La Región de Murcia y el Proceso Autonómico by Fundación Caja Mediterráneo

Después de analizar con sinceridad y claridad, las funciones legislativas, las de control e impulso, concreta: “Para concluir: si los Parlamentos Autonómicos no hubieran sido maniatados de forma brutal por los intereses de los diferentes gobiernos; amordazados por las revisiones de sus Reglamentos; secuestrados por la mayoría en defensa de sus intereses electorales: se hubiesen constituido en instituciones conectadas con los ciudadanos, ágiles en los debates de los asuntos generales que preocupan a la ciudadanía, transparentes en la gestión, austeros en sus presupuestos, ni su capacidad legislativa se hubiese dedicado a complicar la vida del ciudadano en lugar de facilitarla. En resumen. Si se hubiesen fortalecido las virtudes de los Parlamentos, nuestro sistema no estaría en cuestión. Son muchos los ciudadanos que ponen en duda la existencia de 17 Parlamentos Autonómicos”. Miguel Navarro Molina Presidente de la Asamblea Regional (1987-1993) Carlos Collado Mena fue Presidente de la Diputación Provincial, de la Asamblea Regional (hasta 1984) y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. “Cuando yo comienzo a ejercer de Presidente varias cosas me preocupaban: En primer lugar, restablecer el prestigio de las Instituciones que habían quedado seriamente dañadas con la crisis. En segundo lugar, continuar con la política de dotación de servicios a los municipios, iniciada con la Diputación. En tercer lugar, disponiendo a partir de ese momento de una dotación competencial aceptable a pesar del art. 143, tratar de sacar el máximo partido a ese paquete de competencias que disponíamos y que nos seguían llegando y, finalmente, a partir del ingreso en la C.E. aprovechar la consideración de Zona de tipo Uno para la recepción de Fondos Estructurales. Esta situación junto a la recepción de las aguas del trasvase supuso una fase de expansión de la Región poco conocida hasta entonces”. Carlos Collado Mena Presidente de la Asamblea Regional (1982-1984) y del Ejecutivo Regional (1984-1993)

“Coincido con el autor en su apreciación de que, con el tiempo, y los casi treinta y tres años que han transcurrido desde entonces, se ha despertado una conciencia o, como él mismo denomina, una cultura regional, que da forma a un sentimiento de autoestima y de aprecio hacia lo propio que ya forma parte del carácter de los habitantes de esta Región y que entiendo que les permitirá enfrentar unidos y con éxito cualquier empresa de futuro”. “Pese a ello, no puedo dejar de apuntar que el fortalecimiento de ese afecto por lo nuestro reclama, sin duda, que se alcance una rápida definición de lo que deban ser unas auténticas políticas regionales, sobre las que todos los actores políticos puedan actuar con el mayor grado de consenso y de unidad posibles. Fijar objetivos claros, lograr una voz armónica -en la medida de lo posible- con la que expresarlos y reclamarlos, y establecer mecanismos de actuación coordinados y eficaces suponen los primeros requisitos de cualquier acción de gobierno que persiga procurar el mayor bien para los ciudadanos”. “De otra parte, para alcanzar ese objetivo se debiera fomentar el aprecio y el respeto por parte de todos hacia los órganos institucionales de nuestra Comunidad Autónoma –Asamblea Regional, Presidente y Consejo de Gobierno–. Y también de respecto de aquellos otros órganos que, sin estar previstos en el Estatuto de Autonomía, como el Consejo Jurídico y el Económico y Social, resultan ya consustanciales con la forma de gobierno regional. Si fortalecemos estas instituciones respetando escrupulosamente sus competencias y funciones, y si adaptamos su funcionamiento a las nuevas exigencias ciudadanas de transparencia, participación y buen gobierno, podremos construir sobre bases sólidas un auténtico sistema democrático autonómico. Difícilmente se puede profundizar en la autonomía y avanzar en el autogobierno si no tomamos auténtica conciencia de lo que se reclama de nosotros, ciudadanos y representantes políticos”.

“En este punto quiero destacar que la nuestra ha sido, con diferencia, una de las comunidades de España que menos conflictos ha tenido con el gobierno central por posible invasión de competencias de éste a la hora de elaborar nuestras normativas específicas: tan sólo en dos ocasiones, y por cuestiones técnicas. Y esta circunstancia no es fruto de la casualidad, sino de la firme convicción que tenemos todos de que nuestra Autonomía es perfectamente compatible con la unidad de España y con la solidaridad entre todas sus regiones. Así ha sido hasta ahora, y así debe seguir siéndolo”.

Antonio Gómez Fayrén Presidente del Consejo Jurídico Región de Murcia (Del Prólogo del libro)

LA REGIÓN DE MURCIA PROCESO AUTONÓMICO LA REGIÓN YDEEL MURCIA Y EL PROCESO AUTONÓMICO

“Pienso honestamente que durante ese periodo (1982-1984) se trabajó mucho y se trabajó bien. Teníamos la responsabilidad de poner en marcha unas instituciones y hacerlo en la dirección correcta, como creo que así ha sido. Teníamos esa responsabilidad, pero carecíamos de experiencia. Esa inexperiencia se suplió con trabajo, mucho trabajo y sentido común”. Manuel Tera Bueno Presidente de la Asamblea Regional (1984-1987)

Clemente García García

LA REGIÓN DE MURCIA LA REGIÓN Y EL PROCESO DE MURCIA AUTONÓMICO Y EL PROCESO AUTONÓMICO Balance político, social, cultural, económico y jurídico del periodo 1978-2015

Región

Ramón Luis Valcárcel Siso Presidente del Ejecutivo Regional (1995-2014)

Clemente García García, Abogado–Doctor en Derecho, Académico de la Real de Legislación y Jurisprudencia (Región de Murcia), Medalla de Oro de la Universidad de Murcia, de la Región, de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y otras varias de Asociaciones Sectoriales; ExAlcalde de Murcia (1972-1979). Está en posesión de distintas distinciones: Cruz Distinguida de Primera Clase San Raimundo de Peñafort, Mérito Agrícola y Mérito Social Penitenciario. Es autor de diferentes obras: “Mereció la pena” (Transición Política en el Ayuntamiento de Murcia); “Crónicas de la Autonomía de la Región de Murcia” (tres volúmenes, editados por la Asamblea Regional de Murcia); Capítulo sobre la Autonomía publicado en Historia de España, de Espasa Calpe, dos volúmenes XLIII, “La España de las Autonomías”. Y últimamente (2013) la obra “Alcaldes de Murcia (1939/2011)”. Es el aspecto jurídico: “Colisión entre el derecho a la información y opinión. Su protección jurídica” (Premio San Raimundo de Peñafort, del Colegio de Abogados de Murcia, del que recibió la Medalla de Oro al cumplir 50 años de ejercicio de la profesión); “El derecho a la intimidad y dignidad en la doctrina del Tribunal Constitucional” (editado por Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia); “El libre desarrollo de la personalidad en la doctrina del Tribunal Constitucional” (Discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia, editado por la misma).

de Murcia

Francisco Celdrán Vidal Presidente de la Asamblea Regional en Legislaturas V, VI, VII, VIII y IX (1995-2015) “Diecinueve años en los que nuestra región de Murcia ha evolucionado transformándose en una región moderna en infraestructuras sanitarias, educativas, culturales y de comunicación. Una región consciente de que las cosas han cambiado y de que los modelos económicos han de cambiar, asimismo, acompasando el ritmo al devenir de los tiempos. Una región cuyo más importante patrimonio lo forman las personas; y los murcianos son su verdadera fortaleza. El espíritu emprendedor y la abnegada entrega de nuestras gentes es lo que está permitiendo, especialmente, dejar la crisis atrás”. “Una región, en fin, por la que ha merecido la pena trabajar a lo largo de estos intensos y extensos diecinueve años, con la certeza de que el futuro nos reserva siempre lo mejor”.

Clemente García García

Es también autor de numerosos artículos de opinión publicados en medios de comunicación social, y de biografías diversas realizadas como colaboración con Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales Región de Murcia (Colección “Columnas de papel. Murcianos para el recuerdo”).

Región

de Murcia

Con anotaciones autobiográficas de Presidentes de Asamblea y Gobierno Regional. Murcia, 2015

Clemente García García

LA REGIÓN DE MURCIA Y EL PROCESO AUTONÓMICO Balance político, social, cultural, económico y jurídico del periodo 1978 - 2015

Con anotaciones autobiográficas de Presidentes de Asamblea y Gobierno Regional Murcia, 2015

A Paquita, mi mujer, y a nuestros hijos AndrĂŠs y Teresa, Mariamen y Antonio, David y Nani

ÍNDICE

Presentación del Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Prólogo del Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén, Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Introducción del autor

PRIMERA PARTE

Capítulo I

CRONOLOGÍA DE LAS REVISIONES DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y DE LA ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS

I.1. Etapa preautonómica: Consejo Regional y Antonio Pérez Crespo

I.2. Etapa preautonómica: Consejo Regional y Andrés Hernández Ros

I.3. Revisiones del Estatuto de Autonomía

Capítulo II

EL DEBATE SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS

II.1. La demanda de transferencias

II.2. La negociación de las transferencias

En materia Universitaria, Universidad Pública de Murcia y Universidad Politécnica de Cartagena

Competencias en Educación no Universitaria

Competencias en materia de INSERSO

Competencias en materia de Sanidad

101

Otras competencias

105

Capítulo III

DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LA REGIÓN DE MURCIA

107

III.1. Síntesis de la valoración de los sistemas de financiación

110

III.2. Análisis del sistema de financiación 2009

113

III.3. Seguimiento de actuaciones posteriores a 2011

116

III.4. Anotación a la evolución presupuestaria desde 1983

121

Capítulo IV

INGRESOS PROCEDENTES DE LA FISCALIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

127

IV.1. Presupuestos de ingresos

129

IV.2. Impuestos cedidos, total o parcialmente, por el Estado

130

IV.3. Análisis de la evolución de ingresos en el periodo 2009-2014

136

IV.4. Ingresos por endeudamiento

138

Capítulo V

PARLAMENTOS REGIONALES. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

143

V.1. Consideraciones generales

145

V.2. Los caracteres de los Parlamentos Autonómicos, con especial referencia a la Región de Murcia

149

V.3. Del coste que conlleva la Asamblea Regional

154

V.4. Estudio comparativo de Presupuestos y estructura de los Parlamentos Regionales existentes en España

160

V.4.1. Población y número de Diputados

161

V.4.2. Estructura económica de Presupuestos Parlamentarios 2014

163

SEGUNDA PARTE

167

CONSIDERACIONES GENERALES

169

Capítulo VI

171

LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA REGIONAL

VI.1. Competencia para promover la actividad legislativa

173

VI.2. Periodo 1983-1995: principales disposiciones

174

Valoración de los Presidentes de la Asamblea Regional: D. Manuel Tera Bueno D. Miguel Navarro Molina D. Carlos Collado Mena (que también comprende la valoración de la etapa ejercida como Presidente del Gobierno Regional) VI.3. Periodo 1995-2015: leyes significativas aprobada en cada Legislatura

201

VI.4. Consideraciones del Presidente de la Asamblea Regional, D. Francisco Celdrán Vidal

226

Consideraciones del Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Ramón Luis Valcárcel

Capítulo VII

ASAMBLEA REGIONAL: FUNCIONES DE ORIENTACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

243

VII.1. Función presupuestaria y económica

246

VII.2. Investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma y Moción de Confianza

249

VII.3. Moción de Censura

250

VII.4. Debates generales sobre la acción de Gobierno Regional

251

Periodo 1983-1995

252

Periodo 1995-2015

256

VII.5. De las Preguntas, Interpelaciones y Sesiones Informativas

270

VII.6. Otras acciones Parlamentarias

274

Capítulo VIII DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LA ASAMBLEA REGIONAL

275

VIII.1. Participación ciudadana en las acciones del Gobierno Regional

280

VIII.2. Participación ciudadana en la Asamblea Regional

291

VIII.3. Apunte sobre la participación en los Ayuntamientos de la Región

296

Capítulo IX

SISTEMA AUTONÓMICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

299

CONCLUSIONES QUE PROPORCIONA EL ESTUDIO REALIZADO ACERCA DE LA RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PROCESO AUTONÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA

317

ABREVIATURAS PRINCIPALES €

Euro

A.C.

Administración Central

AA.PP.

Administraciones Públicas

art.

Artículo

BOARM

Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia

BOE

Boletín Oficial del Estado

BORM

Boletín Oficial de la Región de Murcia

C.E.

Constitución Española

CC.AA.

Comunidades Autónomas

CC.OO.

Comisiones Obreras

CES

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia

CROEM

Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia

EPA

Encuesta de Población Activa

FCI

Fondo de Compensación Interterritorial

FEMP

Federación Española de Municipios y Provincias

FFF

Financiación Fuera Fondo

FUNCAS

Fundación de Cajas de Ahorros

IMIDA

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario

INEM

Instituto Nacional de Empleo

INFO

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

IRPF

Impuesto Rendimiento de Personas Físicas

Izquierda Unida

IVA

Impuesto sobre el Valor Añadido

Ley O.

Ley Orgánica

LOFCA

Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas

O.M.

Orden Ministerial

PDR

Programa de Desarrollo Regional

Partido Popular

PSOE

Partido Socialista Obrero Español

UGT

Unión General de Trabajadores

P R E S E N TA C I ÓN

PRESENTACIÓN

Cuando Clemente García, desde su dilatada experiencia, inició la publicación de sus Crónicas de la Autonomía de Murcia, se convirtió en narrador de los grandes cambios institucionales que ha vivido nuestra Región en las últimas décadas. Su conocimiento y estudio de este período, decisivo para entender nuestro presente y determinante para la construcción del futuro, ha generado un documento imprescindible para poder comprender mejor nuestra historia reciente. En esta oportunidad, el autor amplía la visión ofrecida hasta ahora, no sólo en cuanto al espacio temporal que es objeto de análisis, que arranca en el año 1978, con la aprobación de la Constitución Española, y alcanza hasta el pasado 2015, sino también en lo que se refiere a los contenidos. Entre ellos se incluyen cuestiones de tanta actualidad como la financiación autonómica o la participación ciudadana, así como los valiosos testimonios de algunos de los personajes que protagonizaron los hechos que se cuentan en primera persona, como es el caso de Carlos Collado y Ramón Luis Valcárcel, que fueron presidentes del Ejecutivo, y Manuel Tera, Miguel Navarro y Francisco Celdrán, que lo fueron del Legislativo. El título de esta nueva obra ya advierte de que se trata de un balance político, social, económico y jurídico del período preautonómico y autonómico, entendiendo que es tiempo suficiente el transcurrido para evaluar las consecuencias que se han derivado del desarrollo del denominado Estado de las Autonomías, término que define el equilibrio establecido constitucionalmente entre las fórmulas de estado unitario y federal. Y llega ese análisis, como reconoce el autor, en un momento en el que a las conocidas tensiones territoriales, promovidas en especial desde Cataluña

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

y el País Vasco, han venido a sumarse las propiciadas por la crisis económica y sus derivaciones sociales e institucionales, en forma de pérdida de confianza de los ciudadanos. Un tiempo convulso en el que se ha cuestionado el papel que desempeñan las autonomías y el gasto que éstas generan. Un tiempo complejo, sin duda, que nos obliga a todos a reaccionar con determinación para evitar que extremismos y populismos socaven la estabilidad de un sistema que costó mucho esfuerzo construir, desde la pluralidad y el entendimiento. Es tiempo, por tanto, de recordar la trayectoria seguida hasta ahora y los logros que hemos alcanzado. Es hora de hacer memoria y balance de estos años y de poner en valor las consecuencias positivas que de ellos se han derivado en forma de progreso y bienestar. Y para ello, esta obra de Clemente García es una valiosa referencia que refleja la evolución experimentada por nuestra Comunidad Autónoma, con sus luces y sus sombras, y nos ayuda a reafirmar nuestras convicciones sobre las bondades de una estructura territorial en la que queremos seguir construyendo nuestro futuro. La España de las autonomías, pese a sus indudables desajustes e imperfecciones, ha permitido la consolidación democrática y el desarrollo de un estado más moderno y equilibrado, acercando la capacidad de decisión y la gestión política a la sociedad. Pero resulta patente, aunque pretenda ignorarse en algunos ámbitos, que la evolución vivida a lo largo de casi cuarenta años transcurridos desde la aprobación de nuestra ley de leyes, ha sido posible gracias a una España orgullosa de su unidad, sin perjuicio de su enriquecedora diversidad y del respeto a la misma. Una España, y una Región de Murcia, que han de crecer y seguir avanzando ahondando en los valores que recogen la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Y hacerlo cumpliendo asimismo con las exigencias de una nueva sociedad que requiere de una nueva política, basada en los principios del Gobierno Abierto y de más participación ciudadana,

P R E S E N TA C I ÓN

sin olvidar las enseñanzas de aquella transición que sólo fue posible gracias al consenso, el diálogo y el respeto mutuo. La España en la que creemos la inmensa mayoría de los murcianos como proyecto común de todos. Una nación fuerte y unida en su diversidad, que refuerce las muchas y buenas razones que tenemos para caminar juntos hacia un horizonte de oportunidades y mayor bienestar. Hemos logrado una modernización económica e institucional sin precedentes, en la que debemos profundizar para afrontar los retos que tenemos por delante. Es el momento de plantear una nueva generación de reformas que refuercen nuestros mimbres como sociedad avanzada, cohesionada y plural. El consenso, la capacidad de acordar con el que piensa diferente y trabajar al servicio del bien común, es valor fundamental de nuestra convivencia cada vez más amenazado por quienes quieren imponer su modo de pensar. Frente a esta actitud, debemos oponer la pluralidad, el respeto hacia lo diferente, el diálogo y buenas dosis de generosidad. Nuestro futuro sólo estará garantizado si no olvidamos los valores constitucionales y estatutarios, si profundizamos en lo que nos une y tendemos puentes para salvar las diferencias. Si somos capaces de renovar ese espíritu de concordia, respeto y libertad sobre los que se cimentó la sociedad democrática en la que convivimos. Para ello, es fundamental devolver a la política el prestigio que merece y que necesita, y avanzar en el desarrollo de una administración regional más transparente, más fiable y con un mejor funcionamiento de nuestras instituciones. Porque será a partir de esas premisas como conseguiremos también una Región más moderna, más justa y solidaria. De ahí el gran valor de esta obra de Clemente García, que es mucho más que un recorrido por el largo y provechoso trayecto político que ha hecho de la Región de Murcia, y de sus gentes, lo que hoy somos.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

Sus conclusiones y enseñanzas no sólo nos ayudan a comprender mejor la esencia, las virtudes y posibles deficiencias del sistema por el que se rige la organización territorial de nuestro país, sino, también, a constatar que, en el caso de la Región de Murcia, a la hora de hacer balance sobre nuestra experiencia autonómica, el resultado final es altamente positivo. Una base sólida y certera sobre la que seguir creciendo.

Pedro Antonio Sánchez Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

P R ÓL OG O

PRÓLOGO

Excmo. Sr. D. Antonio Gómez Fayrén Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Prologar una obra de investigación histórica es siempre un reto que conlleva la enorme responsabilidad de no desmerecer, con torpes reflexiones, las muchas horas de trabajo de su autor. Si, además, tiene ya suficientemente acreditada su categoría científica e intelectual, ese reto se presenta corregido y aumentado para el esforzado prologuista. Este es el caso del libro que el lector tiene en sus manos, y cuyo padre del mismo, que no necesita mucha presentación, es una persona a la que no le viene grande la condición de humanista. Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Universitario, Académico de la Real de Legislación y Jurisprudencia, Alcalde de Murcia durante los difíciles años de la transición democrática, Medalla de Oro de la Universidad de Murcia, y observador, a la vez que protagonista, desde su atalaya de la Secretaría General de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, de lo acontecido en las tres últimas décadas en esta Región de Murcia. Todo ello es solo parte de la tarjeta de presentación de quien ha dedicado toda su vida al servicio público y a los intereses generales de esta Comunidad Autónoma. Condición necesaria y también suficiente para que podamos afirmar, sin caer en el falso halago, que estamos ante un trabajo excepcional que viene a sumarse a la ya extensa bibliografía de un autor cuya vida ha sido y es igualmente intensa.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

Agradezco profundamente que mi amigo Clemente García me haya encomendado la labor de prologar esta obra en la que lleva a cabo un balance del proceso autonómico en la Región de Murcia, desde sus inicios hasta el momento presente. Con esa finalidad, realiza un estudio comparativo riguroso y de enorme interés, que comprende muy distintos ámbitos, de las ventajas y de los efectos negativos que pueden destacarse de ese período de nuestra historia regional. La oportunidad y la utilidad derivadas de esta labor resultan evidentes, sobre todo cuando podemos comenzar a someterlo a crítica con el desapasionamiento y la distancia que facilitan los más de treinta años transcurridos desde entonces. Pero enseña el diccionario que la palabra “balance” también se puede utilizar para hacer alusión, en sentido figurado, a cualquier situación de vacilación, duda e inseguridad. De ese modo, bien puede hablarse del balance que supuso la conformación histórica del sistema español de las Autonomías y de las múltiples interrogantes e incertidumbres que siguieron al hecho de que en la Ley para la Reforma Política de 1977 se anunciara una institucionalización de las peculiaridades regionales, que constituyó una de las declaraciones de mayor relevancia constitucional con las que se restauró el sistema democrático en nuestro país. La consagración de ese nuevo modelo de organización territorial en la Constitución trató de poner fin al descrédito que había sufrido el esquema centralizador y uniforme que le había precedido y de establecer un sistema escalonado de entes territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y Entes locales), dotados de autonomía y estructurados bajo el principio de democracia representativa. La implantación de ese mecanismo vino acompañado, por tanto, de un planteamiento político de fondo que posibilitaba un efectivo reparto del poder político y que resultaba inédito en la historia de nuestro país y en el ámbito internacional. Sin embargo, la cuestión territorial constituye uno de los elementos de la organización política de España que está expuesto a un mayor número de tensiones y que se encuentra sometido a interpretaciones variadas, discordantes y hasta absolutamente enfrentadas en algunos casos. No puede negarse que en aquellas circunstancias históricas la capacidad de autogobierno y la existencia de una auténtica conciencia regional eran

P R ÓL OG O

muy desiguales entre las distintas partes del territorio nacional. Como es conocido, esa circunstancia motivó que el Texto Fundamental estableciese, en esencia, dos modos de acceso a la autonomía, esto es, la vía rápida prevista en el artículo 151 y la ordinaria contemplada en el artículo 143.2, que es la que se siguió en nuestro caso. Acerca de esta cuestión, se llegó a decir por parte de algún historiador y de varios políticos que, entre el conjunto de territorios españoles, Murcia era la Comunidad en la que se apreciaba una menor conciencia autonómica. Y lo cierto es que, en buena medida, no les faltaba razón. De hecho, cuando comenzó a gestarse el proceso autonómico que desembocó en el nacimiento de nuestra Comunidad Autónoma, el desconcierto acerca de nuestra propia identidad fue tan grande que no deja de ser elocuente que Antonio Pérez Crespo, primer Presidente del Consejo Regional, tuviera que reconocer ante el entonces Ministro Clavero, en la visita que realizó a nuestra tierra en febrero de 1978, que “Murcia se afirma en parte negativamente, porque ni somos valencianos, ni andaluces, ni manchegos”. No deja de resultar paradójico que la indagación acerca del auténtico ser de los murcianos se plantease abiertamente cuando se estaba gestando la conformación de un sistema transitorio de acceso a la autonomía. Hubiera parecido más lógico que esa facultad de autogobierno hubiera supuesto el colofón a la reivindicación de una identidad regional previa. En el mismo sentido, esa indefinición a la que me refiero se hizo extensible también, en un primer momento, a la propia determinación del territorio que podría llegar a comprender la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se reflejó con claridad –y todavía lo hace, ya que aún no se ha compuesto un himno–, en la ausencia de símbolos políticos que la vinieran a representar. Si ellos no existían es que no había una vocación regional que expresar y a la que dar forma. La falta de una conciencia autonómica particularmente arraigada no es, sin embargo, un rasgo propio y exclusivo de los habitantes de nuestro ente autonómico sino que es una peculiaridad que compartían con los de otras Comunidades Autónomas. Y también como en esos casos, se puede señalar que la articulación del sistema autonómico en la Región de Murcia supuso, en primer lugar, un reto político de gran envergadura. Así,

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

de manera contraria a lo que sucedía en la etapa anterior, de desempeño autoritario del poder, se planteó otro mecanismo de engranaje político que exigía que las decisiones se adoptasen primordialmente por aquellos sujetos que iban a ser sus principales destinatarios; y que la decisión sobre las cuestiones públicas relevantes se distribuyese entre aquellos sujetos que mejor conociesen los problemas sobre los que había que decidir, de manera que el Estado sólo se viese obligado a intervenir en aquellas cuestiones que afectasen a toda la comunidad política. Por otro lado, la construcción de un nuevo ente territorial, dotado de autonomía para la gestión de sus intereses en determinados ámbitos de la actuación pública, exigió una auténtica labor de construcción jurídico-política desde la nada, es decir, de creación y puesta en marcha de algo que hasta entonces no existía, como un sistema autonómico de normas y una Administración pública que pudiese ejecutar las decisiones de naturaleza política y administrativa que adoptasen el Presidente y el Consejo de Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Ese proceso de conformación regional está admirable y concienzudamente desgranado en las páginas que siguen, de modo que quien quiera adentrarse en el estudio de los orígenes de nuestra autonomía hallará en ellas un material abundante para el análisis y la reflexión. Además, se formulan en el texto interesantes consideraciones y se apuntan una serie de conclusiones que facilitan la comprensión de ese momento tan atractivo, tan ilusionante y tan decisivo de nuestra historia común. En este punto, creo no desvelar inadecuadamente al lector que las apreciaciones que se contienen acerca del arranque de nuestro autogobierno muestran un saldo más positivo que negativo y que dejan entrever más luces que sombras, por mucho que se deban advertir, y así se dejan debidamente apuntadas, algunas deficiencias en su puesta en marcha, que bien pueden atribuirse a la inexperiencia de los actores y a la propia indefinición inicial del sistema y del marco en el que debía desarrollarse. Sin lugar a dudas, mucho de esa buena valoración encuentra su razón de ser, singularmente en lo que se refiere a los primeros tiempos de conformación, en el clima tan fecundo para la negociación política que ofreció

P R ÓL OG O

la Transición española, una de las etapas de la historia de España más fascinantes y atractivas. El espíritu de concordia y de reconciliación que la animaba, y el sano optimismo que de él se desprendía, permitió que se alumbrara una forma de hacer política en la que se sumaron, e incluso se multiplicaron, las aportaciones de todos los actores que empezaban a intervenir en el ámbito público y en la que se crearon espacios de verdadero encuentro político. No exagero si digo que durante unos breves años floreció un arte de hacer política en el que la buena voluntad y el entendimiento de todos, ciudadanos y políticos de todas las tendencias, permitió superar las dificultades que aparecieron y traducir en realizaciones concretas y tangibles las aspiraciones más nobles de los españoles. Coincido con el autor en su apreciación de que, con el tiempo, y los casi treinta y tres años que han transcurrido desde entonces, se ha despertado una conciencia o, como él mismo denomina, una cultura regional, que da forma a un sentimiento de autoestima y de aprecio hacia lo propio que ya forma parte del carácter de los habitantes de esta Región y que entiendo que les permitirá enfrentar unidos y con éxito cualquier empresa de futuro. Pese a ello, no puedo dejar de apuntar que el fortalecimiento de ese afecto por lo nuestro reclama, sin duda, que se alcance una rápida definición de lo que deban ser unas auténticas políticas regionales, sobre las que todos los actores políticos puedan actuar con el mayor grado de consenso y de unidad posibles. Fijar objetivos claros, lograr una voz armónica –en la medida de lo posible– con la que expresarlos y reclamarlos, y establecer mecanismos de actuación coordinados y eficaces suponen los primeros requisitos de cualquier acción de gobierno que persiga procurar el mayor bien para los ciudadanos. De otra parte, para alcanzar ese objetivo se debiera fomentar el aprecio y el respeto por parte de todos hacia los órganos institucionales de nuestra Comunidad Autónoma –Asamblea Regional, Presidente y Consejo de Gobierno–. Y también de respecto de aquellos otros órganos que, sin estar previstos en el Estatuto de Autonomía, como el Consejo Jurídico y el Económico y Social, resultan ya consustanciales con la forma de gobierno regional. Si fortalecemos estas instituciones respetando escrupulosamente

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

sus competencias y funciones, y si adaptamos su funcionamiento a las nuevas exigencias ciudadanas de transparencia, participación y buen gobierno, podremos construir sobre bases sólidas un auténtico sistema democrático autonómico. Difícilmente se puede profundizar en la autonomía y avanzar en el autogobierno si no tomamos auténtica conciencia de lo que se reclama de nosotros, ciudadanos y representantes políticos. La consideración hacia las instituciones expresa, como pocas otras actitudes, que se ha adquirido un mayor grado de cultura política y que se asumen las exigencias que se desprenden de la autonomía y que se ejercen con responsabilidad y con sentido común. Pero esa no es labor de un día. Exige conocer nuestro pasado más reciente –a pesar de que pueda parecer ya lejano y quizá difícil de aprehender–, corregir lo que no se hizo bien y ser capaces de dar forma a nuevas aspiraciones. La obra que aquí presento constituye una herramienta singularmente útil para facilitar la reflexión sobre nuestra realidad política, económica y jurídica, y también cultural y social; para desentrañar los entresijos que conformaron el escenario en el que nació y avanzó nuestra autonomía, y para comprender con mayor criterio muchas de las decisiones que se adoptaron. Es un instrumento muy valioso, asimismo, para poder enlazar el pasado con nuestro futuro más esperanzador y para poner en tensión los resortes de una cultura regional común. Felicito de nuevo al autor por su trabajo y, sin duda, a los que tengan la suerte de adentrarse en su lectura.

I N T R OD U C C I ÓN

INTRODUCCIÓN: Transcurridos más de treinta y dos años desde que la Región dispusiera de Estatuto (Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio), o treinta y seis si nos remitimos a la etapa preautonómica, parece tiempo suficiente para valorar los efectos del proceso descentralizador, más aún cuando parece finalizar una etapa e iniciar otra revisando lo actuado hasta ahora. El autor de este trabajo realizó estudio y seguimiento de lo actuado, recogido en tres volúmenes con el título de “CRÓNICAS DE LA AUTONOMÍA DE MURCIA”. El primero abarcaba el periodo 1982-1997; el segundo, 1997-2004; y 2005-2011 el último de ellos. Todos editados por la Asamblea Regional. Igualmente colaboró con la Editora Espasa Calpe, Enciclopedia HISTORIA DE ESPAÑA, Volúmenes dedicados a “España de las Autonomías” (1), realizando síntesis de la evolución de la de Murcia, junto a temas generales y comprendiendo también lo atinente a cada una de las diecisiete regiones que configuran la Organización Territorial de España. Consignar, de otra parte, la publicación de diferentes artículos de opinión en medios de comunicación social. De aquí que la pretensión de la investigación que se lleva a efecto trate de evitar repeticiones con lo expuesto para centrarse en la ponderación de los efectos registrados. Pero, además, esta orientación trata de dar respuesta a los negativos planteamientos que se formulan sobre la eficacia del sistema sancionado por la Constitución Española de 1978. La grave crisis económica iniciada en 2007 ha puesto de relieve múltiples problemas en cada una de las regiones. También la repercusión que en su conjunto han tenido en la situación del Estado. Se han denunciado defectos administrativos, financieros, legislativos, culturales... que demandan una revisión inmediata para llevar a efecto los ajustes que sean necesarios. A estas alturas lo que no parece viable y, por tanto, posible, es imaginar una España sin Autonomías. La vigente estructura territorial no podría alterarse sustancialmente de forma

Espasa-Calpe: HISTORIA DE ESPAÑA, Volúmenes XLIII.

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pacífica. La “conciencia regional” cuenta con profundas raíces, incluso donde al principio no existiera como manifestación popular, hecho que hace imposible un tratamiento traumático y negativo. Es por ello que lo lógico sea abordar la situación con la mayor objetividad e inexcusable rigor para llegar a conclusiones que permitan proponer modificaciones que obtengan un nivel suficiente de aceptación. Otra actitud u objetivo supondría asumir un riesgo sociopolítico de imprevisibles consecuencias. Tales son las coordenadas que concretan el trabajo. Examinará el lector los principales datos que representan tanto el balance del legislativo, como el del Ejecutivo, si bien no se puede ignorar que es este último el que, por mediación de la mayoría absoluta, determina en gran parte la programación y decisiones del primero, sin perjuicio de la función de control que ejerce y que, cuando menos, posibilita el conocimiento de la opinión pública dando a la democracia la función que realmente le corresponde. En verdad que los Parlamentos Regionales están siendo objeto de acoso esencial por el gasto público que acarrean; número de diputados que los componen; la confrontación de competencias con las del Estado; y otras razones que obligan a descender a detalles que acrediten lo que realmente sucede en la Región de Murcia y en comparación con el resto de Autonomías. Hay otro aspecto importante para llevar a buen fin el trabajo. Se trata del hecho de poder contar con la opinión de quienes desempeñaron la Presidencia, tanto de la Asamblea Regional, como la de la Comunidad Autónoma. La colaboración recibida de Manuel Tera Bueno, Carlos Collado Mena, Miguel Navarro Molina y Francisco Celdrán Vidal, en cuanto al Parlamento se refiere; y la de Carlos Collado y Ramón Luis Valcárcel Siso, por el Gobierno Regional, representa un valor añadido que debo agradecer. Todas ellas han sido respetadas en su literal, sin modificación alguna, como no podía ser de otra manera, reflejando la esencia de una experiencia extraordinaria. Aportaciones que dan sentido al hecho de que los años de ejercicio de cada uno de ellos se acumulen y permitan subrayar su dedicación e iniciativas. Se percibirá la ausencia de las opiniones de José Plana Plana, en la Asamblea, y de María Antonia Martínez Martínez, en los Ejecutivos. Ambos fueron solicitados, pero no lo estimaron conveniente. Criterio que ha

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de respetarse, pero es actitud que no resta valor alguno a las aportaciones que hicieron al proceso autonómico, y que debe ponderarse en una consideración objetiva, que no política ni partidista. El Historiador, José María Jover Zamora, decía, en el importante prólogo con el que enriqueció el primer volumen de “Crónicas de 15 años de la Autonomía de Murcia”, antes referido (2), que “es evidente que sólo una serie de estudios monográficos análogos al redactado por Clemente García, y dedicados a las distintas autonomías que han venido a sustituir la por tantos títulos desdichada concepción de una España descentralizada, puede mostrarnos y hacernos entender la amplitud y contenido del profundo cambio constitucional experimentado....a partir de los años de la Transición”. “Transición, en este orden de cosas, desde una España centralizada y fragmentada en provincias de arbitraria demarcación en algunos casos –como el de Murcia– y que en otro ha dado lugar a una España dotada de una estructura político-administrativa más adecuada a la realidad histórica y a su realidad nacional...”. Y en líneas siguientes precisaba: ”Con todos mis respetos, la división de tales Comunidades en “históricas y otras que no”, dada la ausencia de adjetivos que las califiquen, parecen sugerir la condición vergonzante de “no históricas”, me parece poco acertada: todas las Comunidades Autónomas que completan el Estado de las Autonomías, que integran España, son, sin excepción, históricas, todas y cada una de ellas tienen una rotunda filiación histórica desde su concepción de reino, de principado, de provincia –en la más noble significación de la palabra– aplicada antaño a las Vascongadas. Cuando los textos legales hablan de “Comunidades Históricas” están refiriéndose, por lo general, a las que en otras ocasiones aparecen definidas como “nacionalidades”, conceptos no necesariamente equivalentes, cuya utilización indistinta puede dar lugar a amagos de confusión en una materia que hubiera requerido estricta precisión conceptual”. Era necesario recuperar las anteriores reflexiones del Profesor Jover porque nos indican el punto de referencia, de partida del proceso autonómico de la Región de Murcia. Como también aquellas otras que formula después de analizar y exponer con autoridad el origen de esta Autonomía. Resaltaba 2

Prólogo al libro del autor, “CRÓNICAS DE 15 AÑOS. AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA”, 1982/1997, Editado por Asamblea Regional, 1998. pág. 13.

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que “una Comunidad es algo más que una sociedad jurídica o administrativa; en el fundamento social y humano de esta última hay algo muy hondo que dota de sustancia propia y peculiar a la personalidad jurídica de la región. Algo que es necesario definir para dotarnos de una conciencia comunitaria, que en realidad no tiene mucha fuerza entre nosotros y sin la cual la Región de Murcia no sería una “Comunidad”, sino un agregado administrativo de pueblos, ciudades y comarcas, sin más elementos de unidad y permanencia que la existencia de una capital, la ciudad de Murcia, y un sustrato cultural poderoso y común, de cuyas raíces y de cuyas características y salvaguarda quizás debiéramos ocuparnos más”. Continúa: “La definición profunda....responde a tres componentes esenciales: la historia, la lengua y la conciencia de comunidad”. Y subraya respecto de cada uno lo siguiente: “Ciertamente no se puede hablar de una “nación” ni “nacionalidad” murciana; situados en este plano, somos, por nuestra historia y por nuestra lengua, castellanos; hijuela de la Corona de Castilla fue nuestro Reino de Murcia..... En cuanto al tercero de tales componentes, es decir, “la conciencia de Comunidad”, está en la mente de todos que, entre los habitantes de la Comunidad de Murcia, reducida actualmente a los límites más estrechos que jamás estuvo encerrado el Reino de Murcia, no alcanza tal conciencia los niveles que serían de desear...”. Tales eran las características de partida de la nueva región de la que también se dice que su propia denominación no sirve para identificar a todos los pueblos que la integran. Pero éste es un hecho determinante hasta ahora. Lo que se indaga en el proyecto de estudio que se ofrece es si el paso de treinta y seis años, la capacidad de autogobierno ha cambiado los sentimientos. Sin precipitar conclusiones me atrevería a señalar que efectivamente, en los momentos actuales, se ha logrado despertar la “conciencia” de todos los murcianos, la solidaridad entre los pueblos, incluso para seguir reivindicando aquello en lo que continúa la situación de dependencia del Gobierno Central. En todo caso. Ha sido constante el intento de identificación de la Autonomía murciana. Se ha utilizado la estadística, el sistema de encuestas, la historia, los rasgos culturales (3).

Véase la obra de la que autor el Profesor GARRORENA MORALES, A. “La Autonomía murciana, un intento de identificación”, de la Colección Cuadernos del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, año 2000, en la que se analiza el proceso de construcción, los signos actuales y análisis sobre el futuro.

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El primer Presidente de la Preautonomía, Antonio Pérez Crespo, al tomar posesión del cargo en presencia del entonces Ministro M. Clavero Arévalo, señalaba: “....que aunque Murcia fuera reducida a sus actuales fronteras provinciales por Javier de Burgos en su reforma de 1833, en la Edad Media el antiguo Reino de Murcia se extendía a partes que hoy pertenecen administrativamente a Alicante, Albacete, Almería, Granada y Jaén”. Era una manera de dejar constancia de la insatisfacción que en ese momento se sentía por el hecho de la uniprovincialidad no obstante antecedentes históricos y realidad socioeconómica de un espacio equivalente al remarcado. Pero la determinación, en aquel momento de decisiones, ya operaba con solidez bastante para el futuro. El denominado “Pacto de Floridablanca” (4) era el antecedente que sirvió de base para negociar con el Ministerio el Anteproyecto de Real Decreto-Ley de Preautonomía, y que el propio titular del Departamento elogió en el acto de constitución del Consejo aludiendo a “la paciencia, inteligencia y sentido de la tolerancia de que habían hecho gala los parlamentarios murcianos”. La realidad es que se trataba de lograr la mayor homogeneidad posible entre las emergentes Comunidades Autónomas, y tal objetivo limitaba las pretensiones de los responsables de aquella concertación. Prescindiendo de otras consideraciones, que se formularán en los capítulos que correspondan, aquella disposición hacía posible preparar el terreno para lograr el nivel autonómico procedente. De aquí su carácter provisional para el gobierno y administración de la Región, con personalidad jurídica plena para realización de los fines que en esta fase se le encomiendan. Para esto se constituyó una Comisión Mixta integrada por representantes del Estado y del propio Consejo Regional. Ahora bien. Sin perjuicio de lo dicho, la función principal de aquel Consejo no era otra que la de impulsar la consecución de un Estatuto de Autonomía, conseguido en 1982 como más adelante se expondrá. Las directrices, a nivel nacional, no podían ser otras porque aquella etapa fue anterior a la propia Constitución de diciembre de 1978. No obstante el adecuado comportamiento de los protagonistas de aquellos años, tanto los políticos como la sociedad misma, se registran debates sobre cuestiones esenciales, como el planteamiento de la provincialidad de Cartagena, la consideración de la Comarca como factor territorial 4

Llamado así al tener lugar las reuniones en el Hotel Conde de Floridablanca de la ciudad de Murcia, desde enero 1978, sin perjuicio del significado del personaje en la historia de Murcia.

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trascendente, o los porcentajes de votos precisos para conseguir acceso en la Asamblea Regional. Se constata que siguen vigentes y con plena actualidad los temas de entonces, hecho que permite colegir el esfuerzo de consenso que tuvo que realizarse para llegar a la redacción de 1982. Casi cuatro años transcurrieron en aquella situación, contando, además, con el relevo en la Presidencia por consecuencia de las elecciones generales de 1979. Fue desempeñada por Andrés Hernández Ros como candidato del Partido Socialista Obrero Español, manteniéndose en ella al comienzo de la fase autonómica, como después se expondrá. Pero si la misión principal era conseguir la redacción del Estatuto, fue ésta una tarea que no pudo llevarse a efecto con plena libertad. A nivel nacional preocupaba el control de los mismos hasta el extremo de plantear y lograr unos “Acuerdos Autonómicos en 1981” (5) suscritos por el Gobierno de la Nación y el Partido Socialista, y en los que se pretendía: a) diseñar las bases operativas que hagan posible la profundización del proceso autonómico; b) la generalización del proceso para lograr, en un tiempo razonable, una distribución homogénea del poder, reconociendo peculiaridades de las nacionalidades y regiones; c) la armonización del desarrollo institucional y legislativo... En dicho consenso y para otorgar eficacia a los principios remarcados –fundamentados en la indisoluble unidad de la nación Española–, se concretaron los siguientes acuerdos: 1) determinación del mapa autonómico; 2) que todos los Estatutos habían de entrar en vigor antes de primero de febrero de 1983, si bien para Murcia (y otras regiones) se determinaba la fecha de 31 diciembre 1981 para estar ultimados a nivel de Comisión Constitucional; 3) que los elaborados por la vía del artículo 143 podían incluir (en artículos separados) las competencias que les permite asumir el artículo 148 y aquellas otras que superen el contenido de dicho precepto. Ahora bien. Las que exceden del ámbito del artículo 148 podrán asumirse transcurridos cinco años previstos en el artículo 148.3, previo acuerdo de la Asamblea; 4) las elecciones para la Asamblea Regional se estudiará la fórmula que posibilite su celebración el mismo día, salvo excepciones que cita, en las Comunidades uniprovinciales; la provincia será la circunscripción única, a menos que sus fuerzas políticas con representación en las Corte Generales convengan otra cosa por unanimidad. Los periodos de sesiones serán limi-

Publicado en Servicio Central de Publicaciones, de Presidencia del Gobierno, Colección Informes, n.º 36.

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tados y los miembros sólo deberán percibir dietas, pero no consignaciones o sueldos fijos o periódicos; 5) el Presidente de la Comunidad Autónoma será designado por la Asamblea, por mayoría absoluta de sus miembros. Y los Consejos de Gobierno se compondrán, como máximo, de diez miembros con cargos de responsabilidad ejecutiva. Además se precisa que todos los cargos con responsabilidades administrativas directas, desde el nivel equivalente a Director General serán designados libremente entre funcionarios; 6) en las Comunidades uniprovinciales, la Diputación se integrará en la “organización política de aquella” y sus servicios administrativos seguirán siendo la base de la nueva Administración Regional (así como competencias, medios y funciones); y, 7) se establece el calendario para transferencia de competencias y se crean las llamadas Comisiones Mixtas de Transferencias. Los acuerdos de los que se han dejado sucinta referencia incorporan un Anteproyecto de Ley Orgánica de armonización del proceso autonómico, y también el de Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Había en el ambiente sociopolítico una cierta preocupación por los efectos de una real fragmentación del territorio, especialmente por las Comunidades uniprovinciales y, desde luego, también por el hecho de que se estuviera dando lugar a un exceso en el gasto público, y de aquí las limitaciones que figuran en el acuerdo finalmente suscrito. Tema que fue adquiriendo mayores dimensiones hasta la actualidad y en cuyo marco la sociedad demanda urgente adopción de medidas que consigan real control de la actividad. Traer ahora los antecedentes consignados sirve para valorar el clima y las directrices que guiaron la elaboración de todos los Estatutos, excepción hecha de aquellas Comunidades que ya disponían de tal norma y cuyo respeto se hizo inevitable. Es así como se llega a la elaboración del Estatuto de la Región de Murcia. Si se examinan los acuerdos de 1981 con el contenido inicial que se dio en 1982, se encontrará evidente coincidencia con las determinaciones que se fijaron aunque, por supuesto, la norma básica desciende a mayor detalle en la regulación de sus instituciones (6). Desde entonces has6

En “Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia”, los formulados por LÓPEZ PINA, A. (Título Preliminar y artículo 1º), GARRORENA MORALES, A (artículo 2º), se concreta el alcance de la constitución de la Comunidad y los poderes a la misma asignados. Igualmente en VILAR, Juan Bautista, Obra “El proceso de vertebración territorial de la Comunidad de Murcia: De Reino histórico a Autonomía uniprovincial”, editado por Consejo Jurídico, 2003.

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ta hoy se registrarán nuevas etapas marcadas, sustancialmente, por las transferencias de competencias y por el ejercicio de las mismas, por las experiencias que se venía adquiriendo tanto por el Ejecutivo, como por el propio Parlamento Regional. Escenificar todos esos factores e interpretar su rentabilidad, es lo que permitirá obtener las conclusiones que el proceso autonómico ha tenido en la Región de Murcia. Considera el autor, de otra parte, la oportunidad con la que se realiza la investigación y se ofrecen reflexiones. Ya se indicó que con las últimas elecciones regionales y municipales, anualidad 2011, se estaba cerrando una importante etapa del proceso, y que 2015 ya se presenta como ocasión para incorporar los cambios que se anuncian y demanda los denominados movimientos sociales. Se asiste a la manifestación de indignación, decepción y descontento generalizado respecto de los políticos y de las instituciones del pluralismo democrático. Un hecho que está encontrando eco en nuevos partidos políticos que tratan de capitalizar tales sentimientos para convertirlos en reclamaciones colectivas, en un nuevo mensaje que, en principio y a falta de un análisis de los respectivos programas, pueden resultar atractivos. No es interpretación ni valoración objeto de este trabajo; sólo se consigna como fundamento de la creencia de que la organización territorial de España será objeto de revisión, si no en la delimitación de cada Comunidad, sí en cuanto a competencias. Ya se comenta la propuesta de un Estado Federal. En todo caso parece que la legislatura concluirá en el marco legal vigente y por ello la necesidad de diseñar sistemas de gestión pública que susciten mayor confianza y, desde luego, fórmulas de participación ciudadana en la adopción de aquellos acuerdos que más directamente les afecten. Sólo desde ese proyecto puede convencerse a la opinión pública. Razón que también impulsa conseguir mantener el grado de estabilidad política que ha presidido la democracia española desde 1978. Es obligado que en estas líneas introductorias deje constancia de las facilidades proporcionadas por la Asamblea Regional para llevar a efecto la investigación, incluso para recopilación de documentación dispersa, como la existente en los cuarenta y cinco Ayuntamientos que conforman la Región. No era fácil la pretensión perseguida pero, tras el tiempo dedicado y las circunstancias que hoy concurren, merecía la pena el esfuerzo realizado. Al menos podrá servir de testimonio basado en documentación fehaciente

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y válida para la interpretación que cada lector estime oportuna. Falta pedir disculpas por las omisiones y fallos en los que pueda haber incurrido. No puedo concluir los apuntes que anteceden sin expresar gratitud a Antonio Gómez Fayrén, buen amigo al que siempre profesé sincero afecto y en el que concurren valores humanos y profesionales merecedores de reconocimiento. Actualmente ostenta la Presidencia del Consejo Jurídico de la Región, hecho que junto a su experiencia como miembro del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y como Diputado de la Asamblea, le otorga autoridad en el conocimiento de una etapa dilatada del proceso, precisamente en la que se recibieron las transferencias de competencias más importantes (Universidades, Sanidad, Educación, etc.) Me hizo el honor de hacer constar su opinión en el prólogo del trabajo realizado representando, aparte enriquecerlo con sus criterios y personalidad, un testimonio de excelencia para mejor entender el camino recorrido hasta hoy. Gracias. Por último. Agradecer la atención que el Presidente de la Comunidad Autónoma, Excmo. Sr. D. Pedro Antonio Sánchez, al presentar éste el presente trabajo. Representa el último testigo de lo que podría definirse como primera etapa del proceso autonómico, y primer ejecutivo de una segunda que se ofrece, social y políticamente cambiante y en la que se inicia la revisión del Título VIII de la Constitución Española de 1978 (organización territorial) y anuncia la necesidad de modificación de tan fundamental texto con la pretensión de dar cabida a la solicitud de Autonomías de celebración de referéndum para obtener niveles independentistas del Estado Español. Apasionante será, sin duda, el proceso que a partir de ahora (Elecciones Generales 2015) se abre. Tener el testimonio de quien protagoniza, en primera instancia, el nuevo tiempo político, en un marco de mayor pluralismo capaz de romper el clásico bipartidismo, representa un enriquecimiento de la investigación en que el trabajo consiste. Gracias por todo, incluida, por supuesto, la edición del libro por la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma. El Autor

CAPÍTULO I CRONOLOGÍA DE LAS REVISIONES DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y DE LA ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS

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ara poder examinar los resultados que se pretenden, es inevitable dedicar el primer capítulo a resumir el proceso estatutario y, desde su contenido, el tiempo y la forma en que se ejecutan las competencias transferidas. Un “scaner” que marcará las diferentes etapas, la adecuación a las nuevas circunstancias y la capacidad de autogobierno acreditada en cada momento. No se trata, pues, de una exposición sistemática de los acontecimientos principales, sino del análisis de los mismos para concretar los beneficios y/o perjuicios que depararon a la autonomía. El punto de partida ya quedó expuesto en la Introducción, pero sirva señalar que iniciábamos una carrera sin experiencia o preparación previa. Fuimos capaces de superar todas las dificultades y esa perspectiva alentará avanzar en la argumentación frente a quienes se manifiestan contrarios al sistema de organización territorial de España, la llamada “España de las Autonomías”.

I.1. Etapa preautonómica: Consejo Regional y Antonio Pérez Crespo Viene definida como consecuencia de la Ley para la Reforma Política que motivó la convocatoria de las elecciones Generales de 1977, posibilitando una cierta descentralización administrativa a la espera de aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. Por tanto, con aquella fórmula se atendía las demandas de movimientos ciudadanos y grupos políticos, aunque con carácter provisional. Se estaba dando forma a un modelo de Estado entre el unitario y el federal (Italia), en decir de GARCÍA DE ENTERRÍA (7). Como también se apuntaba, el sistema de preautonomías “hubo de ser frenado...” por el número de Comunidades uniprovinciales que se estimaba excesivo y podría dar lugar a otros problemas que obstaculizaran el proceso que se había diseñado. Aquella demanda sociopolítica trajo consigo la promulgación del Real Decreto 39/1978, 27 de septiembre,

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “El sistema descentralizador de las Comunidades Autónomas tras la Constitución de 1978”, publicado en Historia de España-Menéndez Pidal, “La España de las Autonomías”, Tomo I, pág. 5 y ss.

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que regulaba la preautonomía de Murcia, consecuencia de la negociación que la Asamblea de Parlamentarios había llevado a efecto con el Gobierno de España. Aquellos primeros años se caracterizaron, aparte la provisionalidad reconocida, por: primero, había concurrencia con la Diputación Provincial, situación que se mantendría hasta la celebración de las primeras elecciones a la Asamblea Regional, es decir, hasta 1983; segundo, no se reconocía capacidad legislativa, que comienza con la aprobación del Estatuto en 1982; y, tercero, las transferencias de competencias serían negociadas en la Comisión Mixta que a tal fin se crea.

Don Antonio Pérez Crespo. Primer Presidente de la Preautonomía (hasta mayo 1979).

Los resultados de las Elecciones de 1977 situaron, como reiteradamente se ha dicho, a Antonio Pérez Crespo en la presidencia del Consejo Regional, constituido solemnemente el día 24 de noviembre de 1978, manteniéndose en el cargo hasta mayo de 1979. Le sustituye el representante del Partido Socialista, Andrés Hernández Ros, que lo conserva hasta 1984, o sea, des-

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pués de constituirse la primera Asamblea Regional más otros dos años. La primera fase, en la que coexisten las Corporaciones Locales hasta el mes de abril de 1979, no se registran otros acontecimientos que los derivados de la pura gestión y preparación de Referéndum para la Constitución de 1978 y, por su consecuencia, las Elecciones Generales de 1979. Acontecimientos extraordinarios y nada fácil de desarrollar en un clima de cambio como el que se estaba dando con inevitable tensión. No hubo tiempo para más, pero han de valorarse como importantes aquellos meses tan intensos que requirieron del esfuerzo de la sociedad, en suma. El Consejo se instituye como órgano de gobierno y administración de la región, con personalidad jurídica propia, “sin que se condicione la existencia, contenido y alcance del Estatuto de Autonomía que en su momento pueda tener Murcia”. La Exposición de Motivos de la reiterada disposición remarca la significación de Cartagena en reconocimiento a su fundamento histórico y, de manera especial, las relaciones de colaboración y coordinación del Consejo y la Diputación Provincial, distinguiendo la fase anterior y posterior a las elecciones locales, marcándose así la tendencia de que en el posible Estatuto de Autonomía ambos organismos se refundan en uno solo. Señala la fecha de constitución en noviembre de 1978. Las actas que figuran en documentación registrada en Archivo Regional (8) alcanzan hasta el cinco de mayo de 1979 en lo que a Antonio Pérez Crespo se refiere, y cuyo contenido, en síntesis, es el siguiente: El Consejo celebra sesión constitutiva el día 10 de mayo de 1978 (folios 1 a 23), en el salón de actos de la Diputación Provincial, presidiendo la Mesa Joaquín Esteban Mompeán, de UCD, actuando de portavoces Ricardo de la Cierva y Hoces (UCD) y Ciriaco de Vicente Martin (PSOE) (9). A la Diputación Provincial le representaba quien era Presidente de la misma, 8 Archivo General Región de Murcia, referencia CARM, 4264,1, Actas desde el 10 de noviembre 1978 a 5 de mayo 1979. 9

Los miembros integrantes del Consejo Regional eran: Senadores: Ricardo de la Cierva y Hoces, Antonio López Pina, José Martínez Garre y Salvador Ripoll Marín. Diputados al Congreso: Mario Arnaldos Carreño, José Antonio Bordes Vila, Joaquín Esteban Mompeán, Francisco López Baeza, Jesús Martínez Pujalte y Antonio Pérez Crespo. Representante Diputación Provincial: José Manuel Portillo Guillamón. Representantes del territorio: Luis Alberola Foulquié, José María Aroca Ruiz-Funes, José Miguel Cascales López, Pedro García Esteller, Francisco Guillén Castaño, José López Fuentes, José Llamas Soriano, Antonio Martínez Jiménez, José Moreno Velasco, Juan Carlos Navarro Valls, Francisco Peidró Zorrilla y Agustín Sánchez Triguero.

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José Manuel Portillo Guillamón. Se procedió, en primera instancia, a la elección de Presidente, proponiéndose para ello “votación nominal y pública...habida cuenta la significación histórica del momento....”, oponiéndose los grupos socialista y comunista. El resultado sitúa a Antonio Pérez Crespo en la Presidencia con quince votos a favor y ninguno en contra. Y Secretario a Francisco Guillén Castaño (PSOE). El primero se limita a señalar “que venía a trabajar con ilusión.....que el Consejo no representaba a UCD, sino a toda la Región....y que el mismo representaba un banco de pruebas para los políticos murcianos...”. Consignado tal hecho, se sometieron al Pleno una serie de propuestas que vienen a definir las inquietudes entonces existentes. Con la perspectiva del tiempo debe consignarse la sorpresa que la concreción de los temas ofrece. Produce la impresión de querer mostrar, a la opinión pública, una imagen de contrastes con años anteriores, y del legítimo afán de obtener máxima eficacia en la resolución de los problemas. Para la valoración que proceda se exponen los temas tratados: Ponencia que elabore las normas reglamentarias de régimen interno; otra sobre comarcalización en la región; la contaminación del Río Segura y la atmosférica en Cartagena, fueron igualmente señalados; creación de la Comisión de Control del Trasvase; el Centro Regional de TVE (conscientes de la importancia cultural e informativa de la televisión y de su positiva repercusión en el desarrollo del área geográfica”). De otra parte, la construcción del desvío de Lorca y la del Hospital del Noroeste (propuesta al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social); ofrecer colaboración a la Universidad de Murcia, fueron cuestiones básicas que también ocuparon la atención de los señores Consejeros. Pero no concluye en lo expuesto el repertorio de anuncios formalizados. Además de recoger un pronunciamiento acerca del Referéndum a favor de la Constitución, se abordaron otros temas trascendentes, como el de la Autopista del Mediterráneo (que quedó aplazado); la situación del sector del pimentón; la de los Medios de Comunicación Social del Estado (a iniciativa del PSOE, por considerar necesaria su conservación, con evidente referencia al periódico LÍNEA), rechazando cualquier intento de reprivatización que no prosperó); y, finalmente, sobre el paro obrero. Se registra, pues, un programa ejecutivo, aun cuando se pone el acento en dotar de medios al Consejo para poder cumplir con el objetivo de

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avanzar en el proceso de conseguir autonomía. Es por ello que en sesiones posteriores e inmediatas (20 de noviembre) (folios 24 a 37) se concreta la composición de Comisiones de Trabajo para cumplimiento de fines acordados, así como el debate de los medios personales y materiales de la Diputación Provincial al servicio del Consejo. La sesión solemne, como se ha referido, se convoca y celebra previa deliberación sobre el lugar (Lorca o Murcia), en el mismo lugar en fecha 24 de noviembre (folios 28 a 38), presidida por el Ministro Manuel Clavero Arévalo, asistiendo otros Presidentes de Entes Preautonómicos. A los efectos perseguidos en la investigación que se sigue, sólo resta dejar constancia de la intervención de Antonio Pérez Crespo quien, en su condición de Presidente, resalta “el momento histórico que se estaba viviendo....“y definía la autonomía como “gobierno del pueblo por el pueblo, es inmediación política a los problemas, es información fluida sobre su existencia, es decisión participada de decisiones por quienes más cerca los viven...”. “En la Autonomía, precisaba, todos somos protagonistas y debemos aportar nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y nuestras renuncias...”. Remarcaba la historia del Reino de Murcia hasta llegar a la uniprovincialidad y declaraba que “se intentaba simplificar órganos de gobierno eludiendo mantener instituciones paralelas...”. Mensaje que unido al programa antes trascrito venía a decir que había en sus protagonistas reconocimiento de la responsabilidad que estaban asumiendo y el propósito de ejercerla sin dar lugar a situación distinta a la de educarse en el autogobierno de la región. En acuerdos posteriores se aprueba el primer presupuesto del Consejo, así como las bases para su ejecución (sesión de 29 enero de 1979), y que se cifra en 21.369.862 pesetas para 1978, y su prórroga para 1979. Y en la inmediata anterior (27 diciembre 1978, folios 59 a 63) se designa representante de la institución en la Comisión Mixta a constituir en la Presidencia del Gobierno para tratar las transferencias de la gestión de funciones, actividades y servicios de la competencia de la Administración del Estado. Igualmente se insiste cerca del Ministerio de Obras Públicas sobre la necesidad de construcción de la Autopista del Mediterráneo, paralizada en Alicante.

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Para aproximar los temas que entonces se trataban con preferencia pueden citarse la propuesta de aprobación de la Bandera de la Región (sesión 29 de enero de 1979), y la de declaración de la región como zona de preferente localización industrial (Sesión 5 de febrero de 1979). La que mayor relieve tiene es la de 12 de marzo siguiente (folios 37 y ss.) en la que se inicia el debate sobre el Reglamento de Régimen Interior, que es continuado en las siguientes (días 14, 21 y 26 de marzo). En la última de las citadas se somete a resolución definitiva obteniendo trece votos favorables, pero con el hecho del abandono de la sesión por los cuatro representantes socialistas, y la aclaración del Secretario de que se suma a éstos, si bien justifica no ausentarse por su condición de Secretario de la Institución. Sin perjuicio de otros acuerdos, se llega a la sesión de 5 de mayo de 1979 (folios 245 y ss.) en la que se constituye el nuevo Consejo Regional por consecuencia de las Elecciones Generales de abril anterior. Los resultados postulan la candidatura de Andrés Hernández Ros a la Presidencia, que efectivamente obtiene con los veinte votos que le fueron favorables, frente a los dieciséis de Antonio Pérez Crespo. Apartado éste que se concluye registrando la intervención del Presidente que cesaba, y que formuló en los siguientes términos: “...había llegado la hora de su relevo...en virtud de las reglas del juego democrático, por cuya implantación y mantenimiento todos habían luchado. Recuerda que los meses iniciales de andadura regionalista han sido difíciles, como pueden ser los primeros pasos de toda nueva criatura que nace o que se crea de la nada. Como sabéis hemos carecido de competencias sustanciales; no contábamos con unas elementales norma de funcionamiento; Los medios financieros han sido escasos; tampoco había una infraestructura profesional y ni siquiera materiales. Todos ellos acompañados de falta de tiempo y participación en campañas electorales.” Igualmente resaltó la confrontación de criterios y disparidad de opiniones. De todas formas, dijo, el edificio ha comenzado a levantarse. Los cimientos de la Autonomía regional están terminados, y la obra continúa y emerge hacia arriba con vitalidad...”.

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Don Antonio Pérez Crespo. Sesión de constitución del Consejo Regional, al que asisten el Ministro Don Manuel Clavero Arévalo y presidentes de entes Preautonómicos de España, entre ellos, Don Josep Tarradellas, de Cataluña.

Un buen resumen porque interpretaba la realidad vivida, confirmada, incluso, por el nuevo Presidente como después se expondrá. De aquí que la brevedad del mandato de Pérez Crespo no desmerezca su contenido. Antes al contrario. Los momentos iniciales de cualquier proyecto serán siempre los de mayor dificultad y, en apenas seis meses, aquel equipo de UCD supo proyectar la filosofía política del cambio que se estaba produciendo en España, y que completó después como grupo de opinión al Consejo Regional Socialista. Cuantas reivindicaciones se formalicen en reconocimiento de aquella actitud encuentran plena justificación. Antonio Pérez Crespo fue designado años después, concretamente en 2003, a instancias de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia, y por acuerdo del Gobierno Regional, Cronista Oficial de la Re-

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gión. En la solemne sesión de toma de posesión, celebrada en el Patio de Columnas del Palacio de San Esteban el día 2 de mayo de la citada anualidad, dedicaba su intervención, su “primera Crónica” a recordar aquellos momentos y la titulaba de forma expresiva e incorporando modernidad como “El nacimiento de una Región” (10). Efectivamente recogió de manera exhaustiva el proceso cronológico resaltando la trascendencia del cambio que se estaba produciendo y los principales acontecimientos que se estaban registrando, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Región, los que conllevan riesgos de involución y los que suponían impulso para conseguir el objetivo último. Las Asociaciones Políticas y los Alcaldes de aquellos años, las Elecciones Generales de 1977 y 1979, pasaron por el análisis riguroso de uno de sus protagonistas. De otra parte, aborda el hecho de la uniprovincialidad, la desaparición del Sureste Español, la identificación territorial (“mosaico integrado por pequeñas piezas, coordinadas administrativamente entre sí, que conservando su propia personalidad individualizada, se integran en un único dibujo que configura el mosaico regional”). El testimonio que podía haber formulado ahora, enriquecería, sin duda, el conocimiento y valoración de esta primera fase preautonómica. Pero, en todo caso, la investigación realizada deja suficientes indicadores para ponderar las aportaciones del propio Pérez Crespo, y el de aquellas personas que integraban un grupo extraordinario en sus distintos aspectos: político, cultural, histórico y económico. Y, además, sabiendo cumplir con una misión nada fácil y con respecto a la realidad sociopolítica que se estaba sustituyendo. Hay, pues, un balance positivo. El señor Pérez Crespo llegó, podría decirse, con la llave para el cambio. Lo hizo con la rentabilidad que significaba evitar la involución.

10 Acto de investidura de Antonio Pérez Crespo como Cronista Oficial de la Región. Editado por el Servicio de Publicaciones y Estadística de la Consejería de Educación y Cultura.

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Al investigador llama la atención el hecho de constatar en Actas correspondientes a los años sucesivos, la efectiva participación en todo el proceso autonómico. Un hecho que aunque pueda considerarse lógico o natural, no parece darse con frecuencia en quienes ejercen en política. Pasar de Presidente a la oposición y hacerlo con verdadera lealtad institucional tiene de extraordinarios los valores de la autenticidad, nobleza y humildad

I.2. Etapa preautonómica: Consejo Regional y Andrés Hernández Ros: El relevo en la Presidencia del Consejo Regional es, como quedó anotado, consecuencia de las Elecciones Generales de 1979, las primeras tras la aprobación y promulgación de la Constitución de 1978. Un hecho que trae consigo las variantes que se dirán respecto de la etapa anterior. Las principales son: el mandato de quien resultara elegido era de cuatro años, tiempo de duración de la legislatura y suficiente para formular programa ejecutivo que impulsara el proceso hasta la obtención del Estatuto. Y, además, era una fase para comenzar a recibir las transferencias de competencias que, desde luego, sólo podían tener sentido de gestión por cuanto no se podía legislar. De otra parte, la convivencia con la Diputación Provincial tenía otra proyección al cambiar la composición de la misma, como así sucediera. Por tanto, bien se diferencian las dos fases de la Preautonomía, la de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 30/1978, de 29 de septiembre, y la que ahora se analiza que, aparte las características reseñadas, contaba con el primer mandato del Partido Socialista. La persona propuesta y elegida para desempeñar la Presidencia fue Andrés Hernández Ros (11), y manteniendo la política de distribución de cargos, se designa Secretario a Santiago Vidal García, perteneciente al grupo político

11 El resto de Consejeros, conforme al Acta de la Sesión de constitución, eran: Carlos Alberola Gómez-Escolar, Antonio Aznar Martínez, Antonio Da Casa Ayuso, Luis Casalduero Campoy, Ricardo de la Cierva y Hoces, Carlos Collado Mena, Enrique Egea Ibáñez, Luis Egea Ibáñez, Rafael María Egea Martínez, Joaquín Ezcurra Cartagena, Jesús Ferrer García, José Manuel Garrido Guzmán, Joaquín Garrigues Walker, Fernando Enrique Gómez Fernández, Dionisio González Otazo, José Ignacio Gras Castaño, Doroteo Jiménez Martínez, José María Llamas Soriano, Juan Martínez Meseguer, Antonio Martínez Ovejero, Pedro Antonio Mira Lacal, Juan Monreal Martínez, Ángel Morenilla Moya, Manuel Moreno Moreno, Ramón Ortiz Molina, Francisco Padilla Espejo, José Pérez Fernández, Andrés Pérez García, José Plana Plana, Andrés Pérez García, Francisco Rodríguez López, Juan Rosique Jiménez, Ciriaco de Vicente Martín, Santiago Vidal García, Mariano Yúfera Guirao y Aquilino Zapata Conesa.

