro alcance desde un monitor. Cuántas veces no escuchamos decir que “internet es la puerta al mundo”, que no estar conectado es “aislarse”. Sin embargo, el mundo que se conoce a través de internet, a pesar de proyectar una imagen real, es puro artificio, sólo involucra el sentido de la vista, sin duda el más importante. Carlos Castillo Peraza escribió que “sólo conocerás de verdad un lugar por sus olores, cuándo aprendas a qué huelen sus calles, sus plazas, sus mercados“.

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No porque la vista sea engañosa, sino porque está incompleta, porque sólo presenta una faceta, un ángulo de un universo que sin duda hace falta aprehender, en el sentido de aprehensión, desde todos los sentidos.

Política como servicio El mundo huele, habla, siente, escucha, pues está conformado de seres humanos que, para vivir en sociedad, requieren forzosamente de ese contacto personal. No se construyen sociedades desde atrás de una computadora. No se genera la amistad verdadera –que, diría Camus, no es complicidad sino, con Aristóteles, es la exaltación de las virtudes propias a través de los otros–, cuando hay de por medio lo desconocido. No se gobierna desde las cifras ni se ganan las campañas desde los spots o la publicidad. Hace falta entrar en contacto con el mundo, abrirse a los otros, ser por los otros y, en el caso de la política, trabajar al servicio de los otros. Cuando un pueblo olvida que puede existir y ser porque indiscutiblemente necesita de los otros, se fragmenta en grupos, busca a los otros no ya en el conjunto nación sino en el fragmento colonia, busca ser parte de algo más que lo trascienda y lo justifique por los otros. Vemos la sociabilidad como un don y el amor como la cima de las emociones, y ambos requieren del

otro. Somos país por los otros, antes de serlo por lenguaje, terruño o cultura. Hacemos política, insito, por y para los otros, somos partido para los otros y, una vez en el gobierno, somos gobierno también por y para los demás. Por eso en este partido se dice que venimos a dar, y no a recibir; que estamos comprometidos con México, que llevamos a México en el apellido. Cuando el hombre niega al mundo, a los otros, se niega a sí mismo. Cuando el hombre se niega a participar de las decisiones que construirán la Nación que lo alberga, se niega a ser actor y se queda a la expectativa, a la espera de que alguien más participe por él, tome las decisiones que él no tome, decida lo que él, por molicie, por desencanto, por frustración o ignorancia, se niega a decidir. Por su propia naturaleza, un partido político en un régimen democrático requiere de la gente para existir. Sin una sociedad que participe de manera activa de los procesos para elegir sus gobiernos, éstos carecerán de fundamento popular y, por ende, no representarán las necesidades de la sociedad sino el interés de quienes conforman entonces no ya un partido político, sino un club de amigos que tienen entre sus manos la responsabilidad de conducir un país. A un régimen totalitario le viene muy bien la participación desinteresada o nula de la sociedad, pues así puede hacer o deshacer sin que haya demasiado interés por sus acciones. Cuando la gente guarda para sí el sentimiento de que votar no sirve para nada, se genera el desencanto de quienes entonces sólo verán el voto como la campaña en la que alguien se acerca a ofrecerles algo a cambio de su derecho y obligación de decidir. El voto se vende, pues, cuando pierde su valor. Este sentimiento se ha generado en México y es, podríamos decir, uno de los grandes pendientes de nuestra democracia. Los niveles de abstencionismo son todavía mucho más altos de lo deseable, de lo óptimo. Quienes hayan estado en campaña habrán notado las muchas veces que en muchos lugares se responde un “qué me van a dar” a la solicitud del voto por el partido. Mientras la gente no ten-

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ga clara su posibilidad de ser factor de transformación de la sociedad, de su entorno, mediante el voto, por principio, acudir a una urna el día de la elección no tendrá más importancia que ver quién gana en el futbol, un domingo en el parque con la familia o cualquier cosa que por cualquier motivo se vuelva primordial. La participación política La participación ciudadana de los mexicanos tiene heridas graves, heridas de desencanto, de indiferencia y de ignorancia. Durante años, el llamado de Acción Nacional ha sido a participar, a hacer conciencia en la gente de cuánto gana al votar por el solo hecho de hacerlo. Acción Nacional ha dignificado la participación ciudadana desde sus inicios, contra un régimen que pasó sesenta años demostrando a la gente que su voto no valía nada, que sus posibilidades de decidir estaban cooptadas, limitadas y elegidas de antemano. El voto de los mexicanos, que es la fuerza de la ciudadanía, vive aún en el desprestigio que legaron 60 años de monopartidismo, de democracia “light”. Los valores políticos de los mexicanos son, por decirlo de alguna manera, así, “lights”. Se vive la democracia pero aún no se tiene un sentido generalizado de las bondades de participar. Se vive libertad de expresión pero no pocas veces se utiliza para difamar o construir juicios falsos entre la ciudadanía. Una vez una periodista me preguntaba que qué pensaba de un funcionario federal, que en ese momento llevaba dos semanas de ser atacado a diario por la prensa, sin una acusación que de verdad probara culpabilidad alguna, más allá de la voluntad de otro político para minarle el camino a fuerza de tergiversar argumentos. La periodista preguntó qué pensaba de la supuesta imputación, a lo que respondí que mientras el tribunal fueran las ocho columnas del diario para el que ella trabajaba, y el fiscal aquel político mañoso, las acusaciones no tenían valor alguno, pues para acusar a alguien, en un régimen de derecho, se acude a los tribunales o instancias correspondientes. Por mientras, ese periódico se había dedi-

cado, durante 20 días, a acusar a alguien cuya culpa no estaba probada, lo cual, sencillamente, se llama difamar. Y seguramente el rotativo no iba a aceptar publicar, una vez probada la inocencia, 20 planas seguidas para decir que había cometido un error, que es lo que la ética periodística marca en caso de error, deliberado o no. Estos valores políticos “light” hacen también que el derecho a al transparencia no tenga mayor importancia que para quien busca investigar a algún funcionario público, cuando, por ejemplo, en España, los contribuyentes reciben cada año un desglose de cómo el ayuntamiento invirtió cada euro de sus impuestos. Mientras vivamos una democracia “light”, una democracia que todavía carga una cultura política fruto de la corrupción, una democracia en la que todos entendemos qué significa “el que no transa no avanza”, “año de Hidalgo” y expresiones similares; mientras tengamos pendiente dignificar la participación ciudadana mediante instituciones, gobiernos y partidos que honren el actuar político, mientras todo eso siga sucediendo, no tendremos más que una armazón democrática. Es necesario todavía apuntalar y fortalecer una cultura política acorde con la democracia para contar con auténticos demócratas. En este punto, una ciudadanía preparada, participativa, que privilegie el debate y las ideas, que sea respetuosa de la opinión ajena y busque coincidencias más que diferencias, es fundamental para consolidar la transición que vive México. Nuestra transición estará completa cuando se viva esta nueva cultura política. No se desmonta un sistema y se instala otro de la noche a la mañana, pues ese es parte del sentido de la democracia, contra el de la revolución, que busca lo inmediato y lo abrupto. Todavía hay mucho qué hacer para detonar la participación activa, consciente, responsable y comprometida de la sociedad, de los partidos y del gobierno en la construcción de un bien común que sea suma de todos. No sólo busquemos ganar elecciones, busquemos además la formación de una nueva cultura política. El PAN ya ganó una de esas victorias culturales, pero es una conquista que se

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renueva y se fortalece día a día, para además, y he ahí el reto, he ahí la imaginación, convertirla en una nueva victoria cultural, más allá del voto: esto es, la de la auténtica vida democrática. La participación ciudadana tardó mucho tiempo en tener un sitio de importancia para las antiguas elites gobernantes. Desde Aristóteles hasta Kant, entre los cuales median unos 20 siglos, la participación de las mayorías fue vista como un impedimento para el buen funcionamiento del Estado. Y es claro, siempre será más fácil decidir el destino de un pueblo entre un coro de voces monocordes que entre la cacofonía en la que puede convertirse una sociedad. Incluso la revolución francesa, que otorgó la soberanía de la nación al pueblo, terminó en el mediano plazo con la asunción de un dictador, que aunque gran militar y pensador de los derechos civiles, monopolizó el poder durante el tiempo que pudo. La ilustración, la era de la razón, terminó en el cadalso de la guillotina, que incluso asesinó a sus propios teóricos a manos de muchedumbres cegadas por un poder que no entendieron, o fueron incapaces de encauzar hacia un bien supremo. Cuando en Francia estalló la lucha civil, en Alemania florecía una nueva corriente artística, la última que se cobijara bajo el manto de realezas de títulos nobiliarios. Fue la época del romanticismo, de Kant, de Hegel, de Caspar David Friedrich, de Goethe y de Beethoven, entre otros grandes poetas, pintores, músicos y pensadores. Uno de esos autores, que además escribió la letra al llamado “Himno a la alegría” de la novena sinfonía de Beethoven, fue Friedrich Schiller, quien unos meses después de la toma de la Bastilla reflexionaba que no fuera a ser que aquella conquista del pueblo le fuera a quedar demasiado grande al propio pueblo. Hoy vivimos una época de libertades. No nos vaya a pasar, por falta de educación, de orientación en la libertad, de participar concientes de la trascendencia de decidir, que acabemos como esos franceses de hace varios siglos, que conquistaron la libertad, no supieron a dónde guiarla y la encauzaron a destruir todo lo pasado, hasta que llegó un dictador a frenar la anarquía. No nos vaya a pasar como a la Venezuela actual,

cuyos partidos fueron incapaces de renovarse y acabaron siendo poco atractivos para los jóvenes, que eligieron poco más tarde a una especie de dictador que ya retrocedió el desarrollo de un gran país un aproximado de 20 años. Tenemos pendiente pues, no sólo el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del fortalecimiento de los partidos y organismos de participación, sino además tenemos el deber de hacerlo en la búsqueda de un bien común, que precisamente a través de la participación contribuya a su construcción y mantenimiento. La cultura democrática, segunda victoria cultural Cambiar la cultura autoritaria a una democrática es imposible de lograr sin educación, sin capacitación, sin alguien o algo –un libro, un curso, una ponencia– que nos despierte ante las posibilidades que se abren con la libertad, que es participación, y con la tendencia natural que el ser humano tiene hacia el bien (para Aristóteles, incluso el mal era una ausencia de bien, es decir, el bien era la premisa mayor). No olvidemos que la participación, en fin de cuentas, “refuerza la disposición al aprendizaje, desarrolla habilidades para el intercambio crítico de ideas y permite a los individuos alcanzar consensos cimentados en el respeto mutuo”. Hasta aquí hemos analizado dos de los elementos de nuestra ecuación original. Bien Común = participación ciudadana + autoridad política. Falta detallar lo que es la autoridad política, pero me parece que aquí es posible discernir a partir de lo expuesto hasta este momento, pues, como reanotó al principio, la autoridad sólo es posible gracias a una participación ciudadana activa, la autoridad se conforma a partir precisamente de la participación y sin ésta no sólo queda sin fundamentos sino que además es falsa. La llamada representatividad es eso. Qué tanto se refleja una sociedad en su gobierno. Y la medida de esto es la participación. No es que los pueblos “tengan los gobiernos que se merecen”, sino que más bien el nivel de participación y de compromiso con los auténticos valores

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democráticos es lo que determinará por principio la calidad de la autoridad, pues estos valores deben comenzar por la educación precisamente en esa cultura de la democracia, en el valor del voto, en la importancia de la transparencia, en lo fundamental de contar con medios serios y responsables, en la igualdad y el respeto, en el diálogo, en la importancia del otro… Una educación o una formación que inculque y promueva estos valores estará construyendo una mejor ciudadanía que participa, forma y conforma el gobierno. Es necesario pues, crear, un círculo virtuoso donde sean los mejores ciudadanos los que tengan la responsabilidad de tomar las decisiones, de conducir las acciones del gobierno, de la política, a ser bienes comunes mediales que lleven a un bien común final, quizá nunca terminado, pues nadie escribe el futuro sino que éste es constante esfuerzo, como un reto que exige nuevas ideas, esfuerzos renovados, talento y capacidad, pero sobre todo, asumir que es para los otros antes que para uno mismo, asumir la responsabilidad por el otro, máxime como políticos. Sentirnos no sólo parte del cambio sino responsables por éste, por aquellos a quienes como políticos, como líderes, se va y se deberá servir. Una autoridad política virtuosa será fruto de una sociedad virtuosa. La fuerza de la democracia reside en la fortaleza de su ciudadanía. Cuando haya formación en valores políticos, entonces la autoridad que llegue será más representativa, más ciudadana y también más exigente, dando como resultado un bien común que, de verdad, alcance para satisfacer a aquellos que han perdido la fe en la esperanza. No se crea una democracia de la nada; se forma, se conduce día a día. De igual, forma, no se vive la democracia por el solo hecho del voto: es necesario abrazarla, llevar sus valores a la práctica diaria. No se lega democracia cuando la autoridad traiciona el interés ciudadano, su decisión. México vive hoy un tiempo de consolidación de aquellos valores que deben necesariamente acompañar a una democracia. La primera “victoria cultural” panista fue, empero, lograr que los

mexicanos acudieran a las urnas, crear conciencia sobre el poder del voto, mostrarle a la gente lo mucho que podría ganar al hacer valer su opinión. Sin embargo, hay otros valores, además de la participación electoral, que deben promoverse para alcanzar un régimen moderno y acorde con las necesidades y exigencias de la nación: la legalidad y el apego al derecho, la transparencia, la igualdad, la solidaridad, la rendición de cuentas, el diálogo, el acuerdo son hoy por hoy temas todavía pendientes en la agenda nacional, pero que siempre han estado presentes en la doctrina panista. En este momento sólo el PAN es capaz de encabezar la lucha por estos valores pendientes. Faltan todavía “victorias culturales”, cambios graduales que el partido sabe muy bien como encauzar y conducir, pues éste es el sentido de la “brega de eternidad”; si estos valores no impregnan el todo social, el solo voto no será suficiente para modernizar plenamente a México, y se corre el riesgo de retrocesos por parte de quienes son incapaces de ser oposición responsable, como alguna vez lo fue y aún lo es en muchos sitios Acción Nacional. Así, una participación ciudadana, pero de una sociedad formada en valores, genera una autoridad política virtuosa que, como consecuencia directa, construye el bien común. En los tres factores –bien común, participación ciudadana y autoridad política– hay grandes retos. Ninguno es fácil. Se requieren reflexión y acción. Prescindir o abusar de cualquiera de ellos acaba en extremos contemplativos o pragmáticos. Un líder, a mi parecer, conlleva una mezcla de ambos, un equilibrio, y en ello recae su liderazgo: en saber que el silencio también dice y que el ruido sirve también para cuando no se quiere decir nada; en asumir que al hacer antecede el raciocinio para no caer en la barbarie de lo inmediato; en trabajar para construir una sociedad que lo trascienda, no en estatuas, no en monumentos, sino en ese cambio de conciencias que representa toda victoria cultural. Esa victoria de la cultura democrática plena debe ser el siguiente triunfo de Acción Nacional.

La competencia desde el Bien Común Juan Pablo Estrada Michel “Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía”. León XIII, Rerum Novarum

En la época previa a la fundación del PAN, de cara a los problemas políticos y electorales de México, don Manuel Gómez Morin planteaba a don José Vasconcelos, entre otras, una valiosa interrogante: “¿vale más lanzarse a una lucha que pueda llevar a los grupos contrarios al exterminio para lograr el triunfo inmediato o perderlo todo, o vale más sacrificar el triunfo inmediato a la adquisición de una fuerza que sólo puede venir de una organización bien orientada y con capacidad de vida?”1 Cuánta razón. El enfrentamiento entre el sacrificio del éxito inmediato de las políticas públicas y, en realidad, de las decisiones fundamentales de y para la República, frente a la posibilidad de organizarse con madurez para enfrentar los retos y problemas de la realidad, es uno de tantos que por desgracia nuestro país ha intentado resolver con pocos rendimientos; más a través de Carta a José Vasconcelos, 3 de noviembre de 1928. Publicada en 1939. Documentos Fundacionales del Partido Acción Nacional, PAN, México, 2009, página 455.

cortas determinaciones de Gobierno que de organizadas decisiones de Estado. Ejemplo claro es la economía y, concretamente, la llamada competencia económica. En lo general, casi en lo coloquial, pocos temas como la competencia económica gozan del mismo consenso en el discurso de los partidos políticos y demás entes públicos en los últimos años. Así, en su discurso todos los actores políticos reconocen que el sistema de mercado es imperfecto y critican a los monopolios, a la concentración de capitales en manos de particulares; todos pretenden normas y disposiciones que favorezcan la competencia (por supuesto, sólo en lo económico) y aluden a beneficios abstractos para la economía del país; todos coinciden en ello, es lo políticamente correcto, pero ello se queda en ese discurso de lastimosa superficialidad. Como resultado, pocos temas han sido tan pobremente desarrollados y enfrentados por los diferentes poderes y gobiernos de México.

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Como punto de partida habría que decir que esa pobreza en el análisis y en la acción eficaz podría tener una explicación de irresponsabilidad e incongruencia política. ¿Cómo esperar un efectivo desarrollo de la competencia económica en actores políticos que se caracterizaron durante casi un siglo por anular siquiera la posibilidad de cualquier tipo de competencia en el ejercicio del poder? ¿Cómo hacerlo de quienes aceptan como hechos consumados, cuasi-patrióticos, los monopolios del Estado (de los gobiernos, habría que decir)? ¿Cómo de quienes se han favorecido y se favorecen de la concentración del poder y la inexistente competencia en materia de difusión masiva de comunicaciones?. Hay mucha queja sobre los que popularmente se conocen como monopolios, pero en tiempos de elecciones los actores políticos buscan su apoyo. La lista de razones puede seguir, pero en el fondo rodean el desafortunado vicio que acarreamos desde que se consumó la Independencia: las decisiones de gobierno privan sobre las decisiones de Estado. Lo cierto es que desde su magnífico Cambio Democrático de Estructuras, Efraín González Morfín indicó que “el reto que se presenta en el mundo actual consiste precisamente en lo económico, en generalizar al máximo las formas de participación en la propiedad, incluso de bienes de producción, y en la decisión y gestión económica. Si, por principio, se dice que esto no es posible y que, en concreto en México jamás dará resultado, en el fondo, con otras palabras, se está exhortando a que se polaricen los extremos en espera de un encuentro cada vez más destructivo entre las partes de la sociedad mexicana.”2 Ese es el reto de “democracia en lo económico” según González Morfín, equivalente a uno de “democracia sustancial” bajo el concepto de Ferrajoli, un reto que en México no ha quedado cumplido en lo más mínimo y que, acaso, podría serlo en cierta medida con un adecuado acercamiento al fenómeno económico y particularmente a la llamada competencia económica. Efraín González Morfín, Cambio Democrático de Estructuras, tercera reimpresión, Partido Acción Nacional, EPESSA, México, 2000, página 59.

En principio, la expresión competencia económica parece desafortunada, en tanto imprecisa y hasta confusa. Gramaticalmente expresa una obviedad: en economía, competir o contender en un mercado es una conditio sine qua non. Por lo demás, la denominación sugiere problemas interpretativos al expresar una idea sistemáticamente contradictoria en economías cuyos sistemas que se habrían pronunciado por el libre mercado (por mixto o parchado que se pretenda): Si el planteamiento del libre mercado es que funciona la libre competencia, y si la realidad al demostrarse lo contrario requiere acciones desde el poder público que fomenten o establezcan la libre competencia en la economía, entonces la existencia misma del paliativo gubernamental atenta contra la libertad que era el principio pivote del sistema económico mismo. Lo cierto es que, ante la ausencia de un pronunciamiento jurídico formal al respecto, para hacer comprensible nuestro planteamiento habrá que comenzar por decir que quizá la expresión más afortunada, lejos de las mencionadas en el artículo 28 constitucional –libre concurrencia o la competencia entre sí–, sería la de competitividad3 económica. Lo importante es evitar el reduccionismo de identificar esta materia con la crítica y persecución de los monopolios. El campo material de aplicación de eso que se llama competencia económica abarca más objetos que los monopolios, e inclusive (en casos como el mexicano) puede llegar a excluir verdaderos monopolios que, por disposición constitucional, no reciben ese nombre por más que lo sean. Además, la ciencia económica explica que hay monopolios naturales, que en principio no han de recibir los mismos reproches que los indebidos; hay prácticas anticompetitivas que perseguir aunque las cometan quienes no constituyan un monopolio; y también existen figuras lamentables y dañinas como los duopolios y los oligopolios, que habrán de ser cuestionados también. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22ª edición, Grupo Editorial Planeta, 2001. “competitividad. f. Capacidad de competir. 2. Rivalidad para la consecución de un fin” y “competir. (del lat. competére) intr. Dicho de dos o más personas: Contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa.”

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Con la denominación que se elija, el concepto mínimo de la competencia económica trae consigo a sus enemigos más obvios, aquellos que buscan una contienda económica injusta: el poder económico, el poder político y los factores reales de poder (que suelen tener irresponsablemente los dos primeros). Pequeña cosa. Contra quien sea, la mejor manera de afrontar el reto de democracia en lo económico y de enfrentar sus complicaciones y enemigos, es intentar que se cumpla la finalidad social que en la idea de esta materia se busca y que se ofrezca “la solución humana auténtica”, en palabras de González Morfín. Para ello, es razonable buscar las respuestas (o acaso las interrogantes correctas) en principios ajustados a la dignidad humana y a la dimensión social de la persona, que responda a una idea correcta de Nación. Es preciso, pienso, acudir a la noción del Bien Común, “común a los hombres que integran la sociedad… pertenece a todos, sirve a todos, es para todos”.4 J.T. Delos citado por Isaac Guzmán Valdivia, define al bien común como “el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias a las cuales la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual”.5 Así, con Rafael Preciado Hernández diremos que resulta “una noción compleja: como bien, casi se identifica con el bien de la naturaleza humana; como común alude ante todo el acervo acumulado de valores humanos, por una sociedad determinada, objeto perpetuo de conquista y de discusión, dada su aptitud o capacidad para ser distribuido, y condición al mismo tiempo del desarrollo y perfeccionamiento de los hombres; también significa lo común, que los individuos no poseen ese bien antes de su integración en el organismo social y que no sólo aprovecha a todos sino que a la vez requiere el esfuerzo coordinado de todos los miembros que integran la comunidad; lo cual implica que no está constituido por la suma de bienes individuales, sino que es un bien Isaac Guzmán Valdivia, El Conocimiento de lo Social, editorial Jus, sexta edición, México, 1990, página 132. 5 Isaac Guzmán Valdivia, El Conocimiento de lo Social, editorial Jus, sexta edición, México, 1990, página 133.

específico que comprende valores que no pueden ser realizados por un solo individuo, tales como el orden o estructura de la propia actividad social, el derecho, la autoridad, el régimen político, la unidad nacional de un pueblo, la paz social.”6 Ahora bien, como indica el propio maestro Preciado, “atendiendo al grado de generalidad de los objetos comprendidos y abarcados por esta noción, cabe distinguir el bien común universal o integral de la especie humana, en un plano más limitado el bien común nacional, y con un contenido reducido el bien común público… El bien común nacional viene a ser la participación de un pueblo determinado en el bien común de la especie humana, en cuanto esa participación a través del tiempo, a veces siglos, imprime un estilo de vida a los miembros de la comunidad de que se trate, dándole así una fisonomía o rostro nacional… Y el bien común público… consiste esencialmente en la creación

Rafael Preciado Hernández, Lecciones de Filosofía del Derecho, tercera edición, UNAM, México, 1997, página199.

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“2. PERSONA. La Nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas, sino por personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales, como la familia, el municipio, las organizaciones de trabajo o de profesión, de cultura o de convicción religiosa. La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino. […]”

estable y garantizada de condiciones comunes, tanto de orden material como de orden espiritual, que sean las más favorables de acuerdo con las circunstancias, para la realización del bien común propio de cada uno de los individuos y de los grupos sociales que integran el Estado.”7 En el mismo sentido, los Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional aprobados en Asamblea Constituyente en las sesiones del 14 y 15 de septiembre de 1939 (días patrios, como el que más), que -entre los conceptos fundamentales que deben sustentar la visión y la labor partidista- informan lo siguiente: “1. NACIÓN. […] El interés nacional es preeminente; todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren. No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales. […]” Rafael Preciado Hernández, Lecciones de Filosofía del Derecho, tercera edición, UNAM, México, 1997, página 200.

“3. ESTADO. La opresión y la injusticia son contrarias al interés nacional y degradantes de la persona. Resultan de que el Poder se ejerza para fines que no le son propios o por un Gobierno que no sea expresión auténtica de la colectividad. Sólo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad, que no es el capricho de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la justicia y la seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto y la protección de la persona. […] Tienen responsabilidad en el desencadenamiento de éstas [luchas sociales] los que pretenden fomentarlas y los que aspiran a abolirlas sin eliminar sus causas. Es también reprobable cualquier otra forma del Estado que niegue las prerrogativas esenciales de la persona y de las comunidades naturales y erija sus determinaciones en fuente única de derecho y en definición del bien común.” “4. ORDEN. La miseria y la ignorancia son fruto del desorden moral y económico que la injusticia, la anarquía y la opresión introducen a la sociedad. Sólo podrán ser evitadas, si la Nación es ordenada rectamente, y su vida se funda en el

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reconocimiento de los valores espirituales y se dirige a la realización del bien común. La lucha contra la ignorancia y la miseria es deber, pero no monopolio del Estado, y es también responsabilidad y derecho de todos los miembros de la Nación.” “8. INICIATIVA. La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues en estos casos, la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora. El Estado tiene el deber de velar porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional, y esté constantemente subordinada al bien común.”

