Bien Común 199 by Fundación Rafael Preciado Hernández

AÑO 17 NÚMERO 199 JULIO 2011

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C.

AÑO 17

NÚMERO 199

Presidente

Gustavo Enrique Madero Muñoz

Director General

Gerardo Aranda Orozco

Director General Adjunto

Salvador Abascal Carranza

Director de Estudios Políticos

Andrés Ponce de León Rosas

Director de Estudios Económicos

Francisco Calderón

Director de Estudios Sociales, Jurídicos y Proyectos Especiales

Oscar Javier Moya Marín

Director de Formación

JULIO 2011

Director

Armando Reyes Vigueras

Editor

Carlos Castillo

Coordinación editorial

María Elena de la Rosa Vázquez

Consejo Editorial

• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat • Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Dibujos de interiores

Retorno Tassier / Gonzalo Tassier

Corrección, diseño y formación

Retorno Tassier / Silvia Monroy

Eduardo Martínez Noriega

Director de Relaciones Institucionales

Armando Reyes Vigueras

CEDISPAN

Gerardo Ceballos

Director Administrativo

Eduardo Sánchez Macedo

La Fundación Rafael Preciado Hernández es una institución académica que tiene como principal objetivo la generación de ideas útiles que coadyuven a resolver los problemas de la sociedad mexicana en los ámbitos económico, político y sociocultural.

Elaborar, editar y publicar, directa o indirectamente, boletines, revistas, memorias, apuntes, libros, videos y similares.

La revista Bien Común es el principal órgano que la Fundación Rafael Preciado Hernández utiliza para dar a conocer públicamente los avances de los proyectos de sus investigadores. Al mismo tiempo que refrenda con este medio su compromiso con una cultura plural y democrática, abre espacio a otros analistas interesados en expresar sus puntos de vista sobre tópicos de actualidad para la sociedad mexicana.

Fomentar y financiar actividades de investigación social, política y económica dentro del país.

Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores no necesariamente reflejan la posición académica de la Fundación.

Actividades:

Los anuncios que aparecen en esta revista son resultado de convenios de intercambio no lucrativos establecidos con los interesados.

Objetivos:

Apoyar la capacitación social, política y económica de personas interesadas en estos temas.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, dirigir y, en general, llevar a cabo directa o indirectamente cursos, seminarios, conferencias, reuniones de estudio, foros, mesas redondas, congresos y toda clase de actividades relacionadas con la política, los asuntos sociales y la economía.

Establecer relaciones y colaborar con otras instituciones similares del país y del extranjero.

Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. El tiraje es de 1500 ejemplares.

Certificado de licitud de título: 9152. Certificado de licitud de contenido: 6405. Reserva: 04–2004–081711193000–102 ISSN 1870–0438 Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para uso académico, con la cita completa de la fuente. No se devuelven originales.

Impreso en: Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V. Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de Churubusco, México, D. F. Tel.: 56 33 28 72 Correspondencia:

Revista Bien Común Ángel Urraza 812, colonia Del Valle,

03100, México, D.F. Tel / Fax: 55 59 63 00

areyes@fundacion.pan.org.mx www.fundacionpreciado.org.mx

Editorial COLABORADORES • Gerardo Aranda Orozco. Director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Jaime Aviña Zepeda. Médico e investigador en el tema de la Familia. • Andrés Ponce de León Rosas. Director de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Coral Macias Flores. Exinvestigadora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • María de Lourdes Ramírez Flores. Politóloga por el ITAM. Investigadora de la Dirección de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Político en instituciones educativas españolas. • Paulina Lomelí García. Economista e investigadora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Martha Silva Antonio. Doctora en Ciencias Sociales por la UAM-X, con especialidad en relaciones de poder y cultura política. Funge actualmente como catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM y del IPN, en donde preside la Academia de Sociedad y Ética Profesional. Tiene diversos artículos sobre participación política de empresarios en procesos electorales, análisis de coyuntura nacional e internacional, sobre partidos políticos, entre otros. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el público, en este último realizó labores de Análisis político regional y nacional; así como de análisis prospectivo. Así mismo, ha participado como consultora en materia de escenarios políticos y de cultura política. • Carlos Salazar Vargas. Licenciado en Administración con énfasis en Marketing Social por la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia), tiene Maestría en estudios políticos (Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Interdisciplinarios, Bogotá, Colombia), y realizó estudios avanzados de Administración y Políticas Públicas (Departamento de Gobierno, “London School of Economics and Political Science”). • Salvador Abascal Carranza. Filósofo y escritor. Director general adjunto de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C. • Víctor Alarcón Olguín. Doctor en Estudios Sociales. Desde 1997 es Profesor-Investigador Titular “C” en el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa. Entre 1994 y 1996 colaboró en la FRPH como Coordinador de Investigación y director de Bien Común. • María Elena de la Rosa Vázquez. Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septien García. Coordinadora editorial de la revista Bien Común. • Socorro Escorcia García. Licenciada en Archivonomía y encargada del Archivo Histórico del PAN desde 2002. • J. Gerardo Ceballos Guzmán. Historiador por la UNAM y director del Centro de Estudios, Documentación e Investigación sobre el Partido Acción Nacional (Cedispan). • Jesús Garulo García. Licenciado en biblioteconomía y encargado de la biblioteca del Cedispan de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

Centrales

¿Ganó el PRI?

Gerardo Aranda Orozco

Elecciones 2011, tentación restauradora Jaime Aviña Zepeda

Elecciones intermedias 2009: Un comparativo historiográfico

Andrés Ponce de León Rosas

Últimas tres elecciones, ¿reflejo del avance de la competitividad electoral? Coral Macías

Duración de las campañas electorales para gobernador María de Lourdes Ramírez Flores

Los cuatro grandes problemas de nuestra democracia Manuel Ramírez

Carta

Carta del director

Agendas

Disminución de la pobreza Paulina Lomelí

No todo está escrito. Importancia del acervo de la Fundación Rafael Preciado Hernández para el estudio del Partido Acción Nacional Dra. Martha Silva Antonio

Dossier

Los think tanks: Laboratorios para la acción democrática

Carlos Salazar Vargas

Reflexión

Los ecos de Chapultepec

Salvador Abascal Carranza

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Reseña

La deuda de los estados Paulina Lomelí

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EDITORIAL

os procesos electorales llevados a cabo en este 2011 arrojan, más allá de los resultados, una serie de información que a la luz del análisis y la reflexión contribuyen a entender mejor la realidad por la que atraviesa el país en su conjunto y, en particular, el Partido Acción Nacional como agente del cambio democrático y de la creación de conciencia ciudadana. La estadística, el cruce de información, el papel de los medios de información y de las nuevas tecnologías, así como los reglamentos electorales de cada estado son parte fundamental de este estudio posterior a los comicios, en el esfuerzo de comprender mejor el escenario en el que se desenvuelven las elecciones y, con base en esto, afinar y definir una estrategia en la que al llamado “trabajo de tierra” se sumen las ideas y las propuestas que, en unos meses, abanderará el candidato emanado de las filas panistas. En el presente número de Bien Común se busca contribuir a comprender el desarrollo y los resultados de las elecciones de este año, destacando, en primer lugar, una contribución en la que el director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Gerardo Aranda, analiza las lecciones más importantes de los comicios, el abstencionismo y dos aspectos que, propone, deben ser cruciales en futuras afrentas: los jóvenes y el impacto de las redes sociales. Jaime Aviña, por su parte, destaca los entornos políticos, económicos y sociales de aquellas entidades donde se realizaron cambios en la gubernatura, y cómo la creciente desconfianza de la sociedad en una clase política vetusta y anacrónica debe ser un aliciente para promover gobiernos donde la honestidad, la responsabilidad social y el compromiso democrático sean signos distintivos. 5

Respecto de las elecciones intermedias de 2009, Andrés Ponce de León aprovecha la información estadística para demostrar cómo los llamados “comicios intermedios” demuestran aún la hegemonía priista a nivel estatal, basada en el poder que los gobernadores han adquirido al debilitarse el otrora autoritarismo presidencial, en un fenómeno de la transición a la democracia que aún tiene pendiente acotar y regular a los ejecutivos en ese nivel de gobierno. De igual modo, Coral Macías hace lo propio con las últimas tres elecciones y respecto de los tres partidos políticos con mayor votación (PAN, PRD, PRI), para ahondar en los niveles de competitividad electoral en el país. Otro tema a destacar lo aborda María de Lourdes Ramírez, y es el de la duración de las campañas electorales y los marcos legislativos que regulan este aspecto, en el entendido de que el factor temporal puede alterar la competencia electoral y modificar con ello los resultados. Por otro lado, Manuel Ramírez resume los principales problemas que actualmente vive la democracia y que han contribuido a desprestigiar no sólo a los partidos sino a la clase política en general, deviniendo esto en apatía social hacia sus dirigentes, gobernantes y representantes. Presentamos como complemento, en la sección Dossier, un estudio amplio de los llamados Think Tanks o “tanques de pensamiento”, en el que uno de los mayores especialistas en políticas públicas, Carlos Salazar, destaca la importancia de un ejercicio político que, más allá de los temas coyunturales, cuente con un aparato crítico, generador de ideas y propuestas que esté en constante actualización, para responder así de manera real a los problemas y retos que enfrenta la democracia. Esperamos que esta edición de Bien Común, con la que festejamos además el XVIII aniversario de la Fundación Rafael Preciado Hernández, cumpla con la misión de ofrecer a sus lectores un análisis profundo y detallado de nuestro presente como país en uno de sus aspectos más importantes: el avance democrático a la luz de los procesos electorales.

Carlos Castillo López Editor 6

¿Ganó el PRI? Gerardo Aranda Orozco

Son muchas las lecciones que nos ofrece la jornada electoral del pasado 3 de julio, así como las preguntas cuyas respuestas permitan explicar los resultados que todavía hoy, a escasas 72 horas de terminada la jornada –al escribir estas líneas–, estamos procesando. Si bien a partir del año 2000 los comicios en México se empiezan a explicar por parámetros diferentes a los que nos ayudaban a comprender el fenómeno electoral en el siglo XX, asistimos a la reedición de prácticas que creíamos superadas y que modifican la competencia partidista. Cómo entender, a manera de ejemplo, que un candidato es apaleado en redes sociales, pero aun así triunfa en unos comicios en los que el abstencionismo llegó al 57%. Interrogantes de este tipo delinean el panorama al que nos enfrentamos en estos momentos. Lecciones electorales ¿Qué lecciones debemos extraer del 3 de julio? Una muy importante es que los partidos deben reflexionar profundamente respecto a los resultados obtenidos, incluso los que obtuvieron los puestos en disputa. Nadie puede cantar victoria cuando los votos alcanzados por el ganador representan menos de la cuarta parte del padrón.

Así, las campañas no motivaron la participación, particularmente en entidades como el Estado de México; sus 45 días de proselitismo deben ser replanteados, pues no contribuyen a una sana competencia ni modificaron la tradicional baja afluencia a las urnas. Otra lección tiene que ver con las alianzas y su impacto en las estrategias de los partidos. En 2010, la experiencia resultó favorable en Oaxaca, Puebla y Sinaloa para el PAN y el PRD. Las críticas no se hicieron esperar y para este año vimos cómo creció la oposición a las mismas entre los antes mencionados. Pero resulta que el PRI retuvo las tres gubernaturas en juego participando en alianzas, igual que perdió el año pasado con las mismas coaliciones. Esta figura llegó para quedarse y ahora debe ser considerada en cualquier escenario. Cómo hacerlas trascender de las campañas a los gobiernos, es el reto. En otro orden de ideas, vemos prácticas como la coacción y compra de voluntades que continúan presentes durante la campaña. Fui testigo, en Hidalgo, de la forma en que la fuerza pública intimidó a la población y agredió a diputadas panistas. Historias similares se vivieron en el Estado de México y Coahuila. Es obvio que la 7

Gerardo Aranda Orozco

idea fue desmotivar la participación. En muchos casos lo lograron. También hay una contabilidad oculta, misma que explicaría de dónde salieron los recursos para el voto de los ciudadanos o el efectivo que pusieron a disposición de representantes generales de ciertos partidos en el Estado de México, para retirarse de la vigilancia de las casillas. Es la misma contabilidad que incluye despensas, material de construcción, hasta celulares con cámara para la mampara y, por supuesto, la movilización de votantes el día de la elección. Si esa es la base sobre la que se construyó el supuesto éxito electoral tricolor, la lección nos debe llevar a preguntarnos si como ciudadanos estamos preparados para razonar nuestro voto o para venderlo. ¿Por qué no participa la gente? Una de las características del pasado proceso electoral, principalmente en la entidad más poblada del país, es la escasa participación de los ciudadanos al momento de acudir a la urna, lo cual contrasta con la movilización que ciertos partidos hacen de votantes afines –con todo y recompensa de por medio–. Si bien lo que origina este fenómeno se explica a partir de múltiples razones, es conveniente que nos detengamos en tratar de comprender por qué una persona no se siente, ya no digamos entusiasmada, comprometida en ir al centro de votación y depositar en la urna el voto. Debemos reconocer que la política actual –entendida como el conjunto de instituciones y protagonistas que participan en partidos, poderes públicos y medios– no generan las condiciones necesarias para lograr que la gente participe en procesos electorales. Este es un reto que los partidos deben afrontar de manera inmediata. Pero por otro lado tenemos lo que la gente piensa de la política. ¿Ganó? Se dice que el PRI ganó el 3 de julio, ¿qué ganó? No incrementó el número de gobiernos estatales, 8

Gerardo Aranda Orozco

sólo mantuvo los que ya tenía. Logró imponer al hermano del mandatario saliente, y hoy dirigente nacional de dicho partido, en Coahuila. Vio disminuida su presencia en Nayarit y en el Estado de México demostró que la “maquinaria electoral” es la que hace ganar elecciones. Los votos obtenidos por el tricolor rondan entre 21 y 25% del padrón electoral, con todo y alianzas, gracias a una estrategia no de convencimiento sino de intercambio. No obstante, en el terreno de la percepción si ganó, parece que va a la delantera en la carrera rumbo al 2012, pero no es para echar las campanas al vuelo pues se trata de algo que puede ser efímero, sobre todo si la participación ciudadana aumenta el día de la elección. Pero también los otros partidos deben reflexionar: no motivan una participación ciudadana amplia e informada, las disputas internas contrastan con la aparente disciplina tricolor, además de carencias en organización y estrategia electoral. Debemos aprender de los errores, sobre todo si vemos que la opción es un partido que apuesta por el nepotismo y que se ve envuelto en escándalos de enriquecimiento inexplicable. Finalmente, dos temas que deben motivar una profunda reflexión: los jóvenes y sus preferencias electorales, así como la influencia de las redes sociales. En el primer caso, no ven al PRI represor y asesino de jóvenes del 68 o de las devaluaciones que empobrecieron a las familias en los años 80, sino una opción para votar; en el segundo, particularmente en el Estado de México, el candidato priísta fue objeto de burlas y descalificaciones tras el primer debate del 8 de junio, particularmente en Twitter, pero eso no modificó las preferencias de los electores. Si el 3 de julio se ve como escala para arribar al 2012, se puede errar el rumbo, si se le ve como una experiencia más para corregir deficiencias, podemos tener una competencia aún más reñida que en 2006, con la incertidumbre sobre el resultado inherente a toda democracia. 9

Elecciones 2011, tentación restauradora Jaime Aviña Zepeda

El año que corre se caracteriza políticamente en México por los procesos electorales que se iniciaron en el estado de Guerrero, el 30 de enero, y terminarán el 13 de noviembre con las elecciones para gobernador en Michoacán. En el inter, se llevó a cabo ya la elección en Baja California Sur, el 6 de febrero, pero el plato fuerte electoral fueron las elecciones de Hidalgo, Coahuila, Nayarit; la estrella de todas, las elecciones en el Estado de México, que aconteció el pasado 3 de julio. Es interesante destacar que en las elecciones de Guerrero, la disputa entre dos miembros del PRI, uno de ellos postulado por el PRD, y al que finalmente se sumó el candidato del PAN, consiguiendo así derrotar al PRI –con el PRI– pues no llegó el candidato del oficialismo priista, pero llegó el candidato de la disidencia priista. Perdió el PRI con Manuel Añorve, y ganó el PRD con el priista Ángel Aguirre, haciendo, sin embargo, que la racha triunfalista del Revolucionario Institucional siguiera en declive y con un mal final para su presidenta Beatriz Paredes, que también cargó con la derrota en Baja California Sur. En efecto, sólo una semana después de la derrota en Guerrero ante el PRD, el PRI tuvo que asumir una nueva derrota ante el PAN, en Baja California Sur, donde por primera vez un candidato panista, en la persona de Marcos Covarrubias, asume el poder en dicho estado, y con mayoría panista en el Congreso local, 9 de 16, aunque sólo gana una presidencia municipal, Comondú; mientras el PRD derrotado se queda 10

con Mulejé y Los Cabos, y el PRI con La Paz y Loreto. Por lo que lo anterior, debe hacer pensar al PAN en la elección de sus candidatos a presidentes municipales. A partir de estos hechos, y en previsión de cualquier riesgo futuro, el PRI aceleró sus cambios internos y en relevo de Beatriz Paredes y como candidato único, Humberto Moreira substituyó por aclamación a la dirigente el pasado 4 de marzo de 2011, de la mano de Enrique Peña Nieto, iniciando de inmediato la campaña de éste a la Presidencia en 2012 y sacando candidatos “de unidad” en los cuatro estados en que se disputan gubernaturas, en especial para el Estado de México. En Hidalgo, la suerte electoral de Xóchitl Gálvez y el gran número de irregularidades en la elección de 2008, que finalmente fuero validadas por el instituto electoral local1 no presagian nada bueno para este proceso, aunque los actores políticos en pie de guerra dicen ir por la revancha. Pero no debemos olvidar que sólo se disputan alcaldías, bajo un gobierno que cada vez se aleja más de la posibilidad de la normalidad democrática. En el estado de Coahuila, sin ninguna vergüenza, el ex gobernador y ahora presidente del PRI, Humberto Moreira, hereda el trono a su hermano Rubén Moreira, y le deja una amplísima gama de familiares incrustados en el aparato estatal y de gobierno, así como en el partido, sindicatos y cuanto espacio político puede ser Galindo Castro, Adrián. “Elecciones en Hidalgo. La expectativa del cambio”. El cotidiano, número 165 enero-febrero 2011, pág. 51-59. Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco. Distrito Federal, México.

Jaime Aviña Zepeda

ocupado, de manera que hasta las mafias italianas o las de narcotraficantes pueden envidiar la eficiencia, en lo que respecta a depositar el poder en manos de un sola familia, y como diría el cómico Pompín Iglesias, “qué bonita familia” . Cuesta arriba se aprecia el panorama para Guillermo Anaya Llamas, candidato del PAN, y no se diga para el PRD con Genaro Fuantos y a Jesús González Schmall, ex panista, ex perredista y ahora petista, cuya trayectoria no lo hace muy simpático a los votantes norteños, ya que los más viejos lo conocieron con la camiseta azul y blanca de Acción Nacional. No debemos olvidar sin embargo, que el PAN en Torreón, Piedras Negras y otras ciudades de Coahuila, ha tenido triunfos y resultados buenos, por lo que la historia del estado puede dar algunos sustos a los Moreira, que también tienen su historia y no precisamente buena. Difícil para el PAN es explicar por qué al registrar a sus candidatos a diputados locales, el primer lugar lo ocupa Fernando Simón, pero como candidato de la UDC, y en el segundo una mujer, Norma Delgado Ortiz, que lleva como suplente a Evaristo Lenin Pérez Rivera, hijo de Evaristo Pérez Arreola, fundador y líder del STUNAM, militante pertinaz de la izquierda radical mexicana.2 Las encuestas de diferentes fuentes colocan muy por encima a Rubén Moreira, el candidato oficial, remontar éstas es tarea de gente grande, esperemos que los cuadros partidistas estén a la altura del reto. 2

El Heraldo de Saltillo. 24-05-2011

En el estado de Nayarit se renueva gobernador, 20 ayuntamientos, 18 diputados de mayoría y 12 de representación proporcional. El 11 de marzo la diputada del PRD con licencia, Martha Elena García Gómez, se registró como candidata del PAN, después de la contienda interna del PRD en que fue designado como candidato el también diputado Guadalupe Acosta Naranjo, con lo que la posibilidad de una alianza frente al gobierno estatal del PRI quedó desechada, y la oposición, dividida ante el candidato del PRI, no se ve cómo pueda siquiera aspirar a lo que fue la lucha en 2005, cuando la diferencia fue de cuatro puntos porcentuales. Si en eses entonces se hubiera dado una alianza, el PAN aportando sus 23 mil votos, habría marcado la diferencia y sacado al PRI del gobierno local. Roberto Sandoval Castañeda, alcalde con licencia de Tepic se ve frente a una oposición débil, con pocas posibilidades de superar el reto electoral, un PAN sin mayor presencia social, y un PRD con 2 candidatos, bajo 2 banderas diferentes. La continuidad del gobierno del PRI, garantiza la cobertura al gobierno anterior, cuyo endeudamiento no tiene explicación posible, excepto por la corrupción galopante y la falta de transparencia, que de ninguna manera será denunciada por su sucesor, ante el riesgo de afectar la llamada nueva imagen que encabeza Moreira con su candidato Peña Nieto. 11

Jaime Aviña Zepeda

El proceso electoral del Estado de México, es sin duda la cereza del pastel electoral de 2011, se trata del estado con mayor población y con municipios como Naucalpan y Tlalnepantla, cuyo desarrollo industrial ocupa sin duda un lugar privilegiado, debido a los ingresos que genera por concepto de impuestos, por el poder económico que representan y por la campaña de 6 años que su actual gobernador Peña Nieto está haciendo para su candidatura a la Presidencia de la República capitalizando cada inauguración, accidente o evento social, no se diga los eventos políticos organizados por el PRI, en donde se ha convertido en la estrella desde hace casi 3 años. Para Peña Nieto, el camino a la Presidencia de la República se inició desde antes de tomar posesión de su cargo como gobernador del Estado de México, y su desempeño y actuar no ha dejado de lado dicho objetivo, por el contrario, a medida que se acerca el final de su gobierno, trabaja para garantizar su postulación como candidato de su partido a ocupar el máximo cargo público del país. La elección de candidato a la gubernatura, por parte de los distintos partidos, tuvo la intervención de López Obrador para evitar la posible alianza PAN-PRD, por la que los ciudadanos votaron y luego se vieron defraudados cuando el PRD incumplió su compromiso, al imponer la candidatura de Alejandro Encinas. Ello clausuró toda posible alianza opositora para dejar al partido hegemónico3 (PRI) en inmejorables condiciones para una elección de Estado, en la que sus opositores se convierten en simples comparsas de un proceso en el cual el ganador está previamente designado por el partido en el poder. De tal manera que los opositores, de cualquier signo, se convierten en oposición leal4, que legitima el proceso sin posibilidad alguna de cambiarlo. Sartori Giovanni, Partidos y sistemas de partidos. I. Alianza Universidad Madrid, 1980 p. 278. 4 Loaeza Soledad, “El partido acción Nacional: la oposición Leal en México”, Lecturas de Política Mexicana, El Colegio de México 1977. 3

Con la elección del Estado de México, se comprueba una vez más, que no es lo mismo “sacar al PRI de Los Pinos”, que sacarlo de la ventanilla y mucho menos del inconsciente colectivo, que todavía espera el dedazo presidencial, cuya ausencia es aprovechada al máximo por los caciques locales del estilo de Peña Nieto, apoyados por el PRI, repartiendo camionetas, dinero, y prometiendo puestos públicos al por mayor para sobornar a las fuerzas vivas, cuya representación tomó el senador, ex perredista Víctor Hugo Cirigo y apoyó la candidatura del ungido, Eruviel Ávila. Esto confirma que el paso del PRD al PRI y a la inversa es la constante entre estas dos instituciones políticas, ambas herederas del antiguo régimen, pues el PRD, fundado por ex priistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís, entre otros cientos más. La elección faltante para el mes de noviembre es Michoacán, y a la distancia ya se aprecian diversos posicionamientos, desde el borrego del candidato único postulado por todos los partidos y propiciado por Humberto Moreira; la inmediata reacción de Luisa María Calderón (Cocoa) señalando que va por el gobierno desde el PAN, campaña en la que lleva varios años, con posibilidades de disputar al PRD, dominante en el estado, la silla de gobierno en Morelia. El PRI, tampoco se queda sin combatir en un estado donde la inseguridad y la violencia provocan desplazamiento de familias y desquiciamiento de la producción agrícola, a la par de un explosivo crecimiento del narcotráfico y la delincuencia, abonando el terreno para el cambio de gobierno. Para la elección en Michoacán, falta más tiempo, pero las confrontaciones entre los principales partidos son el pan de cada día y la nota amarillista –que más que de comunicación parecen de formación de opinión– y consecuentemente “amarradores de navajas” entre los gallitos de la pelea por el poder.

Jaime Aviña Zepeda

Estos procesos electorales son como distractores de los hechos importantes, las reformas que tanto se requieren, y a las que es imposible llegar, por la falta de consenso y colaboración entre las fuerzas políticas representadas en los partidos, presentes en el Legislativo, paralizado en lo importante y agitado en lo anecdótico e intrascendente. Parodiando a Ortega y Gasset, en su España Invertebrada,5 en México, la cabeza representada por la presidencia todopoderosa parece haberse quedado sin cuerpo, al no existir vertebración en el Legislativo y el Poder Judicial, manos y pies del sistema, ni camina ni corrige los errores jurídicos, que hoy paralizan la acción de la justicia, dando la imagen precisa de un México Invertebrado. No hay régimen estable sin confianza, y la desconfianza es la norma entre los partidos, entre los ciudadanos y el gobierno, entre la presidencia y las instituciones, entre todos los actores políticos, y sobre todo entre el pueblo llano y las instancias de gobierno. La institución mexicana con el mayor índice de confianza entre los ciudadanos, el Ejercito, ha tenido que salir a las calles por los problemas de inseguridad que independientemente de los procesos electorales, mantienen a una gran parte de la población en estado de alarma y frente a esto, tal vez vale la pena volver los ojos al Capítulo XIV de los Principios de política6 de Benjamín Constant, que aunque viejos, son referente obligado respecto al uso de las fuerzas armadas. La respuesta reciente a estos problemas viene desde las marchas y protestas como la encabezada por Javier Sicilia para ciudadanizar a la policía, la política y todo lo que se pueda para establecer el democratísmo, sin pasar por la democracia. En las elecciones del 2000, se dio la transición democrática, pero su consolidación está pendiente por el afán de restauración manifestado por los restos del antiguo régimen, su estra-

tegia es mantener la transitocracia,7 y en ella apostar al fracaso del gobierno de Acción Nacional, sin importar si con ello se arruina la Nación y sus ciudadanos, esperando como Fouché8, Duque de Otranto, la restauración de su monarquía sexenal con los privilegios de que saben hacer uso con la experiencia acumulada durante más de 70 años. El gran riesgo electoral es el retorno del antiguo régimen, la recuperación de lo que el PRI considera su patrimonio. Octavio Paz9 en El Ogro Filantrópico define como patrimonialismo: “el cuerpo de los funcionarios y empleados gubernamentales, de los ministros a los ujieres y de los magistrados y senadores a los porteros, lejos de constituir una burocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amistad, compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal”. El patrimonialismo es la vida privada incrustada en la vida pública. Los ministros son los familiares y los criados del rey. La corrupción como principio de gobierno. Terminaré citando el cuento corto de Augusto Monterroso, porque esto le puede pasar a México: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. El patrimonialismo es la vida privada incrustada en la vida pública. Los ministros son los familiares y los criados del rey. La corrupción como principio de gobierno. Terminaré citando el cuento corto de Augusto Monterroso, porque esto le puede pasar a México: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.”

Silva-Herzog Márquez, Jesús. El antiguo régimen y la transición en México. Editorial Planeta 1999. Pág. 63-77. Stefan, Zweig. Editorial Andrés Bello pág.253-67. 9 Paz, Octavio. El Ogro Filantrópico. Ed. Joaquín Mortiz, 1979 pág. 91. 7

Ortega y Gasset José. España invertebrada. Colección Austral, núm. 1345. 6 Constant, Benjamín. Principios de política. Cap. XIV Fuerzas armadas y estado constitucional. 5

Elecciones intermedias 2009: Un comparativo historiográfico Andrés Ponce de León Rosas

Siempre será importante el contraste histórico. Si el estudio de la historia tiene valor, toda vez que a través del conocimiento de lo pretérito podemos entender el presente y aspirar a vaticinar el futuro, la relevancia de esta investigación, en tanto que ejercicio de contraste historiográfico, es precisamente la cualidad de permitirnos un mejor entendimiento del último referente electoral federal en México (el presente), y la posibilidad que nos abre para plantear una 14

adecuada agenda de reformas, que efectivamente mejore las condiciones de equidad y promuevan la competitividad electoral en los próximos eventos electorales (el futuro). El sistema político mexicano elige cada tres años a sus Diputados Federales, y cada seis al Presidente y a los Senadores de la República. La Figura 1 muestra la coincidencia de las diferentes elecciones (diputados, senadores y presidente) en los procesos electorales federales.