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de UCD. Los cuatro años transcurridos, más los dos primeros desde el Estatuto de Autonomía, no pueden calificarse de pacíficos por las razones que se explicitarán. De aquí que deba hacerse aclaración de que este trabajo no responde o atiende crónicas políticas que afecten a las personas, sino a una exposición objetiva de los principales hechos que afectan al desarrollo de la Comunidad. No quiere decir que se eviten aquellos que incidan específicamente en cambios de puestos de responsabilidad y/o a resoluciones que ofrezcan conflictividad económica o social. Andrés Hernández Ros, nace en la Pedanía de Guadalupe, término municipal de Murcia, el 30 de julio de 1948. Casado con María Josefa Cerdán Botía, de cuyo matrimonio hubieron tres hijos. Cursa estudios de Maestría Química en el Centro de la Compañía de Jesús, en el Monasterio de los Jerónimos. La actividad laboral lo sitúan en la industria Cauchos de Levante, S.A., ubicada en el propio lugar de nacimiento. Se caracteriza por el liderazgo que ejerce tanto en el aspecto sindical como político aunque, en aquellas fechas, en la clandestinidad. Ya en 1960 ingresa en Acción

Andrés Hernández Ros fue Presidente del Consejo Regional (mayo de 1979), hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, y Presidente hasta marzo de 1984.

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Sindical de Trabajadores (AST), de inspiración marxista y precursora de la Organización Revolucionaria de los Trabajadores. En noviembre de 1970 es detenido acusado de asociación ilícita. En prisión contrae matrimonio, ceremonia, cuentan las crónicas, que celebra el Párroco de Guadalupe por negativa del entonces Capellán de la Prisión Provincial. Obtenida la libertad emprende pequeños negocios y, entre ellos, el de una librería que sería utilizada como tapadera por la oposición moderada de izquierdas. Fue en 1975 cuando se afilia al Partido Socialista, del que es elegido Secretario General en 1978, cuando los diferentes grupos se habían posicionado participando en la convocatoria electoral de 1977.

Acto de Juramento de Hernández Ros.

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Las fechas marcadas representan el comienzo de la actividad política. Por efecto de las elecciones de 1979 fue elegido Presidente del Ente Preautonómico en la ya citada fecha de 5 de mayo, y al aprobarse el Estatuto en 1982, accede a la Presidencia del Gobierno Regional, en la que se mantiene hasta 1984 al tener que presentar la dimisión por razones de un pretendido soborno (que nunca fue demostrado) a periodistas del Diario LA VERDAD, y a instancias de su propio Partido. Tal hecho supuso la desaparición de Andrés Hernández Ros de la vida política. En 2012 le fue concedida la Medalla de Oro de la Región por acuerdo del Ejecutivo que presidía el Partido Popular y en su nombre, Ramón Luis Valcárcel Siso, valorando así los primeros pasos de la Autonomía. El portavoz del Gobierno, José Ballesta Germán, declaraba, en el periódico LA VERDAD, que “se trata de un sentido reconocimiento a la figura de Hernández Ros, firmante, como Presidente autonómico...que cumplía, ese año, el XXX aniversario”. Los hechos consignados deberán abordarse más ampliamente en lugar procedente del presente trabajo por la importancia que tuvieron en la construcción de la Autonomía y en la opinión pública. El discurso de toma de posesión representa un programa de alcance por los temas que plantea, “tras rendir justo homenaje al Consejo Regional saliente, del que dijo había cumplido airosamente la única función que podría representar, en una situación de transición y balbuceo político, con las interrupciones sufridas por efecto de un Referéndum, unas elecciones legislativas y otras locales. Ha sido, pues, su función la de un Consejo constituyente pero, lógicamente, por las circunstancias apuntadas nunca pudo ejercer como auténtico Gobierno. Pero ha logrado que haya tenido un rodaje político necesario que hoy va a permitirnos, a nosotros, comenzar una nueva y esperamos que definitiva etapa. Murcia siempre deberá estar agradecida a estos hombres que constituyeron el primer Consejo Regional”. Literal de las palabras dedicadas al equipo anterior (12), y que confirman los argumentos utilizados por su portavoz y recogidos anteriormente.

Archivo Regional de Murcia. Actas del Consejo Regional, sesión de 5 de mayo de 1979, CARM 4264, 2, folios 253 y ss.

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Presidencia del solemne acto de presentación del Estatuto de Autonomía.

Los puntos fundamentales de la intervención comenzaban desde el convencimiento, “firme convicción”, decía, “de que el Consejo va a representar ya el Gobierno de la Región”. Había que huir del “puro parlamentarismo y de la actividad burocrática porque el pueblo está demandando eficacia y el Consejo tenía que constituirse en el motor político del desarrollo regional...”, al que se asignaba la grave responsabilidad de asumir una tensa y permanente actitud de lucha frente a las recias que ha de superar. En este planteamiento incluía la “responsabilidad de la Presidencia...”. Entre las tareas prioritarias concretaba: “culminar el proceso autonómico con el respaldo de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, con las organizaciones culturales y científicas y especialmente, con el apoyo de la clase trabajadora. Con tal fin se iniciará de inmediato la elaboración del Estatuto y la necesaria ordenación del territorio en Comarcas”. “Simultáneamente se iniciarán conversaciones con el Gobierno

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en la Comisión Mixta de Transferencias para lograr que nos sean transferidas cuanto antes el máximo de competencias, facultades y recursos”. Objetivos para cuya consecución marcaba calendario de urgencia, subrayando a un tiempo otras acciones preferentes: política cultural; combatir el desempleo: la calificación de la Región en Área de preferente localización industrial y agrícola; inversiones en los sectores de Obras Públicas y Vivienda; regionalización del ahorro; corregir desequilibrios comarcales; especial atención a las infraestructuras del agua y los transportes; política sanitaria para evitar el déficit de equipamientos y mejorar la asistencia; la necesidad de contar con unas vías de comunicación adecuadas, considerando como necesaria la Autopista de Alicante-Murcia; establecer una política agraria regional y emprender otra turística planificada con mención en cuanto a esta última del estado de RENFE (líneas electrificadas) y al que calificó de “vergonzoso problema del deprimente, alejado e incomunicado Aeropuerto… así como la revitalización de la desaparecida FICA...” Termina concretando que “para llevar a la práctica este desarrollo regional es necesaria una Administración moderna, profesionalizada, imparcial y descentralizada... capaz de desarrollar las competencias que se transfieran... y reconociendo la necesidad y ayuda de los Ayuntamientos democráticos” y “con la formidable posibilidad de una Diputación Provincial que puede y debe estar perfectamente engranada con la política del Consejo Regional...”. Si se realizara el ejercicio de comparar el programa sucintamente expuesto, con las propuestas que hiciera el primer Presidente, podría hablarse de un elevado nivel de coincidencia, al menos en temas esenciales al desarrollo. Solamente se excluyen ahora las previas requeridas por el proceso que comenzaba (Reglamento de Régimen Interior, por ejemplo). Investigados los cuatro ejercicios preautonómicos las cuestiones de mayor interés pueden resumirse en las siguientes, y observando la cronología de las normas, si bien debe reconocerse que los términos utilizados por el nuevo Presidente y los mensajes transmitidos a través de las acciones anunciadas, permiten interpretar el sentido de responsabilidad que las preside, saberse responsable regional y no sujeto a “mandato socialista”, sino defensor de intereses generales. Desde ese instante de toma de posesión, los registros a consignar serían los siguientes:

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• Careciendo de estructura administrativa, lograrla, siquiera fuera mínimamente, era el primer objetivo. En este sentido, se inicia con la designación de Carlos Collado Mena, (elegido Presidente de la Diputación Provincial) (13), como Vicepresidente del Consejo Regional. Con este reconocimiento se obtenía la sintonía política adecuada entre las dos instituciones al estar ambas lideradas por personas pertenecientes al mismo grupo político. Las primeras iniciativas consistieron en la creación de un Departamento de Documentación, Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas, y la de un Gabinete de Estudios Técnicos dependiente de Presidencia, procediéndose, igualmente, al nombramiento de los Directores correspondientes, según consta en el Acta del Consejo antes referenciada. Parece lógica aquella decisión ante la carencia de una estructura necesaria para afrontar una etapa que se presentaba difícil. Inmediatamente después, en sesión de 28 de mayo, se somete a aprobación la estructura orgánica del Consejo (14), consignándose la oposición socialista a la creación de Consejerías hasta tanto no se realicen las transferencias de competencias. Pero ya respiraban criterios autonomistas, como lo prueba la resolución de solicitar que la Delegación de Hacienda de Murcia no dependa de Valencia, y promover conciencia regional en los habitantes. Así lo acredita la convocatoria de concurso “Historia del Reino de Murcia” como premio “Antonete Gálvez” (15) a cuya figura se acordó erigir monumento. En el mismo sentido se registran los acuerdos de aprobación de signos para identificar la Región, como la Bandera, con expresión de agradecimiento a los Profesores e Historiadores Juan Torres Fontes y José María Jover Zamora. Se detecta, pues, urgencia en conseguir la configuración del Ente Preautonómico, y en el mes de julio se prueba el organigrama de Funcionamiento, Áreas de Responsabilidad y Presupuestos. Estos se estimaron en 153 M/Pesetas, subvencionados íntegramente por el Estado al carecer de recursos propios (16). 13

Sesión 21 de mayo de 1979 (folios 21 y ss. del Libro de Actas. Cesa a petición propia en sesión de 10 de noviembre 1980. Es protagonista principal y será objeto de estudio separado, abarcando las diferentes etapas y cargos desempeñados (Archivo Regional, CARM-4264-2).

Sesión 28 de mayo 1979 (folios 58 y ss., Archivo Regional, CARM-4264-2).

Sesión 25 de junio 1979 (folios 97 y ss., AGRM-CARM-4264-3).

Sesión de 30 de julio 1979 (folios 2 y ss., AGRM-CARM- 4264-3), abarcando todas las actividades propias de la Administración Pública.

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Las circunstancias sociopolíticas, cambiantes en aquellos momentos, presionaba a la Institución para seguir avanzando, y en este sentido debe dejarse constancia de algunos hechos que contribuyen a valorar esta etapa. Por ejemplo, y como principales, se lleva a efecto una campaña de imagen de la Región (sesión 22 octubre 1979); una Moción conjunta de los grupos políticos para crear el Instituto de Desarrollo Regional, al que se dota, inicialmente, con un millón y medio de pesetas (sesión 3 de diciembre de 1979); revisar y complementar las normas del Reglamento de Régimen Interior; adecuación de la Administración Periférica del Estado a la nueva estructura regional (sesión 31 marzo de 1980); urgir la inmediata aprobación del Decreto de transferencias de competencias, a cuyo efecto se crean las Consejerías, repartidas proporcionalmente entre los grupos políticos (17). Se conocen otros acuerdos que promueven creación de Institutos y Órganos para impulsar el desarrollo socioeconómico, o bien, fortalecer la estructura del propio Consejo Regional. Todo ello hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982, y que representan la preocupación por superar una fase en la que se asumían responsabilidades sin contar con experiencia bastante. Era un esfuerzo que no podía debilitarse en vista del impulso que el proceso tenía en las diferentes regiones de España. • En cuanto a las transferencias de competencias, ya se apuntaba cierta ansiedad por recibirlas, y es el Real Decreto 466/1980, 29 de febrero (18), la norma que las concreta en términos de gestión al carecer todavía de capacidad legislativa. El autor de este trabajo ya indicaba en aquel momento y mediante artículos publicados en el periódico LA VERDAD (19), que “la fecha de 15 de marzo representaba la hora de la verdad para el Consejo Regional por cuanto con ella se inicia una trascendente etapa en el proceso autonómico por lo que de experiencia tiene para todos. De sus resultados va a depender, 17

Sesión de 25 de febrero de 1980 (folios 14 y ss., AGRM-CARM- 4264- 4), se acuerda asignar a PSOE las Consejerías de Interior – Cultura y Universidad – Trabajo – Territorio y Medio Ambiente – Urbanismo y Obras Públicas – Sanidad y Seguridad Social – y – Turismo. A UCD, las de Agricultura – Transportes/ Comunicaciones y Comercio – Educación – Industria – y – Hacienda y Economía.

BOE 15 de marzo de 1980.

Edición de Murcia: serie de doce artículos publicados entre los días 28 de marzo y 6 de mayo de 1980, dedicados a comentar cada una de las competencias transferidas.

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en buena medida, el futuro del Estatuto y también el grado de aceptación e identificación de la Comunidad con el nuevo status político-administrativo... Su alcance, el grado de organización actual de la Administración Central en la provincia para desarrollarlas –que es lo que se transfiere– y las necesidades y exigencias de la colectividad, nos darán a conocer las implicaciones estructurales que conllevan y evitarán toda improvisación y arbitrismo que pueda originarse por un afán de protagonismo”. De otra parte, además de fijar el significado real de la descentralización, se indicaba que “no depender tanto de Madrid es importante. Pero más allá de criterios teóricos hay que lograr un testimonio de eficacia y utilidad que será quien rompa los hielos de indiferencia existentes ante el fenómeno autonomista”. El reto al que se enfrentaban los responsables políticos después de solicitar y aceptar tales competencias era el de no fracasar en la gestión porque, en otro caso, “sería tanto como reconocer nuestra incapacidad y dar lugar a un antecedente que sólo el paso del tiempo, y mucho tiempo tendrá que ser, pueda borrar”. No era un compromiso simple. La falta de experiencia administrativa, la insuficiencia de medios, la mayor carestía de los servicios y cierta resistencia activa de funcionarios dependientes de la Administración Central que serían transferidos al Ente Preautonómico (por el grado de inseguridad que se percibía), representaban una barrera de obstáculos importantes. Hoy, con la perspectiva del tiempo, debe hacerse expreso reconocimiento a las personas que decidieron iniciar el camino. No sería fácil en ninguna de sus etapas, pero resultaba inevitable por la inercia del país. Sin embargo, en términos generales, puede afirmarse que el proyecto merecía la pena. Las materias transferidas fueron: Agricultura – Turismo y Administración Local, que empezarían a ejecutarse inmediatamente, y en concreto el día uno de abril de 1980; y las de Urbanismo, Actividades Molestas/Insalubres y Peligrosas – Ferias Interiores – Transportes – Cultura – y – Sanidad –, que se iniciarían el día uno de julio siguiente. En definitiva. Tales competencias se correspondían con el contenido del artículo 148 de CE que, a su vez, viene a coincidir con la vía autonómica que sanciona el artículo 143 de la norma suprema, marcando o insistiendo en la determinación que ya se anunciaba para las Comunidades de imagen uniprovincial.

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Solemne acto de presentación del Estatuto, 10 de julio de 1982, en el Palacio Almudí (Murcia).

Pero no bastaba con el texto del Real Decreto. No se trataba de una simple entrega de competencias sin que nada pudiera obstaculizar la continuidad en la prestación de servicios. Ya se indicaba que “...políticos y juristas responsables del montaje tendría que hacer jornada intensiva para que la asunción de competencias pueda responder a criterios de eficacia evitando, a un tiempo, el obstrucionismo que inevitablemente se producirá”. Así que el Real Decreto contuviera limitaciones importantes comenzando por el desarrollo de su instrumentación, seguido de la función cooperadora de la Comisión Mixta, y la distribución por el Consejo Regional, pudiendo añadirse que la Disposición Adicional 2 señalaba que “para operar los traspasos relativos a personal, patrimonio y presupuesto, habrían de observarse los requisitos y formalidades exigidos por la legislación vigente en cada materia”. Resultaba difícil cumplir el calendario establecido, pero ésta no era, en opinión del autor, cuestión esencial. Antes al

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contrario, aquellas medidas previas incorporaban serenidad y rigor. Había que procurar continuidad de servicios de manera que no se apreciara el traspaso sólo en sentido positivo, pero también evitar mayores costes.... De otra parte, procede referir como se establecía el control de los actos que también constituye esencia de una democracia bien entendida y, por supuesto, principio básico de un Estado de Derecho. En tal apartado hay que incluir tanto el artículo 153 de CE, como el propio Real Decreto que concreta:1) la observancia de lo legislado para cada materia objeto traspaso; 2) el régimen jurídico de los actos administrativos se acomodará a la Ley del mismo nombre de la Administración del Estado y a la de Procedimiento Administrativo; 3) estar a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado; y, 4) contra las resoluciones y actos, cabrá recurso de reposición previo al Contencioso-Administrativo, y las Alzadas, en su caso, ante el propio Consejo. Lo expuesto representa un sistema de garantías, al menos igual al entonces existente frente a los actos de la Administración del Estado. Lo dicho ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley de 1978, y del contenido del Reglamento de Régimen Interior. La Comisión Mixta de Transferencias, varió, en su composición, a través del tiempo, e incluso incorporó alguna revisión en materia de Agricultura (20), Transportes (21), Servicios y Asistencia Sociales (22) y Sanidad (AISNA) (23). Representan los registros hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. El planteamiento que ahora se hace -analizar proceso y, en su caso, rentabilidad del sistema- hace innecesario entrar en el estudio detallado de las competencias. Más adelante se prestará mayor atención en base a la valoración que la Asamblea Regional realiza de cada una de ellas. En este apartado se considera suficiente conocer las materias transferidas en la situación existente al comenzar el proceso y la ponderación positiva que merece su desarrollo. 20

Real Decreto 3.536/1982, 19 diciembre.

Real Decreto 2.965/1981, 19 diciembre.

Real Decreto 251/1982, 15 febrero.

Real Decreto 340/1982, 1 marzo.

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• Desde la promulgación del reiterado Real Decreto-Ley de 1978, el objetivo básico y principal, como se ha dicho repetidamente, era la elaboración del Estatuto de Autonomía. El tiempo de mandato de Andrés Hernández Ros se dedicó fundamentalmente a dicha tarea. La primera de las decisiones fue la creación de una Ponencia encargada de elaborar un anteproyecto. Un equipo de trabajo (24) que ya integraba, además de Presidente, Secretario y cinco Consejeros designados por Comisión Permanente, a otros cinco también designados por dicho órgano de entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios, Abogados y otros expertos de reconocida competencia profesional. Pero no se trataba sólo de obtener un texto que estudiar y someter a debate. Se pretendía enriquecer el conocimiento con el análisis de cuestiones esenciales, tales como sendos estudios sobre comarcalización, provincialidad de Cartagena (25), o la solicitud de criterios a las distintas representaciones políticas y la concreción de bases del futuro Estatuto (26), cuyos puntos iniciales eran: a) que no estaba clara la uniprovincialidad y por ello, en el Titulo Preliminar, se manifestaba la posibilidad de incorporar “...aquellos Municipios, Comarcas o Provincias limítrofes, que en el futuro decidan su incorporación”. Igualmente se consignaba que la sede de los órganos regionales será la ciudad de Murcia, sin perjuicio de que mediante ley de la Asamblea Regional se puedan establecer en otro lugar de la provincia. No obstante la concreción de que la estructura de la organización territorial la conformarían las Comarcas, no había criterio sobre cuáles serían, ni su composición. Es más. Los Consejeros de UCD solicitaban que se consignara que la unidad comarcal del Campo de Cartagena fuera respetada “en sus siete municipios”.

Sesión de Consejo Regional, 11 de junio 1979 (folios 74 y ss. AGRM-CARM-4264-2).

Sesiones de 22 octubre 1979 (folios 46 y ss.) y 28 abril 1980 (folios 2 y ss., CARM-4265,1).

Sesión Extraordinaria Consejo Regional, 9 junio 1980 (folios 71 y ss.).

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Constitución de la Asamblea Regional.

b) los órganos serían: El Consejo, la Asamblea Regional (cuyo número de componentes no podrá exceder de cuarenta y cinco (según el PSOE), o cincuenta y cinco (conforme a criterio de UCD), el Presidente, el Consejo de Gobierno o Ejecutivo, y el Tribunal Superior de Justicia. c) marca con detalle las competencias que recibiría, y se ocupa de definir los criterios a los que respondería la Administración Pública. d) especifica el contenido de la Hacienda y Economía Regional. e) se desarrolla el proceso electoral próximo volviendo sobre las Comarcas como circunscripción y se establece que “el umbral para el acceso a la Asamblea se establece en el 5% de los votos emitidos a nivel regional”.

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f) hay otra previsión importante y es la de que “si en el futuro se constituyera una Comunidad Autónoma Biprovincial, el Estatuto se acomodará a la nueva situación, especialmente en lo que concierne al mantenimiento de las Diputaciones Provinciales”. Son los expuestos los rasgos principales del Estatuto que se debatía en aquellos momentos, y que son suficientes para conocer la situación, así como las coincidencias y discrepancias de los grupos políticos, concretando, una vez más, que el procedimiento de autonomía que se consideraba idóneo era el señalado en el artículo 143.2 de la CE, y no el 151 de la misma. • En clima de permanente debate se llega a aquella en la que se aprueba la última versión, que se remite al Congreso de los Diputados a los efectos procedentes. Se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 30 de mayo de 1981, remitiéndose a la Comisión Constitucional y, previa la formulación de enmiendas, el debate tiene lugar los días 16 y 17 de febrero de 1982, obteniendo 266 votos favorables, 26 abstenciones y un voto nulo. Enviado al Senado, conoció el dictamen en sesión de 25 de mayo siguiente, aprobándose también con 258 votos, 5 en contra y 17 abstenciones. Así se llega a la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, publicada en el BOE del día 19 del mismo mes. Se han producido reformas posteriores cuyo estudio se realizará más adelante. Este Capítulo se contrae al examen de la etapa preautonómica. De aquí que se cierre este apartado con referencia al solemne acto de presentación del Estatuto, celebrado el día 10 de julio, en el Palacio de El Almudí. También en Cartagena se organizó acto similar resaltando la decisión de ubicar la Asamblea Regional en dicha ciudad. Ambas celebraciones fueron ampliamente reseñadas por la prensa (27), que titulaban, en portada, “MURCIA, HOY, REGIÓN AUTÓNOMA”, haciéndose eco de las intervenciones del Presidente, Andrés Hernández Ros, y de los políticos de la Oposición (28).

Periódico LA VERDAD, días 10 y 11 de julio de 1982.

La Oposición estaba representada por Juan Ramón Calero (Alianza Popular), Pedro Antonio Ríos (PCRM-PC), Luis Egea (UCD) y Alvarez Castellanos (PSRM-PSOE).

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• Se inicia así lo que se denominó “Periodo Provisional”, procediéndose a la convocatoria de la Asamblea Regional, cuya primera sesión se lleva a efecto el día 15 de julio de 1982 (29), en la que se elige Presidente a Carlos Collado Mena, quien, al tomar posesión, dijo: “Dejo en manos de la Historia ponderar la trascendencia que para Murcia tiene la constitución de su primera Asamblea Regional, que representa a todo nuestro pueblo. A menudo, quienes protagonizan los hechos históricos no alcanzan a comprender, siquiera sea someramente, la importancia de sus actos...”. Realizó análisis de los cambios registrados en el país aludiendo, de manera especial, a las Autonomías, significando la expresión de la voluntad popular como consecuencia de una conciencia regional ya que, en caso contrario, el pueblo lo hubiera expresado públicamente por medio de los distintos conductos que le ofrece el sistema democrático, “pero no ha sido así...”. Dejemos, por lo tanto, que nuestra sociedad rija su destino con seriedad y confianza”. Y en cuanto a los fines de la Institución examinó su alcance, así como las limitaciones existentes hasta tanto se celebren las primeras elecciones. En este sentido remarca “...que ostentaría durante varios días una doble condición presidencial: la Asamblea y la Diputación Provincial”. Ambas circunstancias le colocaban en una situación “sui generis”, pero que desaparecerá cuando ésta sea asumida por la Comunidad Autónoma, es decir, cuando su Presidente nombre Consejo de Gobierno. Conforme a lo previsto, el día 21 de julio siguiente tiene lugar el debate de Investidura del Presidente, Andrés Hernández Ros (30). Su intervención partía del recuerdo “al pasado 10 de julio, que marca la entrada en vigor del Estatuto”, para añadir, “cuando en el noble Palacio del Almudí asistíamos al acto solemne con que celebramos <la más grande ocasión que vieron los siglos de acceder al autogobierno...>”. Relata la historia de la región que afirma coincidir con la de sus Comarcas “como en ninguna otra tierra de España...”, y “...nuestro Estatuto significa que vamos a poder rescatar nuestra identidad Comarcal...y que vamos a poder proyectarla en una unidad de intereses y no enfrentándolos...”. Introduciéndose en el mensaje de investidura destacó que el programa era el primero de la

Diario de Sesiones n.º 1/15 de julio. Periodo Provisional.

Diario de Sesiones n.º 2/ 21 de julio 1982.

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historia y, además, que había de ajustarse al breve paso de sólo unos meses... aunque será una oferta suficientemente comprometida. Los puntos básicos de la misma consistían en los siguientes: Reforma Administrativa y participación ciudadana; desarrollo económico; lucha contra el desempleo; y calidad de vida. Pero antes de proceder a su desarrollo formulaba convocatoria “a la totalidad de los ciudadanos de la región y a la organizaciones políticas, económicas, sindicales, culturales y de cualesquiera otra naturaleza proponiendo “un pacto para el progreso de la región”. Después, en extenso discurso, detalló las acciones de los citados puntos básicos que, tras su análisis, puede afirmarse que era exhaustivo. Al siguiente día, 22 de julio (31), los portavoces de los grupos de Oposición formularon severas críticas, tal y como parece normal en este tipo de comparecencias. Finalmente votaron a favor de la candidatura 21 Consejeros, en contra 16 y ninguna abstención. Procedía, entonces, dar a conocer los nombres de quienes formarían el Consejo de Gobierno (32). En la forma expuesta se iniciaba la andadura que habría de concluir al celebrarse las elecciones generales autonómicas, para las que se marcaba el plazo entre febrero y 30 de mayo de 1983. Pero, no obstante el limitado tiempo con el que contaban, el equipo de gobierno celebró diferentes sesiones de Asamblea Regional, de las que deben resaltarse las siguientes resoluciones: Proyecto de Ley de Gobierno y Administración Pública de la Comunidad Autónoma (33); el Acto Institucional con motivo del día de la Constitución (34); Proyecto de Ley de Incompatibilidades en el ejercicio de la función representativa (35); Proyecto de Reglamento de la Asamblea Regional, y también el correspondiente al uso de la Bandera Regional (36). 31

Diario de Sesiones n.º 3/ de 22 de julio 1982.

Nombramiento de Consejeros: de Presidencia, José Plana Plana; de Economía y Hacienda, Manuel García Otazo, independiente; Política Territorial e Infraestructuras, Juan José Parrilla Cánovas, como independiente; Cultura y Educación, José Manuel Garrido Guzmán; Trabajo y Servicios Sociales, Vicente Martínez Brel; Industria, Tecnología, Comercio y Turismo, José María Casanova Valero, independiente; Agricultura, Josefa Gallego de la Puente; Sanidad y Seguridad Social, José María Morales Meseguer; Relaciones Autonómicas, Antonio Garcá Pagán; Interior, José Guirao Martínez.

Diario de Sesiones, Periodo Provisional, n.º 4, 23 de septiembre 1982.

Diario de Sesiones n.º 7, de 6 diciembre 1982.

Diario de Sesiones, n.º 8, de 9 diciembre 1982.

Diario de Sesiones, n.º 12, de 22 de abril 1983.

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El proceso de transferencias continuó su curso hasta abril de 1983 (37), dando así contenido a las acciones del Gobierno y del propio Parlamento Regional. Es entonces cuando comienza la Autonomía de Murcia. Razón por la que se interrumpe el relato de los hechos, para reanudarlo después, pero ya enmarcado en la primera legislatura. • Pese a lo indicado, si lo que se pretende es encontrar indicadores bastantes para ponderar la rentabilidad del sistema, el análisis tiene que contemplar otros aspectos de la gestión y repercusión en la sociedad mas allá de los puros formalismos. El tiempo preautonómico y periodo provisional desempeñado por Andrés Hernández Ros, como principal protagonista, obliga a considerar aspectos políticos, económicos y sociales para mejor valorar el conjunto:

En cuanto a lo político, se está en un periodo en el que se produjo el fallido golpe de Estado de 23 febrero 1981. Las cuestiones de orden interno del grupo político que ejercía poder, no se conoce, excepción hecha de lo que contaran los Medios de Comunicación Social que personalizaban la información, y del inestimable testimonio del que fuera Alcalde de Murcia, José María Aroca Ruiz-Funes, publicado, como nota autobiográfica, en el Libro “Alcaldes de Murcia 1.939/2011”, que recoge las impresiones de quienes lo fueron desde 1979 (38).

La realidad que consta en Archivos y Actas del entonces Consejo Regional, es la Sesión Especial, Extraordinaria y Urgente, celebrada conjuntamente con la Diputación Provincial, el día 24 de febrero, y en la que se produjo (CARM-4265,1, folios 24 y ss.) la declaración del Presidente en la que expresaba “la indignación y enorme preocupación que causa el intento de golpe de Estado...protagonizado por grupos de Fuerzas de los Cuerpos de Seguridad del Estado y dirigido por el Teniente General Teje37

Se transfieren: Industria y Energía (Real Decreto 2387/1982, 25 septiembre); Cultura (Real Decreto 2.520/1982, de 8 de octubre); Administración Local (Real Decreto 2.642/1982, de 22 de octubre); Puertos (Real Decreto 2.925/1982, de 11 de noviembre); Reformas Estructuras Comerciales y Comercio Interior (Real Decreto 4.111/1982, BOE 2 de marzo 1983); Intervención de Precios (Real Decreto 4.112/1982, BOE de 2 marzo 1983); Tiempo libre (Real Decreto 4.124/1982, BOE 10 de marzo 1983); Disciplina de Mercados (Real Decreto 4.165/1982, BOE de 15 de marzo 1983; Pesca (Real Decreto 4.194/1982, BOE 17 de abril 1983).

Obra “Alcaldes de Murcia, 1939-2011”, del que es autor Clemente García, editado en 2013 por Ayuntamiento de Murcia, pág. 157 y ss.

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ro... al tomar como rehenes a los representantes de la voluntad popular democráticamente expresada en las urnas..” En este sentido se registran pronunciamientos de los distintos portavoces, e incluso de Carlos Collado en su condición de Presidente de la Diputación que dio lectura a escrito suscrito por los funcionarios. No hubo mayor repercusión en cuanto a la gestión de la Autonomía, ni lo actuado afecta a la investigación de que se trata. Pero fue importante para clarificar posiciones y, de manera especial, si concentramos el análisis en las personas. El resultado a nivel nacional no fue otro que el de la entrada del Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, hecho que propiciaba una misma sintonía para ambas instancias, circunstancia que evitaría confrontaciones o actitudes exigentes ante el nivel de dependencia que Murcia tenía respecto del Gobierno Central y, desde luego, para combatir el ánimo de marginación que tanto se denunciaba con UCD. Siempre será mejor así, pero la práctica enseña que la influencia del factor político no es determinante para la consecución de objetivos. 2. Respecto de la actuación económica, aparte la confirmación de escasos recursos de los que disponer, pueden registrarse las siguientes variantes: primero, la atinente al Presupuesto del Consejo, que se inicia con el acuerdo de prorrogar los de 1979 (39), para aprobar y cifrar el de 1980 en la cantidad de 322.748.933 pesetas (40) en los que personal y gastos corrientes ocupaban el 86%, y las inversiones sólo un 4,87%. Fue un presupuesto que se liquidó, además, con superávit de 80.165.435 pesetas. El correspondiente a la anualidad ascendió a 665.000.000 pesetas, que fue objeto de prórroga para 1982 que, finalmente, se aprobó en 714.000.000 pesetas. Tal situación se hace plenamente entendible si se tiene en cuenta que las transferencias de competencias llegaban sin dotación o, al menos, insuficiente, y que se carecía de otras fuentes de financiación, salvo las subvenciones del Estado o las ayudas extraordinarias que la Diputación le asignaba.

Sesión Extraordinaria de 22 enero 1980, folios 2 y ss. AGRM-CARM 4264,4.

Sesión 28 abril 1980, CARM 4265,1.

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En orden a inversiones, aparte las anotadas anteriormente, pueden indicarse el acuerdo de participación del Consejo Regional en las mercantil Promural, S.A. (perteneciente al sector de transformación de pimentón), aportando la cantidad de 40.000.000 pesetas, y otros doce en creación de una empresa de Acuicultura (41). En la empresa Muracua, la participación se eleva a 25.000.000 pesetas, equivalente al 50% del capital social. El paso del tiempo produjo la caída de las empresas citadas con importante repercusión mediática al estimarse que el “Gobierno de Murcia se había embarcado en proyectos con un riesgo desproporcionado a su capacidad financiera”. Ya en 1983, febrero, el Consejero de Industria reconocía que “el Gobierno había cometido errores en la gestión de la sociedad mixta Muracua, S.A.”, a través de la que propiciaba la cría artificial del langostino a orillas del Mar Menor (42). Si a lo dicho se une la oposición política que tales proyectos recogieron, amén de sucesivos actos que llegan a marzo de 1984, puede reseñarse la trascendencia que tales decisiones tuvieron para la persona del Presidente, del que se logró, por el propio Partido, presentara la dimisión en 1984. No es objeto de este estudio el análisis detallado de los hechos indicados, aunque sobre ello será necesario volver al abordar los primeros años de la legislatura 1983/1987. Pero también era inevitable su consideración por la fuerza argumental de valoración de la gestión, y el negativo antecedente que representa. Hay otras iniciativas básicas, como las que acuerda la participación en la Sociedad de Garantías Recíprocas, Undemur, S.G.R., como socio protector y con la finalidad de ayudar a la financiación de las pymes de la región. Pero en este caso se trataba de iniciativa de organizaciones empresariales, secundada por instituciones y empresas, y en el marco de legislación estatal que se aplicó en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas. La aportación fue de 10.000.000 pesetas. La Sociedad mantiene al día de hoy su actividad (43).

Sesión de 15 febrero 1980, folios 176 y ss., CARM 4265,2, ratificada en sesión de 27 de julio 1981, folios 2 y ss-, CARM 42666,2.

Archivo del Periódico EL PAIS, 13 febrero 1982, firmada Isabel Llorens.

Sesión de 2 noviembre 1981, folios 85 y ss., CARM – 4266,e.

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En sentido más amplio y en sesión del Gobierno Provisional celebrada en octubre de 1982, se presentó y aprobó un Plan denominado “para el progreso”, más popularmente conocido como “PPP”, en el que se prevé la creación de más de 50.000 puestos de trabajo en cuatro años, y en el que participarían todas las fuerzas sociales y económicas de la región. Fue una importante iniciativa que concitó las voluntades pretendidas, aunque las circunstancias sociopolíticas que fueron concurriendo hicieran difícil alcanzar los niveles de eficacia deseada habida cuenta la gravedad de la crisis económica en aquellos años. Según consta en Acta (44) de la sesión celebrada por el Consejo Regional, “se trataba de la aplicación práctica de la participación y la solidaridad, un mensaje de esperanza, y un esfuerzo especial de cooperación para modernizar la estructura socioeconómica y adaptarla a las nuevas condiciones del entorno”. • Con la salvedad metodológica que supone, al objeto de separar el conocimiento de la situación generada, se aborda ahora el relato de lo acaecido de forma previa a las elecciones de 1983, que suponían el inicio de la primera legislatura, abarcando hasta el cese, por dimisión, del Presidente, Andrés Hernández Ros. Debe considerarse como una “pieza separada” del conjunto. Recordar que las elecciones de 1983 suponen que el PSOE revalidara su mayoría. Se celebraban el día 8 de mayo obteniendo 25 escaños. La coalición de AP- PDP y UL, alcanzaron los 16, y el PC, 1. En suma. Mayoría absoluta. Comienza así el camino auténtico para el desarrollo de la Autonomía, y lo hace en sesión de la Asamblea Regional de 28 de mayo (45) en la que resulta reelegido como Presidente de la misma, Carlos Collado Mena, esta vez con la totalidad de los votos emitidos (que fueron cuarenta y tres).

Libro II de Actas de sesiones celebradas por Consejo Regional, 4 de octubre, folios 1 y ss., y documento anexo.

Diario de Sesiones n.º 1, I Legislatura, 28 mayo 1983.

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Seguidamente se convoca y tiene lugar la sesión de Investidura del Presidente, que sólo contaba con una candidatura, la de Andrés Hernández Ros, y que tiene lugar los días 13 y 14 de junio siguiente, en las que se repite la misma liturgia que da lugar al ya relatado Periodo Provisional (46). El resultado no podía ser otro que el que representaba la mayoría absoluta del grupo socialista, obteniendo su candidato 26 votos a favor, 16 en contra y una abstención. A partir de ese momento fueron sucediéndose convocatorias plenarias que llegaron hasta siete en la anualidad de 1983. A los fines del presente estudio interesa dejar constancia del debate sobre el Proyecto de Ley de descentralización territorial y de colaboración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales (47), pudiendo entenderse el resto con caracteres de normalidad. Al iniciarse el ejercicio 1984 se registra la aprobación de la Ley de creación del Instituto de Fomento (48). Pero este periodo se caracteriza principalmente por una serie de acontecimientos y críticas a la gestión, básicamente de las iniciativas empresariales pero, esencialmente por la información sobre “posible soborno a dos periodistas de LA VERDAD – Murcia”, que trascendió, lógicamente, a nivel nacional e internacional, generando sensación de descrédito de las instituciones murcianas (49). La realidad es que aquellos hechos significaron la consolidación de una crisis en el grupo de gobierno que concluye con la dimisión del Presidente en marzo de 1984. Incluso perdido el apoyo de su propio partido y haciendo irremediable la decisión. Sin embargo debe hacerse constar que aquella denuncia por presunto soborno, en ningún momento contó con el respaldo del Ministerio Fiscal, antes al contrario, siendo archivada. Información que con todo detalle fue publicada en los Medios de Comunicación Social, pero de manera principal en el Periódico LA VERDAD (al que pertenecían los periodistas) y el PAÍS, a cuyas hemerotecas hay que remitir al lector. De lo que había

Diario de Sesiones n.º 1, I Legislatura, 28 mayo 1983.

Diarios de Sesiones, n.º 2 y 3, 13 y 14 de junio 1983, respectivamente.

Diario de Sesiones n.º 7, de 20 septiembre 1983.

Diarios de Sesiones n.º 13 y 15, de 20 de enero y 16 de febrero, respectivamente. El día 26 de marzo el Consejo de Gobierno, previa reunión. Publicaba comunicado en el que “lamenta profundamente la falta de rigor con que ciertas noticias y actuaciones se han presentado a la opinión pública local y nacional”, precisando, de otra parte, datos presupuestarios, de hechos, etc.

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que dar explicación es al cambio que tales circunstancias produjeron en las más altas instancias de la Comunidad, así como analizar su incidencia en el proceso. Sin embargo, nada sobre la situación descrita figura en las Actas del Consejo de Gobierno, como si en las sesiones del mismo no se hubiera planteado el problema. En sesión de la Asamblea Regional, celebrada el día 27 de marzo de 1984 (Diario de Sesiones n.º 16, I Legislatura) se dio lectura al Acta de dimisión del cargo de Presidente de la Comunidad, formalizada con fecha 9 del mismo mes ante el Vicepresidente Primero de la Cámara, Manuel Tera Bueno, abriéndose seguidamente el procedimiento para elección de nuevo Presidente.

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Lo expuesto con anterioridad es el compendio de lo sucedido en la etapa preautonómica, es decir, desde 1978, aunque se incluyera la fase mayo 1983-marzo 1984, por lo que de extraordinario sucedió en el aspecto sociopolítico. Procede hacer una valoración de esos cinco años al objeto de ir incorporando indicadores al balance final. En términos generales, las conclusiones obtenidas son las que a continuación se indican: 1) Integrarse en el sistema de organización territorial que marcaba la Ley para la Reforma Política, confirmada por la Constitución de 1978, parecía inevitable. El debate era el de configurar una Región con las provincias limítrofes (Albacete, Alicante y Almería), o bien asumir la uniprovincialidad. Después de conocida esa fase, y ante la colisión de intereses y deseos de asunción de protagonismo por cada una de ellas, parece que la última de las opciones era la adecuada. Con perspectiva, también habría que remarcar que la fórmula ofrece más ventajas políticas, sociales y económicas, que la pertenencia a otra más amplia donde las susceptibilidades que despierta la situación de dependencia da lugar a comparaciones nada favorables en cuanto a gestión se refiere. 2) El inicial y escaso nivel de competencias que se transfirieron, fueron asumidas sin tener experiencia alguna y careciendo, además, de estructura funcional adecuada. Ahora bien. El objetivo, casi único, de aquellos primeros años era lograr la elaboración de un Estatuto de Autonomía que, aunque inspirado por los Acuerdos de 1981, a nivel nacional, y también del mimetismo que se producía entre las Regiones, no era tarea fácil. Pero fue cumplida a satisfacción y concurriendo el parecer de personas, instituciones y hasta de particulares invitados, por anuncios oficiales, a participar. Hay razones más que suficientes para no recriminar a quienes protagonizaron aquella fase. No fue sólo decisión de quienes ejercían responsabilidades de gobierno y de aquellos otros que asumían el papel de oposición. 3) Cualquier lectura que se realice de lo sucedido, puede apreciar que los temas de organización del territorio precisaba el singular signi-

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ficado de Cartagena, así como la urgencia en llevar a efecto la comarcalización. El reconocimiento de Cartagena como provincia es cuestión que se puso en la tarea a realizar, o determinar el número de municipios que formaría esa Comarca. Ni la una ni la otra cristalizaron finalmente, ni entonces ni tampoco a lo largo del proceso autonómico. Únicamente la decisión de localizar la Asamblea Regional en la Ciudad Departamental, si bien tal reconocimiento resultó claramente insatisfactorio, como lo prueba la reiteración con la que tal pretensión se formuló en las diferentes etapas, aunque de manera más intensa cuando se produjeron las revisiones del Estatuto de Autonomía. Tampoco la división Comarcal y su regulación por Ley ha prosperado después de más de cuarenta años y no obstante los mandatos que se registran en tan amplio periodo de tiempo. Pero es cuestión que adquiere mayor importancia cuando las Comarcas reconocidas a efectos electorales representan las circunscripciones y se exige, por otra parte, la obtención del 5% de votos para tener acceso al Parlamento Regional. Se considera que tal criterio perjudica a los grupos políticos minoritarios, y así se denunció desde la aprobación del Estatuto en 1982 por el Partido Comunista, aunque sin éxito. Así se ha mantenido hasta hoy, provocando reducido número de representantes, e, incluso, ninguno. El llamado bipartidismo resultaba favorecido con la aplicación de la norma expuesta. 4) Las transferencias de competencias hasta marzo 1984 comprendían las que podrían denominarse como “domésticas”, es decir, aquellas que más acento funcional tenían y menor valoración de coste efectivo se le reconocía, hecho que ofrece cierta lógica al pertenecer la mayor parte del tiempo a la Preautonomía. No obstante la presente investigación dedica un Capítulo a la materia valorando los debates surgidos en cada momento. Por tanto, no generó la asunción de las mismas mayor gasto del que ya tenían asignado, ni impulsó un crecimiento presupuestario ni imprevisto, ni desproporcionado. Adviértase que cualquier comparecencia de responsables políticos demandaban, con urgencia, más competencias, aunque la mayoría e importantes llegarían después de 1984. El propio Consejo de Gobierno, en sesión de 27 de enero de 1983 (Libro III, folios 11 y ss.) aprueba el calendario de Transferencias. Y en el mes de mayo siguiente (folios 222 y ss.), conoce de un informe

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sobre el estado de negociación, e incluso sobre la procedencia de revisar costes, así como sobre las dificultades para que los Funcionarios de la Administración Central pasen a la Comunidad Autónoma. 5) El gasto público, que se centra en esta etapa en las previsiones presupuestarias, no alcanza nivel preocupante. Recuérdese que en 1982 disponía de 714.000.000 pesetas, y el estimado para 1983 llegó a 13.314, si bien los derechos liquidados no llegaron a 8.386 millones pesetas, dando un nivel de ejecución de 4.560 millones pesetas, es decir, un 35,14%. Cifras que responden a dos fuentes de financiación, primera, los recursos procedentes de la ya extinta Diputación Provincial, y, otra, las cantidades que acompañan a las competencias transferidas. Las diferencias entre cálculos iniciales y ejecución real, pone de manifiesto la escasa capacidad de gestión de la Administración Regional. En todo caso. No es este un periodo en el que el gasto público originado despertara alarma social y, menos aún, rechazo al sistema. Sólo es objeto de crítica el desajuste que genera la participación de la Comunidad en empresas que no fructificaron. 6) Hasta 1982, inmediatamente después de la promulgación del Estatuto, los registros oficiales determinan que el número de funcionarios procedentes del Consejo Regional y de la Diputación Provincial, era de 1.564. Esta era la situación de partida. Hecho que también sirve para que no se produjeran excesos que llamaran la atención y estimularan el rechazo. Puede concluirse que desde 1978/79 la etapa Preautonómica supuso adecuación al nuevo sistema; la adquisición de las primeras experiencias de autogobierno; la participación política con criterios de proporcionalidad conforme a resultados electorales y entre los dos partidos mayoritarios (“gobierno de coalición”, le denominó Carlos Collado, en su comparecencia ante el Senado); una dedicación, también en colaboración, para la dotación de Estatuto a la Región y hasta lograr unanimidad en los temas básicos del mismo. Las discrepancias fueron aparcadas, y aún se mantienen en tal posición.

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Debe consignarse la convivencia con la Diputación Provincial, que se desarrolla de forma coordinada, a lo que sin duda contribuye el hecho de que ambas instituciones estuvieran lideradas por persona pertenecientes al mismo Partido Político. Incluso llegó a decirse que “...de no ser así,... hubiera sido una fuente permanente de conflictos y tensiones cuyos resultados hubieran podido ser imprevisibles...”. Ya se indicó con anterioridad la comunicación de recursos de la Diputación al Consejo y la puesta en marcha de proyectos acordados en común y, además, sin atentar a la autonomía de cada institución. La interrupción del mandato del Primer Presidente, y que se produjera por las razones expuestas, es lectura que no puede prevalecer sobre la valoración positiva que aquellos años merecen, ni tampoco para la descalificación de personas intervinientes en el ejercicio de diferentes responsabilidades al resultar innegable la dedicación y esfuerzo realizado por todas. Por último. El rasgo que caracteriza este periodo –y también los sucesivos, como se verá– es el de la mayoría absoluta obtenido en las Elecciones Generales de 1979, circunstancia repetida en las de 1983, hecho que proporciona estabilidad y, por ende, mayor serenidad y fortaleza a la hora de tomar decisiones.

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I.3. Revisiones del Estatuto de Autonomía: Dos principales fueron las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica que regulaba el Estatuto, representando, en definitiva, el techo competencial al que podía aspirar la Región, con las salvedades que puedan formularse. El alcance de las revisiones supuso un cambio esencial en la gestión marcando periodos bien diferenciados. Es por ello que obedeciendo a razones metodológicas se anticipan los criterios básicos que se dirá de cada uno de los periodos, si bien el punto de partida fueron los Acuerdos suscritos por el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y el Partido Popular el día 28 de febrero de 1992 (50). En su desarrollo se indica que entre 1980 y 1991 más de 432.000 puestos de trabajo pasan de la Administración Central a las Administraciones Autonómicas que, unidos a los creados por ellas, suponen un volumen de efectivos de 593.000 empleados públicos, y el gasto total de 6.626 millones de pesetas, experimentando un crecimiento del 21,3%. En dicho acuerdo político-administrativo ya se indica la procedencia de ampliar competencias para la Comunidades constituidas por vía del artículo 143 CE al haber superado el plazo de cinco años el plazo establecido en el apartado 2 del artículo 148. A partir de ese momento se pacta que los partidos políticos firmantes promoverán la necesaria iniciativa de reforma, si bien el grupo de Izquierda Unida se apartó de dicho consenso mediante formalización de Enmienda a la totalidad del proyecto por entender que era insuficiente en cuanto a la demanda de competencias (51), aunque intensificando las referencias al proceso electoral y configuración de circunscripciones. Por contra, el Partido Socialista estimaba “que se trataba de la segunda reforma y que suponía un importante avance ...en el desarrollo autonómico...”; “se alcanza un techo competencial que garantiza no sólo que no haya discriminación entre Comunidades que accedieron por el artículo 143 CE, sino también de éstas con respecto a las del artículo 151 en lo fundamental y esencial...”, finalizando con la reflexión de que “... este avance... supone también el equilibrio entre los principios de conser50

Publicado por Ministerio de Administraciones Públicas. Consecuencia de lo acordado fue la promulgación de la Ley O. 9/1992, 23 de diciembre, sobre Transferencias de Competencias.

Diario de Sesiones n.º 83, Asamblea Regional, III Legislatura, 18 marzo 1993.

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vación de los hechos diferenciales autonómicos y la no discriminación de los hechos competenciales”. Caracteres todos ellos en los que coincide el representante del Partido Popular. Aquel proyecto fue aprobado con 39 votos frente a 4 en contra, designándose defensores del mismo ante Congreso y Senado, los Diputados Regionales María Antonia Martínez y José Plana por los Socialistas, y Juan Ramón Calero Rodríguez, por los Populares. Así ocurría en sesión de la Asamblea Regional (52) del día 25 de marzo 1993, que igualmente aprobó el Dictamen al mismo. Continuando el proceso se obtuvo la aprobación definitiva que dio lugar a la Ley O. 4/1994, de 24 de marzo (53). Se asumieron veintiocho nuevas competencias, si bien diez de ellas ya constaban en la Ley O. 9/1992, antes citada. Como significativas se resaltaron las correspondientes a Educación y Ordenación del Litoral. Ahora bien. A los fines de obtener una primera valoración de la incidencia que tales transferencias tienen en la Comunidad, si procede reflejar el incremento presupuestario que en ese periodo (1982/1994) se experimenta. Así, una panorámica general señala que se pasa de 5.630 millones de pesetas a 79.813, es decir pone de manifiesto el enorme esfuerzo que hubo de realizarse, sin contar que en 1995 alcanza la cifra de 86.479 millones de pesetas. Sin embargo, hay que especificar las diferencias encontradas entre presupuestos estimados y los liquidados, así como la generación de tensiones de tesorería; insuficiencia de medios propios y dependencia del Estado; limitaciones, por tanto, en el ahorro interno con el consiguiente perjuicio para las inversiones, y la necesidad de acudir al endeudamiento. De ello, por tratarse de tema principal se estudia en Capítulo separado (54). Pero el clima existente parecía urgir, y cuando apenas transcurrieron dos años de la anterior, la representación de Izquierda Unida-Los Verdes articula una Moción para constituir Ponencia que dictaminara sobre una nueva reforma del Estatuto. Conocía de tal pretensión el Pleno de la Asamblea

Diario de Sesiones n.º 84, 25 de marzo 1993.

Publicada en BOE n.º 72, de 25 marzo 1994.

En Obra del autor, repetidamente citada, “La Autonomía de Murcia. Crónica de 15 años”, se detalla la evolución presupuestaria del periodo 1982/1995.

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(55), comprendiendo igualmente modificación del Reglamento de la Cámara. Resaltaba el Ponente que “de aceptarse la iniciativa se estaría dando lugar, en esta Región, a un nuevo ciclo histórico, un ciclo de superación de insuficiencias (tanto de competencias como presupuestarias). Un ciclo en el que el autogobierno esté más cerca de esta Región...”. Entre las razones que fundamentaban tales pretensiones se indicaba “la suficiente madurez”, así como el hecho “de que había otras Comunidades en ese proceso y la de Murcia no podía quedar rezagada”. Con intervenciones más o menos retóricas, la Cámara aprobó por unanimidad la Moción. Se entendía que el sistema autonómico “había tenido un proceso importante de afianzamiento, de precisión y arraigo en el cuerpo social” (Exposición de Motivos). Una reforma que se llevaba a efecto tras la llegada al Gobierno del Partido Popular (mayo/junio de 1995). El Dictamen fue emitido manteniendo la unanimidad inicial, y del mismo conoce la Asamblea en 1997 (56), designándose como Ponentes ante Congreso y Senado a Alberto Garre (PP), José Plana (PSOE) y Joaquín Dólera (Izquierda Unida-Los Verdes). Alguien indicaba como valor extrínseco que se trataba de un “proyecto que sale de esta Cámara y se gesta en ella”. Previamente se había publicado en el BOAR n.º 113/1997, y la correspondiente Ley O. 1/1998, de 15 de junio, en el BOE n.º 143, de 16 de junio. Se dijo que esta tercera reforma (57) fue la más importante... porque nuevamente se amplían techos competenciales y potencia el papel del Parlamento Autonómico, permitiendo, incluso, ampliar el número de Diputados, pasando de 45 a 55, aunque hasta el día de hoy no se ha producido. En enero de 2013 se inicia la formulación de otra propuesta de modificación del Estatuto (58), cuyo único objetivo era posibilitar que “el Gobierno Regional pueda aprobar Decretos-Leyes con una serie de condiciones si-

Diario de Sesiones n.º 57, IV Legislatura, 11 de julio 1996.

Diario de Sesiones n.º 114, IV Legislatura, 22 julio 1997.

La primera de las modificaciones es la efectuada por Ley O. 1/1991, de 13 de marzo, y cuya finalidad era asegurar la celebración de elecciones autonómicas y locales, el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años.

Diario de Sesiones n.º 44, VIII Legislatura, 24 enero 2013.

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milares a las que existen en otras Comunidades”. Cuestión que fue objeto de debate en el que se recordaron otras materias que no fueron aceptadas (deuda histórica, blindaje Tajo-Segura, etc.). Finalmente fue aprobada por 31 votos, 12 en contra y ninguna abstención. Tras su paso por Congreso y Senado se promulgó la Ley O. 7/2013, de 29 noviembre.

CRO N OLOGÍA DE LAS RE V ISIONE S DE L E STAT UT O DE A U T ON OM Í A Y D E L A A S U N C I ÓN D E C OM P E T E N C I A S

La exposición que antecede, síntesis del contenido y valoración de los primeros años en los que se experimentan los efectos de la descentralización administrativa, pone de relieve, de una parte: 1) la firme decisión de integrarse en el sistema autonómico y hacerlo con sentido de uniprovincialidad, pese al hecho de ponderar la conveniencia de incorporación a otros proyectos colindantes (Valencia y Castilla La Mancha, de manera principal) o bien anexionar alguna provincia limítrofe a la de Murcia; ninguna de estas iniciativas fructificó; 2) asumir, en el periodo de preautonomía, la falta de experiencia con las nuevas fórmulas de organización territorial, y hacerlo con la firmeza y aplicación que entonces se requería, hasta alcanzar el objetivo de dotar a Murcia de Estatuto propio. Lo trascendente de esta actitud fundamental era hacerlo de manera conjunto con PSOE/ PP (PP/PSOE) partiendo de la distribución de competencias según materia. Es decir, compartiendo, realmente, responsabilidades al conformar “gobiernos de coalición”; y, 3) los recursos disponibles para sufragar el coste de la nueva Administración eran, inicialmente, insuficientes y requerían de la participación de la Diputación Provincial hasta su desaparición tras las Elecciones de 1983. La LOFCA de 1980 estaba igualmente condicionada por la evolución del proceso, y bien se sabe que las AA.PP. estaban afectadas por acoger y poner en funcionamiento los modelos que inspiraba la efectiva descentralización de servicios, lo que originaba ciertos desajustes en la gestión, principalmente en la financiación de aquellos costes que conllevan las primeras transferencias de competencias. Pero esta realidad estimuló a los políticos de aquel entonces a soportar tan lógicas dificultades hasta que obtuvieron el nivel de eficacia deseable, aunque quienes acumularon méritos extraordinarios fueron los funcionarios públicos que gestionaron el establecimiento y prestación de nuevos servicios, y exigencias. Es cuestión básica que debe ponderarse antes de adentrarse en el análisis de etapas posteriores.

CAPÍTULO II EL DEBATE SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS

E L DE BAT E S OB R E L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C OM P E T E N C I A S

l desarrollo de la etapa preautonómica y la propia evolución de las sucesivas reformas del Estatuto, han puesto de manifiesto la permanente reivindicación de la Región al Gobierno Central instando la transferencia de competencias porque en ellas residía la capacidad de autogobierno. Incluso en las circunstancias actuales está en debate una nueva modificación de la norma fundamental vigente y, en consecuencia, se contemplan otras posibilidades. Pero en este capítulo de la investigación realizada no se pretende una exposición cronológica de las recibidas desde el Real Decreto Ley de 1978. Existen diversos estudios que lo hacen (59). La pretensión, ahora, no es otra que la de conocer como se lleva a efecto la negociación de las mismas y como inciden, de forma importante, en los presupuestos de la Comunidad y en la estructura administrativa. Son los elementos básicos para llegar a conclusiones acerca de la valoración de la Autonomía de Murcia. De otra parte, y precisamente por lo dicho, el análisis realizado se contrae a las materias principales, a las que conllevan gasto público de entidad para prestación de servicios y, con ello, presupuestos y personal. Se incluyen en esta consideración las transferencias en Educación Universitaria y en la General (o no Universitaria), Insalud-Sanidad, Inserso, y otras.

II.1 La demanda de transferencias Fue, como antes se indicaba, una permanente reivindicación, adquiriendo mayor intensidad a partir de 1982. No obstante, y a los fines de acreditar la actitud regional, procede dejar constancia de las referencias que seguidamente se remarcan, especialmente a partir de la Presidencia de Carlos Collado. Sin embargo no se pueden silenciar hechos como los representados por el acuerdo del Consejo de Gobierno de noviembre de 1982 que aceptaba los principios en orden a la descentralización territorial del

59 “Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia” y “Crónicas de la Autonomía de Murcia”, editados por Consejo Jurídico y Asamblea Regional, respectivamente, citados con anterioridad.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

ejercicio de competencias; el de enero de 1983 (folios 11 y ss.) que fijaba un calendario para la formalización; o la de mayo del mismo año en cuyo Libro de Actas (folios 222 y ss.) se recoge un informe sobre el estado de la negociación. La necesidad de renegociar costes; el intento, por parte del Estado, de transferir déficit de los servicios correspondientes; la inclusión de nuevos servicios, funciones y tareas que antes no existían o eran mínimos; o las dificultades para que los funcionarios de la Administración Central pasaran a la Comunidad. Se manifiesta de forma clara la preocupación por los desajustes anotados, aunque ello no es obstáculo para aceptación de las competencias. A partir de ese momento pueden recogerse las siguientes referencias: a) El 4 de diciembre de 1984 la Comisión Mixta de Transferencias celebra reunión en Murcia, con asistencia del entonces Vicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra. Concluía así, según noticias publicadas: “...la Región de Murcia era la primera en acceder a todas las competencias previstas en el Estatuto...” (60). La realidad es que tal propósito fue anunciado al ser elegido Presidente, según el Diario de Sesiones de 27 de marzo de 1984 (I Legislatura, n.º 16). La Asamblea Regional. En sesión plenaria celebrada el día 1 de marzo de 1985, procedía a examinar el proceso de transferencias (Diario de Sesiones n.º 46 de I Legislatura), en la que se exponía el protocolo suscrito en diciembre pasado, calificado de positivo por el grupo socialista, y de insuficiente y mal dotado, por los partidos de la oposición. Pero, en todo caso, insistiendo de manera indubitada en la necesidad de demandar nuevas competencias, hasta el extremo de considerar ya las atinentes a Educación, Sanidad, etc. b) Un año más tarde, el Presidente de la Comunidad comparecía ante la Comisión de Autonomías, Organización y Administración Territorial,

Periódico El País. Martes 4 de diciembre 1984, información suscrita por Maite Contreras.

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en sesión de 4 diciembre 1985 (61), en la que, después de referir el proceso autonómico, y señalar que “no estaba claro... porque no había ningún antecedente de autonomía ni de conciencia regional o de conciencia de autogobierno... pero que se vio desde el primer instante como una fórmula que podía ser útil para la región, una organización político administrativa... para insistir en los pasos siguientes”, hasta la firma del protocolo reseñado en el apartado anterior. Se hizo alusión, por primera vez, al reto que para la Región suponía la adhesión de España a la Unión Europea, marcando el esfuerzo para evitar “...el impacto de la integración para las empresas... y posibilitar que puedan modernizar el aparato productivo y puedan encontrarse en condiciones de competitividad...”. c) Después se sucedieron los Pactos de 1992 que suponían evidente impulso a la ampliación de competencias, que efectivamente demandaron los Gobiernos Regionales de Carlos Collado, en 1992 (62), María Antonia Martínez, en 1994 (63), y Ramón Luis Valcárcel en 1997 (64). La coincidencia era evidente. Se seguía, pues, un proceso irreversible, pero no sólo en la Autonomía de Murcia, sino en todas las Comunidades. En 1993, en Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea, Diario de Sesiones correspondiente al día 14 de octubre, se celebró una nueva sesión, de carácter informativo, sobre el proceso de asunción de competencias, respondiendo sin duda a los Pactos alcanzados en 1992, y anticipo de lo que habría de representar la importante reforma del Estatuto de 1994. En la Región se alcanzó, en versión oficial, “el máximo techo competencial”.

Cortes Generales, Diario de Sesiones del Senado, Comisiones, n.º 87. Debe estudiarse la intervención plena por las citas históricas, por las circunstancias que entonces concurrían, y por las previsiones que se consignan. Los problemas que constituían mayor preocupación eran los correspondientes a Agua, Sector Público de Cartagena y Comunicaciones.

En 1992, Carlos Collado matizaba: “que el actual desarrollo competencial... no constituye el final del proceso... ni constituye una renuncia a la asunción de competencias...”.

En comparecencia ante el Senado concreta que “es bueno este momento para plantear la necesidad de dar nuevo impulso... al proceso de transferencias...”.

En 1997, también en comparecencia ante el Senado. Ramón Luis Valcárcel remarcaba que la Asamblea Regional “había comenzado el proceso que desembocará en la reforma del Estatuto de Autonomía, y creemos llegado el momento de que... las del artículo 143 alcancen el máximo nivel de autogobierno compatible con la CE...”.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

Procede advertir que la actitud reivindicativa no era sólo iniciativa del Gobierno Regional. Los Grupos que protagonizaron la oposición instaron las demandas de forma reiterada y hasta que fueron asumidas las principales (Educación, Sanidad, Inserso, etc.). Sólo quedan pendientes de recibir las de Justicia (65), salvo que después de las elecciones de 2015 se lleven a efecto nuevas modificaciones en cuanto a competencias. A los efectos de este apartado sólo resta por significar que 1994 y primera parte de 1995 representan una línea que supera las dos grandes etapas. La primera, desde mayo de 1979 y junio de 1982, hasta mayo de 1995, correspondió al Partido Socialista. Desde entonces hasta 2015, al Partido Popular, fase ésta en la que fueron efectivas las transferencias de mayor incidencia en los Presupuestos y Estructura Administrativa de la Comunidad.

II.2. La negociación de las Transferencias de Competencias Es tema principal a los fines de valoración general de la Autonomía y, desde esta perspectiva puede decirse que representa, primero, un sentimiento de decepción al considerarse que todas ellas se transfieren infradotadas, según grupos de oposición parlamentaria. Y, en segundo lugar, tal hecho, unido al sistema de financiación, supone carga económica en los presupuestos al tener que dotar con recursos propios los costes que suponían la prestación de servicios de calidad, y en respuesta a interpelaciones. Reconocimiento que a veces se hace expresamente y otras se resguarda al señalar que los criterios de valoración han sido los mismos para todas las Autonomías (66). Argumento que no podía restar razones a la denuncia por cuanto significaba admitir que tales medidas no eran válidas para satisfacer el gasto real. De aquí que todas las iniciativas y propuestas consistieran en solicitar nueva negociación. Este es el común denominador de todos los debates registrados en el Parlamento Regional cuya exposición sería reiterativa. Sin embargo, y de forma previa al análisis de cada una de las competencias, es inevitable y necesario conocer el con-

En Sesión del Pleno, n.º 9, 2.ª reunión, de 26 octubre 2011, se dan las razones por las que no se asumen tales competencias.

Debate sobre el Estado de la Región, 1985, Diario de Sesiones n.º 52.

E L DE BAT E S OB R E L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C OM P E T E N C I A S

tenido de la comparecencia del Presidente ante el Senado, en diciembre de 1985, ya identificada con anterioridad, así como la Sesión plenaria de la Asamblea Regional de 13 de diciembre de 1995 (67). En la primera, y en respuesta a interpelaciones de otros asistentes, el Presidente de Murcia decía: “me preguntaba al final sobre las valoraciones económicas que se hicieron de las transferencias, ¿qué repercusión han tenido, qué cantidad inferior en este año respecto de 1985?. Tengo que decir con toda sinceridad que no ha habido ninguna diferencia... Pero si les digo también con sinceridad que han sido inferiores a las previsiones que teníamos...Y les digo aún más, ¿cuál es la diferencia...?. En torno a 500 millones de pesetas... que es una diferencia soportable por mi Comunidad. Yo no sé en otras...”. Parece evidente ese desajuste entre lo “esperado” y lo “reconocido”, adquiriendo mayor importancia al manifestarse en el primer tramo de la I Legislatura. El punto de inflexión es la citada sesión de diciembre de 1995, en la que se conoce una Moción formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes, cuyo portavoz remarcaba que “la historia de nuestra Autonomía se define en el aspecto económico y financiero, por la insuficiencia y deuda histórica derivada de un desigual y desequilibrado reparto de los recursos que provienen del Estado, y también de la legislación sobre financiación...; para seguidamente afirmar “que es muy grave que hayan sido sucesivamente asumidas competencias y servicios... sin una negociación correcta... lo que ha obligado a invertir en ellas recursos propios... En estas condiciones y con estas perspectivas lógicamente el déficit está servido, la deuda pública aumentará, y se reducirán las inversiones productivas...”. Poniendo como ejemplo Andalucía y la deuda pública por ella planteada, el Sr. Dólera concluía señalando que “es el momento de reivindicar”. De relieve resulta que cuando se celebró el debate, el Partido Popular apenas cumplía seis meses al frente del Gobierno Regional, hecho importante por dos razones: primera, porque la crítica iba dirigida al tiempo de mandato del Partido Socialista que, no obstante, decidía abstenerse al emitir el voto a la Moción. Y segunda, porque daba oportunidad para

Diario de Sesiones n.º 22, IV Legislatura.

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que quien ejercía responsabilidad se recreara en el paisaje de unos resultados negativos. Así transcurrió la sesión en la que se dejaron claros los perjuicios originados, las diferencias con otras regiones, reflejadas en estudios distintos. En la llamada “financiación fuera fondo”, Murcia no alcanzó el 65% de la media de las Autonomías del artículo 143 de CE, en el periodo 1987/1992, y que tras los acuerdos de esta última anualidad aún nos seguíamos situando en el penúltimo lugar. O que la financiación incondicionada por habitante en Murcia era, en 1993, de 26.391 pesetas, lo que suponía una pérdida de 8.322 pesetas con respecto a la media que ofrecía el grupo competencial. Ello era así, por no citar otras diferencias, como es el caso del nivel de infraestructuras, en cuyo indicador la Región ocupaba el número catorce en el concierto de Comunidades. En suma. Ejecutivos y Parlamentarios reconocieron, en esa línea divisoria del proceso autonómico, “la mala negociación en los traspasos de competencias...”, y, además, por práctica unanimidad ya que la abstención socialista podía interpretarse más como posición política que no puede aceptar la acusación que se le hacía. En este sentido podría concluirse que prevalecía la demanda de competencias sobre la valoración que se recogía al momento de formalizar transferencias ya que, sin duda y desde tal consideración, obligaba a destinarle recursos propios que condicionaban otras inversiones. Se trata, pues, de un indicador negativo pero, acaso, impuesto por la comparación con el repertorio de competencias asumidas por el resto de Autonomías uniprovinciales. No se podía ser menos que nadie, era el principio que se aplicaba. La realidad es que aquella situación propició la constitución de una Ponencia Técnica para elaborar una nueva revisión del Estatuto, calificada como la más importante. No se ha hecho un balance de los desequilibrios apuntados, pero no es difícil concretar que una vez aceptadas las transferencias había que atenderlas y mejorar los niveles de calidad en la prestación de servicios. Circunstancia que unida a la financiación por el factor de población, también reiteradamente expuesto, conducen a la situación que la Hacienda Regional viene padeciendo. Ahora bien. En febrero de 1996 poco después de la sesión referida, la Cámara se reúne (68) a los fines de que el Consejero de Economía y Hacienda informara de la publicación en el BOE del día 30 de

Diario de Sesiones n.º 26, 6 de febrero 1996, IV Legislatura.