“11. ECONOMÍA. El Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía nacional. Ha de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de esa economía; ha de ordenar esas actividades para que concurran a hacer estable y fecunda la vida económica; ha de corregir las injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan, y debe evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la Nación. Está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicas indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía; a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la Nación. Debe especialmente velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía, y garantizar, al contrario, que la

estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores.” “13. DERECHO. La realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es, además, condición necesaria de la armonía social y del bien común. Es importante la aplicación justa de la ley por los Tribunales; pero un verdadero Estado de Derecho exige además la elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de la totalidad de los órganos del Estado, presidido por la justicia e inspirado en ella. […]” “14. POLÍTICA. La creación y administración de un orden dinámico que jerarquice justamente las diversas funciones y los distintos intereses que existen dentro de la vida social, no es patrimonio de un hombre o de un grupo social determinado. A la creación y administración de ese orden, deben concurrir la inteligencia y la voluntad de las personas que conviven dentro del Estado. […]” Asimismo, en la Proyección de Principios de Doctrina del PAN de 1965, en la que a veinticinco años de su fundación orgullosamente se reivindicaba al PAN como el “único partido político que en la Historia de México ha vivido y progresado con independencia frente al poder público”, con el objeto de “aplicar eficazmente [los principios fundamentales] a situaciones históricas cambiantes, mediante la concepción dinámica de los mismos”, se indicó: “1. PERSONA. […] Toda persona tiene derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, para una mejor convivencia humana. […]”

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“2. POLÍTICA. […] Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que permita, en las circunstancias históricas concretas, la conservación y el incremento del bien común entendido no sólo como oportunidad personal, justa y real de acceso a bienes humanos, sino también como el conjunto de valores morales, culturales y materiales, que han de conseguirse mediante la ayuda recíproca de los hombres, y que constituyen instrumentos necesarios para el perfeccionamiento personal de todos y cada uno de ellos en la convivencia.” “5. DEMOCRACIA. La democracia requiere la participación eficaz de las personas en las actividades colectivas que condicionan su propio destino personal. Porque la democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana, que en lo material debe sostenerse en la suficiencia económica de todos, y en lo espiritual en la posibilidad real de acceso a los valores de la cultura y en el respeto a la libertad del hombre para responder ante su conciencia y ante Dios, del propio destino y del de sus semejantes. […]” “7. FAMILIA. […] Es objetivo indispensable de la reforma social luchar por la suficiencia económica de la familia. Deben apoyarse las medidas políticas, económicas y sociales, justas y necesarias, para satisfacer esa exigencia mediante el trabajo. Cuando esto no sea posible, debe asegurarse el ingreso familiar suficiente, por razones de justicia y equidad, mediante transferencias sociales a favor de quienes se encuentren en condiciones objetivas de inferioridad, para hacer valer sus derechos y conseguir sus intereses legítimos. Una política social justa no debe pretender la substitución de la familia por el Estado. Este debe crear condiciones educativas,

económicas, laborales, habitacionales y de seguridad social, que estimulen la responsabilidad y energía de las familias. […]” “10. TRABAJO. […] Debe promoverse la creciente integración en el funcionamiento, en la propiedad, en las ganancias y en las decisiones de la empresa, de todos los que en ella colaboran con inteligencia, mano de obra o capital, con el fin de llegar a tipos de empresa organizados de tal manera que todos participen equitativamente de sus beneficios, al mismo tiempo que procuran transformarla en una auténtica comunidad de vida y de trabajo y en un servicio eficiente para responder a las necesidades de la colectividad. […]” “11. ECONOMÍA. Como actividad cultural de sustentación humana, la economía debe armonizar dinámicamente las necesidades de la persona, con la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que las satisfacen, y así crear o mantener para el hombre, una base material estable y suficiente para la realización de la libertad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. […] No cumple los fines de la economía el simple aumento cuantitativo o cualitativo de las cosas, a expensas de la justicia en la distribución del producto de la cooperación social, o de las libertades y derechos de las personas y de las comunidades. Para la existencia de un orden económico justo es condición necesaria, pero no suficiente, la libertad de competencia en la actividad de los particulares, limitada de acuerdo con el bien común. La justicia en las relaciones económicas no puede ser resultado ni de pretendidos procesos automáticos, que en la vida real pueden resultar factores de injusticia y cómplices de la prepotencia económica, ni del control totalitario de la economía por parte del gobierno. La justicia en el orden económico exige la recta actuación de los particulares, de las organizaciones ocupacionales, del

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sarrollo. Por eso, la planeación no debe de ser un disfraz económico del control político, sino esfuerzo nacional de previsión del futuro, fijación realista de metas y de medios económicos y sociales, y expresión de voluntad común de desarrollo mediante una acción concertada de todos los sectores de actividad económica y no solamente del gobierno.

Estado y de la comunidad internacional. En cumplimiento de su misión subsidiaria y supletoria, el Estado debe fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, estimular y coordinar todas las actividades adecuadas para la estabilidad y prosperidad de la economía, corregir las injusticias que existan en la aplicación y distribución del ingreso nacional, y evitar o reprimir los actos que comprometan o debiliten la estructura o el porvenir económico de la comunidad. La convivencia y los límites de la intervención del Estado, dependen de las exigencias del bien común en los casos concretos. La iniciativa privada es la más viva fuente del mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo. […] El Estado tiene el deber de velar porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional y esté constantemente subordinada al bien común. […] Desde el punto de vista económico, la planeación debe concertar la libertad y la iniciativa individual, con una orientación común del de-

12. JUSTICIA SOCIAL. La miseria y la ignorancia se deben al desorden moral, económico y político, y sólo podrán evitarse mediante un orden justo, basado en el reconocimiento de los valores espirituales y en la realización del bien común, de acuerdo con las situaciones históricas concretas. […] Como justicia del bien común, la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, especialmente en las relaciones de la persona y los grupos sociales con la autoridad y de los grupos sociales entre sí. La justicia social no se limita ni a la solución de los problemas obrero-patronales, ni a lograr una mejor distribución de la riqueza material entre los hombres de los diversos sectores o zonas de un país o entre los diversos países de la comunidad internacional. La justicia social tiene por objeto, con fundamento en la igualdad esencial y en la solidaridad de los hombres, promover el acceso de los mismos –particularmente de los núcleos más desvalidos de la sociedad, o de quienes viven en zonas económicamente menos desarrolladas– a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana. […] La propiedad privada no es un fin en sí misma. Constituye un instrumento de apoyo y garantía para la libertad de la persona y para la seguridad de la familia. Por eso debe promoverse su difusión. La propiedad privada debe regularse conforme

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a las exigencias del bien común y de los deberes de buen uso y cooperación social que las mismas imponen. […] Es injusticia social abusar de la autoridad y de los puestos públicos; negarse a cooperar en las transformaciones sociales, económicas o políticas que exige el bien común; aprovechar posiciones de influencia para negociar con derechos ajenos de personas o comunidades; renunciar a la defensa de derechos, garantías fundamentales, o fomentar, por acción o por omisión la desorientación de las conciencias, el abstencionismo, la deserción y el servilismo. Son exigencias indeclinables de la justicia social, el reconocimiento común de que existe un orden ético jurídico obligatorio en la convivencia humana y el valor de proclamarlo y defenderlo; la vigencia de un orden democrático en la elección y ejercicio de la autoridad; el respeto a la libertad de conciencia, la independencia de las organizaciones ocupacionales frente al gobierno; la elevación material y humana de la mayor parte de la población, sobre todo en el campo, y la oportunidad de acceso a la propiedad de uso durable y de producción, mediante una adecuada política de desarrollo y de reforma social. […]” En esos términos, las nociones citadas habrían de nutrir la vida política y, desde luego, el orden constitucional para bienestar nacional; habrían de fundar la conducta de las autoridades públicas y de los integrantes de la sociedad que han de ostentarse responsablemente como panistas. Además del conveniente reconocimiento de las libertades, las nociones de bien común nacional y de bien común público parecen el punto clave, la verdadera causa impulsiva y final de las decisiones de Estado por cuanto hace a la competencia económica. El bien común es la limitante razonable a la libertad de competencia de los particulares, teniendo en principio como punto de partida a la libertad. Lamentablemente, en el panorama se contemplan decisiones de Gobierno

o de partido que han atendido a causas distintas, en ocasiones particulares y en otras populistas. En ese orden de ideas, si en verdad se pretende satisfacer el reto de democracia en lo económico, la óptica del bien común se convierte en herramienta esencial para apreciar y juzgar la adecuación material y moral de las disposiciones, aún constitucionales, que tengan que ver con la competencia económica. Cualquier otra causa o bandera resultaría injusta y parcial, limitada o inhumana, condenada al sacrificio de los intereses del Estado. Por ello es posible señalar que en ausencia de una finalidad o causa impulsiva concreta de interés público que lo sustente, de una razón de bien común nacional o público, aquellas normas, reglas, disposiciones, procedimientos y actos de autoridad en materia de competencia económica resultan innecesarios, inútiles e improcedentes, cuando no inconstitucionales. Ahora bien, en la proyección de los Principios del PAN –hecha en 2002– los términos del discurso a este respecto cambiaron, y posiblemente también por ello es que los resultados de los gobiernos panistas a este respecto no coinciden con las ideas fundantes antes comentadas. Las constantes referencias al bien común se reducen drásticamente; el mercado (aún imperfecto) se concibe como esencial; el Estado que anteriormente se consideraba subsidiario, ahora se concibe como protagonista y es un rector obligado a regular, válgase la expresión. El texto exacto es el siguiente: “7. Humanismo Económico. El humanismo económico impulsa una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; una economía social de mercado, sustentada en el trabajo libre, respetuoso de la dignidad humana y del medio ambiente, que tenga su raíz en la libertad y en la iniciativa de las personas; una economía que busca construir un México más próspero, más libre y más humano. El acceso de las personas a la propiedad y a

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la formación de un patrimonio es la base material de su desarrollo integral y la garantía de su dignidad. Ello tiene que apoyarse en un marco institucional que garantice el derecho a la propiedad y que dé certeza jurídica a la persona en su participación en las actividades económicas. El mercado es condición necesaria para el desarrollo económico; pero no es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. En consecuencia, se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad, y el Estado debe vigilar su ordenado desenvolvimiento, para garantizar que concurra al interés nacional, se subordine al bien común y busque justicia en las relaciones económicas. El mercado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para asignar satisfactores a las necesidades de los seres humanos. Por eso el humanismo económico asume la responsabilidad social y busca abatir la pobreza extrema, atiende prioritariamente a los pobres del campo y la ciudad, da prioridad a zonas indígenas y rurales e impulsa el desarrollo de las potencialidades del campo mexicano. El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma. […] El humanismo económico demanda un Estado rector que distribuya los beneficios del comercio. Esta distribución no debe entenderse como un reparto asistencialista de recursos, sino que debe basarse en el diseño de políticas públicas que reorienten la actividad productiva en los sectores afectados. En una economía social de mercado el Estado debe ser vigilante atento de que los excesos de los mercados mundiales no conviertan en prescindibles a las personas. Ante la globalización, los Estados

deben fortalecer su capacidad para cumplir esta misión. La rectoría y articulación de las actividades económicas y sociales no deben delegarse a las grandes empresas.” Si bien en principio el cambio en la redacción por la proyección de estos conceptos y principios respecto de sus antecedentes de 1939 y 1965 obedece a un reconocido y reconocible cambio de situación fáctica, lo cierto es que dista de ser cosmético. El PAN en 2002 ya no sólo es un partícipe, es un partido en el gobierno que intenta no serlo de gobierno. Pero, por ser partido en el gobierno ¿habría de seguir las reglas o circunstancias que planteó el régimen anterior? ¿Aceptar el discurso previo? Como sea, la cuestión no es menor por cuanto hace a la competencia económica, pues la situación de hecho y de derecho que se enfrenta, en buena medida por causas creadas durante el siglo pasado, ofrece graves problemas conceptuales, estructurales y reales, cuyas respuestas –me parece– estarían mejor cimentadas en principios permanentes y en conceptos sólidos, antes referidos. Para ello bastan algunos ejemplos. El primero que surge, quizá por encontrarse en la Ley Fundamental, se encuentra en el texto de los artículos 25 y 28 constitucionales. En efecto, bajo causas tecnocráticas, populistas o partidistas, en el mal llamado “capítulo económico” de la Constitución encontramos claras contradicciones en términos y ejemplos de ficción constitucional. Así, mientras se prohíben tajantemente los monopolios, aquellos del Estado no tienen ese carácter por decreto o teniéndolo simplemente no pueden ser llamados así. Resultan además intocables e inmutables. Igualmente, se establece que el Estado rector regula, privatiza, concesiona, otorga licencias y demás en actividades que se juzgan prioritarias. Pero, sobre esas materias tan particulares (que están en un régimen distinto de las normales), ¿resulta lógico hacer adicionalmente análisis de competencia económica a posteriori? ¿No tendrían que haberse hecho antes de regular, privatizar,

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otorgar concesiones y licencias? Parecería que esas figuras propias del Derecho Administrativo pretenden, por distintas razones, precisamente dar derechos y obligaciones exclusivas o restringidas a ciertos particulares según actos administrativos concretos. Si las asignaciones se hicieron indebidamente en el pasado, ¿no cabría fincar responsabilidades por ello? ¿De verdad las hizo el Estado? En fin, surgen interrogantes por un texto constitucional que es más resultado del discurso que del concepto. Y podemos seguir un análisis similar de la Ley Federal de Competencia Económica (ya sea en su texto de 1992 o después de reformada), con la que se ha pretendido recibir conceptos más económicos que legales, propios de sistemas jurídicos distintos (señaladamente el anglosajón), que chocan dramáticamente con nuestros conceptos sancionatorios, típicos, propios de la codificación que caracteriza nuestro orden jurídico. Así, con buena o mala fe se pretende regular el tema de la competencia económica, establecer prohibiciones, señalar figuras (vgr. el llamado mercado relevante y el poder sustancial) e imponer sanciones, pero bajo una idea y una estructura jurídica que no es propia de nuestra tradición jurídica y que choca con las disposiciones que integran el orden jurídico nacional. Inclusive, se atenta contra el federalismo y la división de poderes, al señalar la existencia de una autoridad central que es juez y parte, que investiga, juzga y sanciona, cuando no se ostenta como reguladora, como es la Comisión Federal de Competencia. Esa realidad se ha hecho evidente en conceptos de violación y criterios jurisprudenciales emitidos a partir de la existencia de la Ley aludida, así como en la fracasada intención de emitir declaraciones de dominancia a casi veinte años de vigencia, y no obstante permanece intocada cuando no indiscutida. ¿Por qué? En mi opinión, precisamente porque a partir de decisiones de Gobierno que responden a intereses inmediatos, legítimos o ilegítimos, se ha prescindido del necesario análisis serio de toda la materia y su instrumentación a partir del concepto del bien común, que podría llevar a mejores decisiones de Estado.

La vigente regulación de competencia económica parte de una visión sancionatoria; esto es, la llamada Cofeco sigue procedimientos para sancionar prácticas que juzga monopólicas o situaciones de hecho que concibe como contrarias a la competencia. Sin embargo, debe entenderse que la sanción como idea implica la aceptación de una situación que, si bien se juzga inconveniente, se reconoce como existente. Así, por más procedimientos pequeños o prohibiciones pequeñas que se impongan, en realidad 67

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toda la actividad de la autoridad que amenaza con sanciones resulta insuficiente para desvanecer el hecho central y general que desvalora. Luego entonces, no son suficientes los intentos de sanción jurídica a las situaciones económicas creadas por o bajo el auspicio de los gobiernos federales priístas, concebidas desde el PRI y para el PRI, en tanto que implican el reconocimiento de tal situación como hechos consumados irremediablemente. De manera que si se logra imponer una sanción en materia de competencia, en todo caso, ello resulta mero éxito inmediato, pero fracaso en el fondo porque no se atacan las causas. La sanción no ayuda a que la riqueza se distribuya mejor ni a que los grandes intereses económicos sean accesibles para la mayoría, no satisface el reto democrático en lo económico. ¿Por qué no cambiar la visión entonces? La refundación, a diferencia que la mera sanción, ataca al hecho mismo y lo desvanece. Y es que, a diferencia de los puntos de partida de la Ley de Competencia y sus disposiciones reglamentarias, para efectos de adoptar decisiones económicas fundamentales la idea de una verdadera competitividad económica no puede estar simplemente basada en la inventada misión de mitigar la capacidad económica de alguno o algunos, ni en el discurso estéril de una conveniencia social que no se traduce en justicia ni en democracia económica y que se queda en inútiles normas programáticas y en procedimientos sancionatorios muchas veces frustrados por la falta de pericia o de intenciones justificadas de una autoridad que se convierte en juez y parte, como lo es la Comisión Federal de Competencia. Por el contrario, se impone que se tomen decisiones encaminadas al bien común, que busquen la suficiencia económica de todos, de manera que sea moral y constitucionalmente justificado y necesario que se restrinjan las libertadas o posiciones privilegiadas de algunos. 68

Es decir, la llamada competencia económica no debe ser vista como una guerra contra el rico, menos aún como una guerra entre los ricos o entre las empresas multimillonarias para pelearse sus mercados, tampoco es el resquicio político de una lucha de clases mal entendida. La competencia económica debe verse como la idea de un Estado respetuoso que actúa para dar preeminencia al interés social sobre el individual cuando ello sea necesario. De otro modo, la restricción de las libertades y condiciones particulares de las personas, por ricas que sean, no guarda más justificación que la preferencia, el capricho o el odio, que son tan injustas como el mal que en el discurso se dice combatir. Por lo demás, la visión errónea es también inútil, como lo hemos visto a casi veinte años de entrar en esta materia, porque el poder fáctico económico encuentra defensas en contra de las restricciones injustificadas o mal-causadas. Una verdadera solución implica refundar las ideas políticas y económicas sobre el fondo, “ordenar” de manera integral. Es una meta más elaborada que simplemente pretender seguir con las normas e intentos de un régimen anterior y cobrar algunas multas después de procesos que llegan a exceder la década, sí, pero también es una meta trascendente. Quizá no se obtenga el éxito inmediato para hacer lucir un acto de Gobierno, puede ser, pero se estaría actuando con miras al bien común nacional y público para que el Estado satisfaga, a largo plazo, el reto de democracia en lo económico. Esto es, conforme a aquel cuarto principio de Doctrina de 1939, parece necesario refundar la Nación a este respecto, ordenándola rectamente, eliminando las causas del problema sin buscar paliativos en ideas, situaciones, normas y disposiciones surgidas desde la dictadura de partido, sino en principios razonables y humanos.

La libertad y la responsabilidad, o de cómo la ciudadanía produce el gobierno que puede Carlos Martín Gutiérrez González

La libertad del ciudadano de hacer lo que quiera mientras no esté prohibido por las leyes ha sido mal entendida en México. Hemos cultivado la desvinculación de los valores éticos respecto de la norma jurídica, herencia del positivismo decimonónico que padecemos en nuestro país. Cuando el acto individual carece de sentido moral, cuando la persona busca su bien particular con fines egoístas por encima del bien común (fin de la libertad como cualidad personal), las relaciones comunitarias o sociales sufren una tensión necesaria: la imposición del poder de cada uno en una contienda permanente de todos contra todos. ¿Cuántas veces hemos sido testigos del hecho ominoso de que personajes públicos (y privados) tratan de justificar sus tropelías bajo el pretexto de “la ley no lo prohíbe”, ante el oído escandalizado y la mirada atónita de los demás? Si el ciudadano no alcanza a comprender que su bien particular será definido, en principio, por la calidad del bien común, su acción cotidiana afectará negativamente el orden fundamental del conjunto social. Así, la búsqueda del privilegio

como regla primordial de nuestras aspiraciones personales ha generado un conflicto permanente de intereses que lleva al rompimiento del orden jurídico, mismo que, supuestamente, fue definido por la mayoría para el bien de todos. Estamos aquí frente a varios principios que se ven comprometidos por la actual crisis de seguridad pública y, sobre todo, por una crisis de los valores que soportan la actuación de los servidores públicos; a saber: la libertad, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y, sobra señalarlo, la eminente dignidad de la persona. Solía decir Carlos Castillo Peraza que el ejercicio de la libertad sin responsabilidad propicia el caos, antípoda del cosmos que originalmente la ciudadanía pretendió fijar en su ordenamiento jurídico (Constitución) como principio y fin de las relaciones sociales que promueven el bien común. Todos los principios antes enumerados, lo sabemos, interactúan a favor de y promueven el bien común, cuando son ejercitados por cada uno de nosotros con plena conciencia de que el otro existe, siente, expresa y produce también en función de todos los demás; y que, regularmente,

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ofrecerá resistencia y contenderá cuando nuestras acciones afecten su esfera particular. A estas alturas de la civilización occidental, la siguiente proposición debería ser un lugar común: nuestra libertad personal está delimitada por el principio de solidaridad; es decir, la consideración del otro como actitud moral básica de la persona. Para fines prácticos, me gustaría utilizar la definición de solidaridad social que ofrece el Diccionario Jurídico Mexicano (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, edición histórica, Porrúa-UNAM, México, 2009), apoyada a su vez en la de Johannes Messner: “la recíproca vinculación ontológica de los hombres en la realización de sus funciones vitales y culturales, y, por consiguiente, su vinculación moral al bien común en la realización de su bien particular, pero con el bien particular esencial como fin determinante de todo el ordenamiento del bien común”. Aquí, la naturaleza social del hombre y la eminente dignidad de la persona humana tienen una relación necesaria con el bien común en dos sentidos: como causa y como efecto de la acción tanto personal como social. Porque me manifiesto ante el mundo como una persona digna de ser considerada por los demás en la comunidad a la cual pertenezco y de la cual dependo para mi desarrollo individual, debo, en reciprocidad, considerar al otro y a los otros en su propia dignidad. Esta relación recíproca establece la posibilidad de que cuando yo no pueda solo, juntos sí vamos a poder. Cabría señalar que el principio de subsidiariedad entra en juego cuando no puedo (o no quiero) o cuando no podemos (o no queremos): el Estado debe intervenir para resolver aquellas necesidades colectivas que afecten la consecución del bien común. Dice la frase de sobra conocida: tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. De regreso al tema de la solidaridad, es conveniente recordar el conocidísimo y en aquel entonces revolucionario lema de los franceses en el siglo XVIII: libertad, igualdad y fraternidad. Al respecto, Mario Bunge reflexiona con pulcritud:

“la libertad es necesaria para procurar la igualdad y solo la igualdad puede impedir la concentración de la libertad en unas pocas manos… sin embargo, la búsqueda de esta o de cualquier otra meta prosocial requiere de la solidaridad antes que del egoísmo”.1 En efecto, al principio de este artículo señalo la necesidad de que el ciudadano adopte una actitud solidaria en el sentido de procurar su bien particular en función del bien común (o interés público) con acciones basadas en valores éticos cuya consecuencia sea la consecución de esos fines personales para evitar la invasión negativa de otras esferas jurídicas individuales y el conflicto social. Esto es procurar el bien particular sin fines egoístas porque se antepone el bien común. Así, cuando el ciudadano elige a sus gobernantes está definiendo una forma de resolver las necesidades comunes a partir de la consideración de su propia dignidad y de la de los otros como personas libres, dotadas de inteligencia y espíritu (mismo que necesariamente se forma en la comunidad), con una actitud responsable y fraternal (solidaria). Bunge remata la afirmación precitada: “la razón de ello es que nadie puede conseguir nada importante sin la ayuda desinteresada de los demás”. Pero, ¿cómo se puede ofrecer una ayuda desinteresada cuando lo que prevalece es la búsqueda egoísta del bien particular a costa de los demás? Justicia e impunidad Uno de los componentes esenciales del bien común es la justicia. Sin un acceso igual de todos a la justicia, es imposible pensar en la igualdad que permite la libertad. Ambas condiciones del ser humano y de la propia comunidad en la que se desarrolla son necesarias para que cada quien obtenga, conforme a derecho, lo que le corresponde; esto es el acceso a la justicia. Por definición, resulta injusta la situación de una persona que ha sido privada de su libertad por causas ajenas a ella misma, y que más bien proviene de una voluntad autoritaria y violenta.

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El maltrato que un agente del poder (público o privado) inflige sobre alguien más débil (en lo individual o en lo colectivo) surge de aquella búsqueda egoísta del bien particular sobre el bien común. Así, su incumplimiento implica una violación a los principios básicos de una política basada en presupuestos axiológicos como, insisto, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la eminente dignidad de la persona. Si los ciudadanos de este país seguimos comportándonos cotidianamente sin bases éticas y nuestra conducta continúa siendo condicionada sólo por la búsqueda egoísta del bien particular, por encima del interés general (bien común), tendremos que seguir soportando la injusticia, la impunidad y la corrupción propiciada por todos: ciudadanos y servidores públicos que han establecido una relación de complicidad, y no la ideal de mandante sobre mandatario. Y todo, porque los ciudadanos no hemos sabido ser solidarios ni el gobierno subsidiario, y ninguno ha sido capaz de procurar desinteresadamente el bien común, fuente de una condición necesaria para la satisfacción justa del bien particular que dignifica a la persona. La relación entre justicia y solidaridad, bien común, subsidiariedad y dignidad de la persona es también explicada por el propio Johannes Messner, citado párrafos arriba, distinguido promotor del iusnaturalismo en el siglo XX. En los años sesenta del siglo pasado, el profesor Messner enarbolaba el derecho natural como ciencia, pues para él constituía una filosofía y ética del derecho que, en la práctica, lleva a “la aplicación de los principios generales del derecho natural a la vida en sus sectores comunitario, político, económico, social y cultural, con objeto de deducir las exigencias de la justicia en estos sectores”.2 Quizás sobre recordar que la crisis actual del Estado mexicano (de la sociedad toda, pues) es producto de la impunidad; es decir, de la ausencia de justicia. En México, el problema fundamental radica en la cultura de la ilegalidad: todos buscamos beneficiarnos a costa de los demás, aunque sea infringiendo la norma vigente pues al

final la justicia no existe y, precisamente por ello, no habrá castigo para quienes violen la ley. Federico Reyes Heroles señala que la diferencia entre el atraso socio-económico de México y el progreso evidente en otros países del Norte es que, mientras que en nuestro país se busca violarla sistemáticamente, allá la ley se respeta como premisa básica; pero, cuando se llega a violar, el castigo es seguro. Y reconoce que esto no significa que en aquellos países como Finlandia, Dinamarca, Suecia o Inglaterra no se infrinja la norma, sino que, cuando sucede, el castigo es ejemplar. Vaya, el nivel de impunidad es sensiblemente menor al que impera en nuestro país.3 En suma, nuestra situación actual de inseguridad y zozobra ante la violencia de los cárteles y la ineficacia de la lucha del Estado por reinstaurar el orden constitucional en México es un producto eminentemente cultural: la búsqueda egoísta del bien particular, por encima del bien común, empezando por quienes deberían tutelar, precisamente, el interés general, los servidores públicos, encuentra su raíz en las prácticas cotidianas de los ciudadanos. Sin buenos ciudadanos no tendremos buenos servidores públicos.

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Pero esos ciudadanos también toleran la impunidad de los miembros de los cárteles del crimen organizado, ya que, al igual que ellos, no creen en el orden jurídico basado en normas éticas. No creen en el Estado, porque (aunque como sociedad también formen parte de él) históricamente éste ha sido permisivo y, muchas veces, cómplice de ese sector informal que empezó evadiendo impuestos, siguió falsificando obras (piratería), continuó robando y asesinando a los otros, y terminó pretendiendo imponerse como un “Estado paralelo”. Así las cosas, si queremos realmente cambiar para mejorar (como cantaba aquel estribillo setentero que muchos recordarán) tenemos que empezar por nosotros mismos, como ciudadanos y como servidores públicos, respetando la Constitución, en su letra y en su espíritu, procurando la justicia y combatiendo la impunidad. Porque sólo con buenos ciudadanos podremos algún día contar, aunque hoy también los hay, con buenos servidores públicos y, consecuentemente, con un Estado fuerte, un gobierno eficaz y un país próspero.

La responsabilidad Así como el ciudadano puede hacer lo que quiera mientras no esté prohibido por el orden jurídico, siempre que esa acción esté orientada por la solidaridad a partir de un ejercicio inteligente y responsable de la libertad, el servidor público no puede hacer nada que no esté previsto en el mismo ordenamiento. Principio indiscutible del acto de autoridad es el que éste siempre debe estar fundado y motivado; pero si desde que es ciudadano, la persona que ostenta hoy un cargo público no ha respetado la ley, lo más probable es que sus actos carezcan de fundamento jurídico y de una motivación real y razonable. El riesgo de sufrir este tipo de “servidores públicos” es que siempre antepondrán el interés particular al bien común, pues nunca han sabido qué significa la responsabilidad, ya que no la han puesto en práctica. Si una actitud solidaria, es decir, fraterna, del ciudadano para con sus semejantes conlleva un

sacrificio relativo del interés personal, en el caso del servidor público esta solidaridad, esta fraternidad, este sacrificio del interés personal debe ser llevado al extremo de la renuncia: debe ser absoluto. Ante quienes afirman que el servidor público también tiene derechos porque es ciudadano, siempre he afirmado que, en efecto, no puede carecer de facultades y prerrogativas. Sin embargo, si bien es un ciudadano, se trata de un ciudadano con poder, que utiliza recursos públicos y recibe un salario de los contribuyentes para el desempeño de su mandato; sus decisiones, a diferencia de las del ciudadano común, afectan una esfera mucho más amplia de otros ciudadanos o gobernados. Por ello, su renuncia al interés particular debe quedar fuera de toda duda. De ahí la obligación de todos los servidores públicos de responder, de rendir cuentas, de ser transparentes y dar resultados. Por algo en nuestra Constitución el propio pueblo, a través de sus representantes en el Constituyente Permanente, incluyó un Título IV, de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado: un régimen especial que busca disciplinar a los servidores públicos que infrinjan el orden jurídico vigente, para que respondan, para que rindan cuentas y para que reparen los daños ocasionados a los gobernados por sus omisiones o acciones ilegales. Referencias 1 Bunge, Mario. Filosofía política, solidaridad, cooperación y democracia integral, Gedisa, Barcelona, 2009, pág. 152. 2 Valle Labrada, “Funciones del Estado en el pensamiento iusnaturalista de Johannes Messner”, Cuadernos de Anuario Filosófico, núm. 104, Departamento de Filosofía, Universidad de Navarra, Pamplona, 2000. 3 Reyes Heroles, Federico. Entre las bestias y los dioses, Océano.