Andrés Ponce de León Rosas

Figura 1 Diputados Senadores Presidente

Diputados Senadores Presidente

Diputados

Diputados Senadores Presidente

Diputados

Fuente: Elaboración propia

Cada intervalo en el esquema anterior, representa 3 años naturales. En el caso de nuestra realidad concreta, las últimas elecciones presidenciales en México, acompañadas como se muestra por elecciones a diputados y senadores, se han celebrado en los años de 1994, 2000 y 2006. Esta caracterización de tiempos y periodos nos sirve, más que para precisar un hecho electoral mexicano, para aclarar que en lo que resta del documento, nos referiremos a las elecciones federales en las que sólo se eligen a diputados, como Elecciones Intermedias. Establecida la precisión conceptual, las pasadas elecciones intermedias del 5 de julio de 2009 estuvieron acompañadas, antes y después de la elección, de los juicios y debates que pretenden ubicarlas en su adecuada posición histórica. Efectivamente, como se dijo en el sumario inicial, los comicios federales de julio tuvieron elementos que los hacen distinguibles de otros, y sin embargo, el conjunto de sus características definitorias es una realidad añeja que recuerda a Carlos Castillo Peraza, que decía que en los procesos de transición, necesariamente conviven “un pasado que no termina de morir” con un “futuro que no acaba por nacer”. Las diferentes investigaciones sobre la dinámica electoral en México han mostrado que la agenda de consolidación democrática tiene, en la representatividad legislativa, a su gran área de oportunidad. La pluralidad en la conformación del Poder Legislativo es pues, es el espacio donde más urgentemente se necesitan los cambios

que aseguren la equidad en la contienda y más aún, la ciudadanización de la política. Pudiera derivarse una confusión con las afirmaciones anteriores, clarifiquemos. Efectivamente, los avances democráticos que se derivaron de la victoria histórica del candidato de Acción Nacional, Vicente Fox Quezada, han sido notorios y han asegurado un conjunto mínimo de condiciones democráticas para el país. Sin embargo, cuando no hay elecciones presidenciales que coincidan con las elecciones a diputados, es decir cuando nos encontramos en el escenario de una elección intermedia, no damos cuenta que los retos de la efectiva democracia participativa siguen estando en la agenda, cada vez más urgentemente requieren de solución. A manera de comprobación, el Cuadro 1 nos presenta el mapa de México, dividido en los 300 distritos electorales, iluminado cada uno según el color representativo del partido ganador. Sólo con mirar la realidad que cada seis años se presenta, en la que el antiguo partido oficialista gana la mayoría apabullante de distritos electorales, podemos entender que los ciudadanos mexicanos tienen pocas oportunidades de efectiva representación. El Cuadro 1 nos muestra al país, por distritos electorales, iluminados estos según el partido ganador; así, en los distritos de color rojo, el PRI obtuvo la mayoría de votos para sus candidatos a diputados federales; los distritos azules son los que albergaron a una mayoría de votación panista, y los amarillos restantes simbolizan a las mayorías perredistas. 15

Andrés Ponce de León Rosas

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia

Este cuadro anterior, con sus colores, no presenta de golpe una realidad, según la cual cada seis años, la representación legislativa ha sido y correspondido al Partido Revolucionario Institucional (PRI), antiguo partido oficial y hegemónico. La historia del proceso electoral 2009, que en este caso no tiene referido un mapa iluminado por distrito –aunque sí por estados (Mapa 1)– es similar, y por eso decimos que recurrente, a las que presentamos en el Cuadro 1. Mapa 1

Fuente: Elaboración propia, con datos del IFE

Andrés Ponce de León Rosas

Así pues, con un ejercicio de contraste cuyas herramientas principales son meros mapas iluminados estratégicamente, nos podemos dar cuenta de cómo la realidad política de México, a pesar de los grandes avances democráticos, aún es tarea inacabada. Hasta aquí, hemos sólo insistido en que el pasado 5 de julio de 2009, como referente principal de un proceso más largo y complejo, es una confirmación recurrente de lo que ha sido la historia electoral mexicana, para demostrarlo plenamente, no bastan cuatro mapas, en adelante emprendemos la tarea de clarificar en sus detalles. Centramos nuestra investigación en el comparativo de tres elecciones intermedias, esto es: la elección del 6 de julio de 1997, las elecciones de 2003 y la pasada elección del 5 de julio de 2009. Para el cabal cumplimiento de nuestros objetivos, hemos precisado de datos agregados del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Cámara de Diputados, así como datos que, con las propias metodologías del análisis de la opinión pública, desagregan estos datos en diferentes segmentos del electorado. Para ello, decidimos consultar a las diferentes encuestas de salida que hacen un intento por develar el perfil del votante, en las tres elecciones intermedias que nos competen. Asimismo, para los efectos de la exposición detallada, nos servimos en las siguientes

páginas de la geografía nacional, por ello, en lo que resta se podrán apreciar diferentes mapas que con la selección de colores expongan alguna de nuestras ideas. Si en la sección anterior dijimos que las variables relevantes para nuestra investigación y ejercicio de comparación son las características agregadas de la votación y la inducción de las características personales del votante promedio, implícitamente estamos presentando la metodología que habremos de seleccionar para desarrollar nuestro ejercicio de investigación. A continuación, los materiales de la estadística, de la política electoral y geografía mexicanas darán cuerpo al estudio sobre la pasada elección 2009. El 5 de julio de 2009, las instituciones mexicanas enfrentaron un proceso electoral en el que se eligieron, a nivel federal, 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional. El sistema de mayoría relativa, como es común en los diferentes sistemas políticos del mundo, requiere sólo de una mayoría simple para la definición de la elección; es decir, basta con que uno de los candidatos tenga un voto más que los demás para que gane la elección. Para su propio conocimiento geográfico, el Mapa 2 nos presenta, con una división territorial por estado (líneas gruesas), la división política de México en los 300 distritos electorales (líneas delgadas). 17

Andrés Ponce de León Rosas

Mapa 2

Fuente: Elaboración propia, con datos del IFE

Las votaciones del 5 de julio de 2009 definieron, en la estructura distrital mexicana, un acomodo de representación que se expone en el siguiente Cuadro 2. Cuadro 2

Partido

Diputados Mayoría Relativa

PAN

PRI

184

PRD

PVEM

Nueva Alianza

Convergencia

Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados

Andrés Ponce de León Rosas

Tenemos que decir que paralelamente a la elección de Diputados Federales, las diferentes regiones del país enfrentaron, a discreción, procesos estatales y locales. El Cuadro 3 nos presenta los números de lo que el pasado 5 de julio se eligió. Cuadro 3 Gobernadores

Alcaldes

588

Delegados (DF)

Diputados Federales (MR*)

300

Diputados Federales (RP**)

200

Diputados Locales

368

Asambleístas***

Total

1544 cargos de elección popular, con todo lo que ello implica desde el punto de vista comercial, social y político. Los resultados que prevalecieron en el ámbito de la representación proporcional requieren, para ser presentados, una clarificación conceptual. El Mapa 3 nos muestra la división territorial de México según las 5 diferentes circunscripciones electorales.

1544

* Mayoría Relativa ** Representación Proporcional (Plurinominales) *** Representantes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Fuente: elaboración propia con datos del Periódico Reforma

Mapa 3

Fuente: Elaboración propia

Andrés Ponce de León Rosas

Por cada circunscripción, de acuerdo al nivel de votación de cada partido, se elegirán a los diputados que aseguren la representación a través de un sistema de listas, según el cual, cada partido presentará un listado de 40 nombres por circunscripción que de acuerdo al nivel de votación, irán entrando (convirtiéndose en diputados) de a uno. Como hicimos con la estructura de los diputados de mayoría relativa, presentamos a continuación la de los diputados de la Representación Proporcional (Cuadro 3). Cuadro 3 Partido

Diputados Mayoría Relativa

PAN

PRI

PRD

PVEM

Nueva Alianza

Convergencia

Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados

El documento que tiene en sus manos es, al final de cuentas, una comprobación de hipótesis, específicamente de dos elementales anunciadas a continuación: • El proceso electoral del 2009 no es, ni representa, una nueva realidad. En cambio, es la confirmación de que las estructuras –anquilosadas como se verá- de la representatividad democrática en México siguen favoreciendo, en lo general, al partido que ostentó la Presidencia de la República durante de 70 años, y en ese sentido es que el último referente electoral federal, confirma la necesidad imperante de agilizar la agenda de reformas que acabe de asegurar condiciones equitativas de competencia electoral. 20

• Ha variado la composición partidista en México. Asimismo, ha disminuido la identificación partidista de los electores entre una elección y otra y ha aumentado el número de independientes. • Tanto en las elecciones de 2000 como en las de 2006 se presentó voto estratégico, es decir, que no todos los electores identificados con un partido votaron por su candidato presidencial, sino por su segunda mejor preferencia a fin de evitar que ganara su peor preferencia. Este voto estratégico fue decisivo en ambas elecciones. De esta manera, independientemente de la agenda de medios y su franca apuesta por las interpretaciones que entienden a la elección del 2009 como la gran derrota de unos y la gran victoria de otros, entre introducción y desarrollo metodológico hemos presentado una realidad que ya parece ser, según nuestros argumentos, vieja y recurrente; lo que sigue sólo es insistencia de los mismo. No podemos pensar que haya una mejor manera de iniciar esta investigación, o el cuerpo específico de su desarrollo, que mostrando inmediatamente cuál fue el saldo, en términos de los porcentajes Cuadro 4

Partido

Votación (%)

PAN

28%

PRI

37%

PRD

12%

PVEM

Nueva Alianza

Convergencia

Elaboración propia, con datos del IFE

Andrés Ponce de León Rosas

Si hemos insistido en que este documento presenta a lo largo de sus diferentes secciones un comparativo histórico, la siguiente gráfica se hace necesaria, pues solo la exposición de los resultados no dan, de nuevo a pesar de lo que algunos actores de la sociedad hacen, para enjuiciar al anterior proceso federal; para ello necesitamos de un marco de referencia, que en este caso serán las dos elecciones intermedia anteriores, 1997 y 2003. Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

La Gráfica 1, en ese danzar de barras multicolores, no presenta los porcentajes de votación a favor de los tres principales partidos en tres momentos de su historia política: las ya recurrentes tres últimas elecciones intermedias. El análisis es el siguiente, mientras que el Partido Acción Nacional ha mantenido un nivel constante de votación a favor, el PRD ha mostrado, a lo largo de estas últimas tres elecciones, un franco deterioro en su capacidad para representar ciudadanos, pasando de 26 por ciento a 12 por ciento, lo que significa una caída de 14 puntos porcentuales o un decremento del 54 por ciento. El PRI en cambio, con una mínima variabilidad, mantiene un promedio elevado de votación a favor. Podemos ir más allá de la simple comparación que proponemos en este documento. Si revisamos la composición de la Cámara de Diputados a lo largo de las últimas 14 legislaturas, un periodo que abarca de 1970 a 2009, sí podremos observar un incremento sostenido en la pluralidad partidista en México. Representando la posición de los tres principales partidos en la Cámara de Diputados, según el número de legisladores en cada legislación, la Gráfica 2 nos muestra gráficamente ese fenómeno.

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Andrés Ponce de León Rosas

Así pues, tenemos que echando un vistazo a lo que ha sucedido electoralmente en México entre 1997, 2003 y 2006, sólo el Partido de la Revolución Democrática ha mostrado una consistente modificación en su patrón de comportamiento electoral. Tanto el PAN como el PRI, de nuevo, sólo revisando el número de sus diputados en el Congreso de las últimas elecciones intermedias, mantienen religiosamente su posición relativa. Si estos datos no son suficientes, hablando de la omnipresencia priísta, e insistiendo en que aún conviven en nuestros procesos electorales un pasado que no muere y un futuro que no acaba de nacer, los siguientes cuadros – Cuadro 5 y Cuadro 6- nos presentan, a los estados de la república según el partido ganador (Cuadro 5) y a los segundos lugares por cada estado (Cuadro 6).

El intenso color rojo que ilumina únicamente con intenciones expositivas, representa la omnipresencia priísta en tres momentos de nuestra historia: 1997, 2003 y 2009 (de izquierda a derecha), de los cuales el último sólo es una recurrente confirmación. En la tercia de mapas del Cuadro 6 predomina el azul que representa al PAN. Si el Cuadro 5 es símbolo de la omnipresencia nacional del PRI, la suma de los 6 mapas, acomodados de a tres en los cuadros 5 y 6, representa a un creciente bipartidismo local. Bipartidismo desigual, si consideramos 80 años de presencia priísta en todos y cada uno de los rincones del país; bipartidismo desigual también, si consideramos que la constante en el siglo XX fueron las barreras para la participación política; bipartidismo desigual, si enfrentamos un pobre porcentaje de participación ciudadana, agravado en esta pasada elección por la flagrante promoción del voto nulo.

Cuadro 5

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Cuadro 6

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

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Pero como hicimos antes, ampliando el horizonte de nuestra comparación temporal, la Gráfica 3 nos muestra la historia de la votación efectiva (número de votos totales) por partido político, desde 1961 para el caso del Pan y desde 1991 para el PRI y el PRD. Con este juego de subir y bajar, cada línea nos dice cómo cae secularmente la votación total en las elecciones intermedias. Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

En efecto, la tendencia que han seguido los tres principales partidos, nos habla de un franco posicionamiento de las diferentes fuerzas políticas, que sin embargo, en el contexto de elecciones intermedias, no aparece por ningún lado. Podemos decir que en las elecciones intermedias se respira el viejo tufo del pasado totalitario del PRI, la inequidad en la contienda electoral que lo caracterizaba y sus estructuras corporativistas que lo alimentaban –o alimentan, por aquello de la recurrencia en la historia política que se nos manifiesta en 2009–. Ni la tendencia creciente de los votos a favor del PAN, ni la disminución constante, independientemente del

comportamiento cíclico, de los votos priístas, o ni siquiera la variabilidad en los votos perredistas pueden negar este fenómeno que hemos, insistentemente, presentado en este documento: el PRI sigue, porque las instituciones que se lo permiten fueron diseñadas para ello, presente y ganando distritos electorales cada nueva elección intermedia. Como ya hicimos de la insistencia la estrategia de nuestra investigación, la Gráfica 4 fortalece, según las zonas geográficas de México –norte, bajío, centro y sur-sureste– la tendencia de crecimiento sostenido que ha observado la votación panista durante los últimos cuarenta años. 23

Andrés Ponce de León Rosas

Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Ya lo dijimos reiteradamente, y lo seguimos sosteniendo con los datos de la gráfica anterior en mano, en ninguna de las cuatro zonas geográficas previamente definidas, el crecimiento sostenido de la votación por Acción Nacional, ha significado un verdadero pluripartidismo en elecciones donde más que las curules de la Cámara de Diputados no haya nada en juego. El electorado en el año 2006 muestra algunas diferencias interesantes respecto al de seis años antes. El 2 de julio de 2006 Felipe Calderón, candidato del PAN, venció por un estrecho margen a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos (integrada por el PRD, PT y Convergencia). El priista Roberto Madrazo ocupó un muy lejano tercer lugar. Ya adelantamos que las principales razones para que este fenómeno no tenga nada de nuevo y si mucho de histórico, están inmersas en la explicación de los vicios en el ejercicio del poder absoluto del presidencialismo priísta –el hiper-

presidencialismo, como María Amparo Casar lo ha llamado–. Sin embargo, quienes no han querido reconocer esto dicen y aseguran con vehemencia que uno de los factores es el nivel de aceptación que tiene el Presidente de la República en el momento en que se desarrollan las elecciones, intermedias por supuesto. La idea de que la aprobación presidencial esta correlacionada con la intención de voto y voto efectivo por diferentes paridos es falsa en la realidad electoral mexicana, esto como consecuencia de una de las particularidades de nuestro sistema político. A diferencia de otros países, en los que una elección intermedia es, en efecto, un referéndum de la gestión presidencial, en México no lo es, principalmente porque en México el presidente no encabeza la campaña de su propio partido –el COFIPE prohíbe expresamente que el presidente haga cualquier tipo de acto proselitista–. Así, esta inadecuada importación de las concretas realidades de otras democracias es la justificación para entender a la aproba-

Andrés Ponce de León Rosas

ción presidencial como variable relevante en la definición de elecciones intermedias. La Gráfica 5 nos trae, según los datos de Consulta Mitofsky, los niveles de aprobación y desaprobación de los últimos dos presidentes en el horizonte de sus tres primeros años de gobierno. La Gráfica 6 compara a los último cuatro presidentes, en el nivel de aprobación que mostraron en los 10 primeros trimestres. Si sólo la aprobación presidencia determinara caídas

en la representación legislativa, la disminución que observó Ernesto Zedillo, que tiene el nivel más bajo de aprobación, debería haber sido proporcional y no lo fue. No negamos que tenga un efecto importante en el conjunto de las percepciones ciudadanas, y en ese sentido en la definición final del voto, pero negamos categóricamente que sea una variable toral en el debate sobre la inexistente pluralidad de la representación legislativa.

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky

Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky

Andrés Ponce de León Rosas

Una característica coyuntural de la pasada elección, que conviene desglosar aquí en los tres procesos que definen nuestra agenda de revisión histórica, es el comportamiento del voto nulo. La Gráfica 7 tiene el porcentaje de votos nulos divididos según si se presentaron en elecciones presidenciales o intermedias. El color azul representa al conjunto de las elecciones intermedias, mientras que el verde a las presidenciales. Lo primero que resalta es que salvo en la elección de 1997, los votos nulos son mayores, como porcentaje de la votación total emitida, en elecciones intermedias que en presidenciales.

Otra característica que nos muestra el Cuadro 7 es el componente geográfico del voto nulo, en el horizonte de nuestras tres elecciones-objeto de estudio. La flagrante promoción del voto nulo en esta elección, independientemente de su carencia de acción programática, sólo tuvo efectos en elevar considerablemente la media de votos nulos, ya que la variabilidad en la composición geográfica de las entidades federativas que a lo largo de estas tres elecciones han estado por arriba del promedio nacional de votos nulos (estados de color verde), que no parece corresponderse con una acción colectiva clara.

Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Cuadro 7

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE

Andrés Ponce de León Rosas

No hay reflejo de pluralidad partidista Los resultados del 5 de julio pasado, desde nuestra perspectiva de contraste historiográfico, no son sino una confirmación de una recurrente realidad. A esta interpretación subyace una afirmación implícita, según la cual la creciente competencia electoral en la alternancia del poder ejecutivo, sólo distorsiona la correcta apreciación de la efectiva capacidad que tienen los partidos de competir con el antiguo partido oficialista – el PRI. Concluimos que las elecciones que coinciden con elección de Presidente de la República no reflejan verdaderamente la pluralidad partidista, que nominalmente existe en México, y puntualizamos con toda claridad las implicaciones que tiene para el desarrollo de la acción de gobierno del partido en el ejecutivo – en este caso el PAN- que a la mitad de la administración federal, la recomposición legislativa lo aceche, como ese fenómeno que inevitable se aproxima cada seis años. Los retos de la democracia mexicana son cada vez más notorios, y los adelantos democráticos que sucedieron al triunfo del candidato de Acción Nacional, Vicente Fox, en el año 2000, palidecen frente al tamaño de los retos que aún nos exige ese sueño de la democracia mexicana, específicamente en su apartado de representación federal, equidad en la contienda electoral y ciudadanización entera del espacio público.

Bibliografía • Anthony Downs, El viraje de las urnas, Nueva York: Harper Collins, 1957. • Mauricio Merino, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, México: Fondo de Cultura Económica, 2003. • Juan Molinar y Rafael Vergara, Los estudios sobre el elector mexicano. México, mimeo, 1996. • Alejandro Moreno, El votante mexicano. Democracia, actitudes políticas y conducta electoral, México: Fondo de Cultura Económica, 2003. • Instituto Federal Electoral. www.ife.org.mx

Últimas tres elecciones, ¿reflejo del avance de la competitividad electoral? Coral Macías

El objetivo principal de este trabajo es el de explorar e indagar sobre si es que lo hay, un avance de la competitividad en el sistema de partidos políticos de nuestro país. ¿Qué tiene de importante el estudio del avance de la competitividad electoral en el sistema de partidos políticos mexicano? ¿Importa para la vida democrática? ¿Para qué o por qué describir el conjunto de datos de las últimas tres elecciones? Para Giovanni Sartori, politólogo experto en política comparada, la competitividad electoral es “el estado real del juego electoral en un momento determinado”. Para la vida democrática de México resulta relevante conocer sobre la existencia o no, o sobre la situación actual de la competitividad electoral porque es un indicador de la participación efectiva, consumada o representada a través de los partidos políticos, de la diversidad de ideas, valores, principios que integran a la sociedad mexicana. La competitividad importa para la vida democrática porque refleja en cierto sentido la aceptación de la pluralidad de los mexicanos. La recopilación y descripción de los resultados electorales de las últimas tres elecciones sirve como herramienta para armar un dictamen sobre el desarrollo de la competitividad electoral en México. A lo largo del siglo XX los partidos políticos fueron un elemento importante de los grandes sistemas de gobierno como las democracias, los regímenes totalitarios o los sistemas socialistas.

Hacia los últimos años de este siglo era muy difícil encontrar un sistema de gobierno que no contara con los partidos políticos. En México, durante las décadas de 1960 y 1970 hubo a nivel nacional importantes cambios políticos, económicos y sociales que alteraron gradualmente las circunstancias en que competían los partidos políticos por el poder. Irma Méndez De Hoyos señala que “El proceso de modernización –reflejado en crecientes niveles de escolaridad y urbanización– y una crisis cada vez mayor de los canales tradicionales de mediación y representación social y política impactaron los niveles de apoyo del partido en el poder”, agrega “a principios de la década de 1980, una crisis económica profunda agudizó el malestar social, y el sistema político en su conjunto experimentó un periodo de inestabilidad. Las elecciones se convirtieron en fuente de conflicto y los partidos de oposición comenzaron a ocupar un papel más relevante en la arena política, como lo demostraron las elecciones locales de 1983 y 1986. Además, las acusaciones de fraude en contra del PRI antes y después de las contiendas y la creciente intensidad de la competencia entre los partidos, modificaron el carácter de las elecciones”1. Es de conocimiento general que el año de 1988 es un punto álgido para el futuro de la vida democrática en nuestro país. En nuestro país para garantizar equidad y transparencia en cualquier elección se construyó 1 Méndez De Hoyos, Irma. “Competencia y competitividad electoral en México, 1977 – 1997”, en Política y Gobierno. México. Vol. X. Núm 1. I semestre de 2003.

Coral Macías

un marco legal, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe). Con este código se asegura la convivencia civilizada en la democracia, asegurando con la ley, la legalidad en los comicios. Pero, ¿cuál es el efecto de esta normatividad? Sin ahondar en el estudio de variables específicas, se presume, en un primer examen, que con la sola construcción y observación de una línea de tiempo sobre los resultados electorales se puede conocer del avance de la competitividad electoral. La pregunta a resolver es ¿México cuenta con un sistema de partidos competitivo? Y de ser así, ¿Ha habido avance en la competitividad electoral a partir de las elecciones de 2000? Para resolver ambas preguntas se recopilan datos de las últimas tres elecciones para diputado por el principio de mayoría relativa y de las últimas dos elecciones presidenciales. De este conjunto de datos se pretenden hacer inferencias que darán luz sobre el avance de la competitividad en el sistema de partidos en los últimos seis años. ¿Qué es sistema de partidos? Según Giovanni Sartori es “aquel sistema que exhibe las relaciones que ligan a los partidos entre sí y la manera como cada partido se comporta frente a sus similares”, mismo que es resultado de la interacción de diversos factores económicos, sociales, políticos, etc. y que también dan forma al régimen electoral. ¿Qué es la competencia electoral? La competencia electoral para Sartori son las reglas escritas y no escritas del juego electoral. La competencia electoral abarca la no competitividad y la competitividad. Por tanto, la “competitividad es una de las características o atributos de la competencia”. En este sentido, Sartori enfatiza dos condiciones sine qua non existe la competencia, La falta de control monopólico, es esto es, la presencia de más de un competidor. Reglas consensuales y confianza mutua.

¿Qué es la competitividad electoral? La competitividad electoral según Sartori es un “estado determinado del juego electoral” que consiste en el estado real del juego en un momento determinado. La competitividad tiene que ver con el desempeño electoral de un partido y de sus opositores. Si bien es cierto que el desempeño de un partido se vincula a factores como su capacidad organizativa, su relación con otros actores (políticos, económicos, etc.), sus definiciones ideológicas, sus planteamientos programáticos, su capacidad de difusión, su presencia, popularidad y liderazgos, etc., la competitividad es un factor definitorio lograr un óptimo desempeño que luego se cristaliza en un triunfo electoral. Por tanto, Sartori señala que sólo los resultados de una elección pueden mostrar en qué medida un sistema es competitivo, y propone tres criterios generales de evaluación, 1. Cuando los principales partidos se aproximan a una distribución casi nivelada de fuerza electoral. 2. Cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan con escaso margen. 3. Por la frecuencia con la cual los partidos se alternan en el poder. En este sentido cabe la acotación de Irma Méndez para el caso mexicano, “la noción de competencia electoral involucra dos elementos. Por un lado, las reglas electorales, como conjunto de normas, instituciones y prácticas que definen la estructura del proceso electoral y garantizan elecciones libres y justas2. Por otro lado, la celebración de elecciones donde dos o más partidos efectivos compiten por los asientos o cargos en disputa”. Es en este último aspecto en el que señala “la competitividad electoral…no se refiere a si las elecciones están disputadas o no, sino a qué tan reñidas son, cuestión que apela a la fuerza electoral de los partidos de acuerdo con los resultados electorales. La competitividad electoral revela entonces qué tan fuertes son los 2

En el contexto mexicano esto se incluye en las leyes electorales.

Coral Macías

partidos comparativamente, según la distribución del voto y número de asientos”. El presente estudio, sólo se enfocará en este último aspecto, qué tan reñidas han estado las últimas elecciones federales de diputado por el principio de mayoría relativa y las elecciones presidenciales. En México Se da un vasto contenido a la democracia, el cual no se extingue en su expresión política y jurídica. Por eso es importante estudiar las diferentes características del actual sistema de partidos. El camino de la democracia mexicana es un proceso que se ha ido construyendo poco a poco en las diferentes etapas de su historia. Al acuñarse por primera vez los derechos sociales en la Constitución de 1917 se completaron los cimientos para edificar la vida democrática. Después de la Revolución mexicana, quienes dirigían al país se preocupaban de que a México tanto en el extranjero como hacia su interior se le considerara un régimen totalitario de partido único, por lo que se realizaron esfuerzos por mantener la imagen de democracia liberal, donde el pluralismo es un aspecto fundamental. México mantuvo un esquema de partido hegemónico desde 1946, antes de dicho año, no había propiamente un sistema electoral, pero sí se realizaban elecciones mediante mecanismos descentralizados y con gran peso de los poderes regionales. A partir de 1946, se establecen los dos principios rectores que se mantendrán casi intactos hasta el periodo de nuestro interés: la centralización de la organización y la vigilancia de los comicios y su control por parte del Ejecutivo; asimismo, la exclusión de la participación electoral a las organizaciones que no asuman la forma de partido político nacional con registro, con lo que se contribuye a una mayor institucionalidad del juego político y se estimula el surgimiento de nuevos partidos, aunque supeditados al hegemónico. Las reformas aplicadas al sistema electoral mexicano creado en 1946 tuvieron la intención de 30

traducir institucionalmente la incipiente pluralidad del país; son importantes porque marcan el terreno para las reformas posteriores, las que condujeron a la transición democrática en el sentido de flexibilizar gradualmente los amarres que sujetaban la competitividad de los distintos partidos. Es decir, corresponden a medidas de que buscaban ampliar la representación de los partidos de oposición y satélites en la Cámara de Diputados. Eran una concesión del régimen, desde la lógica del poder, ante circunstancias especialmente adversas. Así, la reforma de 1963 se explica como respuesta a una situación social y política compleja, caracterizada por la efervescencia cada vez mayor de movimientos sindicales disidentes, como el de los maestros (1958) y el de los trabajadores ferrocarrileros (1958-1959); el boicot del PAN al régimen, al asumir una posición de enfrentamiento con éste, cuando propuso la renuncia a sus cargos de los seis diputados triunfadores en las elecciones de 1958; y la polarización política, producto del impacto que tuvo la Revolución cubana. En otros términos, la reforma fue una salida ante la amenaza de que el área no institucionalizada del sistema político se desbordara a causa de los movimientos sociales; también puede ser vista como producto del aumento del abstencionismo electoral y de la necesidad gubernamental de reanimar la participación en las urnas. En esta reforma se ofrece una ampliación limitada en la representación política mediante la introducción de los llamados “diputados de partido”, para favorecer a los partidos minoritarios que obtuvieran 2.5 por ciento de la votación total válida –a quienes serían asignados cinco diputados– y uno más por cada 0.5 por ciento adicional hasta llegar al tope de 20 diputados. La reforma se planteaba dos objetivos: ganar legitimidad mediante esa proporcionalidad “limitada” y mantener la capacidad de decisión del partido oficial. Un aspecto que conviene resaltar para los propósitos de este trabajo es que dicha reforma fue responsabilidad directa del Adolfo

Coral Macías

Christlieb Ibarrola, dirigente nacional del PAN, y Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, después presidente de México, lo cual reportaría beneficios a dicho partido, como el reconocimiento de 17 victorias municipales durante los cuatro primeros años del mandato de Díaz Ordaz. Las elecciones de 1976 en las que compitiera por la presidencia exclusivamente el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con José López Portillo, puso en evidencia la ficción de la existencia de un sistema multipartidista competitivo en México. La reforma derivada de este hecho puede verse propiamente como el punto de partida del proceso de liberalización política vivido por México. La contribución fundamental de dicha reforma fue el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como “entidades de interés público”.3 Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación y artífice de dicha reforma, planteó en un discurso pronunciado en abril del 1977 el sentido buscado: “que el Estado ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación”. Los cambios en la sociedad posrevolucionaria –la cual se volvió cada vez más compleja, diversificada, moderna e informada–, así como el desgaste del modelo económico y social, llevaron a que sectores cada vez mayores de la población se alejaran paulatinamente del sistema político autoritario. Esta dinámica de la sociedad se tradujo en el surgimiento de nuevos actores políticos o en su reorientación ideológica, basados en la competencia legal. Hasta la década de 1980, las elecciones mexicanas se distinguían por su carácter no competitivo y convivían en armonía con reglas electorales marcadamente parciales. Mientras ambos coexistieron, se dio 3 Otros aspectos importantes fueron la introducción del registro condicionado de los partidos al resultado de la elección, con un umbral mínimo de 1.5% de la votación; y la ampliación de la Cámara de Diputados de 300 a 400 miembros, 100 de ellos electos por el principio de representación proporcional, exclusivos para la oposición, con lo que se garantizaba un mínimo de pluralidad.

por hecho que había un lazo directo y hasta causal entre las reglas que garantizaban el control gubernamental de la arena electoral y los bajos niveles de competitividad. A partir de 1988, la constante modificación a las normas electorales puede colocarse ya en el marco general del cambio político mexicano.La reforma de 1989-1990 tuvo como trasfondo las elecciones presidenciales de 1988, en las que se condensó un conjunto de contradicciones acumuladas durante varias décadas, y que marcaron el paso hacia una nueva etapa de la lucha política, señalada por una influencia cada vez mayor de la oposición y un aumento significativo de la competencia electoral. Además, las urnas cobraron gran significado político porque empezaron a reflejar las orientaciones y reacciones de los ciudadanos, y porque se erigieron en terreno de manifestación del conflicto político así como de pérdida de credibilidad de las instituciones electorales. Al examinar los resultados electorales obtenidos en las últimas tres elecciones por los tres principales partidos políticos de México se pondrán a prueba las siguientes hipótesis: no hay un avance de la competitividad en el sistema de partidos políticos de México. O bien, sí lo hay. Resultados electorales El estudio detallado de los resultados electorales puede parecer innecesario a ojos del lector, no obstante, el ordenamiento y tratamiento sistemático de la información para su presentación por medio de tablas y de representaciones gráficas, así como de la obtención de algunos parámetros hacen más inteligible la explicación así como la importancia del estudio de la información. Después, con datos agregados a nivel estatal, se desarrollan dos clases complementarias de análisis: primero, uno longitudinal el cual nos ofrece una visión comparativa y de conjunto, que nos permite apreciar la transformación de la competitividad en el tiempo; segundo, un análisis transversal de cada año, que nos proporciona una perspectiva detallada de los cambios en 31

Coral Macías

la competitividad, elección tras elección, así como su variación geográfica. A continuación se hace un breve repaso sobre los resultados electorales obtenidos por los tres principales partidos políticos en México, PAN, PRI y PRD, en las últimas dos elecciones para Presidente de la República y de las tres últimas elecciones federales para diputado por el principio de mayoría relativa.

Partido Acción Nacional Transcurridos seis años de ejercer el poder, no han sido pocas las paradojas que ha debido enfrentar el PAN (Partido Acción Nacional). Al final, el efecto de todas y cada uno de ellas se materializa en la derrota o en el triunfo y obtención del cargo por el que se compite. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la votación (en porcentaje) para el PAN en la elección presidencial por estado y en las dos últimas elecciones.

Porcentaje de votación para el PAN en la elección presidencial y por estados

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

A simple vista, puede apreciarse que en la elección del 2000, AN obtuvo en los 32 estados mayor porcentaje de votación que en la de 2006. Siendo los estados de Guerrero con 18.57 y Tabasco con 3.51 por ciento, en los que menos votos se ganaron. Mientras que en Guanajuato se alcanzó en 2000 y 2006 el mayor porcentaje con 60.77 y 58.92 por ciento, respectivamente. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la votación (en porcentaje) para presidente pero ahora por distrito electoral. 32

Coral Macías

Porcentaje de votación para el PAN en la elección presidencial y por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Esta gráfica es muy similar a la anterior, excepto por su pendiente que es mucho más pronunciada, ello en gran medida debido a que concentra más información, el resultado de 300 distritos electorales. No obstante, se concluye lo mismo, en la elección del 2000, AN obtuvo en los 300 distritos mayor porcentaje de votación que en la de 2006. La diferencia promedio es de 5 puntos. Si de esta gráfica se generan cinco rangos de porcentaje de votación vs. número de distritos, se obtiene: 33

Coral Macías

Número total de distritos cuyo porcentaje de votación oscila

Porcentaje

Año 2000

2006

De 2 a 20

De 20.1 a 40

114

143

De 40.1 a 60

142

104

De 60.1 a 70

De 70.1 a 71

Esto es, en 2000, 23 distritos obtuvieron una votación de entre el 2 y 20 por ciento, en 2006 fueron 43. Del rango que va del 20.1 al 40 por ciento, en 2000 fueron 114 y en 2006, 143, lo que implica un aumento del 25 por ciento. Por otra parte, en 2000, 142 distritos lograron entre 40.1 y 60 por ciento de votación y 104 en 2006, una disminución de casi el 27 por ciento. Para el rango que va del 60.1 a 70 por ciento la diferen-

cia entre 2000 y 2006 se tradujo en una disminución del 47 por ciento. Para el segmento mayor a 70.1 por ciento, en 2000 se logró que 2 distritos alcanzaran ese nivel de porcentaje, mientras que en 2006, ninguno alcanzó dicho segmento. En la siguiente gráfica se presenta la votación (en porcentaje) por estado que obtuvo AN en la elección de diputados por mayoría relativa.