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diciembre, del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 del mismo mes, sobre Medidas Urgentes en materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera, en cuyo artículo 37 se reconocen “las dotaciones excepcionales de financiación destinada a asegurar un nivel mínimo en la prestación de servicios transferidos”. Se decía que aquella decisión “venía a reconocer la llamada deuda histórica...”, pero sólo a las Regiones de Andalucía y Extremadura porque así lo recogían, previsoriamente, los correspondientes Estatutos de Autonomía. La adopción de Medidas Urgentes consistía en solicitar reunión del Consejo de Política Fiscal y formalizar recurso de inconstitucionalidad. La Exposición de Motivos de la Moción que se debate en sesión de 13 de diciembre inmediato anterior, cuantificaba en 77.000 millones de pesetas las pérdidas originadas a Murcia, si bien el Ejecutivo distinguía entre “daño histórico” y “deuda histórica”, estimando ésta en 50.000 millones de pesetas. El daño es, se dijo, “técnica y políticamente irrecuperable, puesto que se trata de decisiones legítimas, tomadas por Gobiernos legítimos”. Estos conceptos y quejas perviven en la actualidad. Así puede apreciarse en el estudio realizado a instancias del Consejo Económico y Social de la Región, en noviembre 2015, por equipo investigador de la Universidad de Murcia (integrado por los profesores Fernando Ignacio Sánchez Martínez, Ildefonso Méndez Martínez y Jorge Eduardo Martínez Pérez), bajo el título “El modelo de financiación autonómica y sus consecuencias económicas para la Región de Murcia”, en el que se anotan las diferencias de financiación entre Comunidades Autónomas tras la recepción de competencias. Sin perjuicio de lo expuesto y de la necesidad de volver a la descripción realizada para esclarecimiento de algunos extremos que siguen siendo conflictivos, resulta inevitable referir las características básicas de la negociación y formalización de cada una de las competencias de mayor entidad económica, entre las que se incluyen las Universitarias, Inserso, Educación no Universitaria, Insalud-Sanidad, y Comercio, con resumen presupuestario final:

Competencias en materia Universitaria Podría afirmarse que la asunción de competencias respecto de la Universidad Pública de Murcia, era la primera de las aspiraciones de la Comunidad, si bien la posibilidad no llegaría hasta después de los acuerdos de

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1992 y consiguiente Reforma del Estatuto en 1994. Una vez aceptadas (1995) fueron, quizás, las que experimentaron un desarrollo más acelerado e intenso. Al iniciarse el proceso autonómico ya se realizan estudios (69) de los que derivan las consiguientes demandas de transferencias. Las expectativas eran grandes cuando aún (junio de 1981) no se disponía de Estatuto, estableciendo principios como el de “alcanzar una Autonomía tan amplia como sea necesaria para regular nuestro propio sistema educativo”. La Universidad sólo contaba con el Campus de La Merced, el incipiente Campus de Espinardo, y el de Cartagena, encontrándose en una fase de expansión aunque dependiente de Madrid a todos los efectos. A partir de ese momento son múltiples las reivindicaciones que se articulan en debates principales, como los de Investidura y sobre el Estado de la Región o de la acción de Gobierno. Sin perjuicio de tales recordatorios, en sesión de la Asamblea Regional (70) se planteaba la proximidad para recibir las competencias y se advertía de que “no había que tener prisas, ni incurrir en improvisación”, avisando de la carencia de titulaciones, así como del hecho de que Murcia, en cuanto a financiación se refiere, ofrecía un déficit histórico al recibir un cinco por ciento menos que la media, y concretando, además, que en su conjunto se recibirían 32.000 alumnos y 2.000 profesores. Es decir. Concurrían a un tiempo el deseo de recibir competencias y tener conocimiento del alcance de las mismas. Se aludía a la creación de una Comisión Universitaria, constitución de una Ponencia Técnica y la necesidad de mantener relación permanente con los Órganos Rectores del Centro Docente. Se llega al Real Decreto 948/1995, de 9 de junio (71) por el que se sanciona definitivamente el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, de fecha 24 de mayo anterior, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad. Aun cuando la entrada en

“Educación y Autonomía de la Región de Murcia”, obra de la que son autores los profesores Juan Monreal y Antonio Viñao.

Diario de Sesiones, Pleno, n.º 158, de 3 de diciembre de 1994.

BOE, n.º 161, 7 de julio de 1995.

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vigor se señala el día siguiente al de su publicación, la fecha de efectividad de los traspasos se concreta en el día 1 de octubre de 1995. En el mismo se recogen las siguientes determinaciones: 1) No existen medios personales propios de la Administración del Estado objeto de traspaso; 2) la valoración de las cargas financieras correspondientes, se fija en 6.337.117.621 pesetas (en 1990), y en 8.609.608.000 en 1995; y, 3) durante los años 1996 a 1999 se ejecutará un programa de inversiones cuya financiación y desarrollo se efectuará de acuerdo con las condiciones que al efecto se establezcan conjuntamente entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Murcia. Evidentemente la incidencia presupuestaria no se produce hasta los correspondientes a 1996. En todo caso procede dejar constancia del hecho de que la negociación la suscribe el Gobierno Regional Socialista, en funciones hasta las elecciones de mayo de 1995, en las que el Grupo Popular obtiene mayoría absoluta. A partir de esta fecha (1996) es cuando se produce un crecimiento acelerado de tales competencias. En 1997 (72) la Asamblea instaba al Consejo de Gobierno a la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena durante 1998, si bien solicitando “se le proporcionara un marco académico, de gestión y financiero que asegure su competitividad. En particular debe incluirse un plan plurianual de inversiones que garantice la dotación adecuada de equipamientos de apoyo a la docencia y a la investigación”. Efectivamente. El mandato se cumple, promulgándose la Ley 5/1998, de 3 de agosto (73), concretándose, en la Exposición de Motivos, que su creación obedecía a la necesidad de “atender las exigencias sociales de mayor cualificación técnica y atender la demanda social...”. Se determina un periodo transitorio y se crea una Comisión Gestora. El periodo para conseguir los objetivos era de cuatro años, llegándose a las primeras elecciones y aprobación de Estatutos en el curso 2003/2004 (74). El proceso de creación no fue del todo pacífico. El Consejo Económico y Social de la Región, y el Consejo Social de la Universidad, mostraron su preocupación poniendo de manifiesto que “las transferencias se llevaran

BOARM n.º 18, de 18 de septiembre.

BOARM n.º 182, de 31 de julio y 8 de agosto.

Las elecciones se celebraron el 26 abril 2004, regulándose por Decreto 18/2004, de 27 de febrero, BOARM de 6 de mayo.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

a buen fin con eficacia y sin perjuicio para la Universidad cedente” (75). Y el Consejo de Universidades dictaminaba que “las razones expuestas no justificaban la creación de la nueva Universidad” (76). Traer las anotaciones que anteceden obedece al hecho de que en un corto espacio de tiempo se comprometía un mayor gasto. El Gobierno Regional asumía el compromiso financiero de 8.000 millones de pesetas, cantidad a la que había que sumar la previsible financiación privada. Un escenario de ajustes a los que después se sumará las inversiones y gastos del Campus de Lorca (77). En definitiva. Desde el punto de vista financiero se estaba aceptando un gasto que no formaba parte de la negociación principal, con independencia del nivel de suficiencia de las mismas, y consecuencia de la proximidad política a las demandas sociales. Incluso no concluye lo expuesto con el crecimiento registrado por la Universidad Pública. Hay que citar el establecimiento en San Javier de nueva Facultad, la de Licenciatura de la Actividad Física y el Deporte, igualmente cubierta mediante Convenio suscrito por Comunidad Autónoma, Universidad y Ayuntamiento de San Javier. El conjunto de programas, obras y especialidades, procuran un cambio sustancial en el mapa universitario, precisando de un desarrollo legislativo que ayude a describir la problemática existente en términos de coordinación y de principios de ordenación, así como la fijación de bases para racionalización del sistema financiero. Desde la elemental reordenación de su estudio, a los fines que interesan a este trabajo, debe centrarse atención en el contenido presupuestario (78). Dos perspectivas se ofrecen para alcanzar conclusiones: la evolución de Presupuestos para conocer 75

Acta del Consejo Social de 24 de julio, a la que se incorpora el informe de la Comisión de Asuntos Universitarios, presidida por José Tomás Bernal Quirós. Miembro del Consejo.

Memoria del Consejo de Universidades, Secretaría General.

Resolución adoptada en debate parlamentario de 1997, y publicada en BOARM n.º 118, de 18 de septiembre. Fue suscrito Consorcio por Ayuntamiento de Lorca, Organizaciones Empresariales y Cámara Comercio de dicha demarcación, así como Universidades y Gobierno Regional.

El desarrollo legislativo pasa por Ley 4/1999, 21 de abril (BOARM de la misma fecha); Ley 2/1999, de 30 de marzo (BOARM n.º 222, 7 de abril, y BOARM n.º 87, de 17 de abril), que regula el Consejo Social de la Universidad; la Ley General de Universidades, 3/2005, de 25 abril, por consecuencia de Ley O. 6/2001, de 21 diciembre; Decreto 124/2006, de 14 de julio, Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Región. Y Decreto n.º 85/2004, de 27 de agosto, que aprueba los Estatutos de la Universidad de Murcia.

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los recursos disponibles; y, de otra parte, el análisis del Plan Económico-Financiero en el periodo 1997/2002, así como el acuerdo formalizado por Universidades y Gobierno Regional, aprobando las Bases del Programa de Financiación, periodo 2007/2011, si bien existe una Adenda complementaria para el periodo 2008/2014. Igualmente ha de registrarse otra Adenda al acuerdo principal por consecuencia de nuevas necesidades dimanantes de disposiciones acordadas por el Estado. Todo ello acompañado por los criterios que sentaba el Plan Estratégico de 1998, pero, principalmente por el elaborado por la propia Universidad para el periodo 2007/2012 (79), es decir, cuando se había consolidado la creación de la Politécnica de Cartagena y también la Universidad Privada Católica de San Antonio, circunstancias que inevitablemente influyen en los planteamientos generales. De otra parte, irrumpía el llamado Plan Bolonia -de difícil cumplimiento por falta de recursos económicos- y la concurrencia del proyecto “Mare Nostrum 37-38”, formulado conjuntamente por las Universidades Públicas (UMU y Politécnica de Cartagena), de indudable trascendencia para el futuro desarrollo, aunque sin orillar que la crisis económica iniciada en 2007 golpeó con fuerza la ejecución de programas, de manera particular al producirse retrasos en los pagos procedentes de la Comunidad Autónoma, llegando, incluso, a superar los setenta millones de euros. Sin embargo, se conoce que no tiene deuda propia cuando en el contexto nacional existe información de un débito conjunto de 1.400 M/€ (80). Si procede reflejar algún apunte presupuestario a los fines de valorar la incidencia de la crisis económica en las Universidades Públicas de la Región.

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Plan Estratégico Institucional.

“elEconomista.es”, de 15 de mayo de 2013, según documento incorporado a la Conferencia de Rectores de 2013.

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Para ello se acota el periodo transcurrido entre 2007/2014, que proporciona los siguientes datos:

A) Universidad Pública de Murcia (UMU) La síntesis principal reúne los indicadores que siguen: 2007 Ingresos totales Tasas y precios públicos Subvenciones CARM Otras subvenciones Otros ingresos

2010

2014

193.776.194

232.338.556

187.204.707

29.320.994

36.466.063

36.798.575

141.642.711

162.285.713

133.843.715

17.068.187

23.389.790

14.293.859

5.744.301

10.196.988

2.268.556

El análisis de las cifras que anteceden conduce a las consideraciones que siguen: 1) Es evidente que las Tasas y Precios Públicos representan, en su conjunto, entre el 15% y el 19% del total, pero si sólo se atiende al concepto de “Precios públicos estudios oficiales”, el citado porcentaje se contrae a un arco entre el 6% y el 9,68%, según anualidad, lo que refleja una situación difícil de mantener desde una consideración financiera; 2) Las subvenciones procedentes de CARM y otros entes autonómicos, se encuentra en torno al 70% (un máximo del 73,09% y el 71,49%, con excepción de la anualidad 2010 en la que sólo alcanzó el 69,83%). Ahora bien. Las cifras absolutas dichas se distribuyen en dos partidas, Ingresos Corrientes (que es la que predomina) y de Capital, para Inversiones. Esta última es la que mayor reducción ha experimentado llegando a cantidades irrelevantes (entre 1.100.000 y 3.620.000 €), si se compara con las que venían siendo habituales hasta 2010 (entre 23 y 32 M/€). Ambos sumandos ya sitúan los ingresos entre un 85/90 %, respondiendo el resto a otras subvenciones y ayudas, en las que también predominan las de carácter finalista, que igualmente ofrece, en los últimos años, una tendencia descendente. Puede apreciarse, pues, que el futuro financiero de la Universidad Pública de Murcia está vinculado al de la Comunidad Autónoma, salvo que la política que en lo sucesivo se siga cambie sustancialmente.

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Y en lo que a Gastos se refiere, la serie estadística de presupuestos pone de relieve los siguientes indicadores: 2007

2010

2014

Gastos totales

177.438.672

225.603.702

193.039.363

De Personal

110.586.902

133.271.439

129.644.836

20.941.246

26.369.633

25.059.830

Otros gastos

Corrientes en Bienes y Serv.

4.615.454

5.456.939

3.152.298

G. de Capital

39.463.397

58.980.958

33.532.713

Otros gastos

1.831.671

1.524.731

1.649.684

La lectura que permite es coherente con la valoración que de los ingresos se hiciera. Así: 1) el gasto de personal represente entre el 60 y 67%, no puede entenderse de otra manera porque se trata de Presupuestos de Servicios. Sin embargo, si debe señalarse que la cifra absoluta, aparte lógicas variaciones, no sufre alteración importante; 2) No ocurre lo mismo con las inversiones, que oscilan entre el 22,24% y el 26,14% del total, si bien en el último trienio descienden hasta un 17,37%. No carece de importancia tal hecho por cuanto se dio lugar a la no terminación y/o equipamiento de servicios que impidieron la puesta en funcionamiento de algunos, concretamente en la zona de Mar Menor. La perspectiva general diseñada permite también remarcar el importante hecho de que la UMU no formalizó endeudamiento y que ha ido superando obstáculos y problemas financieros aplicando criterios de austeridad y rigor en el control de la gestión.

B) Universidad Politécnica de Cartagena: Las circunstancias son las mismas que inciden en la evolución financiera de la UMU. En principio, respondiendo al Acuerdo de Financiación de las Universidades Públicas de la Región, periodo 2007/2011, que condicionaron “decisivamente”, se dice en la Memoria correspondiente al ejercicio 2008. Posteriormente desaparecen los ingresos del Ministerio de Educación y Ciencia derivados de la convocatoria de Infraestructuras cofinanciadas con fondos FEDER. Y concluido el acuerdo primeramente citado, se propone a la Comunidad la firma de un Protocolo para 2012 basado en el mante-

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nimiento del importe 2011, destinado a las subvenciones nominativas y reducción de un 15% para el resto de subvenciones destinadas a financiar el gasto corriente (como es el contrato Programa y otros), así como otra del 50% de inversiones. Para 2013 se asumen los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por aplicación del Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, (de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo), que también afecta al ejercicio 2014. Utilizando los mismos criterios que para el estudio de estructura presupuestaria de la UMU, resultan los siguientes cuadros de indicadores: 2007 Ingresos totales

2010

2014

56.692.409

61.911.510

48.068.420

Tasas y precios públicos

7.695.000

7.821.629

8.139.500

Transferencias C. (CARM)

31.475.060

38.977.914

38.837.792

Transferencias Capital

16.136.119

14.962.967

882.166

Las anotaciones que sugieren se contraen a las que siguen: 1) pese al aparente paralelismo con los porcentajes de UMU, se aprecia que los ingresos por Tasas es algo menor, hecho que puede encontrar justificación en la circunstancias del incipiente proceso de creación de UPTC y, por ende, en el menor número de alumnos que, después, se incrementa; 2) la financiación de CARM es muy variable ya que comprende un arco entre el 55,51% y el 80,79%, aunque en cifras absolutas representa una constante; y, 3) las inversiones, a las que se destinaba en torno al 26%, tienen una caída brusca que sólo encuentra explicación en el cese de transferencias de capital. 2007 Gastos totales

56.692.409

De Personal G. Corrientes en Bienes y S. Inversiones reales

2010

2014

61.911.510

48.068.420

26.874.860

33.938.180

33.518.452

8.239.388

10.086.409

7.185.835

16.778.584

15.021.615

4.964.272

E L DE BAT E S OB R E L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C OM P E T E N C I A S

En vista de los indicadores que anteceden, puede afirmarse que entre la realidad transferida en 1995 y la de hoy, existen diferencias extraordinarias, no sólo en los costes de servicios, sino en la dimensión adquirida. Son hechos concretos los que deben contrastarse para especificar lo siguiente: 1) lo que antes era Universidad Pública de Murcia (limitada a los Campus de La Merced, Espinardo y Cartagena), hoy se diversifica con la creación y desarrollo de la Politécnica de Cartagena, el Campus de Lorca y la Facultad de Actividades Físicas y Deportes de San Javier, circunstancia que representa, necesariamente, un incremento en la financiación; 2) la ejecución plena del Campus de Espinardo (hasta el extremo de precisar de ampliación), amén del registrado en otras unidades operativas, conlleva inversiones públicas excepcionales y consiguiente aumento de gastos de conservación y mantenimiento; 3) la ampliación del número de titulaciones (que incurren, en algunos casos, en duplicidad), supone, igualmente, una revisión presupuestaria; 4) respecto de las competencias, bienes y servicios transferidos, resultan evidentes las diferencias, o, dicho de otra manera expresiva, la comparación conduce a la reflexión de que nada tiene que ver una etapa con los resultados de la evolución experimentada. Por tanto, ha de entenderse que el crecimiento ha sido impulsado y acometido por voluntad de la propia Región, tanto de Autoridades Docentes, como Políticas, y sin posibilidad de imputar, ahora, el mayor gasto al Estado. Recuérdese que en 1998, apenas recibidas las competencias, se elabora (con buen criterio) un Plan Estratégico para guiar el desarrollo de la Universidad de Murcia, y atendiendo a la demanda de especialidades y al entorno e influencia de Universidades próximas. De otra parte, en el corto plazo se lleva a efecto el estudio de un nuevo Plan, concretamente en 2007/2008, cuando aún no se había consolidado el anterior que, en este caso y entre otras razones, debía dar respuesta al denominado Plan Bolonia. Incluso no puede silenciarse la revisión del sistema educativo que aprueba el Estado, de indudable repercusión en la financiación de las Universidades. No se trata, pues, de problemas del sistema autonómico sino, principalmente, de gestión, y es ahí donde deben acapararse los argumentos que den solución a los problemas suscitados, sin perjuicio de lo que después se dirá. Pero, en todo caso, son claros los positivos resultados obtenidos. Difícilmente la Región habría podido alcanzar el nivel de equipamientos que hoy tiene de haber continuado dependiendo del Gobierno Central.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

Por lo demás, las Universidades Públicas de la Región no presentan, en su problemática, diferencias con la situación que afecta al conjunto de las existentes en España, siendo múltiples y permanentes los estudios y análisis que determinan las dificultades y formulan propuestas de revisión. Incluso se constituye una Comisión de Expertos, encargada, a instancia del Consejo de Rectores, de marcar las líneas principales que había de observar la Reforma Universitaria. Del referido informe se desglosa que lo que más preocupa a las Universidades Españolas es “la asfixia financiera, así como los problemas de acceso y promoción del Profesorado”, “problemas, dicen, que representan seria amenaza para los logros alcanzados los últimos años, y causa de un daño irreparable al sistema universitario”. Si así de clara se ofrece la perspectiva, sin perjuicio de alguna singularidad de las de Murcia, es claro que la revisión no debe consistir en la devolución de competencias al Estado, sino en que, partiendo del reconocimiento de los objetivos alcanzados, marcar los criterios de buen gobierno y de gestión. Ello sin perder de vista la recomendación de aumentar el porcentaje de financiación oficial y otros recursos propios, y conseguir “un marco financiero más potente, estable y sostenible”, aun cuando ésta se otorgue, como defienden los analistas, “a la consecución de resultados”, pero sin que ello pueda procurar intervencionismo porque lo que es intocable es la autonomía universitaria (artículo 27.10 de CE). Éste es el reto de hoy.

E L DE BAT E S OB R E L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C OM P E T E N C I A S

Competencias en Educación no Universitaria Aun cuando no procede, cronológicamente, abordar esta materia, se anticipa para procurar una perspectiva general de la incidencia de la Educación en el proceso autonómico. Como todas las competencias, ésta también fue reiteradamente reivindicada. Baste señalar la comparecencia en el Senado, en marzo de 1997, del Presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel Siso, en la que señalaba “la Región de Murcia tiene más del 25% de su población en distintos niveles de escolarización, esto es, 250.000 alumnos en una población algo superior al millón de habitantes. Murcia, es, pues, una región joven, con futuro, pero ese futuro está ahora en nuestras manos para abrirlo o para cerrarlo”, para continuar alegando: “hasta ahora nuestra región, y no sé por qué, ha sido discriminada en el gasto por alumno, lo que ha supuesto un déficit anual, desde 1990, de 7.000 millones de pesetas... Tras la constatación de estos hechos, creemos que el abandono anterior ha de ser corregido con ecuanimidad...”, De ahí que concluyera solicitando “unas transferencias suficientemente dotadas”. Había un cierto temor a que no fuera así con la lógica consecuencia de que el gasto que se originara pudiera afectar de forma importante a la Hacienda Regional. El autor de este análisis ya recogía en su obra “La Autonomía de Murcia. Crónicas de 15 años” (81) la respuesta de la sociedad reflejada en Editorial del Periódico La Verdad del día 5 de abril 1997, bajo el título “Ojo con el muerto”, en el que se indicaba: “...cuándo esas competencias estén transferidas a Murcia, su presupuesto representará aproximadamente una tercera parte de los presupuestos totales... Por esa razón, una mala negociación, una deficiente valoración de las inversiones pendientes... puede colocar una losa financiera sobre los Presupuestos de la Comunidad para el resto de los restos...”. De otra parte, se recogía la impresión colectiva de que el Gobierno de la Nación había realizado un gran negocio al no tener que responder a presiones populares en problemas tan cercanos al ciudadano, ni tener que incrementar sus costes y desprenderse de buen número de funcionarios.

Editada por Asamblea Regional, páginas 79 y ss.

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En septiembre de 1998 (82), el Parlamento Regional celebra debate monográfico sobre la materia, solicitado por los grupos Socialista e Izquierda Unida-Los Verdes. La titular de la Consejería (83) expresando que “una transferencia de Educación no es un dinero que se traspasa a una Comunidad, es una responsabilidad... y queremos que siempre que se hable de cifras se hable de algo más.... ya que esa materia no pertenece al mercado sino al sistema de las relaciones espirituales entre las personas, de los derechos humanos, del desarrollo de la personalidad, de la igualdad social, de la cura y compensación de desequilibrios y otros muchos aspectos...”. Introducción que pone de relieve la filosofía con la que se afrontaba la negociación de las transferencias, así como la importancia de ser tratado como “un proyecto compartido”, razón por la que el Gobierno Regional había promovido un acuerdo por la Educación, señalando al Consejo Escolar de la Región en el principal escenario para la toma de decisiones (84). Resulta expresiva la afirmación que se hace en cuanto al coste del Servicio que, literalmente, dice: “...esta mejora que se propone evidentemente le va a costar dinero a la Comunidad Autónoma, pero es que ésta no tiene miedo de reflejar en sus presupuestos el incremento que le va a costar la educación, no tiene miedo a renunciar a otros objetivos para incrementar éste, de tal modo que, evidentemente uno de los puntos del acuerdo es que el PIB nominal sea finalista respecto a Educación...”. En contestación a los argumentos expuesto, los grupos de oposición insistieron en el coste del servicio que podría asumirse marcando las cifras de 73.000 ó 70.000 millones de pesetas, diferencia que significaría la obligación de atender un 6% más cada año, pero distinguiendo las etapas 1983/1996, en la que el gasto pasó de 11.000 M/pesetas a 68.000, incrementándose hasta 1998 en los 72.000 M/pesetas. En todo caso, “reprochando al Ejecutivo” que confesara no tener miedo para absorber excesos de costes, y exigiéndole una actitud reivindicativa frente al Gobierno Central ya que sería muy difícil poder asumir todas las necesidades que 82

Diario de Sesiones, n.º 175, IV Legislatura, año 1998, 24 de septiembre.

Era Consejera de Cultura y Educación, D.ª Cristina Gutiérrez-Cortines Corral.

Es importante analizar en detalle la intervención de referencia. No hacerlo obedece a que no es objeto de la presente investigación el “modelo educativo”, sino, exclusivamente, el estudio de la negociación de las transferencias y su incidencia socioeconómica en el ámbito territorial.

E L DE BAT E S OB R E L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C OM P E T E N C I A S

pueda tener la Región. Se percibe una sesión que mantiene intensidad y tensión en el manejo de las cifras de coste real. Las Resoluciones alcanzadas se publicaron en el BOARM (85), pero sin que ninguna de ellas recoja estimación final de carácter presupuestario. La Comisión de Transferencias concluye la negociación en reunión de 27 abril de 1999, y el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, se publica en el BOE (86), remarcándose en el Acta la efectividad a partir de 1 de julio siguiente. El apartado G concreta que “la valoración definitiva del coste efectivo, en pesetas de 1996, se eleva a 63.760.013.972 pesetas, cantidad que se altera, según valor de 1999, llegando a 79.214.139.173 aunque remitiendo, finalmente, a una Comisión de Liquidación que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.. También se transfirieron, para gastos derivados de la construcción de Centros Educativos en determinados Municipios (por consecuencia de movimientos sísmicos registrados), por una sola vez, y cantidad de 300 millones de pesetas. Con posterioridad se han conocido contenido de otros debates (87) y estudios sobre la materia (88) que pretenden clarificar la situación describiendo número de Centros Públicos y Privados, Concertados o no, número de alumnos por nivel educativo y tipo de Centros, así como el porcentaje de gasto público destinado a Educación. Su análisis permite conocer, con rigor, la evolución experimentada desde años anteriores al de la efectividad de las transferencias y la tendencia de los mismos. En definitiva. Se asumían las competencias plenas en la materia. El importe señalado debiera permitir costear gastos que conllevan, aparte la conservación de Centros y Servicios, los 244.404 alumnos, 13.092 profesores, y 1.523 efectivos de 85

BOARM n.º 187, de 1 octubre 1998.

BOE n.º 155, 30 de junio 1999.

Diario de Sesiones n.º 153, 21 de marzo 2002.

Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, Memoria 1999, Capítulo dedicado a la Educación no Universitaria, páginas 433 y ss. En dicho estudio se dice que el gasto educativo en porcentaje PIB era del 4,96% en 1994, y del 4,70% en 1997. Y sobre el gasto total era del 9,30 % en el ejercicio citado en primer lugar, y del 5,70% en el último también señalado, lo que supone una contracción importante. Véase igualmente la Memoria de la anualidad 2006. La realidad es que si se atiende a la evolución, todos los Centros, con independencia de su titularidad, experimentan crecimiento en consonancia con el aumento de población escolar. (Del total de Centros, 850, el 73,8% eran públicos, el 14% privados concertados, y el 12% eran privados) indicadores que reflejan el crecimiento del gasto a partir de la asunción de transferencias.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

personal laboral y de administración. La crítica política ponía el acento en afirmar que “tal y como vienen no son de recibo y serán un lastre”, fijando en 20.000 M/pesetas el déficit (según IU), y en 10.000 (para PSOE). Lógicamente la formalización de tales transferencias encuentra reflejo en los Presupuestos de la Comunidad correspondientes al ejercicio 2000. El total era de 260.000 M/pesetas. La Consejería de Educación crece hasta 90,560 M/pesetas, equivalente al 83,9% del incremento total. Ahora bien. No puede ignorarse que tal hecho procuraba reconocer a la Comunidad mayor porcentaje de participación en los tramos del IRPF (que pasa del 10 al 15%). Ya en el ejercicio 2004 Educación ofrece un presupuesto consolidado de 865.730 979 pesetas, equivalente al 29,1 % del total. En la anualidad 2010 el crédito definitivo fue de 1.325.603.053 €, lo que significa que entre Sanidad y Educación ocupan del 65% al 69,30 % del total gasto financiero. Aún cuando la Educación no ha podido escapar a la aplicación de criterios de austeridad impuestos por la crisis económica, para el ejercicio 2014 el Capítulo representa un gasto de 1.253 M/€, lo que supone el 26,3 % del total, y junto a Sanidad, para mantener el paralelismo anterior, alcanzan el 66%. Conclusión que permite ratificar el criterio de estar ante presupuestos de servicios, que no inversores. Sin embargo, la interrogante principal consiste en conocer la valoración que merece la asunción y desarrollo de las competencias. Sin perjuicio de la que finalmente pueda formularse, procede afirmar que siendo conscientes del hecho de recibir las transferencias con algún déficit financiero, es materia en cuya trascendencia se coincidía plenamente, considerando, además, que había necesidad de asumirlas, especialmente en el orden cualitativo para mejorar niveles e indicadores que se ofrecían, con perspectiva histórica, de signo negativo (analfabetismo, fracaso escolar, etc.). Tanto en el sistema Educativo General, como en el Universitario, descansa el planteamiento en el que ha de basarse el programa de Desarrollo Económico, o Plan Estratégico IRIS (2014/2020), recientemente aprobado por el Ejecutivo, y que ha sido objeto de consulta a los agentes sociales y económicos, instituciones, etc.

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Lo relevante en esta ponderación es la fuerza del compromiso que el Ejecutivo Regional realiza en el denominado PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN que comprendía el periodo 2009/2012, con estimación presupuestaria para su ejecución de 915.245.427 €, comprendiendo también la Formación Profesional. De ello se da cuenta, por el titular de la Consejería, en debate registrado por el Pleno de la Asamblea Regional en 2010 (89). En la misma se analiza, por los diferentes grupos parlamentarios, los aspectos cualitativos más que los presupuestarios, y sin hacer especial mención a la suficiencia o insuficiencia de éstos. Indicadores que permiten establecer la presunción de aceptación social de las diferencias de costes de los servicios. La realidad en el último trienio (2012/2014) es de arrojar un total (para Educación, Formación y Empleo), de 1.255 M/€ para la primera anualidad; de 1.105 M/€ para la segunda; y de 1.253 M/€ en 2014, lo que significa un nivel mínimo de ahorro en competencias tan importantes. Ahora bien. La renovación de Centros y los niveles de calidad en la prestación muestran una tendencia favorable.

Competencias en materia de INSERSO Al igual que sucediera en el caso de las transferencias en materia Universitaria, la negociación fue realizada por PSOE y recibidas, o, al menos, publicadas dos días antes de la consulta electoral que sitúa al PP en el Gobierno Regional. Procede aclarar que en materia de Servicios Sociales las transferencias se iniciaron en la etapa preautonómica, y se desarrolla, fundamentalmente entre 1982 y 1984, tal y como se indica en la Revista de Asuntos Sociales (“La Cristalera”) que editaba la propia Comunidad Autónoma, Consejería de Asuntos Sociales, en 1992, y en artículo suscrito por el coordinador de la misma, RIPOLL SPITERI, Antonio, juntamente con LÓPEZ CALERO, Juana María. Ya el título resulta expresivo: “Las transferencias de Servicios Sociales. Las piezas de un rompecabezas sin modelo a conseguir”, así como la corrección de los condicionantes que operaban, tales como: “la inexistencia de una regulación estatal sobre la materia; las características de los propios recursos transferidos; por la situación dentro de

Diario de Sesiones n.º 74, 1.ª y 2.ª Reunión, VII Legislatura.

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los propios organismos que los gestionaban; y la carencia de un modelo organizativo dentro de la propia Comunidad Autónoma que iba generándose de forma paralela a la asunción de dichos recursos”. Se detalla en el referido trabajo las competencias transferidas (Servicios y Asistencias Sociales; las que eran propias de la Diputación Provincial; Tiempo libre; Guarderías Infantiles; Protección y Tutela de Menores; y Protección a la Mujer. En un intento de “ordenar y definir” la Asamblea Regional aprueba la Ley 8/1985, de 9 de diciembre, de Servicios Sociales, y también se dice que estaban pendientes de transferir las competencias del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y las de Fundaciones. Pero a ello hay que unir la falta de autonomía de la Comunidad al depender, en materia de recursos y capacidad decisoria, de Madrid. Es importante anticipar la descripción que antecede por cuanto resulta un indicador para actuaciones futuras, además de formar parte del proceso de transferencias que se analiza. No obstante, se constata, en diferentes sesiones y testimonios políticos-administrativos, cierta urgencia en la recepción de las correspondientes al Inserso. Por ejemplo, el Diario de Sesiones del Pleno de la Asamblea Regional (90) en el que por el grupo de IU se exponían temores sobre las presuntas dificultades surgidas en la Comisión Mixta, denunciando, igualmente, el retraso sufrido desde los Pactos de 1992. Se trataba de tener “la ejecución de la legislación del Estado en materia de gestión de prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social.” Es decir, todo aquello que gestiona de forma directa el Inserso. Se valoraba la importancia del servicio al indicar presupuesto (estimado en 12.500 M/ pesetas, y si se incorporaban pensiones podría llegar a 25.000 M/pesetas), número de funcionarios (486 empleados) y Centros (28) de gestión. La justificación del retraso no era otra que la de pretender, por parte de la Comunidad, obtener “costes reales” y “revisión anual conforme a IPC”. El BOE de 21 de abril de 1995 publicaba Certificación del acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta en reunión de 29 de marzo inmediato anterior (91), y aun cuando la entrada en vigor se señala para el día siguiente al de 90

Diario de Sesiones n.º 172, III Legislatura. Año 1995, de 1 de marzo.

BOE n.º 125, 26 mayo 1995, publica el Real Decreto n.º 649/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma… en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales.

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su publicación, la efectividad del traspaso se concreta para el día 1 de septiembre del mismo año. Al parecer se dieron algunas dificultades que prorrogaron la fecha hasta primero de 1996. Es importante señalar que el régimen presupuestario determina que la Comunidad elaborará anualmente el anteproyecto del Presupuesto General de Gastos de la Seguridad Social, referidos a un periodo anual, que se remitiría a la Secretaría General para su traslado a la Dirección General de la Entidad Gestora para que ésta lo incluya en el consolidado estatal. La ordenación de los créditos que se autoricen atenderá, simultáneamente, a criterios de equidad que garanticen el principio de solidaridad interterritorial y a la cobertura financiera de los servicios. Tendrán carácter limitativo y, por tanto, los compromisos que se adquieran por cuantía superior deberán ser financiados con recursos aportados por la propia Comunidad. Igualmente se establece la compensación que se aplicará por la diferencia entre el coste real y la que correspondería de aplicar el coeficiente de población. El total que se reconoce, conforme a presupuestos de 1995, es de 3.170 M/pesetas. En marzo de 1996 (92) hay registrada nueva comparecencia del titular de la Consejería de Sanidad y Política Social para informar del proceso de transferencia. Se aclara que las correspondientes a personal habían tenido validez completa y absoluta a partir de 1 de enero de la citada anualidad. En cualquier caso se indicaba que “las condiciones eran, en números redondos, más de 500 (561, realmente) empleados públicos, 18 Centros de Día de la Tercera Edad, 3 Residencias, 1 Centro de atención minusválidos psíquicos, 2 Centros Base de Atención a minusválidos, una Dirección Provincial con centro anexo y un censo de subsidios de 22.000 personas, con una nómina anual de 9.000 M/pesetas”. Después toda referencia se sitúa en debate sobre la estructura del Servicio y las modificaciones que la Administración Regional anunciaba. En todo caso, tal y como se reconocía en la Sesión Plenaria, se trataba de las transferencias de mayor entidad que hasta ese momento había asumido la Comunidad Autónoma. Al margen de la imagen presupuestaria, es ésta una materia que mayores dificultades presenta a la investigación de terceros. Es difícil realizar el

Diario de Sesiones n.º 5, de 25 marzo 1996.

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

seguimiento de la evolución, tanto de su estructura orgánica, como del gasto que origina. Desde la recepción de transferencias, la Política Social se adscribe, según etapa, bien a la Consejería de Trabajo, bien a la de Sanidad, aunque en el cómputo real prevalezca esta última. Pero también se legisla en el sentido de crear el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) (Ley 1/2006, de 10 de abril), aprobándose sus Estatutos por Decreto n.º 305/2006, 22 de diciembre), en el que se concretan las áreas de actuación (art.2.2) en las que a continuación se dicen: Personas mayores; personas con discapacidad; personas con enfermedad mental crónica; personas en situación o riesgo de exclusión social; y cualquier otro colectivo necesitado de protección social que reglamentariamente se determine. Conceptos a los que han de incorporarse los atinentes a Pensiones no contributivas, Minusvalías y Rentas Básicas. Papel principal cumple la Dirección General de Servicios Sociales, encargada de las relaciones con los Ayuntamientos de la Región. La amplitud de competencias y su diversidad está demandando la elaboración de un Plan Regional de Servicios Sociales que ponga orden en la materia, tanto funcional como económico. Sin olvidar actuaciones anteriores, orientadas hacia el mismo objetivo, en la anualidad 2012 se inicia la elaboración del citado Plan que comienza con un diagnóstico de “problemas generales y específicos”, y unas conclusiones previas consecuencia de una encuesta contestada por profesionales de las distintas materias. Según resultados, se concretan los siguientes problemas: a) no existe una planificación estratégica del conjunto de los Servicios Sociales de la Comunidad. Los únicos planes elaborados han sido sectoriales y a corto plazo; b) se aprecia una falta de relaciones entre los departamentos encargados de la planificación y los dedicados a la gestión; c) ausencia de investigaciones específicas que permitan valorar las actuaciones del sistema; d) desequilibrio territorial en la distribución de los servicios; e) no hay coincidencia espacial entre las áreas territoriales del sistema de Servicios Sociales y la áreas del sistema Murciano de Salud; f) ausencia de un modelo adecuado de reparto de competencias entre las Administraciones Local y Regional, y de éstas con la iniciativa social; g) gran incremento de la demanda; h) discriminación de los recursos públicos; i) ausencia de un modelo de financiación. Otros varios problemas se comprendían en el análisis citado, pero a los efectos del presente trabajo se

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han citado los más significativos para describir la situación. De dicho Plan se ha solicitado los informes preceptivos de Consejo Económico y Social de la Región y Consejo Jurídico. Podría indicarse que, al parecer, se está tomando conciencia de la trascendencia cuantitativa y cualitativa de la Política Social, llegándose, incluso, al anuncio de creación de una Consejería especifica que asuma todas las competencias, como así ha sido. Al mejor conocimiento de la materia pueden contribuir los trabajos del CES sobre Servicios Sociales. Entre ellos destacan los recogidos en las Memorias correspondientes a los ejercicios 2007 y 2012. También los informes contenidos en la de 2014, concretamente referidos al Sistema Público de Salud y Radiografía de la Discapacidad en la Región. La realidad es que se trata, quizás, del área más sensible al ciudadano y, por ende, también para las Administraciones Públicas. La presión que de hecho ejercen las reivindicaciones condiciona la asignación de recursos a otros departamentos. Se está tratando del nivel más importante del “bienestar social”, y como tal hay que valorarlo. Al cierre de este trabajo se ha conocido la existencia de un proyecto de ley y Plan que regule y ordene la Política Social en la Comunidad de Murcia.

Competencias en materia de Sanidad Sin duda, Sanidad representa la competencia de mayor entidad financiera, también de personal, que la Comunidad recibe, y la que se desarrolla más rápidamente provocando la necesidad de plantear la sostenibilidad del sistema, como se expondrá más adelante. La dimensión del Servicio significó, desde el principio de su asunción, importante incidencia en los presupuestos autonómicos y generó problemas de financiación del mismo. No obstante, desde 1982 se demandaba la formalización de las transferencias. Se aceptaron en diciembre de 2001 (Real Decreto 1.474/2001) (93), si bien en junio anterior la Asamblea Regional instaba al Consejo de Gobierno a la adopción de una serie de medidas cuya finalidad era preparar la recep-

BOE n.º 312, de 29 diciembre 2001.

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L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

ción para mejorar las prestaciones (94) y, entre ellas, “que se reclamara a la Administración Central, a efectos de financiación, que se tenga en cuenta el factor población, los inmigrantes residentes, la población desplazada, y que se actualice el censo de población”. Inmediatamente después, en Sesión Plenaria de 13 de febrero 2002 (95), se daba cuenta de las condiciones en que se recibieron las competencias, así como de las obligaciones contraídas por la región, pero resaltando que el traspaso formalizado no guardaba relación con los anteriores, afirmación que descansaba en el hecho de que el día 1 de enero entraba en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida también como Ley del Equilibrio Presupuestario, lo que exigía la aplicación de criterios de austeridad. Igualmente se destacaba la creación de cuatro grupos de trabajo, para conocimiento riguroso de las condiciones y de las posibilidades de actuación. Los datos económicos señalan que el importe inicial ascendió a 125,157 M/pesetas o 674 M/€, donde no se incluye el Fondo Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal. El proceso seguido tardó poco tiempo en promover interpelaciones por parte de la Oposición, siendo de resaltar la formalizada por el grupo Socialista en octubre siguiente (96) en la que se especifica que no se había tenido en cuenta el incremento de población; no se había negociado un anexo de inversiones, razón del atraso que se padecía; y, de otra parte, que el gasto farmacéutico se había disparado. Esta era la letra que se utilizaba en toda ocasión, sean debates de investidura, control de la acción del Ejecutivo y, por supuesto, en sesiones monográficas. Siempre al analizar los proyectos del Plan de Salud, si bien en esta oportunidad se concluía en Resoluciones que afectaban más a la gestión. Sirvan de ejemplo las publicadas en BOARM n.º 104, de 10 de marzo. Aún hoy, el sistema Sanitario, su financiación, sigue ofreciendo dificultades, especialmente si se atiende al intenso desarrollo experimentado de inversiones en nuevos equipamientos, tales como Hospital General de Murcia (el que, con anterioridad, dependía de la extinta Diputación Provincial); el de Santa Lucía de Cartagena; el de Mar Menor (San Javier),

Diario de Sesiones n.º 113, de 20 de junio 2001.

Diario de Sesiones n.º 143, de 13 de febrero de 2002.

Diario de Sesiones n.º 176, de 2 de octubre 2002.

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que sustituye al Hospital Los Arcos ubicado en La Ribera; mejoras realizadas en el Hospital Morales Meseguer en la ciudad de Murcia; además de diversidad de Consultorios y Equipamientos Tecnológicos; ampliación de plantillas, etc. Los criterios restrictivos del gasto no consiguieron el efecto deseado, al menos en la medida que se requería. Llegados a este punto de recuento y valoración, hay dos versiones que servirán a la conclusión final. La primera de ellas corresponde al Consejo Económico y Social de la Región que, en Memoria de la anualidad de 2009 (97) señalaba: “El análisis del sistema sanitario público de la Región de Murcia hay que situarlo en un contexto político en el que se han consolidado las transferencias de la gestión sanitaria realizadas en el año 2002. En este contexto es en el que hay que interpretar la evolución de los indicadores del sistema sanitario...”. En general, la mayoría de los expertos y las opiniones emitidas por los usuarios (a través de encuestas especializadas), coinciden en reconocer los beneficios derivados de un sistema sanitario gestionado por las administraciones autonómicas. En cualquier caso, una de las consecuencias directas de las transferencias sanitarias es el impacto en la financiación de los Gobiernos Autónomos. El Presupuesto de los Servicios de Salud representa una cifra aproximada al 40% del total, porcentaje que se corresponde con el peso que tal gasto supone en el resto de Comunidades. En definitiva. Hay expreso reconocimiento de la preocupación propia de la sociedad por las finanzas públicas y por las dificultades que pueden derivarse para mantener en el futuro la financiación de las prestaciones que se ofrecen en la actualidad. Es un debate que se mantiene en España y en el resto de los países occidentales con mayor poder adquisitivo. Habría que ponderar los documentos estratégicos destinados a orientar las políticas de salud, tales como los Planes 2003/2007 y el correspondiente al Desarrollo Sostenible de la Sanidad 2005/2010, o el vigente en la actualidad, que comprende el periodo 2010/2015. Sólo serán objeto de análisis las previsiones presupuestarias porque, en otro caso, sería necesario estudiar todos los aspectos del sistema (organización y ordenación 97

Memoria sobre Situación Económica y Laboral de la Región de Murcia 2009, apartado 5.1 “El Sistema Público Sanitario de la Región”, páginas 465 y ss.

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territorial, los diferentes servicios-prestaciones, etc.). La serie estadística muestra una tendencia al alza en el gasto por habitante. Así se observa en la misma fuente citada que entre 2004 y 2007 se pasa de 880 € a 1.200 €, registrando una diferencia de 25,20 € al iniciarse la crisis económica, poniendo de relieve la ausencia de indicadores suficientes para evaluación de actividad y coste definitivo. La segunda versión anunciada es la recogida en el estudio encargado por el propio Consejo Económico y Social, previa licitación, a un Equipo de Investigadores de la Universidad de Murcia (98). Abarca hasta la anualidad 2011 y registra los principales indicadores para poder ponderar financiación y eficiencia del sistema, formulando propuestas diversas para mejorar prestaciones y lograr una gestión adecuada. Incluso formula una posible evolución futura que llega al ejercicio 2016 en la que no sólo se considera el factor población, sino que estima imprescindible analizar otras variantes, como son el comportamiento de precios y el factor tecnológico. Recomendable resulta el estudio de dicho trabajo aunque no haya tenido la trascendencia deseable tanto en áreas profesionales, como en las financieras y en las atinentes al ciudadano y a la propia Administración Regional. La realidad es que la conclusión final que se obtiene es la de que el sistema actual no es sostenible y que son precisas una serie de medidas para mejorar la gestión, reducir el gasto y encontrar fórmulas de financiación complementaria. Cuanto antecede conduce a la reflexión de que la situación en 2014 es bien distinta a la existente en el momento de recibir las transferencias. Se ha crecido de forma extraordinaria aprovechando los años de bonanza económica porque daban de sí lo suficiente para afrontar nuevas inversiones y atender el incremento del gasto corriente. De aquí que pueda afirmarse que cualquiera que fuera el nivel de suficiencia de aquellas dotaciones, la transformación registrada, por iniciativa del Gobierno Regional, cambia radicalmente el escenario financiero. La asunción de competencias, vista la valoración que merece de parte de la opinión pública, es claramente positiva. Se trata del Servicio más sensible para el ciudadano,

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“Financiación y Eficiencia del Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia”, realizado por los Profesores José María Abellán Perpiñán, Jorge Eduardo Martínez Pérez, Ildefonso Méndez Martinez, Fernando Ignacio Sánchez Martínez y Silvia Garrido García. Editado por CES, Colección Estudios n.º 32, 2012.

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y la proximidad y niveles de calidad del mismo se hacen irrenunciables. Hay, pues, una rentabilidad social, y también un importante grado de satisfacción por el conjunto de equipamientos logrados desde 2002 que, por otra parte, no se hubiera conseguido de mantenerse la dependencia del Gobierno Central. Por tanto, el plan de actuación exige concentrar toda la atención en una gestión rigurosa por cuanto el gasto sanitario incide en los Presupuestos Generales en un 40%, por término medio.

Otras competencias: No pretende el análisis que se formula una exposición exhaustiva de las transferencias recibidas, como al iniciar el capítulo se dijera. Tan sólo de aquellas que podían tener una trascendencia social y económica suficiente que es uno de los factores del proceso autonómico que permitirá ponderar la rentabilidad del sistema. Existe bibliografía que recoge todas las competencias, ordenada cronológicamente, y a él hay que remitirse. Ahora bien. La exclusión que se hace no conlleva, ni mucho menos, desmerecimiento de las mismas. Antes al contrario. De ejemplo puede citarse las atinentes al Comercio, que ha permitido dotar a la Región de legislación reguladora del Comercio Minorista, respetando, por supuesto, la básica del Estado. O las que se refieren a la Agricultura y Centros de Investigación; y también las correspondientes a la Ordenación del Territorio, el Turismo y el Medio Ambiente. Vistos en su conjunto se llegaría a la conclusión de que permitieron desarrollar una Administración Regional próxima a la singularidad de sus problemas. Este armazón normativo ha posibilitado generalizar una mayor conciencia regional, de autogobierno, del que ahora sería imposible prescindir, o, de imposible renuncia. Es cierto que se sobredimensionaron algunos Servicios, y también que se ha dado lugar a críticas al sistema autonómico, demandándose, incluso, la “devolución de competencias al Estado”. Sería impracticable y, además, inoportuno porque causaría mayor perjuicio que beneficio. Lo importante, ahora que se han detectado los problemas de la descentralización, es corregir los excesos a través de rigurosa reforma de las Administraciones Públicas, objetivo que parece estar formando parte de las prioridades de las mismas. Pero, de otra parte, ejercer el control de las modificaciones Estatutarias que vienen planteándose desde que Catalu-

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ña consiguiera su norma principal. Es apartado esencial de la lección que el despliegue de la “España de las Autonomías” ha proporcionado. En el caso de la Región de Murcia aún está pendiente esa revisión y se está a tiempo de ajustarlo a las necesidades y circunstancias actuales. Como a tan fundamental aspecto se ha dedicado capítulo separado, baste ahora dejar constancia de que hace años se constituyó una Comisión Especial que solicitó opiniones y criterios de personas e instituciones acerca del alcance que la reforma habría de tener, aunque la situación ha cambiado y requiere revisión de la oportunidad de determinadas aspiraciones. Naturalmente que, pese a las demandas políticas de abordar el tema, no se podrá acometer hasta la próxima legislatura. Igualmente hay que referir el nivel de dependencia que aún se tiene respecto al Gobierno Central. Temas como la decisión de aprobar un Plan Hidrológico, Red de Carreteras Nacionales, Transportes Ferroviario y Aéreo, y aquellas otras que le pertenecen exclusivamente, marcan la relación, coordinación y cooperación, que ha de mantenerse. Necesario, por otra parte, en evitación de desigualdades entre las Regiones. El tratamiento dado a la autonomía regional, valorado en su conjunto, no es satisfactorio hasta el extremo de provocar un sentimiento de discriminación, de falta de valoración de los problemas en cada materia, sobre todo si se compara con el dado a las Comunidades limítrofes. Representaría ésta una manera de analizar la eficiencia y rentabilidad de la autonomía, y no sería favorable como se ha señalado respecto de las transferencias de competencias recibidas. Como síntesis de las reflexiones y hechos que anteceden, podría afirmarse que las negociaciones de transferencias, todas ellas, no fueron acertadas por cuanto no se consideraron ni la proyección de costes reales, ni los costes de reposición de equipamientos recibidos. Es por ello que, junto al desarrollo y establecimiento de nuevos servicios, se haya provocado un desajuste en la financiación que debe propiciar una tarea urgente para corregir los errores cometidos. En cada momento del proceso prevaleció el deseo de acopiar competencias, pero de haber sido beneficiara de un sistema de financiación más justo, es evidente que el balance sería diferente.

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CAPÍTULO III DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN Y DE LA REGIÓN DE MURCIA

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ema principal para la ponderación del proceso autonómico lo es conocer los balances que arrojan los distintos sistemas de financiación, sin excluir el análisis comparativo con el resto de Autonomías. No se puede prescindir de las diferencias que entre las mismas existen (de régimen común y foral; multiprovinciales y uniprovinciales; históricas y no históricas; etc.), razón por la que deben reconocerse las dificultades existentes para encontrar fórmula que satisfaga a todas. Sin embargo, cuando la Constitución concreta la organización territorial que después desarrolla, y establece o sanciona las transferencias de competencias en distintos grados (plenas, meramente ejecutivas), con reserva de las propias del Estado, es cuando se configura el principio o simplemente creencia, de que se garantizará la suficiencia de recursos para prestación de servicios básicos y fundamentales. Este es el eje que centra la extraordinaria importancia de este capítulo. No se pretende exponer técnicamente cada uno de los sistemas registrados desde 1980, sino de conocer los resultados que para la Región ofrece. Hasta ahora han sido siete los proyectos aplicados y ninguno de ellos responde a la determinación de las necesidades financieras de cada Comunidad, ni tampoco reflejan con firmeza los conceptos presupuestarios a través de los que se recibirán los ingresos para cubrir tales demandas. Así de compleja y difícil ha sido, y continúa siendo, la situación ahora que se busca, otra vez, revisar y alcanzar la fórmula que sustituya a la de 2009, y ello en el entorno de unos criterios de corrección del déficit público y fuerte endeudamiento de las Autonomías. La lectura de lo sucedido desde el principio facilita la conclusión de que “Murcia figura a la cola en el concierto de Comunidades”; que ha sido de las “peor tratadas”, y que ello es causa de la denominada “deuda histórica”. Afirmaciones que vienen avaladas por distintos y múltiples estudios realizados, por la evidencia unánime de expertos analistas y, sobre todo, por el permanente debate protagonizado, en sede de la Asamblea Regional, por los Grupos Políticos. Puede ser el momento adecuado para el planteamiento reivindicativo que proceda. La realidad muestra un camino,

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si no se consigue la pretensión que se deduzca, difícil de recorrer y con tendencia a empeorar. De ser así podría llegarse a la insostenibilidad del sistema. Por tanto, en esta primera reflexión se deja constancia de la preocupación generada no sólo en el sector político responsable, sino también en la ciudadanía. Circunstancia a la que ha de incorporarse la evolución en el desarrollo de las competencias aceptadas, y cuyo resultado no es otro que el de empeorar la capacidad de financiación, promover más endeudamiento y, por ende, incidir en el déficit público. Todo ello de forma más acusada por la brusca caída de los ingresos.

III.1. Síntesis de la valoración de los sistemas financieros Son varios los informes de analistas que detuvieron su atención en el estudio y ponderación de los diferentes sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas. Hasta el ejercicio 2001, fueron cinco los aplicados. Con posterioridad, solo en 2009 que ahora habrá de revisarse (99). Acaso, y de forma previa a las consideraciones que fueren procedentes, convenga referir la opinión expresada por quien fuera Consejero de Hacienda en la primera etapa, es decir, 1983/1986 (100). Las ideas principales que manifestaba eran las de “reconocer que las Comunidades Autónomas habían sido, sin duda, uno de los cambios más importantes introducidos en la reciente historia de España...”, y que “el nacimiento de las Haciendas Autonómicas es... uno de los protagonistas principales del nuevo escenario... calificando la situación de auténtica revolución hacendística...”, añadiendo que “las competencias que fueron negociadas progresivamente, paso a paso, se realizaron con una valoración muy complicada del coste efectivo de las mismas, y en función de ello se recibían los ingresos para cubrirlas...”, indicando, además, que “...el Estado quería descentralizar a base de desprenderse de muchos servicios de compleja funcionalidad y con una gestión deficiente…”. Pero el reto estaba en mejorar los Servicios al ciudadano. Junto a los servicios, hizo referencia a los instrumentos financieros correspondientes, básicamente a los Tributos Cedidos que 99

“La Financiación de las Comunidades Autónomas”, Memoria de 2001, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. Con anterioridad, el importante análisis del Profesor ALCALÁ AGULLÓ, Francisco, “La Financiación de las CC.AA. Un análisis desde la perspectiva de la Región de Murcia”, 1995, editado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

100 El titular de la Consejería era José Molina Molina, y su comparecencia fue recogida en Diario de Sesiones de la Comisión Especial de Financiación constituida en la Asamblea Regional en 2009, actas n.º 2 y 3.

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enumera (101) y que se dotaron de amplia capacidad normativa, concretando lo que su recaudación total era para nuestra Hacienda Regional. Se aplica el principio de corresponsabilidad “porque es lícito y deseable que cada Gobierno muestre las preferencias políticas a sus ciudadanos con diferentes ofertas en gastos e ingresos”. Critica la reducción o supresión práctica de alguna de las figuras fiscales referenciadas, formulando propuestas determinadas. Una versión retrospectiva que debe concretarse en resultados. Así, el CES, en Memoria ya citada de 2001, remarca: 1.º) Que el periodo 1987/1991 no se aplica el criterio del coste efectivo del sistema anterior, que fue sustituido por el reparto del montante total de financiación en base a una serie de variables geodemográficas y redistributiva. Murcia figura con peor financiación dentro del grupo competencial. En concreto recibió una financiación por habitante inferior en un 38,8% de la media, lo que se traduce en una pérdida anual de 89,13 M/€. 2.º) En 1992 el promedio se estimaba en 248,57 €/habitante, pero Murcia mantiene una diferencia de 27,80% por debajo de la media de su grupo. Es decir, un déficit anual que cabe estimar en 72,3M/€ a precios 1999. 3.º) Para el periodo 1997/2001, se acuerda que cuando todas la Autonomías tengan competencias en Educación, se garantizará que todas obtendrían una financiación de, al menos, el 90% de la media del conjunto. En respuesta a estos antecedentes podría interpretarse la comparecencia del Consejero de Economía y Hacienda ante el Pleno de la Asamblea Regional (102), planteando la reivindicación de la llamada “deuda histórica”, 101 Tributos Cedidos: Las Tasas afectas a los servicios transferidos; los Impuestos sobre Patrimonio, Donaciones y Sucesiones; sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; sobre el Juego; sobre determinados medios de transportes, y sobre venta minorista de determinados hidrocarburos. 102 Diario de Sesiones n.º 26, IV Legislatura, y por efecto del Real Decreto-Ley 12/1995. de 28 diciembre, sobre Medidas Urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.

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cuyo importe se cifraba en 77.000 M/pesetas, consecuencia del déficit medio de 5.600 pesetas/habitante en el periodo 1987/1991, y de 8.500 en el que abarca desde 1992 a 1996. Los estudios de la Consejería los cifraban en 50.000 M/pesetas. Con las matizaciones procedentes, los grupos de Oposición eran coincidentes. Lo que se estaba instando, por otra parte, era afrontar el futuro dando una alternativa a la financiación (103). La opinión generalizada es que “algo” mejora la participación de las Comunidades en cuanto se refuerza la capacidad normativa en los Tributos a los que se refiere. Es decir. No sólo se obtiene una mayor cantidad en la recaudación, sino que se potencia cualitativamente. No obstante, tampoco resulta suficiente para atender las necesidades de financiación de servicios públicos principales. Ante la misma Comisión Especial del Parlamento Regional, antes referida, comparece también el que fuera titular del Departamento de Hacienda desde 1995 hasta 2003 (104), y, según consta en el correspondiente Diario de Sesiones, formula las siguientes anotaciones: “la financiación per cápita ha sido, permanentemente, el elemento clave del modelo”; “hasta 1991 representaba el 65% de la media nacional, y entre 1992/1996, hasta el 70%”; “la deuda se situaba en 1996 en 86.000 M/pesetas, prácticamente el 90% de lo que ha llegado en 2.008”; sin embrago, en 1996/2001 se experimenta un avance notable ya que la financiación per cápita llegó al 92,87%; y “a partir de 1998 se acaban los escenarios de endeudamiento y se entra en los de equilibrio presupuestario y de superávit”. Todo ello para concluir “en que la evolución presupuestaria ofrece un salto espectacular y que la Región habría vivido entre 1996 y 2007 un periodo de expansión sin precedentes”. Aunque también cuenta, al referir su experiencia, los aspectos negativos que el sistema ofrecía, tales como “que la actualización de la población no se había producido”; “que la inmigración no había recibido el trato adecuado”; “el incumplimiento sistemático del principio de lealtad”; “la insuficiencia de la financiación sanitaria”, entre otros, circunstancias to103 Véase, igualmente, el I volumen de “Crónicas de 15 años. Autonomía de Murcia”, reiteradamente citado, páginas 213 y ss. 104 El titular era Juan Bernal Roldán.

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das que continuaban produciendo perjuicio irreparable a la Comunidad al tiempo que rompía la vocación de permanencia de unos criterios que, en principio, resultaron válidos.

III.2. Análisis del sistema de financiación 2009 Queda evidenciada la negativa evolución experimentada por los diferentes sistemas de financiación de las Autonomías, según resulta de todos los testimonios de protagonistas e informes técnicos. Pero a los efectos de mejor entender la situación actual, se ha separado, intencionadamente, la consideración del atinente a 2009 y su posible revisión. Se apuntó con anterioridad la constitución de una Comisión Especial en sede de Parlamento Regional, en marzo de 2009, siendo presidida, por elección, por el representante del grupo de Izquierda Unida. La primera comparecencia correspondió a la titular de la Consejería (105), insistiendo en los aspectos positivos del sistema entonces vigente y reconociendo los indicadores negativos. De otra parte, dio cuenta de los resultados de las Comisiones de Trabajo a nivel nacional, así como de las aportaciones realizadas por la Región. De ellas se derivaban las siguientes líneas de revisión: 1) mantener el principio de cobertura íntegra de necesidades de gasto; 2) potenciar el peso de las variables demográficas, y una cantidad fija por bloque competencial para cubrir los gastos fijos asociados a las competencias asumidas; 3) desdoblar los actuales bloques competenciales, introduciendo la Educación como gasto diferenciado; 4) considerar en competencias sanitarias el importante coste que representa la población menor de cuatro años; 5) la configuración de los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado del Bienestar (dependencia e inmigración, además de otras); 6) eliminar el establecimiento de límites máximos y modulaciones específicas que desvirtúan la actuación homogenizadora de las variables relevantes, garantizando transitoriamente y de forma no consolidable, en su caso, el status quo resultante de la liquidación normativa del año base; 7) actualizar periódicamente las variables de necesidad para garantizar la adecuación del sistema a la realidad de cada Comunidad Autónoma; y, 105 Diario de Sesiones, Comisión Especial de Financiación, acta n.º 2, 30 abril 2009. La titular del Departamento era D.ª Inmaculada García Martínez.

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8) potenciar financieramente los Fondos de Compensación Interterritorial para que cumplan adecuadamente su objetivo constitucional. Tras amplio debate se llegó a las Resoluciones de la Asamblea, que son las que se dirán, previa la declaración de haberse generado un importantísimo déficit de financiación (ya que el modelo no reconocía la existencia de 350.000 murcianos a efectos de prestaciones sociales, sanitarias y educativas), y ello además de añadir el déficit histórico de inversiones y de ejecución en infraestructura. Con todo lo dicho, se reconoció haberse producido notable convergencia en términos de financiación per cápita respecto a la media al ganar 4,73 puntos. Por tanto, cualquier modelo que se proponga debe reconocer la situación deficitaria que se arrastraba. El conjunto de las veinte Resoluciones, aprobadas por unanimidad, fueron objeto de publicación, y cuyo contenido representará un antecedente para abordar posibles nuevos sistemas de financiación, salvaguardando el derecho a otras alternativas que las circunstancias puedan provocar (106). El proceso que concluye el nuevo sistema se recoge en la Ley 22/2009, de 18 diciembre, y no obstante recibir la conformidad del Gobierno Regional, se solicita comparecer ante el Pleno de la Asamblea, haciéndolo la responsable del Departamento en sesión del día 10 de febrero de 2010 (107), afirmando que “pese a las apariencias... había sido beligerante en todo momento... y que la aceptación se correspondía con el sentido de responsabilidad, y por imperativo legal...”. Y en cuanto al sistema señaló que “le parecía asimétrico, arbitrario, innecesario, insolidario e injusto... al contrario del contemplado en la Ley 21/2001, que fue aprobado por unanimidad...”. Informó que tampoco podía prestar aprobación porque los puntos acordados (por unanimidad) por los grupos políticos, se incumplían nada menos que doce, añadiendo que la nueva financiación autonómica era fruto del nuevo Estatuto de Cataluña, unida a la Disposición Adicional Tercera sobre inversión Estatal.... y que entre ambas permitía reducir el déficit fiscal (de Cataluña) hasta un 30%. Se

106 BOARM n.º 81, de 23 de septiembre 2009. Igualmente fueron transcritas en la obra de este autor, “Crónicas de la Autonomía. Periodo 2004/2011, páginas 171 y ss. 107 Diario de Sesiones n.º 64, VII Legislatura.

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determinan otros indicadores utilizados que califica de resultados perjudiciales para la Región, hecho que provocó intensas discrepancias por parte de los grupos de Oposición que, a un tiempo, recriminaban la aceptación formal al no haberse recogido las aspiraciones acordadas por la Asamblea Regional. Con anterioridad, concretamente en el mes de noviembre, se da cuenta de los Presupuestos de la Comunidad (108), concretando los caracteres de los correspondientes a 2010, pero remarcando las siguientes anotaciones: 1) Los Presupuestos 2010 responden al negativo entorno económico en el que se elaboran (caída del PIB en 2009 entre el 3 y el 3,5%, lo que significa una desaceleración de más de 4,5 puntos porcentuales respecto del crecimiento tenido en la anualidad 2008. 2) Los ingresos procedentes de la financiación autonómica disminuían un 17% (567,8M/€), y un 3,7% los del Fondo de Compensación Interterritorial. 3) El nuevo sistema sigue sin reconocer a 100.000 habitantes, dejando abierta la brecha del gasto sin compensación alguna. 4) La previsión de ingresos no financieros asciende a 4.273 M/€, determinante de una caída del 9,3% y de la consiguiente política de austeridad y priorización del gasto y de políticas públicas. 5) El comportamiento de los Tributos Cedidos (artículo 6 de la Ley 21/2001) se estimaba, equivocadamente, al alza en un 7,2% con la previsión total de 725 M/€. 6) Nuevamente se recurre al déficit y al endeudamiento. El neto para dicho ejercicio se estimaba en 703 M/€, que se destinan a financiar la variación de activos financieros y déficit, lo que permitía dar cumplimiento a los compromisos de estabilidad.

108 Diario de Sesiones de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, n.º 47, del día 13 noviembre.

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Realidad la expuesta que sitúa la deuda viva de la Comunidad en 1.823 M/€, es decir, un 6,47% del PIB, indicador que situaba por debajo de la media de las Autonomías. No fue, pues, un tiempo adecuado para experimentar la bondad del sistema, sus defectos e insuficiencias, pero sí para poner de manifiesto la vulnerabilidad financiera de las Administraciones Públicas, en todas sus esferas. Una de las secuelas más importantes de la crisis económica, imponiendo la necesidad de medidas correctoras y rigurosas para hacer frente a la deuda y recuperar la estabilidad. Tales son los criterios que se aplicaron a los Presupuestos de 2011, periodo en el que se aprobó “Proposición de Ley de Medidas Extraordinarias para sostenibilidad de las Finanzas Públicas” (109), cuya aplicación originó los primeros signos de conflictividad social, particularmente de funcionarios públicos. Incluso propició que el Gobierno Regional elaborara un nuevo “Plan Económico Financiero de Equilibrio de la Comunidad Autónoma 2011/2013”, requerido por el Ministerio de Economía y Hacienda, de evidente incidencia en los presupuestos correspondientes a dichos ejercicios.