Los derechos humanos en Acción Rafael Estrada Michel “Por eso, quienes dieron su vida por resistir a un régimen totalitario recibieron un noble epitafio: ‘vosotros os opusisteis. Vosotros no cargasteis con el oprobio. Vosotros disteis el testimonio eterno de la conversión ofreciendo vuestra vida ardiente por el derecho, la libertad y el honor”. Efraín González Morfín, Cena de Navidad, 1969.

Se dice con frecuencia que Acción Nacional carece de cuadros profesionales y de prácticas gubernativas auténticamente garantistas en materia de Derechos Humanos. Con idéntica facilidad se olvida que, cuando los derechos fundamentales eran cosa de intentos imperialistas e intervencionistas para socavar las “esencias del pueblo mexicano”, Acción Nacional estuvo ahí para proclamarlos, comenzando por el desarrollo del principio de dignidad, siguiendo con los derechos políticos e, incluso, con los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo gala de una intensidad que ya hubiesen deseado los regímenes de la Revolución. En efecto, ha sido reivindicación constante del Partido fundado en 1939, el año prototípico que marca la consolidación de los Estados totalitarios en su permanente tarea de socavar un ordo iuris detestado por ellos en razón de su evidente superioridad moral y política, la vigencia efectiva de lo que hoy llamaríamos un “Estado constitucional y democrático de Derecho”, fundado en la idea de que el conjunto de las disposiciones fundamentales, sean legislativas, jurisprudenciales o administrativas, se halla subordinado a la garantía plena de los Derechos Humanos. Lo decía con

claridad el inmenso Adolfo Christlieb en el ideologizado contexto de la Guerra Fría: las reformas podían ser llevadas tan lejos como se quisiera en los temas económicos y sociales, es decir, en la mutación de las estructuras, siempre que se respetasen irrestrictamente los Derechos Humanos. Concebido como un instrumento de transformación de mentalidades y prácticas, el partido fundado por Manuel Gómez Morin se preocupó desde un inicio por generar lo que modernamente ha llamado Peter Häberle una auténtica “cultura constitucional” como cuarto elemento del Estado.1 Una cultura que permita la eficaz tutela de los derechos que fundamentan la convivencia y que consista en Igualdad (no discriminación, generación de Nación en sentido positivo, acción nacional, en suma), Libertad (ausencia de vínculos injustificados, es decir, injustos) y Fraternidad (derechos sociales en un clima de Solidarismo). Decía Gómez Morin al inaugurar los trabajos de la Asamblea Constitutiva de Acción Nacional que nunca como en 1939, a treinta años del “despertar de la conciencia ciudadana” y a diez de la campaña presidencial de Vasconcelos, 1 Häberle, P., El Estado constitucional, estudio introductorio de D. Valadés, trad. H. FIXFierro, (Universidad Nacional, México, 2001), p. 21.

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resultaba necesario “afirmar un Estado ordenado y con jerarquía y un gobierno capaz de realizar el bien común, obtener que se respete y enaltezca la dignidad de la persona humana y se le aseguren los medios para cumplir plenamente su fin material y espiritual”.2 En este sentido, el PAN es el “viejo partido liberal” que dice Jean Meyer, la institución –acaso la única constante en el siglo XX– convencida, con la Constitución de 1857, de que “los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”. De tal convicción proviene la valiente exigencia del diputado Rafael Preciado Hernández ordenada a que el Ejército, institución nacional donde las haya, no fuese puesto al servicio de causas parciales en el difícil año 68.3 O la inteligente propuesta del diputado Salvador Rosas Magallón para racionalizar el proceso penal hasta hacerlo “debido”, esto es, hasta lograr que el Estado mexicano pague al procesado lo que le debe, aquello a lo que el ciudadano es acreedor. De tal convicción proviene, en fin, la conciencia de que el aparato político-jurídico debe tener un fin –una causa final en el sentido neotomista de los fundadores–, un sentido que sólo la garantía efectiva de los derechos fundamentales es capaz de darle. ¿Dimensión sustancial de la Democracia a lo Ferrajoli en Acción Nacional, aunque avant la lettre? Definitivamente sí en Efraín González Morfín cuando en Cambio democrático de estructuras (1969) llama a desmitificar la vida pública y a hacer de una buena vez vigentes las garantías constitucionales que llamamos “sociales” y que tienen que ver con la igualdad material, con la igualdad de veras, a la que se oponen “los grupos económicamente privilegiados, que mantienen alianza con el poder político”.4 También en Preciado Hernández, con su Gómez Morín, M., “Discurso en la inauguración de la Asamblea Constitutiva”, septiembre 14 de 1939, en 1939. Documentos fundacionales del Partido Acción Nacional, estudio introductorio de A. Lujambio y F. Rodríguez, (DGE / Equilibrista, México, 2009), p. 113. 3 Desde 1943 don Efraín González Luna afirmaba que “el Estado debe proscribir todo intento de explotación política del ejército, toda utilización facciosa de las personas y de los trabajos de quienes han acatado el llamamiento de la Nación para defender y servir solamente a ella”. González Luna, E., Ideas fuerza. Mística de Acción Nacional, recopilación de M. E. Álvarez, (Acción Nacional, México, 2001), p. 148. 4 González Morfín, E., Cambio democrático de estructuras, prólogo de F. Villalobos, 3ª reimp.(EPESSA, México, 2002), p. 17. 2

apego iusfilosófico a preguntarse para qué está –para qué debe estar– la democracia, y su respuesta tajante e inexorablemente convencida: “la representación política es condición necesaria del bien común”.5 Y siendo los Derechos Humanos componente necesario del bienestar de la comunidad, no resulta complicado concluir que la democracia, como el entramado todo del reparto del poder para su limitación, se haya ordenada a la garantía de los derechos fundamentales. La división del poder público debe ser distribución garantista de potestades. Y aunque hablamos de concepciones surgidas en los agitados años sesenta y setenta, lo cierto es que sus raíces, profundas y robustas, pueden hallarse sin mayor esfuerzo en el pensamiento fundacional, el de 1939, el del Humanismo político, doctrina constante de Acción Nacional derivada del personalismo trascendental de Mounier y de Maritain pero también, entre nosotros, de las reflexiones sociales antifacciosas de un Ortega que acrisolaron en la caracterización de la dimensión colectiva de la persona humana, y que planteó con singular lucidez don Efraín González Luna cuando afirmó que “el pretendido conflicto entre bien personal y bien común no existe”, razón por la cual “nosotros venimos luchando, infatigablemente, desde el día en que el partido nació, contra el espíritu de facción y por un Estado Nacional”,6 un aparato político y jurídico que vertebre al espacio mexicano a través –no existe herramienta mejor– del reconocimiento e idéntica protección de la dignidad humana de todos quienes lo habitan. Lo decía también Preciado Hernández desde 1948, “por su naturaleza sociable el hombre está sometido, debe someterse racionalmente a la sociedad y por consiguiente al Estado, que no es sino la sociedad humana jurídicamente organizada; por su espíritu racional y libre, el hombre tiene prerrogativas esenciales, derechos naturales que el Estado no puede desconocer sin negarse Preciado Hernández, R., Democracia, estudio preliminar de G. Ceballos, (Fundación Rafael Preciado Hernández, México, 2008), p. 38. 6 González Luna, E., Humanismo político, preámbulo de L. Calderón Vega, 3ª. Ed, (EPESSA, México, 1991), pp. 42 y 145. 5

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a sí mismo, puesto que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento cuya misión propia consiste en promover, garantizar y realizar el bien común temporal del hombre”.7 Las plataformas estructurales La rica tradición garantista de Acción Nacional se sustenta precisamente en la noción elevada y supraprotegida de “Dignidad humana” y resulta francamente apreciable en el desarrollo de sus plataformas electorales e iniciativas de reforma constitucional y legal. Precozmente, desde la primera plataforma para un período presidencial (1946-1952), fueron considerados “puntos substanciales” para resolver los problemas patrios los siguientes: i) Respeto y garantías a la persona humana (con la consecuente reforma al artículo 3º constitucional y a las “demás leyes y prácticas que impiden o atacan la actividad humana ordenada y libre”; ii) Libertad y respeto del sufragio; iii) Libertad del Municipio, “consagrado exclusiva y responsablemente al servicio de la comunidad municipal”; iv) Libertad del campesino y de la tierra; v) Libertad sindical; vi) Realización inmediata del programa más urgente de reforma social, a través de una “genuina política del trabajo que le dé su alta dignidad humana, garantice y proteja el salario justo y asegure las prestaciones adicionales y las instituciones técnicas adecuadas a dar al trabajador y a los suyos todo el mejoramiento positivo posible en alimentación, vestido, habitación, capacitación profesional, esparcimiento y oportunidades de elevación”; vii) Límite a la invasión desquiciante y corruptora del Estado; viii) Honradez, responsabilidad y aptitud en la Administración Pública, es decir, derecho fundamental a una gestión eficiente; y ix) Colaboración activa de México en la creación de un orden internacional que preserve la paz, inspirado “en el reconocimiento práctico de los derechos de la persona humana, la autenticidad de la representación política del pueblo y el servicio del Bien Común”.8

La plataforma 1952-1958, abanderada como candidato a la Presidencia de la República por ese humanista de excepción que fue González Luna, reiteró en su punto noveno que el “respeto y garantías a la persona humana” resulta esencial para la comunidad política, dado que “es base y fin de la autoridad el establecimiento y la garantía de las condiciones colectivas de vida que aseguren a todos el digno disfrute de las garantías esenciales”.9 Por lo demás, los puntos de la plataforma primigenia fueron reiterados y desarrollados para luchar “contra la miseria y el desamparo” en el que vivía “la mayoría de los hombres y mujeres de México” al alborear el célebre “desarrollo estabilizador” que se manifestaría, a la verdad, incapaz de terminar con situación semejante, que es la que campea aún. En 1958 encabezó el relanzamiento electoral don Luis H. Álvarez, un hombre cuya vida no ha sido más que la de un promotor de la dignidad humana por cuanto medio ha considerado legítimo.10 En la Plataforma se reitera la preocupación por la pobreza y la marginación, se postula una “economía sana, armónica y de suficiencia”, se busca “libertad, paz y abundancia en el campo”, se exigen “las reformas necesarias y la creación de los sistemas adecuados para hacer cesar cuanto antes la vergüenza y el daño de la falta de escuelas y de oportunidades necesarias y merecidas de capacitación para más de la mitad de los niños y más del 80% de los jóvenes mexicanos”, el cumplimiento de una efectiva reforma social y el respeto a los derechos de la persona humana, aterrizados ahora en una serie de reformas tendentes a garantizar la libertad de conciencia y de educación.11 José González Torres, como candidato presidencial, defendió la “Plataforma política y social 1964-1970” en la que hallamos una innovación interesante a los efectos de este estudio. Acción Nacional exige, “para una verdadera reforma política en México”, como punto número uno “la

Preciado Hernández, R., Ideas fuerza. Mística de Acción Nacional, presentación de M. E. Álvarez, (Acción Nacional, México, 2008), p. 31. Cursivas nuestras. 8 Cinco Plataformas Presidenciales del Partido Acción Nacional, (Ediciones de Acción Nacional, México, 1975), pp. 7-11.

Idem, p. 33. Álvarez, L. H., Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, prólogo de E. Krauze, (Plaza & Janés, México, 2006). 11 Cinco plataformas..., pp. 82-99.

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derogación de las Leyes que restrinjan o supriman los derechos humanos”.12 De esta innovación se desprenden una serie de medidas garantistas, muy adelantadas a su época, como la referente a la “libertad de acceso a las fuentes y medios de información, sin más restricciones que las requeridas por la seguridad pública y el respeto a los derechos de terceros”, la “libertad de enseñanza en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscrita por México”, con libros gratuitos para quienes los necesiten, pero “no impuestos en la escuela como únicos, porque al darles ese carácter se violan los derechos de los padres, de los hijos y de los maestros, se limitan las posibilidades pedagógicas y se impide el desarrollo cultural”; la “organización de la seguridad social” para “cubrir a todos los mexicanos y ser autónoma para evitar que se convierta en instrumento de dominación y control político”, con un Seguro Social “cuyos fundamentos están en los valores de la solidaridad humana”; así como una correcta administración de Justicia, con un Poder Judicial “que cumpla con su responsabilidad de mantener la armonía social y de garantizar el Bien Común, que sea independiente y celoso guardián y agente de protección del derecho, no sólo contra las transgresiones de los particulares, sino principalmente contra los abusos del Poder”, lo que implica, en concepto del PAN, tener buenos jueces, pero también procesos debidos (la iniciativa del diputado Rosas Magallón a que nos hemos de referir se presentó en 1966) y “leyes justas”, por lo que resultaba indispensable derogar el tipo delictivo de disolución social, tan atrabiliario cuanto esperpéntico y contrario al recto ejercicio de los derechos políticos. Para el PAN de 1964, que se debate entre una situación interna sumamente confusa (el régimen priísta parecía abrirse, pero a cuentagotas y de manera sospechosa) y un panorama internacional dominado por la crispación propia de la Guerra Fría, “ni la soberanía del Estado ni un 76

Idem, p. 106.

concepto absoluto y antinatural de la ‘autodeterminación’, pueden ser invocados por los gobiernos para mantener situaciones jurídicas o de hecho violatorias de los Derechos Humanos”. Notable, en verdad, porque como hemos señalado los tiempos eran propicios para el cuestionamiento ideologizante o pragmático de conceptos que, como el de “derechos fundamentales” aparecían ante los ojos del nacionalismo revolucionario como “intervencionistas” y ante los del Internacionalismo marxista como “pequeñoburgueses” o, de plano, “imperialistas”. Acción Nacional honraba la palabra empeñada en 1939 y apoyaba “la vigencia de normas que definan y la organización de instituciones jurídicas que aseguren el respeto universal de los Derechos Humanos, y sancionen su violación”, a cuenta habida de que “la prevención y lucha contra el comunismo sólo es eficaz cuando los pueblos viven con suficiencia económica en un régimen efectivo de justicia social y de libertades humanas”.13 La plataforma electoral 1970-1976 es toda 13

Idem, p. 139.

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una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desarrollada que contempla en progresividad las diversas generaciones de derechos fundamentales y se hace cargo de la necesidad de cambiar democráticamente las estructuras económicas y sociales, según había quedado definido por el partido en el periplo 1965-1969.14 La plataforma se pronuncia por “la vigencia real del orden constitucional mexicano” para lo cual, entre otros “imperativos sustanciales” se hallaba el “respeto a las garantías individuales en la defensa de la seguridad del Estado” y la “supresión de las medidas legales anticonstitucionales, de los abusos prácticos y de las represiones que coartan el libre ejercicio de los derechos políticos, y la amnistía para los presos políticos”. La libertad de conciencia, tan violentada durante el período del presidente Díaz Ordaz, es objeto de especial preocupación para la plataforma que defenderá González Morfín a la muerte de Christlieb, buscándose un respeto irrestricto Lujambio, A., “La izquierda del PAN o Efraín González Morfín” en Lujambio, A., La democracia indispensable. Ensayos sobre la historia del Partido Acción Nacional, (DGE / Equilibrista, México, 2009), pp. 202-224

tanto en materia política como en términos educativos y religiosos “para suprimir especialmente la coacción sobre los trabajadores y, en general, las personas que carecen de independencia económica” y exigiendo “garantía práctica del derecho de informar y de ser informado, y supresión del control gubernamental de los medios de difusión encaminado a uniformar el pensamiento o silenciar críticas y discrepancias, y anular las fuentes intelectuales de la democracia”. Merece la pena realizar, en este punto, una pausa para permitirnos un ex cursus. Acción Nacional está denunciando el enorme poder fáctico de quienes detentan el control de los medios masivos de comunicación y, a partir de ese control, toleran las conductas autoritarias del gobernante (1966-1968), silencian a las voces disidentes y no dan cuenta de las quejas surgidas contra ellos (campaña de Manuel J. Clouthier, 1988) o de plano generan y arropan candidaturas artificiales que más tarde se convertirán en administraciones incondicionales. Contra todo ello, a lo que habría que sumar el empobrecimiento cultural de los contenidos, se ha manifestado el PAN, pugnando por el cambio democrático de una estructura fáctica que ha resultado tan nociva para la vida republicana. Hacia allá se enderezaron los boicots de resistencia civil en la campaña de 1988 y, más recientemente, los esfuerzos del legislador Javier Corral. No sólo por esa vía se ocupa la plataforma de 1970 de los derechos fundamentales de carácter cultural, sino que exige la “supresión de las medidas prácticas encaminadas a crear y difundir el monopolio político de la cultura o una cultura oficial subordinada a los intereses del partidogobierno y contraria al libre desarrollo de las expresiones culturales sin discriminación política”. En cuanto al cambio de estructuras económicas, la plataforma se pronuncia por “la creación de un marco de medidas legales que fomenten el acceso a la propiedad de bienes de producción por parte de los trabajadores –obreros, campesinos, empleados y trabajadores de otra índole– y estímulo de las partes sociales que

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intervienen en el mundo del trabajo para aprovechar las posibilidades que exige la justicia y establezca la ley”, así como por la “ampliación progresiva y eficaz de la seguridad social respecto de riesgos cubiertos, zonas geográficas y categorías socioeconómicas, sobre todo las más necesitadas” y por la “elaboración de un plan conjunto para el planteamiento y la solución del problema de la vivienda, con participación del sector público y del sector privado, y aplicación de políticas fiscales, laborales y de elevación del ingreso de las clases necesitadas”.15 Esta preocupación por el adecuado desenvolvimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, bastante precoz en el medio mexicano, puede ubicarse a todo lo largo de la obra política y académica de Efraín González Morfín a través de la aplicación de la analogía tomista al Derecho, con lo que el jurista jalisciense ha logrado llegar a una “Iusfilosofía abierta, la mejor para dar cuenta de la fundamentación de los Derechos Humanos”16 por cuanto permite un discurso no fundamentalista de los derechos fundamentales, abierto a la mutación de las circunstancias, tolerante pero consciente de la imprescindible necesidad de modificar las estructuras a través de un solidarismo práctico, “no marxista”, acaso el crisol del “socialismo cristiano” del primer Gómez Morin,17 en el que “la actividad del particular tenga siempre un componente de bien común y esté sujeto a vigilancia y controles por parte de la autoridad legítima, y la autoridad legítima pueda contar con los medios, inclusive de sector paraestatal, de empresas descentralizadas y de participación estatal, que exija y reclame el bien común; pero con criterios de legitimidad, de eficacia, de honradez, en una crítica completa de la realidad económica”.18 Sólo con aceptar la candidatura presidencial, González Morfín destacó su compromiso con los derechos básicos Toda la importante “Plataforma Política y Social 1970-1976” se ha citado por Cinco plataformas..., pp. 143-166. Beuchot, M., O.P., Los católicos mexicanos y los Derechos Humanos en los últimos cincuenta años (1948-1998),Comisión Episcopal de Pastoral Social / Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México, 1998, p. 41. 17 Con mucho énfasis en la “técnica”. Cfr. Gómez Mont, M.T., Manuel Gómez Morin, 1915-1939, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, pp. 169-171 18 González Morfín, E., Tesis y actitudes sociales, Jus, México, 1965, pp. 114-115. 15

al afirmar que Acción Nacional probaría, “con hechos, que en México es perfectamente posible la vida democrática, una vida a la medida de la dignidad humana”.19 Interesante definición de la democracia y su ejercicio, de la democracia con sentido, que sería desarrollada a todo lo largo de la complicada campaña de 1970 con notable lucidez, por ejemplo al contestar a la pregunta periodística de “¿por qué en algunas partes se dice que el PAN es más revolucionario y más “izquierdizante” que el PRI?”, en que el candidato legó un precioso concepto de “orden constitucional” a ser desarrollado: “Acción Nacional exige el cumplimiento de una serie de normas legales que tiene suficiente potencial de cambio como para transformar las estructuras de México. Al exigir el cumplimiento de esas normas como, por ejemplo, el respeto al derecho de la coalición de los trabajadores, estamos señalando que quienes se llaman revolucionarios no han cumplido ese precepto fundamental. Esta es una de las razones por las que se emite la opinión que usted señala. Por otra parte, también señalamos metas que rebasan los actuales ordenamientos... En este sentido, sí son nuestros propósitos y nuestras metas más avanzados que el incumplimiento de preceptos que son motor de cambio y no se cumplen y que este ambiente estático de falso obrerismo en que se ha instalado el PRI”.20 Este es el sentido con que se dota a la expresión “cambio democrático de estructuras” en el contexto de una campaña que había iniciado con la exigencia programática de amnistía para los presos políticos que el régimen de Díaz Ordaz, que era el de Echeverría y que sería el de Salinas, mantenía en prisión a partir de lo que, en la misma entrevista, llamaba González Morfín insuficiencia de “garantías procesales”. El “neofascismo vergonzante” al que llevaba la por fortuna desaparecida afiliación corporativa al Partido de la Revolución, conducía a Acción González Morfín, E., Discursos de campaña presidencial 1970, comp. A. A. Madero, Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, México, 2004, I, p. 7. Cursivas nuestras. 20 Idem, p. 16. 19

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Nacional a una inevitable toma de postura ideológica, que no pasaba, en el concepto hoy abandonado de González Morfín, por la Democracia Cristiana. Interesa al tema de los derechos fundamentales apreciar cómo el candidato rechazaba caracterizar al PAN como un partido liberal en razón, precisamente, de un discurso de Derechos Humanos compartido con el Gómez Morin de 1939 y el Christlieb de 1965: “el liberalismo, en sus manifestaciones típicas, destruye la sociedad intermedia y establece al individuo, teóricamente libre, frente al Estado. Queremos sociedades intermedias, con fines propios, pero jamás subyugadas a la política, en el sentido indebido”.21 Un sentido indebido que pasaba por la falta de autonomía de los trabajadores sindicalizados, contraria a su más evidente dignidad humana. Y es que “si la izquierda, de acuerdo con la definición que dio el profesor Kolakowski, en la Universidad de Varsovia, es la insatisfacción con el presente y la voluntad de cambiarlo hacia una mayor justicia y una mayor libertad, Acción Nacional es perfectamente de izquierda. Solamente que debemos precisar. Acción Nacional no es comunista y no es socialista, en el sentido del mismo socialismo marxista... Lo cual no significa que tengamos menos decisión que los comunistas y los socialistas para cambiar la política y el orden social de México”.22 Este último discurso, pronunciado ante la juventud emeritense el 22 de diciembre de 1969, contiene la relevante curiosidad de haber recibido tempranamente el pensamiento del profesor polaco que más tarde ganaría cierta celebridad entre nosotros como defensor no ideologizado de los derechos fundamentales.23 La libertad de creencia y pensamiento, radical postulado de Acción Nacional desde su fundación, constituye un rubro sumamente rico para la apreciación de las mutaciones que el aterrizaje de los principios iban generando en el PAN de los últimos sesenta: “frente a un Estado que impone ideologías, creencias confesionales o Idem, p. 38. Idem, p. 104. 23 Cfr. Krauze, E., Personas e ideas, Vuelta, México, 1989, pp. 100-115. 21 22

incredulidades por decreto, Acción Nacional quiere una sociedad libre donde el Estado garantice libertad de conciencia para todos, dentro de un amplio margen del orden político. Esto ya implica para un partido, antes de llegar al poder y desde el poder, una autolimitación frente a muchas instituciones que llegan a lo más hondo de la conciencia... Queremos, de acuerdo con un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contradice aspectos de nuestra legislación, el respeto al derecho preferente de los padres de señalar el tipo de educación que debe darse a sus hijos. Y lo mismo respecto de los derechos del educando y del maestro... en el caso del libro de texto único, en México, Acción Nacional acepta lo gratuito del texto, pero rechaza lo único por razones de Derecho y hasta de técnica pedagógica y avance educativo”.24 Es Adolfo Christlieb quien habla a través de Efraín González Morfín. Así lo reconoció el candidato ante la tumba del dirigente, el 7 de diciembre del año sesenta y nueve: Christlieb actuó siempre “con el deseo de respetar la conciencia de los demás y de proyectar, cada vez con más claridad, el partido que él dirigió, sobre una base de absoluto respeto a la libertad de las conciencias. Puso así de manifiesto todo lo que estaba ya en el partido desde su origen”.25 Y, agregamos nosotros, puso los cimientos definitivos para la laicidad de Acción Nacional y su búsqueda irrestricta del respeto a las libertades de pensamiento y expresión. En este sentido, que es el propio del auténtico liberalismo, el de las libertades, por supuesto que el PAN era y es un partido liberal. Las iniciativas garantistas Hasta aquí el recorrido nos ha permitido observar cómo, en las cinco primeras plataformas para elecciones presidenciales que defendió Acción Nacional, el tema de los Derechos Humanos no sólo estuvo presente sino que fue el central, siempre de conformidad con los Principios de Doctrina del Partido (1939) y su trascendental 24 25

Idem, p. 40. Cursivas nuestras, de impactante actualidad. Idem, p. 44.

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Proyección de 1965. En cuanto a las iniciativas de reforma legislativa, son legión, pero quisiera centrarme en la de Rosas Magallón y su defensa de la defensa, pues muestra bien a las claras la conciencia que la organización tenía acerca del necesario carácter práctico, en el sentido de González Morfín, que la garantía de los derechos fundamentales lleva consigo, en tanto que tutela semejante en realidad no es más –pero tampoco menos– que el célebre Due process of Law anglosajón. El 27 de diciembre de 1966 presentó el diputado Salvador Rosas Magallón una iniciativa de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales, iniciativa que se hallaba arropada por las previas, también decembrinas, de los diputados Miguel Estrada Iturbide y Adolfo Christlieb Ibarrola en materia de amparo habeas corpus, protección efectiva de la libertad personal y legitimación de la víctima u ofendido para oponerse a las resoluciones del Ministerio Público y para comparecer al Juicio de Amparo con carácter de tercero perjudicado.