Porcentaje de votación para el PAN en la elección para diputado MR por estados

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Coral Macías

Se observa que 2003 fue el año en el que menos porcentaje de votos se ganaron. En 2006 mejoró, pero sólo en algunos casos supera a lo alcanzado en 2000. Considerando la gráfica anterior y segmentando en seis niveles de votación se tiene: Año

Porcentaje

PAN

2000

2003

2006

Menos de 10

De 10.1 a 20

De 20.1 a 30

De 30.1 a 40

De 40.1 a 50

Más de 50.1

La mayor parte de los estados que votaron por AN se ubica en el porcentaje que logró entre 20 y 50 por ciento. Destaca que en 2000, 13 estados se posicionaron en el rango de votación que va de 40-50 por ciento. En 2003 solamente 6 y en 2006 9. Los estados en los que AN consiguió menos porcentaje de votos fueron: Guerrero (13.2 en

2000 y 5.97 en 2003) y Tabasco (4.22 en 2006). En cambio en el que más porcentaje de votos ganó fue en Guanajuato con 55.83 en 2000, 43.6 en 2003 y 56.5 en 2006. En la siguiente gráfica se presenta por distritos la votación (en porcentaje) que obtuvo AN en la elección de diputados por mayoría relativa.

Porcentaje de votación para el PAN en la elección para diputado MR por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Coral Macías

La gráfica a nivel distrital ostenta el mismo comportamiento que a nivel estatal, el porcentaje de votos obtenidos por AN en 2003 es menor al logrado en 2006 y mucho menor al de 2000. Al clasificar los datos en cinco grupos y colocarlos en una tabla como la que se presenta a continuación, se obtiene:

Número total de distrito cuyo porcentaje de votación oscila

Porcentaje

Año 2000

2003

2006

De 2 a 20

De 20.1 a 30

De 30.1 a 40

De 40.1 a 50

De 50.1 a 60

De 60.1 a 70

En las últimas tres elecciones, Acción Nacional ha disminuido el número de distritos cuyo porcentaje de votación oscila entre el 2 y el 30 por ciento. Sin embargo ha incrementado en más de 10 distritos en los segmentos que abarcan del 30.1 a 60 por ciento. Por otra parte, en el porcentaje que va del 60.1 a 70 por ciento, AN logró situar 13 distritos en 2000, ninguno en 2003 y solo 4 en 2006.

Partido Revolucionario Institucional Durante poco más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue la primera fuerza política y legislativa, la única con efectiva implantación en todo el territorio nacional. A partir del 2000 y como resultado de la elección presidencial del 2006 sigue siendo el partido desplazado del Ejecutivo federal. Y además, en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa no logró mantener ni recuperar el posicionamiento pasado. La gráfica que se presenta a continuación expone el comportamiento de la votación (en porcentaje) para presidente por estado de las dos últimas elecciones.

Coral Macías

Porcentaje de votación para el PRI en la elección presidencial y por estados

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Comparativamente el porcentaje de votación en 2006 a nivel estatal es en promedio 13.97 puntos menor que el de 2000. El Distrito Federal es la entidad en la que menos proporción de votos ganó. En cambio donde obtuvo más fue en Sinaloa, donde ganó 64 por ciento en 2000 y en

Tabasco casi 38 por ciento en 2006. La diferencia entre estos dos estados es de 26 puntos. Graficando el comportamiento de la votación (en porcentaje) para presidente de las dos últimas elecciones pero por distrito electoral, se observa:

Porcentaje de votación para el PRI en la elección presidencial y por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Coral Macías

El resultado se replica a nivel distrital, la pendiente de las curvas se pronuncian un poco más porque se precisan los resultados de la elección al considerarse los 300 distritos. La diferencia promedio entre el porcentaje de votación de 2000 y 2006 es en promedio de 14.16. Retomando la clasificación por porcentaje se observa que: Número total de distritos cuyo porcentaje de votación oscila

2000

2006

114

De 20.1 a 40

190

178

De 40.1 a 60

102

De 60.1 a 70

De 70.1 a 75

De 2 a 20 Porcentaje

Año

En 2000, el PRI no tuvo ningún distrito en el que obtuviera un porcentaje de entre el 2 y el 20 por ciento, mientras que en el 2006, 114 distritos se encuentran en ese rango de porcentaje. El rango que va de 20.1 a 40 por ciento fue y es, en ambas elecciones, en el que mayor número de distritos se han colocado, 190 en 2000 y 178 en 2006. El Revolucionario Institucional ha disminuido drásticamente su participación en los

tres rangos superiores. En tanto que en el 2000, 102 distritos obtuvieron un porcentaje de entre 40.1 y 60 por ciento, en 2006 tan sólo fueron 8. Finalmente tanto para el rango que va de 60.1 a 70, como para el de 70.1 a 75, pasó de 6 y 2 a ninguno. La siguiente gráfica presenta por estado la votación (en porcentaje) que obtuvo el PRI en la elección de diputados por mayoría relativa.

Porcentaje de votación para el PRI en la elección para diputado MR por estados

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Coral Macías

La elección de 2006 fue en la que el PRI consiguió menos votos. Los resultados de 2000 y 2003 son muy similares. En ambas elecciones logró casi el mismo porcentaje de votación. El Distrito Federal fue la entidad en la que menos votos consiguió y Sinaloa en 2000 (54.95 por ciento), Durango en 2003 (53.13 por ciento) y Tabasco en 2006 (4.02 por ciento) en las que ganó más. A nivel distrital la experiencia se replica. La gráfica que se presenta a continuación muestra la votación (en porcentaje) que alcanzó el PRI en la elección de diputados por mayoría relativa pero por distritos.

Porcentaje de votación para el PRI en la elección de diputados MR por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

La diferencia promedio de votación entre 2000 y 2003 es de apenas poco más de uno por ciento. Mientras que la diferencia promedio entre 2006 y 2003 es de 8 puntos. Al clasificar por rangos de votación se tiene: 39

Coral Macías

Número total de distrito cuyo porcentaje de votación oscila

Porcentaje

Año 2000

2003

2006

De 2 a 20

De 20.1 a 30

100

De 30.1 a 40

112

De 40.1 a 50

De 50.1 a 60

De 60.1 a 70

En general se observa un crecimiento en el número de distritos que obtuvieron un porcentaje de votación que va de 20.1 a 40 por ciento. Aunque para el rango de 40.1 a 50, decrece el número de distritos en más del doble, pasando de 96 en 2003 a 35 en 2006. Más dramática es la caída en el segmento que abarca los dos rangos superiores, que va de 50.1 a 70 por ciento. Mientras que en 2000 había 37 distritos que lograron un porcentaje de 50.1 a 60 por ciento, en 2006 solamente un distrito logró colocarse en ese rango y finalmente ninguno en 2006 para el rango de 60.1 a 70 por ciento.

Partido de la Revolución Democrática El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha conseguido un notable crecimiento electoral, y, a pesar de no haber podido rebasar a AN en la elección presidencial, logró desbancar en algunas plazas el posicionamiento que tenían el PRI y el mismo PAN. Se expone en la siguiente gráfica el comportamiento de la votación (en porcentaje) para presidente de las dos últimas elecciones por estado.

Porcentaje de votación para el PRD en la elección presidencial de los estados

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Coral Macías

El PRD obtuvo más votos en la elección presidencial de 2006 que en la de 2000. Aumentó en promedio 17.09 puntos. En algunos casos la diferencia llega a ser de más de 20, como en los estados de Nayarit, Hidalgo y Michoacán. Los estados en los que menos presencia logró fueron: Yucatán en 2000 (3.9 por ciento) y Guanajuato en 2006 (15.37 por ciento). Por otra

parte, en los que mayor porcentaje de votos alcanzó fue en Michoacán en 2000 con 37.14 por ciento y en Distrito Federal en 2006 con 58.13 por ciento. Visto a nivel distrital, los resultados que obtuvo el PRD en la elección de presidente de la República se muestran en la siguiente gráfica.

Porcentaje de votación para el PRD en la elección presidencial por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

El comportamiento de las curvas a nivel distrital es casi idéntico al de las curvas a nivel estatal. Las curvas están suavizadas porque contienen la información de la votación alcanzada en los 300 distritos. La diferencia entre el porcentaje de votación obtenido en la elección del 2000 y la de 2006 es en promedio de 17.91 puntos. 41

Coral Macías

Considerando esta última gráfica y tabulando “porcentaje de votos” vs. “año” se tiene: Número total de distritos cuyo porcentaje de votación oscila

Porcentaje

Año 2000

2006

De 2 a 20

187

De 20.1 a 40

105

135

De 40.1 a 60

De 60.1 a 70

De 70.1 a 74

En el rango que va de 2 a 20 por ciento se posicionaron 187 distritos en 2000 y 54 en 2006. En 2000 hubo 105 distritos cuya votación se ubica entre el 20.1 y 40 por ciento, en tanto en 2006 fueron 135. Destaca del rango superior siguiente, siete distritos alcanzaron una votación de entre 40.1 y 60 por ciento en 2000, y para 2006 fueron 98. Finalmente mientras en 2000 el

PRD no obtuvo en ningún distrito un porcentaje de votos mayor a 60.1 por ciento, en cambio en 2006 obtuvo en 11 un porcentaje de entre 60.1 a 70 por ciento y dos de más de 70.1 por ciento. Por otra parte, enseguida se presentan gráficamente los resultados alcanzados por el PRD a nivel estatal en la elección de diputados por mayoría relativa.

Porcentaje de votación para el PRD en la elección para diputado MR por estados

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Coral Macías

Para el PRD su mejor resultado se encuentra en la elección de 2006, la diferencia promedio entre la elección de 2000 y 2003 es de -2.29 puntos, es decir, en 2003 el PRD perdió cuando menos 2 puntos de la posición ganada en 2000. Pero para 2006 no sólo se recupera, sino que supera a 2003 por 10.18 puntos. En la elección de diputados por mayoría relativa la votación (en porcentaje) a nivel distrital que alcanzó el PRD se muestra en la siguiente gráfica.

Porcentaje de votación para el PRD en la elección de diputado MR por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

El resultado que tuvo el PRD a nivel distrito es muy similar al resultado que tuvo a nivel estatal. La elección del 2003 fue en la que peores resultados logró, perdió en promedio 0.58, menos de un punto comparado con 2000. Mientras que en la de 2006 superó tanto a la de 2003 como la del 2000. La diferencia promedio entre estas dos elecciones fue de 10.24 puntos. 43

Coral Macías

Al segmentar el porcentaje de votación se obtiene: Número total de distrito cuyo porcentaje de votación oscila

Porcentaje

Año 2000

2003

2006

De 2 a 20

167

187

104

De 20.1 a 30

De 30.1 a 40

De 40.1 a 50

De 50.1 a 60

De 60.1 a 70

En la elección para diputado por el principio de mayoría relativa el PRD ha acrecentado el número de distritos que obtienen mayor porcentaje de votación. En los segmentos que comprenden de 50.1 a 70 por ciento colocó en 2006 a 29 distritos. Y en los dos segmentos inferiores, que abarcan de 30.1 a 50 por ciento pasó de 49 y 15 en 2000 a 65 y 45 en 2006. Por último, en los segmentos que van de 2 a 30 por ciento ha ido disminuyendo el número de distritos, pasando en 2000 de 167 y 68 a 104 y 57 en 2006.

La construcción de un sistema de partidos, acompañado del desarrollo de la normatividad y de las instituciones ha sido un esfuerzo cuyo objetivo se enmarca en la consolidación de la democracia en México. A través del estudio de datos descriptivos de los resultados electorales de las últimas tres elecciones federales para diputados por el principio de mayoría relativa y de las últimas dos elecciones presidenciales se puede apreciar como un buen primer vistazo de la competitividad en este postrero sexenio.

Así pues del estudio sistemático se reveló que las elecciones en ambos niveles han sido bastante competitivas, casi un las contiendas han sido cada vez más cerradas e intensas, a pesar de que en la elección 2003 disminuye la participación ciudadana. Brevemente destaca a nivel distrital: Elección presidencial: • En 2000, AN alcanza un mayor número de distritos que obtienen un porcentaje de votación que va entre 20.1 a 40 por ciento pasando de 114 a 143 en 2006. No obstante, pierde participación en el rango de votación que va de 40.1 a 60 por ciento donde yendo de 142 a 104. • Para el PRI la elección de 2006 representó una caída totalmente estrepitosa. A pesar de que en 2000 alcanzó a que 190 distritos obtuvieran entre 20.1 y 40 por ciento, para 2006 logró 178. Y luego, en el rango superior, que va de 401. a 60 por ciento, pasó de 102 a tan sólo 8 distritos.

Coral Macías

• Para el PRD los resultados sí son alentadores. Obtuvo 105 distritos cuyo porcentaje osciló entre 20.1 y 40 por ciento y para 2006 alcanzó 135. Mientras que en el rango superior inmediato, de 40.1 a 60 por ciento, saltó de 7 en 2000 a 98 en 2006. Así pues se puede afirmar que por lo menos a nivel distrital, tanto el PRD como el PAN al colocar mayor número de distritos cuyo rango de porcentaje obtenido va de entre el 40.1 a 60 por ciento han generado un aumento en la competitividad de esta elección. Elección de diputados por el principio de mayoría relativa: • AN no ha logrado superar la votación alcanzada en la elección del 2000 dado que mientras que en dicho año logró que un total de 206 distritos obtuvieran un porcentaje mayor a 30.1 por ciento. En 2006 fueron 176. Interesante destacar que para los dos rangos superiores la caída es más visible, pasando de 46 a 24 en el rango que va de 50.1 a 60 por ciento. Y en el de que va de 60.1 a 70 por ciento cayó de 13 a 4 distritos. • El PRI colocó en 2000, 228 distritos en un porcentaje de votación mayor a 30.1 por ciento y en 2006 tan sólo 148 distritos. Caídas estrepitosas se observaron en el rango de 40.1 a 50 por ciento, yendo de 91 a 35 distritos; y en el rango de 50.1 a 60 al pasar de 37 a 1 distrito. • El PRD ha ido aumentando el número de distritos cuyo porcentaje de votación supera el 30.1 por ciento al colocar en 2000 a 69 distritos mientras que en 2006 a 139. Los rangos donde el aumento es más significativo se presenta en el que va de 40.1 a 50

por ciento, al pasar de 15 a 45. Y en el rango de 50.1 a 60, partiendo de 1 y obteniendo en 2006, 24 distritos. EL PRD es el partido político que ha logrado obtener en más distritos mayor porcentaje de votación en las últimas elecciones. Debido a este crecimiento es que de cierta forma a la par se ha acrecentado la competitividad electoral. El PRI ha perdido presencia, pero ha ganado el PRD y compite con el PAN. Tomando en cuenta que en una democracia los partidos políticos son formas de organización y participación mediante las cuales los ciudadanos pueden hace sentir su presencia de manera permanente. Dado que a través de ellos es posible asir las problemáticas y las inquietudes de la sociedad, ampliar la educación política, articular demandas y medios de expresión para los ciudadanos, el hecho del arribo probado de un partido político, el PRD, a niveles de votación mayores a 30.1 por ciento resulta interesante ya que esto tiene un efecto sobre el sistema de partidos, ya que vuelve la competencia más reñida, lo que implica o se traduce en un sistema más competitivo. La tarea pendiente en la nueva agenda de investigación es por una parte, probar qué tan competitivo es el sistema de partidos mexicano, a través de una ecuación propuesta por Méndez de Hoyos. Y por otra, si bien es cierto que la competitividad es un elemento sustancial de la competencia que a su vez es un factor indispensable de un sistema que se precie como democrático, habrá que valorar si existe un “nivel” de competitividad que coadyuve en la preservación de la democracia en nuestro país. 45

Coral Macías

Bibliografía • Instituto Federal Electoral http://www.ieey.org.mx/ • Sartori, Giovanni.Partidos y sistemas de partidos. Madrid, Alianza Editorial, 1980; 404 págs. • Rodríguez Zepeda Jesús, Estado de derecho y democracia, México, Instituto Federal Electoral, 2ª edición, 2001, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática No. 12, p. 42. • Méndez de Hoyos, Irma. “Competencia y Competitividad electoral en México, 1977-1997” en Política y Gobierno. Vol. X. Núm. 1. I Semestre del 2003. • Partido Acción Nacional. “Principios de Doctrina”. México. 2003. • Larousse diccionario básico de la lengua española. Ed. Larousse. México. 1984

Duración de las campañas electorales para gobernador María de Lourdes Ramírez Flores

El presente trabajo muestra las diferencias en la duración de las campañas y precampañas en los estados de nuestro país, así como el marco legal en el cual se estipula. Debido a que cada estado tiene su propia regulación, existen variaciones entre entidades. Asimismo, no todos los estados regulan de forma explícita la duración: muchos estados establecen la duración de los mencionados procesos como intervalos, que varían dependiendo del año y el día de la semana en que tengan lugar los comicios. El objetivo es presentar una guía de la duración de campañas y precampañas en los estados de la república. Cada entidad tiene su propia regulación sobre los procesos electorales para elegir representantes a nivel local (gobernador, congreso y presidentes municipales). Sin embargo, no existen muchos estudios que analicen de forma comparativa las diferencias de campañas a nivel estatal. Este trabajo es el primero de una serie de documentos que analizarán de forma comparativa diferencias en las los

tiempos de campaña y precampaña a nivel estatal. Es, pues, un análisis del marco legislativo vigente en cuanto a tiempos de dichos procesos electorales en las 32 entidades del país. Para el presente estudio, se hizo investigación de primera fuente, es decir, se recopilaron los artículos de las leyes y códigos electorales estatales respecto de la duración de campañas y precampañas. Por lo anterior, la metodología de este estudio puede considerarse cualitativa. En la primera sección se justifica la importancia del tema de investigación, que radica en que es una compilación de la legislación electoral. El objetivo de la investigación, planteado en la segunda sección, es tener un compilado básico que nos permita saber –de acuerdo a la legislación vigente– los diferentes plazos de campaña en las entidades federativas. Posteriormente, se presentan –en el marco teórico– investigaciones sobre los motivos por los que el estudio de la duración de campañas es importante para la democracia. 47

María de Lourdes Ramírez Flores

Este documento parte de la hipótesis siguiente “la duración en campañas electorales varía entre estados”. Lo anterior podría parecer intuitivo a quienes tienen conocimientos básicos sobre federalismo, derecho electoral y elecciones estatales. Sin embargo, el objetivo de esta investigación es plantear –en un documento resumido y de fácil lectura– las diferencias en la duración de las campañas electorales. Para lo anterior, se analizan los 32 códigos electorales estatales. La última sección trata la agenda que se propone para investigaciones futuras, que – de acuerdo a la autora– gira principalmente en torno a los efectos que los distintos tiempos de campaña tienen sobre el electorado y la ventaja o desventaja que los plazos pueden tener para los partidos de oposición No existen análisis sobre las diferencias en materia de legislación electoral estatal que sean accesibles o conocidas. Debido a que los tiempos de campaña varían entre estados, es necesario que se haga un estudio comparativo que sintetice dichas diferencias. La presente investigación resumirá la legislación estatal en la materia. Existen diferencias en la legislación electoral estatal cuya consecuencia es la variación en términos de campaña de un estado al otro. La duración de las campañas tiene, de acuerdo a Ken Kollman, John Miller y Scott Page (1992), mientras más tiempo duran, los votantes adquieren mayor información sobre los partidos. De acuerdo a los autores, los partidos tienden a colocar su postura ideológica en puntos donde el espectro de preferencias de los votantes es más denso, es decir, se posicionan donde pueden ser más atractivos para el mayor número de votantes. De acuerdo a Kollman, Miller y Page (1992), quienes analizan la relación entre la duración de las campañas electorales y la probabilidad de que partidos ambiciosos –cuyo interés es llegar al poder por el poder en sí– o ideológicos –cuyo interés es llegar al poder para seguir una agenda ideológica– derroten a los partidos en el poder. Los autores encuentran 48

que a mayor duración de los periodos de campaña, los partidos ambiciosos mueven sus plataformas más al centro del espectro ideológico, contrario a lo que sucede a los partidos ideológicos, que tienden a mantener con mayor firmeza su plataforma (aunque no se afirma que sea inmóvil). Cuando las campañas duran más, los partidos tienen más oportunidades de adaptar su plataforma a las preferencias de los votantes, con lo que buscan aumentar su probabilidad de ganar. Lo anterior podría sugerir que en estados donde las campañas duran más, las plataformas que los partidos presentan serán más similares que en los estados donde las campañas son más cortas. Cabe señalar que en nuestro país, los partidos electorales están obligados a presentar su plataforma a los órganos electorales estatales antes del registro del candidato o candidata a gobernador. Por lo anterior, quizá los cálculos para situar las plataformas electorales se realicen ex ante. Respecto al efecto que la duración de campañas tiene en los votantes, Randolph Stevenson y Lynn Vavreck (2000) muestran que en lugares donde éstos procesos tienen mayor duración los votantes tienen mayor tiempo para obtener información sobre los candidatos y evaluar sus propuestas de política. Por ello, a mayor duración, es más probable que los ciudadanos utilicen información real –datos reales sobre las condiciones económicas, en el estudio de los autores- para realizar sus evaluaciones de los partidos en el poder y decidir su voto. Kevin Arceneaux (2005), quien al igual que Stevenson y Vavreck hace un estudio utilizando datos de varios países, encuentra que mientras más tiempo de campaña transcurre, los votantes adquieren más información. Arceneaux (2005) también encuentra diferencias en la forma en la que los votantes utilizan la información adquirida ya que las campañas tienen mayor efecto en la decisión de los votantes con menor

María de Lourdes Ramírez Flores

sofisticación política y que viven en lugares donde el sistema electoral es de votaciones con sistema de lista de partido, como el caso mexicano. 1 Lo anterior es una muestra de la importancia que duración de las campañas tiene, tanto en el posicionamiento de los partidos políticos como en la forma en la que los electores deciden su voto. Por ello, diferencias en el periodo de duración pueden dar ventaja o desventaja a los partidos en el poder, generando condiciones que aumentan o disminuyen el nivel de competencia de las elecciones. En nuestro país, las elecciones estatales están reguladas a nivel local. Por ello, existen diferencias en la duración que las campañas para gobernador tienen. Es interesante señalar que a nivel federal, las reformas que tuvieron lugar en 2007 acortaron el tiempo de campaña para elegir al presidente. Este pasó de más de 160 a 90 días (IFE, 2008). Cabe señalar que ninguna entidad federativa tiene, bajo la legislación electoral analizada para este documento y vigente al 15 de diciembre de 2010, campañas para elegir a gobernador cuya duración sea mayor a 90 días. Existen diferencias en la legislación electoral local. Éstas provocan que las campañas para Un sistema de listas de partido implica que los partidos políticos hacen una lista de candidatos. Dependiendo del nivel de votación obtenido, el partido obtiene lugares, los cuales son ocupados por los candidatos de la lista. Este sistema es el utilizado para los diputados de representación proporcional en nuestro país.

gobernadores tengan distinta duración en las entidades federativas. La forma de analizar las diferencias en la regulación de los tiempos de campaña para elegir gobernadores en los estados es revisando la legislación electoral estatal.2 Algunas entidades regulan explícitamente el tiempo que pueden durar las campañas electorales para gobernador, estableciendo los días que puede durar dicho proceso. Éstas son: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. El resto de los estados establece los plazos de campaña como intervalos, es decir, dependiendo de los periodos de registro y la forma en la que se establecen las sesiones en las que el órgano electoral lo otorgue las campañas pueden durar. Esto también está relacionado con la fecha de las elecciones. En los estados donde no se establece explícitamente la duración, marcados con un asterisco (*) en la Tabla 1, los tiempos de campaña se calcularon como el promedio de lo que podrían durar dada la regulación estatal y los plazos establecidos.

Para este documento de trabajo se revisó la legislación electoral vigente al 1° de diciembre de 2010.

María de Lourdes Ramírez Flores

Tabla 1. Duración de las campañas y precampañas en los estados del país Precampaña (días)

Estado

Artículo(s)

Campaña (días)

Artículo(s)

Aguascalientes

174

204

Baja California

218; 261

66*

261, 265, 286 165; 175;157, Decreto 1839 de la Ley Electoral

Baja California Sur

142

84*

Estatal

Campeche

255

80*

267, 276, 277, 300

Chiapas

225

241

Chihuahua

125

141

Coahuila

134

157

Colima

205 BIS 10

74*

24, 198, 202, 214

Distrito Federal

226

257

Durango

198

220

Guanajuato

174 Bis

192

Guerrero

163

75*

141

Hidalgo

150

177, 182

Jalisco

229 II 1

264

144 F

149, 159

154

México Michoacán

Morelos

198

220

Nayarit

40 118, 120, 131

131

Nuevo León

110 BIS

111

Oaxaca

150

173

Puebla

200 Bis B II

85*

206, 213, 217

Querétaro

106 BIS

108

Quintana Roo

137

San Luis Potosí

154

153

Sinaloa

117 BIS

117 BIS E

Sonora

162

215

Tabasco

202

233

Tamaulipas

195 III

54*

209, 214, 229

245, 279

65*

26, 209, 214, 229

49*

11,80,184 I, 185 VI

Tlaxcala

227**

Veracruz

89*

Yucatán

188 A

197

Zacatecas

108

78*

31, 121, 127, 134

María de Lourdes Ramírez Flores

Por otro lado, las precampañas aparecen –en general– con plazos más detallados. La mayoría de las leyes y códigos electorales estatales mencionan de forma explícita los días que pueden durar estos procesos internos. Sin embargo, existen estados donde la regulación es laxa. De éstos, destaca el caso de Tlaxcala (**) donde –si nos apegamos a la legislación electoral estatal- las precampañas podrían durar hasta 227 días. En estos casos, los tiempos de campaña se regulan por acuerdo del órgano electoral estatal y, aunque 227 es el máximo, no duran ese tiempo. El caso de las precampañas en Michoacán también es anómalo. En esta entidad, las precampañas no están reguladas por el Código Electoral de

Michoacán, sino que se regulan por acuerdos del órgano electoral estatal en cada proceso electoral. Como se puede apreciar en la Tabla 1, existen diferencias en la duración de las campañas y precampañas en las entidades. En cuanto a las campañas (Ver Gráfica 1), los plazos también son heterogéneos. La duración mínima es de 45 días en Coahuila, Estado de México y Querétaro. La duración máxima es de 90 días y está estipulada en Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Cabe señalar que este mismo plazo es el que se contempla en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la campaña del Ejecutivo Federal.

Gráfica 1. Duración de las campañas en los Estados. Duración de capaña (días)

En cuanto a las precampañas, los tiempos también son bastante heterogéneos. El máximo tiempo es Tlaxcala (227 días), aunque como se señala en párrafos anteriores, cada proceso regula el tiempo. Como muestra la Gráfica 2, los estados que contemplan precampañas más largas son Veracruz (89 días), Durango, Jalisco Puebla , Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán con 60 días. Las precampañas más cortas son en el Estado de México, donde el proceso dura 10 días.

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Gráfica 2. Duración de las campañas en los Estados. Duración de precapañas (días)

Conclusiones y nueva agenda de investigación Cómo la presente investigación demuestra, la legislación electoral varía entre entidades. Los tiempos de campaña son distintos entre estados y van desde 45 días en Coahuila, Estado de México y Querétaro hasta 90 en Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí. Es necesario investigar las consecuencias que estas diferencias tienen en la competencia electoral. Por ejemplo, destaca que en dos de los estados cuyas campañas son más cortas (Coahuila y Estado de México) no ha habido alternancia en el gobierno. Sin embargo, es necesario realizar investigaciones más detalladas para saber si lo anterior es una coincidencia o si existe relación causal que determine alternancia en el gobierno con duración de campañas y precampañas. Como este documento de trabajo muestra, no existen criterios homogéneos para los procesos electorales. Este documento de trabajo de ninguna forma sugiere que deba existir una homologación (tampoco sugiere que no deba). Simplemente tiene como objetivo presentar las diferencias en los plazos de precampaña y campaña a nivel estatal. Investigaciones posteriores deben analizar la forma en la que estos plazos 52

afectan la competencia electoral y los niveles de participación ciudadana. Referencias • Arceneaux, Kevin “Do Campaigns Help Voters Learn? A Cross-National Analysis” British Journal of Political Science, 36 (2005). • Kollman, Ken; Miller, John H. y Page, Scott E. “Adaptative Parties in Spatial Elections” The American Political Science Review, 86 (1992). • Stevenson, Randolph T. y Vavreck, Lynn “Does Campaign Length Matter? Testing for Cross-National Effects” British Journal of Political Science, 30 (2000) Legislación Electoral Estatal • Aguascalientes, Código Electoral del Estado de Aguascalientes. • Baja California, Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado. • Baja California Sur, Ley Electoral del Estado. • Campeche, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche. • Chiapas, Código Electoral del Estado de Chiapas.