III.3. Seguimiento de las actuaciones posteriores a 2011 Dos fases habría que diferenciar en el periodo final. La primera, las previsiones y resultados de presupuestos y objetivos en las anualidades de 2012 y 2013. De otra parte, recoger las demandas y criterios que se mantienen respecto del anuncio de aprobación del nuevo sistema de financiación. De forma previa ha de consignarse el hecho del cambio de Gobierno a nivel nacional, al que accede el Partido Popular en diciembre de 2011, hecho que cambia sustancialmente los planes de actuación y de control de las Autonomías, por exigencias de la situación, pero también para responder a las orientaciones procedentes de la Unión Europea y evitar la “intervención” con las consecuencias que conlleva y que eran conocidas por lo ocurrido en Grecia.

109 Diario de Sesiones n.º 90 y 91, de 21 y 23 de diciembre, respectivamente. Ley 5/2010, de 27 de diciembre.

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Vistos los diagnósticos, informes y actuaciones posteriores, nada cambia lo dicho en ejercicios posteriores. La Región ha continuado soportando los negativos criterios del sistema de 2009, si bien agravándose por consecuencia de la crisis y el control del Gobierno Central. Lo indicaba el responsable del Ejecutivo en la materia en comparecencia en la Asamblea Regional (110) para señalar los objetivos prioritarios y líneas estratégicas que presidían la gestión financiera del Departamento para la anualidad 2012, y también para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el día 17 de enero inmediato anterior. Para sustentar la primera parte utiliza datos alarmantes acerca de los registros socioeconómicos, como la brusca caída del PIB desde 2009, la destrucción de 82.000 puestos de trabajo y haber alcanzado el 25,4% de parados, o la desaparición de, aproximadamente, 9.000 empresas. Determinantes, en su conjunto, de la austeridad y control del gasto a nivel regional. Ahora bien. La atención a tal descripción era compartida con las concreciones que el Ministerio había marcado: reducción del déficit público; plan de pago a proveedores; revisión y negociación del sistema de financiación; inevitable revisión de presupuestos programados en los diferentes planes (Estratégico y Sectoriales); y la reforma de la Administración Regional. Los sucesivos informes se comprenderían en las actuaciones que seguidamente se exponen como principales. En primer lugar, el Parlamento conoce (111) de Iniciativa Legislativa para ante el Gobierno de la Nación adjuntando Proyecto de Ley por el que se regula el sistema de financiación de las Comunidades de régimen común. La propuesta procedía del grupo político de Izquierda Unida, pero había sido aprobada por unanimidad. Dos meses después el propio titular de la Consejería comparece (112) para informar del sistema económico financiero tras el incumplimiento del déficit de 2012 y resultado de la liquidación del Presupuesto, reiterando cifras negativas y la estimación del déficit (que se estimaba en 852 M/€, aunque en términos de contabilidad nacional se reducía a 832), equiva-

110 Diario de Sesiones n.º 18, VIII Legislatura, 29 febrero 2012. 111 Diario de Sesiones n.º 45, VIII Legislatura, de 30 de enero 2013. 112 Diario de Sesiones de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, n.º 49, VIII Legislatura, de 6 de marzo 2013.

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lente al 3,02% del PIB, cuando lo previsto era el 1,5%. Y sobre todo, que la financiación por habitante era menor a la media en 252 €/habitante. La cifra total en los últimos años ascendía a 3.175 M/€ que, de haberse recibido, permitiría ofrecer una imagen bien distinta. Las consecuencias no eran otras que la necesidad de presentar, en plazo de un mes, un plan económico-financiero que corrigiera el desequilibrio. No había otra opción, aparte las exigencias de gestión de la indemnización que a la Región podría corresponder por su deficitaria participación a través del histórico autonómico. En el clima de tensión que se ha descrito, hay que elaborar los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2014. El Proyecto de Ley se vinculaba a la normativa de Estabilidad Presupuestaria (Ley Orgánica 2/2012), Planes de Ajustes Económico-Financiero (mayo 2012 y julio 2013), e instrumentos financieros aprobados en 2013 (Plan de Pago a Proveedores y Financiación de déficit de años anteriores o FLA), además de continuar el proceso de consolidación fiscal como condición previa para que la economía regional pueda, lo antes posible, retomar la senda del crecimiento económico y generación de empleo (113). Otros caracteres se contraen a los que siguen: que el déficit permitido no superara el 1% del PIB (273 M/€) y que los ingresos no financieros se situaran en 3.556 M/€, y los ajustes de Contabilidad Nacional se cifraban en 104 M/€. Un total, pues, de 3.933 M/€. El endeudamiento regional se determina en 5.825 M/€, lo que representa el 21,4% del PIB. Si se observa que en 2008 la deuda era de 755 M/€, con la cantidad ahora reseñada se reflejan elocuentemente los efectos de la crisis. Lógica consecuencia de tal evolución es el incremento que experimenta la carga financiera. Para el mismo periodo (2008/2014) se reconoce tener que pagar intereses desde 29.780 € a 29.103 €; y en las amortizaciones de la deuda a largo plazo la cifra se incrementa de 18,7 M/€ a 562,9 €. Es decir, un total de 853,9 M/€, equivalente al 25% de los ingresos corrientes. Desde tales cálculos se formula un calendario de vencimientos que llevarían hasta el ejercicio 2031, aunque es en 2021 cuando aparecen cantidades mayores para ir reduciéndose posteriormente.

113 Intervención del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, ante el Pleno del Consejo Económico y Social (CES), con motivo de la presentación de Presupuestos Generales correspondientes a la anualidad de 2014.

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Con las estimaciones que realiza la propia Administración Regional ha de entenderse la grave y persistente situación deficitaria de la Comunidad Autónoma, y la necesidad de acelerar la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación, sin perjuicio de los criterios de austeridad y control que había que mantener. En esa valoración no cesan los requerimientos que en la Asamblea se formalizan. En enero de 2014 (114) se reconoce, en reflexión general, que “...el diseño ha estado marcado, desde el inicio del proceso de descentralización... de interés político, claramente, que han pretendido favorecer a determinados territorios en detrimento de factores técnicos o de costes estándar, o incluso de estimaciones de necesidades del gasto...”. Pensamiento que bien pudiera representar el resumen de lo sucedido desde 1980, al menos en lo que a la Región de Murcia se refiere. La citada argumentación concluye en determinar –después de ratificar como más aceptable el sistema de 2001 y reconocer las diferencias con el conjunto de Comunidades– los criterios que debieran inspirar un posible nuevo sistema, aludiendo, principalmente, a la transparencia; pero sin olvidar que el año base tendría que ser el último ejercicio liquidado y que habría que garantizar la financiación necesaria (principio de suficiencia). A principios de esa anualidad el Fondo de Garantía sólo cubre el 90,16% del coste efectivo. La calificación de la situación se califica de insostenible y, por tanto, requiere ser corregida. El propio Ministerio había solicitado la remisión de informe para estudio y concreción de nuevas fórmulas. Ante la citada Comisión Especial comparecen expertos y analistas de prestigio nacional. Entre las registradas figura la de UTRILLA DE LA HOZ, Alfonso (115), que subraya el hecho de la disparidad entre las regiones que impide encontrar un modelo que satisfaga a todas, y que el modelo actual tiene como objetivo “reforzar la autonomía tributaria”, reconociendo que Murcia ocupa el último lugar en financiación por habitante o en financiación por habitante ajustado; y que dicho modelo había coincidido con la crisis fiscal que supuso “una caída muy grande de los recursos destinados a las Comunidades Autónomas”, citando el dato de que entre los ejer-

114 Diario de Sesiones de la Comisión Especial de Financiación Autonómica, constituida al efecto. VIII Legislatura, 23 enero 2014. 115 Diario de Sesiones de Comisión Especial, n.º 4, VIII Legislatura, 21 marzo 2014., comparecencia de UTRILLA DE LA HOZ, Alfonso, Doctor en Ciencias Económicas y Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

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cicios de 2009 y 2013 alcanzó el 21%. Las líneas principales que tendrían que observarse serían: 1) suficiencia financiera; 2) seguir manteniendo los principios de autonomía de ingresos y gastos regionales... es decir, la responsabilidad fiscal de la Comunidad ante sus ciudadanos; 3) garantizarse los elementos de solidaridad en servicios públicos fundamentales... independientemente del nivel de renta o de capacidad fiscal...; 4) estabilidad presupuestaria general y sostenibilidad financiera a largo plazo; 5) mejorar mucho la lealtad institucional entre Administraciones, recíprocamente..; y, 6) sencillez y transparencia del sistema. Aspecto esencial sobre el que se llama la atención es el relativo a la tendencia demográfica por cuanto, según el INE, ha cambiado sensiblemente al reflejarse en los censos una reducción de habitantes, consideración que la Región ha de sopesar. Otra comparecencia ante la misma Comisión fue la protagonizada por el Profesor PÉREZ GARCÍA, Francisco (116), autor de distintos trabajos sobre la materia. Tras considerar que el vigente modelo necesita ser reformado en profundidad por los graves defectos acreditados, coincidente con lo que dictaminan la generalidad de analistas (dualidad de sistemas, foral y común; desigual financiación per cápita; existencia de fondos discrecionales; desigual despliegue territorial de servicios públicos; anomalías en la solidaridad interterritorial; e incorporando a los mismos los provocados por la crisis económica), citando a la Región, como antes se hiciera, como “en la cola en la financiación por habitante desde hace años”. Situación que determina urgencia en las soluciones, que también enumera y que pueden considerarse como comunes a todas las Comunidades y paralelas a las de otros investigadores. Si se han reproducido tales comparecencias es para dejar constancia de que, primero, la problemática es común y, en segundo lugar, para acreditar que tanto el Ejecutivo Regional, como el Parlamento, han pretendido justificar y avalar sus decisiones basándose en criterios técnicos. La oportunidad de decidir realizar un estudio para la Región puede ser previa al diseño del nuevo modelo, que ha de aplicarse a partir de 2014. En todo 116 Diario de Sesiones n.º 5, VIII Legislatura, 28 de marzo 2014. El Profesor citado, Pérez García, Francisco, es Catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Valencia y Director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Como tal y para la Asociación Valenciana de Empresarios, realizó estudio sobre “La Financiación Pública de la Comunidad Valenciana y sus consecuencias económicas”, 2012, en el que se recogen referencias a la Región de Murcia.

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caso, el informe que elaboró el Gobierno Regional debiera servir para verificar el nivel de aceptación por parte del Gobierno de la Nación. No puede ignorarse la abundante bibliografía existente en la materia analizando la situación con perspectiva nacional, o simplemente regional, e incluso atendiendo sólo a la insuficiencia financiera para satisfacer el gasto de servicios como los de Sanidad y Educación (117). Amplia ha sido la experiencia obtenida desde el principio del proceso autonómico y cuyas conclusiones debieran inspirar el diseño de nuevo modelo. De no ser así, se contribuiría de manera básica y con irreparables perjuicios para mantener la actual organización territorial, lo que exigiría proceder a la revisión de las transferencias que, en la práctica, se ofrece impensable. Como también lo es continuar soportando la insuficiencia financiera. En términos de conclusiones se consignarán las procedentes, si bien es pertinente anticipar que la cuestión principal se centra en acertar con el modelo que haga viable y rentable (social, económica y políticamente) la España de las Autonomías.

III.4. Anotación a la evolución presupuestaria desde 1983 La concurrencia de los sucesivos déficit padecido en las transferencias para atender el coste real de los servicios, unida a los efectos de la crisis en las Administraciones Públicas, son determinantes de la evolución que ofrecen los Presupuestos Generales de la Comunidad desde 1983. Es necesario el estudio de la serie estadística para valorar en qué medida son fiel reflejo de las circunstancias señaladas y, por ende, consecuencia de los diferentes sistemas de financiación de las Autonomías. Se completa 117 Entre los estudios consultados pueden citarse, aparte los ya mencionados, los siguientes: “Bases para un sistema estable de Financiación Autonómica”, de Gonzalo Páramo, José Manuel, Fundación BBVA, año 2001. “La Financiación Autonómica de Régimen Común”. Perspectiva después del Acuerdo de 2001”, de García Díaz, Miguel Angel, Gabinete Técnico Confederal de CC.OO., 2002, Editorial Bomarzo. “El nuevo modelo de Financiación Autonómica: sus efectos sobre la solidaridad interregional y sobre la Financiación de la Sanidad Pública” , del que son autores los Profesores del Departamento de Hacienda y Economía del Sector Público de la Universidad de Murcia, Campillo Martínez, Carmen, e Hillán Monreal, José Antonio, 2005, editado por la Asociación Murciana de Ciencia Regional. Aun cuando pueda hacerse amplia anotación posterior a otros estudios, procede dejar constancia del Estudio (34) realizado para el CES Región de Murcia, por equipo investigador integrado por Fernando Ignacio Sánchez Martínez, Ildefonso Méndez Martínez y Jorge Eduardo Martínez Pérez, en 2015, con el título “El modelo de financiación autonómica y sus consecuencias económicas para la Región de Murcia”, fundamental para el conocimiento del proceso y la situación actual, recogiendo propuestas y conclusiones de extraordinario interés.

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así una perspectiva del proceso que permitirá ponderar la rentabilidad, positiva o negativa, para la Región. Sin embargo, no es fácil concretar por la complejidad que generan las diferentes etapas por las que atraviesan en función de la asunción de competencias, recursos propios, sistemas de financiación, llegada de Fondos Estructurales, gestión recaudatoria, endeudamiento, organización administrativa, y otras diversas cuestiones que procuran variaciones sustanciales. Incluso el indicador que marca los niveles de ejecución o liquidación de cada anualidad. Su conocimiento resultará básico a los fines que se pretenden. Formuladas las consideraciones que anteceden, el ejercicio de aproximación a esa realidad proporciona las siguientes determinaciones: • La primera etapa puede configurarse en el periodo 1983/1994, e incluso, 1995, que es el que representa el inicio práctico de la Autonomía de Murcia. Ahora bien. En tan dilatado plazo habría que distinguir lo sucedido entre 1982/1985 o 1986, de posteriores anualidades. Separación que se decide porque se comienza asumiendo los presupuestos de la extinta Diputación Provincial, y las reducidas transferencias de competencias. No obstante los totales registrados son de 15.097 M/ pesetas y 33.606 Millones, si bien las cifras liquidadas no superan los 8.636 y 21.980 M/ pesetas, respectivamente. Estas diferencias entre previsiones y ejecución responden a una gestión (de ingresos y gastos) que no alcanzó los niveles de eficacia precisos. A partir de la fecha indicada, la Administración Regional se dota de organización mínima para aplicación de Tributos Cedidos y aprovechar todas las posibilidades de acceso a Fondos Comunitarios. Hechos que impulsan el crecimiento de presupuestos hasta 1990, en cuya anualidad alcanza hasta los 77.156 M/pesetas, aun cuando la liquidación del mismo reduce la cantidad en 10.000 M/pesetas. La mera observación señala el aumento de los gastos de personal y bienes corrientes, así como los ingresos de pasivos financieros al comprender el periodo en el que el endeudamiento llegó a niveles superiores. Tan es así que, tras informe del Tribunal de Cuentas y de la propia Intervención General de la Comunidad,

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en 1993, la Asamblea Regional (118) adoptaba acuerdo encargando a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, la elaboración de “informe-propuesta orientado a perfeccionar el control de la ejecución presupuestaria que corresponde a la Asamblea Regional...”, reconociendo de esa manera el desconcierto existente. Incluso, al producirse el relevo en la Presidencia del Ejecutivo (119), se insistía en la implantación de un sistema Informático-contable, y sentado las bases de política presupuestaria, concretamente la de “minimizar aquellos gastos que no revisten una aportación positiva a la sociedad. Igualmente la de intensificar la gestión en fuentes de ingresos sin aumento de la presión fiscal; y una política de gasto público extremadamente selectiva...”. El cuatrienio 1991/1995 representa el final de una fase en la que ya se advierte una cierta recuperación económica, sobre todo al finalizar el mismo. Se reciben nuevas competencias por consecuencia de los Acuerdos de 1992, referidos en el capítulo destinado al examen de competencias. El cambio de tendencia se marca en el informe emitido por Consultores de las Administraciones Públicas S.A., Monografía n.º 3, Serie Comunidades Autónomas, Región de Murcia. El detalle describe una fase importante al ser la primera en la que la Autonomía de Murcia adquiere experiencia de autogobierno, aunque también registre serias dificultades de gestión, que es donde realmente se centraban las críticas. • El segundo de los periodos podría marcarse entre los ejercicios de 1996/2002, caracterizado, primero, por la llegada del Partido Popular, tanto al Gobierno Regional como a nivel nacional, así como por la asunción de competencias fundamentales, tales como las atinentes a Universidades, Inserso, Educación no Universitaria y Sanidad, entre las principales. Esta circunstancia hace que de 519 o 588 M/€, según 118 Diario de Sesiones n.º 85, año 1993, página 3.698. En todo caso se citan los capítulos correspondientes a Presupuestos, de la obra repetidamente citada del autor “Crónicas de la Autonomía de Murcia”, 1982/1997 (volumen I, págs. 237 y ss.); 1997/2004 (volumen II, págs. 161 y ss.); y 2005/2011 (volumen III, págs. 147 y ss.). Todos editados por Asamblea Regional. 119 Diario de Sesiones de 26 de abril 1993, que reproduce la Sesión de Investidura de la Presidenta de la Comunidad Autónoma, María Antonia Martínez García.

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se parta de 1.995 o 1996, se obtengan 2.733 M/€ para el ejercicio 2003 (1.000 millones más que en 2002), y considerando 2007 se alcanza la cantidad de 4.733 M/€, es decir, 2.000 millones más en sólo un cuatrienio. Anualidad que se indica por ser el comienzo de la crisis económica. Representa, pues, la fase más positiva en todo el proceso autonómico, no por razones de suficiencia financiera procedente del sistema, sino por los beneficios que procura la bonanza económica, aunque ésta no se gestionara bien con vistas a ejercicios posteriores y de balances negativos. No obstante, la carga financiera se mantiene en límites soportables. • En tercer lugar, última fase, viene configurada por los ejercicios 2007/2014, que son, como se ha señalado, en los que se desarrolla la crisis económica y, además, tiene lugar la aprobación de un nuevo sistema de financiación (2009), y se concretan medidas para reducir el déficit público. A finales de 2011 gana las Elecciones Generales el Partido Popular. Un periodo que puso de manifiesto la realidad, los errores cometidos, la vulnerabilidad financiera de las Autonomías. Los archivos remarcan que a partir de 2008 la política es la de reducir gastos hasta el extremo de que en 2013 el total del Presupuesto era inferior al de 2007. De otra parte, se incrementaba de manera sensible la carga financiera (que se situaba en torno al 19% del PIB) y cesa bruscamente, como reiteradamente se ha señalado, la recaudación tributaria, tanto a nivel nacional como regional. Al iniciarse la anualidad 2015, los Medios de Comunicación, se hacían eco de los datos que el Banco de España/Boletín Estadístico hacía públicos, concretando la Deuda de la Comunidad en 6.838 M/€ al cuarto trimestre del año inmediato anterior, o 25,2% del PIB, y señalando como principales acreedores al Estado (que entre el Fondo de Liquidez Autonómico y el Plan de Pagos a Proveedores, suma 4.197 M/€, es decir, el 61,37% del total), Bancos diversos (por 1.227 M/€, equivalente al 17.94%), el resto del mundo 906 M/€ (el 13,25%); y 508 M/€ a Valores de acciones a largo plazo (el 7,42%.). Distribución que permitirá concretar otras valoraciones. En general se observa que en el último trienio se acusa la gravedad de la situación y se demanda la urgencia de la aprobación de un nuevo sis-

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tema para las Haciendas regionales. Las Secciones Deuda Pública, Sanidad y Educación (Empleo), representan el 84,72%. El resumen podría consistir en reiterar que se está ante unos Presupuestos de Servicios, pero insuficientes, de manera evidente, para cubrir costes reales, además de impedir la disponibilidad de medios para inversiones, excepción hecha de los procedentes de la Unión Europea y otros de carácter finalista. Los próximos ejercicios, de no cambiar las circunstancias, estarán hipotecados por el cumplimiento de obligaciones ya contraídas. Lógica consecuencia es la de poner en cuestión la efectiva ejecución del Plan Estratégico 2014/2020. De aquí la necesidad de perseverar en el cambio de sistema de financiación porque, en otro caso, sería impracticable mantener la descentralización actual, hecho que parece impensable y poco conveniente. Sólo la atenuante de ser el Estado el principal acreedor puede aliviar la evolución inmediata y evitar cualquier nivel intervencionista. La Memoria del CES correspondiente a la anualidad 2014, recoge análisis de la Hacienda Regional durante la crisis, a la que, señala, “le ha causado estrago”. Ya entonces la deuda ascendía a 6.838 M/€, pero análisis posteriores la sitúan próxima a los 7.500 M/€ e incluso puede superar los 8.000 M/€ al finalizar 2015. La gravedad de la situación es incuestionable y se estudiará más adelante para conocer el nivel de condicionante que representa a efectos de financiación.

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CAPÍTULO IV INGRESOS PROCEDENTES DE LA FISCALIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

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nalizadas las transferencias de competencias a la Comunidad de Murcia, así como los sistemas de financiación autonómica, procede examinar los ingresos que obtiene de la política tributaria. En ésta orientación habrá que distinguir el origen de los mismos y la capacidad normativa reconocida. No se trata de una exposición pormenorizada de cada figura tributaria, sino de los resultados obtenidos a través de la evolución experimentada. El artículo 157 de CE señala un modelo genérico de fuentes de financiación “sin dar prioridad a ninguno de los recursos que cita”, tal y como se desprende de su lectura y ha interpretado la doctrina. El apartado 3 del precepto remite a la Ley Orgánica “que establecerá el sistema de posibles transferencias económicas para financiación de servicios estatales... (principio de suficiencia)... y un fondo para corregir los desequilibrios interterritoriales (principio de solidaridad)...”. Los diferentes sistemas que se han registrado desde 1980 fueron expuestos y evaluados en cuanto a la Región de Murcia se refiere. Resta por exponer la recaudación conseguida durante el proceso autonómico, y para ello se seguirá el orden establecido en el reiterado precepto y, por supuesto, en los artículos 42 y siguientes del Estatuto de Autonomía.

IV.I. Presupuestos de ingresos Antes de descender a detallar por conceptos, procede dejar registrada la evolución la evolución experimentada, lo que posibilita una perspectiva general necesaria para poder fijar criterios comparativos posteriores. Serie estadística que se inicia en 1991 si bien el periodo tendría que abarcar desde 1982. Los indicadores muestran que oscilan entre 8.636 M/pesetas (1983) y 63.751 M/pesetas (1990), en términos de liquidación, equivalentes hoy a 384,04 y 520,24 M/€, respectivamente. Un crecimiento extremo que se corresponde con las primeras transferencias de competencias, la recepción de la cesión de tributos, y la propia gestión. Resalta el hecho de que puestas en relación la estimación de ingresos y su ejecución, fue-

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ron, en todo caso, sobrevaloradas, lo que genera no pocos problemas de tesorería y la necesidad de acudir al endeudamiento, que ya en 1991 muestra un Pasivo de las Operaciones Financieras de 90 M/€. El cuadro de Presupuestos de Ingresos, su evolución está referida en el apartado anterior. De manera más detallada en los estudios recogidos en CRONICAS DE AUTONOMÍA, obra del autor reiteradamente citada en la presente investigación, y según etapas, desde 1983 hasta 2014, a los que hay que remitirse en evitación de repeticiones. El examen de la serie permite los comentarios que siguen: 1) para el crecimiento que se experimenta en la primera década, ya se dieron las causas, a las que hay unir el “afán de autogobierno”; 2) la tendencia que marcan las transferencias de mayor contenido y gasto público, etapa que llega hasta 2002; 3) las competencias en Educación no Universitaria y otras, hacen que se dispare el ritmo hasta superar los 5.000 M/€; y, 4) clara incidencia, a partir de la anualidad de 2008, de la crisis económica que con las reducciones que provoca, sitúa los Presupuestos en cifras de 4.660 M/€. El desglose por otros conceptos se llevará a efecto en los apartados que correspondan atendiendo, no sólo a la evolución, sino también cualitativamente, como ocurre en el caso de las Operaciones Financieras.

IV.2. Impuestos cedidos, total o parcialmente, por el Estado La Comisión Mixta Administración del Estado-Región de Murcia, acordó fijar “el alcance y condiciones de la cesión en los mismos términos que los establecidos con carácter general para todos los Entes Autonómicos en la Ley 30/1983, de 28 de diciembre...”, según se dice en el Real Decreto 1.016/1986, de 25 de abril (120), determinando que “entrará en vigor el primer día del ejercicio siguiente a aquel en el que el coste efectivo de los servicios transferidos exceda del rendimiento de los tributos susceptibles de cesión. Cumplida esta condición, procede la cesión de tributos con efectos de primero de enero de 1986....” (121).

120 BOE n.º 126, de 27 mayo 1986, páginas 18.804 y ss. 121 El Real Decreto concreta el cumplimiento de la condición al significar las siguientes cifras: a) coste

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El Real Decreto 2.044/1986, de 28 de junio (122) marca las normas por las que se regirá la asunción, por delegación, de la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos cedidos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones. En base a lo dicho se ceden los siguientes tributos: 1) Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las personas físicas; 2) sobre Sucesiones y Donaciones; 3) sobre Transacciones y Actos Jurídicos Documentados (aunque limitado a los hechos imponibles que relaciona) (123); 4) Imposición general sobre las ventas en su fase minorista; 5) sobre consumos específicos en su fase minorista, salvo lo recaudado mediante monopolio fiscal; 6) las Tasas y demás Exacciones sobre el juego y las apuestas. Una relación que experimenta algún cambio en el amplio periodo de tiempo que abarca el estudio. Sólo remarcan la influencia que tendrá la cesión del 15% del IRPF, que hoy llega hasta el 50%. Cuando se reciben tales cesiones, la Región de Murcia se encontraba en fase de organización para alcanzar un elevado nivel de autogobierno. Sin perjuicio de acudir a fuentes técnicas, debe recordarse la valoración que hiciera el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, Sr. Molina Molina, en la comparecencia que realiza ante la Comisión Especial sobre financiación, celebrada en 2009. Decía, entre otras cosas, “que el Estado se quería descentralizar a base de desprenderse de muchos servicios de compleja funcionalidad y con una gestión deficiente...”; que “el reto de las nuevas Administraciones Autonómicas... era el de mejorar los servicios al ciudadano...”; “Hacienda y Función Pública fueron esa constante preocupación en las transferencias... aunque sin olvidar que ese cambio de tanto calado en la estructura del país se hace inmersos en una profunda crisis económica...”. De manera especial indica que “para ejercer con plena capacidad la gestión y el poder tributario de las normas cedidas,... nos planteamos el ejercicio de nuestra capacidad financiera en dichos tributos... aplicamos el principio de corresponsabilidad fiscal, para educar y orientar al ciudadano, señalando con claridad que la autonomía surgida era de

efectivo de servicios transferidos, asciende a 4.812 M/pesetas; y, b) el importe de la recaudación líquida durante 1985, por tributos susceptibles de cesión, asciende a 4.330 M/pesetas. 122 BOE de 27 noviembre. 123 La cesión real se formaliza en 1988 para compensar la desaparición de Impuesto sobre el Lujo.

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todos y había que financiarla entre todos, empezando por los ciudadanos de la Región de Murcia...”, “aunque lamentando la tristeza que causaba la política de no poner recargos, ni nuevos gravámenes, incluso la reducción de impuestos cedidos, como ha sido el de Sucesiones y Donaciones y, finalmente, el de Patrimonio (recuperado en los últimos años). El Profesor ALCALÁ AGULLÓ, Francisco, en su obra ya citada con anterioridad (124), lleva a cabo un riguroso análisis sobre lo que los Tributos Cedidos han representado para la Hacienda Regional, así como la presión fiscal que ha supuesto, y la efectividad de la gestión (páginas 75 a 149), consideración que llega al ejercicio 1992, y del que podrían resaltarse algunas de las consideraciones que obtiene e interesan a los fines del presente trabajo. Serían las siguientes: 1.ª) el crecimiento promedio de ingresos totales por tributos cedidos ha sido muy superior al del PIB, habiéndose moderado a partir de 1990. No obstante, “Murcia aparece tras Cataluña como la segunda Comunidad donde mayor crecimiento ha alcanzado la recaudación durante el periodo 1986/1992”; 2.ª) los promedios para todo el periodo en la presión fiscal... ofrecen diferencias importantes entre Autonomías. En el caso de la Región... muestra un perfil temporal similar a la media nacional, manteniéndose por debajo; 3.ª) Todas las Comunidades se han beneficiado, durante todos los años, del sistema de cesión de Impuestos. Murcia se inició con resultados inferiores a la media, pero pasó posteriormente a invertir esta situación (en 1992 era la cuarta que mejores resultados relativos obtenía del sistema...”. Fue un análisis del que el estudioso no podrá prescindir para conocer la evolución de la Hacienda Regional. Posteriores acuerdos pusieron el acento en el principio de corresponsabilidad fiscal acudiendo a la cesión del 15% del IRPF, y otras aplicaciones normativas. Así se fragua el recorrido del periodo 1992/1996 y siguiente, que abarca 1997/2001. El simple seguimiento nos sitúa, a partir de 2002 (que da lugar a un nuevo sistema de financiación) en la cesión del 33%, y en el ejercicio 2010, con el 50%. A esta figura se dedicará apartado específico. Igualmente se contempla la cesión del 35% del IVA, que al día de hoy es del 50%; y el 40% de Impuestos Especiales. En todo caso,

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Véase nota n.º 102, con motivo de la exposición de Sistemas de Financiación.

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el grupo de Tributos Cedidos mantiene un alto nivel de importancia en la configuración de ingresos de las CC.AA. y, en particular, en la de Murcia, como podrá apreciarse a continuación. CONCEPTOS TRIBUTARIOS Años

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

2.915 3.955 5.619 6.266 8.066 7.525 7.735 8.385 6.761 8.625 9.382 11.564 13.318 16.133 21.697 23.445 17.080 25.956 33.677 51.933 49.687 55.788 45.828 32.276 33.873 26.087 29.688 33.050

Impuesto sobre el Patrimonio

2.110 2.668 3.504 294 8.360 5.884 6.293 6.593 7.915 7.621 7.657 7.717 10.421 12.435 13.132 12.732 14.436 16.571 18.956 22.294 27.244 35.179 41.747 567 829 2.433 19.940 25.173

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

10.434 12.699 28.392 41.975 48.898 53.538 55.590 52.931 60.624 60.312 71.058 85.037 107.888 124.926 139.549 156.732 183.134 255.994 361.034 547.944 654.139 649.968 364.226 282.301 236.518 183.149 139.084 122.839

En miles de euros Tasas y otros ingresos

12.333 14.274 13.559 14.190 20.717 22.995 22.376 21.342 21.931 24.257 26.877 28.788 31.355 36.217 42.389 53.368 53.907 57.314 58.578 59.313 59.796 60.806 57.737 49.678 44.377 36.909 25.967 17.291

Fuente: Reca uda ci ón en l a Comuni da d Autónoma de l a Regi ón de Murci a

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La lectura del mismo ratifica lo que se decía con anterioridad, es decir, mostrando una cifra ascendente, especialmente a partir de la anualidad 2002 y hasta el comienzo de la crisis en 2007/2008, para, a continuación representar una brusca caída que regresan a principios de siglo, causando grave problema a la Comunidad, en términos de gestión del gasto público y obligándole a la elaboración de planes de reequilibrio y contención del déficit. Hecho al que habría que unir el descenso que igualmente se localiza en Tributos Estatales en los que la Autonomía participa. El resumen de las principales figuras tributarias cedidas se recoge en el cuadro que sigue. No aparece en el mismo el Impuesto sobre determinados Medios de Transporte que, desde su establecimiento en 2004, muestra una importante reducción en recaudación. Contemplar periodo tan amplio proporciona rigor a las conclusiones que pueden obtenerse. Parte de ellas ya se han indicado con anterioridad, particularmente cuando se examinan las diferentes fases socioeconómicas en las que se desarrolla la autonomía.

Recaudación de tributos cedidos totalmente 1986-2013 Región de Murcia (millones de euros) 1000 900 890 902

800 700

770

600 500

549

400

424

300

326

200 100 0

134

115 133 90 92 86 97 101 63 86 29 34 51

163

190

217

246

575 414

363 304

269

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En esta perspectiva hay que contemplar las facultades normativas que se reconocen y que permiten valorar el alcance de las mismas que siempre se definen en función de parámetros diferentes, resultado de la gestión tributaria, en general. No se ofrecen diferencias cuantitativas con Regiones limítrofes, aunque tratan de favorecer la actividad económica evitando agresión fiscal que motiven paralización de proyectos o el desplazamiento de empresas a otros territorios colindantes. Claro que a la consideración expuesta hay que unir el cuadro tributario de los Ayuntamientos que también inciden, de manera importante, en el entorno socioeconómico. Evidentemente los objetivos reflejados constituyen los planes iniciales; después, las circunstancias concurrentes en cada momento lo hacen, o no, efectivos con las consecuencias consiguientes. Sería extenso recopilar los dictámenes emitidos en cada anualidad por diferentes instituciones y especialistas, principalmente los emitidos por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia al examinar los sucesivos Anteproyectos de Leyes de Medidas Tributarias, Administrativas y de la Función Pública, que es la única parte que conoce de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Este medio es práctica habitual del ordenamiento jurídico: aprobar una disposición con rango de ley que regule las modificaciones de naturaleza tributaria que el Gobierno Regional considera apropiadas con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos en materia de política económica (125). Se aclara en el repetido informe que “este tipo de leyes ha surgido como consecuencia de la Doctrina del Tribunal Constitucional y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que obliga a separar este tipo de regulación de la que se incorpora cada año en las Leyes Generales de Presupuestos”. La realidad es que la serie informativa a la que se refiere el trabajo, proporciona una gran riqueza de valoración, porque ésta se formula no sólo en los aspectos técnicos, sino, y de manera principal, contiene una ponderación social y económica facilitada por representantes de Sindicatos, Organizaciones Empresariales y otras entidades.

125 La serie estadística de los dictámenes emitidos por CES abarcan desde la anualidad 2001 (n.º 7, Sesión Pleno de 27 de julio) hasta el último (n.º 12, sesión 23 octubre 2013).

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IV.3. Análisis de la evolución de ingresos en el periodo 2009/2014 El Ministerio de Hacienda pública los Prepuestos Generales de las Comunidades Autónomas, su ejecución, sirviendo de fuente de información, consulta y análisis de indudable interés, sobre todo porque recoge los diferentes capítulos distinguiendo la recaudación obtenida por cada figura, es decir, no sólo tributario, sino de participación en los del Estado, sistema de financiación, Fondos Europeos y Tasas..

PGCARM. Ejecución del Presupuesto de Ingresos

1. Impuestos Directos Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Impuesto Renta Personas Físicas Resto capítulo 1 2. Impuestos Indirectos Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Impuestos sobre el valor añadido Impuestos especiales Resto capítulo 2 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 4. Transferencias Corrientes Fondo de Suficiencia Fondo de Garantía Fondos de Convergencia Resto Capítulo 4 5. Ingresos Patrimoniales Operaciones Corrientes 6. Enajenación Inversiones Reales 7. Transferencias Capital Fondo de compensación interterritorial Resto capítulo 7 Operaciones de Capital Operaciones no Financieras 8. Activos Financieros 9. Pasivos Financieros TOTAL INGRESOS

2009 851,14 38,58 805,65 6,90 1.236,17 305,51 512,32 411,61 6,70 149,63 1.905,57 1.182,01 0,00 0,00 723,54 14,56 4.156,98 3,66 296,41 65,62 230,79 300,12 4.457,25 3,09 605,37 5.065,76

2010 691,04 40,14 644,52 6,39 971,14 261,09 297,40 407,37 5,28 144,57 1.757,89 990,65 0,00 0,00 767,25 7,87 3.572,51 9,87 143,43 58,71 84,72 153,30 3.725,81 1,90 671,90 4.399,61

2011 899,32 37,89 855,46 5,97 1.452,09 212,37 708,56 527,08 4,08 145,55 831,24 4,54 601,26 150,98 74,46 9,36 3.337,56 7,42 121,68 55,48 66,20 129,10 3.466,66 1,88 806,02 4.274,55

Millones de euros 2012 2013 1.086,79 796,05 51,10 55,35 1.003,86 710,68 32,34 30,02 1.811,25 1.539,10 177,78 189,29 1.048,03 814,65 566,29 501,35 19,15 33,82 155,32 129,10 233,14 888,23 -714,23 -237,21 587,57 627,23 141,65 142,38 218,15 355,82 10,18 9,59 3.296,68 3.362,07 25,58 13,47 123,70 164,13 32,64 28,97 91,06 135,16 149,28 177,60 3.445,96 3.539,67 2,30 185,19 2.154,03 1.415,15 5.602,28 5.140,01

Fuente Ministerio de Hacienda

De su estudio pueden obtenerse las reflexiones que siguen: 1.ª) Atendiendo a la participación en IRPF, IVA e Impuestos Especiales, se observa que la repercusión de la crisis en los ingresos del Estado, pero también el reconocimiento del incremento que se hace en la Ley

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22/2010, de 16 de julio (126), de régimen de cesión de tributos a la Comunidad Autónoma, y de la fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en cuyo preámbulo se dice “que como consecuencia de la profundización en el principio de corresponsabilidad fiscal, el régimen existente se ve afectado de tal manera que se amplían los porcentajes de cesión y las competencias normativas... en los que son objeto de cesión parcial”. Así, en IRPF se produce una elevación del 33% al 50%; en IVA, del 35 al 50%; y del 40 al 58% en Impuestos Especiales. El importe total oscila en ese periodo y por las razones apuntadas, entre 1.700 y 2.020 M/€, con ligera superación del correspondiente al IVA. Coincidiendo con la revisión del sistema de financiación, se están realizando diferentes aportaciones de la doctrina y de las Instituciones analistas. Así, FUNCAS (127) propone ceder hasta el 100% del IRPF, pero a cambio de que la Administración General del Estado recupere el 50% del IVA y el 58% de los II. Especiales, que recaudan los gobiernos territoriales. Y en la misma publicación, el Profesor de Economía Aplicada, ALAÍN CUENCA, apuesta por estudiar medidas que avancen en la corresponsabilidad tributaria de las regiones españolas. Se aboga por crear “una regestación por parte del Gobierno Central de no rescate” y “regular las condiciones de un hipotético rescate...”, como se hizo en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En suma. El estudio equivale a una llamada de atención para “...buscar un equilibrio entre garantizar la competencia política entre regiones y evitar su quiebra...”. La otra alternativa que exponen consiste “en limitar en alguna medida la autonomía de las Comunidades en el gasto...ya que, en otro caso, nuestro sistema de descentralización política se tornaría, financieramente, insostenible”. 2.º) Las transferencias corrientes (Fondos de Suficiencia, Garantía y Convergencia), experimentan una reducción considerable, sobre todo en cuanto al Fondo de Suficiencia que pasa de 1.182 M/€ en 2009 a

126 BOE n.º 173, 17 de julio 2010, Sección I, página 63.040. El alcance y condiciones de la cesión se formula en los artículos 2 y ss. 127 Inicialmente el IRPF comenzó en el 15%, en 1998, porcentaje calificado de “tímido” por la doctrina en orden a lograr efectiva corresponsabilidad fiscal. Posteriormente aumentó al 13%.

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menos de 237,21 M/€ en 2013. El de Garantía, que se inicia en 2011, mantiene una cierta estabilidad en torno a los 600 M/€; y otro tanto ocurre con el de Convergencia, que ofrece una media de 145 M/€. 3.º) Las Transferencias de Capital comprenden el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que igualmente presenta una línea de reducción importante, no obstante el objetivo que marcaba la Constitución (art. 158) al destinarlo a “corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad”, aunque ha experimentado sucesivas modificaciones. La realidad, analizada por especialistas en la materia, es que desde el inicio de la aplicación la Región de Murcia fue inferior a la media en términos per cápita (128). En la actualidad, y en los dos últimos ejercicios, se sitúa en unos 30 M/€, aproximadamente., 4.º) En cuanto a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos, se obtiene una constante que oscila entre los 130 M/€ y 149,63 M/€, que también es fiel reflejo de los efectos de la crisis económica, si bien las previsiones son la de lograr mayor recaudación, aunque ésta no sea determinante para incidir de manera efectiva en la cifra total de recursos. Si resaltan las cantidades que se obtienen por Pasivos Financieros, pero la importancia de este capítulo obliga al estudio separado del mismo.

IV.4. Ingresos por endeudamiento La evolución del proceso autonómico en la Región de Murcia siempre ha estado presidido por la deuda contraída. Así se puso de manifiesto en los trabajos del autor en “Crónicas de la Autonomía”, citada con reiteración en apartados y capítulos anteriores. En 1995 las cifras registradas hacían insostenible la situación financiera. Se modera en ejercicios siguientes en razón a la bondad de las circunstancias económicas haciendo posible el denominado “ahorro interno” y logrando importante nivel de amortización. Pero a partir de la anualidad de 2007 los indicadores cambian con 128 Afirmación que en clave de conclusión realiza el Profesor ALCALÁ AGULLÓ en la obra citada, páginas 168 y ss.

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efecto agresivo para con la Hacienda Regional obligando nuevamente a la necesidad de acudir al endeudamiento. La drástica reducción de ingresos es el hecho que impulsa la situación requiriendo, incluso, medidas excepcionales. El propio Ejecutivo Regional reconoce una deuda viva en 2013, de 3.578 M/€, cuando en 2007 era de 649 M/€, cifra superior a la que se obtiene por ingresos corrientes. Estimación en la que no se incluye la financiación proveniente del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores. De considerarse tal concepto se llegaría a los 4.795 M/€, un 16,9% sobre el PIB. Naturalmente han de pagarse intereses y ya los estimados en la anualidad que se estudia ascienden a 264.889.000 €, que junto a las amortizaciones exigibles (569.988.000 €), alcanzaría la cantidad de 834.877.000 €, equivalente al 24,64% de los ingresos corrientes. El calendario de vencimientos nos llevaría hasta 2025, e incluso al ejercicio 2031. Es decir. Las próximas anualidades requerirán mantener una política de austeridad rigurosa, más aun si se tiene en consideración que los ejercicios 2014 y 2015 agravan la situación al superar la deuda vida de 7.500 M/€, mostrando una tendencia al alza en la primera parte de la anualidad 2016. Los cuadros que siguen, obtenidos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM 2013, acreditan las estimaciones que anteceden: Endeudamiento regional Evolución de la Carga financiera de la Región de Murcia

Amortizaciones Intereses Deuda a Largo Capítulo III Plazo Capítulo IX

Total

% sobre Ingresos corrientes

2007

30.220

28.759

58.979

1,43%

2008

29.780

18.719

48.499

1,20%

2009

38.477

86.083

124.560

2,96%

2010

50.826

89.050

139.876

3,89%

2011

92.281

91.296

183.577

5,39%

2012

170.427

459.901

630.328

17,32%

2013

264.889

569.988

834.877

24,64%

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PESO CARGA FINANCIERA SOBRE INGRESOS CORRIENTES. (2007 - 2013 P)

2007

2008

2009

2010

1,43%

1,20%

2,96%

3,89%

2011

5,39%

2012 P

17,32% 24,64%

2013 P 0%

5% Carga Financiera/IC

10%

15% Intereses/IC

20%

25%

Amortizaciones/IC

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda.- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM 2013.

Vistas las propias estimaciones de la Comunidad para el ejercicio 2014, se mantendrá la misma tendencia, hasta el extremo de situar la deuda viva muy próxima a los seis mil millones de euros. Y en cuanto a la anualidad de 2015 ya quedó señalada la cifra de 6.838 M/€, aunque mediados la anualidad 2015 está próxima a los 7.500 M/€, e incluso podría superar esta cifra en los meses siguientes como se dijo con anterioridad. Ahora bien, de la mayor parte resulta acreedor el propio Estado, hecho que de alguna manera permite aliviar la negativa presión y consecuencias de la situación. Razones las expuestas que hacen difícil cumplir, reducir el déficit público, al menos en los términos que se exige por el Gobierno de la Nación. Sin embargo, hay que ponderar el esfuerzo que se está realizando y el control que se practica. Ambos programas ofrecen una línea descendiente del déficit, aun cuando se necesita más tiempo y una definitiva revisión del sistema de financiación, adecuada para terminar con la innegable discriminación de que la Región ha sido objeto desde que se iniciara la descentralización.

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De cuanto antecede, se percibe que en tiempos de bonanza económica, no hay problemas para atender el gasto superior, ni para emprender la dotación de nuevos equipamientos. En etapas de crisis ocurría lo contrario, es decir, el gasto real conducía a la necesidad de un mayor endeudamiento, tal y como ha ocurrido en los años 2008/2015. Las consecuencias que trascienden consisten, de manera principal, en las que siguen: 1) resulta innegable el hecho de haber conseguido un nivel excelente de equipamientos en cada una de las materias que, además, en el sistema anterior (centralización) no se habría logrado; 2) el gasto real se conforma en base a lo recibido, pero, de manera importante, al incremento que origina la ampliación realizada por decisión política, y que no es asumible por la Administración del Estado; 3) el sistema de financiación de Autonomías arroja un resultado negativo para la de Murcia, lo que insiste en la necesidad de acudir a la deuda; 4) la situación plantea un problema de gestión que debe abordarse urgentemente para reducir gastos sin perder eficiencia; 5) comenzarán a precisarse inversiones en los procesos de reposición de los equipamientos recibidos; y, 6) en todo caso, resulta impracticable la devolución de competencias al Estado habida cuenta la identificación con las mismas y la proximidad, así como su contribución a la conformación de la “conciencia o cultura regional” desarrollada.

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CAPÍTULO V PARLAMENTOS REGIONALES ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

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V.1. Consideraciones generales

na de las principales críticas a la organización territorial de España, a la denominada “España de las Autonomías”, es el reconocimiento de capacidad legislativa a las mismas y, consiguientemente, a la constitución de las respectivas Asambleas o Parlamento Regionales, y ello por consecuencia del dimensionamiento y gasto público que ocasiona, así como por las frecuentes colisiones que se producen con las competencias del Estado. El objetivo de concluir en la valoración del sistema respecto de Murcia, obliga a plantear cuantos aspectos se refieran a dicha Cámara, institucionalmente considerada, así como en el desarrollo de las funciones principales que se le asignan (Legislativas, de Control del Ejecutivo, Presupuestarias y otras). No se pretende realizar un análisis jurídico, del que existe abundante bibliografía (129). Baste ahora citar los artículos 20 y 21 del Estatuto para situar el tema. El primero concreta los órganos institucionales de la Región (Asamblea Regional, Presidente, y el Consejo de Gobierno), en uso de su potestad de auto-organización, que tiene residencia en el artículo 147 de CE, como se recuerda en la obra citada por el Profesor GARRORENA. El artículo 21 es determinante al afirmar: 1) La Asamblea Regional representa al pueblo de la región de Murcia; 2) La Asamblea Regional es inviolable. Los preceptos que siguen concretan competencias y composición, con exposición de procedimientos para designación de Diputados. Los rasgos característicos de dicho proceso son: a) elección por tiempo de cuatro años; b) por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; y, c) el sistema electoral será proporcional. De otra parte, procede consignar otros aspectos fundamentales, como los que siguen: a) el número de miembros no será inferior a cuarenta y cinco, ni superior a cincuenta y cinco (130); b) la división del territorio se formula en 129 Sirva, por todas, la cita de “Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia”, editado por Consejo Jurídico, Asamblea Regional, Consejería de Presidencia, en 2005 y coordinado por los Profesores GARCÍA CANALES, Mariano y GARRORENA MORALES, Ángel. 130 La serie de elecciones celebradas no alteró el número de 45 Diputados, no obstante la demanda de grupos políticos y la existencia de informes que así lo recogían. La tendencia actual no parece que aliente la ampliación. Antes al contrario, se están tomando decisiones que conllevan reducción y pregonando

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cinco circunscripciones electorales, conforme a la Ley Electoral, artículo 13, y son : N.º I, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y Mazarrón; N.º II, Cartagena, La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares; N.º III, Murcia, Alcantarilla, Beniel, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, Cieza, Abarán, Blanca, Archena, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós, Fortuna, Abanilla y Santomera: N.º 4, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, Bullas, Calasparra, Pliego, Mula, Albudeite y Campos del Río; y, N.º 5, Yecla y Jumilla (131); c) los Diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo, únicamente las dietas que se determinen en cada ejercicio, con las excepciones que se reconozcan a la dedicación, y que se expondrán después; d) no están sujetos a mandato imperativo (aunque la disciplina de Partido ha tenido protagonismos principal); e) están sometidos a las incompatibilidades establecidas en el ordenamiento jurídico (Ley Electoral Regional y Orgánica 5/1985, de 19 de junio). Igualmente les afecta la incompatibilidad de Parlamentario Europeo, Viceconsejeros y asimilados; y, f) gozan de inviolabilidad por los votos y opiniones que emiten, y de no ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, salvo en caso de flagrante delito, hasta tanto no decida el TSJ sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio. Las primeras elecciones tienen lugar, a estos fines, en 1983. No obstante hubo un periodo previo de diez meses desde la aprobación del Estatuto en 1982, rigiéndose su actividad por normas provisionales aprobadas por el Pleno en Sesión de 21 de julio siguiente, según información que consta en la página web de la propia Asamblea. En este periodo el número de Diputados era de treinta y ocho, que durante la preautonomía ostentaban carácter representativo. La mayoría absoluta la obtuvo el PSOE y para la Presidencia se eligió a Carlos Collado Mena, y Presidente del Ejecutivo, a Andrés Hernández Ros.

desde el Gobierno de España que se muestra partidario de la revisión. De hecho, el TC ha ratificado la resolución de Castilla-La Mancha que si acordó la reducción. 131 Tema debatido constantemente, tanto en cuanto a la permanencia de las cinco circunscripciones, como la obtención del cinco por ciento de los votos para acceder a la Asamblea. Así ha ocurrido en las sucesivas revisiones del Estatuto, y pretendido en cada convocatoria electoral. Es más. Al iniciarse la campaña para 2015, cuatro Partidos han suscrito Pacto comprometiéndose a revisar la Ley Electoral en el sentido de circunscripción única.

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A partir del momento reseñado, el proceso electoral desarrollado ofreció los siguientes resultados: Legislatura

PSOE

CDS

TOTAL

1983-1987

1987-1991

III

1991-1995

1995-1999

1999-2003

2003-2007

VII

2007-2011

VIII

2011-2015

Otro tanto podría decirse de las Elecciones Generales a la Cámara Alta y Baja, al Senado y Congreso, respectivamente. El primero es definido en el art. 69 de CE como “Cámara de representación territorial”, en cuyo apartado 5 se concreta que “serán cuatro (senadores) los que se elijan por cada provincia, más uno designado por cada Comunidad Autónoma, más otro por cada millón de habitantes de su respectivo territorio”. “La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa, o, en su defecto al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma”. Precepto que ha de ponerse en relación con el art. 23.2 del EARM, con arreglo a lo que establezca la Ley de la Asamblea (Ley 6/1983, 22 de julio). También de acometer su reforma, lo que si se anuncia, decididamente, a partir de los resultados de 2015. La realidad es que la evolución de su composición ha correspondido, a nivel regional, a la obtención mayoritaria del Partido más votado para el Congreso. Se percibe, pues, una cierta coherencia en la representación de la Región en las instituciones del Estado y, en este caso, en el Senado, por su naturaleza territorial. Recordar los acuerdos sobre transferencias de competencias, así como la comparecencia de Presidentes refuerza lo expuesto. Las notas que caracterizan tan amplio periodo pueden concentrarse en las siguientes: 1) el denominador común es el bipartidismo dominante de PSOE y PP; 2) que, en todo caso, el Partido más votado lo fue siempre

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con mayoría absoluta; 3) el tiempo transcurrido se distribuye por igual, prácticamente, si se atiende al periodo preautonómico, es decir, desde mayo de 1979, aunque, en términos de legislatura, predomina el Partido Popular, que cumplirá, en 2015, veinte años continuos en el Gobierno Regional. De lo dicho se infiere que ambos grupos pudieron programar y ejecutar los planes diseñados. No fue así, como más adelante se expondrá, y ello por razones diversas, además de las puramente económicas. De otra parte, debe dejarse constancia de hechos singulares que mucho tuvieron que ver en el proceso de configuración de la autonomía, y que también serán analizados al reseñar los diferentes mandatos. Si ahora se apuntan es para dar fundamento a otras afirmaciones. Los hechos anunciados son: a) la primera legislatura registra una crisis intensa (ya referida en páginas anteriores) del Partido en el poder que origina la dimisión del Presidente (año 1984), Andrés Hernández Ros; b) circunstancia que promueve la elección del sucesor que recae en quien entonces era Presidente de Asamblea Regional, Carlos Collado Mena; y, c) por consecuencia de ello, la designación/elección de Manuel Tera Bueno, que lo fue hasta la terminación del mandato. Así, pues, se está en un escenario que si no origina inestabilidad política, si, al menos, preocupación de sus protagonistas e inquietud de la sociedad. La siguiente legislatura sitúa a Miguel Navarro Molina en la Presidencia del Parlamento Regional (1987), manteniéndose Collado Mena en el liderazgo del Ejecutivo. Ahora bien. El primero formaliza su dimisión para presentarse como candidato a la Alcaldía de Lorca, sustituyéndole José Plana Plana. Pero el segundo, Collado Mena, también por presión ejercida por su propio partido, y por consecuencia de imputaciones que no resultaron veraces, también hubo de dimitir, sustituyéndole María Antonia Martínez García, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a dicho cargo. La convocatoria de elecciones 1995-1999 supuso el relevo del PSOE por el Partido Popular. Desde entonces se han mantenido Francisco Celdrán Vidal y Ramón Luis Valcárcel Siso, en las Presidencias de Asamblea y Comunidad, respectivamente. Sólo debe consignarse que este último presentó, voluntariamente, la dimisión para concurrir a la convocatoria de

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elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el día 24 mayo 2014. Le sucede, por el tiempo que resta el que fuera Vicepresidente Primero de la Asamblea, Alberto Garre.

V.2. Los caracteres de los Parlamentos Autonómicos. Especial consideración de Murcia El sistema representativo sancionado por la Constitución de 1978 conlleva la creación de los Parlamentos en el ámbito de cada Autonomía. Antes de entrar en el estudio de las funciones que tienen asignadas, es procedente adentrarse en la consideración de los mismos, sobre todo por las críticas recibidas tanto a la forma, como al coste económico que representan. El tiempo transcurrido pone sobre la mesa el amplio debate suscitado en torno a su procedencia y si las acciones desarrolladas han tenido o no el éxito que se esperaba, o el valor que hoy ofrecen desde una perspectiva técnica pero, sobre todo, para la opinión pública. Es decir; el tema de la rentabilidad y el de las modificaciones que, en su caso, precisarían. Cuestión que no obstante su complejidad, requiere un alto nivel de atención y del contraste de pareceres si de verdad se pretende facilitar conclusiones. Ahora bien. La diversidad entre las Autonomías exige también formular criterios distintos. En la Región de Murcia se carecía de experiencia parlamentaria. Es más. Era discutible que se reconociera la existencia de “conciencia regional”. Por tanto, se asumía una esencial tarea en la que “había que formarse mientras se ejercía”, lo que no sólo presentaba dificultades funcionales, sino que requería preparación técnico-jurídica, cultural e histórica, perfil que inicialmente no se alcanzaba en la primera de las convocatorias. De ahí el esfuerzo que se requería y una de las razones importantes para la valoración positiva de la institución. Obsérvese que entre la aprobación del Estatuto y las primeras elecciones, se acometen las normas de constitución y la celebración de la Sesión de investidura del primer Presidente; se debate y vota el Proyecto de Ley de Gobierno y Administración Pública; y se redacta el primer Reglamento que había de regular la actividad de la Asamblea. La excepción sólo la representaba las sesiones para aprobación de Presupuestos Generales para las anualidades de 1982 y 1983.

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Situación la descrita que no era sólo la de Murcia, sino que afectaba a todas las Comunidades uniprovinciales y también, de alguna manera, a todas las llamadas históricas. En el proceso de investigación seguido llama la atención un documento encontrado en los Archivos de la Asamblea que representa la inquietud colectiva por el adecuado desarrollo de la institución. Data de enero de 1983, o sea, anterior a las elecciones generales de mayo. Su contenido lleva por título “I Convocatoria Nacional de Parlamentos Regionales”, celebrado en la ciudad de Cartagena, sede de la Cámara legislativa. Se organizan y desarrollan con un carácter predominantemente práctico, aunque no se consignan conclusiones, limitándose a sugerencias, opiniones y posturas distintas ante una misma situación. No obstante se remarca la cordialidad que se manifiesta entre los asistentes y la intención de no dejarlas (las jornadas) como fenómeno aislado, sino que se trataba del primer paso hacia nuevas convocatorias (132). Y como cuestión esencial reflejan la asistencia de la práctica totalidad de representaciones de las Autonomías constituidas, siendo presididas por quien lo era del Senado, José Federico de Carvajal. El desarrollo de tales jornadas se diseña para el planteamiento y debate de aquellas cuestiones que más preocupan en aquellas fechas. La primera Ponencia versa sobre “Organización y funcionamiento de los Parlamentos Regionales” (133). Los aspectos que ahora interesan se contraen en determinar, en cuanto a organización se refiere, los órganos parlamentarios que enumera: la Mesa, la Junta de Portavoces, las Comisiones de diversa índole, el Pleno y la Diputación Permanente, sobre los que existe unanimidad completa y total correspondencia. De otra parte, se concretan las Notas características de los Parlamentos, resaltando las que siguen: 1) la tendencia hacia la racionalización en el trabajo; 2) un excesivo mimetismo, al menos en lo que se desprende de los Reglamentos aprobados; 3) un parlamentarismo de partidos políticos y grupos, con poca cabida para iniciativas estrictamente individuales; 4) un parlamentarismo cuyos agen132 Prólogo suscrito por Carlos Collado Mena. 133 Fue Ponente PÉREZ SERRANO, Nicolás, Letrado de las Cortes Generales. En la amplia exposición que realiza pasa del análisis de “representación nacional” a la consideración de los medios humanos y materiales (especialmente para el desarrollo de servicios técnicos, documentación, y de asesoramiento); del procedimiento común; etc. Aspecto que suscitan en el debate otros temes de no menor interés, como los de financiación, naturaleza de los Parlamentos Autónomos, fiscalización jurisdiccional de los actos, derechos de los Diputados individuales, etc.

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PARLAME NT OS RE GIONALE S. E SPE CIAL CONSIDE R A C I ÓN D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L D E M U R C I A

tes son partidos políticos que tienen implantación a nivel nacional, y con escasa presencia de candidatos independientes; 5) las vías de control sobre el Ejecutivo regional son las tradicionales, con evidente influencia del hecho de no coincidir, en el ámbito nacional, con Partido del mismo signo en el Gobierno; 6) el predominio real del Ejecutivo (por la suficiente mayoría en las Cámaras); 7) la complejidad adicional de organización que supone y supondrá en el futuro el bilingüismo; 8) la complejidad añadida que puede representar la elección de la sede y la instalación en ella de servicios locales parlamentarios; y, 9) la difícil consecución de una dotación presupuestaria suficiente y digna. Con la perspectiva que el tiempo proporciona, la síntesis que antecede supone un anticipo de la realidad y resultaría válida, con algunas matizaciones, en la actualidad. Lógica consecuencia de las características expuestas, es la determinación de los retos a los que, según el autor, se enfrentaban los Parlamentos Regionales: a) la lucha por el mantenimiento de la representación (no al mandato imperativo -instrucciones de partido o disciplina de voto-, como fórmula para combatir el absentismo, y el acercamiento al elector de manera que se sienta representado); b) la lucha contra el predominio del Ejecutivo; y c) la lucha contra el carácter excesivamente analítico, excesivamente pormenorizado de la legislación estatal. La segunda Ponencia tenía por objeto el control de la legalidad de la legislación autonómica (134), cuyo análisis se pospone para referirlo exclusivamente a la Región de Murcia y que se extenderá a la figura del Decreto-Ley, recientemente incorporada al Estatuto. La tercera Ponencia estaba dedicada al estudio de los “Reglamentos de los Parlamentos Regionales” (135), normativa que se hace imprescindible desde el principio por razones de regulación mínima de procesos y porque por su mediación se hace defensa de las intromisiones del Ejecutivo. Las funciones que conforme al Estatuto se les reconoce obliga a la apro-

134 Ponente: PIZARRO MORENO, Manuel, Jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Administración Territorial. 135 Ponente: CORVO CAPARRÓS, Luis, Secretario General de Asamblea Regional Murcia.

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L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

bación de normas que indiquen como cumplir con tales competencias, o como abordar la reforma del Estatuto, e incluso las relaciones de Parlamento-Gobierno, principalmente en las tareas de control y las de impulso. Por último, la cuarta Ponencia centró toda la atención en considerar tema tan esencial como representa el de “Legislación Estatal y Legislación Autonómica: problemas de articulación” (136), pero con referencia al grave problema de “la recepción y sustitución del derecho del Estado vigente por el derecho autonómico en aquellas partes, parcelas o materias en las que las Comunidades habían asumido competencias que antes eran del Estado” y, por su consecuencia, el “problema central de articulación de competencias legislativas cuando éstas se reparten según la técnica de atribuir al Estado la competencias sobre las bases y conferir a las Comunidades el denominado desarrollo legislativo”. Cuanto antecede se decía, o intuía, hace más de treinta años, y permite ponderar el proceso seguido y el mantenimiento de muchos de los problemas señalados o de los retos entonces definidos. En todo caso no puede ignorarse la trascendencia de aquellos estudios cuando las Autonomías, particularmente las uniprovinciales y en su mayoría, datan de 1982 y apenas se han enfrentado con el reto de contar con Asamblea Regional. Un esfuerzo merecedor de reconocimiento, sobre todo cuando se examine la obra legislativa y otras actividades. No obstante la amplia referencia a las “I JORNADAS...”, procede indicar que, efectivamente, supuso el inicio de sucesivas convocatorias, aunque no se hiciera con el mismo carácter, ni habiendo formalizado una organización-asociación de Presidentes de Parlamentos Regionales que periódicamente celebran reunión en Autonomías diferentes y plantean los problemas de actualidad en cada circunstancia. La fórmula adoptada es la de Confederación de Presidentes que se denomina, abreviadamente, “COPREPA”, siendo un foro institucional de encuentro de los mismos (137). La pertenencia es voluntaria y su función posibilitar “el cambio de expe-

136 Ponente: MUÑOZ MACHADO, Santiago, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. 137 www.coprepa.es

152

PARLAME NT OS RE GIONALE S. E SPE CIAL CONSIDE R A C I ÓN D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L D E M U R C I A

riencias e información sobre el funcionamiento de los diferentes Parlamentos”. Asimismo se ocupa del análisis de los problemas, retos y oportunidades a los que se enfrentan los sistemas parlamentarios en general, y los regionales en particular, con especial referencia al proceso de integración europea. Registradas aparecen las reuniones celebradas entre 1989 y 1996 (Navarra, Asturias, Baleares, Valencia y Extremadura). A partir de entonces, que es cuando se constituye la Confederación, las convocatorias se suceden en las Cortes de Aragón (1997), Parlamentos de Canarias (1998), Andalucía (1999), Galicia (2000), País Vasco (2001), La Rioja (2002), Islas Baleares (2003).... En Murcia volvió a celebrarse en 2009, y después fueron Extremadura, Pamplona, Baleares y el propio Senado. Conforme se desarrollan los procesos en cada Autonomía y se obtiene conocimiento y experiencia, los contenidos de los debates y las declaraciones institucionales de la Confederación traspasan, aunque sin abandonar las áreas de organización y funcionamiento de las Cámaras, para centrar atención en otros problemas. Por ejemplo, “acercar los Parlamentos a la ciudadanía que representan” por la sensación de que “pasaban un poco desapercibidos de cara a la sociedad”; como facilitar la participación ciudadana; mejorar la calidad democrática y los mecanismos de transparencia del poder; redoblar esfuerzos para ser la voz de los ciudadanos en la crisis actual; los planteamientos que habrían de formalizarse ante CALRE (138) para lograr unir fuerzas con el Comité de las Regiones; denunciar la problemática que requiere de soluciones urgentes (paro juvenil, inmigración, etc.); la defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, y del Estado de las Autonomía, ambos consagrados por la CE como verdaderos artífices del progreso y transformación social, y de la garantía de las libertades públicas; seguir trabajando en la protección de los derechos de bienestar de los ciudadanos. Es decir. Los mensajes que se emiten desde la Conferencia de Presidentes descienden a la realidad sociológica y se muestran decididos a la asunción de actividades y consideración de objetivos que sean eficaces para la ciudadanía, pero que por éstas se perciba claramente y permita una estimación más ajustada del trabajo que los Parlamentos llevan a efecto. Esta inquietud refleja el hecho de ser las propias Cámaras quienes tratan de superar o reducir el distanciamiento con la sociedad. 138 Asamblea de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE). Su importancia se expresaba así: “Somos 74 regiones con poder legislativo en la Unión Europea, y tenemos 220 millones de europeos dentro de ésta regiones”.

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L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

El problema se proyecta en ambas direcciones y unos u otros han buscado soluciones, aunque sin encontrar la fórmula adecuada. Ahora bien. El largo camino recorrido desde su formal constitución permite afirmar la consolidación de los Parlamentos y, también, su eficaz contribución a la estabilidad política, como podrá comprobarse en otros apartados de este trabajo y al concretar el balance de la Autonomía de Murcia. El planteamiento que antecede refleja la amplitud del tema sobre el que, por otra parte, existe rica bibliografía. Concretamente en el ámbito regional podría citarse las “Jornadas Organizadas por la Asamblea Regional”, que tuvieron lugar en abril de 1988, y, por supuesto, los comentarios al Estatuto de Autonomía, del Consejo Jurídico (139). En ambos textos intervienen prestigiosos estudiosos y analistas jurídicos, a los que hay que remitirse, habida cuenta el fin último de la presente investigación.