El paquete de reformas presentado por aquella histórica diputación de Acción Nacional, la diputación del diálogo traicionada poco después por el régimen diazordazista, tuvo un carácter realmente adelantado a su época, como probarían reformas muy posteriores, pero descuella sin duda el llamado de Rosas Magallón a restituir al proceso penal el sentido acusatorio, adversarial y garantista con que quiso dotarlo el Constituyente de 1916-1917: “quiero que la Revolución llegue al proceso penal, porque aún no ha llegado”, afirmaba el legislador bajacaliforniano. El recuento histórico que realizó en tribuna Rosas Magallón no tiene desperdicio, y es acaso la única Historia del Proceso Penal en México con que contamos cabalmente. La Constitución de 1857 había cometido el error, liberal donde los haya, de relajar al brazo de la legislación secundaria todo lo que tuviese que ver con la tutela de los “derechos del hombre” en sede procedimental criminal. De ello se derivó un procedimiento marcadamente inquisitorio, que permitió a los jueces del Porfiriato incomunicar al inculpado y privarlo de toda posibilidad de defensa en la fase de instrucción o preliminar del proceso, dejando la defensa material para la fase de enjuiciamiento a la cual el procesado llegaba ya prácticamente juzgado y, las más de las veces, condenado. Contra este tipo de abusos, muy marcados a partir de la expedición la Ley de Jurados de 1891 y del Código Procesal de 1894, fue que el Constituyente del año 17 legisló en profusión, y a nivel constitucional. De conformidad con el discurso de apertura y el proyecto de Constitución que presentó el Primer Jefe Carranza, el Ministerio Público quedó establecido como órgano administrativo independiente del Poder Judicial y encargado de la investigación de los delitos y la procuración de Justicia. No resultaba lógico, tal como había venido siendo la interpretación de los regímenes revolucionarios a partir de la expedición de los Códigos de 1929 y 1934, meras continuaciones portesgilistas del inquisitorio porfiriano, que la facultad de incomunicar y la privación de defensa adecuada se viera simplemente trasladada de la sede jurisdiccional a la

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ministerial. No se trataba de tener jueces o fiscales inquisidores. Se trataba de no tener Inquisición. La iniciativa de Rosas Magallón se adelanta en más de cuarenta años, por lo que toca a los principios de inmediación, contradicción, publicidad, presunción de inocencia y defensa adecuada, a la reforma constitucional en materia procesal penal de 2008. El legislador panista propuso en 1966 las siguientes modificaciones al Código de Procedimientos Penales capitalino (con una reforma espejo para el federal), sin necesidad de reformar la norma fundamental: Se reforman los artículos 249, 270, 287, 290, 291, 292, 293 y 294 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales, como sigue: Artículo 270. Para que el Ministerio Público pueda tomar válidamente declaración a un detenido debe cumplir con los siguientes requisitos indispensables: a) Hacerlo dentro del término previsto por el párrafo tercero de la fracción XVIII del artículo 107 Constitucional. b) Informar al detenido que tiene el derecho de nombrar defensor, y requerirlo formalmente para que haga ese nombramiento, advirtiéndole que en caso de que no lo haga, se le nombrará un defensor de oficio; debiendo además dar oportunidad de que el defensor presencie la diligencia y asesore previamente al detenido. c) Advertir al detenido que conforme a la fracción II del artículo 20 constitucional no está obligado a declarar; que todo lo que diga será tomado en cuenta en el proceso; y preguntarle si tiene voluntad de declarar. d) En caso de que el detenido manifieste su voluntad de declarar, y que esté presente su defensor, se podrá recabar su declaración, pero todas las preguntas que el Ministerio Público formule deben constar ‘textuales en el acta.’ Artículo 249. La confesión tendrá el valor de un indicio, cuando concurran las siguientes circunstancias:... IV. Que sea hecha ante el funcionario de policía judicial que practique la averiguación previa

siempre que esté probado en autos que éste cumplió los deberes previstos por el artículo 270 de este Código, o ante el tribunal que conozca del asunto. Artículo 287... Se adiciona con un segundo párrafo del tenor siguiente: En el auto de inicio el juez mandará que se notifique al detenido el día y la hora en que se habrá de practicar la diligencia anterior, a fin de que éste quede prevenido y pueda buscar un defensor particular.’ Artículo 290. El juez en esta diligencia debe cumplir con los siguientes deberes: I. Hacer saber al detenido el derecho que tiene de nombrar defensor particular y advertirle que en caso de que no lo pueda o quiera nombrar, existen defensores de oficio que lo deben defender gratuitamente; II. Requerir al detenido para que nombre defensor particular; si éste no lo hace, el juez debe mostrarle la lista de los defensores de oficio para que de ella elija al que le convenga; si el detenido no designa a ninguno, el juez hará el nombramiento; III. Hará comparecer al defensor nombrado a fin de discernirle el cargo en caso de que se acepte la defensa; IV. Hacer saber al detenido el nombre de su acusador, denunciante o querellante, el de los testigos que declararon en su contra, la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, leyéndole para el caso las constancias de la averiguación; V. Hacer saber al detenido el derecho que tiene de negarse a declarar o de hacerlo si así le conviene para contestar los cargos, advirtiéndole que su silencio no creará la presunción de que es responsable de los cargos que se le imputan; VI. Hacer saber al detenido, en caso de que manifieste que tiene voluntad para declarar que no está obligado a otorgar protesta de decir verdad, porque la declaración de un inculpado es un derecho que la ley le concede para defenderse por sí mismo, pero que todo lo que diga será tomado como prueba, y

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VII. Hacer saber al detenido que tiene el derecho de obtener la libertad caucional en los casos en que proceda y el procedimiento para obtenerla. Todo lo anterior se hará constar pormenorizadamente en el acta de la diligencia, precisamente en el orden arriba anotado. Artículo 291. El juez al examinar al detenido no podrá formularle preguntas capciosas y todas las que se le formulen se asentarán textualmente en el acta antes de pedir que sean contestadas. Artículo 292. El Ministerio Público y la defensa tendrán del derecho de interrogar al inculpado. Pero el juez deberá desechar toda pregunta que sea capciosa. El inculpado puede negarse a contestar toda pregunta que tienda a obtener su autoincriminación, sin que su negativa cree presunción de culpabilidad en su contra. Artículo 293. El inculpado dictará su declaración, al igual que las contestaciones a las preguntas que se le formulen que se asentarán textualmente en el acta. Artículo 294. Terminada la declaración u obtenida la manifestación del detenido de que no desea declarar, se le leerá el acta levantada, advirtiéndole previamente que no está obligado a firmarla si no lo desea.

El cambio de estructuras, como se habrá advertido, puede resumirse en el lema de la campaña presidencial panista de 1994: “Por un México sin mentiras”, es decir, por un México que llame al pan, pan y al vino, vino; al proceso, proceso, al sindicato, sindicato y a la democracia, democracia. Diego Fernández de Cevallos lo corroboró cuando, con ocasión de aquellos comicios, se pronunció por la laicidad auténtica y bien entendida: yo sólo me inclino ante Dios, dijo, pues ningún Rey humano es capaz de doblar mi cerviz. Llegados a este punto en el combate a la mixtificación de la vida republicana es necesario, por supuesto, mencionar la reforma integral al capítulo constitucional de los Derechos Humanos que en este 2010 ha sido aprobada unánimemente en el Senado y que, entre otras cosas, sistematiza el ejercicio de la facultad de investigación del artículo 97 trasladándola a la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de una facultad que el maestro Gómez Morin miró siempre como una atribución de obligatorio ejercicio para la Suprema Corte de Justicia26 y que los diputados panistas Antonio L. Rodríguez, Juan Gutiérrez Lascuráin y Miguel Ramírez Munguía procuraron reglamentar, sin éxito, desde el temprano año de 1947.27 La iniciativa se turnó a la comisión de ¡defensa nacional! ¡Cómo si los derechos fundamentales fueran algo de lo que la Nación tuviese que defenderse! Hoy se alega, en contra del cabal ejercicio de la atribución por parte de la Suprema Corte, la inexistencia de Ley secundaria que reglamente la materia. La reforma ya aprobada en el Senado se ocupa también de la adecuada incorporación del Derecho internacional de los Derechos Humanos al orden constitucional mexicano, de la ordenación del ejercicio de la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 –añeja obsesión de otro fundador de Acción Nacional, don Manuel Herrera y Lasso–, de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en la garantía de los derechos fundamentales, impidiendo que lo conquistado en el tiempo pueda perderse, y del robustecimiento de una institución que, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nació, entre otras, merced a la terquedad democrática de Acción Nacional. No puede hacerse abstracción, dentro del recorrido que hemos procurado hacer, del derecho más fundamental que existe, que es derecho de derechos y derecho a los derechos: la vida. Su defensa desde el cambio democrático de estructuras, es decir, desde una izquierda que piensa en la comunidad, que no es hedonista ni individualista28 La plataforma electoral 58-62 afirmaba que, con ocasión de las elecciones locales en Chihuahua, el régimen “se vio obligado a violar abiertamente textos expresos constitucionales para realizar la imposición y todavía tuvo que gestionar la triste abdicación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las atribuciones que la Constitución le otorga”. Cinco plataformas..., p. 77. p. 27 Iniciativa de Ley Reglamentaria del párrafo III del Artículo 97 Constitucional, para hacer posibles las investigaciones que por violación a los derechos humanos y al voto puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante reglas procesales apropiadas. 30 de septiembre de 1947. 28 “... su lúcido y apasionado testimonio –de verdadero laico, en un clima de intolerante sectarismo abortista- de la realidad de la vida que nace y de los consiguientes derechos de quien está por nacer...” Magris, C., “Derecho y libertad: en la muerte de Norberto Bobbio”, en Magris, C., La historia no ha terminado. Ética, política, laicidad, trad. J. Á. González, (Anagrama, Barcelona, 2008), p. 37. 26

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pero tampoco marxista-leninista,29 no implica negación de la debida autogestión de la mujer sobre su cuerpo, derecho también de lo más fundamental, sino reconocimiento de las obligaciones humanas, concomitantes y concatenadas a los derechos y generadoras de un principio de responsabilidad indispensable para la generación de una efectiva cultura constitucional. En este sentido, el cambio democrático de estructuras es ante todo revolucionaria mutación cultural.30 Por lo demás, la reforma propuesta en 2010 prevé expresamente, en el artículo 29, la tutela inalienable del derecho a la vida. Por todo lo explicado es que el PAN no puede tolerar que el texto mismo de la ley suprema contenga disposiciones contrarias al Derecho Constitucional y a la mutación democrática que ha experimentado el país, como son el artículo 33, con el que la República incumple incluso obligaciones que ha adquirido en el ámbito internacional en materia de debido proceso y audiencia previa,31 o el 38 fracción II, que implica la suspensión de derechos políticos para todo aquél que, en el entendido de Rosas Magallón, no es sino un acusado cuya inocencia se presume. Lograr una interpretación pro persona de los preceptos constitucionales, algo que aún no existe en el texto fundamental, es objetivo anunciado por la doctrina de Acción Nacional en temas como el solidarismo, la dimensión colectiva de la persona humana, el debido proceso y el humanismo político. Como plantea la reforma constitucional que la Cámara de Diputados debe, en conciencia, aprobar, el Estado no otorga derechos, sino que los reconoce. El pacto que, en la versión liberal, crea la sociedad política no es un pacto que subyuga, como en Hobbes, sino un pacto que potencia la convivencia y permite conservar los derechos provenientes del status naturae, como en Rousseau. No crea ni debe crear un aparato estatal formidable e incontrolable. Era especialmente importante recordarlo El marxismo-leninismo no es más que “la doctrina de Stalin”. Kolakowski en Krauze, Personas..., p. 105. Tal vez por eso es que Marx afirmaba no ser marxista. 30 González Morfín, Discursos..., I, p. 35. 31 Cambiaria también de ser aprobada la reforma constitucional de 2010 en la Cámara de diputados y por la mayoría de las legislaturas locales. 29

en nuestro estatalista siglo XX. Si la idea termina por campear en la Constitución mexicana el triunfo será de 1939. Retos que aumentan desde el Gobierno Los gobiernos de Acción Nacional enfrentan grandes desafíos en materia garantista, y no sólo desde el punto de vista de la diplomacia. Es cierto que Cuba y su situación irregular en temas de Derechos Humanos (el reciente caso de la huelga de hambre de Guillermo Fariñas no es el primero ni será el último) obliga a México a tomar posiciones que la tradición del PAN permite determinar mejor que la de cualquier otro partido, y también lo es que la administración del presidente Calderón ha ido a la vanguardia en temas como la reforma penal, la abrogación de los delitos de calumnia y difamación, la descriminización de la migración ilegal y la cobertura universal de la seguridad social a través del seguro para una nueva generación, pero resulta innegable que muchas políticas públicas llevan necesariamente, una y otra vez, a la toma de conciencia en torno a la inalienabilidad de los derechos fundamentales, sobre todo en materia social y de seguridad pública. Esta suerte de actualización de los principios panistas es susceptible de hallar numerosos ejemplos: en la plataforma de 1958, Acción Nacional llamaba a “asegurar, con intervención de los consejos de jefes de familia organizados conforme a la Ley, en los establecimientos de enseñanza que el Poder público dirija o sostenga, la rectitud de conducta y la competencia del personal y el respeto debido a la confesión religiosa de los educandos”.32 Así, el llamado de la Secretaría de Educación Pública a constituir consejos parentales de participación en la conducción de las escuelas es una añeja, casi innata, reivindicación de Acción Nacional que bien implementada permitirá ampliar el espacio auténticamente público, esto es, social, del ámbito republicano y que, por tanto, debe extenderse al mal llamado espacio de la “escuela privada” que, en realidad, debe ser 32

Cinco plataformas..., p. 99.

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concertado entre los particulares y el Estado para la garantía de la pluralidad en un clima de estricta igualdad que denuncie el carácter de absurda externalidad económica que posee la fijación de colegiaturas dignas de un régimen de apartheid.33 Por cierto, el PAN tendrá que definir, en fecha no lejana, qué propondrá como partido en el gobierno en relación con la existencia de un texto gratuito cuyo carácter único ha sido siempre criticado por sus cuadros dirigentes, como ya hemos analizado. También ha de venir la toma de postura frente a la posible reestatización del modelo de guarderías y estancias infantiles, derivada de la espantosa tragedia ABC en Hermosillo, Sonora. Otro ejemplo complejizante: el cambio democrático de estructuras llama a la superación de la mentira en la vida pública de México. Pero el sistema acusatorio adversarial de la reforma constitucional de 2008 parece partir de una verdad distinta: que valen más la conciliación y la paz que las verdades “materiales” obtenidas a través de una estricta labor inquisitiva. Es el anti-Unamuno, dado que don Miguel, el ilustre bilbaíno, sostenía como divisa que más valía la verdad que la paz. Pensando en términos marginales, el debido proceso (casos Acteal y Atenco) se enfrenta muchas veces a la caracterización que de “justicia” posee la sociedad, acostumbrada a la venganza e inculta constitucionalmente hablando, frecuentemente mal informada y creyente con lujo de puerilidad en la falacia de que todo, incluso juzgar con garantías y condenar al alimón a quienes la mayoría considera criminales, se puede. Y llegamos con ello al gran reto, que en forma alguna puede rehuirse: cohonestar la rica tradición garantista de Acción Nacional con los imperativos de una lucha, como la que combate al crimen organizado, que el aparato estatal tiene que dar. Resulta imperativo ser muy escrupuloso con el debido proceso (casos Jacinta, Teresa y Alberta, por ejemplo) sin permitir abuso alguno por parte de las autoridades estaduales (caso Lidia Cacho) y combatiendo de frente, pero con

armas legítimas, a las organizaciones privadas que, incumpliendo descaradamente sus obligaciones humanas, se dedican a ralentizar el espacio de ejercicio de las libertades civiles. Es un reto enorme, por cuanto topa con variables de gobernabilidad, pero ineludible, por cuanto hace a la efectividad de la vida democrática. Implica, con toda claridad, un cambio democrático de estructuras y de mentalidades.34 Reto también, e importantísimo, se halla en la posición de los poderes fácticos frente al discurso de los Derechos Humanos. La controvertida doctrina de la drittwirkung, es decir, de la posibilidad de que los particulares violen derechos fundamentales y sean castigados por ello, arroja sobre nuestro país cuestionamientos de inquietante actualidad. Y volvemos al tema de las obligaciones humanas: ¿hasta qué punto quien desconoce la dignidad de sus pares está violentando sus derechos eminentes antes que cometiendo un crimen? ¿Se banaliza el discurso de los Derechos Humanos cuando se afirma que todos, y no sólo el Estado, somos capaces de pisotearlos? ¿Se diluye con eso la responsabilidad del aparato público, que es por supuesto la primigenia? ¿Qué papel juegan en todo esto las víctimas, sobre todo las del crimen organizado? ¿Y qué respuesta debe dar el Estado frente a las violaciones que a derechos sustancialmente fundamentales cometen sindicatos, partidos políticos, empresas de telecomunicación, escuelas “privadas” y monopolios comerciales? Son preguntas que pueden y deben hallar respuesta en la doctrina de Acción Nacional. Existen otros retos de carácter, digamos, menos procesal: ¿cuál debe ser el catálogo de derechos fundamentales para Acción Nacional, si es que debe haber uno? ¿Qué habrían pensado los fundadores del PAN acerca del discurso de género, de los derechos reproductivos o de los derechos colectivos que obligan a replantear la idea de “Nación”? ¿Hasta dónde se Sarkin, J., Haeck, Y. y Lanotte, J. V., (eds.), Resolving the tension between crime and human rights: an evaluation of European and South African issues, Maklu, AntwerpenApeldoorn, 2001.

Estrada Sámano, F., “La educación en México”, en 8ª Asamblea, XXIV Convención. Documentos, Ediciones de Acción Nacional, México, 1975, p. 43

Rafael Estrada Michel

querrá llevar la transparencia, lograda en el sexenio del presidente Fox, con toda su carga de inevitables molestias para el gobernante? ¿Cómo convertirla, a su vez, en efectiva rendición de cuentas? ¿Cómo enfrentar, desde Acción Nacional, los casos Radilla y Campo Algodonero que resolvió la Corte Interamericana de Justicia y que implican límites a la actuación del Ejército en el combate al crimen? ¿Cómo cohonestar, en suma, gobierno y coyuntura con un discurso universalista, inalienable y atemporal, como es el de los Derechos Humanos? Y hay más: ¿hasta qué punto evitar el back to the USSR en 2012 justifica estrategias políticas y electorales que entren en colisión con el pluralismo? La “participación solidaria de todos”, dice Cambio democrático de estructuras,35 es la única forma de evitar que la transición se torne un “simple relevo de oligarquías”. Bien pero, ¿qué hacer cuando el adversario ha acreditado, con 35

González Morfín, Cambio..., p. 15.

creces, su carácter de partido contrario al sistema democrático? ¿Deberá entonces el partido en el gobierno hacerle caso a Ortega y “excluir toda exclusión”? ¿Será eso lo políticamente responsable? El PAN experimenta y experimentará siempre la necesidad, desde el gobierno o desde la oposición, de recibir el pensamiento principialista y axiológico de Alexy, de Dworkin y de Sen, con sus agendas prácticas y de actualización vivencial de los derechos fundamentales para, entre otras cosas, alejarse de geometrías politológicas reduccionistas. Con todo, Acción Nacional debe, en mi concepto, reivindicar su posicionamiento como el partido de los Derechos Humanos, como el único instituto político que, a pesar de coyunturas internas e internacionales adversas, ha sostenido su discurso garantista y ha mantenido a los derechos fundamentales como una de las estructuras, acaso la más trascendente, de la vida democrática y el espacio republicano en México.

Para una segunda victoria cultural Julio Castillo López

Desde mediados de los noventa, el PAN alcanzó, según su presidente Carlos Castillo Peraza, la llamada “Victoria Cultural”. Dicha victoria consistió básicamente en que los conceptos de democracia y libertad de expresión, entre otros más, se volvieran parte del lenguaje cotidiano. Basta con recordar de aquel tiempo las calcomanías de “no veas 24 horas porque no dice la verdad” o la marcha silenciosa encabezada por El Maquío reclamando espacios mediáticos que no se abrían para la oposición ni pagándolos. De entonces a la fecha han pasado muchas cosas. Para empezar después de la Victoria Cultural el camino hacia los triunfos en las urnas fue mucho más sencillo, porque el significado práctico que se consolidó con la Victoria Cultural fue cierta equidad en los procesos de elección popular pero parece que bastó con alcanzar la Presidencia de la República para que la comparación entre PAN y PRI se volviera tan común que ha culminado con expresiones coloquiales como “todos los partidos son iguales” o “todos los políticos son corruptos”,cuando a mediados de los noventa jamás se hubiera escuchado una expresión de este tipo. El PAN en sus diferentes gobernantes y gobiernos ha tenido aciertos y errores que lo han llevado a las comparaciones injustas, pero dichas expresiones no sólo tienen raíz en los

gobiernos y errores de los panistas sino en una sociedad que después de conquistada una libertad de expresión y una democracia medianamente funcionales se regresó a sus casas con el sentimiento de que habían logrado algo grande y confiados de que nunca más se verían amenazadas las libertades mínimas necesarias, optaron por no participar ni en la construcción de un nuevo México ni en la consolidación de las instituciones. Dicho escepticismo no es exclusivo de la política, hoy en día en México no hay causas universales que movilicen sociedades hacia nada, hay muchas causas menores en las que participan sectores sociales específicos como pueden ser las causas que tienen que ver con el medio ambiente o la cultura, pero la falta de interés en el otro ha devenido en la falta de participación. Por otro lado, el cambio que vivió México en el año 2000 no fue tan radical como el que la sociedad esperaba y exigía y eso dio como resultado el sentimiento de que sin importar cuánto se intente y se haga nada puede cambiar las cosas en nuestro país. Las dos cuestiones anteriores referentes a la participación y a la falta de credibilidad en los cambios de fondo las estudia Bauman y no sólo existen en México, de hecho es un sentimiento bastante común en todos los países que han vivido bajo regímenes democráticos medianamente

Julio Castillo López

estables, en cambio, las revoluciones que se ven en Oriente rectifican la idea de que cada sociedad evoluciona a su ritmo y mientras en otras latitudes hay comunidades que buscan unidas la conquista de los derechos civiles y políticos en los países más evolucionados, se vive una especie de “depresión colectiva” hacia cualquier causa que involucre más que una firma o un asentimiento personal e individual.1 Aunque pueda resultar redundante es importante insistir en que dicho escepticismo no es exclusivo ni de la política ni de México; vivimos una nueva realidad mundial que se está apartando de la figura de los “héroes” que alguna vez movilizaron sociedades enteras en cualquier rubro; ya nadie fuera del medio específico resulta interesado en los descubrimientos y avances científicos como la llegada a la Luna que convocó a millones de televidentes, ya ningún artista puede dar giras por más de 100 países llenando estadios como lo hacía Michael Jackson apenas hace 15 años, ya no hay deportistas que sean admirados de forma universal por más de una olimpiada o temporada como lo fue en la misma época mencionada Michael Jordan y lo que es más triste es que quizás no vuelva a existir una causa que logre hacer una manifestación multitudinaria encabezada por personajes como Luther King y Dylan. Nuestra capacidad de asombro se ha visto mermada por una sobreoferta de practicamente todo y eso, de cierto modo, no sólo era obvio que pasaría sino que también era necesario, ya que en un mundo con miles de millones de habitantes era simplemente insostenible cualquier monopolio cultural del mismo modo que hoy ya no se están pudiendo sostener los grandes monopolios comerciales.La sociedad de la decepcióny La era del vacío que bien refiere Lipovetsky son una realidad cuando vemos que en muchos rubros la persona es dinagrada a simple ser de consumo y pensamos las campañas a través de publicidad y no de propaganda. Las causas son muchas y en realidad poco 1

Cfr. Bauman, Zygmunt. En busca de la política, FCE 2001. Pp 9-16, 149-161

tiene que ver la política dentro de lo que pasa, desde el ramo educativo y hasta el arte todo ha transitado a la comercialización masiva y poco ha sobrevivido de la esencia y de las causas que hace no tanto tiempo daban los “motivos espirituales” para salir a las calles o luchar por algo. Dignidad y sociabilidad Es claro que los pilares fundamentales del Humanismo Político son planteados como: dignidad de la persona humana, solidaridad, subsidiariedad y Bien Común. Dichos principios, obviamente no fueron inventados en el PAN y son fruto de una evolución de pensamiento que suelen llamar aristotélico-tomista, aunque los términos e inclusive la misma palabra “humanismo” son bastante posteriores en su significado entendido. El humanismo no sólo es una palabra para evocar una doctrina de pensamiento centrada en la persona, es una época marcada por la evolución al antropocentrismo, después de que mucho tiempo fuimos una sociedad enfocada en el teocentrismo. La palabra política efectivamente viene del griego al igual que el concepto de Bien Común, pero la Dignidad, la Solidaridad y la Subsidiariedad son propios de la Doctrina Social de la Iglesia que parte de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. De hecho, el concepto dignidad de la Persona Humana es sumamente católico, porque hablando en lenguaje coloquial no puede existir una persona que no sea humana, y aunque no faltará el contador o abogado que mencione las personas físicas o morales, es el mismo caso de la persona humana que marca un lenguaje específico de ramo para diferenciarla de la persona divina y de la persona angélica. Durante 72 años en el PAN, hemos aceptado dichos conceptos aunque, desde mi punto de vista, se podrían resumir solamente en dos: dignidad y sociabilidad. La palabra dignidad no parte de la Doctrina Social de la Iglesia y la referencia más antigua que he encontrado es en Platón y de ahí se sigue a cientos de filósofos y pasajes bíblicos para, en resumidas cuentas, poder concluir que

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refiere una cualidad única del ser humano que tiene que ver con su valor (de valioso no de costo) y su libertad, refiere a gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, la dignidad no es un adjetivo gradual sino absoluto, se tiene o no se tiene. Para no abundar de más en un tema relativamente simple, no es necesario especificar lo humano de la dignidad, porque la persona sólo puede ser humana y tenemos que aprender a usar la palabra. La Solidaridad, la Subsidiariedad y el interés superior por el Bien Común son tres conceptos que lograron su “victoria cultural” y en el caso de Solidaridad y Bien Común ya son conceptos universales. El PAN ha defendido dichos conceptos desde hace más de siete décadas en México, fue el único defensor durante mucho tiempo, pero ahora no hay agrupación política que niegue la solidaridad y el bien común. Lo mismo pasó con el concepto Progreso, que alguna vez fue monopolio de cierta ideología política y desde hace mucho es prácticamente imposible que haya una forma de pensamiento que se califique como opuesta al progreso. También eso le pasó al PAN con el concepto de Democracia que hoy es universal. Para fines prácticos, incluso en la Doctrina

Social de la Iglesia, los valores de Solidaridad, Subsidiariedad y Bien Común ahora se agrupan como Sociabilidad. Lo social es más amplio que lo político, pero para expresarse adecuadamente tiene necesidad de la política.2 Y lo que en realidad mueve a la sociedad y hace que la sociedad sea posible es la ética, que es una rama de la política, (cuando menos Aristóteles así la clasificaba) y por lo tanto el Estado es una exigencia ética y no solamente una organización jurídica coercitiva de una comunidad.3 Y aunque el Estado no deja de ser anterior a cualquier individuo, sólo es posible en la medida de que los individuos lo consideren Estado, porque el concepto inicial de toda sociedad plural esconde una gran paradoja y es que nos corresponde estar junto aquellos a los que no sentimos que pertenecemos y la historia de la política y de las ideas políticas, desde la Torre de Babel y cuando menos hasta los últimos grandes pensadores humanistas que unificaron Europa, es la historia de los intentos de desactivar esta paradoja en cualquier extensión territorial.4 La Dignidad es la cualidad fundamental del ser humano, la Persona sólo puede ser persona si es entendida con Dignidad, y ésta abarca tanto el valor del Ser desde su concepción y hasta su muerte natural como la Libertad entendida en su extensión más amplia. La Sociabilidad es la cualidad fundamental de cualquier Estado, y ésta sólo puede ser ejercida mediante la ética, de hecho la sociabilidad regula la libertad que ya mencionamos como inherente a la persona. La regla universal que dicta que si está un hambriento junto a ti y tu tienes algo de comer, la propiedad de dicho alimento pasa directamente a ser del más necesitado. Funciona por una suma de los valores de Solidaridad y Bien Común, y son valores de comunidad, la Sociabilidad es la condición fundamental de la Persona para reconocer al Otro con Dignidad. El Partido Acción Nacional al poner como pilares la Dignidad y la Sociabilidad entendió claramente Cfr. Toso, Mario. Humanismo Social, IMDOSOC 2003. Pp 49 Cfr. Ibidem. 49-16 4 Cfr. Sloterdijk, Peter. En el mismo barco. Biblioteca de Ensayo Siruela. Pp. 18-20 2 3