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• Chihuahua, Ley Electoral del Estado de Chihuahua. • Coahuila, Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. • Colima, Código Electoral del Estado de Colima. • Distrito Federal, Código Electoral del Distrito Federal. • Durango, Ley Electoral para el Estado de Durango. • Guanajuato, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. • Guerrero, Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. • Hidalgo, Ley Electoral del Estado de Hidalgo. • Jalisco, Ley Electoral del Estado de Jalisco. • Estado de México, Código Electoral del Estado de México. • Michoacán, Código Electoral de Michoacán. • Morelos, Código Electoral Morelos. • Nayarit, Ley Electoral del Estado de Nayarit. • Nuevo León, Ley Electoral del Estado de Nuevo León. • Puebla, Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. • Oaxaca, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. • Querétaro, Ley Electoral de Querétaro. • Quintana Roo, Ley Electoral de Quintana Roo. • San Luis Potosí, Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. • Sinaloa, Ley Electoral del Estado de Sinaloa. • Sonora, Código Electoral para el Estado de Sonora. • Tabasco, Ley Electoral del Estado de Tabasco. • Tamaulipas, Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. • Tlaxcala, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. • Veracruz, Código Electoral (número 307) para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Yucatán, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

• Zacatecas, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. APÉNDICE • Artículos de la legislación electoral estatal donde se especifica la duración de los tiempos de campaña para cada Estado. Aguascalientes • ARTÍCULO 19.- Las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo del mes de septiembre del año que corresponda. • ARTÍCULO 130.- El registro de candidaturas a Gobernador, a Diputados y a miembros de Ayuntamientos, será del 15 al 30 de junio inclusive, del año de la elección. • ARTÍCULO 143.- Las campañas electorales de los partidos políticos, se iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección. Durante los tres días anteriores a la jornada electoral… • ARTÍCULO 174.- Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este Código, en los Estatutos y Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. • En caso de realización de la jornada comicial interna, ésta se desarrollará conforme a lo establecido en sus Estatutos y Reglamentos, y en apego a las siguientes reglas: 1. Durante el proceso electoral en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y Ayuntamientos, el registro interno de precandidatos se hará en la última semana de febrero y las precampañas de los precandidatos que obtengan el registro interno del partido en cuestión, darán inicio el 1º de marzo y no podrán durar más de cuarenta días; 53

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• ARTÍCULO 204.- La duración de las campañas no deberá exceder de sesenta días cuando se elija Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, ni de 45 días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. Baja California • ARTÍCULO 21.- Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo del mes de julio del año que corresponda… • ARTÍCULO 218.- Las precampañas electorales iniciarán: I. Cuando se celebren elecciones para elegir Gobernador del Estado diputados y munícipes, el día veintidós de febrero del año de la elección … Todas las precampañas deberán concluir, a más tardar, un día antes del inicio del periodo de la solicitud de registro de candidatos. • ARTÍCULO 261.- Los partidos políticos o coaliciones, deberán presentar la solicitud de registro de candidaturas, en los plazos y ante los órganos competentes, en los siguientes términos: • En el año de la elección en el que se renueven al Titular de Poder Ejecutivo estatal, integrantes del Congreso del Estado, y munícipes de los ayuntamientos, todas las solicitudes de registro, entre el siete al veintiuno de abril, ante los siguientes órganos: • ARTÍCULO 265 IV.- Los Consejos Electorales, al tercer día del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 261 de esta Ley, celebrarán sesión para resolver, a propuesta de sus Consejeros Presidentes, sobre las solicitudes planteadas y, en su caso, otorgar la constancia de registro correspondiente, y • ARTÍCULO 286.- Las campañas electorales de los partidos políticos iniciarán al día siguiente del otorgamiento del registro de candidaturas para la elección respectiva por el Consejo Electoral correspondiente, y concluirán tres días antes del día de la elección, du54

rante los cuales no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. Baja California Sur • ARTÍCULO 142.- Los ciudadanos aspirantes a candidatos de elección popular, no podrán producir o difundir propaganda de precampaña antes de noventa días del inicio del proceso electoral. ARTÍCULO 150.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y por esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad, que comprende las siguientes etapas: I.- La preparación de las elecciones; II.- La jornada electoral; y III.- La posterior a las elecciones. • ARTÍCULO 151.- La etapa de preparación de las elecciones inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral celebre, y comprende los siguientes actos: • ARTÍCULO 157.- El término para el registro de candidatos, en el proceso electoral, será el siguiente: • I.- Para Diputados por el principio de Mayoría Relativa y Gobernador del Estado, del día 1 al día 10 de noviembre inclusive, del año anterior al de la elección; • ARTÍCULO 176.- Las campañas electorales de los partidos políticos y coaliciones se iniciarán oficialmente a partir de la fecha de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección. • 177.- El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña de propaganda o de proselitismo electorales.

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Campeche • ARTÍCULO 30.- Las elecciones ordinarias tendrán lugar el primer domingo de julio para elegir a: I. Diputados locales, cada 3 años; II. Gobernador del Estado, cada 6 años; y • ARTÍCULO 31.- En el mes de enero del año de la elección, el Instituto Electoral del Estado de Campeche expedirá la convocatoria para la elección ordinaria. En ésta deberán señalarse las elecciones a las que se convoca; los períodos de precampañas; registro de candidatos; campañas electorales; la fecha de la elección, así como las demás disposiciones que para tales efectos considere necesarias el Consejo General. El día en que deban celebrarse las elecciones ordinarias será considerado no laborable en todo el territorio del Estado. • ARTÍCULO 255.- Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actividades que dentro de su proceso interno, realicen los partidos políticos, sus militantes y precandidatos debidamente registrados por cada partido, utilizando el programa y la propaganda previamente autorizados por sus órganos internos, para obtener una candidatura a cualquier cargo de elección popular. Las precampañas para la designación de candidato a gobernador tendrán una duración de hasta 40 días. La duración de precampañas para la designación de candidatos a diputados, así como para la de Presidentes Municipales y Presidentes de Juntas Municipales, será de hasta 30 días. • ARTÍCULO 267.- Con las salvedades previstas en este Código, los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: • Para Gobernador del Estado, del 24 de marzo al 2 de abril inclusive, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. • ARTÍCULO 276.- A los ocho días siguientes de que concluyan los plazos establecidos para el registro de candidaturas, los Consejos General, Distritales y Municipales celebrarán

una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. • ARTÍCULO 300.- Las campañas electorales se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. Chiapas • ARTÍCULO 9.- la elección ordinaria de gobernador del estado se celebrara cada seis años el tercer domingo de agosto; la de diputados y de miembros de los ayuntamientos cada tres años el primer domingo de octubre; todas del año de la elección, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. • ARTÍCULO 66.- por campaña electoral se entiende el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos registrados para la obtención del voto. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. • ARTÍCULO 85 II. La precampaña de un partido concluye, a más tardar, tres días antes de que realice su elección interna o tenga lugar la asamblea nacional electoral, equivalente, o la sesión del órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatutos de cada partido; • ARTÍCULO 181.- los plazos para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: I.- para gobernador del estado del 15 al 31 de mayo y para diputados de mayoría relativa del 16 al 31 de julio; 55

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• ARTÍCULO 223.-Las elecciones internas que realicen los partidos para elegir a sus candidatos, deberán celebrarse dentro de los sesenta días anteriores al día de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate. • ARTÍCULO 225.- La duración de las precampañas electorales no podrá exceder de treinta días y deberán concluir treinta días antes del inicio del periodo de registro de candidatos. Las precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas. • ARTÍCULO 233.- Los plazos para solicitar el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: Para Gobernador del Estado comenzará 83 días antes del día de la elección, y terminará 77 días antes de la elección. • ARTÍCULO 241.- Las campañas políticas iniciarán, en el caso de gobernador, 63 días antes de la jornada electoral y las de Diputados, 33 días antes al día en que se verificará la jornada electoral, debiendo culminar en todos los casos conforme a lo dispuesto en el artículo 246 de este Código. Las propuestas de campaña a que se refiere la Constitución Particular, deberán registrarse ante la Comisión en la semana en que habrán de concluir las campañas políticas, conforme a las disposiciones preceptuadas en este Código. Chihuahua • ARTÍCULO 18.- Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir: • ARTÍCULO 136.- Los plazos para presentar la solicitud de registro de candidaturas durante el año de la elección serán los siguientes: 56

a) Dentro de los primeros diez días del mes de abril, tratándose de candidatos a Gobernador; • ARTÍCULO 125 1. En ningún caso, las precampañas excederán de los siguientes límites: a) De cuarenta y cinco días para la elección de candidatos a Gobernador 2. Para los efectos del numeral anterior, las precampañas electorales darán inicio en la forma que sigue: a) Durante la primera quincena del mes de enero del año del proceso electoral, para la elección de candidatos a Gobernador,… • ARTÍCULO 141.1. Las campañas electorales para Gobernador del Estado tendrá una duración de setenta y cinco días. • ARTÍCULO 142 .- Las campañas electorales deberán concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración de actos de campaña o la difusión de propaganda electoral. Coahuila • ARTÍCULO 134.a) Las precampañas en el caso de la elección de Gobernador iniciarán sesenta y cinco días después de iniciado el proceso. No podrán durar más de veintitrés días. • Artículo 157. 1. Las campañas electorales para Gobernador tendrán una duración de cuarenta y cinco días. Colima • ARTÍCULO 24.- Las elecciones deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir: Gobernador, cada 6 años. • ARTICULO 198.- Los plazos para solicitar el registro de candidatos en el año de la elección será:

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(REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005) Para Gobernador del Estado, del 10 al 15 de abril; y • ARTICULO 202.- Al recibirse una solicitud de registro de candidatura, el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo que corresponda, asentará mediante reloj checador la hora en que ésta se reciba. Dentro de las 24 horas siguientes, verificarán que se cumplió con todos los requisitos señalados en los artículos anteriores. Los CONSEJOS MUNICIPALES dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo mencionado, celebrarán una sesión con el único objeto de registrar las candidaturas que procedan y comunicarán inmediatamente al CONSEJO GENERAL el acuerdo relativo al registro de candidaturas, fórmulas o planillas que hayan realizado. El CONSEJO GENERAL dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de los plazos referidos, celebrará una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. • ARTÍCULO 205 BIS-10.- Los PARTIDOS POLÍTICOS realizarán sus procesos internos dentro de la etapa de preparación de la elección, durante los meses de febrero y marzo, debiendo concluir por lo menos 15 días antes de la fecha de registro de las candidaturas respectivas. En caso de que el proceso interno implique la realización de cualquiera de las actividades identificadas en el artículo 205 BIS-3, a cargo de los precandidatos, éstas no podrán durar más de 30 días contados a partir de la fecha que para tal efecto señale la convocatoria que al respecto expidan los PARTIDOS POLÍTICOS, pero en todo caso la conclusión de las mismas deberá hacerse por lo menos 3 días antes de la fecha señalada para que tenga verificativo la celebración de cualquiera de los métodos de selección aludidos en el artículo 205 BIS. • ARTICULO 214.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la fecha en que los Con-

sejeros Municipales y el CONSEJO GENERAL emitan el acuerdo relativo al registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán 3 días antes de la jornada electoral. Distrito Federal • ARTICULO 226.- Los procesos de selección interna se llevarán a cabo en el mismo año en que se realice la jornada electoral. Los procesos de selección interna de candidatos al cargo de Jefe de Gobierno no podrán durar más de 50 días y no podrán extenderse más allá del día 21 de marzo del año de la elección. • ARTICULO 257.- Las campañas electorales de los Partidos Políticos o Coaliciones se iniciarán: I. 75 días antes del término previsto para finalizar las campañas electorales, en el caso de elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal,… Durango • ARTÍCULO 20.- 1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir: … Gobernador, cada 6 años • ARTICULO 198.- I. Durante el proceso electoral en que se renueven los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los miembros de los Ayuntamientos, las precampañas podrán dar inicio a partir de la segunda semana de diciembre del año previo al de la elección debiendo concluir a más tardar veinte días antes del inicio de registro de candidatos. No podrán durar más de sesenta días; • ARTICULO 220.-1. Las campañas electorales para Gobernador del Estado, Diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, en el año que corresponda, tendrán una duración de ochenta días. Guanajuato • ARTÍCULO 15. Las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo de julio del año que corresponda… 57

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• ARTÍCULO 174 Bis 1. Los partidos políticos, conforme a sus estatutos, deberán establecer el órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas. I. Los aspirantes a precandidatos que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, fuera de los plazos de precampaña que fijen los partidos políticos, de conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo anterior. La violación a esta disposición se sancionará de conformidad con lo establecido en la normatividad del partido de que se trate. II. Cada partido político o coalición comunicará al Consejo General del Instituto Electoral, antes del inicio formal de los procesos internos, para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, el método que será utilizado; y dependiendo del mismo, lo siguiente: la fecha de inicio del proceso interno; la fecha de expedición de la convocatoria; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral correspondiente o en su caso, de realización de la jornada comicial interna. • ARTÍCULO 192. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente de que se apruebe el registro de candidaturas para la elección respectiva. La duración de las campañas no deberá exceder se setenta y cinco días para la elección de Gobernador, ni de cuarenta y cinco días cuando se elijan diputados, ni de sesenta días para la elección de ayuntamientos, las cuales concluirán el cuarto días que anteceda a la elección 58

Guerrero • ARTÍCULO 163.- Exclusivamente dentro de los procesos internos, los precandidatos podrán realizar precampañas, cuyo periodo de realización deberá de establecerse en la convocatoria que emita el partido político para tal efecto. Los partidos políticos, los precandidatos o terceros que los apoyen, se abstendrán de realizar actos de promoción o proselitismo en los medios de comunicación electrónicos e impresos.En ningún caso, la duración de las precampañas podrá exceder de veintiún días. • ARTÍCULO 191.- Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas son los siguientes: I. Para diputados por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos, del 3 al 18 de Mayo, por los Consejos Distritales Electorales correspondientes; II. Para Diputados por el principio de Representación Proporcional, del 16 al 30 de Mayo, por el Consejo General del Instituto Electoral; y III. Para Gobernador del Estado, del 1º al 15 de Abril del año de la elección por el Consejo General del Instituto Electoral. • ARTÍCULO 198. Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral. Guanajuato • ARTÍCULO 174 BIS .- … En ningún caso las precampañas podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. • ARTÍCULO 192.- Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente de que se apruebe el registro de candidaturas para la elección respectiva. La duración de las campañas no deberá exceder se setenta y cinco días para la elección de Gobernador, ni de cuarenta y cinco días cuando se elijan diputados, ni de sesenta días

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para la elección de ayuntamientos, las cuales concluirán el cuarto días que anteceda a la elección (Párrafo Reformado. P.O. 2 de septiembre del 2008) Hidalgo • ARTÍCULO 150.- Los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos no podrán iniciarse antes de 75 días naturales del inicio del periodo de presentación de solicitudes de registro de candidatos correspondientes, debiendo concluir a más tardar 15 días naturales antes del inicio de ese periodo, tratándose de las elecciones de diputados y ayuntamientos, y diez días, en el caso de la elección de Gobernador. Ninguna precampaña podrá exceder en su duración los siguientes plazos: I.- Para la precampaña de Gobernador Constitucional del Estado, hasta 20 días naturales; • ARTÍCULO 177.- El quincuagésimo cuarto día anterior al de la jornada comicial, el órgano electoral que corresponda concederá o negará el registro de candidatos a Gobernador del Estado y de Diputados. En el caso de la elecciones de Ayuntamientos, el órgano electoral sesionará para resolver sobre el otorgamiento del registro de planillas el trigésimo cuarto día anterior al de la jornada electoral. Toda resolución será notificada por estrados y será recurrible. • ARTÍCULO 182.- Para efectos de esta Ley, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos o coaliciones, candidatos, fórmulas o planillas registradas y sus simpatizantes, para la obtención del voto. Las campañas electorales iniciarán una vez que el órgano electoral correspondiente apruebe el registro de candidatos de la elección respectiva y concluirán tres días antes de la jornada electoral. Jalisco • ARTÍCULO 229. 1. Los procesos internos

para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, Distrital, Municipal o, en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente: I. Durante los procesos Electorales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la tercera semana de Diciembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días; II. Durante los procesos Electorales en que se renueve solamente a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la cuarta semana de Enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días; y 59

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III. Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas • ARTÍCULO 264. 1. Las campañas Electorales para Gobernador tendrán una duración máxima de noventa días. Estado de México • ARTÍCULO 144 F. La duración máxima de las precampañas para las elecciones de Gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos será de diez días y deberán realizarse dentro del cuadragésimo quinto y el vigésimo quinto día anterior al del inicio del plazo para el registro de las candidaturas ante el órgano electoral respectivo. Dentro de los plazos antes referidos, los partidos políticos podrán determinar libremente la duración de sus precampañas en los procesos internos de selección de candidatos. • ARTÍCULO 149. Recibida la solicitud de registro de la candidatura por el Presidente o el Secretario del órgano que corresponda, se verificará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior…. El Consejo General celebrará sesión para registrar las candidaturas para Gobernador el cuadragésimo noveno día anterior al de la jornada electoral. Para el caso del registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, la sesión del Consejo General tendrá lugar el trigésimo noveno día anterior al de la jornada electoral. • ARTÍCULO 159. Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la fecha de registro de candidaturas que apruebe el órgano electoral correspondiente para la 60

elección respectiva y concluirán tres días antes de la jornada electoral. Michoacán Artículo 51 de la Constitución Estatal.• La elección de Gobernador se celebrará el segundo domingo del mes de noviembre del año anterior en que concluya el período Constitucional • ARTÍCULO 51.- Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión en que se autorice el registro correspondiente. • El día de la jornada electoral y durante los tres días previos no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista. • ARTÍCULO 154.- El registro de candidatos a cargos de elección popular se hará ante el Consejo General de acuerdo a lo siguiente: I. El periodo de registro de candidatos durará quince días en cada caso; II. La convocatoria que para cada elección expida el Consejo General, señalará lasfechas específicas para el registro de candidatos; Para Gobernador del Estado, el periodo de registro concluirá ochenta y cinco días antes de la elección; VII. El Consejo General celebrará en los diez días siguientes al término de cada uno de los plazos sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan Morelos • ARTÍCULO 198.- Los procesos de selección interna de candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo en el mismo año en que se realice la elección correspondiente. Durarán como máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña respectivo, no podrán extenderse más allá Dirección General de Legislación Subdirección de Informática Jurídica del día 20 de marzo del año de la elección. Las precampañas de todos los partidos

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políticos se celebrarán de conformidad con la convocatoria respectiva que emita el partido, en todo caso deberán respetar los plazos establecidos en el presente código. • ARTÍCULO 220- La campaña electoral para Gobernador durara 75 días y las de Diputados al Congreso y ayuntamientos 60 días. Se iniciaran de conformidad con el calendario aprobado por el Consejo Estatal Electoral para cada proceso electoral. Durante los tres días anteriores a la jornada electoral no se permitirá la celebración de actos de campaña. Nayarit • ARTÍCULO 118.- Los procesos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, se regularán con base en las 70 normas estatutarias de los partidos políticos o coaliciones y con arreglo a lo siguiente: I. Los procesos internos de selección de candidatos deberán realizarse después del inicio del proceso electoral, y las precampañas no excederán de las dos terceras partes de la duración de las respectivas campañas electorales; • ARTÍCULO 120.- Las precampañas se realizarán dentro de los siguientes plazos: 71 I. Para Gobernador del Estado, del 12 de marzo al 20 de abril inclusive, del año de la elección, y; • ARTÍCULO 125.- Los plazos para la presentación de la solicitud de registro de los candidatos en el año de la elección son los siguientes: I. Para Gobernador del Estado, será del 22 al 27 del mes de abril ante el Consejo Local Electoral; • ARTÍCULO 131.- Las campañas electorales no podrán exceder de sesenta días para la elección de gobernador, ni de treinta días para las de Diputados y Ayuntamientos. • ARTÍCULO 132.- Las campañas electorales darán inicio a partir de la autorización del registro de candidaturas por el organismo electoral competente.

El día de la elección y los tres que antecedan, no se permitirá la 76 celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier otro acto de propaganda político-electoral. Nuevo León • ARTÍCULO 110 BIS 1. Cada partido político o coalición determinará, conforme a sus estatutos o convenio respectivo, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada a la Comisión Estatal Electoral dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, distrital o municipal o en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente: a) Durante los procesos electorales en los que se renueven el Gobernador, el Congreso del Estado y Ayuntamientos, las precampañas podrán dar inicio a partir del quince de enero del año de la elección; éstas no podrán durar más de las dos terceras partes de la duración de la campaña electoral; b) Durante los procesos electorales en los que se renueven el Congreso del Estado y Ayuntamientos, las precampañas podrán dar inicio a partir del quince de febrero del año de la elección; éstas no podrán durar más de las dos terceras partes de la duración de la campaña electoral; y c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. • ARTÍCULO 111. Sólo los partidos políticos y coaliciones pueden registrar candidatos. El 61

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registro durante los procesos electorales en que se elija Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos estará abierto del día 15 de marzo al 10 de abril del año de la elección. Cuando solo se elijan Diputados Locales y Ayuntamientos el registro estará abierto del día 15 de abril al 10 de mayo. El cómputo de estos plazos es de momento a momento, por lo que todos los días son hábiles y de veinticuatro horas. En todo caso la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días, cuando concurran las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, ni de sesenta días cuando solo se elijan Diputados Locales y Ayuntamientos. Las campañas concluirán tres días antes del día de la jornada electoral y solamente podrán realizarlas los candidatos que cuenten con el registro debidamente aprobado por la Comisión Estatal Electoral, y se encuentren dentro de los plazos de campaña. Oaxaca • ARTÍCULO 150.- 1. Las precampañas que realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos, deberán concluir a más tardar quince días antes de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate. En todo caso la duración de las precampañas será: a) Para candidatos a Gobernador del Estado, veinte días; • ARTÍCULO 173 .- El periodo de campaña electoral para Gobernador, tendrá una duración de sesenta días, para diputados cuarenta días y para concejales municipales por el régimen de partidos políticos treinta días. Puebla * • ARTÍCULO 200 bis .- Los partidos políticos debidamente acreditados o registrados ante el Instituto, con base en sus estatutos o normatividad interna aplicable, podrán realizar precampañas para elegir a los ciudadanos 62

que presentarán como candidatos a puestos de elección popular ante los organismos electorales competentes para su registro. B II.- En el caso de que el proceso electoral tenga como fin la renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y miembros de Ayuntamientos, las precampañas no podrán exceder de sesenta días, debiendo concluir antes del inicio del plazo de presentación del registro de candidatos. • ARTÍCULO 206.- El registro de candidatos a Gobernador, Diputados por ambos principios y miembros de Ayuntamientos se realizará durante la última semana de marzo del año de la elección, ante los órganos competentes ∗ siguientes: • ARTÍCULO 213.- Recibida la solicitud de registro de candidatos por el Consejero Presidente del órgano que corresponda, dentro de los cuatro días siguientes de su recepción verificará que se haya cumplido con todos los requisitos señalados en este Capítulo, conforme a las reglas siguientes: III.- Al cuarto día siguiente al vencimiento de los plazos referidos en este artículo, los Consejos General, Distritales y Municipales celebrarán sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. En el proceso electoral en que se elijan únicamente Diputados por ambos principios y miembros de Ayuntamientos los Consejos competentes sesionaran para otorgar los registros respectivos al sexto día, contados a partir del día siguiente de la conclusión de la presentación de registros. • ARTÍCULO 217.- Para los efectos de este Código las campañas electorales de los candidatos registrados, podrán dar inicio al día siguiente de concluida la sesión de registro de candidatos que efectúe el Consejo Electoral competente, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral. En el día de la jornada electoral no se permitirán reuniones o actos públicos de campaña, propaganda o proselitismo electorales.

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Querétaro • ARTÍCULO 106 Bis.- La propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones o a los propios partidos. El Consejo General del Instituto, está facultado para ordenar el retiro de la propaganda que contravenga lo anterior. Las precampañas darán inicio ciento un días naturales anteriores al día de la elección. No deberán durar más de treinta días naturales. • ARTÍCULO 108.- Las campañas darán inicio cuarenta y ocho días naturales anteriores al día de la elección. No deberán durar más de cuarenta y cinco días naturales. Quintana Roo • ARTÍCULO 137.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas que aprueben los Órganos Electorales competentes y concluirán tres días antes de la jornada electoral. En ningún caso podrán exceder de noventa días para el caso de la elección de Gobernador, y de sesenta días para las elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos. • ARTÍCULO 271.- En ningún caso la duración de las precampañas excederá de las dos terceras partes de la campaña electoral para el cargo respectivo. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos, simpatizantes y militantes, en su conjunto, aporten exclusivamente para sus precampañas, tendrán como límite el diez por ciento respecto del tope de gastos de campaña de la elección de que se trate. En ningún caso será mayor del diez por ciento del último tope de gasto para la elección de Gobernador que se haya fijado. A más tardar en el mes de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto determinará los topes de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será el

equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. San Luis Potosí • ARTICULO 153. Los partidos políticos podrán realizar toda clase de actividades tendientes adifundir sus programas de acción e idearios, y respaldar a sus candidatos, así como, en general, promover la afiliación de partidarios, atendiendo en todo caso a lo que dispone esta Ley. Las autoridades estatales y municipales darán las mayores facilidades para el ejercicio de tales derechos. Las campañas electorales para la elección de Gobernador no deberán exceder de noventa días, computados en forma regresiva a partir de los tres días anteriores al día de la jornada electoral. • ARTICULO 154. Los partidos políticos que realicen precampañas para elegir candidatos a algún puesto de elección popular, deberán dar aviso por escrito al Consejo, con anterioridad al inicio de sus procesos democráticos internos…. Las precampañas que realicen los partidos políticos para nominar a sus candidatos a Gobernador del Estado, tendrán una duración de hasta sesenta días consecutivos y se llevarán a cabo dentro del periodo comprendido del primer día de octubre del año anterior al de la elección, al treinta y uno de enero del año de la elección. Sinaloa • ARTÍCULO 117 Bis. Corresponde a los Partidos Políticos o coaliciones, autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y prescripciones de esta ley. Las precampañas electorales deberán 63

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desarrollarse dentro de los cuarenta y cinco días previos al inicio del período de registro de la candidatura correspondiente; deberán concluir a más tardar el día anterior al inicio de dicho período; y no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales. • ARTÍCULO 117 Bis E. La campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos y coaliciones para la difusión de sus respectivas plataformas electorales, programas de acción y plan de gobierno tendientes a la obtención del voto y comprende las siguientes actividades: Las campañas electorales para Gobernador del Estado iniciarán cincuenta y un días antes del establecido para la jornada electoral; y las correspondientes a Diputados, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores, iniciarán treinta y nueve días antes del día de la elección. Todas las campañas concluirán el miércoles anterior al día de la elección. Durante los tres días previos al de la jornada electoral no podrá celebrarse ningún acto de campaña, ni de propaganda o proselitismo electoral. Sonora • ARTÍCULO 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán 64

noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral; Tabasco • ARTÍCULO 202. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el artículo 201, inclusive, cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo Estatal dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, debiendo señalar lo siguiente: VI. La fecha de celebración de la Asamblea Electoral Estatal, Distrital, Municipal o equivalente, en su caso la fecha para la realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente: a). Durante los procesos electorales en que se elijan Gobernador del Estado, Diputados y Presidentes Municipales y Regidores, las precampañas darán inicio en la primera semana de junio del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días, y • ARTÍCULO 233. Las campañas electorales para el año de elecciones para Gobernador del Estado, Diputados, Presidentes Municipales y Regidores, tendrán una duración no mayor a sesenta días. Tamaulipas • ARTÍCULO 26.- El Gobernador se elegirá el primer domingo del mes de julio del año que corresponda, por votación directa en todo el Estado, mediante el principio de mayoría relativa, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y este Código. • ARTÍCULO 195.- Cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate, a más tardar el 10 de

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diciembre del año previo al de la elección. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación por la instancia partidista correspondiente, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno y los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, conforme a lo siguiente: I. Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, Congreso y los ayuntamientos del Estado, las precampañas se podrán llevar a cabo a partir del 1° de febrero y hasta el 20 de marzo del año de la elección; II. Durante los procesos electorales en que se renueve solamente al Congreso y los ayuntamientos del Estado, las precampañas se podrán llevar a cabo a partir del 15 de febrero y hasta el 20 de marzo del año de la elección; III. Las precampañas para elegir candidato a Gobernador no podrán durar más de 36 días, y para elegir candidatos a diputados locales no podrán durar más de 29 días; • ARTÍCULO 209.- Los plazos y órganos competentes para el registro de candidatos en el año de la elección son los siguientes: I. Para diputados según el principio de mayoría relativa del 5 al 15 de mayo inclusive, ante los Consejos Distritales o, supletoriamente, ante el Consejo General; II. Para diputados según el principio de representación proporcional del 5 al 15 de mayo inclusive, ante el Consejo General; III. Para Gobernador del Estado del 1 al 5 de mayo inclusive, ante el Consejo General; y IV. Para Presidente Municipal, síndicos y regidores de ayuntamientos, las solicitudes de registro se presentará ante los Conse-

jos Municipales o, supletoriamente, ante el Consejo General, en los siguientes plazos: a) En los ayuntamientos que tengan hasta 30,000 habitantes, del 28 de mayo al 3 de junio; b) En los ayuntamientos que tengan de 30,000 habitantes y hasta 75,000, del 15 al 25 de mayo; y c) En los ayuntamientos que tengan más de 75,000 habitantes, del 5 al 15 de mayo. En los casos de las fracciones I y IV prevalecerá la solicitud presentada ante el Consejo General. El Consejo General dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los plazos a que se refiere este artículo. • ARTÍCULO 214.- Dentro de los 3 días siguientes al en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 209 de este Código, los Consejos General, Distritales y Municipales, celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. Los Consejos Distritales y Municipales comunicarán de inmediato al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los Consejos Distritales y Municipales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro supletorio y de las listas estatales de fórmulas de candidatos según el principio de representación proporcional. Al concluir la sesión a la que se refiere el párrafo primero de este artículo, los Presidentes de los Consejos General, Distritales y Municipales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a conocer los nombres de los candidatos, listas y planillas, y de aquellos que no cumplieron con los requisitos. El Consejo General ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la relación 65

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completa de candidatos registrados. En la misma forma publicará la cancelación de registro o sustitución de candidatos. • ARTÍCULO 229.- Las campañas electorales se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidatos por los Consejos correspondientes, y concluyen tres días antes del día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

Tlaxcala • ARTICULO 225. Los procesos de elección ordinaria en el Estado, se llevarán a cabo en los periodos y fechas siguientes: I. De Gobernador del Estado, cada seis años; la jornada electoral se verificará el segundo domingo del mes de noviembre del año que corresponda; • ARTICULO 245.- Los procesos internos de los partidos políticos, orientados a seleccionar a su candidatos que habrán de contender en las elecciones a que se refiere este Código, sólo podrán iniciar durante el año de la elección de que se trate y deberán concluir necesariamente a más tardar cinco días antes del inicio del periodo de registro de candidatos de la elección de que se trate. • ARTICULO 279. Los plazos de registro de candidatos serán los siguientes, en el año del proceso electoral de que se trate: I. Para Gobernador, del veinte al treinta de agosto; • ARTICULO 291. El Consejo General resolverá sobre el registro de candidatos dentro de los cuatro días siguientes al vencimiento de los plazos de registro de candidatos y publicará el acuerdo correspondiente al quinto día. De la misma manera se publicarán las cancelaciones de registro o sustituciones de los candidatos. • ARTICULO 301.- Las campañas electorales podrán iniciar al día siguiente de la publicación

del registro de los candidatos y concluirá tres días antes al de la jornada electoral. Veracruz • ARTICULO 11.- Las elecciones de Go-

bernador, diputados y ediles se realizarán en las demarcaciones territoriales que, para fines político–electorales, se determinen con base en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, este Código y demás leyes aplicables. Las elecciones de Gobernador, diputados y ediles se realizarán el primer domingo de julio del año en que concluya el periodo constitucional correspondiente. • ARTÍCULO 69. Los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos podrán iniciar a partir de la segunda semana del mes de enero del año correspondiente a la elección y concluir en la segunda semana del mes de abril. • ARTICULO 80.- La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto. Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas. Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en términos del artículo 185 fracción VI de este Código, y concluirán tres días antes de la fecha

de la jornada electoral respectiva. • ARTICULO 184. El periodo para presentar las solicitudes de registro de candidatos a cargos de elección popular quedará sujeto a lo siguiente: Para Gobernador del Estado, quedará

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abierta la presentación en el Consejo General del día treinta de abril al nueve de mayo del

año de la elección;

• ARTICULO 185. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, se observarán los criterios y procedimientos siguientes: La solicitud de registro de candidatos se hará por cuadruplicado, firmada por el representante del partido, acreditado ante el consejo electoral correspondiente o, en su caso, el directivo estatal del partido que la sostiene. II. El Secretario del Consejo General o del Consejo respectivo anotará al calce de la solicitud la fecha y hora de su presentación, verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados, integrando los expedientes por triplicado. Un ejemplar será para la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, otro para el órgano calificador de la elección correspondiente y el tercero para el órgano ante el que se haga el registro; III. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el Secretario del Consejo General o del Consejo respectivo, se verificará, dentro de los tres días siguientes, que cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 183 de este Código; IV. Si de la verificación realizada se advirtiere que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido correspondiente para que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura; V. Cualquier solicitud de registro de candidatura presentada fuera de los plazos señalados por este Código será desechada de plano o, en su caso, no se otorgará el registro a la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos; VI. (El tercer día siguiente a aquel en que venzan los plazos para el registro de

candidatos para Gobernador y Diputados a que se refiere el artículo 184 de este Código),2 el Consejo General o los Consejos Distritales correspondientes celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. Yucatán • Artículo 188 A. Los partidos políticos con derechos vigentes, podrán realizar precampañas para elegir a los ciudadanos elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos apuestos de elección, previos al evento de postulación o designación de los mismos de conformidad a sus estatutos y disposiciones de esta Ley. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, los Estatutos, los reglamentos, los acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, conforme a lo siguiente: I. Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del las Poder 67

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Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado y Ayuntamientos, precampañas darán inicio en la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días II. Durante los procesos electorales en que se renueve el Congreso del Estado y Ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días, y III. Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Los precandidatos a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta Ley les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Federal Electoral. Los precandidatos debidamente registrados podrán acceder a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dicho medios al partido político por el que pretenden ser postulados. • ARTÍCULO 197. Las campañas electorales se iniciarán a partir del día siguiente de la sesión en la que el consejo electoral correspondiente, apruebe el registro de las candidaturas para la elección respectiva y concluirán 3 días antes del día de la elección. 68

El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales. Zacatecas • ARTÍCULO 31. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, • ARTÍCULO 108.- 1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley,en los estatutos, en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 3.- Las precampañas podrán dar inicio el día 22 de enero y deberán concluir el 8 de marzo del año de la elección. • ARTÍCULO 121.- El registro de candidaturas deberá hacerse en el año de la elección y dentro de los plazos siguientes: Para Gobernador del Estado, del 24 de marzo al 12 de abril, ante el Consejo General del Instituto; • ARTÍCULO 127.- Los Consejos Electorales sesionarán dentro de los cuatro días siguientes al vencimiento de los plazos señalados para el registro de candidaturas, con el único fin de resolver sobre los que procedan • ARTÍCULO 134.- 1. Las campañas electorales de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, iniciarán a partir del otorgamiento de la procedencia del registro y terminarán tres días antes de la jornada electoral.