V.3. Del coste que conlleva la Asamblea Regional Con carácter previo a otras necesarias consideraciones sobre el Parlamento Regional, hay que adentrarse en el análisis del gasto público que representa y su relación con los resultados de los servicios que presta. Está generalizada la idea del sobredimensionamiento de la organización aludiendo al excesivo número de parlamentarios, e incluso a lo innecesario de los mismos, apuntándose la procedencia de suprimirlos o de reintegrar competencias al Gobierno Central. Una sensación popular que responde más a la falta de información suficiente como se apuntaba en el apartado anterior, que a juicio o criterios objetivos. La pretensión es la de acreditar, de forma indubitada, que el gasto que representa no puede ser determinante, por sí solo, de la supresión de los mismos. El tema inicial que se suscita es el de la autonomía financiera de la Asamblea Regional, reflexión obligada si se pone en relación con las funciones básicas que desarrolla, es decir, con el control del Ejecutivo, impulsar las acciones del gobierno y, desde luego, la labor legislativa. Lo que importa es concretar la efectiva independencia de la Cámara, hecho que parte de

139 GARRORENA MORALES, Angel, Editorial Tecno, S.A., 1.990

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la doctrina cuestiona al someterse la financiación a los ingresos que reciba del Gobierno Regional. Con esa premisa –aparte la situación de mantener mayoría absoluta el mismo Partido– difícilmente pueden ejercerse las funciones mencionadas, al menos con inicial valoración. En el ámbito regional, el art. 27.1 del Estatuto remarca que “la Asamblea Regional, en el ejercicio de su autonomía, establece su propio Reglamento, aprueba sus presupuestos y regula el estatuto de sus miembros y el régimen de su personal”. Como acertadamente se ha señalado en el precepto indicado, se recogen tres manifestaciones típicas: autonomía financiera y presupuestaria, autonomía administrativa y autonomía normativa (140). Debe singularizarse la interpretación de la primera de las citadas en el sentido de que comprende las tareas de “elaboración, aprobación y ejecución” (141), o sea, planifica o programa el gasto y, en tal sentido, mantiene la reiterada independencia. Sin embargo, no resulta procedente considerar la autonomía financiera en cuanto a ingresos se refiere. Su fuente se encuentra en los ingresos comunes de la Comunidad. Depende, pues, de las transferencias de recursos que se le realicen en cada anualidad, dependiendo, por consiguiente, de las circunstancias socioeconómicas que en cada momento concurran. Interpretación la que antecede a la que se tiene acceso a través del estudio del Reglamento de la Asamblea Regional, aprobado últimamente en Sesión del Pleno de 13 de junio 2002 (142), artículos 79, ss. y concordantes. El planteamiento que ahora interesa es conocer el contenido de Presupuestos, tanto sus cifras totales, como el desglose según estructura, lo que permitirá saber costes de personal, de funcionamiento y, lo más importante a estos efectos, el gasto medio por parlamentario. Sólo desde

140 “Comentarios al Estatuto de Autonomía....” del Consejo Jurídico, obra reiteradamente citada con anterioridad. La referencia específica es el artículo 27.1 del Estatuto, del que es autor el Profesor GARCÍA COSTA, Francisco M., página 1.099 y ss. 141 Aun cuando existe coincidencia doctrinal, se cita el trabajo del Letrado de las Cortes Generales y Profesor de Derecho Financiero y Tributario, MONTEJO VELILLA, Salvador, incluido (páginas 360 y ss.) en obra antes citada de “El Parlamento y sus Transformaciones Actuales”, Jornadas organizadas por Asamblea Regional de Murcia. 142 BOARM n.º 127, de la misma fecha y BORM n.º 155, de 6 de junio 2002.

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L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

tan elemental observación y análisis podrá llegarse a la ponderación objetiva de las obligaciones financieras que origina. Exposición que se inicia con la serie estadística de los Presupuestos de la Asamblea, y lo que éstos representan en los generales de la Comunidad: en Euros

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Asamblea Regional

Total

% Asamblea / total

9.136.779

4.509.294.901

0,20

-5,19

0,74

2013

9.637.326

4.476.265.764

0,22

-24,54

-7,44

2012

12.771.171

4.836.081.364

0,26

-5,53

-1,70

2011

13.518.087

4.919.848.322

0,27

-6,04

-2,91 -1,35

2010

14.386.563

5.067.293.622

0,28

6,00

2009

13.572.575

5.136.746.158

0,26

7,82

8,51

2008

12.588.576

4.733.776.762

0,27

7,50

13,18

2007

11.710.284

4.182.594.834

0,28

11,31

14,46

2006

10.520.648

3.654.315.051

0,29

5,38

10,96

2005

9.983.829

3.293.442.115

0,30

3,31

10,76

2004

9.663.865

2.973.608.995

0,32

6,14

10,48

2003

9.105.249

2.691.606.665

0,34

-3,48

58,71

2002

9.433.401

1.695.936.449

0,56

11,02

4,47

2001

8.496.857

1.623.350.865

0,52

5,80

4,48

2000

8.030.970

1.553.701.579

0,52

11,74

72,73

1999

7.187.191

899.483.520

0,80

22,38

6,00

1998

5.873.006

848.567.650

0,69

14,78

10,69

1997

5.116.963

766.591.913

0,67

2,67

31,00

1996

4.984.031

585.198.280

0,85

-1,33

17,60

1995

5.051.032

497.630.780

1,02

2,97

10,93

1994

4.905.581

448.589.851

1,09

4,42

2,27

1993

4.697.931

438.628.845

1,07

-3,88

3,00

1992

4.887.731

425.840.852

1,15

21,69

6,10

1991

4.016.564

401.375.302

1,00

12,02

7,82

1990

3.585.638

372.248.675

0,96

20,37

21,54

1989

2.978.916

306.266.411

0,97

-5,67

30,98

1988

3.158.054

233.830.268

1,35

34,04

20,25

1987

2.355.967

194.447.622

1,21

51,35

4,63

1986

1.556.621

185.841.423

0,84

12,77

30,06

1985

1.380.375

142.885.567

0,97

13,32

39,02

1984

1.218.101

102.779.969

1,19

31,11

68,31

1983

929.093

61.065.462

1,52

-45,91

328,87

1982

1.717.657

14.238.620

12,06

Fuente: Leyes de Presupuestos de la CARM. Distintos años

156

Var (%) Asamblea Var (%) Presup. Total

2014

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En su conjunto sobresalen algunos indicadores de interés, como los que seguidamente se señalan: 1) el peso de la financiación es más elevado al iniciarse el proceso autonómico (hasta 1997 excede del 1%), salvo en las anualidades de 1985/1986, 1990 y 1996, aunque no difiere sustancialmente; 2) se mantiene entre el 0,67 y 0,2%, siendo más numerosos aquellos ejercicios en que no se rebasa el 0,3%, pese al incremento importante que registran los de la Comunidad; 3) en tiempos de crisis los criterios de austeridad se aplican más acusadamente a la Cámara, y con diferencia de varios puntos porcentuales; y, 4) el importe total está en los niveles de 2003 (9.136.779 €). Tales datos posibilita la consideración de que el gasto que conlleva institución tan importante no significa condicionante mayor para decidir, en su caso, su mantenimiento, especialmente si se atiende a la rentabilidad sociopolítica que procura y que da sentido a la Autonomía. Indicadores los citados que adquieren mayor relevancia al analizar la estructura del gasto por capítulos, resultando la distribución desde la anualidad de 2005, que refleja el cuadro al efecto elaborado:

157

158

5.158.293 5.401.406 6.018.475 6.410.386 6.596.735 6.616.536 6.199.130 6.169.130 6.065.224 5.898.814

2.224.486 2.268.974 2.546.019 2.552.344 2.620.528 2.159.467 2.116.277 1.719.096 1.364.017 1.300.144

Cap. II Bienes Corrientes

Cap. III Intereses

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.951.744 1.988.570 2.167.186 2.627.671 2.727.191 2.677.029 2.403.061 2.229.572 1.874.081 1.834.173

9.334.523 9.658.950 10.731.680 11.590.401 11.944.454 11.453.032 10.718.468 10.117.798 9.323.322 9.033.131

Cap. IV Operaciones Transferenc. Corrientes Corrientes

0 821.088 937.182 955.925 984.603 1.009.013 988.832 948.832 269.357 76.001

Cap. VI Inversiones reales

609.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.944.015 10.480.038 11.668.862 12.546.326 12.929.057 12.422.045 11.707.300 11.066.630 9.592.679 9.109.132

Cap. VII Operaciones Transferenc. No Capital financieras

Fuente: Presupuestos Generales Comunidad Autónoma, Asamblea Regional y elaboración propia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Años

Cap. I Personal

SECCION 01. ASAMBLEA REGIONAL Estado de Gastos por Servicios y Capítulos

39.814 40.610 44.422 42.250 43.518 43.158 42.647 42.647 42.647 27.647

Cap. VIII Variación Activos Financieros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cap. IX Variaciones Pasivos Financieros

9.983.829 10.520.648 11.710.284 12.588.576 12.972.575 12.505.563 11.749.947 11.109.277 9.635.326 9.136.779

Total

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

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El análisis del cuadro que antecede proporciona datos de interés a efectos de valoración de la institución desde la perspectiva del gasto que comporta. Podrían resumirse en los que siguen: a) Como no podía ser de otra manera habida cuenta las funciones que la Asamblea tiene asignadas, se está ante presupuestos de servicios. Las Operaciones Corrientes (Capítulos I a IV), representan el 93,5% en las primeras anualidades de las recogidas, porcentaje que crece cuando se aplican medidas de austeridad que llega, incluso, al 98,8%; b) lógicamente la partida más importante es la correspondiente a personal que supone entre el 54,1% y el 64,5% en el ejercicio 2014. Gasto éste que siguió la tendencia de crecimiento hasta la anualidad de 2009, pero que después se significa por ser de las que más padecen los llamados recortes; c) en igual sentido se proyecta la evolución de los Bienes Corrientes y Servicios (un 22,2 % inicial y un 14,2%, según anualidad), lo que supone un importante ajuste sin que se perciba que los servicios se resientan, al menos desde el exterior; d) las Inversiones Reales están muy limitadas y experimentan, pese a su escasa entidad, un descenso brusco (del 7,80% que representó en 2006, hasta el 2,8% de 2013, y el 0,83% de 2014). Son los principales signos de identidad que los Presupuestas de la Asamblea ofrecen en la serie estadística expuesta. Sin perjuicio de volver sobre los indicadores que anteceden, aunque con análisis comparativo con el resto de Parlamentos Regionales, procede abundar en el desglose del Capítulo I (Personal) y de, en su caso, de los que guarden relación con el carácter del gasto. De manera más directa son las retribuciones las que interesa consignar. En el año 2014 el citado Capítulo ofrece unas previsiones presupuestarias equivalentes a la cantidad de 5.898.814 €, que conforman las siguientes partidas principales: Altos cargos

2.181.965 €

Funcionarios

1.908.591 €

Cuotas y gastos sociales

1.199.399 €

Es decir. Lo que perciben los Diputados Provinciales (que son 45), es la cifra consignada con la denominación Altos Cargos, lo que supondría

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L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

un gasto medio de 48.488 €/año (143). Naturalmente sin computar gastos costes sociales (artículo 15.1 del Reglamento). De otra parte, debe consignarse la obligatoriedad de los Diputados de presentar declaración de bienes al tomar posesión. Incluso durante la última legislatura se reiteró la necesidad de cumplir con tal formalidad a los efectos de ejercer mayor control de las actividades y recursos de los políticos (artículos 10, 1 y 2; 19, 20, 21 y 22 del Reglamento). Igualmente es necesario anotar las cantidades que se entregan a los Grupos Parlamentarios según el número de representantes obtenidos en las consultas electorales. Figura en el Capítulo de Transferencia Corrientes por importe total de 1.650.206 €, según el siguiente detalle principal: Partido Popular, 1.054.860 €/año; Socialista, 429.743 €; y Mixto, 145.595 € (144). En términos generales, salvo excepción, la valoración inicial que permiten las cifras señaladas no es la de un sobredimensionamiento de la institución, ni exceso en el sensible concepto de las retribuciones de “políticos”, atendido, igualmente, el nivel formativo que ofrecen.

V.4. Estudio comparativo del Presupuesto y estructura de los Parlamentos Regionales existente en España Es coordenada básica el conocimiento del presupuesto que ofrecen los diferentes Parlamentos Regionales creados al amparo del proceso autonómico, y ello no obstante las importantes diferencias que entre unos y otros existen (competencias, número de Diputados, sistema retributivo y cuantos indicadores muestren una elocuencia expresiva porque también integran la cuenta general los pagos a personal de confianza, asesores y servicio de comunicación de los Grupos, donde los hubiera. 143 Las retribuciones las marca la propia Asamblea conforme a los artículos 14 y 15 del Reglamento. Las vigentes al día de hoy son: Diputado (con plena dedicación), 46.804 €/año; Presidente, 67.662,54 €/ año; Vicepresidentes y Portavoces, 61.054,99 €/año; Secretarios y Portavoces Adjuntos, 56.426,42 €/ año. Los que no ejerzan en régimen de dedicación exclusiva reciben una dieta de 147 € por asistencia a sesión a la que fuere convocado. Si se toma la totalidad del Presupuesto, como hacen algunos estudios, la media del coste por Diputado ascendería a 203.039 €/año, aunque esta medida parece distorsionar una lectura justa. 144 Conforme al artículo 38 del Reglamento de la Asamblea Regional.

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PARLAME NT OS RE GIONALE S. E SPE CIAL CONSIDE R A C I ÓN D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L D E M U R C I A

Las cifras absolutas del coste de los Parlamentos autonómicos son muy superiores a las que requieren Congreso y Senado, hecho que impulsa, aún más en tiempos de crisis, la sensibilidad ciudadana. En el conjunto, integran a más de 1.200 Diputados, número que excede también de la totalidad de las dos Cámaras existentes a nivel nacional. Información que trasciende a la opinión pública y provoca, inicialmente, escándalo, sobre todo cuando no va precedida o seguida de exposición en la que se concrete actividad desarrollada, no sólo de la obra legislativa, sino como impulsores que son de las acciones del Gobierno correspondiente, ni tampoco las de control, amén de servir de cauce para otras instancias. Por ejemplo, en Murcia existía una Comisión Especial que atendía las solicitudes de los ciudadanos y las tramitaba a los órganos de las Administraciones competentes, e incluso ante el Defensor del Pueblo (a nivel nacional). Con la creación de esta figura en el ámbito regional, en 2005, se provoca la eliminación de aquella Comisión, que se recupera tras la decisión de supresión de la figura del Defensor del Pueblo a partir de 2014. Desglosando los datos disponibles, pueden ofrecerse los siguientes indicadores sobre composición y coste de los diecisiete Parlamentos Regionales, más las Asambleas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla:

V.4.1. Población, número de Diputados y número por cada cien mil habitantes: El cuadro que sigue marcará claras diferencias entre las Autonomías en que se organiza el territorio nacional, e ilustrativo acerca de los criterios mantenidos a la hora de fijar el número de Diputados:

Población Total España

N.º Diputados

N.º Diputados por 100.000/h

46.725.164

1.268

3,68%

Andalucía

8.392.635

109

1,29%

Aragón

1.324.802

5,05%

Asturias, Principado

1.061.256

4,24%

Baleares, Islas

1.101.794

5,35%

Canarias

2.101.907

2,85%

588.568

6,62%

Cantabria

161

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

Castilla y León

2.492.695

3,36%

Castilla La Mancha

2.076.192

2,36%

Cataluña

7.512.982

135

1,79%

Comunidad Valenciana

4.995.216

1,99%

Extremadura

1.097.743

5,92%

Galicia

2.747.559

2,72%

Madrid, Comunidad de

6.448.272

129

2,00%

Murcia, Región de

1.466.181

3,06%

640.356

7,80%

Navarra,Comunidad Foral País Vasco La Rioja

2.188.849

3,42

318.744

10,35

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia.

Otras informaciones estadísticas diferencian el número de Diputados por Circunscripciones. De aplicarse la fórmula a la Región de Murcia se dará el resultado que sigue, que tiene la característica de no haber sufrido alteración sustancial desde 1983, sólo dos escaños de diferencia.

Circunscripciones Región de Murcia

Habitantes

N.º Diputados

Lorca, Aguilas, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Aledo y Mazarrón

232.447

Cartagena, La Unión, Fuene Alamo, San Javier, Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares

351.911

III

Murcia, Alcantarilla, Beniel, Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí, Cieza, Abarán, Blanca, Archena, Ricote, Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós, Fortuna, Abanilla y Santomera

717.854

Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Moratalla, Bullas, Pliego, Mula, Albudeite y Campos del Río

99.107

Yecla y Jumilla

El reparto de escaños que antecede es significativo de los perjudiciales efectos que causa en los grupos minoritarios, justificando las continuas reivindicaciones de los mismos, hecho del que ya se dejó constancia en apartados anteriores. Al iniciarse la IX Legislatura (2015) ya se aprueba y promulga la reforma de la Ley Electoral. A partir de la próxima convocatoria la única circunscripción será la provincia.

162

PARLAME NT OS RE GIONALE S. E SPE CIAL CONSIDE R A C I ÓN D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L D E M U R C I A

Del análisis del cuadro interregional se obtienen consideraciones importantes, tales como: a) que la Región de Murcia no destaca como sobredimensionada si se atiende al factor población. De aquí que en las circunstancias actuales no resulte recomendable aumentar el número de Diputados hasta 55, tal y como prevé el Estatuto de Autonomía; más aún cuando Castilla-La Mancha, que tampoco excedía del conjunto, adoptó el acuerdo de reducir su número.; b) la Región no llega a la media española de Diputados por cada 100.000 habitantes; c) lo expuesto ganará en fortaleza cuando el elemento representación se ponga en relación con el coste de los Parlamentos Regionales. Anticípese ahora el Presupuesto per cápita, y en el escenario obtenido resulta inferior a la media española (6,23€ frente al 9,99€ del total), lo que equivale a señalar que la política desarrollada se ha llevado a efecto con sentido “cuidadoso”. Es cuestión importante porque marca la tendencia restrictiva de los últimos años. Las referencias encontradas, aparte la constante en los respectivos presupuestos, ha sido a través de los Medios de Comunicación Social. Así, en octubre de 2012, se informa del coste/habitante, y la Autonomía de Murcia se significa en ser también de las más bajas (6,98€ y 7,85% que daba en 2011), aunque superando a Madrid y Castilla-La Mancha.

V.4.2. Estructura económica de Presupuestos Parlamentarios 2014 La única manera de poder valorar costes de esta Sección es descender al conocimiento de la estructura económica, pese a las dificultades encontradas para configurar esta perspectiva. A partir de los datos del INE y de los Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas para 2014, se obtiene el siguiente resultado:

163

6.614.689

Navarra, C. Foral de

1.979.938

891.000

9.734.274

2.421.966

1.300.144

4.916.400

5.927.866

1.700.000

5.794.250

10.404.284

2.998.000

4.555.303

1.205.130

4.959.431

2.214.519

1.827.000

5.753.273

8.662.327

II Gastos en Bienes y Servicios

150.000

1.000

1.202

III Gastos Financieros

1.264.500

4.920.256

3.031.737

1.834.173

3.257.000

2.626.186

1.801.000

4.059.530

15.958.100

2.033.000

4.551.752

2.033.069

955.000

2.947.000

3.530.916

10.698.731

IV Transferencias Corrientes

162.500

952.800

518.210

76.001

236.900

252.200

711.755

373.400

1.262.239

50.000

298.707

111.500

612.399

179.002

161.000

147.125

2.087.873

VI Inversiones Reales

4.000

VII Transferencias de Capital

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE y de los Presupuestos Generales de las CC.AA. para 2014.

Promedio CC.AA.

Rioja, La

16.783.043

5.898.814

Murcia, Región de

País Vasco.

18.009.600

9.145.373

Galicia

Madrid, Comunidad de

9.686.245

Extremadura

16.901.660

3.614.000

Castilla La Mancha

Comunidad Valenciana

7.019.500

Castilla y León

29.257.335

3.572.700

Cantabria

Cataluña

18.898.322

Canarias

8.856.000

10.169.658

Asturias, Principado

Baleares, Islas

9.414.659

21.191.161

Aragón

Andalucía

I Gastos de Personal

40.739

57.795

27.647

135.000

70.300

1.000

24.000

18.000

23.000

60.000

20.736

50.000

150.000

VIII Activos Financieros

89.449

IX Pasivos Financieros

PRESUPUESTOS PARLAMENTOS REGIONALES 2014 En euros

4.338.727

32.390.373

12.733.846

9.136.779

26.554.900

18.025.925

13.900.000

27.302.840

56.899.958

8.719.000

16.485.262

6.922.399

24.490.888

13.518.185

13.841.000

18.847.175

42.790.092

Total Presupuesto

9,99

13,61

14,80

19,89

6,23

4,12

6,56

12,66

5,47

7,57

4,20

6,61

11,76

11,65

12,27

13,04

14,23

5,10

Presupuesto per cápita (euros)

136,3

148,2

199,1

62,4

41,2

65,7

126,8

54,7

75,8

42,1

66,2

117,8

116,7

122,9

130,6

142,5

51,1

Indices (España = 100)

PARLAME NT OS RE GIONALE S. E SPE CIAL CONSIDE R A C I ÓN D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L D E M U R C I A

Un análisis detenido permite concretar las notas principales que les caracterizan. En términos generales hay que insistir en el hecho de que representan, de forma más acusada que los Presupuestos Autonómicos, unos presupuestos de servicios, lo que resulta plenamente coherente con las funciones asignada a los mismos. De aquí que el Capítulo de Personal represente el 56,79% del total, cifrado en 346.897.349 €; el de Bienes y Servicios, el 21,45%; y el Transferencias Corrientes, el 18,00%. Entre los tres, el 96,15%. El resto supone pequeñas partidas, y aunque el gasto en inversiones supera los ocho millones de euros responde, sobre todo, a dotación de equipamientos. La Asamblea Regional de Murcia ofrece un perfil más acusado. Así, los costes de personal se sitúan en el 64,56%; los de Bienes Corrientes y Servicios, en el 14,22%; y las Transferencias, en el 20,07%; las inversiones se detienen en el 0,83%, y los Activos y Pasivos Financieros, tienen escasa entidad. Lo que si se observa es que el último trienio, la cifra total de gasto de los Parlamentos Regionales se alejan más de los 350 millones/€ que casi se alcanzaban en el ejercicio 2012. Murcia se sitúa en cuarto lugar por debajo en el concierto de Autonomías. Sólo supera a las de Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja. A partir de ahí son grandes las diferencias con el resto, incluso las uniprovinciales, circunstancia que unida a su incidencia en los Presupuestos Generales de la Comunidad, parece que evita la descalificación como factor determinante de la grave situación de ésta. Y en cuanto al coste/Diputado, hay que remitirse a lo ya expuesto en apartados anteriores, aun cuando procede, a efectos comparativos, informar del indicador por Autonomía y tomado como base el total Presupuesto, es decir, el gasto que la institución realiza. El cuadro que sigue expresa con claridad el indicador y las importantes diferencias entre Parlamentos.

165

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

Autonomía

Presupuesto

Coste/Diputado

Andalucía

42.790.092

392.569

Aragón

18.847.175

281.301

Asturias, Principado

13.841.000

307.577

Baleares, Islas

13.518.185

229.121

Canarias

24.490.888

408.181

Cantabria

6.922.399

177.497

16.485.262

196.253

8.719.000

177.938

Cataluña

56.899.958

421.481

Comunidad Valenciana

27.302.840

275.786

Extremadura

13.900.000

213.846

Galicia

18.025.925

240.345

Madrid, Comunidad

26.554.900

265.550

9.136.779

203.039

Navarro, Comunidad Foral

12.733.846

254.676

País Vasco

32.390.473

431.871

4.338.727

131.476

Castilla León Castilla La Mancha

Murcia, Región

La Rioja

Una vez más se acredita que la Asamblea Regional ofrece un gasto inferior a la media. Sólo se sitúan más bajos, La Rioja y Cantabria. Llama la atención el coste de los Parlamentos de Cataluña, País Vasco y Andalucía. También Canarias y, en menor medida, Asturias.

166

SEGUNDA PARTE

LA OBRA LEGISLATIVA REGIONAL

LA AC T I V I D A D L E G I S L AT I VA D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L

CONSIDERACIONES GENERALES Siendo la competencia legislativa principal tarea del Parlamento Regional, procede examinar lo realizado durante más de tres décadas de existencia, y conociendo que inicialmente se carecía de experiencia para tal función. Es decir. Había que comenzar dotando de recursos profesionales y materiales que lo hicieran posible. En todo caso, no es tarea fácil analizar estructuras porque todos los órganos de gobierno y dirección de la Asamblea participan en el proceso de elaboración de las leyes. La fuente principal es el Reglamento, aprobado, últimamente, por el Pleno de la Cámara el día 13 de junio de 2002 que sustituye al que data de 1988, aunque se anuncie su revisión. Las competencias de Presidente, Vicepresidentes, La Mesa, Junta de Portavoces, Comisiones, Pleno, Diputación Permanente, así como la programación y ordenación del trabajo Parlamentario, se definen en la disposición citada, publicada en BOAR n.º 127, al que hay que remitirse. Así, pues, el autogobierno comprende la atribución a las Comunidades Autónomas de la potestad legislativa en materias de su competencia, manteniendo el principio de no interferencia del Estado (poderes legislativo y ejecutivo) en el desarrollo de aquellas, salvo, como es lógico, supuestos excepcionales (artículos 150.3, 153 y 155). La doctrina es copiosa en el análisis de lo que denominan “pérdida del monopolio legislativo que tenía el Estado”. Lo que procede consignar es que el reconocimiento a las Autonomías tiene límites y, desde luego, el inevitable control que prescribe el ya citado artículo 153 CE: Tribunal Constitucional –relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley–; por el Gobierno –el del ejercicio de funciones delegadas, a que se refiere el artículo 150.2–; por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa –el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias–; y por el Tribunal de Cuentas –el económico y presupuestario–. Después se describirá el escenario que los anteriores criterios y normas han mostrado en la Región de Murcia.

169

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

También, y de forma previa a la exposición pormenorizada de la actividad legislativa, procede consignar dos cuestiones esenciales: de una parte, que en caso de colisión entre las leyes Estatal y Autonómica, prevalecerá la primera en el caso de que ambas compartan competencias. No es, pues, el principio de jerarquía el llamado a resolver. De otra, es que una ley autonómica podría modificar una ley Estatal en el caso de haberse dictado antes de la Constitución o con posterioridad a su vigencia, pero antes, asimismo, de que la Comunidad fuere competente en la materia. Superando temas de orden procesal, técnicos-jurídicos, etc., el presente trabajo tiene como objetivo principal poner en valor la riqueza de la actividad legislativa desplegada por la Asamblea Regional, y como expositor para la ponderación del sistema autonómico. El conocimiento del balance arroja luz para formar criterio, y representará cierta sorpresa para la ciudadanía, no sólo por su amplitud, sino por el debate permanente sobre los temas de interés general de la Región, respecto de los cuales supone una referencia inexcusable para analistas políticos, juristas y economistas. Es una conclusión previa obtenida del estudio de tal actividad. La intensidad de la misma, el enriquecimiento progresivo de técnica legislativa, los debates mantenidos en cada una de las disposiciones aprobadas y promulgadas, resulta altamente elocuente y debe difundirse para provocar el cambio de opinión generalizada en cuanto a la gestión y utilidad de la institución. De otra parte, no parecería lógica la transferencia de competencias, unas en exclusiva, otras compartidas, si no fuera acompañada de la legislativa, porque ello no supondría una descentralización plena. Más bien se correspondería con una mera delegación de funciones.

170

CAPÍTULO VI LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA REGIONAL

LA AC T I V I D A D L E G I S L AT I VA D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L

I.1. Conforme al art. 118 del reiterado Reglamento de la Cámara, la facultad de iniciar una ley ante la misma corresponde: 1.º) al Consejo de Gobierno, que la ejerce a través de la remisión a la Mesa del oportuno proyecto; 2.º) a los Diputados, que lo harán mediante el depósito del proyecto ante la Mesa (deberá firmarse, al menos, por el portavoz de un grupo parlamentario.... o por un Diputado con la firma de otros tres); 3.º) Los Municipios y las Comarcas, cuya proposición deberá ser acordada conforme a lo que determina la Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular; y, 4.º) quienes tengan la ciudadanía de la Región de Murcia, y cumplan los requisitos que impone la Ley antes referenciada. En todo caso, todo proyecto o proposición de ley deberá llegar acompañado de una Exposición de Motivos y de cuanta documentación permita valorar mejor la oportunidad y contenido. Anticipar que la iniciativa que predomina es la que lleva a efecto el Consejo de Gobierno, es una evidencia y, por ende, ha de cumplir los requisitos que el propio Reglamento determina. Aspecto que adquiere mayor relieve si se la compara con la que se reconoce a los Diputados, y en el sentido que para estas proposiciones no se requiere el dictamen preceptivo del Consejo Económico y Social, creado por Ley 3/1993, de 16 de julio, aunque pueden solicitar el del Consejo Jurídico (a partir de su constitución por Ley 2/1997, de 19 de mayo). Este procedimiento ha sido objeto de severas críticas por Agentes Sociales y Económicos, incluso por la oposición política, por entenderse que trata de evitar la incorporación de criterios en materias de acusado fondo social. En cuanto a las otras dos formas de ejercer iniciativa legislativa, reguladas por Ley de la propia Asamblea, 9/1984, de 22 de noviembre, dentro del marco proporcionado por Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo (145), parece no haberse planteado durante el proceso autonómico.

145 Propuesta por el Partido Popular, se publica en BOAR n.º 72, de 11 noviembre 1984, y en el de la Región n.º 281, de 10 diciembre 1984, modificada por Ley 7/2006, 16 de octubre. La Ley Organica 3/1984 fue publicada en BOE n.º 74, de 27 de marzo.

173

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

El Capítulo III del Título V del Reglamento objeto de examen, concreta la elaboración y aprobación de los proyectos y proposiciones de ley (artículos 122 y ss.), y el Título VI regula los procedimientos especiales relacionados con la función legislativa (artículos 141 y ss.), como las atinentes a la reforma del Estatuto de Autonomía, y el de adecuación de las leyes regionales a la Ley Estatal de Armonización (prevista en artículo 153.3 de CE). También se incluye en este apartado el ejercicio de la iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados y de estímulo ante el Gobierno (artículos 147 a 151), conforme le habilita el artículo 87.2 del texto constitucional. Variantes que serán analizadas según se produzcan en el recorrido del Parlamento Regional. Finalmente, consignar el carácter preferente y especial que se otorga a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (artículos 152 y ss.). A los fines que la investigación que se realiza pretende señalar que no puede ser objeto de la misma la reproducción de listados de leyes promulgadas. La propia Asamblea publica una guía o Memoria de Actividades que permite el conocimiento de la actividad ejecutada durante las ocho legislaturas. Interesa más el análisis cualitativo de ese desarrollo, aunque sin perjuicio de cómputos totales de disposiciones objeto de debate y aprobación. El sistema o método seleccionado es el de separar los dos periodos en que puede dividirse, es decir, el primero que corresponde al PSOE y llega hasta 1995, y el segundo que alcanza la anualidad de 2011 para culminar en 2015, protagonizada, en términos de gobernación, por el Partido Popular (PP).

VI.2. Periodo 1983-1995 Realmente el Grupo Socialista lideró el Gobierno Regional desde la etapa Preautonómica (1979, mayo) hasta 1982 en que se aprueba el Estatuto de Autonomía, si bien dispone de capacidad legislativa plena tras la consulta electoral de 1983. En definitiva. Tres Legislaturas que unidas a la fase de Consejo Regional computan un total de dieciséis años. Recordar los hechos sociopolíticos acaecidos en este periodo puede ayudar a valorar lo conseguido. Hubo tres Presidentes de Asamblea Regional y dos de

174

LA AC T I V I D A D L E G I S L AT I VA D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L

Comunidad Autónoma por la sorprendente salida de uno de ellos, Andrés Hernández Ros. Ante tal circunstancia la elección de sucesor recae en Carlos Collado Mena, a la sazón Presidente del Parlamento Regional. Dicha responsabilidad fue asumida por Manuel Tera Bueno. El análisis realizado resalta que más allá de los acontecimientos reseñados, no fue una etapa fácil. Antes al contrario. La falta de experiencia hizo necesario redoblar esfuerzos, mirar a otras regiones con problemática similar e incrementar recursos. Todo estaba por hacer. De aquí que aquel periodo inicial, no obstante los errores en los que pudieran haber incurrido, merezca una valoración positiva. Había prioridad en atender aquellos temas que guardaran relación con la “organización interna, tanto de la Administración Regional como del propio Parlamento”. Así, en la anualidad de 1983 los primeros proyectos de ley que se someten a debate están referidos a “nueva denominación de los Departamentos o Consejerías”; “descentralización territorial y colaboración entre la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales”; “creación del Instituto de Fomento de la Región”, aun cuando se aprueba en 1984. Y en el ejercicio siguiente se registran otros de interés, como “creación del Ente Público Radio Televisión y de organización y control del Tercer Canal”, aun cuando se retira en el mes de junio de la anualidad; “Presupuestos Generales de la Comunidad”, y también en diciembre, los que corresponden a 1985; “general de Tasas de la Región”; sobre comparecencia en Juicio de la Región; creación del organismo autónomo Imprenta Regional; de Patrimonio; de Honores, Condecoraciones y Distinciones. En otro bloque se recogen los siguientes: Creación del Consejo Asesor de RTVE de la Región (presentada por el Partido Popular y aceptada); de Regulación de la Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos y de la Iniciativa Popular; y de Servicios Sociales. Naturalmente no se relacionan las disposiciones por las que se autorizan créditos extraordinarios, ni tampoco aquellas proposiciones que fueron rechazadas o no admitidas a trámite. Superados esos dos primeros años se centra atención en materias que convocan la atención ciudadana. Apartado en el que pueden incluirse: Ley de Administración Consultiva; de Función Pública de la Región; de Ferias de la Región; del Instituto Regional contra el desempleo. En 1986 también se ofrece amplia perspectiva y refleja el proyecto de una Auto-

175

L A REG IÓ N D E MURCIA Y E L PROCE SO A UT ONÓMICO

nomía con más capacidad de autogobierno. Son indicadores de lo dicho: “medidas de protección de la legalidad urbanística”; de la “Agencia Regional del Medio Ambiente y de la Naturaleza”; del “Instituto Regional de Servicios Sociales”; sobre “Armonización y usos del Mar Menor”; y “Ley Electoral de la Región”. En definitiva. Las Iniciativas Parlamentarias habidas en la primera Legislatura pueden resumirse en los números que siguen:

Presentadas

Proyectos de Ley

Proposiciones de Ley

Admitidas

Aprobadas

Rechazadas

Fuente: Memorias Asamblea Regional y elaboración propia.

Como queda dicho, no termina en lo expuesto la actividad Parlamentaria. Restan por reflejar los diversos programas que se desarrollan y que serán objeto de estudio separado. Limitado este apartado a los proyectos y/o proposiciones de ley, pueden apreciarse las dificultades encontradas al principio, y sus limitaciones a temas básicos de organización. Su Presidente, Manuel Tera Bueno, define claramente la situación en las líneas introductorias de las Memorias editadas, pero de manera principal en los apuntes que realiza ahora, a instancias del autor de este trabajo de investigación, recordando los años en los que ejerció de primer responsable de la Cámara. El literal que suscribe es el siguiente (146):

146 Manuel Tera Bueno nace en Villanueva del Arzobispo (Jaén) en 1935. Ejerce Medicina, como especialista de aparato digestivo en Cartagena. Ingresa en el PSOE en 1977 y es miembro de la Ejecutiva Local de Cartagena-Oeste, y también de la Regional. Fue Concejal del Ayuntamiento de Cartagena en 1979 y Diputado Regional durante la Primera Legislatura. Ocupó la Vicepresidencia 1.ª de la Cámara hasta abril de 1984, fecha en la que sustituye a Carlos Collado en la Presidencia.

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LA AC T I V I D A D L E G I S L AT I VA D E L A A S A M B L E A R E G I ON A L

Don Manuel Tera Bueno, Presidente de la Asamblea Regional (1984-1987), saluda a SM El Rey Don Juan Carlos de Borbón en la visita que realizó en Cartagena a la Institución.

“La petición de D. Clemente García de comentar el periodo en el que fui presidente de la Asamblea Regional ha sido para mí una noticia inesperada, que me obliga a darle marcha atrás al reloj, nada más y nada menos que 30 años. ¡Cuánto han cambiado las cosas en ese periodo, y cuanto hemos cambiado también todos nosotros!. Aunque recuerdo con gran intensidad los más importantes momentos de ese periodo –desde abril 1984, hasta julio de 1987– he tenido que recurrir a la hemeroteca para recordar fechas concretas, acontecimientos, e incluso... a personas cuya imagen conservo perfectamente pero que, en ocasiones, el tiempo me ha hecho que olvide su nombre. En primer lugar, tengo que destacar que mi acceso a la Presidencia del órgano legislativo

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de la Región no fue por elecciones ordinarias, sino como consecuencia de una crisis interna, ya iniciada la legislatura, en el seno del Partido Socialista de la Región de Murcia (crisis que, por desgracia, fue la primera, pero no la última). Fruto de esa convulsión, el que fuera presidente de la Asamblea, Carlos Collado Mena, pasó a desempeñar el cargo de Presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad y yo, que hasta entonces era Vicepresidente 1.º de la Cámara legislativa, fui elegido para ocupar la presidencia de la misma. Época convulsa, sin duda, pues el relevo en las dos principales instituciones políticas de la Región se produjo forzado por circunstancias externas. Había pues, en primer lugar, que consolidar esas instituciones y su normal funcionamiento, a fin de que los ciudadanos se vieran representados en ellas y que las consideraran útiles y acordes con el nuevo ordenamiento existente en España tras la aprobación de la Constitución. Hay que añadir a esta consideración inicial el hecho de que como Comunidad entonces calificada de “no histórica”, la Región de Murcia carecía de experiencia en instituciones de autogobierno y que, incluso, se podía detectar en ella la falta de una profunda conciencia regional que nos aglutinara a todos los habitantes de esta Región. Quiero recordar a este respecto que la ubicación de la Asamblea en Cartagena (único caso en las 17 Comunidades Autónomas de localización de la Asamblea Legislativa en ciudad distinta a la del Gobierno Regional) tuvo mucho que ver con el deseo de incorporar a Cartagena y hacerla sentir parte importante del proceso autonómico. Ante estas circunstancias, urgía pues la consolidación de nuestro sistema autonómico recientemente estrenado. Téngase en cuenta que nuestro Estatuto de Autonomía había sido aprobado hacía solo dos años y que, desde entonces, sólo había dado tiempo de tramitar unas pocas leyes de las muchas que eran necesarias para crear el entramado legal imprescindible que pudiera sustentar jurídicamente nuestra Autonomía. Cuando accedo a la presidencia de la Asamblea, ya se habían aprobado las necesarias leyes de “Gobierno y administración pública”, de “Incompatibilidades en el ejercicio de la función representativa”, de “Creación

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de las distintas Consejerías”, o de “Descentralización territorial”. En esa época, y por carecer también de ese símbolo, tuvo que aprobarse también la ley de uso de la Bandera Regional, y cerrarse incluso nuestro mapa autonómico con la creación del Municipio de Los Alcázares. En el periodo en el que presido la Asamblea Regional, y además de las anuales leyes de presupuestos, en las que se aprobaba como había que priorizar el gasto en nuestra Región, se aprobaron otras leyes de gran calado y trascendencia, como son la “Ley reguladora de la Iniciativa legislativa popular”, “de los Ayuntamientos y de las Comarcas”, la “Ley de Servicios Sociales”, la de “Órganos Consultivos de la Región”, la “Ley de Patrimonio de la Comunidad”, la “Ley General de Tasas” o la “Ley de Reconocimiento de las Comunidades Murcianas asentadas en el exterior”. Las Leyes de creación del “Instituto de Fomento”, del “Consejo de la Juventud” o del “Consejo Asesor de RTVE”, iban también en esa línea de dotar a nuestra Comunidad del entramado legal necesario para que, cada vez más, los murcianos sintiéramos la utilidad, eficacia y solidaridad de nuestras instituciones autonómicas.

Necesidad de sede definitiva Junto a la labor propiamente legislativa, presupuestaria o de control al Gobierno Regional que se realizaba en la Asamblea, cumpliendo así lo mandatado para ella en nuestro Estatuto de Autonomía, en la Cámara legislativa se inició una política de puertas abiertas y de coordinación de visitas de muy diversos colectivos (jóvenes, amas de casa, tercera edad, colegios y un largo etcétera) tendentes a que los ciudadanos tuvieran la ocasión de conocer la institución in situ, y no sólo por los medios de comunicación. Los trabajos parlamentarios eran cada vez más numerosos, y se carecía de espacio físico en el que pudieran reunirse los Diputados. Recuérdese que entonces la Asamblea ocupaba tan sólo una pequeña parte de lo que era la Casa de la Cultura de Cartagena, centro en el que también tiene su sede la Universidad Popular de Cartagena. La necesidad de espacio físico para trabajar, y una sede propia, digna pero no lujosa, era cada vez más acuciante.

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Tras visitar distintas posibles localizaciones -una de ellas el antiguo Hospital de Marina, hoy sede de la Universidad Politécnica de Cartagena- se decidió que la Asamblea ocupara la totalidad de la Casa de la Cultura, remodelando para ello su edificio. Razones económicas (la del menos coste de esa remodelación), junto a la posibilidad de compatibilizar los trabajos parlamentarios con las referidas obras, fue lo que decidió inclinar la balanza en ese sentido. Se convocó al efecto un Concurso regional de Arquitectos que ganó el cartagenero Rafael Barqueáis. Durante mi mandato se puso la primera piedra de la obra de remodelación, obra que inauguró mi sucesor en el cargo, D. Miguel Navarro Molina, en 1991. Pienso honestamente que durante ese periodo se trabajó mucho y se trabajó bien. Teníamos la responsabilidad de poner en marcha unas instituciones y de hacerlo en la dirección correcta, como creo que así ha sido. Teníamos esa responsabilidad, pero carecíamos de experiencia. Esa inexperiencia se suplió con trabajo, mucho trabajo y sentido común. No quiero terminar estas palabras sin agradecer el trabajo desarrollado por la totalidad de los Diputados que formaban parte de la Asamblea de entonces. Todos, absolutamente todos, eran conscientes de la trascendencia del momento y también todos, absolutamente todos, supieron estar a la altura de las circunstancias. Felicito, por último a D. Clemente García García por la publicación de esta obra que contribuye a destacar la labor realizada, desde su constitución, por la Asamblea Regional, para establecer las bases y consolidar nuestra Autonomía. Manuel Tera Bueno Cartagena, febrero 2015

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La segunda legislatura, 1987/1991, ofrece riqueza de contenido. Se puede anotar el relevo en la Presidencia de la Asamblea, ocupándola Miguel Navarro Molina, que ejerce durante todo el mandato, continuando en el siguiente hasta noviembre de 1993, en el que fue nombrado Alcalde de Lorca. Un tiempo en el que los objetivos, conforme se hace constar en la Memoria del primer año (1987/1988), cambian en el sentido de procurar agilizar los trabajos parlamentarios y conseguir una mayor conexión con “las inquietudes, problemas y aspiraciones de los ciudadanos”. Efectivamente. A partir de la reforma del Reglamento de la Institución, ésta se proyecta al exterior en un doble sentido: de un lado, suscribiendo Convenios con Universidad de Murcia y Ministerio de Educación y Ciencia. De otra, siendo anfitriona de SAR el Príncipe de Asturias, y también del Presidente del Senado, del Defensor del Pueblo, y del Eurodiputado español, D. Manuel Fraga Iribarne. Hay, pues, reacción para dar a conocer la institución, divulgar las actividades ante la ciudadanía. Incluso en esta etapa se edita el libro “El Parlamento y sus transformaciones actuales”, citado con anterioridad, que recoge las ponencias desarrolladas en las Jornadas convocadas por la propia Asamblea. Igualmente ha de consignarse el incendio provocado en el recién estrenado edificio, sede de la Asamblea Regional, hecho de extraordinaria repercusión nacional e internacional. De su significación en el proceso autonómico, no parece haber pasado de un acto consecuencia de conflictividad social y no por razones netamente políticas. Toda la programación se contiene en las reiteradas Memorias que el Parlamento elabora en cada anualidad de la legislatura. Su análisis permite señalar que efectivamente se pretende acercar la institución a la calle, consciente de la existencia de un déficit informativo que, aún hoy, permanece en alguna medida. Importante es atender las principales leyes aprobadas en esta II Legislatura porque por su mediación se entenderá la importancia y trascendencia de los objetivos existentes. Desde su inicio en 1987, entre las más significativas, pueden citarse las siguientes: “Ley del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma” (1988); “Ley de Coordinación de Policías Locales”; “Ley de Régimen Local de la

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Región de Murcia”; “De los órganos rectores de las Cajas de Ahorro de la Región”; “De creación, organización y control Parlamentario de Radio Televisión Murciana”; “De financiación del Plan de Saneamiento del Río Segura”; “De Artesanía de la Región; “De creación del Municipio de Los Alcázares y adopción de medidas complementarias”; “De determinación de capitalidad de los Partidos Judiciales de la Región”; “De Hacienda de la Región”; “De Archivo y Patrimonio documental de la Región”; “De Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico”; “De Museos”; “De medidas de fomento del Patrimonio Histórico”; “De creación del Servicio de Salud”; “De Carreteras”; “De reforma del artículo 17 de la Ley 2/1.987, Electoral de la Región”; y las atinentes a Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como las de autorización de créditos extraordinarios, y cuestiones referentes a personal de la Administración Regional. En resumen. Durante la II Legislatura se registraron las siguientes iniciativas: Proyectos de Ley

Proposiciones de Ley

Presentadas

Admitidas

Aprobadas

Rechazadas

Fuente: Memorias Asamblea Regional y elaboración propia.

Si en este apartado se incluyen las anualidades 1991, 1992 y 1993, por ser los ejercicios en los que continua Miguel Navarro Molina en la Presidencia de la Cámara. Representa el inicio de la III Legislatura en la que se cumple la primera década de vigencia del Estatuto. Para conmemorar tal efemérides se publicó la “Obra legislativa de la Región de Murcia” en la que se ponía de manifiesto la importancia de la actividad desarrollada. La realidad que ofrece la III Legislatura es menos intensa que la desplegada en la inmediata anterior, aunque si se significa por la trascendencia de algunas de sus resoluciones y relaciones exteriores. El hecho de mayor relieve se registra en abril de 1993, fecha en la que el Presidente del Ejecutivo, Carlos Collado, formaliza la dimisión obligando

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a realizar las consultas pertinentes a los diferentes grupos políticos. De la misma resulta la formalización de la candidatura de D.ª María Antonia Martínez García, Diputada Socialista y Vicepresidenta Primera de la Asamblea. Tal hecho la convierte en la primera mujer en la historia de España que asume tal responsabilidad, según se hace constar en la Memoria de la Cámara, 2.º año de la III Legislatura (página 192). Ciertamente que las leyes tramitadas y aprobadas, fueron importantes. Se incluyen en este apartado las siguientes: “De establecimiento y fijación del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas”; “De Ordenación y protección del territorio de la Región”; “De Patrimonio de la Comunidad Autónoma”; “Del Consejo Económico y Social de la Región”; y “Del Deporte”. El siguiente apartado aborda las anualidades 1994 y 1995, de extraordinaria importancia, como se acreditará. La experiencia adquirida por el Presidente Miguel Navarro (147) se refleja en la comunicación personal que se incorpora al presente trabajo: “Creo que fue el Profesor Aragón, uno de los maestros del Príncipe de Asturias, el que dijo :<la suerte del sistema depende mucho más de las virtudes del Parlamento que de los aciertos del Ejecutivo>. No recuerdo si fue literalmente así, pero el fondo si lo es. Llevaba mucha razón el Profesor Aragón, puesto que el hecho diferenciado del Estado de las Autonomías que nos daba la Constitución de 1978, fue básicamente la existencia de los Parlamentos Autonómicos. España se convertía en un Estado descentralizado políticamente. Se optó por este sistema antes que por una fuerte descentralización administrativa, seguramente ante el evidente “hecho diferencial vasco y catalán”. Quizás los constituyentes no vislumbraron las consecuencias de esa decisión, aunque articularon dos formas de acceso a la autonomía para las 147 Miguel Navarro Molina nace en Lorca (21 de febrero 1952), casado, cinco hijos. Profesor de EGB. Militante del PSOE y UGT desde 1976. Fue miembro de la Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE, y del Comité Federal. También desempeñó la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Lorca. Fue Diputado Regional en cada una de las cuatro Legislaturas, ocupando la Presidencia durante la segunda y tercera legislatura (ésta hasta noviembre de 1993). Renuncia para ser elegido Alcalde de Lorca, siendo reelegido en las Elecciones sucesivas hasta 2003. Está en posesión de diversas distinciones civiles.

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regiones y nacionalidades españolas. Pocos años después, percatados de las consecuencias de esa amplia descentralización política, intentaron reconducir la situación con una Ley Orgánica de Armonización del proceso autonómico que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y meses después derogada. Se puso en marcha el “café para todos”. Por cierto, la LOAPA fue la causa de la primera crisis institucional en la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo demás fue hojarasca. Volviendo al Profesor Aragón (“la suerte del sistema depende...”.), se pusieron en marcha los Parlamentos Autonómicos para que ejerciesen las funciones propias de tales instituciones, dentro de las competencias que les otorgaban los respectivos Estatutos de Autonomía. Se constituyeron tras las correspondientes elecciones y lo primero que hicieron, no podía ser de otra manera, fue establecer sus Reglamentos de Funcionamiento y Organización. Fueron como fotocopias del que regulaba el Congreso de los Diputados, sin tener en cuenta ninguna singularidad, ni las materias competenciales, ni las limitaciones que por la naturaleza de CC.AA., se debían haber tenido en consideración. Como clichés del Congreso comienzan a desarrollar sus misiones fundamentales: legislar, controlar, impulsar y legitimar. La función legislativa debería de haberse casi agotado una vez construido el entramado jurídico de la puesta en marcha de la Comunidad Autónoma, pero como en los Parlamentos se estableció una carrera de producción legislativa que en parte justificara su existencia pero que, por el contrario, trajo como consecuencia un maremágnum legal en todo el territorio español, con legislaciones distintas ante mismas situaciones. Afortunadamente la capacidad legislativa quedó minimizada por la potestad normativa de los Gobiernos Regionales. La función de control desaparece fundamentalmente, desde mi punto de vista, por dos causas: una primera, los Parlamentos Autonómicos reproducen el pase de “el control del Ejecutivo por el Parlamento”, a “el control del Ejecutivo en el Parlamento”. La función controladora del Ejecutivo se

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realiza más en función de la repercusión pública, que por la importancia que tiene la propia iniciativa. La segunda causa que alimenta la función de control del legislativo es, sin duda, el hecho de que ningún Gobierno se siente cómodo sometido a un control permanente. Teniendo en cuenta que los gobiernos emanan de los Parlamentos, y éstos se sostienen por lo general por la mayoría parlamentaria que dificulta esa labor de control al Ejecutivo. La función legitimadora del Parlamento se agota en sí misma en un sistema en el que la participación ciudadana se limita al hecho de que los ciudadanos depositan su voto cada cuatro años, según el fallecido J. Solé Tura. La función de impulso sólo se produce cuando el Gobierno, amparado en la mayoría parlamentaria, da su visto bueno y las iniciativas que se aprueban, generalmente, son las del Grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Dicho lo anterior, ¿cuál ha sido mi experiencia a lo largo de los años como Diputado Regional, de los cuales seis como Presidente de la Institución?. Creo que los políticos somos europeístas, si estamos en las instituciones europeas; estadistas, si ejercemos en las instituciones del Estado; regionalistas, si trabajamos en la región; y localistas o municipalistas, si formamos parte de Corporaciones de carácter local. En esos años regionalistas, convencido, y por eso trabajamos en la construcción de una institución que fuese modelo de participación democrática, donde el respeto a las minorías se impusiese a las mayorías, donde el ciudadano viese la institución como fuente de solución de problemas antes de ser causante de las frustraciones ciudadanas. El periodo de convulsión social que vivió la Región entre los años 1989/1993, especialmente en la Comarca de Cartagena, llevó a miles de ciudadanos a las puertas de la Asamblea Regional un día sí y otro también. La razón es que veían el Parlamento como lugar dónde hacerse oír y plantear sus inquietudes derivadas de una crisis industrial nunca antes conocida. La Asamblea Regional estuvo a la altura de aquellas tristes circunstancias y transmitió impulso a todo tipo de iniciativas que conectaran con los intereses generales de aquellos ciudadanos. Buen ejemplo de esto último fue

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el Plan Especial para Cartagena que se aprobó tras la quema de la Asamblea, plan que ha traído como consecuencia la espléndida Cartagena que se disfruta en estos años.

Don Miguel Navarro Molina. Presidente de la Asamblea Regional (1987-1991 y 1991 a noviembre 1993).

Al margen de la propia actividad parlamentaria, y de vehicular las demandas ciudadanas, la Asamblea Regional realizó tareas extraparlamentarias urgentes, quizás motivada por la necesidad de ser la nueva institución absolutamente novedosa en el entramado Constitucional surgida en el Estatuto de Autonomía. Entre tales actividades he de resaltar: la visita de SS.MM. los Reyes de España, así como la del Príncipe de Asturias; las Jornadas sobre “Parlamentos y sus transformaciones actuales”; Visitas varias de Altas Autoridades del Estado; Convenios con la Universidad de Murcia, Ministerio de Educación, Real Academia de Medicina y Real Academia “Alfonso X el Sabio”; Conferencias, Exposiciones, Publicaciones, etc.

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Para concluir: si los Parlamentos Autonómicos no hubieran sido maniatados de forma brutal por los intereses de los diferentes Gobiernos; amordazados por las revisiones de sus Reglamentos; secuestrados por la mayoría en defensa de sus intereses electorales: se hubiesen constituido en instituciones conectadas con los ciudadanos, ágiles en los debates de los asuntos generales que preocupan a la ciudadanía, transparentes en la gestión, austeros en sus presupuestos, ni su capacidad legislativa se hubiese dedicado a complicar la vida del ciudadano en lugar de facilitarla. En resumen. Si se hubiesen fortalecido las virtudes de los Parlamentos, nuestro sistema no estaría en cuestión. Son muchos los ciudadanos que ponen en duda la existencia de 17 Parlamentos Autonómicos. Miguel Navarro Molina

Visto el apartado anterior, restaban dos años de legislatura (III), hasta mayo de 1995. Sin embargo, tan reducido periodo no impide la concurrencia de temas trascendentes, aunque el principal hay que situarlo en la primera reforma importante del Estatuto de Autonomía, fruto no sólo del transcurso de más de cinco años previstos, sino de los Pactos de 1992, ya analizado en el apartado de transferencias de competencias. Fue en la anualidad de 1993 cuando la Asamblea aprobó, con los votos de los Grupos Socialista y Popular, el texto a remitir al Congreso, designando defensores del proyecto a los Diputados José Plana Plana, María Antonia Martínez y Juan Ramón Calero. Curiosamente los dos primeros ocuparon, por la ya referenciada renuncia del titular del Ejecutivo, los cargos de Presidentes de la Asamblea Regional y de la Comunidad Autónoma, respectivamente. La aprobación definitiva se realiza por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo (148). La trascendencia de la misma es indudable porque a partir del nuevo texto se comienzan a recibir las transferencias de competencias en asuntos de más alcance cualitativo y básico y, por supuesto, presupuestario. 148

Diario de Sesiones n.º 84, de 25 de marzo.

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Don José Plana Plana. Presidente de la Asamblea Regional (1993-1995).

Igualmente han de consignarse otras resoluciones de importancia que definen la esencia de estos dos años de actividad parlamentaria. Desde el punto de vista legislativo hay que resaltar la Ley que aprueba el “Estatuto Regional de la Actividad Política” (149) (150), por consenso de todos los grupos. Conforme a la misma se pretende conseguir “la máxima transparencia para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en la clase política”, afectando a los Diputados y Altos Cargos de la Comunidad. Un tema vigente hoy en la que se aprueba una nueva Ley y se nombra una Comisión Especial de seguimiento. Importantes son también los proyectos y proposiciones de ley que a continuación se citan, aparte las preceptivas de presupuestos y otras: “supresión de la Agencia Regional para el Medio Ambiente” (BOAR n.º 136

149

BOE n.º 72, de 25 marzo 1994.

150

Diario de Sesiones n.º 151, 15 de julio 1994. BOAR n.º 180.

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Doña María Antonia Martínez Martínez. Presidenta de la Comunidad Autónoma y primera mujer que ocupa el cargo en la España de las Autonomías (periodo 1993-1995).

de 1993); de “Modificación de la Ley 9/1985, de 10 de diciembre, de los Organos Consultivos de la Administración Regional” (BOAR n.º 154, de 1994); de “Salud de la Región de Murcia” (BOAR n.º 179, de 1994); de “Asistencia y Protección al Mayor” (BOAR n.º 166, de 1994); y, por último, la Ley de Medio Ambiente, aprobada en el tramo final de la Legislatura (abril de 1995). Hubo, pues, intensidad, más aún si se consideraran las no admitidas a trámite o retiradas tras su presentación. Otro hecho singular e importante para la Región fue la suscripción del denominado “Pacto del Agua” (151), en el que hay expreso reconocimiento 151 Diario de Sesiones n.º 150, 14 de julio de 1994. El texto del Pacto se transcribe íntegramente en el mismo Diario, y en Capitulo IX, Infraestructuras, de “Crónicas de 15 años”, de la Autonomía de Murcia, pág. 272 y ss., editada por Asamblea Regional, obra del autor de este trabajo.

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del déficit hídrico, “en el horizonte del Plan Hidrológico”, cifrado en 1.300 Hm3. El Plan Hidrológico a que se refiere fue elaborado siendo Ministro (del Gobierno Socialista) el Sr. Borrell, cuyas previsiones para la Cuenca del Segura era muy superior a la que posteriormente le asignaba el de 2001, gobernando el Partido Popular. El primero de los citados no fue finalmente aprobado por entenderse, por la oposición política de entonces, que lo prioritario debieran ser los Planes de Cuenca (que se aprobaron en 1998), razón que el Consejo Nacional del Agua hizo suya. La perspectiva del tiempo pone de relieve el error entonces cometido si se dictamina desde la consideración de los intereses regionales, e incluso, nacional. No puede cerrarse este periodo sin recoger el acuerdo alcanzado para reformar el Reglamento de la Cámara conforme a las determinaciones que figuran en el Pleno, y que responde a la necesidad de adecuar dicha norma al contenido del recién aprobado Estatuto de Autonomía, así como a la Ley de Actividad Política. Finalmente ha de consignarse el hecho de la visita que un grupo de Diputados hiciera al Parlamento Europeo ya que “al estar plenamente integrados e identificados con el proceso de consolidación europeo, parecía recomendable conocer in situ el funcionamiento de las instituciones y estudiar en ellas las repercusiones que para nuestra región podía tener...”. Dos años de Parlamento Regional merecedores de una valoración positiva. Era Presidente, como ya se anticipó, José Plana Plana (152), cuya versión también fue solicitada, pero declinada por éste.

152 Nace en Murcia (2 septiembre de 1941, Abogado y Funcionario de la Universidad de Murcia. Militante de PSOE y de UGT desde que se organizaran en la Región, y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional PSRM-PSOE. Fue Diputado en Cortes 1979/1982. Desempeñó diversas Consejerías, entre ellas la de Presidencia. Diputado Regional desde 1983, y Presidente de la Asamblea durante la III Legislatura.

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Sin perjuicio de posteriores referencias a este periodo, parece necesario concluir este apartado concretando la valoración que merece, y que se sintetiza como sigue en cuanto a las tres Legislaturas en las que el Gobierno Regional y, por ende, el Parlamento, se desempeña por el Grupo Socialista: • Iniciar el proceso autonómico sin experiencia alguna en la principal actividad (legislativa), supuso una de las mayores dificultades sociopolíticas tanto para quien asumía responsabilidades de gobierno, como para los grupos de oposición. La única ventaja que tenían era la de tener mayoría absoluta en la composición, aunque puede afirmarse que se registraron acuerdos importantes, tales como los ya indicados de Reforma del Estatuto de Autonomía y Pacto del Agua. • La dotación de recursos (personales y materiales) para poder cumplir las funciones asignadas fue lenta, lo que influye también en las normas sobre organización, si bien, en la mayoría de los casos, se observa un mimetismo extraordinario entre las diecisiete Comunidades Autónomas, incluso respecto del Congreso de los Diputados. • Las dos primeras legislaturas son en las que se advierten, de una parte, preocupación por adquirir una estructura sólida, aun cuando no representa el periodo en el que se asumieran las competencias principales; y de otra, cierta ansiedad por recibir las más importantes, hecho que no se produce hasta 1994/1995, aunque ello habrá de analizarse a partir de la citada anualidad. • Realmente fue la etapa de II y III Legislatura (parcial) cuando se pone especial atención en dar a conocer la Institución a la sociedad, produciéndose una tarea divulgativa encomiable, pero procurando igualmente una mayor participación de la ciudadanía. • Se trata también de un tiempo de crisis económica, de renovación del modelo industrial, calificado de obsoleto, de Cartagena, generando elevado nivel de conflictividad social que incide en el funcionamiento del Parlamento.

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• Lo dicho en apartado anterior mantiene íntima relación con el acuerdo adoptado en 1992, por unanimidad, instando al Gobierno Regional a “elaborar un plan de actuación que pudiese ser ampliamente consensuado por las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales”, cuyo objetivo principal era poner las bases para la recuperación económica, acuerdo alcanzado en febrero de 1993 (Diario de Sesiones, n.º 81, de 2 de febrero).

Don Carlos Collado Mena. Fue Presidente de la Diputación Provincial en etapa preautonómica (1979-1982; Presidente de la Asamblea Regional (1983-1984) y Presidente de la Comunidad Autónoma (1984-1993).

De singular importancia es la versión de sus protagonistas. Si con anterioridad se explicitaron las de Tera Bueno y Navarro Molina, procede ahora recoger las de Carlos Collado Mena cuyo protagonismo abarca desde 1979 a 1993, prácticamente toda la etapa del Partido Socialista ocupando la Presidencia de la Diputación Provincial en la Preautonomía, Presidente de la Asamblea Regional durante parte de la I Legislatura y Presidente del Ejecutivo hasta mediada la tercera. Quien le sustituyera en el cargo, María Antonia Martínez declinó formularla.

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El literal de las consideraciones anunciadas es el siguiente: “Después de las elecciones generales de 1 de marzo de 1979, que gana UCD, tuvieron lugar las elecciones municipales de 3 de abril del mismo año que ganamos en Murcia los socialistas por abrumadora mayoría: 23 Alcaldes PSOE, 18 UCD, 1 PCE y 2 Independientes. Estos resultados determinaron que la Diputación también fuera presidida por un socialista: Carlos Collado (quien escribe estas líneas) y el Consejo Regional que presidía Antonio Pérez Crespo pasara a ser presidido por Andrés Hernández Ros, Secretario General del PSOE en la Región de Murcia en ésta época. A partir de entonces se inicia el primer periodo de gestión mayoritaria socialista en la Región de Murcia que se prolongaría hasta 1995 pasando por dos crisis de la Presidencia de la Comunidad, que determinaron el final de esta hegemonía para ser gestionada la Región, mayoritariamente, por el PP, con la Presidencia de D. Ramón Luis Valcárcel Siso hasta nuestros días en que, al alcanzar en las últimas elecciones al Parlamento Europeo un escaño, ha sido sustituido por D. Alberto Garre, que lógicamente continúa con el legado de aquél hasta las próximas elecciones Autonómicas de mayo 2015. Quisiera recordar con Vds., estimados lectores, algunos de los objetivos, proyectos, metas y realizaciones de aquellas fechas en las que los socialistas monopolizábamos: prácticamente el poder político y de gestión en la Región de Murcia, que duraron 14 años y con los altibajos de crisis que hemos referido antes. El 26 de abril se constituye la Diputación Provincial. Esta institución que tenía determinadas competencias y, sobre todo, ciertos recursos económicos, convivió hasta 1982 con el Consejo Regional preautonómico, que carecía de ambas cosas: de competencias y de recursos. Sus funciones eran más bien política y sólo más tarde se fue de una manera más lenta llenando de contenido cuando se aprobó el Estatuto, e incluso como estaba previsto en el Estatuto, absorbió la Diputación cuando aquel fue aprobado.

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¿Qué política hicimos en esta institución?. Sencillamente aquellas que correspondían a las competencias de esta institución: fundamentalmente el apoyo a los Ayuntamientos, trabajando conjuntamente con el Consejo Regional, llevábamos una política orientada en la misma dirección: resolver los problemas básicos de equipamientos y servicios para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los murcianos y esto lo hicimos creando “sinergias” en el desempeño de las funciones; así, una misma persona era el encargado de la Cultura en el Ayuntamiento, en la Diputación y en el Consejo Regional, con lo cual administraba todos los recursos existentes en la Región, y se hacía una política concertada y coordinada. De esta forma pudimos V.G. que todos los Municipios de más de 3.000 habitantes tuvieran su Biblioteca pública, o que se rehabilitasen o mejorasen teatros como “El Teatro Romea” de Murcia, el “Teatro Guerra” de Lorca, el “Concha Segura” de Yecla, el “Vico” en Jumilla, el “Cervantes” de Abarán, el “Trieta” en Moratalla y el “Tulles” en Caravaca. Junto a ello se hizo teatro en las calles, Festivales de Jazz, etc. En otras áreas ocurrió igual. V.G., en urbanismo al final del periodo que reseñamos casi la totalidad de los Ayuntamientos, habían realizado sus Planes Generales de Ordenación Urbana. En el Municipio de Murcia, con estos métodos por ejemplo se pasó de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes en 1979 a 250.000 en 1982 y años más tarde, en 1985, a 1.000.000 de metros cuadrados. Junto a estas actividades que son importantes de por sí, se hicieron otras tal vez de menor calado pero que mejoraban el vivir cotidiano de los murcianos. Por ejemplo, en servicios básicos como asfaltado, alumbrado público, agua corriente, alcantarillados, plazas y jardines, etc. Lo cual contribuyó a transformar el aspecto físico de las ciudades y el bienestar de los ciudadanos. Todas estas cosas y otras se hicieron mediante una estricta planificación democrática con participación vecinal y ciudadana. Creo sinceramente que lo que no habían conocido nunca los ciudadanos: que opinaran, que enjuiciaran lo que estábamos haciendo, supuso una oleada de aire fresco democrático que inundó todos los pueblos y ciudades de Murcia.