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y desde un inicio que la ética es anterior a la política y en realidad eso es lo que siempre lo diferenció de las demás fuerzas políticas, tanto en el modo de llevar la institución como en el modo de gobernar y cuando el partido se ve amenazado electoralmente es simplemente un reflejo de que la cualidad ética de la institución se transgredió o simplemente puede ser cuestionada. Por una segunda victoria cultural Partiendo de las premisas anteriores, nos encontramos en un México sumamente escéptico donde la participación en cualquier tipo de agrupación con fines sociales es cada vez menor y esto se puede ver muy fácilmente en el mundo político, en el mundo religioso y en el mundo altruista. Dicho esceptisismo no solamente tiene su raíz en la sobre oferta y en la comercialización. En mi punto de vista, la raíz de la falta de participación en la política es a lo que Chesterton le llama “el miedo al pasado”. Con dicha expresión, el escritor se refiere a ese pasado que desafía y deprime conduciendo a un futuro sin rasgos definidos, a ese pasado de grandes ideales que no pudieron o no han podido ser cumplidos y muchas veces incluso han sido abandonados o sustituidos por nuevos.5 La búsqueda de una segunda victoria cultural tiene que partir de los cimientos. Fuera de conceptos doctrinales e ideológicos, la raíz de Acción Nacional es ética y eso es lo primero que se debe de rescatar. No se puede seguir tolerando la complicidad ni los secretos a voces de corrupción. Cualquier otro partido político en México puede sobrevivir a la corrupción y a los cuestionamientos éticos, pero para el PAN es doblemente costoso. La historia de los primeros gobiernos fue complicada por la implementación de cambios radicales en sus estructuras de funcionamiento, pero todos esos cambios simplemente eran la implantación de un sistema honesto en el gobierno.Adaptar a la sociedad a estos cambios fue complicado e incluso se llegaban a ver bardas 5

Cfr. Chesterton, G.K. Lo que está mal en el mundo, Acantilado, 2008. Pp. 31-39

con leyendas que sentenciaban con argumentos como: “que vuelvan los corruptos pero que se vayan los pendejos”. Obviamente el tiempo puso cada cosa en su lugar y los estados donde se llegaron a ver leyendas de ese tipo no solamente han sido refrendados por el PAN sino que socialmente los gobernantes de aquella generación siguen siendo los politicos más queridos y respetados. Aquí es donde se hace cierta aquella frase de Maquío de “el punto no es cambiar de amo, es dejar de ser perros” y eso quiere decir que los panistas viven bajo la sentencia de que en caso de llegar al poder, lo primero es acabar con privilegios personales, y eso ya ha sido demostrado en los hechos cuando a los amigos y familiares de algún gobernante panista son tratados, ante los ojos de la justicia, del mismo modo que cualquier otro mexicano. El problema es seguirlo demostrando. La primera generación de gobernadores panistas no sólo se caracterizó por su honestidad, también su eficiencia hizo que la frase “donde gobierna el PAN se vive mejor” fuera una realidad en niveles de empleo, desarrollo e inversión, entre otros muchos rubros. La ética y la congruencia son la escencia que logró consolidar al PAN como una opción viable dentro de un México sin opciones posibles. Es muy probable que Acción Nacional sea el único partido político del mundo que dentro de sus fines, antes que la busqueda del poder, haya puesto la necesidad de ser escuela de ciudadanía y como bien decía mi padre “ciudadanía no es un término cuantitativo (como cada vez se usa más), es un término cualitativo y así lo fue desde la antigua Grecia”. El PAN siempre ha tenido muy claros sus principios y los ha expresado muy puntualmente en sus tres proyecciones, pero ya es tiempo de que también empiece a marcar sus finales; tan importante como tener una gramática común de la que se parte es tener lo puntos finales a los que se puede llegar, y si algo aprendimos los que conocimos al PAN como oposición es que la política es un medio del que se puede vivir,

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pero si tu fin es la riqueza, las inversiones y los grandes capitales, la política no puede ser tu vocación porque el único modo de lograrlo es corrompiendo la política misma. También se tiene que retomar el concepto de Weber sobre las consecuencias, y cualquier político debe de estar conciente de que así como las artes velan por la belleza y las ciencias por el descubrimiento, lo que debe observar la política son las consecuencias, y en ese orden de ideas, mientras el científico puede estar descubriendo cómo clonar seres humanos, el político es quien tiene que limitar el avance hasta que se pueda definir claramente qué consecuencias puede tener dicho descubrimiento. Por lo tanto, en cualquier tragedia evitable de orden social, sea por crímenes, sea por falta de condiciones o sea incluso por accidentes, hay un político que es responsable ya sea de manera directa o indirecta. Una vez reconquistada la escencia de lo que somos, se deben consolidar las victorias logradas. La democracia todavía dista mucho de lo que debe de ser y la razón es que todavía existe una brecha social de dimensiones peligrosas. Incialmente si no se cuenta con condiciones mínimas de educación la democracia corre el riezgo, como bien lo dijo Aristóteles, de convertirse en el gobierno de los ignorantes. En el ramo económico, el actual esquema de píramide que se vive en México en donde la distribución de la riqueza es totalmente inequitativa y vulnera la democracia de modo real. En Europa, no se sigue un esquema de pirámide, se sigue un esquema de rombo en donde hay muy pocos ricos pero también muy pocos pobres y fuera de las crísis que la han atormentado en los últimos meses, en realidad hay una clase media que sigue siendo mayoría. Es triste reconocerlo, pero somos de los países que más personajes tienen dentro de la lista de los más ricos sin ser un país rico. El tercer rubro es la justicia y eso no sólo se refiere al sentido judicial sino a las oportunidades, y hoy en día en México el poder no es sínonimo de liderazgo y conducción sino de monopolio de oportunidades y el poderoso es aquel que tiene

entre sus manos muchas “oportunidades” y puede elegir arbitrariamente cómo distribuirlas. Por otro lado, una democracia que realmente funcione necesita un marco jurídico mucho mejor del que hoy existe en nuestro país, aunque hay que reconocer que cada una de las reformas estructurales sobre el tema lo han mejorado gradualmente y en caso de que se llegara a aprobar en la Cámara de Diputados la Reforma Política que construyó el Senado junto con la propuesta del Presidente, el avance sería realmente notorio. Una vez conseguidas las condiciones de relativa igualdad, se tienen que consolidar las condiciones de vigilancia y de castigo como la transparencia, la redición de cuentas, la revocación de mandatoy la reelección limitada. La democracia, una vez más tomando los conceptos de Chesterton, no es y nunca ha sido ni el gobierno del pueblo ni el gobierno de la mayoría. Es el gobierno de cualquiera y lo que quiere decir es que cualquier ciudadano debe tener la misma oportunidad de ser electo en representación de la mayoría. Pero para que esto funcione, la mayoría debe de tener condiciones similares en materia económica, educativa y de oportunidades. La segunda victoria cultural tiene que surgir de conceptos que sólo algunos panistas siguen defendiendo y que son aquellos que frustran un poco el futuro por el “miedo al pasado” antes citado. Sólo por mencionar un ejemplo, el Federalismo sigue siendo una ilusión en nuestro país y aunque se han hecho intentos durante décadas para deshabilitar el centralismo que ha imperado en nuestro país todavía estamos lejos de consolidar un verdadero federalismo que permita la mayor autonomía posible a los municipios, entendidos como la única parte del gobierno que está en contacto directo con la población. Si el federalismo se hubiera consolidado desde que el PAN llegó a la Presidencia de la República, los problemas relativos a seguridad podrían ser atendidos de modo muy distinto y la fiscalización local hubiera podido dotar de mayor autonomía al Municipio con respecto al Estado y a la Federación. La bandera federalista no fue un

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error de nuestros fundadores y de nuestros ideólogos, es un error de la generación que no la ha conseguido implementar desde el gobierno y ha ido dejando aisladas a las voces dentro del partido que la siguen defendiendo. Contraponiendo todos los problemas de México a las plataformas del PAN, que como bien dice don Esteban Zamora, son nuestro secreto mejor guardado, podemos darnos cuenta de que las soluciones siempre las hemos tenido presentes y el problema es más bien que no las hemos podido implementar. A modo de conclusión histórica En el PAN, fuera de toda dinámica interna de grupo, existen dos grandes corrientes, una pragmática y una dogmática. La primera es aquella que ha consolidado las victorias electorales y que ha conseguido emocionar a la sociedad para lograr cambios estructurales sin derramar una sola gota de sangre, pero la segunda es aquella que le da sustento filosófico a las victorias electorales; es aquella que dicta para qué se quiere el poder. Es muy probable que dentro de la corriente pragmática los mejores representantes que ha tenido el PAN sean Manuel J. Clouthier y Vicente Fox, quienes con su energía y valentía lograron convencer a la sociedad de que se neceistaba un cambio. Pero dicho cambio tiene un transfondo mucho más profundo que simplemente cambiar, porque la corriente que se dedicó a arrastrar la pluma sustentó en principios, plataformas y conceptos, la necesidad y el fin de dicho cambio, a mi gusto los principales representantes de la segunda corriente fueron Adolfo Christlieb Ibarrola y Carlos Castillo Peraza. El problema aquí es que cuando se llegó al poder ninguno de los ideólogos vivía para darle un transfondo a las acciones realizadas,que si bien siempre han sido dentro de los marcos de lo que es el PAN no han tenido una estructura ordenada y orientada a fines específicos. La segunda victoria cultural sólo será posible consolidando en acciones los conceptos que hemos defendido por más de siete décadas. La

primera victoria cultural se puede ubicar específicamente en el debate televisado entre candidatos presidenciales, cuandoDiego Fernández de Cevallos llevó, por primera vez, a una audiencia mayor los conceptos que el PAN había defendido durante más de medio siglo y que no habían tenido un desahogo directo en medios de comunicación nacionales y aunque, desde luego, Diego fue el mejor vocero que podía llevar esos conceptos y valores a un público mayor, las ideas ahí estuvieron siempre y después de aquel histórico debate se consiguió de manera masiva la aceptación de ellas. De entonces la victoria en la urnas sólo demoró seis años más. La primera victoria cultural se consiguió universalizando conceptos, la segunda tiene que conseguirse universalizando acciones sustentadas en dichos conceptos. La democracia ya es una realidad, pero todavía distamos mucho de tener una democracia participativa y la desconfianza entre los partidos políticos ha hecho de la democracia un valor demasiado costoso para todos los mexicanos. La libertad de expresión hoy es una realidad pero sólo si parte de que era el gobierno federal el único actor que la cooptaba, porque sigue habiendo ataques directos contra la libertad de expresión por parte de los gobiernos locales y ahora de la delincuencia organizada; lo complicado es que entonces la sociedad estaba dispuesta a tomar las calles por los derechos civiles y hoy no sólo el miedo rivaliza con las libertades sino también la desidia. Pero de lo que estoy más cierto es de que nada de esto podrá ser posible si no se recupera la calidad ética de los panistas. Tenemos que dejarnos de expresiones como “la ropa sucia se lava en casa” para empezar a castigar, desde el partido, cualquier forma de corrupción de nuestros integrantes. El PAN para conseguir la democratización del país primero puso el ejemplo desde la institución al surgir democráticamente en las épocas que no era común la democracia en el mundo y estábamos bastante lejos de que fuera una doctrina sin rival filosófico directo más allá que la negación de la misma. Sólo existe un modo de transitar hacía un país sin corrupción

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en su política y es mostrándole a la sociedad que la honestidad rinde frutos y que la corrupción es castigada. Se tiene que empezar en casa con mano durapara que en unos años ya no existan políticos sínicos,de ningún partido que no sólo se enriquecieron a costa del pueblo sino que además se jactan de ello y con el peor de los gustos posibles se pasean con opulencia. Para el PAN lo primero es recuperar la congruencia y eso sólo se logra castigando la incongruencia, y lo segundo es volver a ver lo que hemos hecho y propuesto. En el gobierno de Fox los programas oportunidades, arranque parejo, piso firme y mucho otros son un claro reflejo de las plataformas del PAN; en el gobierno de Calderón, la cobertura universal de salud, la desregularización y muchas otras acciones son también reflejo de dichas plataformas. En pocas palabras lo mejor de los gobiernos encabezados por panistas ha sido la parte más congruente con el PAN y dichos resultados deben arrojar un voto de confianza para consolidar una segunda victoria cultual que haga realidad aquello de “tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”, que haga realidad el federalismo, la economía social de mercado, la educación como base de una mejor sociedad, la mundialización, el crecimiento sustentable y sobre todo la honestidad como antecedente directo y raíz de la política humanista, entre muchas otras propuestas y valores que están archivados en los libreros de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Bibliografía consulta • Arendt, Hannah. De la historia a la acción, trad. Fina Bilrulés. Ediciones Paidós 1995. • Arendt, Hannah. Sobre la Revolución, trad. Pedro Bravo. Alianza editorial 2004. • Aristóteles. Política, trad. Manuela García Valdés. Biblioteca Clásica Gredos 2008. • Bauman, Zygmunt. En busca de la política,

trad. Mirta Rosenberg. FCE 2001. • Castillo Peraza, Carlos. La plaza y la tribuna, comp. Julio Castillo. FRPH 2010. • Castillo Peraza, Carlos. Doctrina e ideología, comp. Carlos Castillo López y Julio Castillo López. FRPH 2010. • Chesterton, G.K. Lo que está mal en el mundo, trad. Mónica Rubio. Acantilado 2008. Levinas, Emmanuel. De la existencia al existente, trad. Patricio Peñalver. Arena libros 2006. • Levinas, Emmanuel. Humanismo del otro hombre, trad. Daniel Enrique Guillot. Siglo XXI editores 2005. • Levinas, Emmanuel. Trascenencia e inteligibilidad, trad. Jesús María Ayuso. Ediciones encuentro 2006. • Morin, Edgar. Introducción a una política del hombre, trad. Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar. Editorial Gedisa 1999. • Mounier, Emmanuel. Cartas desde el dolor, trad. Antonio Ruiz. Jus, Ediciones Encuentro 2005. • Oz Amos. Contra el Fanatismo, trad. Daniel Sarasola. Biblioteca de ensayo Siruela 2007. • Platón. La República, trad. Conrado Eggers. Biblioteca Clásica Gredos 2008. • Shrödinger, Erwin. Ciencia y humanismo, trad. Francisco Martín. Tusquets editores, 2009. • Sloterdijk, Peter. El desprecio de las masas, trad. Germán Cano. Pre-Textos 2005. • Sloperdijk, Peter. En el mismo barco, trad. Manuel Fontán del Junco. Biblioteca de ensayo Siruela 1994. • Toso, Mario. Humanismo Social, trad. Armando Rejón Bojórquez. IMDOSOC 2003. Weber, Max. Política y ciencia, trad. Carlos Correa. Leviatán 2006. • Woldenberg, José. Violencia y política. Cal y Arena 1995.

CARTA DEL DIRECTOR

niciamos la recta final del año. Entramos en una época en la que comienza a ser inevitable ver hacia el camino recorrido para revisar lo hecho y preparar lo siguiente. Al momento de leer estas líneas, muchos serán los temas que se discutirán en la agenda de los medios, particularmente los políticos. Esperamos que se haya avanzado –aunque sea un poco– en la Reforma Política y que los ciudadanos vayan preparando sus votos –y hayan participado en las elecciones locales en Michoacán– rumbo al 2012. Es necesario que reconozcamos que como ciudadanos, más que obligación el votar es el arma fundamental para que nuestro sistema político funcione. Y es que como ciudadanos nos quejamos mucho pero exigimos poco. Una de las claves de la Reforma Política, asociada al tema de la reelección, es que con el voto podemos exigir cuentas a los llamados representantes populares. Si, gracias al PRI, no se logró esto, pues vamos a demostrarle que como partido lo podemos castigar en las urnas. Igual al resto de los partidos. Necesitamos revisar lo que han hecho y dar nuestra opinión en las urnas. De nada sirve que critiquemos a la llamada clase política si nuestros ciudadanos dicen que no les interesa la política o no participan en los comicios. La encuesta anual de Latinobarómetro indica que el mexicano es el más decepcionado con la democracia de los habitantes de América Latina. Si lo vemos en perspectiva, es resultado de tanto escándalo en la Cámara de Diputados, de los escándalos relativos a temas como la deuda de Coahuila –con todo y documentos falsificados para contratarla–; del embate del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra un par de twitteros que bien pueden ser calificados de irresponsables, pero que no por eso merecen 30 años de carcel, entre otras lindezas que alejan al ciudadano de la política, o que el ciudadano toma como pretexto para no participar, pero que no deja de mostrar contradicciones en el seno de nuestra sociedad. Es curioso, por calificarlo de alguna manera, como nos quejamos de los políticos que tenemos cuando no acudimos a las urnas. También es de resaltar que critiquemos a “los políticos” como si fueran entes venidos de otro planeta, 93

cuando nosotros mismos nos sentamos a su lado y compartimos una misma forma de pensar y actuar, porque ¿en qué se diferencia el ciudadano que, tras pasarse un alto, ofrece mordida al policía a un político que pasa por alto su obligación de nombrar a los consejeros del IFE? En esa misma línea, ¿cómo criticamos a los que utilizan su puesto para, con las clásicas palancas, sacar adelante sus “negocios personales”, si tenemos ciudadanos aficionados al robo hormiga en sus trabajos? Creo que debemos empezar a corregir ese tipo de comportamientos desde nuestra sociedad, para que quienes lleguen no continúen con esa misma actitud de considerar sus puestos –de gobierno en el caso de los políticos o de trabajo en el de los ciudadanos– como una fuente de riqueza extra. En otro orden de ideas, un dato también nos debe mover a la reflexión: la piratería. De acuerdo con cifras de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM), 9 de cada 10 mexicanos compran piratería, lo cual implica 965 mil millones de pesos en las transacciones –principalmente discos compactos de música y películas, además de ropa y libros. Recientemente, sobre todo en redes sociales, se trató de impulsar un moviemiento para que se frenará este tipo de acciones. Por los resultados, el éxito todavía está lejos –dicho esto en plan optimista–, de lo que parece ser una actividad que el mexicano solapa abiertamente. Y es que esto es parte del mismo contexto, en el que actitudes como las que describimos en esta Carta son el día a día. ¿Qué hacer? Si alguien tiene una respuesta, por favor, compártanla con nosotros. Finalmente, nuestro repudio a la muerte de Ricardo Guzmán, alcalde de La Piedad, Michoacán, así como nuestra solidaridad con su familia. ¿Hasta cuándo los ciudadanos harán oír su voz mediante los votos para callar a quiénes usan las armas? Armando Reyes Vigueras Director de Bien Común areyes@fundacion.pan.org.mx Twitter: @FRPH

La migración, reto a las políticas públicas de México Felícitas Baruch

Con México convertido en el mayor país de emigrantes del mundo es incuestionable la necesidad de atender el fenómeno migratorio desde la raíz, más allá de medidas paliativas para contrarrestar sus efectos, y enfocarse en sus causas. La creación de condiciones de vida favorables, esas mismas que se buscan más allá de las fronteras, es el reto que enfrentan las políticas públicas en materia migratoria para regular los altos índices de desplazamientos al exterior. En el 2010 el número de migrantes en el mundo alcanzó los 214 millones (30 millones de ellos en situación indocumentada).México se colocó a la cabeza de las naciones con más emigrantes a nivel mundial en 2009, con un promedio de 11.9 millones de mexicanos residiendo en el exterior, la mayoría de ellos en Estados Unidos.

Fuente: Migration and Remittances, Factbook, 2011 con informes del Development Prospect Group, World Bank; United Nations Program for Development (UNPD), 2009.

En la actualidad 25 millones de personas de origen mexicano –con documentos o sin ellos– viven en suelo estadounidense, y representa más del 20%de la población total en México, de acuerdo con datos del Censo 2010 de Estados

Unidos. Un promedio de 400 mil connacionales se desplazan anualmente a aquel país y de continuar esa tendencia, para 2050 la mitad de la población mexicana vivirá en Estados Unidos, esto es, unos 62 millones de personas de origen mexicano, según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). El aumento de trabajadores extranjeros en el país del norte y las posturas adoptadas por éste, como el endurecimiento de políticas migratorias, han llevado a prestar atención a ese fenómeno. Más aún porque los envíosmonetarios de los mexicanos en el extranjero son la segunda fuente de ingresos luego de las exportaciones de petróleo, constituyendo el 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los orígenes de la migración La migración mexicana a Estados Unidos inició a fines del siglo XIX, cuando México cedió parte de su territorio al vecino país, y continuó más tarde impulsada por acontecimientos como la revolución y la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial, este último factor creó un déficit de mano de obra en esa nación, llevándole a emplear mexicanos en los campos de California y Texas. Aunque se favoreció entonces la presencia de trabajadores mexicanos, las crisis económicas, en especial con la depresión de 1929, despertaron

el malestar hacia los inmigrantes, a quienes se responsabilizó del desempleo que afectaba a los estadounidenses. Las restricciones migratoriasen visados y las deportaciones disminuyeron en un 75% el ingreso de mexicanos a aquel país, tendencia que se mantuvo en la década de 1930, para romperse en1942, cuando México y Estados Unidos alcanzaron el programa Bracero, que permitió contratar mano de obra mexicana para cubrir el déficit creado por la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Ese recuento ilustra la complejidad de la relación migratoria con el país del norte; relación nacida a partir de necesidades mutuas que se encuentran y satisfacen. Causas de la migración La situación geográfica ha jugado un papel importante en esa dinámica entre ambas naciones al compartir una frontera de unos 3,159 kilómetros.1 Además, la migración MéxicoEstados Unidos obedece a una serie de factores históricos, económicos, sociales y culturales que, en general, han sido agrupados por la “Teoría de Atracción y Expulsión en factores de demanda-atracción” de Estados Unidos y factores oferta-expulsión de México. Entre los primeros están la necesidad

de fuerza laboral y la esperanza de una mejora en las condiciones de vida; en los segundos se encuentranla vulnerabilidad financiera, los bajos salarios2 y el desempleo. Según la Conapo, las principales causas de emigración son: laborales (25.2%); familiares (24.9%); estudios (3.6%); y salud, violencia e inseguridad (3.4%). Debido a que el desplazamiento de un país a otro requiere recursos para financiarlo, las personas que viven en pobreza extrema no pueden migrar. Aún en el caso de la migración indocumentada, el dinero es vital para el pago de personas que ayudan a ingresar a otro país clandestinamente, conocidos como polleros o coyotes, y cuyas tarifas oscilan entre 600 y 15 mil dólares.Las relaciones o redes sociales son importantes para poder migrar, ya que los familiares y conocidos en el extranjero proporcionan asilo y trabajo a los recién llegados, ayudándoles con el proceso de asimilación de la cultura e idioma. Los efectos de la migración La migración trae consecuencias para el país de origen y el de destino, en este último, permite satisfacer la necesidad de mano de obra, lo que mantiene activa su economía. En Estados Unidos, la migración ha En estudio realizado por El Colegio de la Frontera Norte (Proyecto Cañón Zapata) se señala que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tenían un trabajo en México antes de emigrar, y el principal motivo de su desplazamiento fue obtener salarios más altos.

La cercanía con Estados Unidos ha convertido esa zona en el principal corredor migratorio con un flujo anual de 11.6 millones de personas, seguido con una amplia diferencia por aquel de la Federación Rusia-Ucrania, con 3.7 millones de personas.

modificado además la distribución demográfica y ha incrementado la población en edad económicamente activa. El aumento de la presencia de inmigrantes (muchos de ellos indocumentados) ha generado posturas anti-inmigrantes entre quienes consideran que éstos causan gastos por el uso de servicios sociales, además de quitar empleos a los estadounidenses. En los países de origen, como México, las consecuencias más conocidas son económicas, dado que genera al

millones de dólares, según datos del Banco Mundial. El flujo agregado de remesas captado por los hogares mexicanos entre 2007 y 2010 fue de 93 mil 658 millones de dólares. Las cinco entidades federales que captaron el mayor flujo de remesas fueron Michoacán con 9 mil 123.5 mdd; Guanajuato con 8 mil 601.20 mdd; Estado de México con 7 mil 616.90 mdd; Jalisco con 7 mil 420.30 mdd; y Veracruz con 5 mil 886 mdd.

Fuente: Banco Mundial, 2010

menos dos efectos positivos: primero, un mayor poder adquisitivo a los familiares del emigrante, y segundo, aligera las presiones en el mercado laboral local. El país está entre los principales receptores de remesas a nivel mundial, ubicándose en el tercer sitio en 2010 al recibir 22 mil millones de dólares, sólo por debajo de China, ubicada en segundo lugar con 51.3 millones y de la India, que se mantiene a la cabeza con 53.1 mil

Captación de Remesas Familiares por Entidad Federativa 2007-2010 (Millones de dólares) Series 1 Hidalgo Distrito Federal Guerrero Oaxaca Puebla Veracruz Jalisco Estado de México Guanajuato Michoacán

Fuente: Banco de México, 2011

3,476.30 4,458.40 5,168.60 5,375.00 5,796.70 5,886.30 7,420.30 7,619.90 8,601.20 9,123.50

El grupo que más se ha visto beneficiada por las remesas es la clase media-baja, que representa el 42% de los hogares receptores;3 mientras que los hogares pobres que las reciben constituyen un 38%, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque las remesas impactan positivamente en los indicadores de desarrollo de las economías receptoras, su efecto sobre la redistribución del ingreso suele ser modesto porque no siempre están dirigidas a los hogares más pobres, además de que generan costos asociados con sus flujos y la migración que la precede. El Banco Mundial considera que las autoridades pueden adoptar medidas para mejorar el efecto de las remesas en el desarrollo económico de un país, pero ha advertido que aunque esos ingresos no deben de sustituir a las políticas de desarrollo. Otro efecto importante de la migración es la pérdida de la Población Económicamente Activa (PEA), dado que las proyecciones que se muestran en el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración apuntan a que los estados con mayor emigración verán reducida su población en edad de trabajar en un 46% y la pérdida de población en edad productiva(que constituyen el llamado bono demográfico) impide que las comunidades desarrollaren una economía autosuficiente, soDentro de la clase media el número de familias favorecidas por ese tipo de ingreso es menor al 20%.

bre todo aquellas cuya tradición migratoria las va volviendo dependientes de las remesas. La población mexicana entre los 25 y 34 años de edad constituye el grupo de edad que más emigra, al representar el 27% de los migrantes; seguido por aquel de las personas entre los 20 y 24 años de edad, que constituyen el 21.8%.

Las extremas condiciones geográficas de la zona fronteriza y los controles migratorios, aunados ala presencia de traficantes humanos o polleros, y de forma más reciente, de miembros del crimen organizado son factores que ponen en peligro la vida de los migrantes y ante los cuales es importante dar soluciones.

Distribución porcentual de los migrantes internacionales por grupos de edad

50 y más

5.7 17.7

35-49

25-34

21.8

20-24

19.2

15-19 0-14

5.4

Fuente: Censo 2010, INEGI.

Por otra parte, los efectos sociales de la emigración se observan mayormente en las familias, que enfrentan separaciones por la partida de uno o más de sus miembros. El Informe sobre Desarrollo Humano 2006-2007 reveló que las parejas se sienten solas y sin apoyo en la toma de decisiones familiares y la crianza de los hijos. Los hijos también resultan afectados por la ausencia de los padres, presentando niveles de estrés que afectan su salud o su desempeño académico.