Los cuatro grandes problemas de nuestra democracia Manuel Ramírez

Es bastante probable que el lector de estos párrafos muestre, de entrada, su discrepancia con el título con el que se anuncian. Y ello, principalmente, por dos razones plenamente comprensibles. En primer lugar porque nuestro actual sistema político tenga muchos más problemas: sobraría lo de “cuatro” y hasta quizá exclamara para sus adentros algo así como ¡ojalá fueran solamente cuatro! Y en segundo lugar porque pensara que los grandes problemas no son los que van a seguir, sino otros diferentes. Por eso hay que acelerar la previa explicación. Va de suyo que tenemos no pocos problemas más, grandes o menores. Y, por supuesto, igualmente, que se va a percibir la ausencia de alusión al gran tema de la crisis económica. Pero tengo para mí que muchos otros problemas pueden tener un carácter transitorio. Que tienen solución a corto o medio plazo. Que a lo mejor o a lo peor dependen de la política gubernamental del momento. Por ello, lo que a continuación sigue es una relación, de alguna forma resumida (es evidente que entrar a fondo en cualquiera de los problemas que dicha relación contiene da lugar, al menos, a un extenso tratado

y no es eso lo que aquí se pretende) de problemas “de largo alcance”, necesitados también de alta solución. Por obra del Gobierno que sea y con suma urgencia si es que, de verdad, se desea llegar al acto de hablar de consolidación de lo ahora establecido. Realizada esta aclaración, pasemos a sintetizar los cuatro grandes problemas que, a nuestro parecer, precisan pronto remedio. La ruptura del ámbito de la democracia Hay que recordar que, sobre todo tras el final de la segunda guerra mundial, cuando la democracia se universaliza como único sistema de legitimación de gobierno, gran número de países se apresuran a calificar sus regímenes como regímenes democráticos. Aunque de hecho no lo fueran. O, al menos, no lo fueran en el sentido de democracia representativa, con los partidos como vías de participación política. Había sido vencida la corriente del totalitarismo que, no hay que olvidarlo, constituyó en los años precedentes como “lo moderno” y por dicha derrota no parecía existir otro camino. Incluso si se llegaba a reconocer que era “el menos malo de los

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sistemas posibles”, expresión harto conocida. Y por esa mundialización, unos regímenes vuelven a la tradicional denominación de la democracia, mientras que otros cubren las apariencias añadiendo a lo de democracia algún “apellido” más o menos convincente: vía africana de la democracia (la “oposición” sería el colonizador), democracia corporativa, democracia orgánica, democracia popular, etc. Ocurre, empero, que en estos últimos decenios han proliferado, incluso a veces en forma de polémica, los intentos de acertar en qué consiste la actualmente generalizada democracia. Las tesis sobre su contenido constituyen ya auténticas bibliotecas. Y van desde las reducidas interpretaciones de la llamada “teoría elitista” (la democracia como mera posibilidad de recambio de élites) de cuna fundamentalmente anglosajona, hasta las aportaciones claramente europeas que amplían el contenido llevándolo al terreno social y personal. Así, por ejemplo, en el decir del maestro Dahrendorf, lo sustancial en una sociedad democrática radica en la prevalencia de las llamadas “virtudes públicas” sobre las privadas. Y con ello se llega a la concepción individual del “hombre democrático” frente al hombre autoritario, o mentalidad autoritaria, sobre el que tanta tinta ha corrido. El hombre democrático se caracteriza por un repertorio de formas de ser entre las que destacan la comprensión y el diálogo, la condena de las segregaciones, la creencia en la solución pacífica de los conflictos, el respeto a las opiniones ajenas y, en fin, la apertura mental hacia el distinto o lo distinto. Sin duda, esta ampliación de la concepción de la democracia tiene un valor importante en el seno de la misma sociedad. Pero nos aleja un tanto de lo que ahora pretendemos. Por ello, bien nos vale, en la consideración puramente afecta a lo predominante en el terreno político, la idea de que por democracia hay que entender, sustancialmente, los supuestos de posibilidad de alguna forma de participación en la política, posibilidad de elegir a quienes nos gobiernan y, 70

por último, posibilidad de control y exigencia de responsabilidad a los previamente elegidos. En nuestro parecer esto es lo fundamental y el resto de cuanto se añada puede quedar, simplemente, en la idea de algo distinto que sería “lo liberal”. Pues bien, cuando aquí y para nuestro caso, hablamos de ruptura del ámbito de nuestra democracia lo que queremos decir es que tal principio, como se sabe estrechamente unido al sufragio de todos, del “demos”, no puede constituir el único válido en todas las actividades de la sociedad. Hay otros principios con los que tiene que compartir o, incluso, ante los que queda anulado. Serían múltiples los ejemplos. Piénsese que no se somete a votación democrática la declaración de una prueba deportiva: la decisión la determina la mayor destreza, el mejor tiempo, el mayor número de goles. Nunca la mayoría del público existente. Tampoco los párrocos eligen al obispo. Ni es pensable que una supuesta orden de ataque militar se decide por votación de la tropa. Como es el cirujano quien decide cuándo y cómo procede la intervención quirúrgica y no es tema sobre el que voten los celadores del hospital. Y ocurre que esto que se acepta en los terrenos citados y que, como hemos señalado, es fórmula propicia para el terreno político, lo estamos considerando como indispensable para terrenos que requieren otros principios legitimadores. Ando pensando, por directa experiencia, en el campo educativo, desde la escuela a la universidad: se olvida la autoridad, la mayor sapiencia, la meritotacria. ¿Qué sentido razonado puede tener un alumno de primer curso para decidir con su voto la elaboración o aprobación de un nuevo plan de estudios? ¿Qué elementos de juicio puede tener el personal de servicios de una Universidad para votar en el órgano máximo de la misma a favor o en contra del nombramiento de alguien como Doctor Honoris Causa? Craso error cuando en el campo educativo lo que prima, como único criterio decisivo, son los votos. Si así ocurre el resultado es la confusión,

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la mediocridad, el amiguismo o el localismo. Nunca la calidad. En el terreno educativo los votos han de ceder ante los principios de autoridad y meritocracia. Como ante la fe en el terreno religioso o la disciplina y jerarquía en el militar. Si nada de esto se tiene en cuenta, entramos en el peligroso panorama de la ruptura del ámbito de la democracia. Algo que puede tornarse en general desconfianza hacia el funcionamiento del sistema democrático establecido, comenzando por cuestionar el supuesto general de la igualdad de voto. El camino hacia la partitocracia Aquí hemos de comenzar bastante atrás: a la misma redacción que en su artículo sexto hace la Constitución a la hora de, por primera vez en nuestra historia política, institucionalizar los partidos políticos. Hemos abordado el tema en varias ocasiones y desde hace tiempo (Manuel Ramírez, 1994). Recordemos aquí un breve resumen sobre el tema. El citado art. 6º lo que lleva a cabo es toda una exaltación de los partidos, sin duda para sedimentar la opción por la forma de democracia representativa que los constituyentes hacen. Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (el camino que la redacción de este artículo recorre hasta su aprobación definitiva puede verse en Manuel Ramírez, 1989). Y aunque el art. 23 de la Constitución reconoce que esta participación puede hacerse directamente o por medio de representantes, lo cierto es que, debido a tal exaltación, la consecuencia no podía ser otra que la innegable cicatería hacia las formas de participación directa, como en su día desarrollamos y ahora no vamos a incidir (Manuel Ramírez, 1985). Por supuesto que en el reconocimiento de los partidos se pudieron buscar fórmulas suaves en el Derecho Comparado (Italia, Ley Fundamental de Bonn o la Constitución Francesa de 1958 que, por

reproducir el ejemplo más cercano, establece que “Los partidos y grupos políticos concurren a la expresión del sufragio” no llegando a más). Pero no se quiso, influyendo en la citada hegemonía una especie de revancha hacia el inmediato pasado. Pero aun discrepando de tan generosa redacción constitucional, lo peor se encuentra en la práctica política. Y es que es en la práctica, en lo no expresamente establecido en la vigente Ley de Leyes, donde se está imponiendo la partitocracia. Permítaseme un juego de palabras. En los momentos de la Transición, un importante político pregonó aquí y allá que había que acabar con lo que denominaba “la sopa de partidos” entonces verdaderamente existente. Nuestro entonces pluripartidismo ilimitado rozaba el ámbito de la atomización, situación que fácilmente podía conducir a inciertos futuros, como advirtiera el maestro Sartori (Giovanni Sartori, 1976). Pues bien, años después, en nuestros días, lo de sopa de partidos se ha convertido en algo así como “partidos hasta en la sopa”. Y no creo equivocarme al afirmar que la sociedad española no se resiste a la realidad de que los partidos estén hasta en la sopa y ello aunque las sucesivas consultas electorales nos hayan llevado a un pluripartidismo limitado (sin que se pueda hablar de bipartidismo perfecto o imperfecto), dejando al margen del juego político o, incluso, haciendo desaparecer el caos hace años existente: varios socialismos, partidos nacidos para “ir más allá” del partido comunista que renunciaba a la revolución aceptando el parlamentarismo y la Monarquía establecida, partidos republicanos, partido carlista, etc. Lo que ocurre es que los partidos que han quedado se han lanzado a la utilización de no pocos vericuetos para hacer valer su hegemonía en el conjunto de toda la vida social. El lamentable recurso más utilizado ha sido el llamado sistema de cuotas. En todas aquellas ocasiones en que la Constitución atribuye al poder legislativo la elección de otros órganos del Estado (miembros del Tribunal Constitucional, algunos miembros 71

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del Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, etc.) surge dicho sistema de reparto de cuotas entre los partidos que integran el hemiciclo en un momento dado. Por supuesto, nada de esto establece la Constitución. Esta disfuncionalidad origina dos penosas consecuencias. En primer lugar, el olvido de algo que el ciudadano espera: la comprobación previa de la idoneidad, capacidad o méritos de las personas propuestas. Se lanzan los nombres y nada más. Y, en segundo lugar y como algo más importante, la difícil ruptura del lazo o vínculo existente entre el partido a que se pertenece o propone y la posterior independencia a la hora de actuar. El profesor García Pelayo ha intentado salvar este escollo para el caso concreto de los Tribunales Constitucionales, sosteniendo que la “función de los partidos termina con el nombramiento sin que tenga efectos ulteriores sobre el ejercicio de la función jurisdiccional (…) que se realiza con imparcialidad e independencia frente a los poderes y a sus portavoces” (Manuel García Pelayo, 1986). Creemos nosotros que dicha independencia únicamente existe en la buena voluntad del 72

maestro. La práctica política en nuestro país demuestra todo lo contrario, llegando incluso a dañar a la misma institución del Tribunal Constitucional, como recientemente se ha evidenciado en las casi eternas discusiones sobre la ampliación del Estatuto catalán. Pero es que, por demás, no hay que ceñirse a los casos de elección parlamentaria. La hegemonía de los partidos se manifiesta actualmente, directa o indirectamente y utilizando unas veces la clara militancia y otras veces las “simpatías” de independientes, en una larga serie de ejemplos. El logro de mayoría en claustros y asambleas. El condicionamiento de oto de aquellos que ofrecen apoyo, requiriendo luego nombramientos o conductas determinadas (en el mundo universitario esto ha llevado a la práctica imposibilidad de cargos directivos auténticamente independientes). La politización de temas que deberían estar al margen del terreno político y que quedan al albur del partido o de los partidos dominantes. En suma, partidos hasta en la sopa. Y ello porque no hay que olvidar que, en todos los casos citados y en muchos otros, se impone la lealtad de voto. Lealtad al partido (personalmente lo he vivido, por desgracia, incluso entre los miembros de un Tribunal de oposiciones a Cátedra). Y resulta trágico que podamos haber pasado de la “lealtad al Jefe” a ahora “lealtad al partido”. No es posible negar, por todo lo dicho, que nuestra inicial democracia, en la que no pocas esperanzas se pusieron, se esté convirtiendo en clara partitocracia. Claro camino que queda reforzado por la pésima valoración que, de acuerdo con las encuestas, la sociedad da a los partidos. La falta de actuación democrática en el seno de éstos, sumada a los casos de corrupción derivados de un cuerpo social sin mucha cultura cívica y a la pervivencia como único remedio del hispano “y tú más”, termina por ensombrecer el panorama. Y todo ello con el olvido de un claro peligro: todos los movimientos autoritarios o

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totalitarios han comenzado casi siempre por denunciar tanto la actuación como el sentido mismo de los partidos. Un olvido que, claro está, resulta urgente desterrar con el ejemplo. No obstante, a nivel científico y para, al menos, aminorar este problema, se viene abogando en los últimos años por la incorporación, dentro del sistema, de ciertas dosis de “corporatismo”. El término fue divulgado entre nosotros por Salvador Giner, que posteriormente lo ha reclamado en su meritoria obra La gobernabilidad (Xavier Arbós y Salvador Giner, 1993). No se trata, en ningún momento, ni de caer en el antiguo corporativismo de corte autoritario, ni de sustituir a los partidos. Se trata de ampliar el sentido del pluralismo, básico en la democracia, incorporando en la vida política una amplia red de asociaciones, instituciones o entidades que reflejan, expresan y defienden sus legítimos intereses. Los partidos han de perder así el monopolio de la participación y retomar lo que en las avanzadas democracias constituye su razón de ser. Es decir, canalizadores de votos y facilitadores del sufragio. Por la vía de este nuevo canal que supone el corporatismo se consigue, además, algo que los modernos estudios sobre el Estado social y democrático de derecho vienen señalando ya como nota esencial del mismo: la necesidad de contar con el consentimiento de los afectados. Así, el consenso será mucho más amplio y la decisión política tendrá mayor respaldo. Curiosamente, en nuestro país algo de esto se practica en algunos casos, cuando se habla de “diálogo con los agentes sociales”. Sobre todo en las consultas con representantes sindicales o empresariales. Y lo ideal, claro está, es que esta conducta se extendiera a muchos otros terrenos, sobre todo cuando se trate de temas importantes que pueden afectar a varias generaciones. Sin duda, de esta forma y por citar únicamente un ejemplo, no se estaría produciendo el auténtico disparate que padecemos en el mundo educativo.

La crisis de valores También podríamos titular este problema de nuestra democracia de una forma más directa: ausencia de valores. Y el lector puede comprobar que no hablamos únicamente de valores políticos. Y ello porque nos importa el ancho panorama de carencia, unas veces, de abandono, en otras ocasiones, de valores propios en todo nuestro actual entramado social. Pero resulta necesario, ante todo, aclarar y distinguir entre las dos facetas apuntadas: abandono y carencia. Decimos abandono cuando lo ocurrido es la expresa renuncia de ciertos valores por considerarlos propios de un cercano pasado autoritario que ahora se condena. Siempre he sostenido la idea de que a nuestro país le ha resultado bastante difícil, por no decir casi imposible, la tarea de reformar sin anular, de valorar lo que queda de positivo en cualquier menester y, a la vez y sin ira ni desprecio, acoplar ese menester a lo que se requiere en nuevas circunstancias. En vez de ello, lo que se hace es arrasar. Borrón y cuenta nueva. Y, personalmente, es entonces cuando me echo a temblar. Servirían muchos ejemplos de lo que afirmo. Limitándome al terreno de 73

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lo político, me produjo triste sorpresa conocer hace años, en uno de mis numerosos trabajos sobre la II República Española, la afirmación que en el hemiciclo pronunciara nada menos que el gran penalista Jiménez de Asúa sentenciando que si la República no había venido a “mudarlo todo” no merecería la pena haberla traído. ¡Mudarlo todo! Como si desde cualquier Gobierno, Constitución o Ley se pudiese llevar a cabo ese menester. Muy posiblemente el valor de la autoridad sea el ejemplo más palmario del abandono que señalamos. La autoridad, como valor general en una sociedad, no tiene que ser necesariamente autoritarismo, que constituye algo bien distinto: abuso indiscriminado, forzado y sin razón al guna del principio de autoridad. La siempre discutible extensión de igualitarismo aquí y allá, ha asestado un duro golpe a la autoridad. Y han tenido que pasar muchos años y no pocos acontecimientos hasta darnos cuenta de las no deseadas consecuencias a las que precisamente la falta de autoridad nos ha llevado. De nuevo en el terreno de la enseñanza es posible encontrar la muestra más evidente de eso que se abandona, intentando, quizá demasiado tarde, recuperar este valor ahora muy echado en falta en la relación entre profesor y alumno, aunque no solamente en este ejemplo. Algo similar cabría decir del respeto a quien es superior por alguna circunstancia: sabiduría, jerarquía o grado. De nuevo la utopía de la igualdad. Por supuesto que hay casos en que la ambigüedad no conlleva una pareja situación de superioridad. Ya el sabio Séneca nos advirtió de la diferencia entre vivir con provecho y el mero durar. Esto, sin duda, puede ocurrir. Pero no es menos cierto que el camino de la vida y el haber conllevado su casi permanente frío (frío de la naturaleza y frío originado por los demás) supone ya, per se, una fructífera fuente de experiencias que se suele transmitir. Y, naturalmente, es en el “paso” y aun en el “peso” de los años donde se adquiere madurez, con premios o con derrotas, ya que es de las caídas de donde se suele adquirir más provecho. 74

Con todo esto en la mente, es como el respeto al mayor o al superior constituye un gran valor que, en el decir popular, se tradujo en la expresión del “respeto a los años”. Fuertemente unido a lo anterior, tropezamos con otro valor cada día más olvidado. Podríamos anunciarlo como picaresco desprecio al trabajo, algo que viene de muy atrás y, en íntima relación, la supervaloración del temprano éxito en cualquier clase de actividad. Hemos hablado de “picaresco desprecio” y en nada mentimos. Tengo para mí que no hay mejor ejemplo de ello que nuestra literatura precisamente llamada “picaresca”. Confieso ignorar si en otros países ha florecido con igual constancia y relieve este tipo de literatura. En cualquier caso, las triquiñuelas del pícaro para el engaño nos han calado muy hondo. He llegado a oír, incluso, que el español es el único ser del mundo que nunca ha olvidado que el trabajo es una maldición divina y que, como tal maldi ción, había que evitarla como fuera. La imagen actual que a esto se acerca es el gozo y atención de personas que contemplan con sosiego cómo unos trabajadores sudorosos y forzados están realizando una obra. ¡Amor al gozo del trabajo ajeno! Va de suyo que esta menor valoración del esfuerzo diario y del cotidiano trabajo ha sido producida, en gran parte, no por una incapacidad natural del español como a veces se ha afirmado, sino por la identificación con no pocas figuras y casos de nuestra actual realidad que se han convertido en mitos a los que hay que admirar. Los campos en que esto se ha dado son harto frecuentes. Desde el genial y joven futbolista que de pronto se convierte en supermillonario, hasta el empresario afamado que parece dominarlo todo con su inestimable riqueza. Y aunque luego, por alguna razón, esos ejemplos desaparezcan, el mito queda. No es casualidad que, en el idioma que jóvenes y menos jóvenes utilizan continuamente y en todos los terrenos, se haya generalizado lo de “ser un crak”. A quien esta palabreja se adjudica se le consagra como héroe y, por supuesto, todo socialmente se le perdona. Como tampoco

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lo es la continua utilización del “súper” delante de cualquier afirmación. Hay que ser “súper” en todo y al hombre corriente y moliente que vive únicamente de su trabajo se le “mira por encima” cuando no se le compadece: –“¡pobre ser que tiene que hacer eso tan lingüísticamente calificado de ‘currar’!”–. En suma, para quienes así piensan, gran error el del maestro Unamuno cuando afirmó que agonía significaba luchar (contra la muerte y hasta contra la vida) y que lucha era la vida. No mejor suerte ha corrido el valor de lo que podríamos denominar pudor. Pongamos de inmediato el parche. Estamos ante un punto que en el pasado ha sido realmente valorado en exceso. El hombre, y sobre todo la mujer, venían obligados a casi venerar lo del pudor. Posiblemente por la herencia recibida de mentalidades ahora calificadas como “estrechas”. Y, además, por la presión social de una visión del catolicismo a través de sermones, púlpitos o confesonarios. Sin duda. Pero volvemos al bandazo. A la incapacidad para la mesurada reforma. Del bañador de cuerpo entero, la necesidad del velo, la manga larga y la aún más larga falda de la mujer se pasa al reinado del indiscutible erotismo que se observa por doquier. Hasta el punto de atrevernos a señalar que erotismo y consumismo pueden constituir los dos acicates (también podríamos denominarles “disvalores”) que mueven a gran parte de nuestra actual sociedad en su conjunto y no solamente a la juventud. El pudor desaparece con el harto discutible argumento de que no hay nada que deba limitarse a lo privado. Que cuanto se hace en privado puede hacerse en público. Y que los demás han de contemplar ese cuanto, ese todo con naturalidad, sin escándalo ni rechazo. Las consecuencias de tan falaz argumento (¿debemos prepararnos para ver defecar en plena calle?) es la utilización de lo erótico no solamente como argumento, sino en cualquier tipo de medio que pueda llegar al ciudadano y quiera éste o no lo quiera: televisión, prensa, revistas,

anuncios públicos. Llegando incluso a lo ridículo. No es difícil contemplar en la pequeña pantalla las piernas de una mujer o el torso de un hombre joven para, acto seguido y sin que tenga nada que ver con ello, conducirnos a lo conveniente de una nueva marca de coche, pasta de dientes o maravilloso desodorante. ¡Por no hablar de los no menos maravillosos perfumes! Todo vale y sin respetar nada. Ni la edad infantil de quien observa o lee. Todo lo íntimo puede hacerse público. Y el sentimiento del pudor cae en franca decadencia en el conjunto de lo social. Y por último, para cerrar esta primera relación de lo abandonado, citamos con dolor la sufrida disminución del valor del patriotismo. Algo distinto al exagerado nacionalismo usado como instrumento defensivo en etapas más o menos cercanas. Aquí nos referimos a un sentimiento profundo, heredado y vivido con legítimo orgullo. Sentimiento que nos debe llegar aceptando zonas de luz y zonas de sombra de nuestro ayer y que define tanto un conjunto de creencias como una parecida forma de ser y pensar. Y de preocuparnos. Permítaseme en este punto que acuda a una afirmación de Ortega que gusto de repetir cada vez que abordo el tema: “El español que pretenda huir de las preocupaciones nacionales será hecho prisionero de ellas diez veces al día, y acabará por comprender que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es España el problema ‘primario, plenario y perentorio’”. Y surge la pregunta de si, en nuestro actual momento histórico, España lo sigue siendo en esas dimensiones orteguianas. Claramente hemos de contestar con una negativa. El sentimiento profundo de España y de lo español comprobamos que únicamente aparece como orgullo nacional en muy contadas ocasiones y por circunstancias efímeras. Cuando nada o poco se pierde en el interés personal. ¡Qué lejos nos cae ahora aquella afirmación de Horacio que escribía “¡es bello morir por la patria”! Es posible que para no pocos ese elevado sacrificio no tiene sentido y Horacio sería tildado de lo peor. Como, creo que por desgracia, tampoco 75

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se entendería ahora aquel famoso deber de profesar “amor a la Patria” que se establecía con énfasis en nuestra primera Constitución de 1812. Por supuesto, la merma de este principal valor no se ha producido por casualidad, sino que es fruto de no pocos factores, entre los cuales aludimos aquí únicamente a dos. En primer lugar, la precipitada abolición del servicio militar, etapa de “servir a la Patria” y en la que se producía el solemne juramento del máximo sacrifico ante la bandera que la encarnaba. ¡Cómo duele por eso ver ahora esa bandera ultrajada con lo que tal hecho supone! Y en segundo lugar, y aunque eso se aleje de “lo políticamente correcto”, la aparición de las Autonomías y sus excesos han conducido muchas veces al hecho de que lo local, lo pequeño, prime frente a lo nacional. Incluso, como ocurre en algunos casos, se ha llegado a considerar lo local o lo regional precisamente como nacional. Los casos están en la mente de todos y hasta en las expresiones que nada ocultan. Así es posible oír de la relación entre lo catalán y lo español, como esferas separadas. Al igual que, ante la pregunta pertinente, el ciudadano “se considera” ante todo como catalán o vasco y luego, en todo caso, español. Se veía llegar. Cuando desde el comienzo de nuestra democracia lo que se defendía era lo diferente, el voluble y acomodaticio “hecho diferencial”, no es posible negar que se golpeaba, con mayor o menor fuerza, a lo contrario, a lo común. Y es lo común lo que une, siendo lo común la patria: España. Una vez abordados los valores que, en mayor o menor medida, nuestra actual sociedad ha abandonado o notablemente reducido, lo que ahora procede, según habíamos anunciado, es la referencia a aquello de lo que expresamente carecemos. Y, de entrada, quizá la cita de cuanto ahora hace mos bien podría resumirse en la afirmación de ausencia de “cultura cívica”. Amplio concepto que engloba una serie extensa de creencias y actitudes que, desde luego, resultan insoslayables para la consolidación de cualquier 76

régimen con estructura democrática. Lo que más interesa en esta cultura es el elenco de virtudes públicas. Las que se deben poseer y fomentar no ya en virtud de ser humano o ser provisto de alguna actitud individual, sino en virtud de pertenecer a la civitas. De ser ciudadano. En Roma, quienes estaban fuera de la civitas eran los bárbaros, que no hablaban latín. Entrar en la civitas comportaba derechos y deberes. En nuestros días puede que, incluso viviendo en el seno de la ciudad, haya no pocos bárbaros. Pero entonces la actual civitas, el Estado o el régimen político no saldrán de la mediocre inestabilidad. El sedimento de una sólida cultura cívica resulta absolutamente necesario. Por ello, valgan algunas alusiones a los principales valores que la integran. El indiscutible valor de asumir el Estado Parece una obviedad, pero no lo es. Sobre todo entre nosotros, tradicionalmente esquivos ante él. El Estado como organización jurídico-política de la sociedad. Que regula, protege y también requiere. En nuestro país, burlar o engañar al Estado ha llegado a ser habilidad del ciudadano: con el famoso estraperlo, en la declaración de la renta, en el no pago de ciertos

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impuestos, en las cien formas de eludir el servicio militar cuando era obligatorio, en la fuga o engaño de capitales, y un largo etcétera. En este aspecto se llega a una cierta minusvaloración de quienes, de una forma u otra, dedican sus vidas a servir al Estado. El funcionario ha estado casi siempre socialmente considerado como portador de los supuestos males de la nación. Por serlo con carácter vitalicio, aunque para llegar a esa función se hayan tenido que superar duras pruebas u oposiciones. Se estima más la libre competencia o, en todo caso, se predica la conveniencia de la renovación de méritos cada cierto tiempo. Sin tener en cuenta el peligro político que la inestabilidad comporta. Precisamente lo contrario, es decir, la estabilidad de toda la Administración, con independencia de los cambios gubernamentales, es el principal factor para la fortaleza del Estado. El valor de la participación, como supuesto básico de cualquier régimen democrático No entramos aquí en las diversas formas a través de las cuales se puede canalizar esta participación. Pero parece lógico, siempre en el terreno de lo ciudadano, que el valor de la participación cons-

tituye el prius para la posterior exigencia de responsabilidad. Es conocido que hay democracias anchamente consolidadas que llevan tiempo funcionando con niveles de participación no precisamente elevados. Pero no lo es menos que un alto grado de abstención suele resultar sumamente peligroso en democracias no tan asentadas. En éstas, la participación abundante adquiere el sentido de ratificación del régimen establecido y lo contrario, una gran abstención ciudadana tiende a significar un descontento con el mismo o, al menos, con el juego y conductas del sistema de partidos existentes. Y la debilidad es siempre no poco peligrosa. La plena aceptación del pluralismo en todas sus vertientes El maestro Dahrendorf lo describió como la “aceptación del distinto y lo distinto”. Porque la sociedad democrática no puede ser nunca monocorde, sobre todo por el mismo carácter de relativa que la verdad tiene siempre en democracia, al depender de la variable composición del hemiciclo en que, al menos en teoría, dicha verdad se elabora. Naturalmente que esta aceptación plena de lo distinto no impide, ni mucho menos, que el régimen, por muy democrático que se pregone, no frene aquellas actitudes que usen de medios violentos para obtener sus fines. Recordemos de pasada que hasta la misma segunda República Española se vio en la necesidad de aprobar y aplicar, cuando todavía no se había fletado la misma Constitución de 1931, una llamada Ley de Defensa de la República. Si no es así, si la violencia queda al margen, la democracia llega a ser el único sistema llamado a convivir incluso con quienes, personas o grupos, a ella se oponen. La existencia y la práctica del valor de la tolerancia O si se prefiere, la necesidad del talante democrático. Algo que tiene su claro origen en la mentalidad liberal, pero que va más allá. Hace años que los científicos de la política norteamericanos se esforzaron en describir los rasgos de la llamada “mentalidad autoritaria”. Pues bien, frente a ella, el ciudadano tolerante. El que gusta de oír antes de enjuiciar. Aquél abierto 77