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El 10 de julio de 1982 entra en vigor el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. En ese momento, la Diputación queda incorporada en la C.A., tal y como estaba previsto en ese Estatuto. A partir de entonces se hace necesario también la creación de la Asamblea Regional como órgano legislativo de la C.A. Como no teníamos ni experiencia ni locales donde instalarla hubo que abordar ambas carencias. Fuimos a Cartagena para buscar el emplazamiento porque era allí donde los redactores del Estatuto habían querido que se ubicara en atención a la singularidad de esa ciudad en el contexto regional y su potencial industrial e histórico. Nos entrevistamos con el Alcalde de entonces, Escudero de Castro (Q.E.D.), quien nos comunica carecer de locales adecuados para la instalación de tal institución, y después de una larga conversación, nos remitió al único local de que disponía: “La Casa de la Cultura, en Alfonso XIII”. Allí nos dirigimos y como no había otro le pedimos que nos prestase el ala derecha del edificio donde se encontraba el salón de actos y dos o tres espacios más (que bien habilitados, podría servir para sala de sesiones), dos o tres despachos para la pequeña administración que requeríamos y uno de ellos para el Presidente. Se la pedimos y nos la concedió provisionalmente para empezar. Inmediatamente entramos en contacto con “El Corte Inglés” para comunicarle lo que queríamos: convertir el salón de actos en una sala de sesiones que recordara en su disposición al Senado y los referidos despachos. Nunca podremos agradecer a esta empresa la rapidez y habilidad que mostró en la transformación del ala derecha de la Casa de la Cultura para que sirviera a los fines reseñados, con las cuales pudimos empezar a trabajar. Quedaba ahora como hacer este trabajo legislativo, normas de funcionamiento, etc. etc. Quedando así constituido el emplazamiento de la Asamblea Provisional de la C.A., integrada por los miembros de la antigua Diputación, más los parlamentarios nacionales: Diputados y Senadores, hasta que en mayo de 1983 tuvieron lugar las primeras elecciones a Diputados Regionales, que también ganó el PSOE y siendo yo Presidente de esta Asamblea, ya no provisional, sino primera Asamblea de la C.A. de la Región de Murcia. Quedaba, hemos dicho antes, elaborar el funcionamiento. Estas normas se aprobaron el 21 de julio de 1982 con el nombre de “Normas provisionales de regulación del funcionamiento de la Asamblea Regional, y del procedimiento de investidura de Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia”, donde se incluía “la Organización y funcionamiento provisio-

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nales”. Este trabajo fue realizado bajo el asesoramiento y supervisión de D. Luis Corno, joven Abogado del Estado, alicantino, quien nos ayudó en todo el proceso de la puesta en marcha de la Asamblea. Gracias a él pudimos salir airosos en una temática que desconocíamos. El segundo texto aprobado fue el proyecto de “Ley de Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Murcia”, aprobada el 16 de agosto de 1982. Con estos dos textos pudo comenzar a funcionar la C.A. con su fase provisional de la Asamblea y continuando con su periodo definitivo cuando tuvieron lugar las elecciones de 1983. En los años primeros de funcionamiento del Gobierno Preautonómico, los recursos económicos eran tan precarios que realmente vivió dependiendo de la Diputación. Sólo cuando empezaron las transferencias pudo hacer política real y efectiva, pero éstas se hicieron con mucha lentitud. V.G. Las primeras fueron determinadas funciones en materia de Agricultura, Turismo, Cultura, Administración Local y otras. Toda ellas mal dotadas de personal y de recursos, sólo en el periodo 1983/1986 comienza el verdadero compromiso de transferencias de competencias y especialmente a partir de los acuerdos de PP y PSOE convertidos en Ley Orgánica en 1992, por la que se pretendía que las Comunidades que habían accedido a su condición por el art. 143 no quedasen postergadas en cuanto a sus ámbitos competenciales de las del 151. De todas formas estas competencias se retrasaron. Por ejemplo, las de Educación vinieron en 1999 y las de Sanidad en 2001, y las anteriores: Servicios Sociales, Industria, Transportes, Administración Local, etc., etc. Muchas de ellas fueron realmente gestionadas por el PP después de su triunfo en 1995. Me refiero en toda su amplitud competencial. En febrero de 1984 dimite D. Andrés Hernández Ros como Presidente de la C.A. Las causas son múltiples: políticas, de gestión de la Institución y hasta una gravísima acusación que se le hizo porque personas cercanas a él habían intentado sobornar a un periodista. Las razones políticas y de gestión van realmente unidas: la elaboración de presupuestos contenían varias partidas inasumibles por el Consejo de Gobierno, en especial por tres Consejeros de prestigio: José Molina Molina, José Luis Albacete Viudes y Morales Meseguer, lo que supuso la dimisión de éstos con el consiguiente desprestigio del Gobierno Regional y de su Presidente. Antes

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había habido también una agria política por un intento de subirse las asignaciones que percibían los cargos políticos y, finalmente, el ya indicado intento de soborno de un periodista por persona del entorno de Hernández Ros. El escándalo mediático e interno del Partido fue muy intenso, y este “totum revolutum” fue entendido por el Presidente como una situación que necesariamente requería su dimisión. Estos hechos no fueron olvidados nunca por los “fieles” de Hernández Ros, que aguardaron pacientemente durante nueve años hasta tomarse la revancha contra mi persona, que sucedí al Presidente, urdiendo una trama enloquecedora que sólo cabe en personas desequilibradas mentalmente por ese afán de revancha y de ambición de poder, cuando lo podían haber alcanzado por métodos políticos y sin crear el trauma que ocasionaron al Partido y su desprestigio social, que nos ha llevado a no ganar más elecciones desde entonces. Si hubieran sido capaces, sencillamente, de hablar conmigo abiertamente. Pero volvamos a lo que sigue: Yo acepto ser Presidente de la Comunidad, reformamos los Presupuestos y nombro mi Consejo de Gobierno en donde la Ejecutiva Federal de Madrid me pone como condición que los tres Consejeros dimisionarios citados tienen que formar parte de ésta (ahora pienso que este hecho pudo alimentar aquellos ánimos de revancha, tal vez). Cuando yo comienzo a ejercer de Presidente varias cosas me preocupaban: En primer lugar, restablecer el prestigio de las Instituciones que habían quedado seriamente dañadas con la crisis. En segundo lugar, continuar con la política de dotación de servicios a los municipios, iniciada con la Diputación. En tercer lugar, disponiendo a partir de ese momento de una dotación competencial aceptable a pesar del art. 143, tratar de sacar el máximo partido a ese paquete de competencias que disponíamos y que nos seguían llegando y, finalmente, a partir del ingreso en la C.E. aprovechar la consideración de Zona de tipo Uno para la recepción de Fondos Estructurales. Esta situación junto a la recepción de las aguas del trasvase supuso una fase de expansión de la Región poco conocida hasta entonces. Lo que inicialmente realizamos fue una planificación regional que se convirtió en 1985 en el primer Plan de Desarrollo Regional de Murcia, por cuya

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ejecución fue dotada de regadíos, depuradoras, carreteras, abastecimiento de agua potable y prestaciones sociales, sanitarias y educativas. Por citar algunos datos, digamos que se crearon 4.514 puestos de trabajo en 1984 y otros 5.139 a través de medidas de fomento de empleo, lo que supuso 10.253 empleos. El MOPU, realizó una inversión de 12.000 millos de pesetas entre 1983-1984, mediante la cual se comenzaron las obras de la autovía Murcia-Alicante, el desvío de Lorca y la autovía Murcia-Cartagena En 1985 se aprobaría el “Plan de Saneamiento del Segura”, abordándose las primeras inversiones en las Depuradoras de Alguazas, Mula, Santomera, Jumilla, etc. En el ámbito de la contaminación atmosférica en Cartagena, se realizó el correspondiente Plan. En obras hidráulicas del “post-trasvase” se invirtieron 3.600 millones, y en obras sanitarias, el Hospital Rafael Méndez de Lorca, 15 nuevos Centros de Salud, la Residencia de Caravaca, la remodelación del antiguo Hospital Provincial, la Residencia del Roselló de Cartagena y la transformación de la “vieja Arrixaca” en Hospital Clínico (Morales Meseguer). Como es normal estos paquetes de inversiones determinaron la creación de puestos de trabajo y la modernización de la Región. Uno de los instrumentos más poderosos que se utilizaron fue la Ley de Incentivos Regionales, que contemplaba la posibilidad de subvencionar hasta el 50% de la inversión prevista. En 1988 se aprobaron 91 proyectos que supusieron una inversión de 11.500 millones de pesetas y la creación de más de 1.700 puestos de trabajo. En el marco de estas inversiones tiene especial significado el establecimiento en Cartagena de “General Electric”, con una inversión de más de 300.000 millones de pesetas que, como ustedes recordarán, paradójicamente fue lo que causó mi caída como Presidente de la Comunidad. En definitiva, entre los años 1985 y 1992 la inversión pública en la Región se elevó a 262.000 millones de pesetas que fueron empleadas en obras hidráulicas, plan de prevención de avenidas, infraestructuras portuarias, autovías, equipamientos educativos y sanitarios. Sólo quedaron pendientes las estructuras ferroviarias que siguen aún pendientes. En política medioambiental hay que destacar la supresión de los vertidos en la Bahía de Portmán. El 30 de marzo de 1990, se vertieron durante 33 años

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S.A.R. El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, durante la visita institucional que realizó a la Asamblea Regional, le acompañan Don Carlos Collado Mena (Presidente de la Comunidad Autónoma), Don Miguel Navarro Molina (Presidente de la Asamblea Regional) y Don José Ruiz Manzanares (Portavoz del Partido Popular).

unas 7.000 toneladas diarias de productos químicos y minerales, depositándose más de 50 millones de toneladas de estériles y aterrándolo casi 8 kms2 de la plataforma continental hasta una profundidad de 150 metros (Martínez Ovejero). En suma; en la valoración de la gestión socialista quedarían muchas cuestiones que sería preciso ampliar, cosa que no interesa para lo que ahora se precisa. Finalmente. Como todos ustedes saben, en abril de 1993, la Ejecutiva Regional del PSOE, encabezada por Juan Manuel Cañizares Millán, con la

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ayuda del portavoz de la Asamblea y la colaboración de parte de los 22 Diputados de nuestro Grupo Parlamentario, me hicieron dimitir, basándose en unas acusaciones falsas de supuestas irregularidades en la adquisición de terrenos para emplazamiento de “General Electric”. De estas acusaciones jamás fui imputado, pero la verdadera causa era el situarse ellos en el poder y repartirse los cargos ejecutivos, como realmente ocurrió. La ambición, la codicia y la lucha por el poder de gentes como la Presidenta, el Vicepresidente, el Presidente de la Asamblea, etc. y otros muchos, nos han llevado a la travesía del desierto que estamos padeciendo desde hace 19 años. Por tanto, los dirigentes actuales deberían apartar de cualquier cargo a los responsables de aquella situación creada en esos años que nos llevó a perder, elección tras elección, hasta nuestros días”. Carlos Collado Mena

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Don Francisco Celdrán Vidal. Presidente de la Asamblea Regional (legislaturas 1995-1999; 1999-2003; 2003-2007; 2007-2011 y 2011-2015)

VI.3. Periodo 1995-2015 El cambio de Gobierno Regional comienza dando contenido a este periodo de la Asamblea Regional. Desde entonces, IV Legislatura, el Grupo Popular ha mantenido la representación hasta la consulta electoral de 2011 y a un escaño de la mayoría en la de 2015. Es decir. Al concluir la primera cumplía veinte años en el ejercicio de la responsabilidad, tiempo importante para el análisis de conjunto con el interés añadido que ofrece un gobierno respaldado por el grupo político minoritario de “Ciudadanos”. Realizada la consulta electoral de mayo de 1995, el nuevo Presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán Vidal, señalaba al tomar pose-

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sión (153), el rechazo a la interpretación de la sesión constitutiva como “gratuita liturgia civil”, defendiendo la institución “como pilar fundamental de nuestro sistema de convivencia en libertad, tolerancia, y en democracia...”, y considerando que “la legislatura nacía marcada por elementos de novedad. Se abre en un contexto autonómico, económico y político extraordinariamente exigente para todos...”. Después podrá entenderse el acierto de aquellas palabras programáticas que desarrolla a continuación indicando: las nuevas transferencia de competencias esenciales (sanidad, educación, etc.) que habrían de estimular la actividad de la Cámara por demostrar capacidad de autogobierno; la crisis económica y la situación financiera de la Comunidad Autónoma, circunstancia que obligaría a redoblar esfuerzos; y el sentido político preciso para trasladar a la opinión pública el significado y eficacia del Parlamento. Aquel preámbulo reflejaba lo que el paso del tiempo reflejó como balance. Coherencia con dicha intervención es la que refleja el nominado a la Presidencia de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel Siso (154). Partiendo del “cambio” que el resultado electoral representaba, anotó las características sociales, económicas y administrativas que entendía eran el punto de partida del programa de su Gobierno, si bien con la aclaración de que se ajustaría al programa electoral de su Partido; un programa basado en la creencia en el individuo y la familia, e inspirado en los principios liberales y humanistas. Desde el principio manifestó que la acción del Gobierno habría de someterse a los más estrictos controles de legalidad como único sistema de hacer posible la aplicación práctica del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Clara referencia al posteriormente creado Consejo Jurídico Consultivo y Sindicatura Regional de Cuentas, ésta en cuanto al aspecto económico. Dicho lo anterior, destacó los ejes principales de la política a desarrollar guiada principalmente a reformar la Administración Regional; imponer una política financiera y presupuestaria basada en los principios de austeridad, racionalidad, control y eficacia; tratamiento transparente de la contratación pública; conseguir un sistema más justo de financiación

153 Diario de Sesiones n.º 1, 23 de junio 1995. 154 Discurso de Investidura del Presidente, Diario de Sesiones n.º 2, 29 y 30 de junio 1995, en el que la votación registrada otorgó 26 votos al nominado, y 19 negativos.

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de las Autonomías, en cuyo conjunto la Región arrojaba resultados negativos; etc., y todo ello acompañado del repertorio de obras preferentes, aunque destacando Carreteras para obtener la vertebración del territorio regional y, por supuesto, sobre las demanda de un Plan de Empleo (155). No se trata de reproducir el debate registrado. La pretensión no es otra que la de situar el comienzo de una etapa que se ha mantenido durante veinte años siendo el Grupo Popular el responsable político. Y que se mantiene al iniciarse la nueva Legislatura, pero sin contar con mayoría absoluta, en cuya valoración no ha de entrarse por el límite temporal que la investigación tiene. Aún cuando podría hacerse una lectura de las dos décadas, se ha optado por la exposición de cada Legislatura como medio para conocer y analizar la evolución experimentada. La IV Legislatura (1995/1999), ofrece un comienzo impulsado por la urgencia propia que preside al recién llegado al poder. Sin perjuicio de la actividad legislativa, tuvieron lugar sesiones monográficas sobre temas de indudable interés (tales como: política universitaria, financiación, investigación y desarrollo). Pero en su primer año (1995/1996) tiene que resaltarse la convocatoria de una Mesa Redonda sobre “El hecho diferencial” (29 abril 1.996) (156) debate que se mantiene hoy en todos sus extremos. La realidad muestra hoy un mapa autonómico diverso y diferente entre ellas, hecho que dificulta, como ya se ha indicado en otros Capítulos, conseguir una fórmula financiera que satisfaga al conjunto y evite discriminación de algunas de ellas.

155 Además de los Diarios de Sesiones citados en notas precedentes, la Memoria del primer año legislativo (junio de 1995/julio 1996) recoge un resumen de los criterios formulados tanto por Izquierda Unida, como por el Partido Socialista. 156 Mesa Redonda en la que participan Profesores de Derecho Constitucional y Profesionales con experiencia, y en la que se mantiene, como es lógico, diversas posiciones. Así, Eliseo Aja marca el origen del término en el “catalanismo político de finales del Siglo XIX y principios del siguiente”, para expresar aquello que de específico tiene Cataluña. Por su parte, Sánchez Amor (Ignacio), mantiene que “los niveles de autogobierno fueron perfectamente conseguibles sin necesidad de presentar respetabilísimos pedigrís históricos que pueden ser perfectamente sustituidos por la voluntad democrática expresada por un pueblo de acuerdo con su sistema constitucional...”. Otras fuentes rechazan circunscribir el término a aquellas Comunidades que accedieron por la llamada vía privilegiada de la Disposición Transitoria Segunda, ya que en este caso se producirían exclusiones.

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Al margen de lo expuesto, la IV Legislatura responde plenamente al proyecto de cambio anunciado, como podrá entenderse al conocer las leyes principales aprobadas, más allá, como reiteradamente se ha señalado, de las atinentes a Presupuestos y Créditos Extraordinarios (157). Siguiendo el orden cronológico, pueden citarse las siguientes: • Ley de Puertos de la Región de Murcia (BOAR n.º 40, de 17 mayo de 1996). • Ley por la que se regula Los Consejos Técnicos Consultivos y los Comisionados Regionales (BOAR n.º 40, 17 de mayo 1996). • Ley del Estatuto del Consumidores y Usuarios (BOAR n.º 49, de 20 de junio de 1996). • Ley de Museos de la Región (BOAR n.º 54, 29 julio 1996). En este bloque ha de incluirse el proyecto de Reformas del Reglamento de la Asamblea para la creación de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control Presupuestario. Durante el segundo año se adoptan decisiones que pueden calificarse de fundamentales: • Ley de creación del Organismo Autónomo Agencia Regional de Recaudación (BOAR n.º 71, de 3 diciembre de 1996). • Leyes de creación de los Colegios Profesionales de Podólogos y Fisioterapeutas (BOAR n.º 74, 17 de diciembre de 1996). • Ley del Consejo Jurídico de la Región (BOAR n.º 102, 20 de mayo de 1997).

157 La estadística de proyectos y proposiciones de Ley arrojaría cifras de 48 y 21 procesos, cuya relación figura en las Memorias de la Asamblea, y a ellas hay que remitirse. No obstante se resaltan las de mayor repercusión en el desarrollo de la Autonomía.

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• Ley de Ordenación Farmacéutica de la Región (BOAR n.º 103, de 23 de mayo 1997). • Ley sobre Construcción y Explotación de Infraestructuras de la Región (BOAR n.º 113, de 23 de julio de 1997). El tercer año legislativo representa otro avance importante en la actividad legislativa, haciendo precisa la ampliación de la Administración. En este periodo se comprende: • La Ley de Ferias de la Región (Proyecto de Ley n.º 20). • Ley sobre Drogas, para la prevención, asistencia e integración social (BOAR n.º 126, tramitación proyecto n.º 17). • Ley de Cámara Agraria de la Región (BOAR n.º 134, tramitación proyecto n.º 19) • Ley de Turismo (BOAR n.º 138, Tramitación proyecto de Ley n.º 21). • Leyes de creación de Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática e Ingenieros Técnicos en Informática (BOAR, n.º 161, Proyectos n.º 26 y 27). • Ley de Cajas de Ahorro (BOAR n.º 173, Tramitación Proyecto n.º 28), modificada en V Legislatura (BOAR n.º 161). • Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región (BOAR n.º 178, Tramitación Proyecto n.º 29). • Ley de creación de Universidad Politécnica de Cartagena (BOAR n.º 182, Tramitación Proyecto n.º 30). De forma separada hay que consignar la proposición de ley relativa a la Reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía. Fue formulada por los tres grupos políticos con representación en Parlamento, aprobada en Sesión plenaria de 22 de julio de 1997

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(BOAR n.º 113), si bien las Cortes Generales no la aprobaron hasta el día 20 de mayo de 1998. Era la segunda modificación sustancial, cuando sólo habían transcurrido cuatro años desde que se produjera la anterior (en 1994). Fue fruto del consenso. Para su defensa se designaron al portavoz del grupo Popular, Alberto Garre López; por el Partido Socialista, José Plana Plana; y Joaquín Dólera López, por Izquierda UnidaLos Verdes. La iniciativa proponía, entre otras cuestiones, la asunción de competencias exclusivas en ordenación del territorio y del litoral, de urbanismo y vivienda, obras públicas, ferrocarriles y carreteras, puertos y aeropuertos que no sean de interés general, así como la capacidad de desarrollo legislativo y de ejecución de otras materias, como Sanidad. Igualmente abordaba una serie de modificaciones institucionales tendentes a fortalecer el funcionamiento del Parlamento Regional, como la ampliación del periodo de sesiones, el aumento del número de Diputados (hasta 55) o la posibilidad de que éstos recibieran retribuciones fijas. Tras su aprobación en Congreso y Senado, se publicó en BOE de 16 de junio de 1998. El cuarto y último año de la Legislatura no se apartó de la intensa actividad de la Asamblea. Durante el mismo fueron aprobadas las disposiciones que seguidamente se citan: • Ley de Consejos Escolares de la Región (BOAR n.º 201, sesión plenaria de 25 noviembre de 1998). • De modificación de la Ley 3/1990, de Hacienda de la Región (BOAR, n.º 204, sesión de 3 diciembre de 1998). • Ley sobre Régimen del Comercio Minorista (BOAR, n.º 207, sesión plenaria de 17 diciembre de 1998). • Ley de creación del Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región (BOAR, n.º 214, sesión de 11 febrero de 1999). • Ley de Consejo Social de las Universidades Públicas de la Región (BOAR, n.º 222, sesión Pleno 25 de marzo de 1999).

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• Ley de Coordinación Universitaria de la Región (BOAR, n.º 225, sesión Pleno 15 abril de 1999). Se llevó a efecto la modificación parcial del Reglamento de la Cámara (BOAR n.º 226, sesión de 15 abril de 1999), cuya finalidad era su adecuación a la reforma del Estatuto, ya anotada con anterioridad. Otros proyectos y proposiciones quedaron pendientes al concluir la Legislatura. Cuanto antecede no fue obstáculo para que la Asamblea tratara de proyectar su actividad a la Región, se plantearan temas monográficos, y procurara la transmisión de experiencias entre los Parlamentos Regionales, incluso ponderando la presencia en la Unión Europea (Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, en 1997). Hay registros que describen esa preocupación. Por ejemplo, en los cuatro años de legislatura se celebraron encuentros de Presidentes de Asamblea Regional en Extremadura (1996), Zaragoza (1997), Tenerife (1998), Sevilla, Galicia e incluso en Florencia. Se organizaron jornadas diversas para la valoración y adopción de criterios, como la de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, y las de Periodismo Parlamentario, ambas en 1998. Y las que versaron sobre “Presente y Futuro de Parlamentos Autonómicos”, y “Como acercar el Parlamento a las Escuelas” (ambas en 1997). Se describe así la política desarrollada para lograr que “la Asamblea Regional sea el referente de la Autonomía”, como señalaba el Presidente de la Institución al finalizar la legislatura. Otros temas serán objeto de análisis al examinar apartados tan esenciales como los atinentes al control de la acción del Gobierno, o los llamados Debates sobre el Estado de la Región. En todo caso, el repertorio de sesiones monográficas conduce al estudio de la descentralización hacia los Ayuntamientos, de la Comarcalización, del Pacto por el Empleo, la ratificación del Pacto del Agua, y otros actos reivindicativos que se hacen permanentes en la Asamblea. No se pueden desconocer los referentes a “política universitaria”, al temor de llevar a buen fin las competencias transferidas, como refleja el índice de leyes aprobadas.

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En todo caso puede afirmarse que la IV Legislatura fue extraordinariamente importante en el proceso autonómico, y representa un punto de inflexión en el desarrollo de nuevas competencias con incidencia en la organización de la Administración Regional y, por supuesto, en sus Presupuestos.

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Don Francisco Celdrán Vidal, en acto de toma de posesión de Presidente de la Asamblea Regional, legislatura 1995-1999.

En 1999 se convocan y celebran Elecciones en el ámbito Regional y Local, en las que el Grupo Popular reitera, con mayoría absoluta. Para esta V Legislatura (1999-2003) repiten los Sres. Celdrán Vidal y Valcárcel Siso, como Presidentes de la Asamblea Regional y Comunidad Autónoma, respectivamente. El primero se muestra impulsor de un Parlamento “capaz de interpretar la realidad, pero también de transformarla...” (158), y el segundo, en su discurso de investidura “apuesta por un nuevo modelo de región...”, considerando que “la renovación mayoritaria de la confianza representa la mayor confirmación de que en 1995 se había elegido el camino adecuado para el desarrollo social y económico....”. La guía sería el Plan Estratégico para el periodo 2000-2006, “consensuado por una elevada participación

158 Diario de Sesiones, n.º 1, 30 de junio 1999.

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social y respaldo cualificado de quienes habían de ser protagonistas principales...” (159), marcando cinco ejes de actuación (empleo; infraestructuras de transportes y comunicaciones; la aprobación del Plan Hidrológico Nacional; los objetivos de la sociedad del bienestar, educación, sanidad, vivienda, etc.; el medio ambiente. Resulta natural que el contenido del pregón de la Investidura contara con el rechazo de los Grupos de la Oposición. Izquierda Unida lo calificó de “retórico y poco creíble”, referenciando los incumplimientos programáticos anteriores. Por parte del Grupo Socialista, a la crítica analítica unía, tras un repertorio de los objetivos de su Partido, el “ofrecimiento de colaboración al buen gobierno de la Región”, aunque también argumentaba “la legitimidad, el derecho y la obligación de ser muy exigentes a favor de los intereses de la Región de Murcia”. Desde una perspectiva general, los cuatro años ofrecen un balance que no desmerece de la anterior legislatura. Sigue marcado por la asunción de competencias y desarrollo de las ya recibidas, hechos que inciden de manera principal en la financiación de la Comunidad Autónoma. En otros aspectos se mantiene el programa de dar a conocer la Asamblea Regional y la importancia de la actividad que lleva a efecto. Siguiendo la metodología utilizada en apartados anteriores, se recopilan los principales proyectos y proposiciones de Ley, pero manteniendo las exclusiones reiteradamente expuestas. Año a año, con carácter principal, se citan las siguientes: • De Colegios Profesionales de la Región (sesión pleno de 28 octubre de 1999, y BOAR, n.º 11). • De Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales e implantación del Canon de saneamiento (sesión pleno 12 julio de 2000, y BOAR n.º 48). • De Deportes de la Región (sesión pleno 6 julio de 2000, BOAR n.º 47).

159 Diario de Sesiones, n.º 2, de 7 y 8 de julio.

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• De creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (sesión pleno 22 junio 2000, BOAR n.º 44), modificada en 2001 (sesión pleno 21 junio, BOAR n.º 85). • Del Suelo de la Región de Murcia (sesión pleno 5 abril 2001, BOAR n.º 76). modificada en sesión de 8 de mayo 2002, BOAR n.º 76. • Del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (sesión pleno 29 noviembre 2001, BOAR n.º 104, modificada en mayo 2002, BOAR n.º 125). • De adecuación de los procedimientos de la Administración Regional a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (sesión pleno 14 de marzo 2002, BOAR n.º 116). • De Estadística de la Región de Murcia (sesión pleno 20 junio 2002, BOAR n.º 129). • De igualdad jurídica de las parejas de hecho (aprobada en sesión pleno 23 mayo 2002). • De creación de la Empresa Pública “Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina” (sesión pleno 20 junio 2002, BOAR n.º 129). • De creación del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario IMIDAYA), (sesión pleno 23 octubre 2002, BOAR n.º 139) • De creación del Instituto de la Mujer (sesión pleno 28 noviembre 2002, BOAR n.º 145). • De creación del Instituto de la Juventud (sesión pleno 28 noviembre 2002. BOAR n.º 145).

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• Declaración de la Sierra de El Carche como Parque Regional (sesión pleno 26 marzo 2003, BOAR n.º 160). • Del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia (sesión pleno 27 de marzo 2003, BOAR n.º 161). • De creación del Servicio de Empleo y Formación (sesión pleno 6 noviembre 2002, BOAR n.º 140). A la relación que antecede había que sumar el importante número de Mociones e Interpelaciones, así como las Proposiciones no de ley, a través de las cuales se resuelven situaciones, reformas e incluso nuevas iniciativas. Pero tales apartados se pueden considerar como instrumentos de control del Gobierno Regional distinto a los clásicos debates. Si procede consignar las actuaciones principales de la Asamblea con repercusión informativa. De las Memorias correspondientes a cada año de la Legislatura, se obtienen los siguientes registros destacables: • Siendo el Agua tema común denominador en todo tiempo, la V Legislatura ofrece contradicción. De una parte, en septiembre de 1999 (160) todos los grupos con representación parlamentaria coincidieron en valorar y apoyar el PHN. Sin embargo, en 2003 (161) antes de concluir el mandato, se rompe tal unanimidad por la inclusión en la parte dispositiva de la Moción de descalificación de las afirmaciones de las formaciones Socialista y de Izquierda Unida. • La Asamblea Regional se muestra a favor de asumir competencias sanitarias sin “hipotecas” (Diario de sesiones 20 junio 2001), “equiparables a las Comunidades Autónomas mejor dotadas”. A estos efectos, recordar que las competencias comenzaron a tener efecto a partir del año 2002.

160 Diario de Sesiones n.º 26, de 23 septiembre 1999. También un año después, 15 diciembre 2001. Y en 2002 se organizó acto público bajo el título “Poesía y Arte para reclamar agua” aprovechando un poema de Miguel Hernández, en la voz de Curro Piñana. 161 Diario de Sesiones de 26 de marzo de 2003.

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• Un periodo en el que se practicó la política de “puertas a fuera” con la apertura de una ventana en Internet (www.asambleamurcia.es), en diciembre de 1999; y se celebraba con diferentes actos el XX Aniversario del Estatuto. El Día de la Región fue marcado por el trágico accidente ferroviario de Chinchilla. Un apartado en el que se incluye la concesión a la Asamblea Regional de la Medalla de Oro de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM). También la visita del Presidente del Congreso, Federico Trillo-Figueroa y Martínez Campos. Igualmente la participación del Presidente, Sr. Celdrán Vidal, en la XII Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España, celebrada en Palma de Mallorca. En la misma dirección pueden citarse, el Debate sobre “La gobernanza europea”, y las Jornadas de Gabinetes de Prensa de Parlamentos. • Importante fue la visita de S.A.R. Don Felipe, Príncipe de Asturias, el día 16 de enero 2001. Era la segunda vez que lo hacía. La primera fue en junio de 1998. • Por último. Resaltar la Reforma del Reglamento de la Asamblea Regional en junio de 2002, y las resoluciones aprobadas para mejorar la calidad en el empleo (Diario de sesiones de 12 julio 2002), y la mayor cualificación, según propuestas dimanantes de la Comisión Especial de Empleo creada al efecto. Como también, más adelante, se muestra preocupación y se adoptan medidas para promover la Formación de Trabajadores Inmigrantes, y las Empresas de Economía Social. La anotación necrológica es para dejar constancia del fallecimiento, en 2001, del Vicepresidente de la Institución, D. Angel Pardo Navarro. Se deja atrás una legislatura trascendente en sus contenidos por lo que atañe a: asunción de nuevas competencias; la creación de organismos que articulan la estructura de la Administración Regional; aprobación del PHN; y adecuación del Reglamento a las nuevas circunstancias.

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La convocatoria electoral de 2003 arroja, por tercera vez consecutiva, mayoría absoluta del Partido Popular, que obtiene 28 de los 45 Diputados. El Grupo Socialista consiguió 16 escaños, y coalición de Izquierda Unida, 1. Así se inicia la VI Legislatura que ratifica a Francisco Celdrán en la Presidencia de la Asamblea Regional, y a Ramón Luis Valcárcel al frente del Ejecutivo. En el debate de Investidura del Presidente de la Comunidad se remarcan como objetivos finales el pleno empleo y el desarrollo turístico, detallando las acciones que se llevarían a efecto para alcanzarlos. Espacio importante ocupó el análisis del grave accidente ferroviario de Chinchilla y las reivindicaciones consiguiente. En definitiva. El Sr. Valcárcel Siso expresó el deseo de “...querer para la Región... una Comunidad entroncada en el siglo XXI, en política social, en creación de empleo, en fortalecimiento del tejido industrial, en proyección exterior, en investigación y nuevas tecnologías, en modernización de regadíos y en el suministro de elemento esencial para su futuro como es el agua; en autovías, en aeropuerto, que rompa nuestro secular aislamiento... Pero también quiero una región modernizada en infraestructuras ferroviarias. Bien está que la llegada del AVE sea un proyecto en marcha incuestionable... pero en tanto se convierte en realidad, los murcianos no queremos vivir más pesadillas...” (162). Como sucediera en legislaturas anteriores, los Grupos de la Oposición rebatieron los objetivos cuestionando el crecimiento económico y argumentando el deterioro de la situación (elevado nivel de endeudamiento de las familias, incremento del 110% del precio de la vivienda, salarios más bajos de España, alta tasa de temporalidad en el empleo, la degradación del Mar Menor junto con unas directrices del litoral propias de un modelo territorial caduco... encontrándose especialmente críticos con el crecimiento basado en el ladrillo). En suma. Siempre se observa el mismo diseño de debate. Se abre así un periodo de cuatro años (2003-2007) en el que se acomete una actividad legislativa trascendente, destacando, entre otras, las que siguen:

162 Memoria del primer año legislativo, y textos de los Diarios de Sesiones, 25 y 26 junio 2003.

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• La Ley 6/2003, de 12 de noviembre, de los Consejos Reguladores (BOAR n.º 13), modificada posteriormente (BOAR n.º 34, de 25 de abril 2004) • Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial (BOAR n.º 13). • Ley 9/2003, 21 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (BOAR n.º 18). • Ley 8/2003, de 21 noviembre, que establece deducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las adquisiciones “mortis causa”, por descendientes y adoptados menores de 21 años (BOAR n.º 14). • Ley 1/2004 de 24 de mayo, modificando la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorro de Murcia. • Se modifica la Ley del Suelo (1/2001, de 24 de abril), por Ley 2/2004, de 24 de mayo; y la de Consejos Reguladores por Ley 3/2004, de 27 de mayo; y la de Puertos de la Comunidad Autónoma, por Ley 6/2005, de 1 de julio, y, más tarde, por Ley 1/2007, de 1 de marzo. • Aprueban la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma; y la Ley 5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado de la Región de Murcia. Pero especial importancia tienen: • La Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, modificada posteriormente. • Ley 7/2004, de 28 diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad. Ambas normas afectan a la estructura y funcionamiento de la Administración Regional, y lo hacen de manera importante. A las mismas han de incorporarse:

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• La Ley 9/2004, de 29 diciembre, sobre creación de la Empresa Pública Regional Radio Televisión. • La Ley 2/2005, de 11 de marzo, de Academias de la Región de Murcia. • La Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades, culminando así el proceso de desarrollo de transferencias de competencias en la materia. • La Ley 4/2005, de 14 de junio, del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, modificada por Ley 2/2006, de 10 de abril. Igualmente procede dejar constancia de otras disposiciones que sirven para reseñar la importancia de la Legislatura, tales como Medidas para modernización del Gobierno Local de Cartagena (Ley 5/2005, que aplica la Ley de Grandes Ciudades de 2003); la de Subvenciones de la Comunidad (Ley 7/2005); sobre la calidad en la edificación (Ley 8/2005); se crea el Instituto Murciano de Acción Social (Ley 1/2006); y también la Entidad Pública del Transporte (Ley 3/2006). Se modifica la Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular de Ayuntamientos y Comarcas (Ley 7/2006), así como la del Instituto de Fomento (Ley 9/2006). Se legisla sobre las Sociedades Cooperativas de la Región (Ley 8/2006), y se insiste en la regulación del Comercio Minorista y el Plan de Equipamientos Comerciales (Ley 11/2006). Finalmente se aborda la regulación de Energías renovables, y Ahorro y Eficiencia Energética (Ley 10/2006). En el último tramo de la legislatura se intensifica la revisión de Medidas Fiscales, afectantes a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Ley 4/2006), y tipos aplicables para las viviendas acogidas al Plan de Viviendas Joven (Ley 5/2006). Se aborda, finalmente, la regulación de la Renta Básica de Inserción en la Comunidad Autónoma (Ley 3/2007). Aspecto esencial conllevan las iniciativas recogidas en la Ley de Juventud (Ley 6/2007), así como la regulación (Ley 7/2007) de la igualdad entre Hombres y Mujeres, y de Protección contra la Violencia de Género (modificada posteriormente por Ley 3/2008. También deben consignarse la Ley de creación del Colegio de Periodistas (Ley 5/2007), y la promulgada para

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el Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma (Ley 8/2007). Como resumen final puede afirmarse que se trata de una de las legislaturas más fructíferas de la Asamblea Regional, al menos desde una perspectiva cualitativa por la importancia de las materias tratadas. En el orden de actividades para la difusión de las realizadas Por el Parlamento Regional, aparte de servir como anfitriona de Exposiciones de diferentes contenidos (Arte, Historia de la Formación, 100 años de UGT, por citar algunas), debe registrarse el “Encuentro Parlamentario Hispano-Ruso en el que resaltan las aportaciones de éstos al proceso autonómico. De igual manera, el constante debate sobre el agua por consecuencia de la Derogación del PHN de 2001. Aunque lugar destacado ocupan las comparecencias ante la Comisión Especial de Reforma del Estatuto (noviembre de 2006), y las correspondientes al Pacto del Agua; la suscripción de Convenios con UPTC para celebrar un ciclo sobre inmigración; la Conferencia Internacional sobre Absentismo Escolar; etc. A las actividades citadas habría que incorporar otras, cuya relación sería numerosa. Sin embargo, podría decirse que las Reformas de Estatutos a nivel nacional, los problemas del Agua, y acometer la regulación de algunos derechos fundamentales, entre otros, agitaron el Parlamento Regional, como habrá ocasión de comprobar al estudiar el capítulo correspondiente al “Control del Gobierno”.

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Al iniciar el análisis de la VII Legislatura (2007/2011) tienen que registrarse los resultados electorales. La convocatoria otorgó, una vez más, la mayoría absoluta al Partido Popular (28 Diputados), bajando en dos escaños el Grupo Socialista (14 escaños), y los tres restantes fueron de Izquierda Unida al sumar los perdidos por PSOE. Pero si algo caracteriza este cuatrienio es la percepción de la llegada de la grave crisis económica y las consecuencias de todo tipo que originó. Realmente los efectos no se notaron hasta superada la anualidad de 2007 y bien avanzada la de 2008. A partir de tales fechas, la realidad financiera para la Administración Regional y, en general, para todas las Administraciones Públicas, representa un condicionante de tal envergadura que impone correcciones cualitativas y cuantitativas extremas. Austeridad que lógicamente afecta también al Parlamento Regional tanto “en recortes presupuestarios, como en los temas que se someten a su consideración”. El CES, cuando valora lo ocurrido en 2008 señala: “la economía murciana ha experimentado una brusca y profunda desaceleración de su ritmo de crecimiento, en consecuencia con lo ocurrido en la economía española y en la mundial. Un debilitamiento progresivo conforme avanzaba el ejercicio y se extendía la incertidumbre sobre el alcance de la crisis financiera internacional, cuyo afloramiento definitivo con la quiebra de Lehman Brothers empeoró las expectativas, eliminó prácticamente el mercado interbancario, contrajo de forma extraordinaria el crédito al sector privado y extendió la crisis financiera a la economía real”. Diagnóstico que es ratificado y ampliado, entre otros, por “Contabilidad Nacional y Regional” del INE, y FUNCAS, y que fueron expuestos al examinar el análisis presupuestario y sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, a los que hay que remitirse. El apunte que antecede afecta más a decisiones administrativas que a la actividad legislativa. No obstante, tal hecho no impide la iniciativa de los Grupos, resultando procedente citar como principales las disposiciones que seguidamente se citan: • Previas al inicio de la legislatura, pero fechadas en la anualidad de 2007, se registran: la ya indicada Ley de Renta Básica de Inserción (Ley 3/2007, de 16 de marzo); de Patrimonio Cultural, Ley 4/2007, de

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16 de marzo; de creación del Colegio Oficial de Periodistas de la Región Ley 5/2007, también de 16 de marzo; y otras igualmente citadas con anterioridad. • Constituida las nueva Asamblea por efecto de las ya reseñadas elecciones, pueden concretarse las Leyes que a continuación se reseñan: Ley 9/2007, de 14 de diciembre, por la que se aplica a Lorca el Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población; Ley 13/2007, de 27 diciembre, que modifica la de 1995 sobre Medio Ambiente. En la anualidad 2008 se legisla sobre materias importantes, como Carreteras (Ley 2/2008, de 21 de abril); sobre Extinción de Cámara Agraria de la Región (Ley 5/2008, de 13 noviembre). Y en el siguiente año (2009), hay que referenciar una amplia actividad. Así, se acometen lo proyectos de Ley de Transportes Marítimos de Pasajeros (Ley 1 de 2009, de 11 de marzo); de los Derechos y Deberes de los Usuarios del sistema Sanitario de la Región (Ley 2/2009, de 12 de marzo); sobre Protección Ambiental Integrada (Ley 4/2009, de 14 de mayo); de creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales (Ley 8/2009, de 2 de noviembre); de modificación de la Ley del Defensor del Pueblo (Ley 9/2009). Además se desarrolla la creación de una Red de apoyo a la mujer embarazada (Ley 11/2009, de 1 de diciembre); y la que señala la adecuación de distintas leyes a la Directiva 2006/123/CE, relativa a Servicios en el Mercado Interior. Los periodos 2010 y 2011 fueron más restrictivos. La primera de ellas contrae sus decisiones normativas a figuras tributarias sobre las que tiene competencias la Asamblea (IRPF y modificación de Presupuestos Generales, entre otras), teniendo particular importancia la Ley 5/2010, de 27 diciembre, de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las Finanzas Públicas, modificada en febrero de 2011. Así concluye la VII Legislatura, que también representa, inicialmente, el límite temporal del presente trabajo. No obstante, habida cuenta el interés que la VIII ofrece, habrá especial referencia a la misma, al menos en los aspectos principales, y alguna anotación a la IX.

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En cuanto a la actividad protocolaria y de promoción llevadas a efecto por la Asamblea, pueden inventariarse las siguientes: • Continuidad de la Comisión Permanente y Asamblea Plenaria de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) y asistencia del Presidente de la Cámara a Berlín y Bilbao, haciéndose oír sobre la puesta en marcha de la Iniciativa Europea. Igualmente, la Declaración Institucional sobre “Parlamentos, Regiones y Europa”; la Conferencia de Presidentes en Cartagena; Apoyo al Año Jacobeo; y la reivindicación del trabajo de los políticos y compromiso de prestigiar su actividad. • Reconocimiento al Presidente de la Asamblea, Sr. Celdrán Vidal como Hermano de Honor de los Discípulos de Meaux, Hijo Predilecto de La Unión, y Premio Tomir, que otorga el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. • Se trata de una Legislatura en la que se produjeron hechos y adoptaron decisiones que procuraron declaraciones y recepciones de particular importancia, tales como la oposición a la pretensión de Castilla-La Mancha sobre el Trasvase Tajo-Segura; la creación de la figura del Defensor del Pueblo con la visita del titular en el ámbito nacional; el nuevo sistema de financiación de las Autonomías, que motivó acuerdo unánime de los Gruidos Políticos aunque, finalmente no se consiguiera con el consiguiente y significativo perjuicio para la Región. • De otra parte, la celebración del XXX Aniversario de la Constitución de 1978, fue razón para impulsar actos diferentes de promoción, como la lectura de los Derechos Humanos por treinta personalidades de la Región. Incluso se puede incluir en este apartado la creación de una Comisión Especial de Justicia y Seguridad a los efectos de estudiar las transferencias de competencias a la Región. • Finalmente se consigna la intensa actividad desplegada para proyectar la imagen de la Asamblea, destacando las jornadas convocadas para emisión de Radio y Televisión; la celebración de Exposiciones, como la de carácter itinerante “Murcia y el Agua: Historia de una pasión”; o el homenaje a la figura de don Antonio Reverte Moreno, por

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parte de la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales; y los distintos Convenios suscritos con las Universidades Públicas de la Región. En síntesis. El periodo 2007/2011 adquiere particular y trascendental importancia al ocupar el mayor tiempo de crisis económica, pero también porque los signos externos (actividad legislativa e iniciativas) ofrecen una riqueza extraordinaria que se revaloriza si se atienden las dificultades financieras y sociopolíticas que concurren. Su contenido se analizará con detalle al examinar, en capítulo separado, el control sobre la acción del Gobierno Regional.

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Aun cuando el límite temporal de la investigación que se realiza está, como ya se ha señalado, en el mandato inmediato anterior, parece necesario hacer constar algunas anotaciones sobre el desarrollo habido en el periodo 2011/2015, también de especial significación en todos los sentidos, y de manera particular en el cambio experimentado en la Presidencia del Gobierno Regional en abril de 2014, un año antes de la convocatoria electoral de mayo 2015. La causa fue la decisión personal del Sr. Valcárcel Siso de cesar en la misma para participar en las Elecciones al Parlamento Europeo, en el que obtuvo escaño y, posteriormente, una de las Vicepresidencias. Naturalmente, la trascendencia de este hecho procuró el nombramiento del sustituto, previo el consiguiente debate de Investidura. Fue elegido quien era Vicepresidente de la Cámara, Alberto Garre López, quien hubo de conformar nuevo Gobierno. Aparte la valoración que merezcan determinados hechos, el examen de aquella realidad pasa inevitablemente por consignar las disposiciones aprobadas. Es un tiempo en el que la preocupación principal reside en la situación económico-financiera, circunstancia que promueve comparecencias de responsables de los Departamentos competentes en las distintas materias. La modificación de la Ley 5/2010, de 27 diciembre, de Medidas Extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, fue uno de los objetivos básicos (Ley 1/2011, de 24 de febrero), seguida de otras Medidas Fiscales y de Fomento Económico de la Región (Ley 7/2011, de 26 de diciembre), de Medidas Urgentes para el Reequilibrio Presupuestario (Ley 3/2012, de 25 de mayo); de regulación del régimen de presupuestación y control en la CARM de ayudas concedidas para reparar daños causados por los movimientos sísmicos de Lorca; de Medidas Tributarias, Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional (Ley 14/2012, de 27 diciembre); o de Medidas urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativa (Ley 4/2013, de 12 de junio). En otro orden, significar la modificación de la Ley reguladora de Cajas de Ahorro de la Región (Ley 4/2012, de 15 de junio). A propósito de la situación financiera, el CES Regional, en la Memoria co-

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rrespondiente al ejercicio 2014, dedicaba un capítulo al análisis del comportamiento de la Hacienda Pública durante los años de crisis. En ella, con carácter general, remarca: “... desde que el modelo de descentralización territorial inició su andadura, el crecimiento de gastos e ingresos era una constante en una senda generalmente de déficit moderado, incluso superavit a mediados de la década anterior, y un endeudamiento reducido y asequible dada la magnitud de las cifras presupuestarias. Súbitamente, los ingresos se desploman, el déficit y la deuda pública crecen desmesuradamente y es necesario implementar duras políticas restrictivas de gasto público, desconocidas hasta entonces....”. Y en el apartado 2 de las consideraciones que formula, y que es consecuencia de la descripción de la situación de la Hacienda Regional, concreta: “...la enorme gravedad del problema financiero, que da lugar a la existencia de importante déficit y generado un nivel de deuda pública de excepcional dimensión, cuya amortización supondrá un pesado lastre para el presupuesto...”. Y concluye remarcando que, por las circunstancias concurrentes, “... es la Administración Central el principal acreedor de la Hacienda Regional. En opinión del Consejo debiera plantearse que una parte de ese endeudamiento, muy importante porque representa más del 60%, fuese asumido por dicha Administración como compensación por la inferior aportación de recursos por habitante que han supuesto los diferentes modelos de financiación autonómica a lo largo de los años...”. De una u otra forma tales hechos quedaron reflejados en el capítulo correspondiente de la Primera Parte de este trabajo, si bien su importancia no descarta que pueda volverse sobre el tema. Pero éste es un periodo que también se caracterizó por otras decisiones políticas de importancia, y que responden a criterios y demandas de los ciudadanos. Entre los principales, la Ley 7/2014, de 21 noviembre, que modifica la Ley 6/2004, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región (BOAR n.º 154 y BORO n.º 275), por la que se limita a dos los mandatos del Presidente de la Comunidad. Criterio que puede extenderse, en futuro inmediato, a los Consejeros del Gobierno. También ocupa lugar destacado en las singularidades de esta Legislatura, el cambio de política regional en cuanto al control de la corrupción se

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refiere. Es la Ley 12/2014, de 16 diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana (BORM n.º 290), el primer anticipo que daba respuesta, como se dice en la Exposición de Motivos, a “la madurez de la democracia y las exigencias de la sociedad...”. Disposición que recoge la filosofía y criterios de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de ámbito Estatal, en sus prescripciones básicas. Se afronta de esta manera una etapa que requiere un cambio de actitud en los responsables de la gestión pública, presión ejercida por la sociedad y de manera acusada por los llamados partidos emergentes y populistas, siendo objetivo principal terminar con el denominado bipartidismo que hasta este momento ejercían Partidos Socialista y Popular. Al examen de la nueva situación se dedicará breve comentario al exponer las conclusiones de la investigación.

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La realidad descrita desde 2007 conlleva el análisis del cambio de circunstancias desde que el Grupo Popular asumiera responsabilidad de gobierno en 1995. Habían transcurrido doce años de bonanza económica que permitieron la programación de obras y proyectos importantes que, ciertamente, habían logrado una transformación esencial y conseguido un nivel de equipamientos básicos excelentes. De ello habrá de consignarse lo principal a efectos de valoración del sistema de organización territorial. Sin embargo, a partir de 2007 se inicia otra etapa bien distinta por efecto de la crisis económica. La lectura del proceso registrado y las consecuencias resulta negativa en todos los aspectos, como ha quedado reflejado en la descripción que antecede. Una perspectiva que ha de acompañarse del excesivo número de casos de corrupción, obligando a diseñar medidas que pongan fin a la misma. Y junto a lo expuesto, se produce también la concurrencia de problemas tan esenciales como los atinentes al agua, la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca, o los extraordinarios que suponían los movimientos sísmicos ocurridos en Lorca. Sin embargo, tal cúmulo de circunstancias no puede obstaculizar una lectura de lo realizado, ni tampoco la interpretación de las causas por las que no se llevaron a buen fin determinados proyectos. No obstante lo dicho no se desiste del diseño de un nuevo Plan Estratégico para salir al paso de los efectos de la crisis e impulsar el desarrollo socioeconómico de la Región, aunque con las limitaciones presupuestarias derivadas de la situación financiera. Será difícil regresar a posiciones tan positivas como las vencidas por la crisis. Nada será igual y, desde luego, habrá que adecuarse a las exigencias de control del gasto y del déficit que el Gobierno Central determina a cada Autonomía. Pero no sólo es el problema económico el que condiciona el futuro inmediato. Se detecta una gran sensibilidad ciudadana sobre el sistema de organización territorial; necesidad de revisar las transferencias de competencias para evitar duplicidades; reducción de la composición de los Parlamentos Regionales, entre otros. Sin olvidar, por su trascendencia, la posible modificación de Estatutos, iniciada hace años, condicionados también, y en su caso, por la anunciada Reforma de la Constitución de 1978.

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En suma. Parece haberse llegado al final de una importante fase en términos de descentralización y que a partir de las Elecciones de 2015 se iniciará una nueva etapa. Una razón más para formular ahora la “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” acerca de lo sucedido desde la Preautonomía, es decir, hace treinta y cinco años. Es la pretensión de esta investigación. VI.4. Resta para concluir este capítulo un apunte sobre aquellas leyes que abordan la regulación de derechos fundamentales, no obstante el art. 9 del Estatuto que señala que “...los derechos y deberes fundamentales de los murcianos son los establecidos en la Constitución para los españoles”, refiriendo seguidamente la obligación de la Comunidad Autónoma de “garantizar el adecuado ejercicio de los mismos”, así como “promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean efectivas y reales, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”. En el volumen II de “Crónicas de la Autonomía de la Región de Murcia”, que comprende el periodo 1997/2004, se analizaba la trascendencia del precepto así como las leyes reguladoras. Posteriormente, el Consejo Jurídico publicaba “Comentarios al Estatuto de Autonomía”, obra reiteradamente citada en el presente trabajo. En ella, el Profesor MORENO GARCÍA, Antonio, examina el art.9 del Estatuto y remarcaba que “el punto de vista social –tal es el sentido último del precepto– habrá de ser, necesariamente, el regulador de todos los aspectos de la política y de la legislación regional”, para decir después “que es imposible que el estatus jurídico de un ciudadano de la Región sea determinado de modo que puedan ser concebido como ciudadano con menos derechos fundamentales o con más obligaciones que el resto de los ciudadanos del Estado...”. Examinado el entorno que configuran las Autonomías es clara la percepción de que las normas muestran una decidida función reguladora de los derechos humanos. A tal fin se recuerdan las siguientes iniciativas: Protección de la Infancia, Ley 3/1995, de 21 de marzo, después acompañada por otras propuestas, como la creación de la figura del Defensor del Menor incorporándose el problema de la Violencia Escolar.

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En otro orden debe consignarse el Testamento Vital como manifestación del derecho a la vida. En esta materia, adoptada por la práctica totalidad de las Autonomías, se estimuló la decisión del Gobierno Central de crear el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Y otro tanto ocurre con la Ley que regula las denominadas Parejas de Hecho, de general aceptación por los Parlamentos, aunque en la Región no se llegó a su aprobación pero, si se registran debates y propuestas concretas, tales como la que protagonizó el Grupo Mixto en 2002, que recoge la instancia al Consejo de Gobierno para que, una vez aprobado el marco legal que las regule a nivel nacional, adopte, en su caso, las medidas oportunas para regular dicha situación en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma. La “violencia de género” y la “igualdad entre mujeres y hombres”, han sido de permanente atención por el Parlamento Regional. Declaraciones Institucionales o los sucesivos Planes de Igualdad de Oportunidades, resaltando igualmente la equiparación en las relaciones laborales..., fueron constantes. En definitiva. Si bien el ciudadano de la Región resulta titular de los Derechos Fundamentales que la Constitución reconoce, la Comunidad no se ha mostrado propicia a regulaciones específicas de los mismos, sobre todo si se compara con lo hecho por otras Autonomías. Ahora bien. Es claro que tales iniciativas se anticipan a las decisiones del propio Estado y presionan sobre el mismo para lograr un desarrollo legislativo básico al que posteriormente adopten normas las Comunidades Autónomas.

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Al igual que el periodo en que gobernara el Partido Socialista, se reproducen a continuación las opiniones del Presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán Vidal, y las Presidente del Ejecutivo, Ramón Luis Valcárcel Siso, ambos ejercieron durante las cinco últimas legislaturas.

CINCO LEGISLATURAS CUMPLIENDO EL MANDATO ESTATUTARIO Cuando está a punto de cumplirse la quinta legislatura consecutiva en la que estaré al frente de la Asamblea Regional, el que actualmente sea el Presidente de la misma, me hace responder a la solicitud de Clemente García de valorar globalmente ese inconcluso periodo con cierta moderación y cautela, ya que soy juez y parte. Por estar desempeñando el cargo no puedo abordar ese cometido con la imparcialidad de la distancia, aunque sí puedo hacerlo con la perspectiva histórica que me brindan 19 años como máximo responsable del parlamento autonómico de nuestra Región. Y empezando por el principio, por junio de 1995, cuando accedo al cargo, he de recordar que en nuestra Región se había producido un vuelco electoral de considerable magnitud, pasándose de la anterior mayoría absoluta que ostentaba el Partido Socialista, a mayoría absoluta de escaños del partido en el que orgullosamente milito, el Partido Popular. Esa mayoría popular se ha ido incrementando con el paso de las sucesivas legislaturas, alcanzando los 33 diputados que actualmente conforman el grupo mayoritario. Otro dato que creo se debe resaltar es que desde la constitución de la Asamblea Regional en 1982 hasta que yo tomo posesión, es decir, en un periodo de 13 años, la Cámara había tenido 4 presidentes. Las crisis políticas existentes en el entonces partido gobernante tuvieron, como no podía ser de otra forma, reflejo en la institución que representa la voluntad política de los ciudadanos.

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Puede ser que alguien pensara que fruto de ese vuelco electoral al que he hecho referencia, la Asamblea iba a cambiar radicalmente. El cambio se produjo efectivamente en su composición, pero no en su funcionamiento. Pienso sinceramente que una de las consideraciones que puede aplicarse con carácter general, es que nuestro parlamento se ha dedicado desde siempre a intentar cumplir, lo más eficazmente posible, las misiones a él encomendadas en nuestro Estatuto de Autonomía. El parlamento es, esencialmente, el órgano legislativo de nuestra Comunidad, al que le corresponde aprobar los presupuestos, impulsar, orientar y controlar la labor del Consejo de Gobierno y de su Presidente. A cumplir ese claro mandato se ha dedicado la Asamblea Regional. En cuanto a la competencia legislativa de la Asamblea, pienso que de las 201 leyes que se han aprobado durante mi mandato, tal vez sean las más importantes de ellas las anuales de presupuestos, con las que se calcula lo que se va a ingresar anualmente, y cómo se va a invertir ese dinero en nuestra Comunidad. Cuando accedo a la presidencia, nuestra Comunidad Autónoma tenía un presupuesto anual de 83 mil millones de pesetas (serían casi 497 millones de euros). Hoy, nuestro presupuesto es de casi 4.500 millones de euros. Este dato nos da una idea cierta de cómo ha evolucionado la magnitud económica de la Comunidad. Como es sabido compete al Gobierno Regional la confección del proyecto de presupuestos y, por tanto, es el ejecutivo quien acapara inicialmente todo el protagonismo. Pero una vez remitido el proyecto a la Asamblea es allí donde se inicia el minucioso proceso de su tramitación y aprobación. Y he calificado de minucioso el proceso ya que ante la correspondiente Comisión de la Asamblea, deben comparecer todos y cada uno de los Consejeros para informar de cómo tienen previsto gastar su correspondiente partida. Tras el debate plenario de las enmiendas formuladas a la totalidad del proyecto, se discuten en Comisión las miles de enmiendas parciales presentadas. Las que no fueran admitidas en Comisión, pueden defenderse en Pleno. En suma, un detallado proceso mediante el cual,

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y durante meses, los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer de antemano como se va a gastar su dinero, ya que este proceso es seguido ampliamente por los medios de comunicación. En cuanto al resto de leyes aprobadas, cada vez que me han preguntado, he respondido lo mismo: todas son muy importantes, todas hay que cumplirlas, y todas requieren el estudio y reflexión de los diputados regionales. Evidente es que algunas de ellas afectan a espacios concretos, como las de medidas extraordinarias para paliar los efectos del terremoto de Lorca, o para la aprobación de la Universidad Politécnica de Cartagena; otras están más directamente relacionadas con colectivos específicos, como las de aprobación de los numerosos colegios profesionales, las referidas a la mujer, la juventud, etc. Y hay un tercer grupo, más generalista, en las que se abarcan conceptos más amplios como las ferias, tasas, museos, puertos, aguas, etc, de la Región. Pero, insisto, todas y cada una de ellas son las más importantes, y todas y cada una de ellas hay que llevarlas a la práctica para el mejor funcionamiento de nuestra Región y para mejorar también la calidad de vida de sus ciudadanos. En este punto quiero destacar que la nuestra ha sido, con diferencia, una de las comunidades de España que menos conflictos ha tenido con el gobierno central por posible invasión de competencias de éste a la hora de elaborar nuestras normativas específicas: tan sólo en dos ocasiones, y por cuestiones técnicas. Y esta circunstancia no es fruto de la casualidad, sino de la firme convicción que tenemos todos de que nuestra Autonomía es perfectamente compatible con la unidad de España y con la solidaridad entre todas sus regiones. Así ha sido hasta ahora, y así debe seguir siéndolo. Además de la potestad legislativa, a la Asamblea le corresponde también el impulso y control del Gobierno Regional y de su Presidente. Tal vez, la más llamativa de estas actuaciones de impulso y control al gobierno es el debate que anualmente se celebra (salvo aquellos años en los que ha tenido lugar el de Investidura) sobre la “Acción política del Consejo de Gobierno”, más conocido como “debate sobre el estado de la Región”. Durante el mismo, el Presidente de la Comunidad informa al pleno de la

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Asamblea de las actuaciones realizadas por su gobierno en el último año, y sobre la marcha general de la Región. Tras la exposición del Presidente, y de los correspondientes turnos de réplica y dúplica de los portavoces de los grupos parlamentarios, se debaten las propuestas de resolución. Repasando las que ha habido durante el periodo de referencia, se comprueba que hay cuestiones de permanente interés en nuestra Región y que, como consecuencia, se ven reflejadas tanto en las resoluciones que se aprueban en ese Debate, como en las numerosas iniciativas parlamentarias que se tramitan en la Cámara. Estos temas prioritarios han sido: el agua, el empleo y las infraestructuras. Obvio es que en los debates sobre estas grandes cuestiones, cada grupo parlamentario ha expuesto su particular visión de los mismos, pero, salvo contadas excepciones, la unanimidad ha sido la nota predominante a la hora de considerarlas cuestiones de vital importancia y de la necesidad de actuar de forma coordinada. Tal vez, fruto de esa unánime consideración podemos sentirnos esperanzados al comprobar que se están despejando las grandes cuestiones: en cuanto al tema del agua, el acuerdo nacional alcanzado le da una garantía legal a algo que estuvo puesto en seria cuestión y que es de vital importancia: el trasvase Tajo-Segura. La unanimidad -con los lógicos maticesexpuesta en cuestiones de infraestructuras ferroviarias (Ferrmed y AVE soterrado) ha sido fundamental para poder avanzar en ese terreno. Presumo que para cuando este libro esté en sus manos, ya estará definitivamente despejada la otra gran infraestructura tan necesaria para multiplicar las potencialidades turísticas y de todo tipo que tenemos, como es el Aeropuerto Internacional de Corvera. Diálogo y consenso ha existido también a la hora de considerar el empleo y de proponer fórmulas para conseguir recuperar los niveles de ocupación que reduzcan las elevadas tasas que ha originado la actual crisis económica. A ese empeño estamos llamados todos y, estoy convencido, de que se conseguirá más pronto que tarde.

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Al margen de las tareas específicamente parlamentarias, la Asamblea Regional ha organizado multitud de actividades orientadas a estar en sintonía con los ciudadanos que la eligieron, y a los que representa. Los convenios suscritos con distintas Academias, Universidades y entidades de prestigio son buena prueba de ello. El programa de divulgación educativa, ha hecho que casi 150.000 escolares hayan tenido la ocasión de visitar, en el periodo de referencia, la Asamblea Regional, conociendo a fondo sus misiones y funcionamiento. En ese mismo periodo, otras casi 25.000 personas procedentes de otros colectivos: tercera edad, amas de casa, asociaciones culturales, etc. han visitado también nuestro parlamento autonómico. En suma, pienso que la Asamblea ha contribuido a vertebrar políticamente nuestra Región, y a hacer patente las ventajas de la descentralización autonómica, aproximando a los ciudadanos la toma de decisiones y facilitando también el control de sus gobernantes. Y como no todo han de ser loas, he de confesar que lamento el tener que reconocer que aunque nadie duda de la necesidad e importancia de la institución como tal, sí se ha puesto en algunas ocasiones en cuestión la labor que realizan individualmente los diputados regionales. Podrá deberse a un fallo de comunicación por nuestra parte, pero un reciente artículo periodístico en el que se ironizaba sobre la no presencia en horario de oficina de los diputados en sus respectivos grupos, me indujo a pensar que no hemos sabido transmitir que el diputado no es un funcionario que deba cumplir un horario en la sede parlamentaria, y que su trabajo es estar en sintonía con los ciudadanos a los que representa, a fin de poder proponer actuaciones en la cámara tendentes a mejorar -en un amplio sentido- la vida de los ciudadanos. Será por la crisis económica que nos ha vuelto a todos más exigentes con los que nos gobiernan; será porque el parlamentarismo es una actividad que por su necesario reposo, en oposición a la inmediatez que hoy exigimos a todos y que preside nuestras vidas, es puesta recurrentemente en tela de juicio; sea por una u otra circunstancia, percibo que la labor individual de los diputados no está prestigiada en la medida que está la propia institución que les da cabida.

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Echo la vista atrás y compruebo que hace ya 19 años en mi primera toma de posesión me comprometí a: “trabajar en todo momento al servicio de la Institución, por encima de cualquier interés personal o de grupo, por muy legítimos que éstos pudieran ser”. Les aseguro que eso he hecho en este tiempo, al igual que así han obrado la inmensa mayoría de los diputados que han formado parte de la Asamblea en esas cinco legislaturas. Si no ha sido percibido así por los ciudadanos es debido a un error de nuestra parte, que deberemos esforzarnos en subsanar. La fortaleza de la institución parlamentaria, y la fortaleza también de las instituciones regionales, nacionales, y de la propia Jefatura del Estado, me hacen estar profundamente convencido de que con independencia de las personas que estén al frente de las mismas, las instituciones continuarán desempeñando sus cometidos esenciales, y que los cambios en las personas favorecerán el incremento del prestigio y eficacia de las mimas. No quiero terminar estas palabras sin agradecer a Clemente García la iniciativa de publicar esta nueva obra que, unida a sus tres anteriores: “Crónica de la autonomía”, ha supuesto una importante contribución a que nuestra Región sea hoy lo que es. Una persona como Clemente, que en numerosas ocasiones y por distintos medios ha manifestado que: “Si los murcianos tuviéramos la ocasión de leer la historia de nuestro Parlamento, tendríamos la versión más importante de cómo hemos contribuido a nuestra autonomía, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos hemos dotado de derechos fundamentales y cómo hemos practicado la cultura del diálogo y del consenso”, merece todo mi respeto, admiración y colaboración.

Francisco Celdrán Vidal Presidente de la Asamblea Regional de Murcia

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DIECINUEVE AÑOS AL SERVICIO DE MI REGIÓN Antes que nada, querría agradecer a Clemente García su generosidad al permitirme que me asome a las páginas de este libro, con la finalidad de aportar algunas claves con las que interpretar la evolución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre los años 1995 y 2014, que es el tiempo en el que tuve el inmenso privilegio de gobernar nuestra querida región, o, lo que es lo mismo, servir a las gentes que habitan la tierra que me vio nacer y en la que quiero morir.

Don Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad Autónoma durante las cinco legislaturas que abarcan el periodo (1995-2015).