Situación Actual de la Migración Se ha observado que el aumento de la migración indocumentada ha coincidido con el endurecimiento de medidas para frenarla.4 La Encuesta sobre Migración en la Frontera del Norte de México (EMIF) confirmó que mientras en el periodo 1993-1997, el 48% de los mexicanos que ingresaba al país del norte lo hacía de Luego que la Unión Americana implementó la estrategia “prevención para la disuasión” de la inmigración en 1993, se registró un incremento de indocumentados. El 75% de los mexicanos que entraron a esa nación entre 1997 y 2002, lo hicieron de manera irregular, según la Encuesta Nacional de Empleo.

manera ilegal; para el periodo 1998-2001 esa cifraba se había elevado al 63%, y en el periodo 2001-2005 era ya del 78%. Lo anterior, pese a los controles de seguridad adoptados tras los ataques de septiembre de 2001. Otras de las características actuales de la migración es su expansión en ambos países. Mientras que los inmigrantes se concentraban inicialmente en los estados del sur de la Unión Americana, para 1990 los mexicanos ya figuraban entre las cinco principales minorías étnicas en 23 estados de ese país, y para 2005, se ubicaron en esa misma categoría en 34 estados, según Conapo. De igual manera en México, el incremento del flujo migratorio significó la aparición de nuevas entidades federativas como origen de emigrantes, tal fue el caso de Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal en el centro del país; Guerrero y Oaxaca en el sur, y Veracruz en el sureste. El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses ha llevado además a queel tiempo de permanencia en Estados Unidos también se haya alargado. Mientras que la estancia promedio era de 5.5 meses en el periodo 19931997, la estadía se duplicó a 10.4 meses en el periodo 2001-2005.5 Recientemente, la migración ha experimentado otro Esa situación, con menos y más espaciados retornos a México es conocida por los especialistas como “disminución de la circularidad de migrantes” y se trata de un fenómeno que ha aumentado progresivamente desde 2000, de acuerdo con Conapo.

cambio al reportarse una disminución en el cruce a la Unión Americana. El diario estadounidense The New York Times, en un artículo publicado en junio de 2011, reportó ese cambio atribuyéndolo a las políticas migratorias de Estados Unidos y a la mejora en la economía y educación de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, también informó sobre una baja en el cruce fronterizo del 64% entre 2006-2009, la atribuyó al endurecimiento de las políticas migratorias y la crisis económica de la Unión Americana Acciones migratorias El interés de México por la migración resurgió en la década de los noventa ante la adopción de estrictas políticas estadounidenses y de campañas que destacaban los aspectos negativos del fenómeno. Se establecieron entonces iniciativas para mejorar la vida de los mexicanos en Estados Unidos, como el Programa para las Comunidades Migrantes en el Extranjero (PCME),y se impulsó además el contacto entre los gobiernos estatales y sus ciudadanos en Estados Unidos, a través de la Oficina de Atención de Migrantes (OFAM) en 1993. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá también atrajo atención hacia la migración y el interés por los connacionales en el exterior quedó sentado en el Plan Nacional de Desarrollo

1995-2000, que se pronunció a favor de que los mexicanos preserven la nacionalidad independientemente de la ciudadanía que hayan adoptado.En este contexto nació el “Programa Paisano”, creado por iniciativa de los migrantes zacatecanos para proteger de abusos y extorsiones durante sus regresos a México. Sin embargo, el momento crucial en la materia, por ser hasta ahora el más cercano a lograr un acuerdo migratorio bilateral, tuvo lugar en 2001, cuando los presidentesVicente Fox y George W. Bush, se reunieron para discutir un arreglo de responsabilidad compartida, que incluiría un programa de trabajadores temporales, la legalización de mexicanos indocumentados y el mejoramiento del control fronterizo. Sin embargo, laagenda quedó sin efecto tras los ataque del 2001, cuando la Unión Americana reforzó su seguridad interna, endureciendo las medidas para el control de extranjeros. En 2006, el Congreso adoptó una resolución que concentra la perspectiva mexicana sobre la migración, y que demanda una política activa para responder ante el fenómeno, pronunciándose por la colaboración y responsabilidad compartida con Estados Unidos; la protección de los migrantes sin importar su estatus legal y la seguridad fronteriza, al tiempo que advirtió que la migración seguirá mientras no existan las oportunidades económicas para desmotivarla.

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México, con el fin de influir en reformas migratorias estadunidenses, ha retomado las preocupaciones de ese país en torno a la seguridad nacional, reiterando la ventaja de formular acuerdos de trabajos temporales y de regulación de mexicanos indocumentados. La presión para lograr un acuerdo bilateral no ha prosperado ya que, pese a que la historia migratoria entre ambas naciones prueba que éstos no son imposibles, sí son difíciles de alcanzar por la relación que guardan con asuntos de soberanía e intereses internos.Los asuntos de seguridad nacional y la crisis económica no sólo echaron abajo los intentos de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, sino que también agudizaron el sentimiento anti-inmigrante, llevando a adoptar severas leyes a nivel estatal. El primer estado en actuar fue Arizona,con la aprobación de la Ley SB 1070, que permite interrogar a las personas sobre su estatus migratorio por su aspecto físico. Georgia ha adoptado una ley muy parecida a la de Arizona, y las legislaturas de Indiana, Oklahoma y Carolina del Sur avanzan en esa dirección. La adopción de la Ley Arizona SB 1070 fue criticada por el presidente Felipe Calderón por considerar que amenaza los derechos civiles y la democracia. Ante las críticasa Estados Unidos, México ha hecho esfuerzos por mejorar su propio

sistema, y en 2011 aprobó una nueva ley de migración para proteger los derechos de los migrantes en el país. La nueva ley señala que la situación migratoria irregular no representa un delito, y faculta al Instituto Nacional de Migración (INM) para ejecutar la política migratoria. Los objetivos de los principales programas migratorios mexicanos están enfocados en los seis lineamientos establecidos por el Programa Nacional de Población: 1) Programas para fortalecer vínculos sociales y culturales con los mexicanos en Estados Unidos. 2) Programas para información y servicios de salud a los migrantes en los lugares de origen y destino. 3) Programas para promover el desarrollo regional, social y humano en las zonas de origen de migración.

4) Programas para reducir los costos de transferencias de remesas. 5) Programas para garantizar la repatriación segura. 6) Programas para avanzar el diálogo migratorio con Estados Unidos. Los programas migratorios que existen están enfocados mayormente en los efectos de la migración, y en menor medida en sus causas. Dado que la búsqueda de mejores condiciones de vida es uno de los principales impulsores de la migración, los programas que permiten prevenirla son aquellos que buscan promover el desarrollo social y humano en las comunidades de origen. En este sentido, una de las iniciativas más importantes es el programa Tres por Uno (3x1), operado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y

llamado así ya que por cada peso que dan los emigrantes, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen tres más. Esta iniciativa ha permitido dotar de infraestructura y servicios en materia de educación, salud, deporte, agua potable, drenaje, electrificación, comunicaciones y transporte a varias comunidades. Otro de los programas que, pese a no tener carácter migratorio, es considerado favorable en ese rubro es Oportunidades, que busca crear condiciones de vida favorables combatiendo la pobreza y favoreciendo el desarrollo en educación, salud y nutrición de familias de bajos recursos. Uno de los desafíos para establecer políticas migratorias integrales y sustentables radica en el peso que aún se da a las remesas para lograr desarrollo económico, de acuerdo con lo

señalado por Raúl Wise y Humberto Covarrubias en Dimensiones Críticas de la problemática de la migración y el desarrollo en México. Los programas interesados en atender las causas de la migración, según esos autores, no han podido promover cambios sustanciales en las comunidades de origen, ni han podido crear bases de arraigo entre la población, debido al peso que dan a las remesas. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha advertido sobre el riesgo de confiar en las remesas como promotoras del desarrollo económico y ha subrayado la necesidad de que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajen para evaluar los costos de la migración en los lugares de origen, y diseñen políticas públicas que los atiendan y que

ayuden a crear condiciones de vida favorables para prevenirla. Los tres objetivos de las políticas migratorias, según Naciones Unidas, deben ser: 1) brindar una vida favorable a las personas en el lugar en que residen o al que deseen migrar; 2) atender a las regiones donde se origina la migración y los problemas derivados deésta; y 3) atender los problemas de los migrantes en su nuevo entorno. La atención de los ciudadanos en el extranjero es parte de los objetivos de las políticas migratorias, y México ha mostrado importantes avances en ese rubro atendiendo las necesidades de estosen materia de salud, derechos humanos, participación en la vida política mexicanay facilidades de inserción en la sociedad estadunidense. En lo que respecta a las causas de la migración, las iniciativas adoptadas en años recientes reconocen la necesidad de crear mejores condiciones de vida en las comunidades expulsoras para disminuirla y ese es el gran reto. El objetivo no es frenar la migración en sí, pues la movilización es parte de los derechos y del ejercicio de la libertad de todos los seres humanos, pero sí deben crear condiciones que hagan de ella una opción y no la única opciónpara acceder a condiciones de vida favorables. 101

México y el mundo Jaime Aviña Zepeda

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El siglo XXI llegó para México y los mexicanos presagiando cambios importantes desde que en las elecciones de julio del 2000, el PRI perdió por primera vez en más de 70 años la Presidencia de la República, en momentos en que los tratados de libre comercio y la mundialización tomaban carta de naturalización, los medios de comunicación se extendían cada día más a través de Internet, y las nacientes redes sociales, cuando las perspectivas de paz mundiales eran alentadoras, y la estabilidad económica parecía asegurada. No tardó mucho el nuevo gobierno en hacer notar que las posibilidades de dejar atrás la cultura de la transa y la corrupción, cobijadas en las ventanillas de atención al ciudadano, en el sistema de justicia, en los poderes estatales y el dominio del Poder Legislativo, a través de una presencia que hace

imposible que se aprueben las leyes y los cambios legislativos que la sociedad demanda y de los que son conscientes todos los partidos y sus dirigentes, pero que la vieja guardia del sistema no está dispuesta a aceptar, para poder usar su fuerza legislativa como palanca para volver al poder. La creciente influencia del crimen organizado y el narcotráfico son otro factor importante que impide el avance del país al ritmo que requiere, generando obstáculos que por momentos parecen insalvables, impidiendo la extensión de la justicia social a todos los rincones de la patria, dejando ínsulas de pobreza y marginación que impiden el pleno disfrute de la riqueza generada por la estabilidad económica de los últimos años. Pero el mayor problema que enfrenta México es sin lugar a dudas la educación; y en este

campo todos los esfuerzos se estrellan ante la resistencia feroz del gremio magisterial cuya dirigente, la profesora Elba Esther Gordillo, está mucho más interesada en mantener el poder y acrecentarlo, que en invertir a largo plazo, elevando el nivel educativo y cultural de maestros y alumnos para lograr insertar a la nación mexicana en las demandas y necesidades que acompañan al siglo XXI, en conocimientos de matemáticas, lenguaje y tecnología, sin las cuales no se puede llegar a la excelencia académica; hoy día indispensable para competir en un entorno de globalización o mundialización que ya no es opcional para ninguna nación. En el campo de las finanzas internacionales, México dio un gran paso al pagar deudas y acumular reservas, en base al ajuste del gasto público, dando un buen ejemplo que desafortunadamente no siguieron algunos

países encabezados curiosamente por los Estados Unidos de Norteamérica, y algunos europeos como Grecia, Irlanda, Portugal, España y parece ser que también Italia, pero lo más grave, es que algunos estados de la propia república mexicana, cuyo notable ejemplo es Coahuila bajo el gobierno priista de Humberto Moreira, hoy flamante dirigente nacional del mismo partido, que elevó la deuda de su estado de 300 a más de 30 mil millones de pesos, emulando a los ex presidentes Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo, cuya política económica es responsable de los años de estancamiento, especialmente de 1970-2000, que algunos han llamado las décadas perdidas, y de la deuda externa e interna que a pesar de las reservas tan altas en la actualidad, no deja de pesar en la economía de los mexicanos.

Arrastramos en el campo de las relaciones internacionales, el manejo discrecional de la doctrina Estrada, que durante añosigual sirvió para hacerse de la vista gorda frente a las violaciones a los derechos humanos en Cuba o Vietnam o para sancionar o vetar acciones intervencionistas de Rusia en Afganistán, o de Israel en Palestina, haciendo a un lado el prestigio que se formó durante años a través de la prudencia y buen desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El impacto del 11 de septiembre con los atentados a las torres gemelas y el pentágono, generó la primera crisis económica del siglo XXI, pero la posterior intervención en Irak y Afganistán, por parte de las tropas norteamericanas, ha generado inestabilidad y altos precios del petróleo, que inciden en la crisis interminable de las bolsas de valores del mundo.

México como productor de petróleo no es ajeno a las variables producidas. En el campo de la salud, los avances son muy importantes, y el mejor ejemplo es la respuesta inmediata y muy efectiva al brote epidémico de la gripa H1N1, que generó el aplauso de las instancias de salud mundiales, pero sobre todo, evito incontables muertes y contagios a partir de las medidas de prevención que aquí se implementaron. Las campañas contra la obesidad, el alcoholismo y la drogadicción son permanentes, pero el complemento indispensable de educación y cultura en las escuelas es asignatura pendiente, y es parte de la responsabilidad que los maestros deben asumir desde la cátedra en todos los niveles. La cobertura universal de salud, en los números reporta grandes avances, pero en la

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práctica, la eficiencia de los servicios sigue siendo el talón de Aquiles, sobre todo en el IMSS, el ISSSTE, donde el desabasto de medicamentos e insumos no es la excepción sino la regla. Los monopolios del Estado o tolerados por él como los de televisión y comunicaciones, deberán revisarse y actualizar los controles para que redunde en beneficio de las mayorías y permita las políticas públicas de educación y culturalización ya mencionadas. En el mismo paquete de monopolios, y con el agravante sindical, se sitúa la empresa petrolera mexicana Pemex, cuya eficiencia contrasta con la de cualquier país productor de energéticos derivados de petróleo y gas, en gran parte por la baja productividad y altos costos, pero sobre todo se le agrega el robo rutinario de productos a través de tomas clandestinas y fugas en el la administración en las que son famosos los barcos destinados a Ámsterdam, llenos de petróleo no reportado a la contabilidad de Pemex en tiempos de López Portillo y que aparentemente fueron para engrosar la cuenta de la primera dama, sin menoscabo de los manejos de Jorge Díaz Serrano, que fue encarcelado por sus manejos turbios en la paraestatal. Es obvio que los monopolios al impedir la competencia y la libre elección, producen efectos contrarios a los problemas

que quieren remediar, acabar con los monopolios es tarea urgente para los gobiernos del siglo XXI, de cualquier signo partidista, ante el evidente fracaso de los gobiernos socialistas que han manejado por años las empresas y el comercio con resultados catastróficos para la economía, por lo que hoy México no puedeir a la zaga de China, que a pesar de ser un régimen comunista está entrando de lleno a la competencia eliminando monopolios y abriendo su comercio al mundo. Otro problema propio de nuestro siglo afecta a México por la migración de mexicanos y extranjeros que usan el país como vía de paso hacia los Estados Unidos en su busca del sueño americano, generando delincuencia organizada, tráfico de personas y drogas, y gran cantidad de secuelas que ubican al país muy por debajo de otras naciones emergentes. Investigaciones del Real Instituto Elcano, con referencia al año 20101, ubica a México en el lugar número 20, al medir la proyección mundial de diferentes países en base a su desempeño en economía, defensa, las migraciones y el turismo, la cultura y la ciencia, y la ayuda al desarrollo, ocupando los Estados Unidos el primer lugar y las naciones como China, Rusia, Arabia Saudita y Corea en los lugares 5,7, 12 y 15, respectivamente, 1

Página web Real Instituto Elcano octubre 2011.

es decir, mejor ubicados cuando hace pocos años se encontraban muy atrás de nuestro país. El IEPG –Índice Elcano de Presencia Mundial– califica a USA con 1000, China con 291, Rusia con 255, Corea con 113, y México con solo 71.5.Esta evaluación que apenas se inicia es interesante por su metodología y el seguimiento de la información, por lo que las políticas públicas, si son eficientes, ayudarán a mejorar la ubicación en el futuro, de igual manera el índice de desarrollo humano nos ubica en el lugar 52 con las diferencias en zonas de alto desarrollo humano, por ejemplo la delegación Benito Juárez, en el D.F., contra los municipios de la sierra de Guerrero, que compiten en dicho índice con algunas naciones africanas sin servicios ni comunicaciones. Sin políticas públicas encaminadas a superar los problemas de educación y empleo, el presente presagia un mal futuro; por el contrario, si las políticas se encauzan hacia la educación la competitividad, el empleo la seguridad y la familia, veremos un México ocupando su lugar entre los mejores del mundo moderno. La tentación restauradora del antiguo régimen debe superarse haciendo a un lado sectarismo y partidocracia, para unirnos en torno al proyecto nacional.

Estudio sobre la relación entre violencia y poder, según Hannah Arendt, en la construcción de la realidad mexicana del siglo XXI Rosalina Arteaga Barrón

Si resulta preciso hacer una revisión del proceso histórico para poder comprender la realidad mexicana del S.XXI, también es necesario hacer un análisis, una revaloración, un cuestionamiento de los cambios que ha sufrido el poder y la violencia a través de los últimos años. Uno de los elementos que serán distintivos de este México, a lo largo de los años venideros, es la violencia; el nivel de violencia vivido en la primera década del Siglo XXI. Serán los años de guerra entre el Estado y el crimen organizado, en definitiva, uno de los aspectos * Hannah Arendt: filósofa política alemana de origen judío. Es considerada como una de las teóricas políticas más influyentes del S.XX. Entre sus obras destacan Los orígenes de totalitarismo, La Condición Humana, Sobre la violencia, Pensar, querer, juzgar, entre tantas más.

que se revisarán, que se revalorarán, que se cuestionarán como parte del proceso histórico del país. Al parecer, a pesar de la continuidad del tiempo y del hecho de que los que hoy somos presente al instante somos pasado, todos somos espectadores, partícipes, voluntarios, involuntarios, responsables, corresponsables, indignados –y cualquier clase de adjetivo– de esta época de violencia. Sin embargo, las transformaciones que el Estado y que el crimen organizado han sufrido, así como las modificaciones en su relación determinan, de manera categórica, el curso de esta guerra. El propósito de este ensayo es entender, desde el punto de

Cada vuelta del mundo carga, lentamente, a sus desheredados, a quienes ni el pasado ni el futuro les pertenece. Pues incluso, ahora, su futuro inmediato está lejos de la humanidad Rainer Maria Rilke, Elegías de Duino

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vista de la teoría política de Hannah Arendt, la relación que existe entre violencia y poder y, así, evaluar el sentido de esta lucha contra el crimen organizado. Actualmente, México vive una época en la que el nivel de violencia excede a cualquier justificación. La violencia se ha convertido, en poco tiempo, en el hilo conductor de las decisiones políticas y del deterioro de la institucionalidad del Estado mexicano. La violencia ha hecho que la vida devenga nuda vida. Asimismo, el debilitamiento del poder, por parte del gobierno mexicano, y la lucha del crimen organizado, por hacerse del control del Estado,ha hecho de esta “guerra” una realidad devastadora; una realidad que ya no se puede ocultar. Uno de los errores más comunes que se han cometido a lo largo del pensamiento filosófico en relación con el poder, con la autoridad, con la violencia es suponer que existe una sinonimia entre estos términos. Al respecto, Hannah Arendt señala, en su obra Sobre la Violencia, que: “Es una muy triste reflexión sobre el actual estado de la ciencia política, recordar que nuestra terminología no distingue entre palabras clave tales como “poder,” “potencia,” “autoridad” y, finalmente, “violencia” –todas las cuales se refieren a fenómenos distintos y diferentes, que difícilmente existirían si éstos no existieran– (…) Emplearlas como sinónimos no

sólo indica una cierta sordera a los significados lingüísticos (…) sino que también ha tenido como consecuencia un tipo de ceguera ante las realidades a las que corresponden (…).”1 Para Hannah Arendt, esta confusión deriva del hecho de que no hay situación más común que la combinación de poder y violencia. Difícilmente, señala la autora, estos términos se encuentran en su manifestación más pura; es decir, extrema. Arendt precisa que la importancia en la distinción entre violencia y poder estriba en que la primera requiere de implementos.

“La acción violenta está determinada por la categoría medios-y-fines cuya característica principal en cuanto a los asuntos humanos, es que el fin está en constante peligro de dejarse abrumar por los medios que justifica y que son precisos para alcanzarlos.”2 Asimismo, la autora argumenta que: “Una de las distinciones más obvias entre poder y violencia es que el poder siempre requiere de mucha gente, mientras que la violencia puede prescindir de ella, hasta cierto punto, porque depende de implementos.”3 En relación con el poder,

Hannah Arendt, Sobre la Violencia, (México: Joaquín Mortiz, S.A., 1970), p. 40

Ibid. ,cap. I, p. 9 Ibid., cap. II, p.39

Arendt concibe la idea de que “el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersan.”4 Es decir, un individuo adquiere poder cuando actúa en nombre de un grupo de personas y tendrá poder en tanto el grupo se mantenga unido; el poder es una condición de posibilidad para el espacio político. En La Condición Humana, la autora afirma que el poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública; es el potencial espacio en el que los hombres actúan y hablan entre sí. Es decir, Hannah Arendt, por un lado, plantea una crítica 4 Hannah Arendt, La Condición Humana, (México: Paidós Surcos, 2005), p. 30 2011.

a la corriente filosófica que afirma que la violencia es necesaria para el cambio histórico y para el progreso; desde Von Clausewitz, para quien “la guerra es una mera continuación de la política por otros medios”, hasta Engels, para quien la violencia acelera el desarrollo económico. Para Arendt, esta relación entre guerra y política, o entre poder y violencia, carece de vigencia. Por otro lado, la autora establece un cuestionamiento de la utilidad (o eficiencia) de la violencia a lo largo de la historia. “Si consideramos la historia como un proceso cronológico cuyo progreso, además, es inevitable, la violencia en forma de guerra y revolución parece

constituir la única posible interrupción. De ser cierto, si la práctica de la violencia fuera la única manera de interrumpir procesos automáticos en el reino humano, los predicadores de la violencia hubieran ganado un punto de mayor importancia. […] Sin embargo, la función de toda acción, a diferencia del mero comportamiento, es interrumpir lo que de otra manera hubiera proseguido de modo automático y por tanto predecible.”5 Ahora bien, ¿por qué es importante tener claro que estos dos conceptos no significan lo mismo? Para empezar, hay que recordar que el Estado tiene como la primera de sus obligaciones garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Si éste no cumple con esa función, “la existencia del Estado no sólo no se justifica, sino que ni siquiera se entiende como posible.”6 Por lo anterior, sucede que “la violencia se privatiza en la misma proporción en que el Estado va perdiendo el monopolio exclusivo de la fuerza.”7Actualmente, los altos índices de violencia que enfrenta el país son producto, como ya se mencionó, del debilitamiento del poder, por parte del gobierno mexicano, y la lucha del crimen organizado, por hacerse del control del Estado. Al respecto, Arendt señala que: “El poder es efectivamente la esencia de todo gobierno, Hannah Arendt, Sobre la violencia, cap. I, p. 33 Felipe Curcó, La guerra perdida. Dos ensayos críticos sobre la política de combate al crimen organizado, 2006 – 2010, (México: Ediciones Coyoacán, 2010), p.7 7 Ibid. 5 6

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pero la violencia no lo es. Por naturaleza, la violencia es instrumental: como todos los medios, precisa de la dirección y la justificación que proporciona el fin que prosigue.”8 Con lo anterior, dos cuestiones se presentan de manera innegable: la lucha por el poder –entre el Estado y el crimen organizado– y el nivel de violencia –producto de la guerra. Entonces, para entender en qué momentola violencia permea el espacio político –resultado del poder–, Hannah Arendt establece que: “El resultado del enfrentamiento entre poder y violencia no admite dudas. […] El dominio de la violencia pura aparece cuando el poder se está perdiendo […]”. Asimismo, señala lo siguiente: “En el enfrentamiento de la violencia contra la violencia, la superioridad del gobierno siempre ha sido absoluta; pero esta superioridad sólo dura mientras se mantiene intacta la estructura de poder del gobierno. Es decir, que dura mientras las órdenes se obedecen y el ejército o la policía están dispuestos a usar sus armas al servicio del gobierno. En cuanto deja de ser así, la situación cambia totalmente.”9 Si nos apegamos a los argumentos de la autora, si resulta que los altos índices de violencia son producto de una desintegración de la estructura de poder del gobierno mexica8

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Hannah Arendt, Sobre la violencia, cap. II, p. 47 Ibid., cap. II, p. 49 p.7

no, si son producto de un ejército o de una policía que está al servicio de los intereses de otros grupos de poder, ¿por qué no se ha modificado la estrategia de lucha contra el crimen organizado? Dos elementos resultan indispensables para establecer una relación entre poder y violencia y, por lo tanto, para establecer un argumento en relación con la estrategia que se ha venido implementado: la legitimidad del poder y el establecimiento de una autoridad. En relación con el primer aspecto, Hannah Arendt indica que el poder es un instrumento del gobierno. Por lo tanto, al perseguir la legitimidad del poder, lo que se busca es, en realidad, un gobierno legítimo. La autora afirma que: “El poder no necesita justificación: es inherente a la existencia misma de las comunidades políticas. Lo que requiere es legitimidad […] El poder brota dondequiera que la gente se una y actúe de concierto. Deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que le siga. […] La violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. Y su justificación pierde plausibilidad cuanto más lejano esté su fin.” 10 Del mismo modo, Arendt sostiene que: “El apoyo del pueblo presta poder a las instituciones de un país, y ese apoyo resulta sim10

Ibid., cap. II, p.48

plemente la continuación del común acuerdo que permitió en un principio la promulgación de esas leyes. Bajo las condiciones de un gobierno representativo, se supone que el pueblo gobierna a quienes lo gobiernan. Todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del poder; se petrifican y decaen en el momento en que el pueblo deja de respaldarlas.”11 Con base en el segundo aspecto, la autora expresa que el uso de la violencia depende del poder que la respalda. Para entender el verdadero alcance de la violencia y su relación con el poder, la autora introduce el concepto de autoridad. Sin embargo, establece una diferencia, en relación con la filosofía política anterior, sobre su concepción. La autoridad, para Arendt, se caracteriza por el reconocimiento de aquellos a quienes se les pide obedecer; no requiere ni de la coacción ni de la persuasión. Dado lo anterior, surgen varias preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta lucha del gobierno contra el crimen organizado? ¿Es, esta guerra,la causa del resquebrajamiento de las jerarquías de poder o es esta Ibid., cap. II, p. 39. En este sentido, la autora hace referencia a la civilización griega y romana y a su concepto de poder y de ley: “Cuando la ciudad-estado ateniense llamó isonomía a su constitución, o los romanos hablaban de la civitas como su forma de gobierno, se referían a un concepto del poder y de la ley que no se apoyaba esencialmente en la relación de mando-obediencia, y que no identificaba el poder y el mandato ni la ley y el mando. […] los hombres de las revoluciones del siglo XVIII dieron con estos ejemplos y los emplearon para constituir una forma de gobierno –la república– en la que el dominio de la ley, basado en el poder del pueblo, daría fin al dominio del hombre sobre el hombre que según ellos era un ‘gobierno apto para esclavos.’”

desintegración de la estructura de poder una justificación para la guerra? ¿El Estado mexicano cuenta con la legitimidad y la autoridad correspondientes para hacerle frente a esta lucha? Arendt señala que, en relación con la “guerra real,”12 ha quedado de manifiesto que la superioridad en los medios de violencia se vuelve impotente frente a un oponente mal abastecido, pero mejor organizado y más poderoso. En este sentido, resulta que mientras los grupos criminales estén mejor organizados y cuenten con mayor poder –ya sea en términos de legitimidad o para controlar al Estado– la violencia puede ir en aumento y no cumplir con su fin. Por otro lado, uno de los aspectos fundamentales de una guerra es tu temporalidad; es la definición de objetivos claros, de estrategias perfectamente definidas en un periodo de tiempo, también, definido. Si no se tienen claros estos aspectos, las consecuencias, además de resultar desastrosas, resultan irreversibles; tanto en la esfera política como en la social. Para Arendt, “(…) la violencia engendra violencia (…) En términos políticos, esto significa que la pérdida del poder se convierte en una tentación para sustituirlo por la violencia y que en tales casos la violencia misma resulta impotente.”13 En este sentido, la autora señala el término “contragolpe” 12 13