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continuamente al diálogo y no al rechazo como sistema. Aquél que para el que no piensa como él puede ser el adversario, pero nunca su enemigo. Naturalmente que este valor no cae del cielo, entre otras razones porque el hombre no nace demócrata: se hace demócrata. Y a eso llega a través de su paso por muy variadas agencias o instancias de socialización política. De la familia al partido. De la escuela al grupo de juego. Del libro que lee a la televisión que padece. En suma y para concluir con este problema, nos atreveríamos a afirmar que del mismo saldríamos los actuales españolitos si lográsemos unir, debidamente retocados en algunos casos, los valores heredados a los cuatro últimos, de los que en gran parte carecemos, nuestro grave problema de la crisis de valores podría mermar muy notablemente. El grave problema de las autonomías Tengo para mí que habrá quien casi llegue a escandalizarse nada más percibir que hablo de “grave problema” al anunciar cuanto se refiere al Estado de las Autonomías. Y habré de confesar, de entrada, que yo mismo ando en duda ante este punto. Por un lado, me resulta imposible negar mi clara disposición tremendamente partidaria a favor del Estado unitario (que no tiene que ser centralizado ni uniforme) y fuerte. Mas, por otro lado, está el balance de ya suficientes años y hasta la penosa afirmación de que en las Autonomías únicamente creen quienes “viven de ellas”. No entro en afirmación tan rotunda, pero lo cierto es que, tras largo tiempo sin cuestionar el modelo y posiblemente a causa de la crisis económica que en la actualidad padecemos, ya han comenzado las opiniones sobre la viabilidad de la organización autonómica que constituye el mayor índice de gasto pú blico para la hacienda de nuestro país. Sea como fuere, para quien aquí y ahora opina, estamos, efectivamente, ante un grave problema que requiere ser abordado desde un punto de vista que 78

pretende ser objetivo y, por supuesto, desde la parcela de lo científico. En este tema tenemos que comenzar por la propia consideración que hace nuestra actual Constitución de este tantas veces heredado problema. En primer lugar, la aparición en el art. 2º del término “nacionalidades” a la hora de reconocer el derecho a la autonomía. Es la primera vez que dicho término aparece en la nada parca serie de textos constitucionales que nuestro país ha conocido. Recordemos que ni en la Constitución republicana de 1931 se pasa de hablar de regiones. Estatuto de Autonomía de la Región de Cataluña es lo que aquellas Cortes Constituyentes aprueban en 1932 y lo que Manuel Azaña lleva bajo el brazo a Barcelona señalando lo que de gran novedad aquello constituía. Sí: entonces Azaña creía que se solventaba un antiguo problema y para siempre. Muy diferente será su opinión durante la guerra civil, según veremos pronto. Ahora lo que nos interesa es destacar que durante el debate parlamentario nadie acertó a definir en qué consistía dicha palabra como sujeto de una posible autonomía. Más aún. Creo no caer en error si afirmo que, desde entonces y hasta nuestros días, dicho término ha permanecido en pleno desuso. O se sigue hablando coloquialmente de región o se ha dado el salto a la palabra nación que, lógicamente, nuestra Constitución no podía utilizar al margen del comienzo del mismo artículo cuando proclama la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y recordemos que bien recientemente el Tribunal Constitucional ha negado el carácter de nación para una Comunidad Autónoma que a ello aspiraba en la aplicación de su Estatuto. Ocurre que, al redactar nuestra Constitución, parecía necesario que se arbitrara un término que fuera más allá de “la mera región” y, como hemos apuntado, tampoco cabía hablar de naciones. Y ahí surgió lo de nacionalidades, cuyo posterior destino para bien poco ha servido. Salvo,

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claro está, para concertar la pregunta sobre a qué Nación se pertenece, sobre todo en los pasaportes y otros medios de identificación. En segundo lugar y continuando con el texto constitucional, se entendía poco la distinción entre dos tipos de Comunidades Autónomas, con diferentes ritmos para poder obtener autonomía y con diferentes competencias de inicio. El argumento utilizado para esta distinción descansaba en si “en el pasado”, es decir, durante la Segunda República, se hubieran o no “plebiscitado afirmativamente proyectos de autonomía”. Se volvía a otras cesiones para el consenso. Pero este argumento que, de inmediato, se tradujo en el decir de autonomía de primera y de segunda, no tenía sostén alguno ni desde el punto de vista científico, ni desde una consideración meramente sociológica. Lo primero porque, de haber durado un poco más la vida de la República, se habrían plebiscitado otros proyectos de autonomía en regiones que ya habían manifestado, de alguna manera, su apetencia autonómica. Nos limitamos a citarlas. En Aragón, el proceso había comenzado ya en junio de 1932 con una gran Asamblea en Zaragoza a la que asistieron representantes de corporaciones y entidades económicas de toda la región. Cinco meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, se dan cita en otra Asamblea en Valencia los representantes de 229 ayuntamientos para proceder al estudio de un proyecto de Estatuto para Valencia, Alicante y Castellón. Y, por poner fin a los ejemplos, vaya el más cualificado de Andalucía. También en noviembre de 1932 se izaba ya en el Ayuntamiento de Sevilla la bandera andaluza, dos franjas verdes y una en el centro blanca, mientras el pasodoble “La Giralda” sonaba como himno nacional adoptado, a la vez que un poco después, en enero de 1933 tenía lugar en Córdoba una Asamblea de andalucistas en la que por vez primera aparecía el grito de “¡Viva Andalucía libre! Es decir, se habría llegado a la misma situación que en Cataluña, País Vasco y Galicia. Y lo segundo, la excepción constitucional

olvidaba un supuesto comprobable con facilidad desde la simple apreciación de nuestra forma de ser. Los españoles estamos desde siempre viviendo entre la alternativa condensada en dos muy expresivas afirmaciones. Cuando se acusa a alguien de algo incorrecto, se recurre al “¡Y tú más!”. Y, a la vez, cuando no se da algún privilegio que al vecino se concede, viene de inmediato el “¡No menos que tú!”. Por ello, aquí y allá surgió la premura por mirar al pasado y, sobre todo, esgrimir reales o inventadas razones para justificar el llamado “hecho diferencial”. Conocemos el final: el café para todos y la consiguiente hemorragia de concesiones autonómicas. Y terminemos con lo peor en este tema de la regulación constitucional: el haber dejado abierta nada más y nada menos que la delegación de competencias del Estado en favor de las Autonomías. ¿Cuándo? Lo establece de forma imposible de entender el nº 2 del art. 150: cuando esas materias de titularidad estatal sean “por su propia naturaleza susceptibles de transferencia o delegación”. Tras esta ambigüedad, surge el ¿cuáles? Pues todas o ninguna. Dejar abierto este proceso es lo que ha motivado el peligroso regateo que, por razones electorales o por amenazas más o menos graves lanzadas desde algunas Comunidades, se ha producido. Si ahora contemplamos el resultado de todo lo expuesto, no es posible negar que el tema de las Autonomías sigue constituyendo un problema en nuestro país. En realidad, nunca ha tenido una solución viable. Veremos luego las razones de mi inicial afirmación. Pero antes de que se me tache de “presunto agorero” o algo similar (en realidad, el haber estudiado a fondo nuestra lineal historia política creo que me ha hecho pesimista ante muchos de sus episodios), vienen a cuento dos testimonios de distinta índole para reforzar nuestra postura. Cuando en las primeras Cortes de la Segunda República se debate la aprobación del Estatuto catalán y dejando al margen otras posturas de intelectuales fuertemente opuestos a dicha aprobación, como fuera el caso de Miguel 79

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de Unamuno, es Ortega quien el 3 de mayo de 1932 toma la palabra para decir esto, luego muchas veces repetido: “El problema catalán sólo se puede conllevar, no resolver (…). Frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comunidad de destinos, de esfuerzos, de penas, de ilusiones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros, y como son dos tendencias perfectamente antagónicas, no comprendo que nadie, en sus cabales, logre creer que el problema de tal condición puede ser resuelto de una vez para siempre. Pretenderlo sería la mayor insensatez, sería llevarlo al extremo del paroxismo, sería como multiplicarlo por sí mismo, por su propia cifra; sería, en suma, hacerlo más insoluble que nunca” (José Ortega y Gasset, 1932). 80

La postura de Ortega resulta meridianamente clara, aunque lo de hablar de “comunidad de destinos” acarrearía hoy las peores descalificaciones por los iletrados de turno. Pero hay más. Manuel Azaña, que en ese año sí creyó en la repentina solución del problema y a cuyos esfuerzos políticos se debió la aprobación del Estatuto, tras haber logrado vencer la resistencia de los mismos parlamentarios del PSOE y tras pregonar por doquier “el ejemplo” que había dado la República, al fletar una fórmula que en adelante señalaría “los caminos a seguir a otros pueblos europeos en situación más o menos semejante a la nuestra” (Manuel Ramírez, 1969), este Azaña, decimos, es quien hace una fortísima crítica a Cataluña por su insolidaridad con la República al estallar la guerra. Y añade su parecer de esta forma bien diferente a la euforia de poco antes. Los hechos “parecen demostrar que nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas (…). Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español” (Manuel Azaña, 1986). Tras esto cabe preguntarse: ¿hay alguna diferencia entre los dos ejemplos citados? Si tras estos dos testimonios nos situamos en la realidad de nuestros días, entiendo que el problema de las Autonomías mantiene su gravedad principalmente por dos razones. Ante todo, por una razón de índole económica salida a flote, sobre todo, cuando por causa de la actual crisis se plantea el catálogo de medidas para reducir gastos. Es entonces cuando, por vez primera y sin recato alguno, aparecen las dudas, de inmediato con aspecto de críticas, sobre lo que cuesta al Estado el mantenimiento de la estructura autonómica actual. Los gastos de diecisiete Parlamentos regionales o autonómicos, miles de diputados, otros diecisiete gobiernos integrados por consejeros sin límite, per sonal técnico, asesores múltiples nombrados a

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dedo, directores generales, gastos de mantenimiento, coches oficiales, escoltas, protocolos, etcétera. Es difícil poner el fin. ¿Puede nuestro Estado mantener todo esto? Más bien, no. Un derroche que está pidiendo a gritos medidas drásticas que nadie parece asumir. Pero hay, además, una vertiente política que, a mi entender, resulta bastante más grave. Haber dejado abierto el proceso de delegación de competencias ha ocasionado el regateo que antes apuntábamos. Y en este regateo es el Estado el que resulta claramente perdedor. Las Autonomías han ido creciendo en competencias, mientras que el Estado está quedando en una situación harto menguada. Algo especialmente grave en el seno de una Unión Europea donde quienes compiten son precisamente los contrarios, los Estados fuertes. Por otra parte, lo de “nacionalidad” ha pasado a ser nación, con su consecuencia: los nacionalismos se han lanzado a la equiparación, sin más, con el nacionalismo español. No como partes, sino como auto-todos. El veredicto orteguiano de los compartimentos estancos en su España invertebrada parece estar de nuevo ahí, con plena vigencia y con todas las verdades y mentiras tan atinadamente estudiadas en la actualidad por Jesús Laínz (2004). Como consecuencia de ambos extremos y al auge de lo local, de la parte, de lo más cercano pertinentemente acomodado y “con Madrid” como fuente de todos los males, el resultado ha sido una perceptible disminución del sentimiento de lo nacional, de lo patrio. El vivir la españolidad, que gusto emplear mejor que españolismo, está en clara decadencia, salvo en momentos tardíos y efímeros. Por supuesto, no resulta nada fácil salir de este grave problema. Son muchos los intereses acumulados durante estos últimos años. No es posible la vuelta a una situación de Estado notablemente uniforme, entre otras razones porque no lo es España. Pero entre eso y la situación actual pueden existir fórmulas a ensayar, aunque ello conlleve, claro está, la reforma constitucional.

Bibliografía • Arbós, Xavier y Giner, Salvador (1993) La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 1993. • Azaña, Manuel (1986) Causas de la guerra de España, con prólogo de Gabriel Jackson. Editorial Crítica. Barcelona, pág. 119. • García Pelayo, Manuel (1986) El Estado de partidos. Alianza Editorial, Madrid, págs. 132133. • Laínz, Jesús (2004) Adiós, España. Verdad y mentira de los nacionalismos, con prólogo de Stanley G. Payne en su segunda edición. Ediciones Encuentro. Madrid. • Ramírez, Manuel (1969) Los grupos de presión en la segunda República Española. Edit. Tecnos, Madrid, pág. 298. • Ramírez, Manuel (1985) La participación política. Edit. Tecnos, Madrid. • Ramírez, Manuel (1989) Partidos y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. • Ramírez, Manuel (1994) “Partidos políticos en España: hegemonía constitucional, práctica política y crisis actual” en “Régimen jurídico de los partidos políticos y Constitución”. Cuadernos y Debates. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, pág. 13 y ss. • Sartori, Giovanni (1976) Parties and Party Systems. A Framewok for Analysis. Cambridge Univesity Press, New York. • Ortega y Gasset, José (1932) Diario de Sesiones de Cortes de 3 de mayo.

CARTA DEL DIRECTOR

n Bien Común iniciamos una nueva etapa, una en la cual queremos acercar más a nuestros lectores y compartir con ellos algunas experiencias en este andar. La primera de ellas es que como Fundación Rafael Preciado Hernández cumplimos 18 años de labores. Se dice fácil y más fácil es hablar de que llegamos a la mayoría de edad. Como podrán leer en el suplemento que en esta ocasión presentamos, hemos logrado mucho en estas casi dos décadas y es mucho más lo que nos falta por hacer, en áreas como investigación, difusión, editorial y formación política. Los retos y el camino están trazados y en los meses por venir sólo nos queda recorrerlo. En otro tema, como nuestros colaboradores reflexionan en esta ocasión, lo electoral es de preocuparnos y ocuparnos. Preocuparnos por la baja asistencia a las urnas en las pasadas elecciones y la persistencia de prácticas que ensombrecen el panorama democrático que debiera imperar en nuestro país; y ocuparnos para que los mexicanos comprendan la importancia de las elecciones y la necesidad de que tomen parte en las mismas. Por cada elector que vende su voto a cambio de algo –tan sólo en el Estado de México, como lo detallan los múltiples testimonios en diversos medios, se ofreció entre 500 y mil 500 pesos por voto–, debemos prender un foco de alarma. La democracia no se debe resumir a un asunto de dinero, mucho menos a reducirlo todo a un ejercicio de intercambio entre quien tiene los recursos y quien ve esa oportunidad como la manera para contar con más dinero o materiales de construcción. Mucho tenemos que caminar en la búsqueda de un electorado que rechace esas prácticas y exija a los partidos más propuestas y menos acusaciones. Y en esa línea, vale la pena detenerse un poco en cómo se perfilan los escenarios rumbo al 2012. Para algunos, el resultado es previsible, en una lógica que no ayuda a lo que comentábamos líneas arriba: contar con un electorado que base su decisión en la reflexión y la información sobre por quién votar. Si la elección de julio de 2012 ya está resuelta, pues ahorrémonos la campaña y todo lo que eso implica. Si estamos en una democracia, la competencia es para convencer al electorado y la campaña sirve para contrastar proyectos y propuestas.

No he escuchado, y que me perdonen los impulsores del gobernador del Estado de México, ni un argumento para votar –en el supuesto de que sea candidato presidencial el año entrante– que motive un voto a su favor. Ni las cifras, ni los resultados de su gestión, ni sus constantes apariciones en medios son factores que ayuden a decidir por él. Tampoco he escuchado argumentos de otros posibles candidatos, pero de eso se trata el juego democrático: de contrastar a quienes buscan ocupar un puesto de acuerdo a sus capacidades y propuestas durante la campaña. Si ahora mismo el personaje antes aludido es señalado como favorito en una hipotética elección, es que algo estamos haciendo mal los ciudadanos para que las ideas queden fuera y nos encontremos en este escenario. Es un tema que vamos a impulsar en nuestras páginas y esperamos que su generosidad nos acompañe en la ruta para concretar este intento. Ligado a esto, también visto con preocupación, es la estadística del hábito de lectura del mexicano. En resumidas cuentas, no leemos. Intención noble pero curiosa viniendo de alguien que escribe en un medio impreso. ¿Qué hacer? Invitarlos a una cruzada para que a su vez invitemos a leer a más mexicanos. En otras palabras, no sean egoístas y cuando terminen de leer Bien Común préstensela a otra persona, mejor aún: oblíguenla a leer, tenemos que cambiar la estadística. Dejen un libro debajo de la almohada de sus seres queridos, y si no son queridos mucho mejor; regalen un libro o una revista en diciembre, y en otras fechas, pues para inventarlas nos pintamos solos los mexicanos y por eso tenemos día de la secretaría, del abogado, del ingeniero, del abuelo y un kilométrico de etcétera; pongan al alcance de quien no lee material de lectura, pídanle que lo haga, incluso permitan que les roben un libro con tal de que lean. Cual Quijotes de Cervantes, esa debe ser nuestra cruzada. Espero que nos acompañen en la idea. Para finalizar, nuestra invitación a que participen de esta experiencia editorial. Sus comentarios son valiosos para nosotros y orientan nuestros esfuerzos para ofrecerles una publicación de calidad. Les prometemos leerlos todos, por la vía que nos los hagan llegar: correo electrónico, carta, redes sociales. Ustedes tienen la palabra.

Armando Reyes Vigueras Director de Bien Común

Disminución de la pobreza Paulina Lomelí

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha publicado una información actualizada de los indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad, espacios y servicios de la vivienda que demuestran los avances alcanzados en el combate a la pobreza en los 10 años de gobierno del Partido Acción Nacional. Rezago educativo Se entiende por rezago educativo la proporción de personas que no cumplen con la obligatoriedad de la educación básica en el país. La población entre 6 y 15 años que no asiste a la escuela y que no ha concluido la educación básica obligatoria ha disminuido en las 31 entidades federativas y el Distrito federal:

2000 2010

9.7% 5.9%

Porcentaje de la población de 16 años o más nacida a partir de 1982 que no cuenta con educación secundaria completa: 2000 37.9% 2010 23.1% Resumen: Población con rezago educativo 2000 22.5% 2010 19.4% Salud Se considera que una persona se encuentra sin acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con derecho a recibir servicios médicos del Seguro Popular, IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o

Marina o de algún servicio médico privado. El porcentaje de la población sin acceso a los servicios de salud ha sido el siguiente: 2000 58.6% 2010 33.2% Calidad y espacios de la Vivienda Se entiende como población en situación de carencia por calidad y espacios de vivienda a las personas que residen en habitaciones que presentan al menos una de las siguientes características: pisos de tierra, techos de lámina de cartón o desechos, muros de adobe, carrizo, palma, lámina de cartón o metálica o materiales de desecho y los que padecen hacinamiento, es decir cuando el número de personas por cuarto es mayor a 2.5. 85

Proporción de viviendas con piso de tierra: 2000 14.9% 2010 5.8% Proporción de viviendas con techos deleznables: 2000 6.7% 2010 2.7% Proporción de viviendas con muros deleznables: 2000 4.2% 2010 2.1% Proporción de viviendas con hacinamiento:

2000 010

20.0% 11.8%

Resumen: Viviendas con alguna carencia en la calidad y espacios:

2000 2010

29.4% 17.0%

Viviendas con carencia de servicios básicos. Las viviendas carentes de servicios básicos son aquellas que presentan una o más de las siguientes características: no tienen agua entubada, drenaje o electricidad. Proporción de viviendas sin agua entubada: 2000 15.8% 2010 11.6%

Proporción de viviendas sin drenaje: 2000 26.9% 2010 12.0% Proporción de viviendas sin electricidad

2000 2010

4.8% 1.9%

Resumen: viviendas carentes de algún servicio básico

2000 2010

32.3% 19.3%

No todo está escrito. Importancia del acervo de la Fundación Rafael Preciado Hernández para el estudio del Partido Acción Nacional Dra. Martha Silva Antonio

La mayoría de los estudios sobre el Partido Acción Nacional (PAN) son de tipo coyuntural y se basan principalmente en el análisis de los actores tanto en el aspecto discursivo como de relaciones de poder. Sin embargo, los trabajos que abordan al partido desde una óptica histórica,1 se basan principalmente en publicaciones bibliográficas o hemerográficas. Los estudios acerca del PAN se han hecho desde diferentes enfoques: el análisis estructural; a partir de la coyuntura; de su participación en procesos Los trabajos que se han escrito sobre la historia del PAN, incluyendo tesis, han sido elaborados, en su gran mayoría, por periodistas, sociólogos o politólogos. Algunos historiadores que se dedican a la investigación de la relación Estado-Iglesia o al estudio de grupos católicos han abordado marginalmente la historia de Acción Nacional.

electorales en un sistema político autoritario o parcialmente democrático; desde la región; a partir de la óptica de la historia política, entre otros. Algunos trabajos sobre Acción Nacional que son meramente descriptivos y no llegan a problematizar algún aspecto en específico por ejemplo el de Jarquín y Romero, Un PAN que no se come (1984), en el que se vierten una serie de datos y afirmaciones que carecen de respaldo documental. Otros analizan al PAN de manera adjetivizada y lo califican como una organización política de oposición que no actúa como tal. Es decir, como oposición leal, como un partido alienado o católico o incluso

como una alternativa católica al movimiento revolucionario; o, incluso, como un partido de protesta, pro estadounidense, de empresarios y banqueros.2 Sin embargo, ninguno de ellos problematiza casos concretos o hace el análisis desde el personaje como elemento esencial en la conformación partidista. Alunas de las obras que han utilizado como fuente algunos documentos panistas son los siguientes: La investigación de Donald Mabry titulado Mexico’s Accion Nacional. A Catholic Alternative to Revolution (1973), que es básicamente un texto de historia política que analizan al PAN desde la óptica culturalista En esta categoría podemos señalar las obras de: Mabry, D. (1973); Sauer (1974); Nuncio (1976); y, Loaeza (1999).

y estructuralista. Se aborda principalmente lo relacionado con la vinculación Estado-Iglesia, pensamiento liberal-conservador y de manera general lo relacionado con los líderes provenientes de la ACJM y que dirigirán al partido de 1949 a 1962.3 En esta obra, el autor se respalda en algunos documentos emitidos por el PAN y que actualmente se encuentran, en su mayoría, concentrados en el acervo de la Fundación Rafael Preciado Hernández (FRPH), dándole así a su obra un plus, amén de que el estudio del panismo era un campo prácticamente virgen ya que las investigaciones se basaban más en lo macro, el sistema político. Cuando se abordaba lo micro se centraba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el presidencialismo o en la izquierda. Por su parte, Soledad Loaeza en El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 19391994. Oposición leal y partido de protesta, nos presenta un esbozo del periodo de estudio ya citado y utiliza herramientas metodológicas de la historia y, al igual que Mabry, utiliza parcialmente archivos de Acción Nacional para la elaboración de su obra. Mientras que Francisco Reveles en Historia Mínima del Este tema será retomado posteriormente por Soledad Loaeza y llamará a este periodo “La Era Católica” v. “La democracia cristiana y la modernización del Partido Acción Nacional 1957-1965”, Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamericana, núm. 14, 2000.

PAN,4 utiliza la revista La Nación (órgano informativo del Partido) como una de sus principales fuentes. Sin embargo, la utilización parcial del mismo no da una visión más analítica y objetiva de Acción Nacional como objeto de estudio. Asimismo, algunos estudios que abordan al Partido como actor secundario sí utilizan mayoritariamente fuentes primarias como La Nación o los documentos históricos de este instituto político, los cuales no se encuentran concentrados en un solo lugar sino que están distribuidos en los archivos de dos importantes fundaciones: la Manuel Gómez Morin, que se encuentra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en el de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Dichos documentos toman como objeto central a los actores, procesos electorales o a las facciones partidistas a diferencia de los trabajos, incluyendo los institucionales, que hablan de la historia del PAN y que utilizan escasamente documentos primarios como los ya citados. Es importante resaltar que algunos investigadores que estudian marginalmente al PAN se basan en fuentes secundarias e incluso afirman que todo sobre el panismo, incluyendo su historia, ya ha sido escrito. Sin embargo, al centrarse en fuentes secundarias o sólo en La mayoría de las obras de Reveles están basadas en sus tesis tanto de licenciatura como del Posgrado en Ciencia Política de la FCPyS de la UNAM.

un autor o dos, dan por hecho que no existen mayores posibilidades metodológicas tales como la riqueza de las fuentes primaras, como la historia oral o los documentos partidistas. Cabe destacar que en el Archivo Manuel Gómez Morin (AMGM) podemos encontrar la correspondencia del fundador y primer presidente del Partido, así como documentos fundacionales, entre otros. Estos últimos también forman parte del acervo de la Fundación Rafael Preciado Hernández, ubicado en el Centro de Estudios, Documentación e Información sobre el Partido Acción Nacional (CEDISPAN), en donde también podemos encontrar una importante veta de estudio en las actas de las asambleas, entre otros, que no sólo servirían para profundizar en la historia del PAN, sino que contribuirían a entender la estructura, la organización, las facciones, la doctrina y su ideología a través del análisis discursivo. Asimismo, también es importante señalar que la FRPH cuenta con un respetable acervo bibliográfico que concentra -en CEDISPAN- lo que se ha escrito sobre el Partido, mientras que el material hemerográfico que comprende las publicaciones partidistas (La Nación, Bien Común y Palabra) también dan cuenta del discurso, ideología, acciones y vida interna; y que, finalmente, forman parte de la historia de

Acción Nacional, también son fuentes importantes para entender la dinámica partidista, el hoy y el futuro de una organización política. La información que podemos encontrar en la FRPH es “insumo” básico no sólo para explicar, cuestionar y/o “derrumbar” mitos y ritos; sino también, para la construcción de escenarios futuros y para explicar al panismo desde dos ópticas, la historia a partir del disenso en el que el Partido era el otro en un sistema político sui géneris; y la historia que está construyendo como partido en el poder. En lo particular, tanto el archivo como la biblioteca de la FRPH han sido todo un descubrimiento5 que me han permitido no sólo contestar sino formularme nuevas interrogantes acerca de una organización política como Acción Nacional, que no es monolítica; sino que cuenta con una gran cantidad de crisoles que permiten un estudio transversal y seguir construyendo y deconstruyendo una parte importante en la historia política nacional en materia de procesos electorales, Poder Legislativo, actores, par-

ticipación política y cultura política, entre otros. Por lo tanto, no todo está escrito y aún hay mucho que analizar detrás de las fachadas.

Los trabajos que había realizado a partir de mi tesis de licenciatura Estado y empresarios en política. La participación política de empresarios de Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa en procesos electorales (19821986), UAM-Iztapalapa, fueron prácticamente análisis de tipo coyuntural. Sin embargo, por diversas circunstancias, el objeto de estudio en el que me centré para mi tesis doctoral Entre la militancia católica y la política. Alfonso Ituarte Servín (1956-1959), UAM-Xochimilco, me obligaron a buscar nuevas fuentes de información que le dieran a mi trabajo de investigación un plus en cuanto a novedad y calidad, por lo que los documentos de la FRPH, entre otros archivos históricos, me fueron de gran utilidad.

Los think tanks: Laboratorios para la acción democrática I de VI PARTES Carlos Salazar Vargas “Cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado”. Oscar Wilde

Las actuales, son épocas turbulentas en las que la constante es el cambio, lo inconcebible ahora es una realidad, la línea que separan la política de otros campos es cada vez más confusa y la mundialización han transformado la forma como se perciben las relaciones nacionales e internacionales y consecuentemente, el proceso integral de políticas públicas tiene un nuevo conjunto de actores, agendas y resultados. Dentro de este panorama es donde se debe comprende la complejidad y el carácter exclusivo de los retos que encaran los elaboradores de políticas públicas (policy makers) cuando tratan de hacerlas, pero en forma efectiva. En este mundo cada vez más complejo, interdependiente y abundante en información, los gobiernos y los elaboradores individuales de políticas públicas encaran el problema común de hacer que el conocimiento experto influya en la toma de decisiones gubernamentales. Por eso, los hacedores de políticas públicas necesitan información básica sobre el mundo y las sociedades que gobiernan, cómo funcionan las políticas actuales, posibles alternativas y sus costos y consecuencias probables. 90

Por lo anterior, los políticos y funcionarios de gobierno en cuanto policy makers, no se enfrentan a una falta de información, sino a un alud de información y documentos. En realidad, los elaboradores de políticas con frecuencia se ven asediados por más información que la que pueden posiblemente usar: quejas de sus electores, informes de agencias internacionales u organizaciones de la sociedad civil, asesoramiento de los burócratas, documentos donde cabilderos y grupos de intereses fijan sus posiciones y exposiciones de los problemas de los programas gubernamentales actuales en los medios de información populares o elitistas. Adicional a esto, el problema reside en que esta información puede no ser sistemática y confiable, puede estar viciada por los intereses de quienes la diseminan, puede ser tan técnica que los elaboradores de políticas públicas no pueden entenderla ni usarla o puede ser no muy práctica desde el punto de vista político, financiero o administrativo o contraria a los intereses de los elaboradores de políticas públicas que deben tomar decisiones basados en información que a menudo sienten que es menos que adecuada.

También puede haber información que no les sea útil debido a que difiere radicalmente de la percepción o la ideología de quienes la reciben… en conclusión, en nuestros países en desarrollo y transición, los datos básicos necesarios para tomar decisiones serias y confiables a menudo no existen o hay que recogerlos, analizarlos y darle la forma indicada para que la puedan usar parlamentarios y burócratas. La necesidad de información oportuna, comprensible, confiable y más Teniendo en cuanta que en política, la información ya no se traduce en poder, a menos que tenga la forma adecuada para el momento adecuado. Gobiernos y hacedores de políticas públicas a menudo se sienten impulsados a aprovechar el momento porque las fuerzas sociales y políticas apropiadas se han alineado o porque una crisis los obliga a actuar. En cualquier caso, a menudo actúan con rapidez y toman decisiones basadas en la información disponible, que no siempre conduce a la política más aconsejable. En resumen, los policy makers y otros interesados en el proceso requieren información que sea oportuna, comprensible, confiable, accesible y útil. Hay muchas fuentes potenciales de esta información (agencias gubernamentales, estudiosos en universidades, centros de investigación, firmas de consultoría con fines de lucro y agencias internacionales), pero en todos los países del mundo, políticos y burócratas -para cubrir sus necesidades- recurren por igual -y cada vez más- a grupos de instituciones especializadas y/o organizaciones independientes de investigación y análisis, conocidas como Think Tanks, como medio para satisfacer la necesidad insaciable que sienten los elaboradores de políticas, de información y análisis que sean políticamente relevantes. Valga la pena aclarar que las expresiones “Institutos de Investigación de Políticas”, “Laboratorios de Ideas”, “Research Brokers”, “Catalizadores de Ideas”, “Grupo de Expertos”, “Gabinete Estratégico”, “Elite de Cerebros”, “

Comités Asesores”, “Cajas de Pensamiento”, “Fábricas de Ideas”, “Centros de Política Pública”, “Depósitos de Ideas”, “Tanques de Pensamiento”, “Usinas de Ideas”, “Centros de Pensamiento”, “Factoría de Ideas”, “Institutos de Política Pública”… son todas estas, alguna de las muchas expresiones que se han propuesto como intentos para representar, traducir, describir o referirse al vocablo Think Tanks, anglicismo que se utilizará en este trabajo, teniendo en cuenta que –como tal– se encuentra ya registrado en el tesauro.1 Este imperativo de obtener información y nuevas ideas llevó a la creación de estos institutos y continúa siendo la fuerza primordial que ha impulsado la proliferación de ellos. La sociedad civil ha ayudado también a estimular el interés en los Think Tanks como fuente alternativa de información sobre temas de interés internacional, nacional y local y como críticos potenciales de las políticas públicas de los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, que quieren hablar con una voz objetiva, independiente del gobierno y la comunidad empresarial. Como la experticia en política se ha profesionalizado de manera acelerada durante los últimos años, en un régimen democrático moderno ya no es posible imaginar a un parlamentario, subsecretario, ministro o incluso un alcalde tomando decisiones sólo sobre la base de su propia experiencia, experticia, acudiendo a lo que se solía denominar como “olfato político”. Por el contrario, hoy en día tanto las autoridades públicas como los partidos políticos elaboran sus programas y toman sus decisiones a través de la mediación de expertos en distintas materias, la mayor parte de la veces ajenos al aparato público tradicional. Si bien esto no constituye una novedad en sí –siendo por lo demás un fenómeno bastante acorde con la complejidad de las sociedades contemporáneas– su amplitud y desarrollo han dado lugar a nuevos fenómenos que no quedan ajenos a nadie. Un tesauro –en el campo de la bibliotecología o de las Ciencias de la Información– es una lista que contiene los “términos” empleados para representar los conceptos, temas o contenidos de los documentos, con miras a efectuar una normalización terminológica que permita mejorar el canal de acceso y comunicación entre los usuarios y las Unidades de Información (bibliotecas, archivos o centros de documentación).