El agradecimiento cobra mayor intensidad al ser el autor del libro un murciano de prestigio personal, trayectoria profesional y experiencia política intachables, lo que concilió el respeto, el cariño y el reconocimiento unánime de la sociedad a la que ha servido -y sirve- desde las más diversas facetas en las que asumió, generoso, responsabilidades de primer nivel, entre ellas la alcaldía de Murcia. En efecto, Clemente García ha sido uno

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de los mejores alcaldes que ha tenido a lo largo de toda su historia el municipio de Murcia; modernizó la ciudad, cuya evolución andaba al compás de los cambios que los nuevos tiempos democráticos nos traían de la mano de la Transición, a la vez que, desde una visión de futuro y un profundo sentido de la equidad, dotó a las pedanías de los servicios suficientes orientados a elevar la calidad de vida de sus habitantes. Clemente ha destacado especialmente por ser una persona de talante y de talento. Dialogante y hombre de consenso, durante muchos años estuvo al frente de la Secretaría General de la Confederación Regional de los Empresarios Murcianos, en tiempos no exentos de dificultades, pero, reduciendo al máximo la conflictividad laboral porque sumó y no restó, poniendo de acuerdo a todas las partes implicadas, empresarios, sindicatos y gobierno. Y esto, forma parte de la historia de los últimos años de nuestra región y explica, al mismo tiempo, una de las claves del progreso experimentado en esa etapa a partir de la política de pactos, resultado de los múltiples y fructíferos acuerdos, en los que, insisto, Clemente tanto tuvo que ver. Toda actividad en la vida tiene mejores y peores momentos, luces y sombras; y esto, se acentúa de forma muy especial si el quehacer forma parte de la cosa pública, de la acción política. En mis diecinueve años de gobierno, hubo, pues, alegrías y tristezas, momentos que celebrar y frustraciones que soportar; hubo sueños -muchos de ellos hechos realidad- y pesadillas, también. Pero, ya digo, ¡es la política...!. Estoy convencido, sin embargo, de que, independientemente de los aciertos y los errores -que los hubo-, en todo momento actuamos con lealtad y con entrega sin reservas a la ciudadanía a la que representamos. Esto no constituye mérito alguno; sencillamente, es parte esencial de una forma de entender la política en tanto que vocación de servicio. Por esa razón, procuré no rendirme nunca ante la adversidad, porque el haberlo hecho significaría estar de su parte. Pues bien, en las elecciones autonómicas de mayo de 1995, el Partido Popular recibía de los murcianos el encargo de gobernar la región. Era la primera vez que esto ocurría; después, esta formación política renovaría

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la confianza del electorado en sucesivas citas con las urnas -1999, 2003, 2007 y 2011- estando, ahora, en la antesala de la pre-campaña de las autonómicas de 2015. La Murcia de entonces era una región con serias carencias en materias tales como la Sanidad y la Educación -que son los pilares básicos del llamado Estado de Bienestar- así como las infraestructuras de comunicación. No había vertebración interna ni tampoco con el exterior de nuestras fronteras regionales. La tasa de desempleo, especialmente la referida a jóvenes y a mujeres, arrojaba registros que superaban, incluso, a los actuales tras la crisis económica más devastadora que ha padecido España, y el mundo, y de la que todavía no hemos salido definitivamente, si bien, las reformas acometidas por el gobierno de la nación y la coyuntura internacional abren, aunque con exasperante lentitud, un camino a la esperanza. Una región, decía, estancada, con una quiebra importante de la confianza en el futuro que, además, se veía agravada por las nulas perspectivas de dotar a nuestra agricultura y a nuestra industria de los recursos hídricos necesarios para el crecimiento de una comunidad con vocación agrícola y exportadora, por excelencia. Una región, en fin, que, como el resto de España, asistía atónita al episodio más triste y censurable: la quema de la fachada principal de la Asamblea Regional, como consecuencia del clima social que se había creado a partir de las decisiones del gobierno de España con respecto de la empresa nacional BAZÁN. Discurría el año 1994. En el terreno de lo estrictamente político, las cosas no estaban mejor. El partido del gobierno, el PSOE-RM, estaba inmerso en sus guerras intestinas, que venían manteniendo ya durante demasiados años, y que se habían saldado con la moción de censura que los propios socialistas presentaron contra el presidente del gobierno de la región, entonces, Carlos Collado Mena. Algo similar había ocurrido años antes con su antecesor, Andrés Hernández Ros, quien se vio obligado a dimitir tras una maniobra promovida por una de las “familias” socialistas, al parecer descontentas con las políticas de su compañero de filas. En 1993, Carlos Collado era, pues, desalojado de la presidencia del gobierno con acusaciones que, mucho tiempo después, se desvanecieron en su integridad. La Justicia terminaría archivando la causa. Era la segunda víctima política que se co-

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braban las ambiciones personales y la endogamia de un partido que, lejos de mirar hacia fuera y gobernar para los murcianos, fue incapaz de salir de un círculo, dentro del cual interesaba más el permanente enfrentamiento –y sus consiguientes vendettas– que el interés general de una región, ya de por sí maltrecha. A Collado le sucedió María Antonia Martínez, quien, en sus dos exiguos años de mandato, no pudo frenar el imparable deterioro de la región, ni poner orden en el caos generado en su partido. Intuyo, no obstante, que empeño y dedicación no le faltaron, pero la complejidad del momento no contribuía a facilitar el acierto. En este estado de cosas, una vez ganadas las elecciones, no había otra opción que ponerse, de inmediato, manos a la obra. Y así hicimos. De 1995 a 2007, los vientos soplaron favorables. El ciclo económico ayudó. El gobierno de España –casi en la totalidad de esos años, del Partido Popular– se comprometió firmemente con el desarrollo de la región: se construyeron autovías regionales y estatales que vertebraron el territorio y contribuyeron al progreso del mismo (Murcia-Albacete, Murcia-Mar Menor, Murcia-Caravaca de la Cruz, Lorca-Águilas, Cartagena-Vera, Cartagena-Alicante, Cartagena-Alhama de Murcia, Alhama de Murcia-Mazarrón, Totana-Mazarrón , Murcia-San Javier...) Se llevaron a cabo cuantiosas inversiones en la ampliación del puerto de Cartagena, como la nueva dársena de Escombreras. Se planificó la Alta Velocidad Ferroviaria (aunque los cambios de los gobiernos nacionales también supusieron cambios en las prioridades y su consecuente retraso) Se autorizó el aeropuerto internacional que, aunque construido, no está operativo por diversos problemas derivados, entre otras causas, por la crisis económica, y, no obstante, próximo a su definitiva apertura… En materia de agua, el gobierno del Partido Popular aprobó el Plan Hidrológico Nacional, que tantas esperanzas trajo a los murcianos. Era un proyecto vital para el desarrollo de las regiones productoras y exportadoras - especialmente la nuestra- de una agricultura moderna, competitiva y absolutamente ajena a otro tipo de agricultura cuya subsistencia depende en exclusiva de la subvención. Así debieron entenderlo la mayoría de los miembros del Consejo Nacional del Agua, quienes por una abrumadora mayoría,

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próxima al 85%, dieron el visto bueno al PHN elaborado por el gobierno de la nación, sustentado por el Partido Popular y presidido por José María Aznar López. Aquello, constituyó un verdadero hito histórico para España y, de forma muy particular para la provincia de Almería, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Creíamos que se había cerrado una vieja reivindicación que tendría su origen en la Segunda República Española, bajo el mandato de Alcalá Zamora, y se abría una fructífera etapa en la que el regadío ya no estaría sujeto a la incertidumbre (y su inevitable inseguridad) en función de la disponibilidad de los recursos hídricos. Quedaba claro que en España hay agua para todos, agua suficiente, pero mal repartida. Quedaba claro, también, que en España había, en contraposición a esa suficiencia de agua, escasa solidaridad manifestada por algunas regiones. Por eso, la alegría duró poco. Las elecciones generales de marzo de 2004 dieron el triunfo al Partido Socialista, el cual, en sus ocho años en la oposición, había sido muy crítico con la planificación hídrica del gobierno de Aznar. Antes de la aprobación del PHN, los socialistas promovieron activas campañas, en España y ante la Unión Europea, contrarias a los propósitos del gobierno popular. No obstante, lo que determinó la derogación del trasvase del Ebro hacia las cuencas mediterráneas españolas fue la inconfesable cesión, así lo creo yo, que el presidente Rodríguez Zapatero hizo a Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), formación política esta que, sin querer compartir el devenir de España -pues su principal objetivo es el soberanismo catalán- hipotecó el futuro de muchos millones de españoles al condicionar su apoyo a la investidura del candidato socialista si éste eliminaba lo esencial de ese PHN, es decir, el referido trasvase. Zapatero accedió, y diputados socialistas murcianos votaron la derogación del trasvase del Ebro. Las esperanzas se desvanecieron y los murcianos experimentamos una amarga sensación entre la rabia y la frustración. Se había perdido una oportunidad única y, a día de hoy, irrepetible. Pero, con ser vital el agua, nuestra región precisaba también de servicios de primera magnitud. Así, a lo largo de estos diecinueve años acercamos la Sanidad a todos los rincones de la geografía regional, a todas las personas, con la construcción de casi un centenar de Centros de Salud y de cuatro grandes hospitales, una vez que incorporamos a nuestra autono-

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mía la competencia en materia sanitaria. De la misma manera, tras sernos transferidas las competencias en Educación, creamos una red de infraestructuras educativas que se sustancia con la construcción de 233 colegios e institutos, dos nuevas universidades, gran número de facultades con las consiguientes titulaciones, conservatorios de música, creación de numerosos museos...

El Presidente de la Comunidad Autónoma, Don Ramón Luis Valcárcel Siso, durante una de las intervenciones en la Asamblea Regional.

El diálogo social adquirió carta de naturaleza, y la paz social se convirtió en la expresión más preclara de esa realidad. Era el éxito de todos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y gobierno de la región. Bueno, el éxito y también el trabajo responsable que animó un cierto espíritu basado en la cultura del pacto, del entente que nos llevaba a buscar puntos de encuentro y a rechazar el desencuentro.

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De esta forma, consensuamos planes de desarrollo regional, planes de inversión en comarcas como la de Cartagena -muy castigada por la crisis-, el Noroeste, que languidecía a pasos agigantados, o el Guadalentín, cuyos potenciales turísticos e industriales estaban por desarrollar. Y todo ello, enfocado especialmente a la creación de empleo. Ese fue nuestro principal empeño y compromiso. Bastaría recordar como botón de muestra, que el primer problema al que tuvo que hacer frente el gobierno, en el mismo momento de su toma de posesión, fue el cierre de una importante empresa agrícola que empleaba a centenares de familias en los municipios de Águilas y Mazarrón. Dedicamos muchas semanas hasta lograr una solución. Y lo conseguimos. El mismo empeño y compromiso que pusimos en la recolocación de tantos trabajadores que habían perdido sus empleos en Cartagena y, de manera muy particular, en las industrias del valle de Escombreras. La economía, en definitiva, tomó un fuerte impulso porque, a lo anterior, habría que sumarle un potente programa de Internacionalización concebido y desarrollado en colaboración con las Cámaras de Comercio y con la CROEM, algo a lo que no estuvo ajeno -todo lo contrario- el autor de este libro, Clemente García, a la sazón Secretario General de la organización empresarial. Nuestro empresariado sentía el apoyo -y con él, el estímulo- de un gobierno que, a través de múltiples misiones comerciales e institucionales, le abría puertas en países, en ocasiones poco accesibles. Junto con la política de internacionalización, el gobierno impulsó la estrategia de captación de inversiones nacionales y extranjeras (Repsol, SK, GE Plastic -hoy Sabic-, AES Corporation, Indra, Seprox Biotech, Takasago, Grifols...) Y el resultado fue muy satisfactorio: durante diez años consecutivos Murcia fue una de las regiones de España que estuvo a la cabeza del crecimiento económico lo que se tradujo en creación de empleo hasta reducir el paro a los niveles de paro técnico. Pero, después vino la crisis. A partir de 2008, la región de Murcia, como el resto de España, sufrió las consecuencias de una recesión económica demoledora, agravada, en nuestro caso, por una deficiente financiación,

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que nos dejaba en franca desigualdad con las demás regiones (Murcia junto con la Comunidad Valenciana son las dos regiones peor tratadas de España), fruto de una injusta decisión del gobierno socialista en España. La actividad económica cayó estrepitosamente; como consecuencia de lo anterior, el desempleo se disparó hasta niveles inadmisibles, afectando especialmente a los jóvenes, y la falta de confianza en las instituciones públicas y en los representantes de las mismas se hizo patente. Con todo, el gobierno regional se decantó por el gasto social (más del 80% del presupuesto regional) dirigido a los más desprotegidos, y no por llevar a las últimas consecuencias las consignas, nacionales y europeas, basadas en las políticas de austeridad, algo que, paradójica e hipócritamente, fue criticado tanto por la oposición política como por algunas otras esferas de opinión. Intentamos un equilibrio casi imposible, pero aquí, en la región no se cerraron hospitales ni colegios; tampoco se privatizó la sanidad, y la atención social, propiamente dicha, no sufrió los efectos que en otras regiones sí padecieron. Es verdad, sin embargo, que una parte importante de nuestra economía residía en la actividad inmobiliaria, que tantos beneficios daban a las arcas públicas, y los gobiernos, acomodados en ese espejismo, no supimos prever las consecuencias que nos deparaba el futuro inmediato, una vez que estalló la llamada burbuja inmobiliaria . Ahora se insiste en que ese modelo económico no era el adecuado. Ciertamente, no lo era. La crisis que se inició a finales del 2007 puso en cuestión el modelo; y no faltaban razones más que suficientes para hacerlo. Pero es más honesto reconocer que ese era el modelo común que imperaba en la práctica totalidad de las regiones españolas, y que mezclar sistemáticamente especulación y construcción, demonizando esta última, fue un error que trajo graves consecuencias. Además, se da la circunstancia de que los municipios que más planes de crecimiento urbanístico aprobaban eran, precisamente, los gobernados por el partido socialista.

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Estas son las sombras que oscurecieron en demasía un período de diecinueve años en los que, sin embargo, la región de Murcia se hizo más autonomía con la asunción de nuevas competencias y más solidaria con la llegada de un importante número de inmigrantes cuyas procedencias principales son el Magreb, Hispanoamérica y los países del Este europeo. Son los nuevos murcianos, con los que hemos aprendido a convivir, respetando sus costumbres en la misma medida que éstos han sabido integrarse en nuestra sociedad con resultados muy positivos. Diecinueve años en los que nuestra región de Murcia ha evolucionado transformándose en una región moderna en infraestructuras sanitarias, educativas, culturales y de comunicación. Una región consciente de que las cosas han cambiado y de que los modelos económicos han de cambiar, asimismo, acompasando el ritmo al devenir de los tiempos. Una región cuyo más importante patrimonio lo forman las personas; y los murcianos son su verdadera fortaleza. El espíritu emprendedor y la abnegada entrega de nuestras gentes es lo que está permitiendo, especialmente, dejar la crisis atrás. Una región, en fin, por la que ha merecido la pena trabajar a lo largo de estos intensos y extensos diecinueve años, con la certeza de que el futuro nos reserva siempre lo mejor. Ramón Luis Valcárcel Siso .

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CAPÍTULO VII ASAMBLEA REGIONAL: FUNCIONES DE ORIENTACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

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uestión principal entre las funciones de la Asamblea Regional es la atinente a la aprobación de presupuestos; impulsar, orientar y controlar la acción del Consejo de Gobierno y del Presidente y, en general, el ejercicio de las competencias que le confiere la Constitución, el Estatuto y demás normas del ordenamiento jurídico. Así consta en el art. 22 del Estatuto de Autonomía, según se ha señalado al analizar la actividad legislativa. Sin embargo, especial relevancia tienen las funciones que en este Capítulo se le asignan porque la trascendencia consiste en conocer la relación Gobierno-Parlamento y, de otra parte, el alcance y consecuencia que puede provocar, incluso a la estabilidad política. En términos generales podría afirmarse que el Parlamento aparece “como órgano representativo de la soberanía popular” (art.21): “...representa al pueblo de la Región de Murcia” y, por tanto, se erige, como ha interpretado la doctrina, en “portavoz de la voluntad del pueblo”, con las peculiaridades que después se dirán. Pero el problema se plantea cuando el análisis se detiene en la composición política de la Asamblea, es decir, en la representación cuantitativa que las elecciones otorga a los diferentes grupos políticos. En la Comunidad Autónoma de la Región, desde la aprobación del Estatuto (1982) y primeras elecciones (1983), se produce, hasta la octava legislatura, inclusive, mayoría absoluta de alguna de las opciones. Del PSOE hasta mayo de 1995, y del PP, que la mantiene y aumenta, hasta mayo 2015. Hecho altamente significativo que alimenta la sensación popular de liderazgo del Presidente del Ejecutivo. Es decir. Se entiende que los pronunciamientos y resoluciones sólo responden al dictado del Gobierno de la Comunidad Autónoma, restándole credibilidad en el ejercicio de las funciones asignadas en el reiterado art. 22. Después de investigar lo sucedido en los más de treinta años transcurridos, las conclusiones se alejan de tal percepción y permiten valorar positivamente el papel jugado por la Asamblea Regional, permitiendo, con claridad, el contraste de pareceres, la coincidencia en temas de trascendencia, así como en la denuncia de situaciones concretas, y en la progra-

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mación de iniciativas populares. Posible sería alegar que en determinados supuestos prevalezca la indicada mayoría para respaldar las acciones del Ejecutivo, pero una perspectiva general señala el ejercicio real de las funciones de “impulsar, orientar y controlar”. Sucede lo que con reiteración se ha manifestado en cuanto a la falta de publicidad del quehacer diario que se lleva a efecto. La práctica, por el contrario, muestra una versión distinta, útil y auténtica. Es más. La redacción que el Estatuto de Autonomía realiza sobre el contenido del Parlamento es de los más amplios en el conjunto de las diecisiete regiones. A todos los efectos podría remarcarse al inicio de la exposición analítica que sigue, que los representantes elegidos por la ciudadanía ejercen la vigilancia de la actuación del Gobierno, y proporcionan información de gran riqueza que es precisa para ponderar la trascendencia de las funciones que realizan, y para el conocimiento de causas y efectos que permiten una reconstrucción de la historia reciente. A los efectos de procurar una valoración de las distintas funciones, se examinarán por separado y siguiendo el orden fijado en el Reglamento de la Asamblea, si bien, en determinados aspectos, ya fueron expuestos con anterioridad.

VII.1. Función Presupuestaria y Económica El debate y aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad representan una fórmula de control básico y esencial de la acción del Ejecutivo. No es necesario insistir en su trascendencia sociopolítica por cuanto contiene las previsiones de gasto ordinario, inversiones (por Departamentos), participación en ingresos del Estado, endeudamiento, etc. Aun cuando el proceso se desarrolla conforme al procedimiento legislativo ordinario, salvo lo que se dispone en el Reglamento de la Cámara, arts. 152 y ss., en los que se remarcan los siguientes caracteres: la tramitación tendrá preferencia absoluta sobre los demás trabajos de la Asamblea; el calendario lo concreta la Junta de Portavoces; y la iniciativa legislativa sólo podrá ser ejercida por el Consejo de Gobierno. La importancia se puede apreciar en los niveles de publicidad que adquiere durante el curso parlamentario, primero por la comparecencia de los Consejeros titulares de los Departamentos; por la repercusión que

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proyectan las enmiendas a la totalidad, e incluso las parciales; y, desde luego, por las sesiones plenarias que se convocan para su aprobación, previo dictamen de la Consejería de Economía y Hacienda. Merece, en suma, la atención de los Medios de Comunicación Social, y logra participación plena de los Grupos Políticos que aprovechan la ocasión para examinar la política y programa del Ejecutivo Regional. Es más. Es tema vivo a lo largo del ejercicio por el seguimiento que se hace de cada Sección, Capítulo y Partida, tanto de gastos como de ingresos, en cuyos controles se ofrecen las desviaciones experimentadas que reflejan, entre otros aspectos, la situación socioeconómica. No obstante, procede indicar que por mediación del contenido y desarrollo presupuestario se obtiene la lectura de la gestión del responsable político. De aquí la atención que a los mismos se dispensa, especialmente los años de crisis en los que se han introducido modificaciones diversas o adoptados medidas extraordinarias con la pretensión de conseguir el reequilibrio financiero, la austeridad en el gasto, etc. Se ejerce, pues, un control real y efectivo, aunque el momento esperado para lograr conclusiones es cuando se formaliza la liquidación de los mismos, antesala de las nuevas previsiones. No se registra, desde 1982/1983, el hecho de que prosperara ninguna enmienda a la totalidad, que hubiera motivado la devolución al Consejo de Gobierno. En ello, como es lógico, tiene particular importancia las mayorías absolutas que tuvieron los Grupos Políticos responsables. A los efectos oportunos no puede ignorarse que la Función presupuestaria, por la naturaleza y trascendencia de su contenido, se complementa con otras de carácter económico, tales como fijar las previsiones de orden político, económico y social que, de acuerdo con el art. 131.2, haya de suministrar la Comunidad Autónoma al Gobierno Central para elaboración de proyectos de planificación económica (art. 23.4 del Estatuto). La realidad es que no resulta normal encontrar pronunciamientos de tal proyección. Se encuentran referencias a temas concretos, a demandas específicas, especialmente por los cambios del sistema de financiación autonómica. De otra parte, el propio art. 23 del Estatuto, en su apartado 8.º, concreta la facultad de “establecer y exigir tributos, así como autorizar la solicitud y

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concertación de créditos”. Son cuestiones que anualmente se trasladan a los Presupuestos. Los tributarios suelen acometerse con la previa Ley de Tasas y Tributos... en las que se abordan las modificaciones que han de llevarse a efecto. Sin embargo, debe hacerse notar que esta disposición no escapa al preceptivo dictamen del CES, a diferencia de lo que sucede con los Presupuestos que se excluye del análisis preceptivo del citado órgano consultivo. Es decir. Se refuerza la fórmula de control de la acción del Gobierno Regional al participar agentes sindicales, empresariales y otros, que aportan criterios cercanos a la realidad. En todo caso, ofrece singular interés al ser cada vez más amplia la capacidad normativa, no sólo en Tributos Cedidos, sino también en aquellos del Estado en los que se participa. En cuanto a la autorización de créditos, las Memorias de la Asamblea Regional recogen importante número de resoluciones en tal sentido, lo que proporciona, igualmente, ocasión para analizar el destino de los mismos, la posible desviación de consignaciones presupuestarias, o bien el sentido extraordinario de los mismos por razones coyunturales. Por último. El art. 23.10 especifica que también compete a la Cámara “examinar y aprobar las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma”. Se recupera así la fase de “liquidación” que ha de ofrecer el Ejecutivo, aunque sin perjuicio del control económico (externo) que se confiere al Tribunal de Cuentas y que ha de presentarse a la Asamblea haciendo constar: la observancia de la CE y, en general, de la normativa que afecte a la actividad económico-financiera del sector público; el cumplimiento de las previsiones y la ejecución del Presupuesto; la racionalidad en la ejecución del gasto...; la ejecución de previsiones... relativas a empresas públicas, así como el empleo o aplicación de las subvenciones con cargo a fondos públicos. Los arts. 202-204 del Reglamento de la Asamblea establecen el proceso a seguir una vez remitido el informe, interesando a estos efectos conseguir que si finalmente “se dedujera la existencia de cualquier tipo de infracción o responsabilidad, la Cámara ejercitará cuantos mecanismos de control estén a su alcance para esclarecer y reprimir tales actos, o dará traslado de los mismos a quienes deban hacerlo”. De la observación realizada, fácilmente se concluye en la importancia que se otorga, no sólo por su alcance, sino, principalmente, por las expectativas

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que despierta a los Grupos Políticos de Oposición que no dudan en aprovechar la oportunidad de crítica al Ejecutivo.

VII.2. Investidura del Presidente de la Comunidad Autónoma y Moción de Confianza La figura del Presidente de la Comunidad Autónoma, conforme al art. 31 del Estatuto, “es elegido por la Asamblea Regional de entre sus miembros y nombrado por el Rey”. “La elección será por mayoría absoluta.... en primera convocatoria, y por mayoría simple en las posteriores”. “Al Presidente, que lo es también del Consejo de Gobierno, corresponde la suprema representación de la Región de Murcia, y la ordinaria del Estado en su territorio”. “El Presidente dirige y coordina la acción del Gobierno y responde políticamente ante la Asamblea Regional”. Los expuestos son los caracteres que interesan a efectos de este Capítulo. Los arts. 157 a 159 del Reglamento de la Cámara concretan el procedimiento que ha de seguirse. El Profesor GARRORENA MORALES, Ángel, afirma que “la Investidura establecida por el EARM se caracteriza”, entre otras cosas, por ser “una investidura fuertemente personalizada o, si se prefiere, claramente presidencial, y que va referida a la persona del candidato... y no al Gobierno mismo... (163)”. La Investidura permite debatir el programa de Gobierno del candidato que, finalmente, obtiene la confianza del Parlamento, razón por la que ante el mismo “responde políticamente”. Recuérdese que desde 1983 se formalizaron tres dimisiones de otros tantos Presidentes, y, lógicamente, previos al cumplimiento del mandato. El referido debate representa un primer control de la acción de Gobierno, aun cuando éste no se haya constituido en ese momento, por cuanto la confianza de la Cámara se presta al candidato y a un proyecto concreto, y eso permite la demora, en su caso, de las alteraciones principales que puedan producirse. Pero, una vez más, las mayorías absolutas impiden planteamientos revisores del contenido programático. Y siguiendo con la práctica realidad, ha de hacerse constar que durante el proceso autonómico no se formaliza nin163 Comentario al art. 31 del Estatuto, págs. 1.197 y ss. de la Obra “Comentarios al Estatuto de Autonomía”, editado por Consejo Jurídico, y reiteradamente citado en capítulos anteriores.

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guna Moción de Confianza. Tan sólo en tiempos de Gobierno del Grupo Socialista, algún anuncio de hacerlo, si bien más propiciado por situaciones internas del Partido, que por presión de los Grupos de Oposición. El Reglamento de la Asamblea regula, en los arts. 160 a 162, la llamada “cuestión de confianza” que puede plantear el propio Presidente del Consejo de Gobierno, y que versará “sobre su programa o sobre una declaración de política general”, pero siempre que no esté en trámite una moción de censura. Debate, una vez admitida a trámite, que observará las mismas normas que dicha disposición establece para el de investidura, lo que resulta lógico si se atiende a la nota de “confirmación” de candidato y programa, o las modificaciones que se propongan. Si no la obtiene, es evidente que la consecuencia será el “cese del Presidente”, debiéndose convocar, en el plazo máximo de quince días, sesión plenaria para elección de nuevo Presidente. Cumple así la función de control mínimo y necesario, si bien su efectividad estará condicionada por la composición de la Cámara.

VII.3. Moción de Censura Como señala el Reglamento (arts. 163 y ss.), “la iniciativa dirigida a retirar la confianza en el Presidente y su Consejo de Gobierno, sólo podrá prosperar si se plantea a través de la presentación de una Moción de Censura ante la Mesa de la Cámara”. La admisión a trámite requiere: motivación, “firma del 15%, al menos, de los Diputados, e incluya el nombre de un candidato a la Presidencia, que deberá haber aceptado la candidatura”. En registros de la Asamblea Regional aparecen tres Mociones de tal clase: 1984 (que no fue admitida a trámite), al entonces Presidente, Andrés Hernández Ros; en 1987, 30 de marzo, Diario de Sesiones n.º 137, formulada por el Diputado del Grupo Popular, Antonio Cerdá, siendo entonces titular del Ejecutivo Carlos Collado Mena, y defendida por Juan Cánovas. Fue rechazada por 23 votos socialistas frente a 14 populares. Y en 1993, 10 de marzo (164), articulada por el Diputado Juan Ramón Calero del Par164 En “Crónicas de Autonomía”, Volumen I, Años 1982/1997, págs. 336 y ss., se recoge amplio relato de las Mociones de 1987 y 1993. En cuanto a la de 1984, fue formalizada por el Grupo Popular el día 8 de marzo, basándose “en la carencia absoluta de planteamientos políticos a medio plazo...”; “la

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tido Popular, también a la gestión de Carlos Collado, Diario de Sesiones n.º 82, que igualmente fue rechazada por 24 votos frente a 17 de los Populares y 4 abstenciones de Izquierda Unida. Esta última tenía como principal y única motivación, la cesión de terrenos (“Casa Grande”) a General Electric, con gran trascendencia en los Medios de Comunicación Social. Ciertamente fue causa de la posterior dimisión del Sr. Collado Mena, aunque más presionado por miembros de su propio Partido. Realmente se trata de técnica de control del Ejecutivo por el legislativo, y es fórmula que atrae la atención de la opinión pública. El carácter constructivo que se exige y que consiste en concretar el nombre del candidato en evitación de provocar vacío de poder, y equivalente, por tanto, a una investidura. Es el caso de que pese a la dimisión provocada, no produjo inestabilidad política, aunque si una imagen (política) negativa de la Región y del sistema de organización territorial de España.

VII.4. Debates generales sobre la acción de Gobierno Es apartado de mayor trascendencia en la valoración del control de Ejecutivo, con evidente proyección pública, aunque podría catalogarse como “función de impulso” por el desarrollo que tiene y las Resoluciones que adopta. Sin embargo, y como se ha indicado con anterioridad, “gobernar con mayoría absoluta” obstaculiza el fiel reflejo de las propuestas que formulan los grupos de la Oposición. A las prescripciones del art. 22 del EARM, han de unirse las que concretan los arts. 170 y ss. del Reglamento de la Cámara. A los solos efectos recordatorios se señalan los siguientes caracteres: 1) se celebran una vez al año legislativo, salvo en aquellos ejercicios en que tenga lugar Investidura del Presidente; 2) tal hecho no excluye debates generales o monográficos... cuando lo solicite el Presidente del Ejecutivo, o lo decida la Mesa de acuerdo con la Junta de Portavoces, a iniciativa de cualquier falta de transparencia en la gestión económica gubernamental..”; derroche de fondos públicos en gasto corriente; falta de eficacia en la coordinación con otras CC.AA para conseguir el necesario aprovechamiento del Trasvase Tajo-Segura; graves atentados a la libertad de expresión”.- La Mesa de la Asamblea, reunida el día 10 de marzo, habida cuenta que el Sr. Hernández Ros había presentado la dimisión, entendió que “carecía de finalidad el desarrollo del debate parlamentario”, razón por la que acordó no admitirla a trámite (según consta en Archivos de la propia Asamblea).

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Grupo Parlamentario de los constituidos al principio de la legislatura, o de una quinta parte de los Diputados; y, 3) cuando se celebren por iniciativa parlamentaria, no podrán tener lugar más de tres veces en el conjunto de los dos periodos de sesiones. El debate lo inicia el Presidente, que no tendrá limitación de tiempo en su intervención, y suspendida la sesión por plazo no superior a doce horas (salvo los monográficos, que será por un mínimo de tres horas), replicarán los representantes de los Grupos Políticos durante cuarenta y cinco minutos; a los mismos habrá turno de contestación y concluirá con la defensa de propuestas admitidas por la Mesa de la Asamblea. Las aprobadas se publicarán, en el Boletín Oficial de la Cámara. Lo importante es conocer el contenido de los acuerdos adoptados que, a los fines de ofrecer claridad, se agruparán en los dos mandatos liderados por Socialista y Populares, ya que, por su mediación, podrán concretarse necesidades y preocupaciones, así como el sentido reivindicativo respecto del Gobierno Central. Las fuentes utilizadas son los Diarios de Sesiones celebrados con tal objetivo, y los acuerdos o resoluciones publicadas. La fórmula que se utiliza es la “instar al Gobierno de la Región...”, o, “al Consejo de Gobierno...”, o “al Gobierno Central...”. No tienen carácter vinculante para el Ejecutivo, aunque si representan un modo de presión en la dirección de la acción política. Lo que realmente no se lleva a efecto es el seguimiento del cumplimiento de las reiteradas resoluciones, aunque si se puede realizar una exposición comparativa con las iniciativas legislativas y otras decisiones del Consejo de Gobierno. Manteniendo el orden indicado, procede analizar los periodos políticos definidos:

Periodo 1983-1995 Realmente el primer debate tiene lugar en 1985 ya que 1983 fue de investidura, y también 1984 por consecuencia de la dimisión reiteradamente referida. Celebrado los días 16 y 17 de mayo (165), ofrece la particularidad (que no se repite en anualidades sucesivas), de separar en apartados 165 Diario de Sesiones de 16 y 17 de mayo de 1985, y sus Resoluciones publicada en BOARM n.º 105, de 23 de mayo.

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–que parece corresponderse con la estructura Departamental del Ejecutivo– por materias, siendo el número total de treinta y dos. En su conjunto podrían clasificarse en: las que atiende a profundizar en la autonomía, en las transferencias de competencias (Trabajo, Inserso, Insalud, Educación); en el análisis de la política económica que habría de aplicarse; y sobre la conveniencia de que se planifique adecuadamente la estructura económico-productiva y social.... ante la nueva situación que va a suponer la incorporación de España a la CEE. Hay constancia de la atención que supone el equipamiento de Servicios básicos de los Municipios, así como la puesta en marcha del INFO, creado por Ley de 1984; instrumentar la política de empleo, en especial de los sectores juveniles y otros colectivos afectados por los efectos de la crisis que se registró en aquellos años. Se trataba de un Ejecutivo con la responsabilidad de configurar una Administración Pública más amplia que la de la extinta Diputación Provincial y necesitada, a un tiempo, con servicio de investigación económica y estadística para contar con base de datos suficientes para concretar programas operativos con objetivos determinados. En esta primera Legislatura, y en el ejercicio 1986, se registran dos debates de control. El primero, en diciembre de 1985 (166) que concluye con once resoluciones en las que se acuerda “seguir los acuerdos anteriores”, sin duda, por el corto periodo de tiempo del anterior, además de remarcar como objetivo prioritario la política de inversiones y concertación para resolver el problema de desempleo. Continúa el análisis de la Europa de las Regiones y el de la descentralización hacia los Ayuntamientos, si bien ya comienzan las referencias al Puerto de Cartagena, la Universidad y la elaboración de un Plan Regional de la Vivienda. El segundo debate se celebra en noviembre de 1986 (167), en el que aparecen cuestiones nuevas, tales como las atinentes a combatir la economía sumergida; la política de reindustrialización (impulsada principalmente por la situación de Cartagena); el sector energético; el Transporte Ferroviario y la implantación del nuevo Aeropuerto en Murcia (en el lugar o punto más

166 Diario de Sesiones 16 y 17 diciembre, BOAR n.º 148, de 30 de diciembre 167 Diario de Sesiones 11, 12 y 13 diciembre de 1986, BOAR n.º 196.

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conveniente, “evitando las limitaciones del existente...”); los problemas relativos al agua, como los derivados del Trasvase Tajo-Segura, o el Plan de Saneamiento y Recuperación del Río Segura, que se presentaría, para financiación, al Fondo Europeo de Desarrollo. Concluye así el primer mandato parlamentario que tal y como puede entenderse, comienza a poner sobre la mesa problemas cuya solución aún no se ha conseguido plenamente, al menos de algunos de ellos, acaso los principales. Se trata de una lectura que habría que recordar a la hora de ponderar hechos posteriores e incluso situaciones actuales. Superada la Investidura de 1987, el Debate siguiente tiene lugar en la anualidad de 1988 (168), que fue de los más resolutivos. Hasta cuarenta y cinco acuerdos son objeto de publicación, recogiéndose en ellos temas distintos, como la política urbanística o el mantenimiento de la explotación minera (Cartagena-La Unión, mientras sean viables), e insistiendo en otros importantes como el apoyo a los sectores afectados por el impacto de adhesión a CEE (porcino, limón etc.), así como la mejora y modernización de regadíos tradicionales y la elaboración del Plan Forestal. En lo demás, se reiteran la atención al menor, a la economía sumergida, energía en la industria y servicios, perfección de la información sanitaria, creación del Servicio Murciano de Salud, financiación del Plan de Bibliotecas y otros centros de cultura de la región, promoción turística, etc. Los años 1989 y 1990 ofrecen también esta clase de encuentros parlamentarios. En el primero de los indicados destacan los impulsos que se pretenden dar a carreteras de la Región a través de un Plan; la necesidad de culminar el saneamiento del Río Segura; y la descontaminación de la ciudad de Cartagena, recuperar la comunicación con Andalucía y evitar la desaparición del Taller de Águilas. La segunda se dedicó de manera principal a requerir nuevas competencias en materia de Sanidad, Educación, Inserso, Trabajo y Comercio Interior al haber transcurrido el término fijado por el art. 150.2 de la CE (169). 168 Diario de Sesiones 17 y 18 de octubre de 1988, BOAR n.º 85 y Diario de Sesiones 15 y 16 noviembre 1989, BOAR n.º 147. 169 Diario de Sesiones 14 y 15 de junio 1990, BOAR n.º 193, de 22 de junio., y Diario de Sesiones 10 y 11 de octubre, BOAR n.º 209, de 29 octubre.

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En la última Legislatura (III) presidida por el Partido Socialista tan sólo se registraron los Debates de 1992 (1991 fue de Investidura) y 1994, ya que en 1993 se produce la dimisión de Carlos Collado y tiene lugar la sesión de nombramiento de María Antonia Martínez, como queda expuesto con anterioridad. Fueron tiempos, también, de crisis económica, y las decisiones debían de girar en torno a la situación creada. Así, pues, en 1992 (170) prevalecían las medidas económicas y de control (máxima eficacia y solidaridad, contención del gasto corriente, congelación de retribuciones de los cargos públicos de la Administración Regional y de los Diputados, etc.), aunque se pone de relieve, igualmente, la elaboración de un Plan de Formación adecuado a las necesidades de la autonomía. La anualidad de 1994 (171) centró el impulso en temas tan esenciales como la disponibilidad de un Plan de Empleo, la modernización de regadíos (riego por goteo de más de 100.000 Has., en término de diez años) y, sobre todo, en la aprobación del PHN del entonces Ministro Socialista, Sr. Borrell. En dicho ejercicio la Asamblea Regional formalizó, por unanimidad, el denominado “PACTO DEL AGUA” que ha sido citado, reiteradamente, como antecedente hasta la actualidad. Termina aquí el mandato Socialista. Los primeros doce años de parlamentarismo. Una experiencia extraordinaria en lo político y también en términos de gestión, de control y de participación ciudadana. Pero en vista de los análisis realizados podría definirse como un tiempo agitado, tanto por los sucesos políticos, como por la concurrencia de unos negativos indicadores económicos, que hicieron más difícil adecuarse a un sistema absolutamente novedoso para la Región. De aquí que los responsables del Gobierno a nivel Ejecutivo, como quienes protagonizaron la oposición, se movieran entre las dificultades creativas para lograr la configuración de una Administración siempre creciente, y las iniciativas acerca de la política económica y social que había que aplicar. Un periodo en el que fueron demandándose y recibiendo las transferencias de competencias y aún continuaba dependiendo del Gobierno Central en los temas básicos

170 Diario de Sesiones 7 y 8 de octubre 1992, BOAR n.º 76, 3 de noviembre siguiente. 171 Diario de Sesiones 20 de octubre 1994, BOAR n.º 190, 26 del mismo mes.

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que, en algunos aspectos, seguían manteniéndose. Obligado es hacer constar que las competencias de mayor contenido se recibieron después de 1995 porque el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias fue en materia Universitaria, mayo, pero no fue real hasta poco tiempo después. Fueron, en definitiva, tres legislaturas importantes por cuanto sobre ellas se comenzó a consolidar la conciencia regional y cimentar el proceso autonómico. El sentido de descentralización comenzaba a ser una realidad efectiva y estimuló, sin duda, la capacidad de autogobierno.

Periodo 1995-2015 Se inicia este periodo con la llegada del Partido Popular al Gobierno Regional, y que se mantiene hasta ahora. Es decir, durante cinco legislaturas, veinte años, logrando en todas ellas mayoría absoluta. La última (2011/2015), en la que el número de escaños alcanzó los treinta y tres, de cuarenta y cinco que componen la Asamblea. Durante este tiempo fue una constante las Presidencias de la Asamblea Regional y de la Comunidad Autónoma, desempeñadas por Francisco Celdrán Vidal y Ramón Luís Valcárcel Siso, respectivamente. Apuntes los que anteceden que posibilitan un análisis generalizado de tan amplio plazo de responsabilidad política y de gestión administrativa, a diferencia de lo que sucede en la etapa anterior que, en doce años, contó con tres Presidentes del Ejecutivo y otros tantos de la Cámara. Otros indicadores que definen el periodo radican, de una parte, en la asunción de nuevas competencias; y, de otra, en las distintas condiciones socioeconómicas. Desde 1995/1996 se inicia la superación de la crisis económica dando lugar a una etapa de bonanza en la que la Región ofrece un crecimiento por encima de la media nacional y, a un tiempo, presenta los mayores niveles de empleo. Pero llega hasta 2007, incluso a 2008, ejercicios en los que comienza a percibirse los efectos de la crisis mundial proporcionando resultados tan negativos que provocan la configuración de una opinión pública contraria al desmesurado gasto que comportan las diecisiete Autonomías, y de manera especial cuestiona la existencia misma de los Parlamentos Regionales, y se plantea la devolución de competencias al Estado. La nueva etapa que comenzará en 2015 conllevará la revisión de Estatutos, una Administración Pública

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modificada para alcanzar los niveles de eficacia que se le demanda, y una estructura financiera que no sea tan vulnerable como la existente y pueda responder a los riesgos que concurran. Es más. Se anuncian programas electorales que anuncia reforma de la Constitución en cuanto a competencias de las Autonomías. Desde la perspectiva del investigador se trata de una fase con verdadero atractivo político, social y económico, en la que será preciso el examen de comportamientos que se adopten en periodos tan diferentes. Contraste que permitirá obtener las conclusiones en torno a la valoración del proceso autonómico, dimensionamiento, eficacia, etc., objetivo principal del presente trabajo. Sin duda alguna que el papel de la Asamblea Regional ha resultado, en este tiempo, importante y trascendente, como podrá apreciarse en las consideraciones que se hagan constar, aunque, como ya se ha dicho con anterioridad, el quehacer de la Cámara no encuentra el eco que precisa a nivel de ciudadanía. Sin embargo, ahí está, mostrándose de forma fehaciente, no sólo para estudiosos y analistas, sino para políticos (no Diputados), y para el público en general. Serán éstos otros de los aspectos a exponer, el enriquecimiento legislativo que supone al incorporar la singularidad de Murcia, y también por su extensión a temas que figuran en la Constitución de 1978, como los atinentes a derechos fundamentales. Todo ello conforma una especie de pórtico para adentrarse en la gran transformación experimentada por la Región de Murcia al amparo del proceso autonómico, aun cuando aún se mantenga importante dependencia de Madrid, y haya que rectificar algunos desajustes.

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• Comoquiera que en 1995, mayo, es cuando se produce el relevo en la Presidencia de la Comunidad Autónoma, celebrándose el correspondiente Debate de Investidura, el primero de carácter general tiene lugar en la anualidad de 1996 (172) en el que se adoptaron como principales las resoluciones que seguidamente se citan: una serie de reivindicaciones para mantener la actividad de grandes empresas en la Región (las partidas presupuestarias que mantengan la Gran Carena del S-61 y S-74); apoyo a los trabajadores de la Empresa Nacional de Santa Bárbara en Murcia. También se significaron otras necesidades y aspiraciones (redacción del proyecto definitivo de la Bahía de Portmán); continuar con compromisos presupuestarios para alcanzar los objetivos del Plan de Reactivación Económica, en el especial de Cartagena, y en el Pacto por el Empleo. En otros aspectos no pueden silenciarse los acuerdos por los que se impulsaba la constituida “Comisión para el Pacto Local” y amplio proceso de descentralización; las transferencias de competencias en materia de Sanidad y Educación; el inicio de las obras para conclusión de las autovías CartagenaAlicante y Cartagena-Albacete; el Plan de conservación y seguridad vial; II Plan de Igualdad de oportunidades entre hombre y mujer; ayuda a mujeres maltratadas; atención al Menor; realización de estudios sectoriales (turismo) y lucha contra la economía irregular (conserva, textil, etc.). Importantes fueron los pronunciamientos sobre agua: ratificación del Pacto de 1994; impulso a un PHN; y la solicitud de designación de la Región como sede para la lucha contra la desertificación, patrocinada por Naciones Unidas que, finalmente, no prosperó. En el aspecto cultural se impulsa la completa excavación del Teatro Romano de Cartagena, la Catalogación de Fondos de la Biblioteca Regional (más de cuarenta mil ejemplares), y la Remodelación del Museo de Bellas Artes y restauración de sus pinturas. Finalmente. Hay que anotar la propuesta de remisión a la Asamblea Regio-

172 Diario de Sesiones 16 y 17 de octubre, BOAR n.º 68, de 20 noviembre.

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nal del proyecto de Ley de Participación Institucional, demandada por Organizaciones Sindicales y Empresariales, tal y como se había legislado en otras Autonomías y que, aún hoy, ni se ha remitido ni, por tanto, aprobado. Durante el ejercicio de 1997, se adoptaron acuerdos importantes, tales como los que instan a la remisión del Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales, y a la redacción del Plan Integral para el desarrollo de la Comarca del Noroeste. En relación con ésta (referida a la “zona más deprimida de la región”), se aprobó la Ley de Construcción y Financiación de Infraestructuras, y su aplicación inmediata a la Autovía del mismo nombre, lo que, sin duda alguna, debe calificarse de acierto por la rentabilidad social y económica que supuso, no obstante haber supuesto mayor gasto de ejecución (por pago diferido). En otro orden de asuntos deben citarse la Redacción del II Plan Regional de Servicios Sociales; la elaboración del Plan Industrial de la Región y el de Reconversión del Sector de la Conserva. Igualmente, la reorganización del Mapa Sanitario Regional. Ahora bien. En dicho ejercicio hay resoluciones de extraordinaria significación para el futuro. En primera instancia, la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena durante 1998, conteniendo previsión del plan de inversiones que garantice la dotación de equipamientos de apoyo a la investigación y a la docencia. Y concretando igualmente las demandas de informes para implantación de estudios universitarios en Lorca. Recuérdese que las transferencias de competencias en materia de Universidades se formalizan en 1995, pero con efectividad entre 1996 y 1997. En segundo lugar, la atención prestada al Transporte Ferroviario en cuyo acuerdo se dice al Ejecutivo que “justifique ante el Gobierno Central y la Unión Europea la viabilidad de las conexiones de Alta Velocidad Pendular entre Cartagena-Madrid y Murcia-Alicante, así como la prolongación del Euromed a Lorca”. Vistas las decisiones adoptadas en años anteriores, puede ponderarse la historia de una legítima aspiración que hoy se encuentra proyectada y ejecutada sólo en parte, pero no sin problemas denunciados por los ciudadanos de Murcia (soterramiento en la llegada a la Ciudad y Estación), y prolongación a Cartagena y Lorca. En todo caso. Se ha producido un importante retraso en la ejecución respecto de Alicante y Valencia.

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El debate de 1998 (173), tendría que concretarse en la Reforma del Estatuto de Autonomía por la que se aspiraba a alcanzar “el máximo nivel de autogobierno compatible con la Constitución Española....”. Proyecto aprobado por unanimidad de los grupos políticos con representación parlamentaria, y cuyo contenido se refleja ampliamente en los volúmenes I (págs. 61 y ss.) y II (págs. 23 y ss.) de “Crónicas de la Autonomía de Murcia”, a los que hay que remitirse para mejor información del analista. Una de las finalidades que se perseguían con tal modificación era el de “potenciar las funciones de la Asamblea Regional...”, lo que se consigue sometiendo a su aprobación los planes económicos, presupuestos de programas de desarrollo regional, etc. En cuanto a detalle de otras resoluciones, se pueden citar: la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental sobre residuos agropecuarios; creación de Centros Integrados de Formación Profesional; culminar el proyecto denominado “Situación Económica y Financiera de los Ayuntamientos de la Región (SEFAR)”; elaborar la Ley de Coordinación del sistema Universitario Regional; también la Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales; la rehabilitación del Palacio Consistorial de Cartagena. Al margen de tales asuntos, la Cámara servirá también de resonancia para recoger preocupaciones ciudadanas y, entre ellas, las agresiones al transporte de España a su paso por Francia. Una situación que continúa produciéndose con cierta periodicidad obedeciendo a circunstancias de crisis de los sectores agrícolas y ganaderos. Aun cuando sólo se utilice un apunte, no es posible dejar de consignar el debate registrado en 1998 sobre “la política autonómica del Gobierno Regional”, cuyas coordenadas pasaban por “eliminar las discriminaciones negativas derivadas de la uniprovincialidad; abandonar la actitud resignada para reivindicar con firmeza; una mejor y más transparente gestión económica reduciendo una deuda pública que nos ahoga ...; y aumentar drásticamente los niveles de empleo y crear las condiciones necesarias para que la actividad económica tenga un crecimiento sostenible y ordenado...”. Se culmina así una legislatura presidida por el desarrollo.

173 Diario de Sesiones n.º 161, IV Legislatura, año 1998 (recogido en Volumen II de “Crónicas de la Autonomía”, periodo 1997/2004).

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• Saltando 1999, año de elecciones e investidura, se inicia una Legislatura importante por cuanto se reciben las competencias en Educación no Universitaria, Sanidad y Políticas Activas de Empleo; se experimentan dos nuevos sistemas de financiación autonómica; y se percibe un crecimiento económico constante que favorece el diálogo social y la concertación y, por consecuencia, la actividad legislativa. Igualmente concurren otras cuestiones de interés, como la decidida ampliación de la Unión Europea por la integración de los Países del Este. Tan importantes acontecimientos pondrían de relieve: la capacidad de la Administración Pública y la insuficiencia de recursos propios; la inevitable y nueva política fiscal, primero, en términos de gestión y, en segundo lugar, la implantación de nuevas figuras tributarias. Así, pues, el ejercicio 2000 (174) comenzó ofreciendo el mayor número de resoluciones, un total de ochenta y cinco, de indudable interés para el análisis de valoración. Entre las más significativas se encuentran: la modernización de las Administraciones Públicas por efecto de la entrada en vigor de la nueva moneda, el Euro, en la Unión Europea; el desarrollo del Plan Estratégico 2000-2006, que posteriormente fue objeto de sucesivas revisiones; la ubicación del Aeropuerto se fija definitivamente en la zona de Corvera; la elaboración de un Plan de Infraestructuras Turísticas; sobre la construcción de la Autopista Cartagena Vera, cuestionada por los resultados de la explotación, y que habrá de someterse a las soluciones que para el conjunto de Autopistas deficitarias prepara el Gobierno Central; acerca de la participación de la Región en los debates sobre el PHN y, desde luego, protección del Trasvase Tajo-Segura. Además se acomete el diseño del III Plan de Oportunidades entre hombre y mujer; el proyecto de Ley de Coordinación de Emergencias, creando el Servicio Telefónico del 112; análisis de las actuaciones del Gobierno Central en la Red ferroviaria convencional; la redacción de las Directrices del Suelo Industrial; y el Plan de Viviendas de Protección Oficial.

174 Diario de Sesiones 15 y 16 de septiembre 2000, BOAR n.º 50, 21 de septiembre.

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No menos intenso fue el debate de la anualidad 2001 (175), año que siempre será recordado por la aprobación del PHN (Ley 10/2001, de 5 de julio, BOE n.º 161, de 6 de junio), así como por el acuerdo de las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia sobre trazado del AVE, en el que garantizaba tanto la simultaneidad de las obras para que llegara al mismo tiempo a todas las que le suscribieron, como la ejecución de obras en línea convencional Cartagena-Murcia-Chinchilla. Ninguna de ellas se ha cumplido y, una vez más, la Región de Murcia “ha quedado descolgada de su entorno”. En cuanto a resoluciones propuestas y aprobadas deben consignase como principales: la demanda sobre urgencia en la ejecución de las obras del Trasvase del Río Ebro; las acciones para instalar Laboratorio de Calidad Integral y Garantía Alimentaria; ratificar el debate monográfico sobre Transferencias en Sanidad; la construcción de un nuevo hospital en la zona de “Los Arcos”; el diseño del Servicio Murciano de Empleo; una nueva Ley de Servicios Sociales; un Plan Objetivo “0” en siniestralidad laboral; creación de una Fundación para gestión de la Orquesta Sinfónica de la Región; y la creación de Consorcio que sirva de base al desarrollo de estudios universitarios en Lorca. Concluye esta Legislatura, a estos efectos, en 2002 (176), y por singularidad e importancia se registran los siguientes temas: apoyo a la reciente Ley de Partidos Políticos; la construcción del Nuevo Hospital de Cartagena y para la Comarca; un nuevo Plan para la Igualdad de Oportunidades, y otro contra la Violencia de Género. Sin perjuicio de los expuestos fueron tratados temas relativos a Formación, Empleo, Desarrollo Plan Estratégico, y otros. En total del mandato fueron 197 Resoluciones las publicadas, indicador del que se deja constancia para trasladar la intensidad de la actividad llevada a efecto. Será una etapa de especial significación en el proceso autonómico.

175 Diario de Sesiones 5,6 y 7 de septiembre, BOAR n.º 89, de 11 septiembre 2001. 176 Diario de Sesiones 26 y 27 de junio, BOAR n.º 130, de 9 de julio.

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• La VI Legislatura (2003-2007) también ofrece características propias, si bien es la que presenta balance Parlamentario más limitado que las anteriores. Repite mayoría absoluta el Partido Popular y en la anualidad 2004, primer debate de este mandato, viene definido de manera principal por la decisión del Gobierno Central de derogar parcialmente el PHN, en concreto el Trasvase del Ebro, y también por el pronunciamiento en materia de Infraestructuras ferroviarias (177). Hay que unir a los indicados la elaboración del II Plan de Inmigración, de tanta repercusión en la Región. Pero diecinueve, que es el número total de resoluciones publicadas, comprenden otras atinentes al empleo; Plan de Educación para la Salud en las Escuelas; Plan Integral de Seguridad Ciudadana; cumplimiento del Plan de Viviendas 2005-2008; etc. En 2005 (178) se registra una continua reivindicación del PHN y en defensa del Trasvase Tajo-Segura, afectado por Ley 11/2005, de 22 de junio. Incluso se solicita autorización para que las Comunidades de Valencia y Murcia puedan ejecutar por si mismas las obras correspondientes al Trasvase del Ebro. Especial trascendencia tiene el acuerdo de crear una Comisión Especial de estudio y valoración para una eventual reforma del Estatuto de Autonomía, pero dando audiencia a los agentes sociales, económicos, políticos y gubernamentales de la Región. Trabajo que se llevó a efecto en la forma y con el alcance que se señala en el Capítulo I del tercer volumen de “Crónicas de la Autonomía”, (págs. 23 y ss.). Al día de hoy no se ha elaborado el proyecto consiguiente y, en su caso, tendrá que abordarse a partir de la próxima consulta electoral (2015). De aquí que este mandato fuera considerado como el inicio de la consolidación, de adecuación del Reglamento de la Cámara, y de conseguir dar un sentido más participativo al ciudadano. El resto de acuerdos reiteran otros anteriores o instan a una negociación con el Ministerio de Fomento para establecer mecanismos de coordinación entre el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT)

177 Diario de Sesiones 23 y 24 de junio 2.004, BOAR n.º 35, 30 de junio. 178 Diario de Sesiones 28 y 29 de junio, BOAR n.º 73, de 11 de julio 2005.

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con el Regional; la regulación del procedimiento de gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria, y apoyar la Conferencia de Presidentes para lograr del Gobierno que impulse un acuerdo que apoye la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; elaboración del Plan de Infraestructuras de la Región 2005-2020. Desde luego destaca la solicitud (ante la Unión Europea) de que los mecanismos transitorios que se articulen por efecto de su ampliación, prevean un tratamiento específico y favorable para aquellos países y regiones que superen el umbral de la riqueza por el llamado efecto estadístico. Ni que decir tiene la insistencia en la agilización de la programación en transporte ferroviario. Resta el ejercicio 2006 (179), que resulta un tanto reiterativo en las resoluciones aprobadas, pero procede citar algunas de ellas, tales como aquella por la que se pretende un nuevo proyecto de PACTO DEL AGUA, y en el que se elabore una estrategia permanente para defensa del Trasvase Tajo-Segura. De otra parte, se insta al Consejo de Gobierno a que en relación con los procesos de crisis de empresas no favorezca cualquier modificación en la calificación de suelo de las mismas, siempre que no conlleve la continuidad de la actividad productiva, el mantenimiento del empleo y el acuerdo de los trabajadores. • El periodo 2007-2011 parece ser el comienzo de una nueva fase, bien distinta a las anteriores. Se perciben los efectos de la crisis económica, las inversiones se estabilizan y reducen ante la falta de recursos, y han de realizarse los ajustes presupuestarios y un control más riguroso del gasto administrativo. Efectos que ponen en cuestión a las Autonomías, su eficacia y necesidad. La VII Legislatura ofrece, no obstante, contenidos diferentes, como se podrá apreciar seguidamente. En la anualidad 2008 se presta especial atención (180), una vez más, al sistema de Financiación. Se recuerda el acuerdo adoptado por unanimidad, en sesión monográfica, en el que se exponen las reivindicaciones que

179 Diario de Sesiones 20 y 21 de junio, BOAR n.º 109, 29 de junio. 180 Diario de Sesiones 14 y 15 de junio, BOAR n.º 35, de 19 de junio.

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luego no fueron atendidas. Es más. El sistema adoptado en 2009 resultó claramente perjudicial para la Región. En 2015 se encuentra vigente. Pero, además, se demanda al Gobierno de la Nación: un Plan plurianual de inversiones en materia de Justicia para poder asumir con plenas garantías las competencias; incrementar las inversiones públicas, aprovechando la creación del Instituto de Crédito y Finanzas, y atendiendo al hecho de que la Comunidad ofrecía el menor nivel de endeudamiento; recuperar un Pacto Nacional sobre el Agua, así como la consolidación del Trasvase Tajo-Segura (recuperación del Trasvase del Tajo Medio); a reconsiderar el texto de nueva normativa que regula la energía fotovoltaica que reduce en un 30% las tarifas de vertido a la red eléctrica; lograr un Pacto en Infraestructuras que diseñe para la Región unos ejes competitivos de transportes y comunicaciones que incluya tanto la Alta Velocidad, el desarrollo de la Red de Autovías del Estado, y la ampliación prevista del Puerto de Cartagena a partir de la construcción de la Dársena de El Gorguel; aceptar la propuesta de Pacto por la Sanidad formulada por el Gobierno de España. Se trata, pues, de un repertorio de instancias ante éste, acreditando de forma reiterada, que la titularidad pertenece a Grupo Político diferente, en este caso del Partido Socialista. En el orden interno se encuentran declaraciones a favor de las Empresas de Economía Social y sus organizaciones representativas; elaboración de un nuevo Mapa Sanitario en el que se revise la delimitación de zonas y áreas de Salud; impulso a la Formación Profesional; atención a la Dependencia; Plan Estratégico de Desarrollo del Deporte; redacción de un Plan Regional de Movilidad; etc., si bien hay que destacar la creación de la figura del Defensor del Pueblo (Ley 6/2008). El mismo sentido en las resoluciones proporciona el ejercicio 2009 (181), si bien se parte de una posición de firmeza al instar al Consejo de Gobierno a que “impulse un frente común de acción para defender ante el Estado los intereses de los murcianos en cuestiones como Agua, Infraestructuras y Financiación”, en cuyo detalle no es preciso insistir: Y junto a tal deci181 Diario de Sesiones 15 y 16 de junio, BOAR n.º 76, de 24 de junio. Véase también el Diario de Sesiones de las mismas fechas de 2010, BOAR n.º 115.

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sión, otras de indudable interés, como el apoyo al Plan de Medidas Extraordinarias para dinamizar la economía y consolidar el empleo; respaldo e impulso del Plan Industrial 2008-2013; simplificación administrativa; autorizar la creación de Central de Compras para el sistema sanitario como proyecto de optimización de la cadena de suministros; instar al Consejo de Gobierno para que apoye, sin fisura alguna, la Iniciativa Legislativa Popular para recogida de firmas (500.000) en apoyo de la continuidad del Acueducto Tajo-Segura (iniciativa que no se culminó al retirarse del Congreso de los Diputados el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía promovido por Castilla La Mancha). Resta completar la Legislatura con la reseña de lo ocurrido en la anualidad 2010, siendo destacable la ratificación y apoyo del Pacto para Promoción de Empleo 2011-2014, así como desarrollar el Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación; que el actual Hospital de Santa María del Rosell, se convierta en el segundo del área de Salud de Cartagena, con los servicios básicos de un Hospital General y con una dirección autónoma e independiente del nuevo Centro; garantizar la financiación y puesta en marcha del V Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres; y otras medidas que favorezcan los distintos sectores económicos. Lógicamente todas las atenciones pasan por los problemas de financiación, y ésta por revisión de tributos, medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas (Ley 5/2010, 27 de diciembre, modificada por Ley 1/2011, de 24 de febrero). Se concluye un mandato en el que prevalecen: de una parte, la reivindicación permanente de temas esenciales frente al Gobierno de España, presidido por el Partido Socialista, apreciándose confrontación como la que no se había registrado durante el proceso autonómico; y de otra, la reducción continua de recursos presupuestarios para atender servicios básicos, así como el crecimiento extraordinario del endeudamiento de la Administración Regional. • No obstante las dificultades reseñadas en apartado anterior, la consulta electoral procura superior mayoría absoluta al Partido Popular, que alcanzó para la VIII Legislatura el número 33 de escaños. Eran

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tiempos en los que las consecuencias de la crisis afectaron a la Hacienda Regional. Pero también fueron años en que concurren dos hechos sociopolíticos de trascendencia. El primero, en el ámbito vacacional con el anticipo de Elecciones Generales a diciembre de 2011 y la llegada al poder del Partido Popular, con relevantes medidas de ajustes financieros y tributarios. Y segundo, en la Región de Murcia, con el hecho ya referido con anterioridad de la dimisión del Presidente del Ejecutivo, Sr. Valcárcel Siso, en abril de 2014, para integrar la lista del Partido Popular al Parlamento Europeo, dando lugar al relevo del mismo por Alberto Garre López, a la sazón Vicepresidente de la Asamblea Regional. De esta forma, las investiduras de 2011 y 2014, y las Elecciones de 2015, reducen los debates a las anualidades de 2012 y 2013. Ya en el primero de ellos (182) cambia el tono reivindicativo respecto a las demandas al Gobierno de España, entre las que debe citarse como principales: ofrecer colaboración para abordar un Pacto Nacional del Agua; la modificación del sistema de financiación autonómica justo para la Región; el desarrollo del Plan Lorca (Real Decreto-Ley 11/2012, de 30 de marzo); seguir avanzando en el camino de una justicia adaptada a las necesidades; efectividad de las sanciones penales y administrativas disuasorios del ejercicio de la economía irregular; proyecto de Ley de Medidas para el funcionamiento de la cadena alimentaria que garantice a los agricultores y ganaderos unos precios justos por sus producciones; la incorporación de la Región al tercer carril en el Corredor Mediterráneo de forma coordinada con las Comunidades de Valencia y Cataluña; licitación del tramo de la Autovía A-33 (Jumilla-Yecla); en materia de Vivienda, la reforma de la Ley Hipotecaria con el objetivo de facilitar la dación en pago, en vista de la grave situación de ciudadanos para hacer frente a las obligaciones dimanantes del préstamo de tal clase. En temas que sólo son competencias del Gobierno Regional, se reitera cuanto se refiere al empleo; medidas financieras que favorezcan la actividad económica de las empresas; garantizar el Estado del Bienestar;

182 Diario de Sesiones 7 y 8 de junio, BOAR n.º 35, 15 de junio 2.012.

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regulación de un Plan de pagos de las deudas pendientes de la Administración Regional; garantizar la cobertura de las necesidades básicas del ciudadano; promover la evolución del modelo de Televisión Pública; profundizar la racionalización de la Administración Regional mediante la reducción de Altos Cargos y puestos Directivos, la sustantiva reducción del Sector Público y la eliminación de duplicidades que pudieran existir; coordinar de forma efectiva las políticas en materia de igualdad y elaboración de nuevo Plan; aumento de recursos destinados a I+D+i con el objetivo de alcanzar el 1,5% del PIB en 2015; defensa de los sectores agrícolas, ganadero y pesquero, garantizando la totalidad de los fondos Comunitarios a los que tienen derecho, así como las producciones ante la nueva Política Agraria Común (acuerdo que en 2013 se insta al Gobierno Central). El último ejercicio es 2013, como antes se anunció. En el debate general sobre la actuación política del Consejo de Gobierno (183), se adoptaron las resoluciones que a continuación se indican, aunque las mismas contemplan mayoritariamente, cuestiones internas, excepción hecha de las atinentes al transporte ferroviario (llegada del AVE según compromisos, así como la “necesidad irrenunciable” de soterrar las vías en los términos del Convenio de 2006; y estudiar el mejor trazado a su paso por Alcantarilla y Lorca, así como finalización de la variante de Camarillas, incluyendo la terminación de la Autovía del Altiplano. Como cuestiones programáticas para el Gobierno Regional pueden mencionarse: aprobación de un Plan de Empleo Juvenil; seguimiento y revisión de un Plan de Reactivación económica basado en la industrialización, innovación e internacionalización; puesta en marcha de un Fondo Extraordinario de Acción Social que recoja todas las necesidades de la Renta Básica de Inserción; se insta para declaración del Festival SOS4.8 como proyecto estratégico de carácter cultural y turístico; desarrollo de los planes de gestión medioambiental conforme a la normativa y exigencias de la Unión Europea; emprender las acciones que garanticen la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región; elaborar un nuevo

183 Diario de Sesiones 4 y 5 de junio, BOAR n.º 86, de 7 de junio 2013.

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Plan de Viviendas que incida en las personas en situación de especial vulnerabilidad; revisión y actualización del Plan Integral de Transporte de Viajeros 2005-2020; etc. Desde lo expuesto, fácilmente se deduce que la VIII Legislatura no se caracteriza por la actividad legislativa, sino por la ratificación de acuerdos anteriores sobre los temas pendientes. Atrás quedan los Planes de Reactivación, los Grandes Proyectos (HITOS 2020) y otras pretensiones. A partir de entonces habría de tomarse como guía el Plan Estratégico 2014-2020, en cuya justificación se invoca la Estrategia Europea 2020 como instrumento que marca el rumbo de la recuperación en los Estados miembros; y también se cita el Programa Nacional de Reformas (PNR 2013) que representa “un nuevo impulso a la agenda reformadora del Gobierno de España”. Sin embargo, se dice “que cada Región tiene que definir y recorrer su propio camino”. Alusión que era preciso consignar a los efectos de marcar una línea divisoria entre lo sucedido y la política que deberá practicarse. El escenario, descrito desde 1995, ofrece diversidad a nivel regional. Es cierto que examinado en su conjunto, permite diagnosticar la consolidación del sistema, pero también lo que se ha denominado como “debilidades estructurales que habían quedado encubiertas por la larga etapa de bonanza económica...”, según se reconoce en el Plan antes citado. Se alcanzó en éste periodo el techo competencial prácticamente pleno (sólo restan las transferencias de Justicia), si bien la financiación de las Autonomías no habían observado el mismo ritmo, razón por la que se produjeron desajustes presupuestarios que obligaron a adoptar rigurosas medidas de control del gasto y reducción del déficit público en la medida que el Gobierno de España determina. La gravedad viene dada, además, por los efectos de haber superado los seis mil millones de euros (en 2015, ya se supera la cifra de 7.400 M/€) de endeudamiento que condiciona, cuando menos, decisiones inversoras. Es más. El propio Ejecutivo ha tenido que adoptar, según los Medios de Comunicación Social, una serie de medidas del Plan de Equilibrio e Impulso Económico, cuyo análisis ocupará apartado específico. En todo caso. Puede afirmarse la conclusión del primer periodo de vida del sistema territorial y que, una vez revisado, y también conocidas las pretensiones de modificación de la Constitución, habrán de

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alcanzarse nuevos acuerdos que no conlleven, en ningún caso, rectificar los criterios de descentralización observados.

VII.5 De las preguntas, interpelaciones y sesiones informativas Las regula el Capítulo III del Reglamento de la Asamblea Regional, arts. 172 y ss., situándose entre las medidas de “fiscalización e impulso del Gobierno”, de copiosa formulación en cada una de las legislaturas y que permite a los Grupos Políticos plantear iniciativas o conocer el desarrollo de asuntos de los que el Ejecutivo no hubiera dado cuenta. Es decir. Permite hacer seguimiento de la política económica y social, y reivindicar el cumplimiento de aquellos que estén incluidos en los programas y/o resoluciones aprobadas con anterioridad. Es derecho que reconoce el art. 25.3 del EARM, remitiéndose a lo que determine el Reglamento. El examen de la estadística pone de relieve la trascendencia de los medios de que se trata. Sin pretender una exposición analítica, doctrinal, de cada uno de ellos, si procede dejar constancia previa del objetivo que se persigue y el modo de ejercerlos. Así: Las preguntas (art. 172), son solicitudes concretas de información dirigidas al Consejo de Gobierno o a algunos de sus miembros para que aclare la certeza de un hecho, manifieste si piensa adoptarse determinadas medidas o precise algún otro extremo de interés para la Región que deba ser conocido y sin más limitaciones que las establecidas en el art. 87 del propio Reglamento. Admitida a trámite por la Mesa y enviada a su destinatario a través de la Presidencia, y si no se especifica que la respuesta se hará ante el Pleno, se entenderá que será ante la Comisión correspondiente. Podrá hacerse oralmente o por escrito. Es importante consignar la posibilidad de que cualquier persona jurídica que represente intereses sociales y actúe a través de sus órganos, y cualquier ciudadano (con su firma y DNI), podrán dirigir preguntas a la Asamblea Regional con el ruego de que sean trasladas al Consejo de Gobierno (art. 178). Las interpelaciones (art. 179) son, por contra, “solicitud de explicación”, es decir, conocer las razones por las que se ha llevado a cabo una actuación concreta. El anuncio deberá ser objeto de publicación en el BOAR. La peculiaridad es que si el interpelante no se considera satisfecho (art.

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181), podrá anunciar la presentación de una Moción para que, a través de su debate y votación, la Cámara pueda expresar su criterio. Por último. Las Mociones, dice el art. 186 del reiterado Reglamento, que “son propuestas no de ley dirigidas a la Asamblea para que la Cámara adopte una determinada resolución”, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a las llamadas “mociones incidentales” (arts. 104-106). Cuando se analice la estadística, cuya exposición se hará de forma separada para los mandatos del Partido Socialista y del Popular, podrá apreciarse la importancia de los medios y/o derechos reconocidos para un eficaz control pero, sobre todo, impulso político que se ejerce respecto del Presidente y el Gobierno configurado por éste. Pero también permitirá ponderar la intensa actividad que se desarrolla y que no es suficientemente conocida y, por tanto, reconocida (184). Lo mismo podría decirse del uso que tanto el Presidente como los Consejeros puedan hacer de tales fórmulas para informar y plantear determinadas cuestiones. Si se diera publicidad a aquellas que ofrezcan indudable interés -publicidad no oficial, es decir, la que se inserta en Boletines Oficiales-, quizás se obtuviera mayor atención por parte del ciudadano y se enriquecería el valor de los Parlamentos Regionales.