La autora toma como ejemplo la guerra de Vietnam. Ibid., cap. II, p. 50

(backflash). Al respecto, sostiene que: “Cuando la violencia carece del apoyo y el freno del poder, se opera la famosa inversión de medios y fines. Entonces, los medios destructivos determinan el fin, con la consecuencia de que el fin será la destrucción de todo poder.”14 En relación con los plazos de tiempo mencionados, Arendt señala lo siguiente: “Si las metas no se logran rápidamente, el resultado será no sólo la derrota sino también la introducción de la práctica de la violencia en el seno del cuerpo político entero. La acción es irreversible, y en caso de derrota es siempre improbable el regreso al statu quo.”15 Resulta, pues, que si el gobierno mexicano no logra establecer objetivos creíbles y realizables en este combate al crimen organizado, la usurpación de poder, por parte de éste último, puede conducirnos a los que Luis Astorga, en su libro El Siglo de las drogas, sugiere como un narco-estado –si no es que ya se empieza a gestar–. Otro de los elementos claves en la realidad que enfrenta el país ha sido el papel –y/o desempeño– de la política. Esquirol advierte que “el reto de la política siempre es el poder, nunca la violencia.”16 Para Hannah Arendt, la política es, ante todo, acción; es la única Ibid., cap. II, p. 51 Ibid., cap. III, p. 72 16 Joseph Esquirol, En Torno a Hannah Arendt, (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994), p.39 14 15

actividad humana correspondiente a la pluralidad. Al respecto, la autora establece un vínculo entre la política y el discurso. En La Condición Humana, establecedos actividades necesarias para la construcción de lo que Aristóteles llamó bios politikos; es decir, la acción (praxis) y el discurso (lexis) a partir de los cuales surge la esfera de los asuntos humanos. En este sentido,uno de los aspectos que debilita y aniquila a las comunidades políticas es la pérdida de poder. Arendt señala que: “El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son brutales, donde las palabras no se emplean para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades.”17 Es decir, para Hannah Arendt, la importancia de la política radica en la posibilidad de generar espacios de discusión en los que se produzcan objetivos nuevos. Para la autora, el sentido de la política está en su capacidad de generar libertad; en el hecho de que no puede existir política donde no hay una esfera de asuntos humanos; en el hecho de que no existe política sin pluralidad. Con base en lo anterior y con base en lo que la realidad mexicana refleja, es innegable 17

Hannah Arendt, La Condición Humana, p. 39 -40

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que la política mexicana –tanto el gobierno como los partidos políticos de oposición– está en un franco estado de debilidad. Por un lado, el discurso que se maneja en relación con el combate al crimen organizado ha reducido, a su nivel más primario, la vida humana. Como lo señala Curcó, la palabra ‘guerra’ ha sido parte de la retórica oficial del gobierno y de la estrategia contra el crimen organizado. “Dado que en toda guerra hay muerte –se nos dice– ello hace que la vida de todos los civiles sea sacrificable.”18 Por otro lado, la política mexicana no termina de abrirse a la pluralidad; elemento que, como ya se mencionó, es el fin de la política misma. Conclusiones Con base en la teoría política de Hannah Arendt, se pueden establecer ciertas conclusiones en relación con la estrategia de combate al crimen organizado por parte del gobierno actual. En primer lugar, ha quedado claro que esta estrategia, definida correctamente o no, no ha logrado cumplir con sus objetivos en el corto plazo; tal parece que ha sido una estrategia improvisada y sin un cálculo real de sus consecuencias. Este hecho ha provocado los niveles de violencia que se tienen y que, poco a poco, se han infiltrado en todo el aparato político y en la sociedad. 110

F. Curcó, op.cit., p. 41

Aunado a lo anterior, la vida humana es el factor que está pagado las malas decisiones de los actores con poder –gobierno, partidos políticos de oposición, líderes de los carteles mexicanos–. Esta guerra contra el crimen organizado se está financiando, entre otras cosas, con la vida de civiles, con la vida de inocentes. Si la pronunciación de la política es la libertad a través de la pluralidad, la lucha queenfrenta el país está coartando la razón de ser de la política y con ella, la libertad de la esfera humana para cuestionar, para debatir, para proponer lo que a todos nos corresponde: el rumbo del país. Como señala Hannah Arendt, “[…] es incorrecto considerar que lo opuesto a la violencia es la no violencia […] La violencia puede destruir el poder: es absolutamente incapaz de crearlo.”19 Con lo anterior, me refiero al hecho de que, dado el avance de esta guerra y dado los estragos que ha ocasionado, no basta, bajo ninguna circunstancia, sólo detenerla; frenar el grado de violencia. El poder, entendido como el espacio humano bajo el cual la palabra y la acción generan nuevas oportunidades, no se regenera con la no violencia. Se requiere de un cambio en la manera de entender y de hacer política; se requiere de la reestructuración de las instituciones del Estado; se requiere de una legitimidad 19

Hannah Arendt, Sobre la Violencia, cap. II, p. 52

del Estado mexicano que garantice su compromiso y su cumplimiento con la ciudadanía. Finalmente, como indicó Arendt: “La práctica de la violencia, como toda acción, cambia al mundo, pero lo más probable es que este cambio traiga consigo un mundo más violento.” Por lo tanto, hay que replantearse el futuro del país. Bibliografía • Astorga, Luis. El Siglo de las Drogas: el narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio. México: Plaza y Janés, 2005. • Arendt, Hannah. La Condición Humana. México: Paidós Surcos, 2005. • Arendt, Hannah. Sobre la Violencia. México: Joaquín Mortiz, S.A., 1970. • Curcó, Felipe. La guerra perdida. Dos ensayos críticos sobre la política de combate al crimen organizado. 2006 – 2010, México: Ediciones Coyoacán, 2010. • Esquirol, Joseph.“En la encrucijada de la política: poder frente a violencia y domino”. En Cruz, Manuel. En torno a Hannah Arendt. Madrid: Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, 1994.

Los Think Tanks: laboratorios para la acción democrática IV parte Carlos Salazar Vargas ““Hay quienes aseguran que Cristóbal Colón ha sido el mejor consultor en la historia. Porque no sabía a donde iba, nunca supo dónde estaba, no sabía lo que estaba haciendo, y sin embargo, cuando regresó consiguió financiación para dos viajes más”. (Comentario que irónicamente acostumbran contar algunos funcionarios del Banco Mundial, cuando realizan sus labores de consultoría).

Variables Manejables en los Think Tanks: 4Ps: Producto, Precio Punto y Promoción Los Think Tanks tienen injerencia en el manejo (cambio, adecuación y trasformación) de cuatro variables básicas que corresponden a las que comúnmente se conocen como las 4 p(s): producto, precio, punto de venta (distribución) y promoción. Realmente, todos los factores sobre los cuales hay capacidad para transformar, se pueden manejar y cambiar a disposición, son estos cuatro grupos de variables. Con ellas se debe hacer frente a las oportunidades y amenazas del entorno, las cuales –a diferencia de éstas– no se pueden manejar. A continuación, se tratará de manera general cada una de ellas, Productos/Servicios de los Think Tanks “Ser discutido es ser percibido”: Víctor Hugo. “La conciencia que tiene precio, no es más que una mercancía”: Alberto Fernández De Castro.

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El precio es el único elemento de los cuatro que conforman la mezcla de marketing que produce ingresos, los otros tres (producto, punto y promoción) producen costos. Sin embargo, todo Think Tank debe fijar un precio a sus productos o servicios, aunque represente un verdadero dilema en situaciones en las que tiene que establecer un precio por primera vez, porque desarrolla o adquiere un nuevo producto y/o servicio; o lo introduce en un nuevo canal de distribución o en un área geográfica diferente, o participa en licitaciones para nuevos contratos de trabajo. Para decidir sobre el posicionamiento de los productos y/o servicios de un Think Tank, en relación con la calidad y el precio Kotler señala nueve estrategias posibles de precio-calidad como aparecen en la matriz, de la siguiente figura:

competidores pueden coexistir, siempre y cuando el mercado esté integrado por tres grupos de compradores, aquellos que insisten en la calidad, los que prefieren el precio y los que equilibran las dos consideraciones. Las estrategias de posicionamiento 2, 3 y 6 representan formas alternativas de atacar las posiciones de la diagonal. La estrategia 2 puede traducirse como “nuestro producto tiene la misma alta calidad del producto de la competencia, pero le asignamos un precio menor”. La estrategia 6 diría lo mismo, pero ofreciendo ahorros aún mayores. Si los clientes sensibles a la calidad le creen a estos competidores, les comprarán a ellos y ahorrarán dinero (a menos que el producto del Think Tank haya adquirido atracción por factores tales como el esnobismo). Las estrategias de posicionamiento 4, 7 y 8

Figura 1 Matriz de precio de calidad Precio Alto

Calidad del producto

Alto

Medio

Bajo

Medio

Bajo

1.Estrategia prima

2.Estrategia de alto valor

3.Estrategia de valor superlativo

4.Estrategia de sobre precio

5.Estrategia de valor medio

6.Estrategia de valor bueno

7.Estrategia de hurto

8.Estrategia de falsa economía

9.Estrategia de economía

Fuente: Kotler. Marketing Management. Analysis Planing and Control. (2006)

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Todas las estrategias de la diagonal (1,5 y 9) pueden coexistir en el mismo mercado; es decir, un Think Tanks puede ofrecer un producto de gran calidad a un precio elevado, otro, ofrece un producto de calidad regular a un precio regular, en tanto que algún otro instituto ofrece un producto de baja calidad a bajo precio. Los tres

tienden a fijar un precio excesivo al producto o servicio, en relación con su calidad. Los clientes se sentirán sorprendidos y probablemente se quejarán o difundirán comunicaciones negativas sobre el Think Tank. Estas estrategias deben descartarse. Los Think Tanks tienen que considerar muchos

factores para establecer su política de fijación de precios: selección del objetivo de la fijación de precios, la determinación de la demanda, estimación de los costos, análisis de los precios y ofertas de la competencia, determinación del método para la fijación de precios y selección del precio final, entre otros. Ahora bien, para la fijación de precios propiamente existen las siguientes recomendaciones: que el precio de sus productos o servicios no estén demasiado orientados hacia los costos: la revisión debe hacerse con frecuencia, con el fin de capitalizar los cambios en el mercado; establecer el precio conjuntamente con los demás elementos de la mezcla de marketing (producto, distribución y promoción); el precio debe tener las suficientes variaciones para diferentes artículos y segmentos del mercado; debe, además, guardar estrecha relación con factores tales como: realizaciones, asociaciones de investigadores, fuentes de financiación, instituciones que lo soportan y respaldan y la reputación del instituto. La plaza, punto o distribución en los Think Tanks “Es sin lugar a duda, la clase de hombre que podría entrar después de ti en una puerta giratoria y salir antes que tú por el otro lado”. (Stewar Steven, periodista, refiriéndose a Tiny Rowland, director ejecutivo de Lonrho S.A. Publicado en Daily Mail, abril 27 de 1973). Los canales de distribución son entendidos como “el conjunto de organizaciones independientes involucradas en el proceso de hacer que un producto o servicio esté disponible para su uso o consumo”.1 Dentro de las funciones y utilidad de los canales de marketing, Kotler cita varias. Las siguientes, son perfectamente válidas para los Think Tanks: Información:reúne los datos recolectados en la investigación de mercados acerca de los clientes, competidores potenciales y actuales, así como de otros actores y fuerzas del entorno

del marketing, para difundirlos. Promoción:desarrolla la estrategia de la oferta diseñada para atraer a los clientes. Negociación:propicia un acuerdo final sobre el precio y otras características de las ofertas, con el objeto de transferir la propiedad o posesión que pudiera efectuarse de los productos o servicios de los Think Tanks. Pedido:concreta la retrocomunicación de intenciones de compra de los miembros del canal de marketing a los Think Tanks.2 En conclusión, la utilización de intermediarios contribuye a la eficiencia permitiendo que los productos y/o servicios estén a disposición con facilidad y sean accesibles a los mercados “objetivo” o mercados “meta”. Los intermediarios, dentro del concepto de marketing, a través de sus contactos, experiencia, especialización y escala de operación, ofrecen a los Think Tanks más de lo que éstos podrían lograr por sí solos. Vale la pena precisar que el concepto de canales de distribución no se limita en marketing a la distribución de bienes físicos. Los Think Tanks, como generadores de ideas, planteamientos, soluciones, alternativas, prácticas y comportamientos, además de ser prestadores de servicios de asesoría y de consultoría, también se ven enfrentados al problema de hacer que su producción esté disponible y accesible para las poblaciones meta. Por lo anterior, deben desarrollar sistemas de difusión de sus ideas, programas y actividades. Sistemas que deben ser medidos en términos de eficacia-costos para distribuir sus mensajes. El primer paso en el diseño de los canales de marketing para un Think Tank es entender qué, dónde, porqué, cuándo y cómo compran los clientes meta. Es necesario conocer además, si los clientes desean una distribución intensiva (abastecer sus productos y/o servicios en diferentes lugares) o una distribución selectiva (emplear más de uno pero no todos los intermediarios dispuestos a manejar un producto o servicio en particular) o distribución exclusiva (cuando Kotler, Phillip. Marketing management, analysis, planning, implementation, and control, Prentice-Hall, inc. 1996, pág. 571-3.

2 1

Ibídem, pág. 3.

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sólo ciertos distribuidores pueden ofrecer los productos o servicios de los Think Tanks). De todas formas, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Dirigir los resultados y las soluciones hacia un público estratégicamente seleccionado. Escoger los canales de acceso más apropiados para llegar a ese público previamente escogido. Distribuir artículos o documentos –con los cuales se intente tener una influencia en la opinión pública– estructurados, diseñados y presentados en tal forma que estén listos para ser publicados en periódicos o revistas, explicando en forma clara y concisa los resultados del estudio. Promoción y publicidad para los Think Tanks “La publicidad es lo más divertido que se puede hacer sin quitarse la ropa”. (Jerry Della Femina, antiguo ejecutivo de publicidad en Della Femina, Travisano & Partners. Escribió varios libros, cuyos títulosfueron algunos de los eslóganes que escogieron para varios productos japoneses, 1970).

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Dentro del concepto integral de marketing, no basta que un Think Tank tenga un buen producto/servicio, con un precio atractivo y que sea accesible a los clientes meta. Es necesario que estas características se comuniquen en forma apropiada a los clientes, tanto los actuales, como a los potenciales. Por ello todo Think Tank debe tener conciencia de su responsabilidad como comunicador, promotor y difusor de ideas, comportamientos, cambios, y en últimas, de políticas públicas. El logro de este objetivo con efectividad, implica la atención de al menos cuatro acciones importantes. • Desarrollar anuncios publicitariamente efectivos (eficientes y eficaces). • Estimular las ventas a través de expertos promotores. • Trasmitir una imagen corporativa mediante programas de relaciones públicas. • Capacitar a sus vendedores en la modalidad de venta personal.

Estas cuatro herramientas conocidas en marketing como la mezcla de comunicaciones son definidas por la American Marketing Asociation3 como sigue: Publicidad: es cualquier forma pagada de presentación no personal y de promoción de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. Promoción de ventas: son incentivos a corto plazo para estimular la compra o la venta de un producto o servicio. Relaciones públicas: corresponden a una variedad de programas diseñados a mejorar, mantener o proteger un Think Tank o la imagen de sus productos y/o servicios. Venta personal: es la presentación en una conversación con una o más personas que estén interesados o tengan el propósito de realizar compras. Sin embargo, la comunicación va más allá de esta mezcla, por cuanto el producto y/o servicio integrado: precio, forma, diseño, empaque y característica –como un todo–, el que se presenta 3

Marketing definitions: a glosary of marketing terms. Chicago, AMA, 2000.

a corto, mediano y largo plazo, mediante el diseño y validación de una estructura y un sistema de información efectivos. Recomendaciones adicionales para la efectividad de los Think Tanks “La sencillez consiste en hacer el viaje por la vida sólo con el equipaje necesario”: Charles Dudley Warner En las siguientes páginas se hará una breve referencia a algunas recomendaciones sobre otros temas estrechamente ligados al marketing, que se constituyen en alternativa viable para alcanzar la efectividad (eficiencia y eficacia) de los Think Tanks. Son orientados extraídos de la vida real que les son útiles para el cumplimiento de las importantes responsabilidades a su cargo.

y comunica algo a los compradores. De ahí el necesario complemento del proceso en la estrategia integral de comunicaciones, que precise qué decir, a quién y con qué frecuencia. La difusión de los resultados de los Think Tanks también requiere de procedimientos y criterios establecidos claramente con anterioridad. Algunos de ellos pueden estudiarse en la sección correspondiente a la difusión y comunicación de los productos de los Think Tanks. Como aspectos determinantes en la estrategia de marketing, existen las fuerzas del entorno, representadas por seis variables externas a saber: económicas, demográficas, políticas, sociales, ecológicas y tecnológicas. Estas fuerzas son dinámicas y cambiantes. Inciden –en mayor o menor grado– sobre los productos y/o servicios de los Think Tanks. Para averiguar la relación e influjo directo, inmediato o próximo a ellos, es necesario realizar estudios continuos y permanentes, de manera que los Think Tanks puedan controlar el comportamiento de estas fuerzas del medioambiente o entorno,

El Valor Agregado en los Think Tanks “Le vendió dos máquinas de ordeñar a un granjero que sólo tenía una vaca, y le ayudó a financiar el trato, aceptando su vaca como pago a cuenta por las dos ordeñadoras”. (Herbert Prochnow,expresidente del First National Bank de Chigaco. Del libroBusiness quotations, de Rolf White, 1987). Una interesante hipótesis sostenida por los expertos en marketing es que los compradores prefieren (y consecuentemente compran) los productos y/o servicios de los Think Tanks que les ofrecen el mayor valor agregado, entendido como la diferencia entre el valor total y el precio total para el cliente. Al aceptar esa suposición la pregunta lógica sería, ¿cómo puede identificar el Think Tank aquellas fuentes que aumentan el valor que le proporcionará una ventaja competitiva? Porter propone la cadena de valor, como el mejor instrumento para identificar las posibles fuentes de aumento de valor.4 Esta propuesta asegura que Cfr. Porter, Michael E. Competitive advantage, Nueva York, Free Press, 1985, pág. 37, adaptado por el autor para los think tanks.

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todo Think Tank puede ser visto como una colección de actividades que se llevan a cabo para diseñar, producir, distribuir, entregar y apoyar sus productos y/o servicios. Para cumplir el objetivo de la cadena de valor en un Think Tank, es necesario identificar nueve actividades estratégicas con el fin de comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación presentes y futuras. Esas nueve actividades de valor se agrupan a su vez en cinco grupos primarios y cuatro de apoyo.

fuera de su propia cadena de valor, en las cadenas de valor de sus proveedores y de sus distribuidores. Indudablemente, la cadena de valor le proporciona al Think Tank un marco amplio para buscar sistemáticamente maneras de ofrecerles valores más altos a sus usuarios. La búsqueda y encuentro de ideas y alternativas viables, depende –en buena medida– del tipo de Think Tank, su posicionamiento, características, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su entorno. Obviamente, factores como la

Cadena de Valor Génerico Infraestructura de los think thanks

Actividades de apoyo

Administración de capita l humano Desarrollo de la banda Tecnología blanda

Margen

Adquisiciones

Logística Logística Marketing Operaciones de de y entradas salida ventas

Servicio

Actividades Fuente: Porter, Michael Competitive Strategy The Free Press, Nueva York, 1980

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Las actividades primarias representan la forma en que los insumos llegan al Think Tank, se procesan, despachan, distribuyen y se ofrecen como servicio. Las actividades de apoyo se desarrollan al mismo tiempo que las primarias pero se realizan por todos los departamentos o áreas del instituto. Con base en lo anterior, la tarea de todo Think Tanks consiste en examinar los costos y el funcionamiento de cada una de las actividades productoras de valor, tratando de mejorarlos. Se deben, además, observar los costos y el funcionamiento de la competencia, con el fin de utilizarlos como punto de referencia. En la medida en que un determinado Think Tank supere a sus competidores, tendrá una ventaja competitiva. Por ello necesita buscar por

creatividad, fuentes de financiación, apertura mental, buena disposición y actualización continua, juegan un papel bien importante. Las oportunidades que tienen los Think Tank para reducir sus costos o lograr utilidades, son escasas. Algunos pueden encontrar pequeñas ventajas, aunque todas serán fáciles de copiar por otros Think Tanks y por lo tanto, deberán considerarse como pasajeras. Una solución consiste en identificar continuamente nuevas ventajas posibles y ponerlas en práctica una tras otra, sin parar, con el fin de estar siempre un paso delante de sus competidores. De ahí que se necesite establecer como rutina, el proceso de innovaciones, con el fin de descubrir muchas diferencias pequeñas que con el tiempo pueden conseguirle una importante participación en el

mercado. De acuerdo con la filosofía del marketing, como se vio previamente, son precisamente esas diferencias las que todo Think Tank debe considerar como herramienta clave para la competitividad. El benchmarking aplicado a los Think Tanks, tal y como se presentó anteriormente, es una excelente fuente y un buen punto de partida para encontrar factores, elementos y alternativas que permitan ofrecer a una clientela cada vez más exigente, un mayor valor agregado. Con base en este ejercicio y de acuerdo con las experiencias explicitadas por el profesor Dunn,5 se lograron encontrar cinco grupos de actividades que le imprimen valor agregado a los productos y/o servicios de los Think Tanks, y son los siguientes: Sacar el mayor provecho de la integración multidisciplinaria, por cuanto todas las disciplinas –sin excepción– pueden contribuir decisivamente a mejorar cada una de las etapas del proceso integral de las políticas públicas (formación, formulación, implementación, evaluación, análisis y reestructuración). Ello mediante varios mecanismos. Realizando un proceso integrado de análisis de políticas públicas que combine investigación, análisis y cabildeo activo, tanto antes como después de la implementación de una determinada política pública. Estableciendo vínculos entre el análisis retrospectivo y los métodos de análisis prospectivo.Aprovechar las fortalezas de las disciplinas que se especializan en el análisis prospectivo (economía, investigación de operaciones, ingeniería de sistemas), como de aquellas especialidades cuyo énfasis está en el análisis retrospectivo (ciencia política, psicología aplicada, sociología, derecho). Captar la complejidad del proceso de formulación de políticas de acuerdo con las características del mundo real al cual pertenecen. Reforma económica hoy y (De las ideas a la acción: los institutos de políticas y la democracia CIPEN Nº 3, 1996) The idea brokers: think tanks and the rise of the new policy elite. (James A. Smith, The free pres, 2003). Información enmarcada dentro del ejercicio de bechmarking realizado por los think tanks y presentado en el capítulo anterior.

Concentrando el enfoque alrededor de los problemas, identificando la política pública como una hipótesis que debe ser validada. Centrando el análisis en la importancia y complejidad de los problemas dejando de lado la creencia de que una sola política pública producirá la solución adecuada. Es decir, seguir la sabia recomendación de “encontrar soluciones para cada problema específico, más que problemas para cada problema específico, más que problemas para cada solución específica”. Llevar a cabo actividades de cabildeo múltiple, en cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas. Comunicando cada Think Tank sus mensajes en forma efectiva (eficiente y eficaz). Sirviendo como centro de expresión abierta para la participación de diversos grupos interesados en temas comunes. Estableciendo jerarquías y clasificando las opiniones de expertos, que faciliten la mejor comprensión del problema en cuestión. Manteniendo una gran apertura hacia puntos de vista conflictivos, con el fin de sostener discusiones abiertas que faciliten el desarrollo de recomendaciones prácticas, viables y objetivas. Valiéndose de estrategias útiles para defender distintos intereses, mediante la construcción de escenarios múltiples y variados. Diseñar y validar métodos para formular y resolver problemas complejos. Programando con frecuencia debates informales sobre diferentes temas. Realizando cursos de capacitación sobre cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas. Diseñando modelos útiles para estructurar procesos de jerarquía analítica y de interpretación de estructuras mentales. Planeando y ensayando supuestos estratégicos para diferentes escenarios. Estructurar e implementar programas efectivos de marketing, tal y como el que se ha propuesto a lo largo de este capítulo. 117

El Análisis Costo-Beneficio para los Think Tanks “Olvida las ofensas pero no olvides jamás las amabilidades”: Confucio. Este método está ampliamente difundido en las facultades de administración y gerencia y es frecuentemente utilizado en la empresa privada. Precisamente, Richar Judi desarrolló algunos lineamientos prácticos para aplicar el análisis de costo-beneficio al proceso de formulación de políticas, planteando opciones, estimando sus costos y beneficios y recomendando aquellas alternativas que maximicen los beneficios netos.6 Este proceso se logra en cuatro fases que constituyen una valiosa guía para el análisis de los costos-beneficios de los Think Tanks. La fase de preparación, que comprende la comprensión del problema, de tal forma que se evite el error común de encontrar una solución para el problema equivocado; la justificación de la acción requerida, tratando de corregir la tendencia a la imprecisión, propia de los problemas relacionados con políticas públicas y la determinación del impacto, aclarando los cambios que la política pública puede causarle a un grupo socioeconómico determinado. Director del Centro de Estudios Centroeuropeos y Euroasiático del Hudson Institute en los Estados Unidos.

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La fase de estrategia, en donde se precisan los objetivos potenciales, determinándolos, clasificándolos y priorizándolos dentro de un esquema lógico; relacionar las ventajas y desventajas de cada uno de los objetivos; encontrar las limitaciones de las acciones, enumerándolas, definiéndolas y clasificándolas clara y concisamente dentro del ámbito de las políticas públicas. La fase de análisis de opciones, con el fin de elaborarlas, relacionarlas y clasificarlas; encontrar en forma lógica y razonada los costos y beneficios para cada grupo afectado; ofrecer las explicaciones necesarias relacionadas con la distribución de costos y beneficios entre las personas afectadas, en otras palabras, comunicará clara y francamente quiénes ganan y quiénes pierden. La fase de ajustes finales que debe caracterizarse por la rigurosidad del proceso utilizado para determinar la eficacia de cada opción; por el mayor valor agregado, fruto de la comparación del valor de las distintas recomendaciones frente al nivel de incertidumbre implícito en la ejecución de cada política; por la verificación por medio de experimentos, simulacros para comprobar el grado de resistencia de una política dada frente a cambios repentinos en el entorno. Se propone preferir las políticas públicas más resistentes a fuerzas externas. La factibilidad institucional en los Think Tanks “No hay duda que si fueras por todos los ministerios del Reino Unido y despidieras a uno de cada seis funcionarios, la productividad de los otros cinco aumentaría en lugar de descender”: (Profesor Milton Friedman, refiriéndose a cómo mejorar la eficacia de la administración. From galbraith to economic freedom, Ocasional Paper N° 49, Institute of Economic Affairs, 1977). Otro de los ingredientes de la efectividad que no se puede dejar de lado, es el de la factibilidad institucional de las políticas públicas,

entendidas éstas como una de las labores y funciones prioritarias sobre las cuales tiene o deben tener ingerencia los Think Tanks. Es decir, tener en cuenta los elementos para predecir –con cierto grado de probabilidad– hasta qué punto una determinada política pública puede ser efectivamente puesta en marcha. Dentro de este marco general, son valiosos y muy importantes los comentarios del profesor William N. Dunn,7 quien propone que si la misión de estos institutos “es mejorar la política pública maximizando la probabilidad de que los análisis que ellos realizan sean aplicados para resolver problemas del mundo real”. Los Think Tanks –en su función como institutos de políticas públicas– ofrecen no una, sino varias soluciones alternativas para cada uno de los problemas que intentan resolver. Con el fin de hacer efectiva esta posibilidad, el profesor Dunn propone reforzar la estrategia previamente escogida con la utilización de actividades de cabildeo en todas las etapas del proceso integral de políticas públicas. De otro lado, si estos institutos se dedican a realizar análisis de políticas que ofrezcan soluciones creativas, reveladoras y hasta contraintuitivas para los complejos problemas de importancia pública, es muy recomendable basar esta función en cuatro aspectos fundamentales: La caracterización de los institutos, representada por tres factores explicados ampliamente en la primera parte de este capítulo, a saber: la especialización, la diferenciación y el posicionamiento. Los elementos analíticos claves,que se obtienen de la revisión de los puntos críticos, entre ellos: la naturaleza de los problemas de política, los resultados de políticas actuales e históricas, el valor de estos resultados para la resolución de problemas, las alternativas nuevas o existenProfesor de gestión y políticas públicas en la Escuela de Estudios de Posgrado en Asuntos Públicos e Internacionales de la University of Pittsburg. Ha trabajado, desde 1992, con organizaciones gubernamentales e industriales en Macedonia, con el fin de estudiar problemas de desarrollo gerencial y el establecimiento de una economía de mercado. Estas recomendaciones son producto, tanto de su amplia experiencia como director del programa de políticas públicas, como de las exitosas ejecutorias en los convenios llevados a cabo entre la Universidad de Pensilvania y la asamblea de esa ciudad.

tes en materia de políticas y sus resultados probables, elementos éstos que es necesario tener presentes para resolver el problema en cuestión. La generación de informaciónsobre problemas relacionados con las políticas públicas, sus futuros posibles, las acciones a ejecutar en este ámbito, los resultados y el desempeño de estas políticas públicas. Los métodos que ofrecen recursos prácticos útiles a los gobernantes,los más frecuentes son: la estructuración de problemas, los pronósticos, las recomendaciones, el seguimiento y la evaluación. La información como insumo efectivo para los Think Tanks Como se puede observar, las recomendaciones del profesor Dunn presentadas anteriormente, encajan perfectamente dentro del tema del marketing, presentado anteriormente. Vale la pena ampliar ahora el último punto, relacionado con los métodos más comúnmente utilizados para ofrecer recursos útiles a los gobernantes, como insumo fundamental para que sus decisiones sean más efectivas, eficientes y eficaces. Son los siguientes cinco métodos, a saber: Los métodos basados en la estructuración de problemas, que permiten descubrir supuestos que pueden estar ocultos; diagnosticar causas; escoger objetivos; sintetizar criterios conflictivos y descubrir nuevas opciones en materia de políticas públicas. Estos métodos van desde los no estructurados (debates informales sobre diferentes ideas) hasta los más estructurados (modelos estadísticos para la toma de decisiones). Los pronósticos: ayudan a examinar, determinar y clasificar los futuros posibles,los futuros potencialesy los futuros deseables; permiten estimar los impactos de las políticas –tanto las vigentes como aquellas propuestas–; ayudan a identificar posibles obstáculos futuros con respecto al logro de los objetivos y estimar la factibilidad política de las políticas públicas propuestas. Las recomendaciones, contribuyen a calcular el riesgo y la incertidumbre; a identificar elementos externos, a comparar beneficios y costos y a asignar la responsabilidad administrativa por la

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puesta en marcha de las políticas públicas. Los métodos basados en el seguimiento, ayudan a evaluar el grado de cumplimiento con las leyes y reglamentos; a descubrir las consecuencias imprevistas de políticas públicas e identifican unidades o individuos que impiden o entorpecen su ejecución. Los métodos de evaluación, proporcionan información sobre la medida en que se han resuelto los problemas; contribuyen a la aclaración y análisis de los valores que impulsan una política pública determinada y al ajuste o reformulación de políticas. La comunicación en los Think Tanks “Observo estrictamente la máxima cantonesa de que el cerdo gordo atrae el cuchillo del carnicero. Creo que hay que llamar poco la atención…”: (Sir John Bremridgl, expresidente de Swite Pacific y ex ministro de finanzas del gobierno de Hong Kong. Publicado en Business, septiembre, 1986).