Una consecuencia de lo anterior es que se ha producido un paulatino desplazamiento ideológico desde el Estado, los partidos políticos y las universidades, hacia nuevos espacios de reflexión y generación de ideas, conocidos como Think Tanks. Estas organizaciones mediadoras surgen como espacios de reflexión privados, ajenos a la calidad científica que se atribuye a los centros académicos tradicionales en donde su financiamiento y organización suelen depender de mecenazgos, donaciones privadas o internacionales, lo cual impide dimensionar con exactitud qué tipo de conocimiento se intenta desarrollar y sobre todo, para qué fines. Y es que el enfoque dirigido hacia la generación de “conocimiento práctico”, provisto de una carga no siempre explícita, o bien ajena a toda neutralidad axiológica, plantea numerosas cuestiones de fondo respecto de la legitimidad técnicocientífica de tales organizaciones, sobre todo cuando sus opiniones adquieren la forma de un insumo esencial para la decisión política, cuya legitimidad, al menos teóricamente, sigue siendo de origen democrático. Así, durante las últimas décadas se han venido considerado los llamados Think Thanks como un instrumento idóneo y útil para alcanzar un desarrollo más acelerado y equitativo de cualquier país y la sofisticación cada vez mayor de los trabajos de promoción de políticas públicas ha demostrado que el perfil de estos institutos constituye una herramienta eficaz de apoyo a la democracia, haciendo que tan delicado compromiso los posicione como actores efectivos en y para cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas. Y es que las misiones que se han encomendado a los Think Tanks no son una tarea fácil si se tiene en cuenta que pensar con acertada visión de futuro es una labor compleja, sobre todo en países del llamado tercer mundo, donde el ejercicio de pensar en el futuro es casi un acto heroico, donde el hecho de tener gran parte de las actividades comprometidas en el día a día no permite la inversión de recursos humanos, 92

técnicos, financieros y de información, en proyectos a mediano y largo plazo, que le permitan a la sociedad civil y a todos los estamentos que en ella actúan, buscar derroteros y cursos de acción imaginativos y novedosos para un desarrollo acelerado y con equidad. De ahí que la misión de los Think Tanks está relacionada con la necesidad de mejorar la capacidad de gobierno, la gobernabilidad y la planeación estratégica de mediano y largo plazo, mediante el fortalecimiento de medios adecuados y oportunos para la formulación de los cursos de acción de políticas públicas efectivas y continuas en beneficio del país. Adicionalmente, es incuestionable que uno de los actuales retos de Colombia en particular y de los países latinoamericanos en general, es la búsqueda de cooperación y apoyo mutuo entre todos y cada uno de los principales actores del desarrollo. Esta estrategia ha sido exitosamente experimentada en otras partes del mundo por países que indudablemente lo han logrado en alto y acelerado grado, tal como ha sido el caso reciente de Japón y Korea, de algunos países europeos, como Alemania, y anteriormente Inglaterra y los Estados Unidos y los ahora llamados tigres asiáticos. Concretamente, el intercambio de ideas, el consenso en las acciones y la colaboración entre la academia, el sector productivo y el Estado es una labor a todas luces prioritaria si se quiere pensar en un desarrollo con equidad y justicia, dentro de un marco de convivencia y paz. Y para alcanzar estos objetivos –y otros relacionados estrechamente con ellos, tales como la convivencia y la ampliación de la democracia participativa– muchos países han encontrado una alternativa real y viable, al igual que imaginativa y novedosa, al recurrir a los Think Tanks. Según James McGann, los Think Tanks son parte integrante de la sociedad civil y sirven de catalizadores de las ideas y de la acción, tanto en las democracias nacientes como en las consolidadas… se trata de organismos independientes de investigación dedicados a cuestiones

de interés público y a su análisis, para obtener de aquello proposiciones operacionales. Un elemento clave de su acción es la diseminación de sus ideas de la manera más amplia posible, con la intención de influenciar cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas. En tal sentido, su existencia es permanente, a diferencia de las comisiones gubernamentales; así como teóricamente independiente. Tampoco cumplen funciones de gobierno, sino que más bien apuntan a orientar las políticas públicas hacia una cierta dirección y/o direccionar o redireccionarlas mediante el lobby político o bien formando directamente a los futuros “tomadores de decisiones”. Objetivo común: influir en las políticas públicas El término Think Tanks abarca un amplio grupo de organizaciones, todas con un objetivo común: influir en las políticas públicas. Estas organizaciones, en muchos casos muy diferentes entre sí, se encuentran en una posición intermedia entre (1) las instituciones académicas (2) las organizaciones privadas y (3) las estructuras políticas, tomando aspectos de éstas, pero generando a su vez una identidad propia. Estas particularidades de los Think Tanks han generado un gran interés en su funcionamiento y como cualquier otro fenómeno de carácter global, su

expansión se manifiesta de modo específico y concreto dentro de los distintos contextos locales y su funcionamiento está en relación directa con los otros actores políticos, económicos y sociales Sin embargo, a pesar de este creciente interés, existe escasa bibliografía sobre los Think Tanks de Latinoamérica. Por eso, este documento es una contribución destinada a ampliar el conocimiento sobre ellos, mediante la comparación de los perfiles expresados por expertos en el tema, el conocimiento de investigaciones especializadas en el campo y la experiencia de protagonistas directos de estos procesos. Se pretende así, ofrecer una mirada transversal de este fenómeno que contribuya a su mejor estudio y más claro entendimiento en Latinoamérica en general y en Colombia en particular. Su gran importancia se puede ver reflejada en el vestíbulo de la sede central de la Heritage Foundation donde se encuentra el escudo de la entidad (uno de los Think Tanks más influyentes del mundo), acompañado de su lema: “Ideas have consequences”. Y es que los artífices, promotores y quienes apoyan esta clase de instituciones están convencidos de que el progreso humano y la resolución de muchos problemas sociales depende, sobre todo, de la generación sistemática de nuevas ideas clave. Los primeros Think Tanks surgieron con el propósito de introducir los nuevos conocimientos

de las ciencias sociales en la gestión de los asuntos públicos. Sus responsables aplicaban los métodos de análisis científico de la economía o la sociología, para resolver -de manera infalible- los problemas que generaban la complejidad de la Administración Pública, el desarrollo urbano, el aumento de la población, el crecimiento económico y en general se creía que todas esas respuestas del Estado (o del gobierno de turno), frente a las necesidades de los ciudadanos, surgirían mediante la generación de conocimiento e ideas alternativas en formas de políticas públicas. Esas expectativas no se vieron colmadas por completo, pero sí introdujeron la idea de que los Think Tanks constituyen un instrumento útil de participación de la sociedad civil en la esfera pública y ayudan a gestionar el conocimiento para la toma de decisiones sobre temas políticos, económicos y sociales. Claro está que algunas de estas instituciones pueden considerarse también instrumentos de presión de determinadas élites políticas y económicas y se sirven de ellas para alcanzar mayor influencia. De todas formas, su presencia ha sido, es y será beneficiosa para la sociedad, siempre y cuando respeten las reglas del libre mercado, de la ética y de la libertad de información. De todas formas, los Think Tanks nacen asociados a la idea de un “mercado competitivo de ideas” y están fuertemente arraigados en la tradición de lobby e influencia política de los sistemas democráticos anglosajones. Precisamente, la difusión masiva de la democracia y el mercado son las dos “cabezas de playa” de este modelo organizacional que se ha difundido con enorme éxito a partir de los años 1980, sobretodo, tras la caída del Muro de Berlín y es justamente en los países de Europa del Este, a partir de 1990, donde se ha visto una mayor proliferación de ellos, especialmente de aquellos financiados por sus pares norteamericanos de corte conservador. Bien vale la pena citar un irónico artículo del periódico inglés The Guardian, donde Steve 94

Waters se pregunta cuáles son los métodos actuales para intentar “cambiar el mundo”. Su respuesta fue la siguiente: tomarse el poder, ser monstruosamente rico o bien seguir la larga y a veces penosa vía electoral. Sin embargo, y ahí está lo interesante, agrega dos vías o atajos: el terrorismo y la creación de Think Tanks. Y es que la actividad política de los últimos 30 años en varios países de América Latina demuestra hasta qué punto pueden influir las ideas (buenas o malas) de individuos determinados y comprometidos a difundirlas al interior de los círculos de poder, aunque inicialmente resulten impopulares. Probablemente esta estrategia –que implica una profunda convicción, acción incesante y de larga duración– es una de las claves del éxito de estas agrupaciones en el seno de varias sociedades y de su difusión a nivel mundial. Así, los Think Tanks se han convertido en una especie de arma política de largo plazo y han adquirido creciente importancia en la medida en que el ámbito de las ideas nuevas se ha ido desplazando de las autoridades gubernamentales, de los políticos o de los grupos de interés, hacia estos institutos. Adicionalmente, una coincidencia entre los autores que han estudiado los Think Tanks es señalar el interés en torno a los aspectos de políticas públicas como fundamento para construir el puente entre conocimiento y poder. Por eso, como requisito indispensable, los Think Tanks requieren autonomía para la formulación de problemas y necesitan libertad para reconsiderar los paradigmas aceptados de los cursos de acción política, al igual que trabajar a cierta distancia del calor de la formulación de alternativas de decisión corrientes. Y es que definitivamente en un mundo cada vez más globalizado, en donde la información es fácilmente accesible a cualquier ciudadano, sin importar su rango, ubicación geográfica, ni condición social, es imposible que los adelantos, conocimientos y experiencias de otras latitudes no se utilicen en beneficio de nuestro país. De ahí precisamente, la difundida opinión de que la

única ventaja de países como el nuestro está en aprovechar las experiencias de otros más desarrollados, con el fin de no cometer los mismos errores de ellos. De acuerdo con lo anterior, quienes se preocupan por abordar exitosamente las realidades futuras deben precisamente buscar en los Think Tanks el punto de apoyo que brinde la oportunidad de mirar el futuro con optimismo, ya que tales centros tienen como misión “mejorar las políticas públicas maximizando la probabilidad de que el análisis de políticas sea aplicado para resolver problemas del mundo real”.2 Con el interés de ampliar y desarrollar las premisas hasta aquí expuestas, se presentarán, en forma sistemática y clara, los mecanismos que tienen a disposición los institutos para propiciar que los países de América Latina trasciendan el futuro más allá del corto plazo, ya que uno de los principales retos de nuestra época se refiere a la brecha entre nuestra capacidad para gobernar los sistemas sociales y la complejidad creciente que éstos ofrecen. De allí que cada vez sea más necesario profesionalizar la política, sincerarla y fortalecer los valores éticos. Se espera que sea éste un valioso aporte al país al estructurar una propuesta para la revisión e institucionalización de la metodología apropiada que permita resolver problemas de incidencia nacional con la seguridad de que no se dejará de lado la visión de futuro a mediano y largo plazo y la percepción controlada del riesgo.3 ¿Serán los Think Tanks una vieja idea remozada para el siglo XXI? Hay quienes aseguran en el origen de los Think Tanks es estadounidense y data de principios del siglo XX, que surgieron a partir de un grupo de investigación reunidos por uno de los asesores del presidente de Estados Unidos, Dunn William N. Public policy analysis and introduction, 2nd. Ed., Prentice Hall, 1994. En Colombia existe sensibilidad por parte de algunos grupos frente a problemas de repercusión regional y nacional. Merecen destacarse esfuerzos que grupos como el CINEP han venido desarrollando con altura académica y compromiso social frente a problemas como violencia, desplazados, justicia y paz, etcétera. Esa labor debe multiplicarse en distintos frentes igualmente urgentes que exigen no sólo respuestas inmediatas sino también una reflexión continua a largo plazo.

2 3

Wooldrow Wilson, con el fin de llevar a cabo la tarea de hacer estudios para las posibilidades de negociar la paz, al término de la Segunda Guerra Mundial; posteriormente, este grupo llamado de “investigación” hizo una alianza con reconocidos académicos y banqueros de Nueva York, comenzando así la primera oleada de centros de investigación enfocados a hacer estudios estratégicos y que en un principio se enfocaron al área de relaciones exteriores. En la jerga militar estadounidense, se acostumbraba llamar Think Tanks a departamentos de los ministerios y de las agencias gubernamentales que investigaban sobre cuestiones bélicas y hacer políticas públicas para después de la contienda. Algunas trabajaban de forma secreta y su labor es desconocida por el personal ordinario. Se relacionan en especial con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo. Tras la guerra, algunos de estos organismos continuaron trabajando y de forma paulatina la expresión se popularizó, hasta el punto de que muchos institutos de investigación sobre economía y políticas públicas han adquirido la denominación de Think Tank. Rastreando un poco más sobre el origen del concepto moderno de Think Tank, tiene su génesis durante la Segunda Guerra Mundial y se refería a un local o recinto cerrado y seguro en el que científicos y militares se reunían para debatir asuntos estratégicos y sobre el desarrollo tecnológico de la guerra. Hay quienes consideran que la RAND (Research and Development Corporation), una sociedad creada por el general Henry H. Arnold en 1948, fue el primer Think Tank en la acepción actual del término. Sin embargo, el concepto de Think Tank es el resultado de una vieja idea expuesta años atrás por Francis Bacon.4 Fue retomada en algunos países anglosajones, por unidades selectas de profesionales de alta calidad, agrupados en islas de excelencia, con el propósito de producir contribuciones cardinales –nuevos tipos 4

Nueva Atlántida Editorial Mondadori, 1985.

de conocimiento, novedosas metodologías, formas modernas de cogestión, etcétera–, acciones éstas importantes como apoyo para el desarrollo de un país. A manera de contribución para la creación y desarrollo de estos centros en nuestros países, conviene traer a cuento el artículo de Yehezkel Dror5 en donde se promueve la necesidad de estos Think Tanks, como apoyo en cada una de las etapas del proceso integral (ciclo de vida) de las políticas públicas: formación, formulación, implementación (puesta en marcha), evaluación, análisis y reestructuración (Salazar, 1995). Sin embargo, el concepto de Think Tank, también ha sido utilizado en un contexto mucho más amplio. Tiene que ver con la investigación y el diseño de pautas y directrices de pensamiento que favorezcan ciertos sectores. En este sentido, no corresponden sólo a las unidades establecidas para el análisis de políticas públicas, en donde se busca –básicamente- apoyar las estructuras y procesos que conforman la administración pública. El concepto también cobija a los institutos de estudios avanzados dedicados principalmente a la producción de conocimiento puro. Precisamente, a comienzos de la década de los noventa cuando se comenzó a especular en

5 “Required breakthroughs in think tanks” en Policy sciences. Amsterdam, vol. 16 Nº 3 (1983). Este conocido catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue también quien propuso en 1967 la creación de la carrera profesional de “analista de políticas públicas”.

América Latina acerca de los Think Tanks, sus alcances y límites, sus características y requerimientos mínimos necesarios, factores tales como su proliferación en otros continentes y la misma novedad del tema en países como el nuestro, fueron un verdadero caldo de cultivo para que algunos irresponsablemente los presentaran al mundo entero como novedosa idea descubierta por seudo-intelectuales colombianos. Fue así como estos institutos se presentaron, ni más ni menos, como un novedoso remedio contra todos los males físicos y morales: la panacea que buscaban los griegos. Con el fin de contribuir a contrarrestar esta perjudicial, mal intencionada –y hasta peligrosa— corriente, en 1993, el autor fue invitado por el diario La República a escribir un artículo especial, que bajo el título “Depósitos de ideas y políticas públicas”, se publicó en la sección Análisis Económico6 de ese diario. Este documento, cuya copia circuló por academias y centros de educación superior, tuvo como mérito principal el hecho de brindar las bases mínimas necesarias para desmitificar este concepto. Dado lo sugerente que en ese entonces resultaba poner el tema sobre el tapete y debido al valor de dicho artículo como exploración de una propuesta efectiva, es útil traer aquí el texto completo de aquellas líneas: “Uno de los actuales retos de los países latinoamericanos es la búsqueda de cooperación y apoyo mutuo entre todos los estamentos de la sociedad. Esta estrategia de desarrollo ha sido exitosamente experimentada en otras partes del mundo, por países que indudablemente han logrado un alto desarrollo, tal es el caso reciente de Japón y Corea, de algunos países europeos, como Alemania y anteriormente Inglaterra y los Estados Unidos. Específicamente, la colaboración entre la academia, el sector productivo y el Estado es una labor a todas luces prioritaria. Para lo anterior se ha propuesto como alternativa novedosa la creación de los llamados “depósitos de ideas”. La República, sábado 10 de julio de 1993, sección Análisis Económico: “Depósitos de ideas y políticas públicas

Este concepto es el resultado de una vieja idea expuesta años atrás por Francia Bacon. 7 Fue retomado en algunos de los países anglosajones por unidades selectas de profesionales de alta calidad, agrupados en islas de excelencia, con el propósito de producir contribuciones cardinales –nuevos tipos de conocimiento, novedosas metodologías, modernos tipos de cogestión, etc.– como apoyo importantes a las políticas públicas o estatales.8 A manera de contribución para la creación y desarrollo de estos centros en nuestro país, conviene traer a cuento el artículo de Yehezkel Dror9 en donde se promueve la necesidad de estos “depósitos”, como apoyo a las diferentes etapas que conforman el “proceso integral”10 de las políticas públicas. El concepto de Think Tank también tiene que ver con la investigación y el diseño de pautas y directrices de pensamientos que favorezcan ciertos sectores. En este sentido, difieren de las unidades establecidas para el “análisis de políticas públicas” en donde se busca –básicamente– el mejoramiento de las decisiones políticas y la racionalización de las estructuras y procesos que conforman la administración pública. Esta figura es también distinta a los “institutos de estudios avanzados” dedicados principalmente a la producción de conocimiento puro. Los Think Tanks, según Dror, deben llenar dos condiciones: 1. tener por lo menos 25 profesionales de tiempo completo y 2. no estar afiliado a ningún partido político.

Nueva Atlántida, Editorial Mondadori, 1985. Entendidas éstas como “las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”, de acuerdo a la definición propuesta por Salazar-Vargas. 9 Required breakthroughs in think tanks en Policy Sciences, Amsterdam, vol. 16 Nº 3 (1983). 10 Aunque no existe aún consenso generalizado en torno a las diferentes etapas que conforman el proceso integral se proponen estas siete: • Conformación de la Agenda Gubernamental. • Formulación, gestación, creación o generación. • Formulación. • Puesta en marcha o implementación. • Evaluación (donde estaría incluido el control como elemento inseparable). • Análisis. • La reformulación. 7 8

Vale la pena presentar las “recomendaciones” sugeridas por el mismo autor para estos “centros de excelencia”: • El equipo multidisciplinario. • Funcionamiento integrado. • Realizar estudios que en principio no tenga clientela definida, pero que permitan el desarrollo de capacidades nuevas. • Desarrollo de nuevas metodologías. • Prioridad especial a la efectiva difusión del trabajo de la organización. • Realizar talleres para sectores formuladores e implementadores de políticas públicas y para profesionales especializados. • Evaluación continua y sistemática de actividades y realizaciones. • Cooperación entre distintos “depósitos de ideas”.11 • Todas estas actividades deben integrarse dentro de una estrategia abierta y elástica de desarrollo. Como se puede observar, es una vieja remozada por algunos inquietos con veleidades de “coquetería intelectual”. Lo que queda bien claro es, pues, que para este caso, también son válidas las palabras de la Escritura de que “Nada hay nuevo bajo el sol”. Estas premonitorias frases con las que cierra el artículo sirven ahora como preámbulo y justificación para dar inicio a esta reflexión sobre los Think Tanks. La metodología escogida para cumplir con lo propuesto se basa en las lecciones, enseñanzas y conocimientos extraídos de la experiencia que nos han legado instituciones de similar o parecida naturaleza y que han tenido éxito a la consecución de sus objetivos. Esta alternativa, que pregona básicamente el “proceso Una reunión preliminar sobre el problema demostró que hay interés en compartir en forma sistemática: • Información y publicaciones. • Actividades de los diferentes centros –desde visitas hasta talleres comunes–. • Grupos de trabajo sobre temas de interés común tales como metodología, medio y modos de difusión. • Experiencias mutuas entre los directores de los centros sobre problemas de administración, desarrollo de personal, control de gestión, mercado, marketing, comunicación, etc.

de copiar de los mejores” se conoce en el ámbito académico con el nombre de benchmarking. Y es que la aplicación de esta metodología permitió la clasificación, estructuración, revisión y análisis de una importante, novedosa y útil información que el autor ha venido recolectando desde tiempo atrás sobre el tema, concretamente dentro de sus funciones como Institutos de Políticas Públicas. El propósito final es concreto y específico: ofrecer a los lectores algunas de las principales características de los Think Tanks más exitosos en diferentes campos de actividad. Mediante un cuidadoso análisis, se han logrado detectar algunas características, condiciones y campos de acción que se repiten en forma casi constante en muchos de los Think Tanks más exitosos. (En el anexo No. 2 se relaciona un directorio latinoamericano de Think Tanks). En primer lugar –luego de introducir y justificar el tema- se ofrecen los fundamentos teóricos de lo que se entiende por benchmarking. Posteriormente, se relacionan algunas de tales características dentro de este esquema general. Dentro de este marco de referencia se cubrirán temas tales como las relaciones interinstitucionales, la ubicación de los institutos de políticas públicas en la sociedad, su utilidad para la formación de líderes, la educación en participación ciudadana y democracia, la sociedad en general, la formulación de políticas públicas, la información y sensibilización ciudadana, el Congreso de la República, la empresa privada, los medios de comunicación masiva, entre otros; el análisis efectivo de políticas públicas por estos institutos, los métodos para transformar la información en “recurso práctico” accesible a los gobernantes, la procedencia de las fuentes de financiación que alimentan a los Think Tanks, y su relación con la academia. Estos temas, integrados en un todo, son un valioso aporte para cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas que -en últimas- es una de las principales funciones 98

que deben liderar tales institutos. Se espera que este aporte sea un verdadero llamado para que se creen más organizaciones de esta naturaleza que cubran muchos y variados campos de la actividad política, económica y social de nuestro país. El “Benchmarking” como metodología para estudiar los Think Tanks Una de las pocas ventajas de los países en vías de desarrollo es precisamente el hecho de tener la posibilidad de no incurrir en los mismos errores que cometieron los países desarrollados. Aquellos han tenido la oportunidad de aprender de los errores de éstos. Sin embargo, no es sólo posible aprender de los errores, una estrategia mucho más efectiva es aprender de los éxitos de otros. Precisamente este planteamiento es el que propone el benchmarking: pregona la conveniencia de aprender de los mejores, de tal manera que la formación colectiva, la experiencia y sabiduría de otros puedan ser utilizados por quienes deseen mejorar su desempeño. Por lo tanto, este anglicismo se ha venido utilizando para referirse al proceso de identificar, comparar y estudiar los mejores con el fin de aprender de ellos. Hay quienes aseguran, (Boxwell, 2005), que el benchmarking hace referencia a dos cosas: al hecho de proponerse metas, en términos cuantificables, utilizando normas externas y objetivas y, en segundo lugar, aprender y conocer las cualidades que tienen las organizaciones exitosas para lograr buenos resultados (el cómo, en términos de cualificación). En estos términos, la tarea demanda todo un proceso que lleve desde la identificación de las necesidades a las que se busca respuesta –a través del benchmarking– hasta la evaluación y el rediseño de las estrategias tendientes a mejorar los logros que se hayan obtenido. Proceso que, a manera de ejemplo, ilustra la gráfica siguiente:

Figura 1 Benchmarking para competir con ventaja

Planificación

1 Identifique en que se va hacer benchmarking

2 Identifique compañías comparables

3 Determine métodos de recoger datos y recoja los datos

Análisis

4 Determine la actual brecha en la actuación

5 Proyecte futuros niveles de actuación

Integración

6 Comunique las conclusiones del benchmarking y obtenga su aceptación

7 Establezca las metas funcionales

Acción

8 Desarrolle planes de acción

9 Ponga en práctica acciones específicas y supervise los resultados

10 Vuelva a fijar los Hitos del benchmarking

Madurez

Posición de liderazgo alcanzada

Prácticas completamente integradas en los procesos

Fuente: El proceso de benchmarking Camp, Robert, Benchmarking The search for best practices. Quality Press, Milwaukee, 2006).

• Determine qué actividades importantes de su organización son aquellas cuya mejora permitiría ganar más mediante el benchmarking. • Determine los factores clave o piloto de estas actividades orientadas al valor. • Identifique a las organizaciones con prácticas más avanzadas en estas actividades orientadas al valor. Estas prácticas avanzadas pueden encontrarse en los competidores, en empresas de sectores distintos o en cualquier organización que realice extremadamente bien las actividades de valor. Las organizaciones con prácticas más avanzadas son las que realizan actividades más orientadas a buscar valor, a escudriñar los costos más bajos o encontrar el grado de valor más elevado para los clientes, lo que sea más apropiado en las circunstancias específicas. • Mida las prácticas más avanzadas en términos que le permitan, no sólo cuantificar las prestaciones, sino también comprender por qué y cómo consiguen tales resultados. • Mida su propia actuación y compárela con la mejor. Probablemente habrá medido su propia prestación antes de medir de las otras empresas que está estudiando. Pero puede encontrarse con que necesita medir la actuación propia otra vez, porque los mejores miden sus propias prestaciones utilizando diferentes medidas. • Desarrolle planes para igualar y superar las prácticas más avanzadas o para consolidar su liderazgo, según el caso. • Obtenga el compromiso en los diferentes niveles de la organización que están involucrados en el plan, lo que resulta más fácil con las pruebas suministradas con un estudio serio de benchmarking. • La figura muestra el proceso simple de benchmarking que puede ser utilizado de acuerdo con las necesidades, intereses y recursos de cada Think Tank. A continuación se entrará a considerar en detalle los que se han perfilado como elementos principales para que la academia, el gobierno, el 100

sector privado, la comunidad toda, aúnen esfuerzos en torno a estas novedosas iniciativas como alternativas viables y útiles para lograr el país que todos anhelamos. Nociones, Definiciones y Conceptos sobre los Think Tanks La dificultad para definir los Think Tanks proviene de la diversidad de objetivos que persiguen. La mayoría son entidades independientes y sin ánimo de lucro que tratan de generar soluciones concretas a problemas públicos. Otros tienen motivaciones políticas e ideológicas, conocidos como los Think Tanks de partido. También los hay que tienen un carácter más académico. En términos generales, un Think Tank es una institución formada por intelectuales y expertos en diversas materias que tratan de inspirar políticas públicas a través de sus estudios e iniciativas. Aunque algunos se limitan a investigar, en principio la mayoría trata de crear y difundir ideas para provocar un cambio en la acción política. El término Think Tank sigue siendo aún novedoso en la mayoría de los países de América Latina. En principio, son organizaciones ubicadas en el amplio y heterogéneo mapa del “tercer sector”: ni en el mercado ni en el Estado. Así, por lo general, son instituciones independientes, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y en la que -en líneas generales- se estudian temas con el fin de hacer llegar sus conclusiones a quienes toman decisiones. Hay algunos más académicos y por consiguiente menos vinculados con los actores políticos, en tanto que otros -cuya misión es la implementación de políticas públicas- se dedican menos a investigar, tomando los trabajos realizados por otras organizaciones para implementar proyectos y políticas públicas especialmente en gobiernos subnacionales o departamentales. Hay también instituciones que directamente no investigan y se ocupan de empujar temas claves, hacia la agenda de políticas públicas (advocacy institutions). También se entienden como Think Tank, las

instituciones investigadoras u otro tipo de organizaciones que ofrecen consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. Algunos están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo y normalmente se trata de organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales, multidisciplinarios, que elaboran análisis o recomendaciones de políticas públicas. Tiene estatus legal como institución privada (normalmente en forma de fundación no comercial) y defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política, las políticas públicas, la actividad social, comercial, medioambiental y tecnológica. A pesar de no existir un consenso en torno a la idea, características y propiedades de los Think Tanks, se ofrecerán algunas de las definiciones más comúnmente aceptadas. Valdría la pena además, confrontar si estas organizaciones que en otros países han cumplido un indudable papel de refuerzo de la democracia, se pueden copiar o si es necesario adaptarlas –y en qué forma- con el fin de que sean verdaderamente útiles para la solución de los graves, estructurales y sobre todo peculiares problemas de nuestro medio latinoamericano en general y colombiano en particular. • “Son grupos de profesionales organizados privadamente o bajo auspicios gubernamentales, dedicados a la investigación -en todas las disciplinas- y que comunican sus conclusiones al público en general o a un público específico”. (Reforma Económica Hoy, Nº 3, 1996). • “Son instituciones que realizan una actividad cognoscitiva relacionada con el proceso integral de políticas públicas” (Reforma Económica Hoy, Nº 3, 1996). • “Islas de excelencia que emplean permanentemente el pensamiento científico interdisciplinario, para procurar mejorar de manera sustantiva la política pública y construir un puente entre el conocimiento y el poder” (Yehezkel Dror, 1993).

• “Son verdaderos y efectivos intermediarios entre el “conocimiento” y el “poder”. (Patriack Dunleavy: LSE: London School of Economics and Politicasl Science, en la celebración de su primer Centenario, 1996). • “Son centros de pensamiento, conformados por personas de vuelo intelectual, que comporten una fe común en la democracia pluralista y en la economía de mercado y que están interesadas en debatir ideas, hacer estudios o investigaciones sobre aspectos de política pública. Difunden además, sus ideas por medio de revistas, folletos y libros y hacen pronunciamientos sobre temas de actualidad en este campo”. (Trulluck, Phillip N. “Los institutos de políticas públicas como propulsores del cambio” en Revista Ciencia Política, Nº 45, primer trimestre de 1997.) • McGann los define como “organizaciones de investigación, análisis e implementación de políticas públicas que generan investigaciones, análisis y recomendaciones en temas nacionales e internacionales para facilitar a los actores políticos y a la sociedad en general, tomar decisiones de manera informada sobre temas de políticas públicas”. • Para la Universidad de Filadelfia, “son “organizaciones de investigación, análisis e implementación de políticas públicas” y productoras de materiales que permiten a las sociedades estar más y mejor informadas, a la hora de tomar decisiones”. • Darío Abad Arango concebía a los Think Tanks como “un grupo de personas que se dedicaban al estudio y análisis de casos en específico, generaban conocimiento relevante desde un punto de vista analítico y -a su vez- proveían mediación de terceros entre las partes en conflicto. Normalmente en estas organizaciones trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinares que elaboran análisis o recomendaciones de política pública”. En conclusión, los Think Tanks son, dependiendo de su financiamiento, institutos privados 101

o estatales, de investigación de las ciencias sociales y de análisis de políticas públicas donde trabaja un grupo de especialistas y varios colaboradores y los que se integran a los grupos de trabajo, grupos de reflexión, talleres, seminarios, grupos focales, etc. Recorrido y evolución histórica de los Think Tanks “En la evolución de la Política Pública de los países latinoamericanos, los “Think Tanks” han tenido una influencia decisiva en la conservación y reformulación de la tradición convencional y en marcar nuevos cursos de acción política para las cuestiones estratégicas claves”. Christopher Ruddy, Chirman and CEO: NewsMax A partir de los años 1980 comienza a aparecer en la mayor parte de los países occidentales un nuevo tipo de organización creada a imagen de los modelos norteamericano e inglés. Estas agrupaciones, surgidas en el seno de la sociedad civil, elaboran un tipo de conocimiento práctico orientado y enfocado a definir o influir sobre las políticas públicas del Estado. No se trata de un conocimiento teórico propio de la academia y de las universidades, sino de un tipo de subproducto experto dirigido a quienes toman las decisiones y cuyo objetivo es su aplicabilidad en el terreno práctico. Las temáticas de trabajo de estas agrupaciones son variadas, pero siempre relacionadas con asuntos públicos de alta repercusión social y o mediática, como por ejemplo: educación, salud, pensiones, vivienda, delincuencia, energía, privatizaciones, planificación urbana, defensa, cultura. Estas organizaciones también han asumido la discusión y en algunos casos la protección de los denominados temas “valóricos”: divorcio, eutanasia, derechos sexuales, contracepción, interrupción del embarazo, prevención del 102

SIDA, etc. A lo anterior se suma el desarrollo y aplicación de una herramienta clave de influencia política y se trata de los estudios de opinión pública (encuestas) que regularmente están dirigidas hacia los poderes públicos y los medios de comunicación. En América Latina los Think Tanks han comenzado a aparecer, pero su capacidad de influencia -en cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas- todavía está muy lejos de la alcanzada por las instituciones estadounidenses, anglosajonas y europeas. En los últimos años, sin embargo, se ha registrado un intenso desarrollo de organizaciones independientes creadas bajo el mismo espíritu de los Think Tanks, algunos muy influyentes no vinculados a partidos políticos y otros vinculados a ellos. En Latinoamérica, se abrieron algunos institutos durante la década de los ochenta, pero con una relativa fuerza en los noventa, muchos siguiendo el modelo planteado por uno de sus precursores en Inglaterra: Sir Antony Fisher. Cerca de cien años después del establecimiento de los primeros institutos de investigación económica y social (Russell Sage Foundation, National Bureau of Economic Research, Brookings Institution), el afán de algunos filántropos, economistas y políticos se ha transmitido a la mayoría de los países. A pesar de que no existen cifras oficiales, estos centros han tenido un desarrollo y grado de influencia en la sociedad contemporánea impresionante y solo en EE.UU. existen cerca de dos mil organizaciones dedicadas al análisis de políticas públicas y aproximadamente otras dos mil 500 instituciones similares del resto del mundo. Su tamaño y financiamientos son variables y fluctúan, por ejemplo, en el caso de la Corporación RAND, cuenta con más de mil empleados y un presupuesto anual de más de 100 millones de dólares, mientras que un taller de política más modesto, como es el Institute for Policy Studies de Washington, cuenta con menos de dos docenas de empleados y un presupuesto que oscila entre uno y dos millones de dólares.