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La comunicación adecuada y la difusión clara es parte importante de la labor que deben cumplir los Think Tanks como orientadores de cursos de acción política. Y es que en muchas ocasiones los trabajos de investigación y análisis producidos por ellos no circulan entre los funcionarios de los sectores público y privado porque no tienen en cuenta las características del proceso de difusión. Esta labor, en cambio, es del resorte de los Think Tanks dentro de su caracterización como institutos de política pública con el propósito de que los análisis complejos estén disponibles –en forma bien comprensible– a toda amplia variedad de públicos. Es que precisamente la comunicación consiste en el proceso a través del cual se difunde información entre las personas del segmento del mercado que se desea conseguir. La información debe comprender aspectos de los Think Tanks, su organización, los productos y los beneficios que se derivan de ellos. La comunicación es pues un elemento esencial para

facilitar la concreción de la relación de intercambio mutuamente benéfico entre un Think Tank y su público.8 El Think Tank debe comunicarse también –en forma eficiente—con otras entidades y personas, tales como sus distribuidores, proveedores, inversionistas, miembros de la comunidad, autoridades gubernamentales, etcétera. Los documentos producidos por los Think Tanks básicamente proporcionan información reveladora sobre: la naturaleza de los problemas de políticas públicas; los resultados de políticas actuales e históricas; el valor de estos resultados para la solución de problemas; las alternativas nuevas o existentes en materia de política, sus resultados probables y las alternativas que deberían implantarse para resolver el problema. Los anteriores insumos pueden ofrecer respuestas relacionadas con aspectos tales como los problemas por resolver, el futuro de políticas específicas, los resultados de las políticas ya implementadas, las necesarias actualizaciones de las políticas y el posible desempeño de las mismas. Es importante que como rutina se siga una metodología o procedimiento para buscar que la información –como uno de los recursos más importantes que posee un Think Tank– produzca los resultados que se espera. Para ello se propone las siguientes siete etapas de un proceso metodológico considerado clave para establecer nexos efectivos entre los gobiernos y los Think Tanks; los primeros, como actores que demandan productos y/o servicios y los segundos, como actores que los pueden prever. Estas etapas se indican a renglón seguido: Estructurar los problemas. Este procedimiento es útil para descubrir supuestos ocultos, diagnosticar causas, escoger objetivos, sintetizar criterios conflictivos y descubrir nuevas opciones en materia de políticas públicas. Elaborar diagnósticos. Permiten examinar futuros probables, potenciales y deseables; estimar los impactos de las políticas públicas, tanto 8

Namakforoosh Naghi, Mercadotecnia social. Editorial Limusa, 2005, pág. 123.

de las vigentes, como de las que se propongan; identificar posibles obstáculos futuros para el logro de los objetivos y estiman la factibilidad política de las políticas públicas. Plantear recomendaciones. Facilita la generación de conocimientos aplicables a las políticas que pueden ser aprovechables en el proceso decisorio. Establecer acciones de seguimiento. Útiles para evaluar y conocer el grado de cumplimiento con las leyes y reglamentos, descubrir las consecuencias imprevistas de políticas y programas e identificar unidades o individuos que impidan la ejecución de políticas vigentes. Enfatizar la evaluación. Proporciona información acerca de la forma como son resueltos los problemas; contribuye a la aclaración y análisis de los valores que impulsan una política determinada y ayuda al ajuste y a la formulación de políticas. Es conveniente tener presente

que la evaluación debe ser vista no como un fin sino como un medio para preceder al posterior análisis. Establecer parámetros de control. Los indicadores para el control deben ser colocados desde la etapa de formulación. Son uno de los medios necesarios para dirigir las políticas y retomar el rumbo cuando se haya perdido. Analizar profundamente los resultados. Todo organismo de ejecución debe ser responsable –a su vez– del proceso de análisis, en el sentido de escudriñar luego de la evaluación, cuáles fueron las causas por las cuales se cumplieron o no los objetivos y las metas propuestas, tanto las cuantitativas como las cualitativas. La Figura 3 señala con claridad el análisis de políticas públicas como herramienta efectiva para la resolución de problemas.

EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICAS PÚBLICAS COMO HERRAMIENTA PARA RE SOLUCIÓN DE Desempleo de las Políticas

Evaluación

Pronóstico Estructuración

Resultado de las Políticas

Estructuración

Problema por Resolver

Estructuración

Futuro de las Políticas

Estructuración

Seguimiento

Recomendación Actualización de las Políticas

Fuente: Communication and The Policy Making Process. Alberto Fernández de Castro. London School of Economics and Political Science.(1990)

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La figura ilustra el proceso descrito, señalizando –por medio de cuadros– los cinco tipos de información, y –a través de óvalos– los métodos que se pueden utilizar para producir información aplicable a las políticas y trasformarla en recurso práctico y útil, de fácil acceso para los gobernantes. Una comunicación efectiva (eficiente y eficaz) para los Think Tanks “A mí dadme lo superfluo, que lo necesario todo el mundo puede tenerlo”: Óscar Wilde

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Pero no basta con comunicar, es necesario que esta comunicación sea efectiva (eficiente y eficaz) y precisamente para ello una alternativa de comprobada utilidad es el enfoque de marketing. De acuerdo con él es necesario tener en cuenta las diversas necesidades, gustos y deseos de los individuos que utilizan los productos de los Think Tanks, es fundamental que éstos preparen los mensajes para comunicarlos adecuadamente a los distintos públicos objetivo. Con este propósito los institutos tienen que desarrollar estrategias alternativas para la comunicación efectiva de políticas. Las recomendaciones del profesor Dunn para comunicar y difundir efectivamente los productos y/o servicios de los Think Tanks consecuencia, en últimas, de su labor son las siguientes: Establecer claramente un plan de promoción de los resultados previo a la realización de cualquier investigación. Programar la labor de promoción, acorde con el calendario trazado para los eventos más importantes de significación nacional, tales como aprobación de leyes, debates parlamentarios, agenda presidencial relacionada con el tema en cuestión. Crear mecanismos de comunicación recíprocos, de doble vía, con el fin de aprovechar las ventajas de la retroalimentación (feed back). Realizar el seguimiento del éxito o del fracaso originado a raíz de las recomendaciones, con el

fin de identificar oportunidades futuras para incrementar la efectividad de las acciones. Identificar los medios de comunicación más efectivos para maximizar su alcance al público objetivo; aquél que debe conocer, enterarse o recibir la información. Reforzar, mediante contactos personales, los informes o mensajes impresos. La comunicación de políticas públicas por su mismo carácter de contingencia, tiene diversos escenarios y, por lo tanto, es recomendable: Realizar diferentes presentaciones a tres clases de públicos específicos por lo menos, haciendo énfasis en: Aquellos que son altamente susceptibles y tienen confianza en los métodos y recomendaciones de los analistas. Los que tienen poco conocimiento de la materia y poco tiempo para asistir a reuniones. Los públicos que demuestren poca confianza en el instituto y/o en sus analistas. Reconocer la diversidad de las necesidades de información. Evitar la enumeración de los antecedentes excesivos.

integral de políticas públicas, que puede aseverarse, sin equivocaciones, que sin ellas existe un alto porcentaje de probabilidad de que los productos, servicios y todas las realizaciones del instituto, incluyendo su imagen, pierdan la efectividad necesaria para cumplir sus propósitos. A lo largo de este capítulo se ha propuesto un camino práctico y viable para que los Think Tanks alcancen la tan anhelada efectividad. Vale la pena ahora hacer la invitación para que los

Concentrarse en conclusiones en lugar de los métodos utilizados para llegar a ellas. Despertar credibilidad en los temas que se expongan. Tener especialmente presentes las limitaciones de tiempo de los interesados. Evitar el lenguaje demasiado técnico o sofisticado. Tratar con equidad y objetividad tanto a los defensores como a los opositores de los diferentes temas.

Elaboración de materiales

CONOCIMIENTO Problemas de políticas Futuros de políticas Acción en el ámbito de políticas Resultados de políticas Desempeño de políticas

PARTES INTERESADAS Fijación de metas Adopción de políticas Evaluación de políticas

Utilización de conocimientos

Comunicación interactiva

PRESENTACIONES Conversaciones Conferencias y Reuniones

Elaboración de materiales

DOCUMENTOS Memorandos Documentos sobre interrogantes Resúmenes ejecutivos Apéndices Boletines de prensa

Comunicación interactiva

Fuente: Darío Abad Arango y Carlos Salazar Vargas (1998)

Por tales razones, los Think Tanks tienen que desarrollar estrategias alternativas para la comunicación efectiva de políticas, lo cual se puede observar en forma gráfica en la figura siguiente, donde se presentan la dinámica, secuencia y elementos principales para una comunicación efectiva de los Think Tanks en función como institutos de políticas públicas. Elementos para una Comunicación Efectiva de los Think Tanks Son tan importantes las estrategias de comunicación diseñadas en forma específica y concreta para cada una de las etapas del proceso

directivos de estos institutos comprueben lo anteriormente descrito, mediante la confrontación de procedimientos, rutinas, acciones y estrategias tradicionalmente utilizadas por ellos, con las presentadas en este capítulo. Es innegable que el entorno de contingencias, máxime cuando pretenden introducir reformas o apoyar temas que generen controversia. Estos centros de excelencia, son los lugares propicios para dilucidar y escoger justificaciones, plasmar objetivos, encontrar puntos de convergencia, descubrir discrepancias y encauzar argumentos a favor o en contra de medidas de gran impacto para el desarrollo de los países.

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R ESEÑA Libertad Económica Francisco R. Calderón

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La publicación Libertad Económica para México es un librito pequeño por el número de sus páginas pero grande por su contenido; fue distribuido a los asistentes en un foro del mismo nombre organizado por el Mexico Business Forum, la Fundación Friedriech Naumann del Partido Liberal Alemán, el Fraser Institute y la organización Caminos de la Libertad; la publicación incluye un prólogo de Sergio Sarmiento (C de la L) y tres ensayos: uno de Luis Rubio (CIDAC), otro de Roberto Salinas (MBF) y Carlos Peláez (ITAM) y un tercero de Luis Foncerrada (CEESP). Sarmiento atinadamente afirma que la libertad económica ayuda a construir sociedades más prósperas debido a que con ella las personas están más dispuestas a ahorrar e invertir y, para probarlo, presenta los casos de Hong Kong y Singapur cuyo desarrollo ha sido impresionante en la última mitad del siglo XX gracias a su libertad económica mientras que en el mismo periodo los habitantes de Zimbabue y Venezuela

se han empobrecido por las restricciones impuestas a la libertad por sus gobernantes. El contraste es tanto más apabullante cuanto que los dos primeros estados carecen totalmente de recursos naturales mientras los dos segundos los tienen en abundancia. La libertad económica se mide por un índice; el Fraser Institute –desde 1996– para elaborarlo toma en cuenta 42 parámetros divididos en cinco grandes áreas: a) tamaño del gobierno: gasto, impuestos y empresas b) estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad c) acceso a una moneda sana d) libertad de comercio internacional y e) regulación crediticia, laboral y de la empresa. El índice se construye con información proveniente de todos los países del globo. No existe una correlación absoluta entre la libertad y la prosperidad económica: por ejemplo, México ocupa el lugar 57 por su grado de libertad y está peor calificado que Belice, Guatemala, Honduras y ¡Haití! Obviamente el grado de liber-

tad económica no es el único factor para determinar el nivel de prosperidad sino que habrá que tomar en cuenta otros como tiempo que lleva de implantarse la libertad, la estabilidad política, el nivel de educación, etc. Lo que sí es cierto es que los diez países con mayor libertad económica pertenecen al primer mundo mientras que los diez menos libres son del tercero. Luis Rubio en su ensayo Libertad y Prosperidad hace ver cómo Chile y Brasil empezaron a crecer no bien incrementaron sus libertades económicas y compara como casos extremos el de Chile y el de Venezuela, en el que la economía crece en el caso chileno y se desploma en el venezolano. Rubio narra cómo en su juventud, después de algunas tentaciones marxistoides, cayó en cuenta que lo que hace funcionar a una economía no es el control de los recursos sino el riesgo que asumen los individuos al invertir, experimentar e innovar en un ámbito de competencia.

R ESEÑA

Al apuntar que México cayó del lugar 56, en 2005, al 70, en 2007, y al 75, en 2009, muy atinadamente comenta que si bien parte de la caída se puede explicar por el impacto financiero mundial, la del 2005 a 2007 obliga a pensar en otros elementos en juego como el gasto público, los ingresos del gobierno y la protección a los derechos de propiedad. Por su parte, Roberto Salinas y Carlos Peláez en su ensayo Libertad económica en México hacen ver que afortunadamente nuestro país es hoy un referente a nivel mundial en estabilidad macroeconómica gracias a políticas adoptadas desde la década de los 90: el saneamiento de las finanzas públicas, política monetaria ortodoxa, independencia del Banco de México, abatimiento de la inflación, manejo prudente de los calendarios de amortización de la deuda pública, reforma al sistema de pensiones y apertura del comercio exterior entre otras.

No obstante lo anterior, México se ha quedado a medio camino rumbo al desarrollo económico: no ha podido obtener una calificación superior a 7 de 10 puntos en la historia del índice, su crecimiento en los últimos 30 años ha sido insuficiente para aumentar los niveles de bienestar del pueblo y ha quedado rezagado respecto a Brasil, Chile, Corea, China e India, mientras que para 1980 presentaba niveles de libertad económica superiores a los de estos países. Las razones de este rezago han sido los residuos de intervencionismo estatal, el corporativismo y la falta de avances en la productividad de los mexicanos. Finalmente, Luis Foncerrada expone en su ensayo -Nuevas Políticas Públicas para Méxicomúltiples y muy bien razonadas propuestas para superar el anquilosamiento de la economía en las que ha venido trabajando el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado desde hace décadas, entre otras:

a) la eliminación de subsidios para los deciles de ingresos más altos de la población como el de la gasolina y alimentos a través el IVA, igualmente los subsidios en precios y tarifas generalizados para enfocarlos a los deciles más bajos, b) permitir la inversión privada en el sector energético, c) establecer presupuestos federales multianuales, d) definir mecanismos de monitoreo para lograr mayores niveles de transparencia en la ejecución presupuestal, e) simplificar la carga impositiva, mediante que las empresas realicen un solo pago a Hacienda por impuestos, IMSS e Infonavit, f) reducir para las empresas el costo de la formalidad y ofrecer estímulos a los que se incorporen a ella, etc. En fin, es recomendable por todos conceptos la lectura y el estudio de esta colección de ensayos a todos aquellos interesados en la formulación e instrumentación de políticas públicas.

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R ESEÑA Foro México próspero Paulina Lomelí García El pasado 27 de octubre la Fundación Rafael Preciado Hernández organizó un foro de consulta ciudadana a fin de conocer las propuestas económicas de la sociedad para el documento de la Plataforma electoral 2012 de Acción Nacional, del que es responsable el Dr. Gerardo Aranda Orozco, también director general de esta institución. En lo que respecta al eje temático México Próspero, el coordinador general es el Mtro. Fernando Canales Clariond; el vicecoordinador,Dr. Ernesto Cordero Arroyo y el secretario técnico el Mtro. Francisco R. Calderón Quintero. A continuación se hace una síntesis de los temas que se trataron:

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Competividad y desregulación Dr. Roberto Salinas León Presidente del México Business Forum • En este foro no se pretende tener el monopolio de la verdad. La finalidad es dar ideas innovadoras y retadoras.Se necesita un diálogo nacional y comunitario para enfrentar los problemas. • Las instituciones y los derechos de propiedad son esenciales para la prosperidad porque dan certidumbre a la vida

cotidiana (Douglas North, Nobel de Economía 1993). Lo que se busca es una economía guiada por la prosperidad encuadrada en un marco jurídico. Un marco jurídico que respete la premisa de que se requieren leyes generales aplicables a todos. Richard A. Epstein ha dicho que la clave de la prosperidad se encuentra en la naturaleza del marco jurídico. • Se requiere de un Estado limitado pero fuerte, capaz de proteger los derechos de propiedad bien definidos. • Las cosas que inhiben el crecimiento, como bien lo ha señalado el ex subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo, son: 1).-La insuficiente inversión en capital humano y en capital físico (infraestructura y educación). 2).- La lentitud para poder adaptarse a las nuevas tecnologías (los negocios hoy se hacen a la velocidad del cambio). Debemos aprovechar el bono demográfico dado que el promedio de edad es de 26 años y el problema de los “ninis” puede y debe solucionarse a tiempo. 3).- Una infraestructura institucional inadecuada que inhibe el potencial de los agentes económicos y ocasiona altos costos de transacción que extraen una parte de la utilidad obtenida.

• El CIDAC señala la existencia de una “zona de topes” que inhiben la producción. Como la incertidumbre en la legislación fiscal o el error de conceptualizar a la soberanía como la prohibición a la competencia (como en el caso de las telecomunicaciones y de Pemex). Otro ejemplo es lo tortuoso que es cerrar una empresa en México. Debe haber una simplificación en el sistema tributario para facilitar las cosas tanto a los trabajadores como a los empresarios. • Hay estudios que señalan que con la aprobación de las reformas laboral y la fiscal el PIB se duplicaría. Pero a la par de la existencia de un sobrediagnóstico, los incentivos están perfectamente alineados para que no haya acuerdos. • La propuesta para el sector de hidrocarburos es que se separe la producción de la propiedad de los hidrocarburos, individualizando la propiedad sobre los hidrocarburos por medio de un gran fideicomiso, a partir del cual se pueda repartir un dividendo a todos los mexicanos. • Para llevar a cabo las reformas con el apoyo de la ciudadanía se deben incluir los conceptos de cobertura universal y seguro de desempleo.

R ESEÑA Energía Dr. Juan Pardinas Director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) • México gasta más recursos en subsidiar la energía y los combustibles fósiles que en combatir la pobreza y la desigualdad. El país es más desigual y más injusto cada vez que se gasta un peso en subsidiar la energía. En el año 2011 se destinarán cerca de 300 mil millones de pesos en reducir artificialmente los precios de: electricidad,gasolina,diesel y gas LP. • Mientras el mundo busca reducir el uso de combustibles fósiles en México les abaratamos el precio.De acuerdo a la OCDE, entre 2005 y 2009, los subsidios a la energía fueron equivalentes a 1.5% del PIB en promedio por año. • El subsidio a la electricidad se otorga a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con base en un complejo sistema de tarifas subsidiadas.¿Cuánto cuesta el subsidio? En 2009 y 2010, la CFE entregó cerca de 195 mil millones* de pesos por subsidios a los consumidores. El costo real del suministro es superior al 250% de la tarifa residencial. • El monto del subsidio a la electricidadequivale a: 7 veces el presupuesto de la UNAM. Con esos recursos, dos millones cien mil jóvenes podrían tener acceso a educación superior.Se podría atender más del 50% de los nini’s en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo

León y Tamaulipas. • Los problemas asociados al subsidio son los siguientes: 1).- Complejo tabulador de más de 40 tipos de tarifa. 2).Los subsidios a la energía crean desincentivos para el ahorro. 3).- Los subsidios generalizados son altamente inequitativos. 4).- La gasolina barata es más barata para el que más tiene. • México gasta cada año 4 veces más en subsidiar el combustible que en programas para combatir pobreza. De 2006 a 2010, el subsidio ha significado 400 mil millones de pesos.Para 2011, la Secretaría de Hacienda ha estimado el subsidio por 170 mil millones de pesos. • Esta cifra equivale a: 2.1 veces el presupuesto de Desarrollo Social;1.6 veces el de Salud;4.78 veces, de Seguridad y 1.5 veces, el del ISSSTE. Con los subsidios a la gasolina de 2011 se podrían construir dos líneas de Metrobús en cada una de las 25 ciudades más grandes del país (equivalentes a la Línea 3 de la Ciudad de México con presupuesto de 3 mil millones de pesos). • El precio de la gasolina está determinado por los precios internacionales.México importa combustible y lo vende a un costo menor. El diferencial es absorbido por el subsidio. El 20% de la población con mayor ingreso se beneficia con el 50% de ese subsidio. • ¿Qué se ha hecho? Política de precios de cambio moderado y sostenido por medio

de un desliz para: Proteger economía familiar; evitar efectos inflacionarios. Ningún país ha logrado reducir la pobreza con subsidios a la energía. • Hay países con gasolina más barata, pero México no tiene incentivos para estar en las circunstancias de esos países. En Estados Unidos, el precio de la gasolina es 50% mayor, en Brasil 126% mayor. • Entre 2003 y 2011, bajo el gobierno de Lula en Brasil, 40 millones de personas dejaron las condiciones de pobreza para ingresar a la clase media. • Los subsidios a la energía representan un ejercicio ineficiente del gasto público que no contribuye para tener una sociedad más justa y una economía más competitiva. Política fiscal Mtro. Francisco Lelo de Larrea Director de Investigación en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) • El 89% del aumento estimado en el total de ingresos -para 2012- proviene del petróleo. • En la actualidad, las empresas deben enfrentar el pago de muchos impuestos, lo cual inhibe la formalidad: ISR, IETU, IDE, IMPAC, IMSS, INFONAVIT, SAR, Nómina. • Aunque nuestro país ha mejorado en el tiempo que se requiere para cumplir con el fisco, aún se necesitan 404 horas para hacerlo. • Existen costos laborales elevados que muchas veces determinan la posibilidad de

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R ESEÑA ampliar o no la plantilla laboral. • La mayor informalidad se relaciona con un menor nivel de seguridad, más carencias y menor calidad de vida. • Por ello se requiere un sistema tributario con las siguientes características: con pocos impuestos, sencillo, que propicie la formalidad, que fortalezca la recaudación no petrolera, que estimule la inversión y generación de empleos. • La propuesta del CEESP se resume en:Impuestos sencillos, fáciles de calcular, fáciles de pagar y fáciles de auditar: 1).- Simplificación. Un solo impuesto en vez de siete (ISR, IETU, IDE, IMPAC, IMSS, INFONAVIT, NÓMINA). 2).- Un solo pago mensual (o trimestral) al SAT, el cual se encargaría de hacer los traspasos al IMSS, INFONAVIT, Gobiernos estatales. 3).-Tasa única del IVA. 4).Sobre una base simple de calcular: ventas menos compras en base a flujo de caja (valor agregado de la producción). • Posibles problemas de implementación: 1).- La transición, 2).- Las cuotas al IMSS e INFONAVIT se vuelven parejas. 3).- Todo mundo tiene las mismas prestaciones independientemente de los niveles salariales, incluyendo las pensiones. 4).Acreditación de Impuesto Sobre la Renta pagado por empresas transnacionales. 5).Posible aversión de grupos de interés, incluyendo el gremio de los contadores públicos. • Principales ventajas: 1).Simple de calcular, simple de

pagar, simple de auditar, para cualquier empresa (y persona física con actividad empresarial). 2).- Hace innecesaria la contratación de un contador para calcular y/o pagar impuestos y contribuciones. 3).- Reduce significativamente el costo de las auditorías. 4).- Reduce significativamente el número de empleados del IMSS y del SAT dedicados a la fiscalización. 5).Ayuda a la creación de empleos, ya que se elimina el costo de la contratación asociado al IMSS e INFONAVIT. Desarrollo regional Mtro. Héctor Moreno Moreno Coordinador de Investigación de Análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) A partir del Informe sobre Desarrollo Humano México 2011: Equidad del gasto público:derechos sociales universales con subsidios focalizados, se concluyó lo siguiente: • En la actualidad existe progresividad del gasto federal descentralizado:El 25% de la población en las entidades federativas con menor nivel de desarrollo capta 34.1% de las Aportaciones.Si las entidades federativas gastaran según sus ingresos propios, el 25% de la población donde existe mayor desarrollo se beneficiaría del 64.1% del gasto. Sin embargo, las asignaciones totales a los municipios son ligeramente regresivas. • Lo que se concluye sobre los aspectos institucionales en

el uso de recursos es lo siguiente: Discrecionalidad en las entidades federativas. • Además existen los siguientes problemas que resolver: 1).- Breve periodo de análisis del presupuesto en entidades federativas (38 días). 2).Legislativos sin capacidades de análisis, ni información, ni uso de sus facultades. 3).- Una tercera parte de las entidades no publicaron el monto y las fechas de pagos a cada municipio. 4).Seis estados cuyos Acuerdos de Distribución siguen siendo deficientes tienen un IDH menor al promedio nacional. • Focos rojos en el control externo en entidades federativas: 1).- No todas las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) están apoyadas por un marco institucional que garantice autonomía. 2).- Serios retos en materia de recursos humanos y financieros. 3).- Auditorías mayoritariamente financieras (no de desempeño o impacto). 4).Consejos de evaluación sesgados o sin facultades. • Propuestas: 1).- Crear o fortalecer órganos de evaluación autónomos. 2).- Otorgar o robustecer la autonomía de las entidades fiscalizadoras. 3).- Institucionalización de la política social en las entidades federativas. 4).- Criterios distributivos explícitos del gasto en la Ley General de Desarrollo Social. 5).- Reelección legislativa.