A partir del año 2000 se ha visto un nuevo surgimiento de varias de estas organizaciones, las cuales –muchas veces– sirven de plataformas políticas personales que escapan al tradicional control partidario, forman parte de los nuevos integrantes que se suman a los Think Tanks tradicionales. Varios autores reconocen tres generaciones: (1) La primera generación corresponde a los surgidos a principios del siglo XX, en los que se puede ver una fuerte orientación académica y de investigación. Considerados verdaderos institutos de investigación política y que son caracterizados como “universidades sin estudiantes”, sus investigaciones eran de largo plazo, buscando formar una élite de opinión. No obstante, no tenían una identificación política, ya que se buscaba preservar la independencia de la organización. En general, la mayor parte de los Think Tanks surgidos en esta etapa están dedicados al estudio de la política doméstica y a la política internacional, pudiendo mencionarse a Brookings Institution, como el más representativo de esta generación. (2) La segunda generación de Think Tanks surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ante la demanda de asesoramiento del gobierno de los Estados Unidos en política exterior frente al nuevo escenario que planteaba la Guerra Fría. A este grupo pertenecen los denominados “institutos de investigación contratados por el gobierno”, cuyo trabajo pasaba más por la elaboración de informes para los organismos de gobierno que por la producción de bibliografía especializada e investigaciones académicas. A este grupo pertenece la RAND Corporation, según algunos, pionera en el modelo de Think Tanks. (3) La tercera generación, a partir de 1970, es a la que pertenecen los advocacy Think Tanks, caracterizados por buscar influir en los debates políticos, lo que explica que en ellos se combinaran la definición de una posición política o ideológica con estrategias de mar-

keting, así como una fuerte relación con los medios y la opinión pública. Sus investigaciones son más cortas que aquellas de los Think Tanks de la primera generación, por lo general revisan, reformulan y modifican investigaciones existentes. Un ejemplo de las organizaciones que integran este grupo es la Heritage Foundation. Los primeros Think Tanks fueron independientes de los partidos. El ejemplo más típico de este formato fue la Corporación RAND, que comenzó a actuar en EEUU a fines de la década de 1940. Con el paso del tiempo, la relación entre estas organizaciones y los partidos se ha ido diversificando. Algunos, mantienen la tradición primigenia de neutralidad. Otros, han sido creados por los partidos políticos con la finalidad expresa de proveerlos de insumos técnicos, programáticos e ideológicos. Entre estos dos polos, existe una amplia variedad de esquemas. Durante la mayor parte del siglo XX, los Think Tanks independientes que realizaban investigaciones y ofrecían asesoramiento sobre política pública eran un fenómeno organizacional que se encontraba primordialmente en Estados Unidos, con una cantidad mucho menor en Canadá y Europa Occidental. Aunque en Japón hubo durante algún tiempo centros de investigación y análisis, éstos generalmente carecían de independencia al mantener vínculos estrechos con ministerios o corporaciones gubernamentales. En el mundo ha habido una verdadera proliferación de centros de investigación y análisis que comenzó en la década de los 80 como resultado de las fuerzas de la mundialización, el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de problemas transnacionales. Dos terceras partes de todos los centros de investigación y análisis que existen hoy se establecieron luego de 1970 y más de la mitad a partir de 1980. En cuanto a regiones y según un estudio del Foreign Policy Research Institute (FPRI) de Filadelfia, actualmente hay cinco mil 80 Think Tanks repartidos por todo el mundo. Dos de cada 103

cinco están en Norteamérica (mil 924); casi un cuarto en Europa Occidental (mil 198); 601 son de Asia; 483 de Europa del Este; 408 de América Latina; hay 274 en África, y 192 en Oriente Medio. De estos 408 (8.03%) que se encuentran en América Latina, Argentina tiene 100, ocupa el octavo lugar a nivel mundial y el primer puesto de la región, seguida por Brasil, con 38; Chile con 30, información que contrasta diametralmente con la presentada en el Anexo No. 2 de este escrito. Razones y causas del crecimiento y desarrollo de los Think Tanks “Los creadores y hacedores de políticas (policy makers) recurren cada vez más a organizaciones independientes de investigación de política pública, conocidas comúnmente como Think Tanks, para obtener información y análisis oportuno, comprensible, confiable, accesible y útil. El reto del nuevo milenio, es aprovechar la vasta acumulación de conocimiento, información y energía asociativa que existe en estas organizacionesen todas las regiones del mundo”. James G. McGann. Aquello que la izquierda liberal norteamericana consiguió ganar en el ámbito de la cultura y del mundo académico durante los años 60’ y 70’, no logró ser traspasado a la política, donde los conservadores sí comprendieron el papel de la llamada “guerra cultural”, creando –como respuesta- estos laboratorios de difusión de ideas. Según Stenfacic y Delgado, el éxito de la contrarrevolución cultural conservadora de los años 1980 se habría debido a los siguientes factores: • Concentración en un pequeño número de ideas centrales con objetivos claros, unidas las unas a las otras de manera progresiva y 104

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encadenada (a diferencia de la dispersión de los temas de otras corrientes). Coherencia ideológica de las temáticas abordadas, reforzadas con planeación estratégica basada en series de pequeñas victorias, puntuales y progresivas en el largo plazo. Más que confiar en la fuerza propia y lógica de las ideas, es necesario un trabajo coordinado e integral de persuasión. Tener acceso fluido a financiamiento y una fuerte determinación por obtenerlo de fuentes con afinidad ideológica dentro de sectores empresariales. Un enfoque efectivo y un uso intensivo de los medios masivos de comunicación masivos (radio, televisión, periódicos, Internet). Contar con una mejor gestión de “cerebros”, financiándolos desde sus primeros estudios hasta su instalación en estas entidades o en puestos de responsabilidad política (tutelaje). Generalmente se despliega un enorme esfuerzo en el reclutamiento de jóvenes “promesas”.

Con respecto al escaso número en América Latina, cabe la pregunta ¿por qué? La respuesta involucra aspectos relacionados con la forma como se organiza la academia en varios países de América Latina y con la añeja relación de mutua desconfianza entre la universidad pública y el gobierno. También puede ser porque los Think Tanks de América Latina no invierten en campañas de marketing para posicionarse internacionalmente. Otro factor, es el escaso valor que tradicionalmente le han dado los funcionarios públicos al conocimiento, sobre todo al de ciencias sociales, lo cual se hace patente en los exiguos presupuestos públicos que se asignan a la investigación que se desarrolla en esta área. Porque, como lo muestra la experiencia en Estados Unidos, la proliferación y la influencia de los Think Tanks no habría sido posible de no haber habido dinero suficiente para darles vida, proyección y abrigo. Es de esperar que a media que la política se abra al debate público, los Think Tanks cobren

importancia para los políticos y los investigadores en ciencias sociales reciban invitaciones o tengan la propia iniciativa de formarlos. Sin duda, los tiempos ameritan que en todos y cada uno de los países de Latinoamérica se establezcan varios de estos grupos que reflexionen, incidan y se posicionen en las políticas públicas nacionales e internacionales y la universidad, cuando menos la de carácter público, no puede hacerse a un lado de esta exigencia. El reto es que efectivamente se otorgue prioridad al interés público y el conocimiento que se genere y gestione no sea puesto únicamente al servicio de unos pocos y hasta mezquinos intereses privados. Características distintivas, propias y particulares de los Think Tanks “Entre las muchas influencias que afectan la formulación de la Política Pública en los países desarrollados, la función de los Think Ttanks se cuenta entre las más importantes y menos apreciadas”. Patrick Dunleavy Departamento de Gobierno London School of Economics and Political Science. LSE Los hay de varios tipos y colores. Están los puramente económicos, hay muchos de corte político, están los más académicos y los que tienen un aire a “consultora económica”. Con el proceso de institucionalización primero y de reforma del Estado después, la demanda por investigación, consultoría e ideas sobre políticas públicas aumentó fuertemente. Pero falta información sobre los matices que separan a unos de otros en aspectos de: cómo se financian, qué demandas satisfacen, a qué objetivos apuntan. Lo cierto es que el mapa de Think Tanks se ha expandido en América Latina y a esta altura no resulta sencillo detectar a qué se dedica cada uno y en definitiva, es complicado discernir qué diferencia a uno de otro.

Como no todos los Think Tanks presentan la misma dimensión, tamaño, presupuestos, finalidades, alcances… etc., resulta difícil distinguir a un verdadero Think Tank del que no lo es. En los últimos años, conforme el término se ha puesto de moda, muchas entidades del ámbito de la política y la economía se han llamado Think Tanks. Aunque todavía no existe pleno acuerdo entre la comunidad científica sobre la naturaleza de un Think Tank, sí pueden apuntarse algunas características: 1. los Think Tanks centran sus actividades en la investigación sobre cuestiones económicas y de políticas públicas, con el objeto de ayudar a que los asuntos públicos se gobiernen de la forma más eficaz posible. 2. Muchos tratan de mantener una cierta independencia orgánica e ideológica, compatible con la adscripción a una determinada corriente o grupo social. 3. Existe una clara excepción, los denominados Think Tanks de partido, entidades que suministran ideas y programas a los partidos políticos y sirven de escuelas de formación de futuros gobernantes y sus cuadros directivos. 4. Una gran mayoría y sus respectivos promotores, defienden un espíritu de independencia, 105

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hasta el punto de que con ella se ha pretendido distinguir a un Think Tank de los grupos de presión, que tanto han crecido en los últimos tiempos al abrigo de las estrategias de relaciones públicas. 5. Algunos suponen que los Think Tanks son establecidos con el propósito de servir al interés general, por encima incluso de sus afinidades ideológicas y de la dependencia de ciertos grupos. 6. Otra característica es que los Think Tanks son centros de investigación que intentan servir de puente entre la comunidad académica y la administración pública. 7. Desarrollan una investigación operativa a medio camino entre el trabajo de fondo y a largo plazo de la universidad y la gestión del día a día de los poderes públicos; ponen en contacto los resultados de la investigación con las necesidades de las políticas públicas. Es decir, se han convertido en los mediadores del mercado de las ideas políticas. 8. Otro punto importante es la cuestión de su función o rol al interior de una sociedad democrática. Como se ve, su influencia es mayor en la medida de que los partidos políticos tengan un menor anclaje ideológico y se encuentren en un espacio de competencia de ideas. 9. Mientras más fuerte sea la lógica de mercado

en el ámbito del debate sobre lo público, mayor influencia tendrán estas organizaciones. El caso de la sociedad estadounidense es paradigmático en este sentido, representando –al mismo tiempo– el ejemplo más antiguo de esta tendencia. 10. Se encuentran Think Tanks muy similares en los que varían algunos matices, pero la función principal que cumplen estas instituciones es la generación de ideas. 11. Hay dificultad para diferenciar los Think Tanks de otras instituciones como las ONG´s o incluso las empresas de consultoría. Si bien una frontera exacta resulta prácticamente imposible de establecer, se puede decir –a grosso modo– que la principal diferencia con las ONG´s es que estas últimas prefieren la acción directa respecto de determinadas problemáticas sociales, mientras que los Think Tanks suelen priorizar los estudios destinados a influir en la creación de políticas públicas. Raramente actúan en el terreno, pues su objetivo es orientar el debate público y hacer que sus ideas prevalezcan al nivel de la decisión política. Ello no excluye que ciertas ONG también elaboren estudios cuyo objetivo sea la creación o la modificación de determinadas políticas públicas, pero esta característica no constituye una condición necesaria para su existencia,

como sí ocurre con los Think Tanks. Respecto de las empresas consultoras, la diferenciación resulta más obvia, pues éstas buscan beneficios económicos directos y generalmente trabajan sobre la base de contratos. Su objetivo primordial no es el “bien público”, sino la eficacia y la rentabilidad. 12. Los Think Tanks tienen una profunda vocación por incidir en las políticas públicas que los distingue de las universidades y de los centros de investigación convencionales. 13. Los Think Tanks funcionan con la idea de una “democracia de mercado”, aunque operan con métodos tomados del mundo académico, los cuales combinan con tácticas propias de la comunicación publicitaria. 14. Si bien los Think Tanks se definen como organizaciones sin fines de lucro, no trabajan sobre la base de un voluntariado, como sí ocurre con muchas entidades surgidas a partir de movimientos sociales. 15. Los Think Tanks tienen profesionales contratados para “pensar” las políticas públicas e influir en el proceso de toma de decisiones, lo cual implica un costo económico no menor. 16. Los Think Tanks buscan influir en la toma de decisiones o intentar guiar el debate público y sus propuestas apuntan hacia cambios

estructurales del modelo “democracia-mercado”. En este sentido, difícilmente se las puede definir como funcionales al mismo, sobre todo cuando participan de lo que se conoce como un “mercado de ideas”. 17. Es innegable la importancia de la comunicación y, en especial, de las estrategias de relaciones públicas y marketing en la actividad de los Think Tanks. Y es que al ser organizaciones de carácter eminentemente político y como su máximo objetivo es mejorar el proceso y contenido de las políticas públicas, su trabajo se dirige a estudiar los problemas sociales para proponer soluciones políticas. 18. El producto principal de los Think Tanks se centra en el análisis de las situaciones existentes y en el asesoramiento a cualquier persona –física y jurídica– u organismo público mediante la producción de una numerosa documentación plasmada en informes, expedientes y libros. Tienen un interés especial en comunicar el resultado de sus trabajos a todos aquellos individuos que están involucrados y que participan en la elaboración de las políticas públicas.

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Los ecos de Chapultepec Salvador Abascal Carranza A Felipe Calderón Hinojosa, con sincera admiración. “Porque a la ética […] corresponde determinar qué clase de hombre hay que ser, para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia.” Max Weber

El político con visión de Estado y vocación humanista, rechaza la oferta de quienes consideran como independientes, e incluso incompatibles, los ámbitos ético y político proclamando, por tanto, la amoralidad de la política. “La moral es un árbol que da moras”, decía un famoso gobernador priísta. Por el contrario, el verdadero político, el que es capaz de dignificar una de las tareas más nobles a las que un ser humano se puede dedicar, para ostentar con legitimidad el poder que sus conciudadanos le confían, tiene que adoptar una actitud moral. Sin embargo, “Toda acción éticamente sustentada –nos enseña Max Weber– puede ajustarse a dos máximas… Puede orientarse conforme a la ética de la intención, o conforme a la ética de la responsabilidad”1. De la ética de la intención tenemos sobrados ejemplos; uno de los más notables, quizás, es el de la “renovación moral de la sociedad”, proclamada por Miguel de la Madrid como insignia de su sexenio, pero que se quedó, como bien dice Weber, en el paraíso de las intenciones y, lo que es aún peor desembocó, por irresponsabilidad moral, en su antítesis: en una corrupción galopante. Esto no quiere decir que debamos prescindir 1. Max Weber, Le Métier et la Vocation d´Homme Politique,(El quehacer y la vocación del hombre político) PUF, Paris, 1966, p. 163. N. B. El subrayado es del autor.

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de la ética de la intención, siempre y cuando se vea acompañada, o mejor dicho complementada y cumplimentada, por la de la responsabilidad. En realidad, pienso que entre ellas existe siempre una especie de tensión. El bien común ideal, que es la máxima ética de la política, se encuentra en lo más alto. Ese es el mundo de los principios éticos, de los valores y de las intenciones. A esto le llamo (a diferencia de Weber) la ética de la convicción. El otro mundo, el de la realidad, el de la vida cotidiana, debe ser regido por la ética de la responsabilidad. Este es el ámbito que muchos autores han denominado como la “real politik”, la cual incluye lo que ya Santo Tomás (Sobre el Gobierno de los Príncipes) expresaba como la inevitable elección, cuando no existe otra opción moral, del mal menor. Entre estos dos mundos, el de la convicción y el de la responsabilidad, existe una especie de resorte. Las decisiones éticas se encuentran siempre entre los dos extremos. En tratándose de la política, las exigencias del bien común no siempre pueden ser satisfechas a cabalidad, ni responder a los ideales de la convicción. La débil condición humana arrastra, en muchas ocasiones, el resorte hacia abajo. Este es el caso del drama de la violencia que azota a buena parte de México.

Me he permitido hacer esta disquisición filosófica para mostrar cuán difícil es la tarea de gobernar cuando se tiene convicción ética y responsabilidad moral. En el diálogo del Castillo de Chapultepec, entre el presidente Felipe Calderón y algunas víctimas de la violencia, representadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, afloraron de manera evidente las dos posiciones: la ética de la intención, representada por el escritor Sicilia (denominada por Max Weber también “ética total”), muy comprensible y atendible, como la comprendió y la atendió el señor presidente; y la ética de la responsabilidad que le corresponde, por vocación e investidura, al presidente Calderón. El diálogo hizo aflorar, sin embargo, la parte de responsabilidad que asumieron algunas de las víctimas, como es el caso de Le Barón y el mismo Javier Sicilia. Durante las tres horas que duró el encuentro (originalmente pactado a dos), brilló la buena voluntad y la honestidad de ambas partes. Hubo sensibilidad por parte del Presidente y receptividad de los representantes del Movimiento. Una de las claves del impecable desarrollo del encuentro fue la exclusión de las exigencias imposibles. Se descartaron las voces estridentes y

violentas que en algún momento pidieron a gritos la renuncia del presidente Calderón. Tampoco se puso sobre la mesa la exigencia original de la renuncia del titular de la PGR. La moderación permitió el diálogo. La moderación, la apertura, la prudencia, siempre abren caminos de entendimiento. De un plumazo, se hizo desaparecer el fantasma, tan querido por algunos pseudo-analistas, del “estado fallido”. El político que entiende su responsabilidad con la historia, debe apasionarse por una causa a la que se entrega, y servir a esa causa responsablemente. Además, debe conservar la serenidad y la apertura para escuchar atentamente a la realidad. Pasión, responsabilidad y mesura conforman, desde el punto de vista de la ética política, la actitud que legitima al gobernante para dirigir la historia. Eso fue lo que todos vimos en el diálogo del Castillo de Chapultepec. Vimos a un hombre (el Presidente) sereno, sensible, pero comprometido con una causa, que no puede ser otra que la causa de México. Pero lo que nadie ha dicho, y que hubiese destacado aún más esa actitud responsable del Primer Mandatario, consecuente con su firme convicción de combatir a los verdaderos enemigos de todos nosotros, son las gravísimas 109

consecuencias de no haber actuado a tiempo, o de no seguir haciéndolo por cálculos de mala política (imagen, seguridad personal, comodidad, etc.) o de presión mediática. En lo que a continuación diré, se encuentra quizás uno de los aspectos medulares de lo que podemos llamar la salvación de quizás muchas más vidas de las que se han perdido, por la decisión ética del inevitable mal menor. Todos han hablado, hasta la saciedad, de los cuarenta mil muertos. Es cierto que cada uno de ellos cuenta como ser humano único, irrepetible, con su indiscutible dignidad. Es cierto también que cada muerte violenta es una gran tragedia. Cuando Trotsky le reclamó a Lenin las matanzas de rusos y de judíos en los “progroms”, o purgas (inventadas por Lenin pero perfeccionadas por Stalin), Vladimir Ilich Ullianov, alias Lenin, le respondió: “Es cierto que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la de un millón es una estadística.” En tratándose de vidas humanas, las estadísticas no deben ser el referente. Cada vida humana tiene un valor absoluto. Nadie habla, por ejemplo, de los cerca de cincuenta mil abortos practicados (según cifras oficiales) en el Distrito Federal. Y eso que esas muertes han sido de seres humanos inocentes entre los inocentes, lo cual se puede considerar como un holocausto silencioso. Una vez establecido lo anterior, debemos hacernos las preguntas que nadie se ha formulado, aprovechando, en lo que es debido, la estadística: De las cientos de miles de armas decomisa110

das por las fuerzas armadas; del más de un millón de cartuchos que pudieron haber sido disparados contra miles de mexicanos, ¿cuántas vidas se salvaron por la decidida acción del gobierno? ¿Cuántos asesinos capturados han sido impedidos de seguir matando? ¿A cuántas personas más hubieran matado (inocentes o no) de no estar hoy encarcelados? De las toneladas de droga decomisadas, ¿a cuántos niños y jóvenes se les ha salvado del envilecimiento moral y físico que su consumo produce? Por otra parte, es necesario decir que, quienes siguen empeñados en falsificar la realidad para tratar de imponer sus ideas, y que afirman que a pesar del combate al narcotráfico y al crimen organizado no ha disminuido el consumo de la droga en los Estados Unidos, ignoran o pretenden ocultar los datos que al respecto ha dado a conocer la ONU: “Debido a que el consumo de cocaína en Estados Unidos ha tenido una caída drástica en los últimos años, los cárteles de la droga en México están cada vez más débiles, afirmó en un informe Thomas Pietschmann, experto de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUUD). Según el experto de la ONU, parte de la violencia que se vive en México se debe a que los cárteles de la droga son más débiles que hace unos años, porque la cantidad de droga que entra a los Estados Unidos desde 2006 se ha reducido en 68% desde ese año.” Otra nota de la misma oficina dice: “Cárteles buscan nuevas rutas a E. U. para evitar México.

R ESEÑA

La deuda de los estados Paulina Lomelí

Como parte de las actividades académicas de la Fundación Rafael Preciado Hernández y su similar alemana, Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán), el pasado 15 de junio se realizó el foro “Deudas de los estados”, en el que participaron destacados ponentes. Aquí una relatoría del encuentro. Frank Priess Representante de la KAS en México La deuda de los estados es un tema de justicia generacional. La forma de gastar del Estado determina con qué deuda se quedan las siguientes generaciones. En la actualidad Alemania tiene una deuda equivalente al 80% de su PIB y es más grande que la de España. La meta que se ha propuesto es no adquirir un monto de deuda mayor a la de su ingreso para 2016, es decir, se pretende alcanzar un balance equilibrado.

TEMA: Los ingresos tributarios en México Dr. José Antonio González Anaya (Subsecretario de Ingresos de la SHCP) • Los objetivos de cualquier política tributaria son: que sea equitativo, justo, eficiente, con una base amplia, progresiva y que incentive la inversión. • Las finanzas públicas tienen una fuerte dependencia con respecto a los ingresos petroleros, pero esto tiene fuertes implicaciones dado que el precio del petróleo es volátil y se trata de un recurso no renovable. • Tener finanzas públicas sanas y fortalecidas ha permitido alcanzar niveles históricos de inversión en infraestructura. • En términos relativos, la recaudación es baja. Si se toma en cuenta la Seguridad Social, México obtiene la tercera parte respecto a los demás países de la OCDE. 111

R ESEÑA • Se estima que en 2011 los ingresos totales del sector público representarán aproximadamente 21.6% del PIB y en los últimos 10 años han tenido un aumento del 16%. • Al compararse con los ingresos promedio de los países de la OCDE, México obtiene el 13.6% de su PIB mientras que éstos reciben el 19.3% del PIB en promedio. En cuanto a los ingresos que perciben los gobiernos locales en México, éstos representan el 0.6%, mientras que los de la OCDE ascienden a 6.3% del PIB. • Entre las reformas más recientes al régimen fiscal está la de 2007, la cual tuvo como finalidad incrementar la recaudación y hace más eficiente al gasto, por medio de la introducción del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), del Impuesto sobre Depósitos (IDE), la simplificación del cálculo del ISR y el establecimiento de la cuota a gasolinas para las entidades federativas. El IETU es un impuesto de control y el establecimiento del IDE ha proporcionado información importante para la fiscalización. • En 2010, fue necesario elevar algunos impuestos para subsanar la caída en la producción de petróleo y los efectos de la crisis. La tasa del IVA se incrementó de 15 a 16%; y en estados de

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frontera en donde existe una tasa menor, se elevó de 10 a 11%; asimismo, se elevó la tasa del ISR de 28 a 30% y se creó un impuesto especial a las comunicaciones de 3%. El cálculo de ingresos percibidos por estos impuestos fue el siguiente: 30 mmp por el punto porcentual adicional del IVA, 33mmp por el aumento en la tasa del ISR y 7.2 mmp por la creación del IEPS. • En el 2011 hubo otras modificaciones al sistema fiscal que a continuación se enumeran: 1).- se autorizó un aumento en la cuota del IEPS al tabaco de 1.2 pesos a 7 pesos por cajetilla, el establecimiento de un IEPS a bebidas energetizantes a 25% y se aprobaron estímulos fiscales al primer empleo y al teatro. • En la recaudación del impuesto predial hay un área de oportunidad dado que mientras en México se recauda el 0.2% del PIB, en Estados Unidos se recauda 15 veces más, Bolivia 50% más y Venezuela 4 veces más. • Ha habido avances importantes a fin de evitar la evasión y a elusión fiscales.

R ESEÑA TEMA: Magnitud y modalidades de la deuda Mtro. Alberto Jones Tamayo / Dir. Gral. De Moodys México No hay un sobreendeudamiento de los estados y los niveles de deuda continúan siendo menores a los de otros países. Sin embargo, su estructura de ingresos limita la flexibilidad financiera. En general, los créditos están respaldados por transferencias federales. Un factor de riesgo es que: los pasivos por pensiones ejercerán presión en las finanzas estatales porque no están fondeados. Las tendencias de financiamiento recientes son: deuda de corto plazo (los estados no están obligados a hacer pública esta información), cadenas productivas, programas públicos-privados (no se ven como deuda y sí lo son). Mejorar las prácticas de administración y gobierno, así como el publicar información financiera oportuna son los retos crediticios para la mayoría de los estados.

TEMA: Capacidad de pago Dr. Juan Pardinas / Dir. Gral. del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) México no tiene problema de deuda a nivel local (estatal) ya que éste representa 2.4% del PIB, mientras que en países como Argentina el monto suma 14.93% del PIB, en Brasil 18.18% y en EEUU 18.03%. Sin embargo, sí hay estados con retos de endeudamiento como Sonora, Chiapas que tienen una deuda que representa más del 4% de su PIB y Nuevo León con la deuda per cápita mayor(6,300 pesos por persona) La mayor velocidad de endeudamiento la registran los siguientes estados: Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Nayarit y Coahuila. El principal problema es la falta de transparencia. Sólo 14 estados han reportado sus egresos por concepto de deuda de 2009. El IMCO hizo 33 solicitudes de información sobre deuda a los gobiernos de las entidades y a la CNBV y se obtuvo muy poco. Las recomendaciones son las siguientes: Limitar deudas estatales: las nuevas contrataciones de deuda deben ser menores a montos de inversión en capital, 35% de la nueva deuda debe respaldarse con ingresos propios (impuestos locales), se debe prohibir o restringir la contratación de deuda durante

el último año de gestión y todo compromiso de pago a futuro debe reconocerse como deuda pública. Armonización nacional de la rendición de cuentas: incluir la armonización presupuestal en la Ley de Contabilidad Gubernamental, homologar procedimientos de auditoría en los 3 órdenes de gobierno y entre auditores internos y externos del gasto público. Control de gasto de nómina: limitar el gasto en burocracia a un 60% del gasto total (Ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil), incluir dentro de los decretos de presupuesto de los 3 órdenes de gobierno, un tabulador de plazas de los servidores públicos. Fortalecer la transparencia: Toda la información relacionada con deuda pública debe ser pública; los recursos obtenidos por endeudamiento deben quedar en una cuenta bancaria, cuyo único fin debe ser el financiamiento de proyectos de infraestructura; la Cámara de Diputados debería organizar anualmente una conferencia nacional de infraestructura donde se invite la participación de todos los gobernadores del país.

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R ESEÑA TEMA: Una propuestas legislativas del PAN en materia de deuda pública de los estados Lic. Laura Angélica Rojas Hernández / Coordinadora Nacional de Diputados Locales del CEN del PAN No existe un marco jurídico homogéneo estatal y diversas entidades federativas no cuentan con la normatividad adecuada que impida a sus gobiernos contraer deudas impagables durante su periodo, llevar sus finanzas a un estado de insolvencia, malversar recursos para fines ajenos a su destino y que la deuda se contraiga por medios diversos a los que el Congreso autoriza. Ante la evolución en los mercados financieros, el financiamiento público subnacional se encuentra en una fase de desregulación, causando riesgos latentes a las finanzas locales y nacionales. Muchas entidades federativas han contraído una deuda muy elevada, sin condiciones que garanticen su viabilidad, eficacia y transparencia. Los grupos Parlamentarios del PAN en el Senado (Sen. Fernando Elizondo B.) y Cámara de Diputados (Dip. Josefina Vázquez Mota y Dip. Mario A. Becerra Pocoroba) ya han presentado iniciativas que pretenden resolver esta problemática en donde se propone: Mejorar las normas que regulan la contratación de deuda por entidades federativas y municipios,

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atendiendo a criterios de una administración sana de sus finanzas, a fin de cumplir dos propósitos: 1) Evitar riesgos de incumplimiento y, 2) Asegurar que no se comprometan en exceso ingresos futuros en detrimento de la población. Además, se están estudiando las siguientes propuestas de la SHCP y de la FMEI: 1. Definir la participación de las legislaturas en su aprobación. 2. Establecer límites de la deuda a corto plazo. 3. Revisar la Ley de Ingresos, evitando se autorice previamente por esta vía. 4. Delimitar para qué se puede y para qué no se puede usar la inversión pública. 5. Contemplar la posibilidad de emplear garantías bancarias. 6. Transparencia y rendición de cuentas. 7. Licitación para créditos y sus límites. 8. Regular la deuda de las paraestatales, autónomas y municipios. 9. Crear un organismo certificador. El objetivo, es que nuestros grupos en las legislaturas locales puedan presentar una iniciativa de ley para garantizar un nivel de deuda pública responsable y eficaz por parte de los gobiernos locales y municipales, incorporándose reglas básicas a sus constituciones y leyes, de acuerdo a las necesidades de cada entidad federativa.