184 La Revista “Anales de Derecho” de la Universidad de Murcia, publica las estadísticas que se dan en las diferentes legislaturas. Son elaboradas y suscritas por el Profesor GARCÍA COSTA, Francisco Manuel.

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ETAPA GRUPO POLÍTICO SOCIALISTA Años

Proposiciones No de Ley

Interpelaciones

Mociones (2)

Preguntas escritas (2)

Preguntas orales (3)

1983-1984

141

310

1985

1986

1988

100

1988 (2º p.)

1989

119

207

1990-1991

129 (1)

228

361

1991-1992

132 (1)

519

188

1992-1993

200 (1)

517

154

1993-1994

155 (1)

334

(1) Incluidas Mociones (2) Incluidas Mociones en Pleno y en Comisión. (3) Incluidas Preguntas (escritas y orales) del Pleno, Comisión y Presidente del Consejo de Gobierno Fuente: Memorias Asamblea Regional y elaboración propia.

Tratándose de la primera fase de desarrollo del proceso autonómico, se aprecia una intensa actividad parlamentaria, poniéndose de relieve el aprovechamiento de las fórmulas de impulso y orientación de la acción del Ejecutivo, así como las de control por cuanto no cabe la menor duda que representan tanto el seguimiento de compromisos, como el modo de presión directo acerca de la política activa, adquiriendo especial trascendencia las que conllevan la oportunidad de los hechos que se suceden. ETAPA GRUPO PARTIDO POPULAR Años

Proposiciones No de Ley

Mociones

Interpelaciones

Preguntas escritas

Preguntas orales

1995/1996

179

(1)

620

128

1996/1997

273

(1)

132

1.779

264

1997/1998

186 (2)

(1)

117

2.225

1998/1999

125 (2)

(1)

928

37 (3)

1999/2000

156 (3)

(1)

1.055

81 (4)

2000/2001

138 (5)

(1)

336

72 (5)

272

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2001/2002

124 (6)

(1)

428

73 (6)

2002/2003

81 (7)

(1)

25 (7)

106

76 (7)

2003/2004

111 (8)

(1)

47 (8)

102

90 (8)

2004

113

(1)

133

2005

159

(1)

119

2006

158

(1)

102

2007

119

(1)

2008

186

(1)

290

2009

185

(1)

392

2010

181

(1)

396

2011

141

(1)

103

2012

399

(1)

314

110

2013

415

(1)

630

2014

199

(1)

464

(1) Equivalen a Proposiciones no de Ley. (2) Pleno. Para Comisión, 27; 25 en 1998/1990. (3) También se presentan PO en Comisión, 7; al Consejo de Gobierno, 31 (4) En 1999/2000 también se registra en Comisión, 107; y consecuencias de interpelación, 10. Igualmente se formulan 22 al Consejo de Gobierno. (5) En 2000/2001 se formalizan 61 a Comisión. Y Preguntas orales al Consejo, 14, y a la Comisión, 52. (6) En 2001/2002: en Comisión se formulan 74; y consecuencia de interpelación,7. Preguntas para respuesta oral, se tramitan 25 en Comisión y 11 Consejo Gobierno. (7) En 2002/2003: Ante Comisión se tramitan 53; y consecuencia de interpelación, 8. Interpelaciones en Comisión, 30. Preguntas para respuesta oral en Comisión, 49, y Consejo de Gobierno, 14. (8) Proposición no de Ley/ Moción, en Comisión, 41, y consecuencias de interpelación 10; y 7 en Comisión. Preguntas Orales, se registran 38 en Comisión, y 23 al Presidente del Consejo de Gobierno. Fuente: Memorias Asamblea Regional y elaboración propia.

Las cifras reflejadas en el cuadro anterior resultan sensiblemente superiores a las de la etapa socialista, y lo son no sólo porque haya recogido dos legislaturas más (un total de cinco, equivalente a 20 años), sino también, y es opinión obtenida de los contenidos, porque del conjunto de éstas se reciben las competencias más importantes, se consolida la autonomía y concurren circunstancias extraordinarias que provocan iniciativas, en

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todas las modalidades. Ya se señalaron con anterioridad las diferencias esenciales entre los mandatos de una y otra opción política, y habrá que seguir abundando en ellas en apartados y Capítulos distintos. Y analizados enunciados se observa que pocos temas, por no decir ninguno, de signo económico, social, cultural y político, escapan a la atención de la Asamblea Regional. No obstante, es cuestión que no trasciende a la opinión pública y por ende no puede ponderar tal actividad.

VII.6 Otras acciones Parlamentarias Acciones Parlamentarias que inciden en los conceptos de impulso, control e información, son las denominadas “Sesiones Informativas”, en las que comparece el Presidente del Consejo de Gobierno, bien a petición propia, bien por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces, a iniciativa, cuando menos, de un Grupo Parlamentario, o de la quinta parte de los Diputados (art. 182, del Reglamento de la Cámara). Igualmente puede darse la de miembros del Consejo de Gobierno (art. 183), aunque también ante las Comisiones para informar de asuntos determinados de su competencia (art. 184). No es precisa reseña estadística, pero si se trata de procedimiento habitual que permite actualizar y fundamentar las resoluciones adoptadas, o concretar aquellas acciones que han de llevarse a efecto. De otra parte, no pueden ignorarse las competencias de la Asamblea para autorizar al Consejo de Gobierno a celebrar Convenios y Acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas (art. 196), e igualmente para fijación de las previsiones que deban elevarse al Gobierno para elaborar los proyectos de planificación económica general (art. 199). Cuanto antecede permite reflexionar en el sentido de que cuando un Grupo Político obtiene mayoría absoluta puede hacer que prevalezca sus criterios por la fuerza de los votos y la disciplina de Partido, pero no puede impedir el ejercicio de los diversos derechos reconocidos al Diputado Regional, pieza clave para una democracia activa y efectiva.

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CAPÍTULO VIII DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGIÓN DE MURCIA. ESPECIAL REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA REGIONAL

D E LA PART ICIPACIÓN CIUDADANA E N LA RE GIÓN. E S P E C I A L R E F E R E N C I A A L A A S A M B L E A R E G I ON A L

l análisis de la participación ciudadana en las instituciones es, sin duda, una manera de medir la sensibilidad y eficacia de las mismas, y urge insistir en que la misma no supone cuestionar a los legítimos representantes elegidos en convocatorias electorales. Aun cuando en capítulos anteriores conste alguna referencia al tema planteado, procede recordar que el Estatuto de Autonomía de la Región (Ley O. 4/1982, de 9 de junio, posteriormente modificado), concreta las siguiente y básicas determinaciones: el art. 2, que dice que “Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan de la Constitución, del presente Estatuto y del pueblo”, y el art. 9-e) precisa que “La Comunidad Autónoma velará por.... <facilitar la participación de todos los murcianos en la vida política, económica, cultural y social de la Región...>”. Otros preceptos inciden en la configuración de la participación. Así, el art. 10 relativo al desarrollo de competencias recibidas; el art. 11, que afirma que “...en el marco de la legislación básica del Estado... corresponde a la Comunidad el desarrollo legislativo y la ejecución en el sistema de <consultas populares en el ámbito de la Región...>”; y en el art. 30.1 se dispone que “por Ley de la Asamblea se regulará la iniciativa de Municipios y Comarcas, a través de sus órganos colegiados representativos, de acuerdo con lo que disponga la legislación del Estado...”. Es este derecho de participación el que cada día tiene mayor predicamento y de los que soporta más demandas ante las diferentes instituciones pero, de manera principal, respecto de las Administraciones Públicas, es decir, Central, Regional y Local. Una cuestión esencial que invita a tratar el tema monográficamente, como es proyecto que desarrolla el autor del presente trabajo, y que ofrece un gran atractivo para el estudioso. Las circunstancias sociopolíticas que concurren provocan el movimiento ciudadano que se muestra reivindicativo para que se posibilite aportación de sus criterios a la acción y/o gestión de sus representantes; con mayor intensidad al apreciar la decepción que han proyectado los responsables políticos. Y también es cuestión, juntamente con la transparencia, de programas ofertados por los gestores directos, pero que no terminan de

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llevar a buen fin, salvo excepciones. De aquí que sea propósito abordar lo que ocurre en la Región, si bien concretando el contenido en el análisis de las formas de participación y efectividad de las mismas, primero, en el Gobierno de la Región y, en segundo lugar, en la Asamblea Regional. Las otras dos esferas fundamentales a los fines de que se trata, se llevará a efecto en trabajos separados, sin perjuicio de las excepciones que ahora sean procedentes consignar. La doctrina (185) señala que las “Comunidades políticas con auténtica vocación democrática, están llamadas a optimizar sus espacios institucionales de participación ciudadana...”, y que “no constituye una amenaza para la democracia representativa de origen liberal, sino un acicate para la reafirmación de sus valores esenciales ....”, considerando también “que la participación política entre la Administración directa del ciudadano supone la consolidación de su estatuto de libertades positivas ...”, concluyendo en que “los espacios institucionales de participación también ofrecen una valiosa oportunidad para la educación cívica … (186)”. Igualmente explícita resulta la afirmación de MUÑOZ MACHADO, Santiago, al decir: “...es un hecho incuestionable la intensificación de las relaciones de la Administración con los particulares, mezclando elementos de derecho público y privado, y constatándose la elevación cultural del administrado, todo ello junto al sentido democrático de la vida moderna...”, y específica, “...hay rigideces y limitaciones entre la Administración y los administrados. La Administración se apoya en el interés general para justificar una estrategia de distanciamiento. En el plano de los administrados, por contraposición, éstos quieren ser escuchados, sentirse células vivas...”. En definitiva. La participación representa un derecho fundamental, en vista de los preceptos constitucionales que la reconocen, y también admite la interpretación del deber para los poderes públicos. Una lectura acelerada del texto Constitucional permitiría recopilar una serie de figuras que conllevan ese derecho de participación (art. 6, de Partidos Políticos; art. 48, que se refiere al derecho de la juventud en el desarrollo político,

185 CUESTA LÓPEZ, Víctor, “Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano. Democracia Constitucional” (THONSON, Cívitas, Colección Parlamento, Monografías, Editorial ARANZADI, S.A., 2008). 186 Revista de Administración Pública, n.º 84, “Las concepciones del Derecho Administrativo y la idea de la participación en la Administración”, págs. 519 a 534.

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social, económico y cultural; el art. 51.2 referido a la defensa de consumidores y usuarios; la iniciativa legislativa popular conforme al art. 87.3; el art.105, que regula la audiencia del ciudadano; la planificación económica, según art.131; y otras varias, amén de la Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de octubre de 1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (19 diciembre 1966), ratificado por España en 1977. Esta fundamental normativa se traslada a las Autonomías y, por supuesto, a la Administración Local, con distinto alcance y eficacia en cada una de ellas. La realidad es que no consigue el desarrollo que debiera, suscitando, ahora, la mayor presión popular. En todo caso se ha llegado a calificar (la participación democrática), como “complemento necesario del sistema representativo…”, aunque no falta quien formula crítica al mismo por entender que con ello “se debilita la condición de ciudadano a favor de las diferentes categorías sociales y profesionales de los mismos, y la idea de interés general pierde su perspectiva ante la afloración de intereses más inmediatos y concretos...” (187). Desde una consideración sociológica tal devenir puede darse, y de ahí que, en todo momento, haya que tener la sensibilidad y equilibrio para que no prevalezcan intereses “partidistas” o con capacidad bastante para obstruir el objetivo principal de la participación. A este respecto hay que recordar que el titular del derecho es el ciudadano y a él corresponde su ejercicio. Ahora bien. La legitimación procesal está reconocida a las organizaciones en las que éstos se integran. El proceso autonómico ha concluido, se dice, en esta fase de duración superior a las cuatro décadas. Su desarrollo en los diferentes momentos socioeconómicos ha puesto de relieve fortalezas y debilidades, pero, sobre todo, los problemas que el gasto público ha creado e impulsado el sentimiento de la necesidad de revisar y, en su caso, modificar los Estatutos correspondientes y controlar la financiación de los servicios. Esa perspectiva de corto y medio plazo debe comprender las diferentes formas de participación ciudadana en asuntos públicos por la relevancia que está adquiriendo, sobre todo cuando el pluralismo político se está abriendo paso frente “al bipartidismo”, lo que en manera alguna quiere significar la 187 CASTELLA ANDREO, Josef María, “Los derechos Constitucionales de participación política en la Administración Pública”, CEDECS ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y POLÍTICOS, págs. 68 y ss.

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desaparición inmediata de éste, sino la necesidad de que los grupos políticos mayoritarios se muestren sensibles a las demandas del ciudadano y lo hagan partícipe de las decisiones principales que hayan de adoptar.

VIII.1. Participación ciudadana en las acciones del Gobierno Regional Aun cuando pueda darse relación y/o cooperación entre las formas de participación ciudadana en la Administración Pública y Asamblea Regional, conviene el estudio separado de ambas para obtener el más amplio conocimiento del alcance y eficacia que se da en cada instancia, y se aborda teniendo en consideración los distintos objetivos, es decir, del derecho a ser informados, a ser consultados y, en suma, a tomar parte en la adopción de las decisiones. Ahora bien. La primera fórmula de participación es la del diálogo y, por su consecuencia, la concertación. Utilizada desde el principio del proceso autonómico, y constantemente practicada. No requiere de norma reguladora. Basta con la concurrencia de voluntades para llevarse a buen fin. Desde el denominado “PACTO PARA EL PROGRESO”, de 1982/83, se han formalizado múltiples encuentros entre el Ejecutivo y las organizaciones representativas en que se vertebra la sociedad civil, aunque de manera más significativa con Organizaciones Sindicales y Empresariales. Convocatorias sucesivas que tuvieron por objeto el fomento del empleo (las más de las veces) o pactos para estimular el desarrollo de determinados sectores productivos (Industria, Turismo, Comercio Interior, Pacto Social por la Educación, etc.), incluso para planes más globales, como los registrados “Reactivación Económica”, “Plan Estratégico” para cierto periodo de tiempo. Baste señalar que su práctica puede calificarse de habitual, que la actitud de los diferentes Agentes hay que considerarla como positiva y constructiva, y que tal instrumento para la participación ha sido útil, no sólo a los fines en cada ocasión pretendidos, sino para dotarse de un clima de paz social necesario para conseguir el desarrollo de políticas determinadas. Desde esta consideración, previa a la conclusión, no puede ser más alentadora, políticamente examinada. No obstante, la demanda radica en solicitar una participación institucional, aunque ésta se contrae a cuestiones específicas entre Sindicatos-Empresas y Gobierno.

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El primer antecedente de “oficialidad” en el reconocimiento de la participación, viene dado por lo legislado en la etapa preautonómica y referido a la Administración Periférica que reguló las Comisiones Ejecutivas Provinciales, de carácter exclusivamente consultivo. Entre 1982 y 1985 se constituyeron las de INEM, INSS, INSALUD, INSERSO, FORMACIÓN PROFESIONAL, INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, y otras. Como era lógico, en la medida en que la Región iba recibiendo competencias sobre tales materias, se asumían y modificaban las reglas de participación (188), aunque las funciones que le asignaron eran muy limitadas (“supervisar y controlar, a nivel provincial, el cumplimiento de los acuerdos del correspondiente Consejo General”; y proponer las medidas que se consideren convenientes para el perfeccionamiento de la gestión; y otras de sentido ejecutivo de las señaladas). La realidad es que, si bien no daban satisfacción a los grupos y personas que integraban las respectivas Comisiones, al menos representaba un incipiente reconocimiento a la participación ciudadana. Aun cuando existen otros sistemas para que el ciudadano pueda intervenir en las instancias de la Administración Pública, ya se anticipó que la investigación se contrae al ámbito regional y la actividad parlamentaria. Hoy, sin duda, han cambiado las circunstancias sociopolíticas; la descentralización administrativa ha traído consigo otras exigencias por la proximidad del ciudadano a los problemas; y, finalmente, los criterios adoptados en la Unión Europea y el seguimiento y aplicación de los mismos en los países que la integran, han tenido influencia decisiva. Expuesto cuanto antecede con mero propósito de introductorio, procede abordar las distintas formas de participación ciudadana en la Administración Pública Regional, en cuyo análisis se distinguen los apartados que siguen: • Una de las primeras decisiones autonómicas fue la Ley 9/1985, de 10 de diciembre (BORM del siguiente día 19), de los Órganos Consultivos, referida a los “grupos sociales organizados” existentes en el ámbito territorial. Disposición modificada por Ley 1/1994, de 20 de abril (BORM n.º 113, de 19 de mayo), motivada por la necesidad 188 Véase, por ejemplo, la Orden de 16 de noviembre de 1981, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de las Comisiones Ejecutivas Provinciales. Y, concretamente, de los Institutos Nacionales de Seguridad Social, Salud y Servicios Sociales.

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de cumplir el requisito de asegurar “la representación social de los intereses sectoriales”, “evitando la, a veces, excesiva representación de la propia Administración” (189). Aquella decisión salía al paso de la incredulidad que representaba la fórmula y la falta de eficacia de la misma. La Exposición de Motivos de la Ley de 1985, al reconocer el derecho a participar sancionado en la Constitución y en el propio Estatuto, señalaba que “este derecho tiene varias manifestaciones de carácter orgánico, cooperativo o funcional (informaciones públicas, denuncias, ejercicio de acciones populares, derecho de petición, e iniciativas y sugerencias, entre otras)”, manifestaciones ya contempladas, en su mayor parte, en la legislación vigente, tanto Estatal como Autonómica. Especificando, seguidamente, que la “Comunidad Autónoma ha contemplado de un modo especial la participación que se concreta en las iniciativas y sugerencia a que se refiere el art. 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo a través de la creación (por el Decreto 10/1985, de 22 de febrero) de la Oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones... y a través de la Comisión de Peticiones y Defensa del ciudadano, que regulan los arts. 162 y 163 del Reglamento de la Asamblea Regional”. Del articulado de la Ley debe destacarse: 1) la exclusión del ámbito material de aplicación de la misma “de los órganos colegiados de carácter interno de la Comunidad Autónoma, los interadministrativos, los de naturaleza distinta a la señalada en el párrafo anterior y los de igual naturaleza (art. 1); y 2) los reiterados Consejos podrán ser de carácter permanente (Consejos Asesores Regionales) y de carácter temporal (Comités Asesores Regionales (art. 2)). La Disposición Adicional concreta los Consejos incluidos en la Ley a todos los efectos y del análisis de su relación puede considerarse que cada Consejería disponía de la creación de Consejos Asesores para las materias de mayor trascendencia, al igual que hace la Disposición Final Primera de la Ley de 1994, que ya recoge referencia a la Ley 30/1992, de 20 de 189 Discurso de Investidura de la Presidenta de la Comunidad Autónoma, María Antonia Martínez, Diario de Sesiones de 26 abril de 1993.

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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (190). Incluso, con independencia de la relación, las Consejerías también tienen constituidos lo que denominan Consejos Técnicos Consultivos y Comisiones en las que también participan representación de instituciones y organismos ajenos a la Administración Pública (Ley 2/1996, de 16 de mayo, BORM n.º 120), configurándose como órganos de asesoramiento y asistencia técnica inmediata a Presidente, Vicepresidente y Consejeros. En su justificación y articulado se dice: “... se hace aconsejable contar con la colaboración y ayuda de aquellas personas que, por su especial conocimiento y experiencia en las distintas áreas sociales, culturales, económicas, etc., puedan aportar iniciativas y criterios en orden a la programación y realización de cuantas actividades convenga emprender...”. Se definen como órganos de consulta cualificados con plena autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, y sin que su funcionamiento implique una dejación de la responsabilidad de los órganos llamados a resolver las cuestiones administrativas, matiz éste que les diferencia de los Consejos y Comités Asesores Regionales. La perspectiva histórica permite afirmar que no ha sido habitual, ni eficaz, acudir a esta fórmula de participación. Esta Ley de 1996 introduce una innovación importante “al dar cabida a los denominados Comisionados Regionales”, figura que se utiliza para contar con la colaboración de personas que “...por su experiencia en determinadas materias pueden ostentar la representación protocolaria del órgano que le designe como interlocutor ante el foro y organismos que se estimen pertinentes”. Tiene, pues, carácter excepcional. De hecho, desde la creación de esta figura apenas se encuentran nombramientos o designaciones, habiéndose significado las dos formalizadas en 2014, uno para ante instancias oficiales de Madrid y contenido económico y presupuestario; otro, para la gestión ante la Unión Europea. Se puede concluir que no se está ante una fórmula de participación ciudadana propiamente dicha. Su constancia en este apartado obedece a la necesidad de reflejar la existencia de esta figura, y su regulación en norma que responde a la idea de procurar el acceso a la Administración Pública. 190 En la obra “Crónicas de la Autonomía”, Región de Murcia, tanto el Volumen I (hasta 1987), como en el II (que llega a 2004), se analiza ampliamente las fórmulas de participación (págs. 91 y ss.).

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• A los fines que interesan ha de hacerse referencia a la legislación que desarrolla aspectos que conlleva la participación. En esta dirección se encuentran dos leyes importantes: la primera, la Ley 6/1984, de 24 de mayo, por la que se crea el Instituto de Fomento de la Región, modificada a los veinte años por Ley 9/2006, de 23 de noviembre. La segunda, el Consejo Económico y Social, Ley 3/1993, de 16 de julio. Ambas citadas con anterioridad y tratadas ampliamente en la repetida obra de “Crónicas de la Autonomía”, procede considerar ahora los aspectos que concretan la real participación ciudadana. A) En cuanto al INFO, surge para “impulsar la creación de un Sector Público Regional, así como para propiciar cuantas acciones sean necesarias para mejorar las estructuras empresariales, estimular la innovación tecnológica, servir de catalizador para nuevas inversiones y promover la creación de empleo”. El solo enunciado del objetivo principal conlleva la necesidad de reconocer la participación de terceros, ajenos a la Administración Pública. Efectivamente. La organización descansa en el Consejo Asesor, de carácter consultivo. Ahora bien. Es la Administración Regional quien aporta representación mayoritaria; tan sólo diez vocales proceden de otros organismos e instituciones (Universidad, Centrales Sindicales, Organización Empresarial (CROEM), Cajas de Ahorro, Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio). Pero la participación se contrae a recibir información e informar -sin carácter vinculante- sobre los asuntos que le sean sometidos. La misma estructura mantiene en la reforma de 2006, y respecto del Consejo Asesor lo concibe como “órgano de asesoramiento de la Institución, así como de representación y participación de los Agentes Económicos y Sociales”. Lo que si se observa en su desarrollo es, de una parte, la celebración de convenios con diferentes grupos socioeconómicos y, de otra, la integración en Sociedades de Capital entre las que pueden citarse las que se ocupan de la promoción y explotación de suelo industrial o aquellas cuyo principal objetivo es el de facilitar ayudas a las pymes (UNDEMUR, Sociedad de Garantías Recíprocas; Sociedades de Capital, etc., en las que participa minoritariamente). En suma. No obstante las críticas recibidas (sobredimensionamiento y gasto estructural excesivo; falta de agilidad y por ende de eficacia en la gestión, etc.), se advierte la tendencia alcista en su actividad, repre-

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sentando, además, el instrumento necesario al Ejecutivo para atender las demandas del sector económico, e incluso para evitar situaciones conflictivas, favoreciendo al Sector Público, aunque en los años de crisis haya tenido que revisar la rentabilidad de algunas de estas empresas hasta el extremo de proceder a su liquidación (191). Al margen del INFO se crearon otros Entes y Empresas Públicas en las que predomina el capital de la Comunidad Autónoma. Así, como Entes de Derecho Público, aparecen el Servicio Murciano de Salud, Radio Televisión Murciana, Consejo de la Juventud, y otros que han sido objeto de adecuación a las circunstancias actuales (192). Su valoración se realizará más adelante, pero siempre distinguiendo, conforme al Dictamen del Consejo Jurídico de la Región (193), en el que se diferencia entre Organismos Autónomos (Ley 7/2004, que los define, en Exposición de Motivos, como aquéllos que encuentran su campo normativo en el Derecho Público) y Entidades Públicas Empresariales (aquellas a las que se encomienda la realización de actividades y servicios sujetos a contraprestación económica, rigiéndose en su actuación por el Derecho Privado, salvo en cuanto concierne al ejercicio de potestades Públicas sujetas al derecho público). Analizando el desarrollo del sector que nos ocupa se llega a la conclusión de que el uso de tales fórmulas estaba inspirado más por restar endeudamiento al cómputo general de la Administración Regional, que a favorecer formas de participación ciudadana. En todo caso, aporta un nivel de integración de intereses sociales, económicos y culturales, que tiene mucho de positivo. Cuestión diferente es que responda o pueda calificarse como adecuado medio de participación. B) La creación del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES), puede considerarse, hasta ahora, la iniciativa de mayor interés a los efectos de reconocer la participación ciudadana. Sin duda basada en el

191 Véase la obra de EGEA IBÁÑEZ, Enrique, “Sector Público” (Delimitación, Dimensión, Composición y Evolución), 2.009, Aranzadi, Thomson. 192 GARCÍA GARCÍA, Clemente, “Crónicas de la Autonomía”, periodo 2005/2011, págs. 185 y ss., SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL, Capítulo X. 193 Dictamen n.º 95/2004, Memoria correspondiente a la anualidad 2005.

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art. 131.2. de la CE y a imagen del constituido a nivel nacional (Ley 21/1991, de 17 de junio, parcialmente modificada con posterioridad), y en cuya Exposición de Motivos se concreta su finalidad de “potenciar la participación de los Agentes Sociales y Económicos ....y reafirma su papel en el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho...”. La Ley 3/1993, de 16 de julio (BORM del día 10 de agosto siguiente), encontró justificación en los arts. 9.2,a), 51.1, y 10,1,j) del Estatuto de Autonomía, definiéndolo como “un marco estable y permanente de comunicación y diálogo tanto de los agentes sociales y económicos entre sí, como de éstos con la Administración Autónoma, sin olvidar su configuración como órgano de consenso y refuerzo de la participación de dichos agentes en la toma de decisiones”. Pero junto a las notas que le caracterizan (194), “sirve de foro donde empresarios y sindicatos pueden debatir sobre temas... laborales, sociales y económicos...”; “no actúa sólo a instancias del Consejo de Gobierno... sino también por propia iniciativa...”; y “el hecho de su independencia... principal garante de la legitimidad del ejercicio de sus funciones y, por tanto, el soporte principal de su autoridad...”. E incluso podría incorporarse como tal el hecho de que formar parte del mismo “no puede dejar sin protagonismo... a los verdaderos agentes socioeconómicos, ni sustituir a la concertación social, laboral o económica que deberá tener otra sede diferente...”, “...como tampoco debe quedar atrapado por los procesos, los medios y los procedimientos que cada grupo utilizase en sus reivindicaciones y pretendiese miméticamente traer a la sede de esta compleja asamblea consultiva e informativa; ni tampoco por la actividad política y ejecutiva del Gobierno Regional”. Expuesto lo anterior, resta, en evitación de remisiones a la abundante bibliografía sobre ello, señalar que el Pleno está integrado, además de Presidente y Secretario, por tres grupos (siete vocales por cada uno): el primero, representa a las Organizaciones Sindicales mayoritarias (UGT y CC.OO.); el segundo, a las Empresariales (CROEM); y el tercero, por

194 Señaladas por quien fuera Presidente del CES, D. ANTONIO REVERTE NAVARRO, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pública de Murcia, en artículo publicado en el Diario LA VERDAD los días 29 y 30 de enero de 1994.

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Cámaras de Comercio, Organizaciones Agrarias, Asociaciones de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, Consumidores y Usuarios, Federación de Municipios, y dos expertos designados por el Consejo de Gobierno. Al finalizar la Legislatura (año 2015), se amplía a 24 por efecto de la incorporación de ONG representativas de Grupos de Discapacitados, es decir, uno más por cada uno de los que inicialmente lo constituían. Existe también una Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo (Áreas Social, Empleo y Producción Económica, y Desarrollo Regional) acordes con las funciones que el Consejo tiene asignadas, y cuyos dictámenes son preceptivos aunque no vinculantes. Sólo se excluye de los mismos el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, si bien en cada anualidad comparece ante el Pleno el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, para dar cuenta de su contenido, lo que sin duda puede entenderse como práctica recomendable. Lo que interesa a los fines del presente trabajo, no es conocer estructura orgánica, sino el balance resultante desde 1993 si puede considerarse efectivo, tanto en el aspecto participativo, como en el de utilidad pública. Debe advertirse que con ocasión de la crisis económica, alguna Autonomía ha procedido a la extinción de tal Consejo para recortar gasto público por considerarlo innecesario. No es esa la opinión que puede darse en la Región, y al efecto se hace objetivo principal la justificación y demostrar la rentabilidad del mismo, que se concreta en las consideraciones que siguen: 1) Con carácter general se aprecia el equilibrio que los debates mantienen, incluso la unanimidad en el contenido de los dictámenes. Sólo excepcionalmente se ha formulado algún voto particular, hecho que no puede interpretarse como inexistencia de discrepancias (que se registraron con intensidad), pero tales diferencias pudieron superarse al prevalecer el interés general. 2) La valoración de criterios expresados por el CES por parte de los Grupos Políticos, especialmente de los integrantes de la Asamblea Regional, y de la opinión pública que tiene acceso a los mismos a través de los Medios de Comunicación Social, hay que calificarla de

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positiva. La cita de tal fuente como fundamento de las alegaciones de los primeros, y la trascendencia mediática, se aprecia claramente, convirtiéndose en punto de referencia inevitable y principal. 3) Las iniciativas del CES en cuanto a estudios de interés para la Región, sobresalen de manera indiscutible. Baste dar lectura a las investigaciones subcontratadas por la Institución para ponderar los asuntos sobre los que se pronuncia y la incidencia en instancias políticas y a nivel ciudadano (Agua, Sanidad, Economía Irregular, Empleo, Sistema Productivo, Medio Ambiente, Bienestar Social, etc.), sirviendo, en suma, de fuente a programaciones del Ejecutivo. La Bibliografía generada es numerosa e importante, además de estimular la consulta inevitable. 4) Anualmente se elabora la Memoria Socioeconómica de lo sucedido en la Región de Murcia, que es presentada al Presidente del Ejecutivo y en la que, a la objetiva y rigurosa parte descriptiva, se incorporan una serie de propuestas y/o, al menos, de consideraciones sobre las políticas activas que debieran desarrollarse. Igualmente se recogen análisis sobre evolución de temas de interés para la Autonomía. El seguimiento de los mismos remarca la trascendencia del sistema de organización territorial para la Región. 5) Ha sido objeto de atención por CES Nacional, así como por los líderes Sindicales y Empresariales del mismo ámbito, que participaron en jornadas organizadas en Murcia y, por supuesto, en actos relevantes, como la inauguración del edificio que la Comunidad le procuró como sede social. Y junto a ello, la intensa relación pública mantenida con Autoridades de instancias estatal y europea, reflejando de esta manera un prestigio de elevada altura. 6) No es posible ignorar el tema presupuestario, es decir, el coste que el Consejo supone para la Hacienda Regional. Cuantitativamente no puede calificarse excesivo y, además, en tiempos de crisis, ha sabido adecuarse a las circunstancias sobreviviendo en niveles mínimos. En todo caso, si se estableciera comparación entre el gasto público que origina y su rentabilidad sociopolítica, así como de la participación

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que representa, es evidente que la supresión del mismo por razones económicas no estaría justificada y sólo respondería a motivación de otro alcance. Obsérvese que la Institución es cauce estable para el diálogo y estímulo para la concertación. En suma. No sólo por efecto de la presente investigación, sino por la experiencia adquirida al formar parte del Consejo desde el momento de su creación y constitución, se puede afirmar que se está en presencia de un órgano que ha posibilitado objetividad e independencia a la participación de colectivos representativos, dotando de autenticidad las versiones ajenas a las que proporciona la Administración Regional. Sin duda alguna que su valoración estará decididamente en términos políticos positivos y esencial en el desarrollo regional. La propia actividad legislativa de la Asamblea encuentra asistencia en los dictámenes del CES, además de la seguridad jurídica que aporta el Consejo Jurídico, e incluso sirve de fundamento para la formalización de propuestas. C) Aun cuando en opinión del autor de este trabajo, tanto el Consejo Jurídico como la figura del Defensor del Pueblo, no responden plenamente a la idea de participación ciudadana como Entes representativos, no pueden soslayarse porque, de una u otra forma, contribuyen a tal fin, bien directamente, bien indirectamente. El Consejo Jurídico fue creado por Ley 2/1997, de 19 de mayo (BORM n.º 131) y constituido en enero de 1998 (195). Se concibe como “superior órgano consultivo en materia de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma”, “con autonomía orgánica y funcional” para garantizar su objetividad e independencia, y cuya finalidad es “la de velar por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico”. Es, en suma, el equivalente, a nivel nacional, al Consejo de Estado, y sin que suponga colisión con el CES ya que aquél dictamina sólo en Derecho. La propia composición resulta expresiva al prevalecer la exigencia de que sus vocales sean juristas de reconocido prestigio y ninguno de ellos pertenecientes a la Administración Regional. 195 El Reglamento de Organización y Funcionamiento se aprueba por Decreto n.º 15/1988, de 2 de abril de 1998.

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Pero aparte lo expuesto, y del hecho de ser sus dictámenes preceptivos pero no vinculantes, la connotación participativa reside en las consultas que recibe del Gobierno/Administración Regional, Corporaciones Locales y la propia Asamblea Regional, potenciando así la garantía jurídica que las decisiones han de reunir. Si ha de significarse el predominio de consultas relacionadas con la responsabilidad patrimonial de la Administración, abundando últimamente las de contenido sanitario, y sin restar importancia a las procedentes de la Administración Local. La figura del Defensor del Pueblo, creada en 2008 como ya se hizo constar con anterioridad, viene a sustituir a la Comisión existente en la Asamblea Regional. El titular tiene la condición de Alto Comisionado de la Asamblea y como función principal “la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las libertades reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”, pudiendo actuar para ello “supervisando la actuación de la Administración, sus entes, organismos, empresas públicas y autoridades y personal que de ella dependan o estén afectos a un servicio público”, pudiendo extenderse a las Entidades Locales de la Región en aquellas materias en las que la Comunidad tenga competencias. La realidad es que su creación se lleva a efecto cuando ya disponen de ella la mayoría de las Autonomías, y no obstante los requerimientos del Grupo de Izquierda Unida desde que se iniciara el proceso autonómico. Baste con examinar el repertorio de funciones que le asigna el art. 14, para quedarse con la concepción auténtica de la importancia de la Institución para llevar a efecto la investigación que procediera para esclarecer expedientes y resoluciones, articular experiencias, emitir informes a instancias de la Asamblea o de cualquiera de las entidades públicas de la Región, incluso llevar a efectos visitas de inspección. En definitiva. Se configura un medio que sirve al ciudadano avalando, en su caso y previa investigación, sus pretensiones ante las distintas Administraciones, evitando, igualmente, las posibles desviaciones que pudieran darse. De hecho, las Memorias de Actividades conocidas resultan expresivas de la intensa actividad desarrollada. No obstante la valoración formulada, por consecuencia de la crisis económica, el Ejecutivo Regional adoptó el acuerdo de supresión de la Ins-

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titución en 2013. De aquí que sólo sea permitido ponderar lo realizado en los cuatro años de existencia y sin que el balance sea merecedor de crítica negativa.

VIII.2 Participación ciudadana en la Asamblea Regional En el ámbito de la Asamblea Regional hay que distinguir determinadas posibilidades de participación de personas e instituciones que no forman parte de la misma, y en razón al conocimiento que tengan de los temas a tratar, intervención que sólo tiene sentido informativo y/o de asesoramiento. En este sentido se pueden referir las Comisiones Especiales, la Comisión de Peticiones y defensa del ciudadano y, en otro aspecto, la Iniciativa Legislativa Popular. El mandato del art. 57 del Reglamento determina que “constituirá en su seno Comisiones que podrán ser permanentes legislativas, permanentes no legislativas y especiales, en su caso”. Siendo las primeras las que conforman los propios Diputados en proporción a la importancia numérica de los grupos, a efectos de concretar el sentido de participación, interesa centrar la atención en las otras dos. • Conforme al art. 72 del citado cuerpo legal se recoge la posibilidad de creación de COMISIONES ESPECIALES, siempre que el Pleno así lo decida, para un proyecto o proposición de Ley concreto, para llevar a efecto una investigación o para cualquier otro cometido específico. Y según lo dispuesto en el art. 66, se podrá solicitar, aparte representantes de Administraciones y otros Entes e Instituciones, la comparecencia de personas naturales o jurídicas que puedan ilustrar los debates de la Comisión. En las últimas Legislaturas son varias las constituidas y cada una de ellas en torno a los problemas más importantes desde el punto de vista sociopolítico, financiero, laboral, etc. Se cita el repertorio de las mismas por la expresividad y alcance que tuvieron, y que ya fueron objeto de análisis en Capítulos anteriores. Son las siguientes: Reforma del Estatuto de Autonomía; Empleo; Discapacidad; Igualdad de Oportunidades; Financiación Autonómica; Modificación de la Ley Electoral; Pacto del Agua; y, Justicia.

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Analizadas las comparecencias acordadas en cada una de ellas, puede afirmarse la diversidad y cualificación de personas e Instituciones cuyas aportaciones fueron de gran interés y utilidad para la adopción de los acuerdos. En todo caso, cualquiera que fuere el grado de aceptación política, conforma un fondo bibliográfico a cuyo conocimiento no se puede renunciar. Es una manera de asesoramiento del Parlamento y, sin duda, del propio Ejecutivo. • La Comisión de Peticiones y Defensa del ciudadano se recoge en el art. 70 del repetido Reglamento remitiéndose después, en cuanto a cometidos se refiere, al Título IX, arts. 205 y 206, cuyo resumen puede concretarse en lo siguiente: 1.º) conoce de cuantas reclamaciones y quejas dirijan a la Asamblea, individual o colectivamente, personas con residencia en la Región y aquellas otras que, sin tenerla, sean titulares de derechos o intereses radicados en ella. No podrán ser objeto de petición aquellos asuntos para cuya tramitación el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específica; 2.º) no serán admitidas a trámite aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario en trámite, si bien se reconoce la procedencia de recurso de reconsideración ante la Mesa de la Cámara; y, 3.º) aparte fijar los requisitos del escrito de petición, en vista de las alegaciones y de las informaciones obtenidas, la Comisión podrá, entre otras decisiones, proponer al Pleno la creación de una Comisión Especial para que investigue determinados hechos, trasladar el asunto al Defensor del Pueblo con la recomendación de que actúe si lo cree conveniente, o bien poner los hechos en conocimiento de quien deba investigarlos y, en su caso, sancionarlos. No interesan tanto los aspectos procesales, sino constatar la posibilidad de acceso del ciudadano a tal instancia por cuanto supone el reconocimiento de derecho que, en todo caso, le evita indefensión. Pero lo que debe destacarse es la referencia al Defensor del Pueblo, de ámbito nacional (por cuanto en la fecha de vigencia del Reglamento no se había creado dicha figura en la Región de Murcia).

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Examinada la estadística puede observarse (196) que es instancia muy utilizada. Así consta en la Memoria y Diario de Sesiones en las que se da cuenta de lo actuado. El promedio puede situarse en torno a los 250 en cada legislatura, siendo muy reducido el número de las remitidas al Defensor del Pueblo. Cuando se crea en Murcia, el número de quejas acumulado se eleva a 645, aun cuando las Resoluciones dictadas sólo fueron 50, y las respuestas dadas por las Administraciones, 37. Se advierte que la proximidad de la Institución estimula el ejercicio del derecho, y también el hecho de fijar el domicilio social en la ciudad de Murcia, si demográficamente se pondera. Examinada ha sido la fórmula que utiliza el art. 87 de CE que tras señalar que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado... y, que las Autonomías (sus Asambleas) podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley... remarca que “una ley orgánica regulará la forma de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley...”. Ahora bien. La práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía amplían el procedimiento legislativo a las instituciones de Gobierno Local de sus territorios: Ayuntamientos y Comarcas; y a los ciudadanos de la Región. En la de Murcia se confirma lo expuesto a través del art. 30 del Estatuto, y 118 del Reglamento de la Cámara, pero siempre en el marco de la legislación básica del Estado. La Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de la iniciativa legislativa del ciudadano (modificada dos décadas después por Ley O. 4/2006, de 26 de mayo). La primera de ellas promueve la decisión de la Asamblea Regional, aprobando la Ley 9/1984, de 22 de noviembre, y la obligada modificación por Ley 7/2006, de 16 de octubre. Atendiendo a las limitaciones que se imponen, en términos de exclusión de materias, se concretan: “las que sean objeto de ley orgánica; las tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”, relación que parece justificada en todos los sentidos, y a las que habría de incorporar otras en el ámbito nacional. En el regional, la iniciativa 196 Apartado III.4 del Capítulo III, 2º volumen de “Crónicas de la Autonomía”, periodo 1997/2004; y Capítulo VI, págs. 119 y ss., volumen 3º, en particular, el apartado VI.4, Informe anual 2009.

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no podrá afectar a la organización de las instituciones de autogobierno. La doctrina, en vista de las limitaciones formales, materiales y procedimentales, “ha declarado inminente la inoperatividad de la institución” (197), también considerada como “un elemento ornamental de la Constitución, destinado a permanecer en el anonimato” o “como un institución herida de muerte” No obstante, se han elaborado estadísticas en las que Murcia aparece habiendo tramitado seis, que equivale al 0,27% del total. De ellas, los resultados tampoco estimulan para acudir a tal fórmula. Así, las medidas para la gestión de residuos peligrosos, no fue admitida a trámite (fecha de presentación, 22 abril 1994); la de protección de espacios naturales (presentada con fecha 20 enero 2006), no fue tomada en consideración; la atinente a red de apoyo a la mujer embarazada (29 enero 2007), se encontraba en tramitación, pero fue aprobada por Ley 11/2009, de 1 de diciembre, BORM n.º 285, de 12 diciembre); la Universidad Politécnica de Cartagena (data de 1993 y no fue admitida a trámite, aunque creada en 1998 con acuerdo unánime de la Asamblea Regional); y la creación del Centro de Hemodonación (retirada en 1985). Repertorio que confirma la falta de valoración como instrumento de participación, y ello no obstante el limitado número de electores que exige (10.000), sumándose a tal apreciación el hecho de que no consta la formulación de recurso ante el Tribunal Constitucional. Entre los proyectos anunciados al finalizar la última legislatura, figura la reducción de firmas exigibles a seis mil. Este espacio de participación ha sido objeto de atención en el Tratado de Lisboa (198) proponiendo una nueva redacción del art.8 BTUE, recomendando: la reserva a los ciudadanos europeos para recibir la iniciativa (excluye a los nacionales de terceros países); tal participación no es reconocida como un derecho subjetivo comprendido en el instituto de 197 CUESTA LÓPEZ, Víctor, “Participación directa e iniciativa legislativa del ciudadano en Democracia Constitucional”, Tonos-Cívitas, Capítulo V, págs. 369 y ss. 198 Firmado el día 13 diciembre 2007, Diario Oficial de la UE 17 diciembre 2007. Conminada la Comisión para elaboración y presentación del Reglamento, redacta un Libro Verde que somete a consulta pública que concluía el 31 de enero 2010. La propuesta de Reglamento se hizo pública en marzo siguiente (COM 2.010/0074 COD), y aprobado en la anualidad 2011, publicándose en Boletín Oficial de 11 de marzo siguiente. Con precisa amplitud se analiza la evolución normativa y desarrollo procesal en la obra “Participación ciudadana y Procedimiento legislativo; de la experiencia española a la iniciativa europea”, de la que son autores VINTRO CASTELL, Joan, y BILBAO UBILLOS, Juan María (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Colección Foro/24.

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ciudadanía, sino que el reglamento que establece los procedimientos y condiciones preceptivas... debería contener un listado de derechos de rango legal a favor de los ciudadanos europeos, y en especial para quienes quieran involucrarse particularmente como promotores de la iniciativa; lógicamente los temas deberán circunscribirse necesariamente a las competencias respecto a las que la Comisión tiene atribuida iniciativa legislativa; la Comisión deberá ofrecer el asesoramiento jurídico necesario; someterse a un control de legalidad antes del comienzo de la campaña de recogidas de firmas; no sólo se establece un número mínimo de apoyos expresos, sino que también prevé que éstos deberán distribuirse territorialmente entre un número significativo de Estados miembros; etc. Mayor precisión deberá constar en el Reglamento que la desarrolle. Pero, en suma, no parece que ofrezca agilidad bastante para estimular tal clase de iniciativa; y si se acude al Derecho Constitucional comparado, es claro que la variante española, según la doctrina, es la que más limitaciones contiene no obstante las modificaciones de la Ley O. 4/2006, antes citada. Acaso el impulso europeo pueda marcar una tendencia para incrementar el aprovechamiento de esta institución de participación ciudadana. • Por último. Ha de referirse en este capítulo y apartado el sistema de “Consultas populares” en el ámbito de la Región de Murcia, de conformidad con lo que disponga la Ley a que se refiere el art. 93.2 de la CE, y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la autorización de la convocatoria, según prescribe el art. 11.8 del EARM; es derecho que puede situarse en el marco de la participación ciudadana y considerarse, por tanto, como derecho fundamental. La referencia Constitucional conduce a “la Ley Orgánica que regule las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución...”, es decir, Ley O. 2/1980, de 18 de enero, modificada por otra de igual rango (12/1980, de 16 diciembre), aunque en el ámbito local no puede silenciarse la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El proceso autonómico, carente de esta práctica, no anima a una valoración positiva. Los estudiosos del tema (y en este caso, GÁLVEZ MUÑOZ, Luis, en obra “Comentarios al Estatuto de Autonomía”, repetidamente citada) afirma que “la regulación del referéndum es bastante pobre... y de-

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ficiente”, concretando que ello responde a “mencionar de forma inexacta a la legislación estatal a partir de la cual operan las competencia autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución en materia de referéndum”. Así dice que “...el estatuyente podía haber contemplado la figura del referéndum colectivo; el legislativo, el abrogatorio o el de reforma estatutaria, y podía también diseñado las condiciones de utilización de los mismos, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal sobre su autorización”. No obstante lo dicho, no debe acometerse la redacción de competencias de la Comunidad en materia propia de los Municipios y de los que tienen reconocidas competencias. La importancia del mismo se aborda por el autor en estudio separado (en preparación) sobre “Participación Ciudadana en los Ayuntamientos de la Región”.

VIII.3 Apunte sobre la participación en los Ayuntamientos de la Región de Murcia No obstante lo dicho, es procedente realizar alguna anotación sobre el reconocimiento de participación ciudadana en los Municipios de la Región por ser la primera instancia en la que se administran intereses y derechos de las personas. Incluso puede actuar de impulso para que se extienda a otras áreas de la Administración Pública. Más allá de la legítima representación vecinal a través de las convocatorias electorales, suele instituirse, reconocerse y articularse por medio de Reglamentos y Estatutos de participación ciudadana. Ya en tiempos previos a la CE de 1978 se reivindicaba tal derecho solicitando, además, intervención en los Órganos de Gobierno Municipal. La obra “ALCALDES DE MURCIA 1939-2011” (199), editada por el de Murcia, se narra la demanda vecinal en tal sentido y el escaso eco tenido hasta hoy. Sin embargo, deben detallarse las notas esenciales que aparecen en dicha normativa y también de aquellas que son consecuencia de disposiciones promulgadas con posterioridad a la Constitución.

199 Autor: GARCÍA GARCÍA, Clemente, en la que se recogen notas biográficas de Alcaldes que lo fueron desde 1979, págs. 111 y ss.

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A) Reglamentos Municipales que regulan la participación ciudadana: Su implantación procede, principalmente, tanto de la CE (art. 9.2), como del EARM (art. 9.2.e), pero desarrollada en Ley O. 7/1985, de 2 de abril (Título X, Régimen de Organización de los Municipios de gran población, págs. 121 y ss.). Pero sin que se pueda olvidar, por su trascendencia presente y futura, la Carta Europea de Autonomía Local, las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias. En términos generales, sus características se pueden resumir en las que siguen: 1) instituyen un modelo de administración que permite sentirse al ciudadano partícipe y responsable de las decisiones municipales, reconociendo su ilusión y voluntad de intervenir en la mejora de los gobiernos de las ciudades, por ser los Ayuntamientos la Administración más cercana al ciudadano; 2) “...los gobiernos locales deben tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, tanto individual como a través de sus entidades y asociaciones, y facilitar la participación de los mismos en la vida cultural, económica, política y social, reconociendo los derechos del ciudadano como son: los de obtener información, el de petición, de propuestas, de consulta y de iniciativa ciudadana, el de ser escuchado y el de intervenir en los Plenos, etc.”. 3) las Entidades y Asociaciones que quieran ser reconocidas de utilidad pública, pueden hacerlo con fundamento en el Real Decreto 1.740/2003, de 19 de diciembre; 4) los Órganos de participación suelen contraerse a la Junta Local de Participación y a los Consejos Municipales; 5) Los Ayuntamientos habrán de crear el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas (RMA); y, 6) pueden obtener subvenciones y formalizar convenios de colaboración. Lo expuesto ha de entenderse en el bien entendido que el alcance de la norma se ofrece diferente, según el tamaño del Municipio (200).

200 En la Región de Murcia existen, salvo error u omisión, 23 Ayuntamientos que cuentan con Reglamento: Alcantarilla, Alhama de Murcia, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Jumilla, La Unión, Las Torres de Cotillas, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Ricote, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Totana y Yecla. El resto, 22, están en proceso de elaboración y/o estudio, hecho constatado y que permite señalar que en corto periodo de tiempo dispondrán del mismo.

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Como se dice en el Reglamento aprobado por Lorca, “...hoy nadie discute que la democracia participativa es un complemento necesario de nuestro sistema participativo...”. O el ejemplo de Molina de Segura con los llamados “Presupuestos Participativos”, son claros exponentes de que con tales fórmulas “se potencia la eficacia de la gestión municipal”. B) La Ley 57/2003, de 16 diciembre, reguladora de las Bases de Régimen Local, de Medidas para modernización del Gobierno Local. Con ella se establece un régimen especial para Municipios de gran población. A su amparo se pueden crear órganos municipales regulados por Reglamentos específico (art. 30) comprendiendo en el concepto “los órganos y procedimiento de participación ciudadana”, o el Consejo Social de Murcia (BORM núm. 86, de 16 abril 2005) y el Consejo Económico Administrativo, también del Ayuntamiento de Murcia (acuerdo de 16 de marzo, 2005). A partir de ahí, proliferan otras alternativas: Reglamentos de Juntas de Distrito, de Vecinos, etc. Aun cuando el proceso tiene un lento desarrollo, parece determinante de un imparable movimiento ciudadano al que habrá que darse la respuesta equilibrada precisa. La realidad es que se está ante cuestión que habrá de abordarse con decisión para lograr la adecuación a las demandas actuales, pero, como tantas veces se ha dicho, sin que represente agresión al ordenamiento jurídico vigente, ni a la legítima posición de quienes obtuvieron representación en la convocatoria electoral correspondiente.

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CAPÍTULO IX SISTEMA AUTONÓMICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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a ponderación del proceso autonómico ha de contar con las aportaciones de carácter informativo de los Medios de Comunicación Social. El reflejo de los hechos, la manera cualificada o no de trasladar las distintas situaciones a los ciudadanos, las críticas a personajes y las circunstancias sobrevenidas, permitiendo, sin duda alguna, conocer en qué medida y sentido último contribuyeron a su finalidad que, en decir del Tribunal Constitucional, no es otra que la de configurar la opinión pública. El relato e interpretación de cuanto a continuación se exponga, podrá ser parte principal de la investigación realizada, no sólo para analizar extrínsecamente el cambio de sistema de organización territorial, sino también para comprender el clima público que se ha experimentado en cada etapa del desarrollo registrado. Es claro que el tema, desde la perspectiva periodística, no podía ofrecer mayor interés. Se trataba de dar cuenta -y también de contribuir- del hecho histórico de mayor trascendencia, como era el cambio que suponía la Constitución Española, en cuanto a la Organización Territorial del Estado (Título VIII), creando la llamada España de las Autonomías, con todo lo que ello representaba. Ese panorama, unido a la inquietud e incertidumbre existente, no obstante el concierto de voluntades en continuar, era, para los profesionales del derecho a la información, un reto esencial que, en opinión de este autor, supieron alcanzar aunque, en ocasiones, registrara algunos desajustes respecto de los intereses generales que habían de prevalecer. En todo caso, en el inicio de este Capítulo debe dejarse constancia del reconocimiento que le es debido a lo largo de más de cuarenta años de historia de España. De otra parte, ni lo expuesto puede aplicarse a lo acontecido a nivel nacional, ni preciso afirmar que en el ámbito regional, y más aún siendo uniprovincial, el escenario resultaba, además de atractivo, de una cierta singularidad, no obstante el “mimetismo” que se produjo entre las autonomías de tal tamaño. Como ya se señaló en otros estudios, “política y prensa... eran dos conceptos asociados. Una y otra han recorrido juntas largos y anchos caminos a través del tiempo. Puede que colisionen con frecuencia, pero parecen necesitarse recíprocamente para servir al ciudadano”. El relato que sigue de-

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muestra, una vez más, esa realidad sociológica. La observación de cómo se asumía y ejercía “capacidad de autogobierno”, la proximidad de los acontecimientos, las ansiada transferencias de competencias, la organización y gestión de una nueva Administración Pública, y otras cuestiones de inevitables comparecencias, junto a un elevado nivel de “inexperiencia política”, era terreno más que atractivo, en todos los sentidos, para políticos, periodistas y ciudadanos. El conocimiento de esta relación es la pretensión que ahora se persigue para el mejor entendimiento del proceso. Y se aborda en base a lo siguiente: en primer lugar, mostrando el perfil positivo del pluralismo informativo, es decir, la existencia y difusión de diferentes Medios de Comunicación Social, si bien, a lo largo del tiempo, además de Radio y Televisión, sólo un periódico cubre la trayectoria completa (LA VERDAD) aunque LA OPINIÓN atiende también un importante periodo. En segundo término, apreciando como se llevan a efecto las competencias que en esta materia se atribuye en el Estatuto a la Comunidad ya desde la primera redacción aprobada en 1982, en cuyo art. 14 la limitaba a “Medios Audiovisuales de Comunicación Social del Estado...”, ampliada en la Reforma de 1994 que le asigna, en el art. 11 “el desarrollo legislativo y ejecución en: Prensa, Radio, Televisión y otros Medios de Comunicación Social, en el marco de la norma básica del Estado...”, con las consecuencias que aquella modificación supuso, y que fue analizado en capítulos anteriores. Evidentemente que en estos planteamientos no podían estar ausente la batalla por dominar los Medios de Comunicación. Siendo así desde el principio y pudiéndose incluso citar alguna excepción, podría concluirse que lo general en las actitudes examinadas fue mantener la independencia. En la práctica es frecuente encontrar la afirmación de “que mantener descontentos a los diferentes grupos políticos, es la mejor de las señales para pensar que se está haciendo bien...”. Este juego de sensibilidades informativas y políticas, inacabable en el tiempo, sigue produciéndose al día de hoy, demandando dar cuenta de situaciones extremas y de trascendencia pública. El análisis y valoración de los registros se lleva a efecto distinguiendo las diferentes etapas importantes: • Comprende, como es lógico el tiempo de preautonomía (1978/1982), que ya fue considerada en el volumen I de “Crónicas de la Autonomía”, del autor, reiteradamente citada. Eran tiempos para la adquisición de ex-

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periencia de autogobierno, que puede calificarse de “importante, enriquecedora y atractiva, desde la perspectiva de la observación de la información...”. Se pactan las primeras transferencias de competencias, se produce la primera confrontación entre UCD y Alianza Popular (201), hay relevo en la Presidencia del entonces Consejo Regional. En definitiva. Una fase suficientemente expuesta en esta investigación y que permite finalizar con una valoración positiva en cuanto a información y libertad de expresión se refiere. La contribución de tales medios entiendo fue esencial para el seguimiento, por la opinión pública, del significado del cambio y el fomento de conciencia regional. • Cuando comienza realmente la Autonomía, Ley O. 4/1982, de 9 de junio, es donde debe situarse el presente estudio. La celebración del acto, el domingo 11 de julio siguiente, en el Patio de Columnas del Almudí, el titular del periódico LA VERDAD registró un titular llamativo: “Brillante bienvenida oficial a la Autonomía”. Actuaron el Orfeón Fernández Caballero y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, que interpretaron “Nabucco” de Verdi, y “El Coro de peregrinos”, de Wagner, aportando la solemnidad con la que quiso dotársele. Naturalmente se pronunciaron discursos críticos de AP (Juan Ramón Calero) y PCE (Pedro Antonio Ríos), y otros “sosos”, como fueron calificados, de PSOE (Álvarez Castellanos) y UCD (Luis Egea Ibáñez), aunque todos se congratulaban por la nueva configuración política de la Región y comprometían a emprender el mejor esfuerzo de sus Partidos en el desarrollo de la misma. En este ambiente no faltó la crítica del periodista GARCÍA MARTÍNEZ que en la sección La Zarabanda titulaba: “Nosotros, vosotros y ellos” para afirmar que “los políticos no saben conectar con el pueblo por la palabra”. A partir de este acto de inicio del Gobierno Regional se sucedieron hechos de extraordinaria repercusión informativa, de los que se dejaron constancia en los primeros capítulos. Baste ahora recordar, aparte los debates sobre asignación de retribuciones a políticos –tema ya de por sí 201 Escritos de EGEA IBÁÑEZ, Luis, publicados en el Diario LA VERDAD, los días 3 y 4 de julio de 1979, y 3 de enero de 1980. Y en periódico LÍNEA, 20 y 29 de diciembre 1979 y 3 de enero de 1980.

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llamativo–, bien en concepto de sueldo bien en el de dietas, lo sucedido entre enero y marzo de 1984, teniendo como protagonista al Presidente, Andrés Hernández Ros y el periódico LA VERDAD, éste por publicar los hechos que entendieron como “intento de soborno”, y que concluyeron con la dimisión del titular del Ejecutivo, así como de la Secretaría General del Partido Socialista. Se dieron consecuencias determinantes del cambio y se ganó una proyección noticiable en el ámbito nacional nada deseable y, desde luego, decepcionante respecto del sistema vigente, además de afectar a la dignidad profesional de los periodistas actuantes, de compañeros (incluso de otros medios) y del propio periódico (202). El ya citado GARCÍA MARTÍNEZ escribió lo que tituló como “La última Zarabanda” (LA VERDAD, 28 marzo 1984), expresando: “...el estado de ánimo de un periodista... tras la resolución judicial recaída (por la que se anunciaba el archivo de la querella) y se anunciaba que sería su último comentario por la decepción sufrida...”. Es evidente que la ciudadanía recibió un impacto inesperado que despertó todas las alarmas, aunque el relevo se produjo con toda normalidad dando continuidad al proceso. A hecho tan relevante hay que unir la celebración del Día de la Región en junio de 1984, calificado como “El Día de la Región, teñido de luto”, en alusión al asesinato del murciano Diego Torrente, Policía Nacional. Pero la importancia del momento la traía la solemne sesión plenaria que la Asamblea celebró y de la que la prensa se hacía eco al siguiente día (LA VERDAD, día 10 de junio) bajo el siguiente titular: “Dos años de Regionalismo en Murcia: decepcionante actuación de los políticos autonómicos”, y en su desarrollo se decía literalmente: “...Dos años lleva ya nuestra Región funcionando como Comunidad Autónoma. En ese plazo de tiempo la vida política murciana ha sufrido el impacto de la formación de cuatro Gobiernos, las primeras elecciones generales de su historia y una crisis que puso fin al mandato de Hernández Ros, y que también ha traído consigo una profunda decepción ciudadana hacia unos políticos que no han sabido aprovechar las ventajas que ofrecía este nuevo proceso...”, para continuar afirmando “la imagen del niño de dos años soplando las velitas, con ser acertada desde el punto de vista estético, no refleja ni por asomo lo que 202 El periodista ISMAEL GALIANA cuenta aquella crisis diez años después, en LA OPINIÓN, 28 de febrero de 1993.

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han sido los dos años de autonomía en la Región... La candidez del chaval no guarda relación con 24 meses de vida política azarosa... que han terminado, además, con la mayor tormenta que por estos lares se recuerda: dimisión del todopoderoso Hernández Ros, crisis abierta en el seno de la institución, preocupación en las alturas madrileñas ante el escándalo de Murcia, y una terrible decepción del pueblo murciano frente a los comportamientos de <los nuevos budas> autonómicos”. Con motivo de la misma efemérides en 1985, que tiene lugar en el Municipio de Mazarrón, se especificaba aún más: “Un día para recapacitar”: “....efemérides aparte, este es un buen momento para recapacitar a dónde vamos, si es que vamos a algún sitio; Murcia se está quedando atrás en el contexto de las regiones españolas...; el tradicional abandono de la Administración Central respecto a esta región... el escaso nivel, preparación y dedicación de nuestra clase política... y, por último, el nulo caso que se nos hace en los despachos madrileños (porque somos sólo un millón de habitantes y hemos tenido Presidentes de chirigota), nos está acercando al furgón de cola...”. Reflexión que suscribe el periodista José Manuel Serrano. Ahora bien. En esta anualidad se recogen colaboraciones significativas, como la del Profesor Rodrigo Fernández de Carvajal, Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Murcia, que pregonaba el sistema con artículo que responde al siguiente titular: “Murcia, hacia una Autonomía eficaz”, marcando una tendencia positiva. Se llega así al primer mandato de la Autonomía (1983/1987) en el que parece haberse conseguido un clima favorable a la nueva situación política planteada y en ejecución. Tampoco se había suavizado la tensión existente entre los grupos políticos: “reprobación de tres Consejeros en 1986”, “el anuncio de presentación de Moción de Censura en 1987 al entonces Presidente, Carlos Collado”. Y comenzado el segundo (1987/1991), aparecen otros hechos de evidente valor informativo y que representan el inicio de la dimisión de éste, que se produjo en la tercera legislatura (1993). De ambos existe constancia en este trabajo al analizar el apartado sobre Control de la acción del Gobierno. Para una valoración más objetiva y menos personalizada, es preciso seleccionar un periodo de tiempo más amplio; y bien puede significarlo los

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primeros diez años de Autonomía, basando las consideraciones que siguen en el Suplemento que dedica LA VERDAD al Día de la Región de 1992, en cuya presentación se detecta un claro cambio de tendencia. Así, bajo el rótulo de “10 años, 10”, se dice: “...Diez años son suficientes para considerar que la Comunidad –sin anteriores experiencias de autogobierno– ha conseguido su mayoría de edad autonómica. Unas instituciones consolidadas y una Administración suficientemente rodada, harán posible que se pueda alcanzar el óptimo techo de competencias. Los acontecimientos de los últimos doce meses han puesto a prueba la solidez de nuestros órganos de autogobierno, no tanto por la proximidad de los murcianos que cada vez se identifican más con sus propias instituciones, como por la indefinición que a veces atribuía a los ciudadanos a la hora de presentar reivindicaciones ante el Gobierno de Murcia o de Madrid...”. Recordar que en 1992 se comparece en el marco de la Exposición Universal de Sevilla, y en ella se presentarían los logros de la Autonomía. Un comentario con nivel de Editorial al que debe unirse el que realiza Manuel BUITRAGO, que concreta: “la consolidación de las instituciones autonómicas, unido a un creciente sentimiento de regionalismo y a una progresiva descentralización, puede incluirse entre los logros de estos 10 años de Autonomía de la Región de Murcia”, opinión en la que coinciden los portavoces de la oposición parlamentaria, concluyendo el Periodista refiriendo, con ejemplos, la mayor conciencia autonómica y el hecho de que la Asamblea Regional haya tomado conciencia de su propia función, hasta el punto de que los acontecimientos del 3-F, que concluyeron con la quema del edificio, produjo cierta creencia en el propio sistema de funcionamiento del Parlamento Autonómico: “década de avance”, se proclama desde la Presidencia de la Comunidad; de “rodaje autonómico”, remarcaban los Medios de Comunicación Social, fase que conducía a la primera e importante reforma del Estatuto, en 1994, después del “Pacto Autonómico de 1992”, y del transcurso de cinco años desde el principio, lo que permitía asumir nuevas y trascendentes competencias y acercarse a las conocidas como “Autonomías Históricas”. En este contexto se registran diferentes manifestaciones de analistas y estudiosos que ejercían en el ámbito de la Comunidad y que mantienen diversidad ideológica, incluso con reconocida integración en grupos políticos, sin que falten valoraciones críticas en cuanto a la dimensión que estaba adquiriendo la Administración Pública, ni la permanente denuncia de la dependencia de

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Murcia respecto de Madrid, (la denominada disciplina de Partido, hecho reiterado en todo el recorrido cuando los Gobiernos Nacional y Regional pertenecían a Partidos Políticos de signo diferente). Las consultas realizadas, y dirigidas a personas representativas de la sociedad civil, muestran “una visión periscópica de la realidad de la Región, reconociendo, según la opinión cualificada de cada una de ellas, el cambio experimentado”, resaltando los efectos de la proximidad del ciudadano, lo que había permitido “tomar conciencia de la propia identidad”, además de reseñar el ámbito cultural, los organismos oficiales y la población, las ventajas del autogobierno, la dotación de infraestructura (especialmente carreteras), desarrollo de una cultura democrática, etc. El entonces Presidente de la Asamblea Regional, Miguel Navarro Molina, se expresaba en el sentido de “haber metido a la calle en el Parlamento”, recordando que “la Autonomía había servido para cohesionar la política de los Municipios”. La realidad, dicho quedó al estudiar el mandato del mismo, es que la Asamblea “abrió sus puertas a la convocatoria ciudadana a los fines de dar a conocer la labor de la institución convertida, –dice–, en el referente de los problemas de los murcianos”. Con inmediatividad se produjeron los hechos que conllevan la dimisión del Presidente del Ejecutivo, Carlos Collado, causada por el conocido caso de “Casa Grande” para posibilitar el establecimiento en la Región de la importante y prestigiosa empresa, “General Eléctric”, que estaba en proceso de decidir su ubicación entre Asturias y Murcia. Ofrecía, pues, un atractivo informativo que, de otra parte, contaba con la anotación de que la dimisión fue impulsada por el propio Partido Socialista. LA VERDAD correspondiente al día 20 de abril de 1993, titulaba “El PSRM ha forzado las dimisiones de los dos Jefes del Ejecutivo Regional”, precedida de una declaración institucional en la que se hacía balance de nueve años de mandato (203). Un tema que igualmente alcanza trascendencia nacional y puso de relieve las tensiones existentes en el Grupo Socialista y, sin duda, con consecuencias inmediatas, tales como: primero, el relevo en la Presidencia de la Comunidad y, en segundo lugar y definitivo hasta 2015, el 203 LA OPINIÓN y LA VERDAD, entre los días 11 de marzo y 19 de abril de 1993 se ocupan ampliamente del tema.

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acceso del Partido Popular al Gobierno de la Región, con sucesivas mayorías representativas que invitan al análisis separado de una larga etapa, aunque no sin concluir con una ponderación de síntesis de lo sucedido hasta entonces, y que se contrae a lo que sigue que, en manera alguna, es excluyente de posterior ampliación. Resulta incuestionable el clima de incertidumbre con el que se inicia el proceso autonómico, lo que también genera cierta desconfianza, tanto por la inexperiencia de quienes asumieron responsabilidades de gobierno, como por falta de una estructura que permitiera ejercer las funciones que ya se transferían. Aun cuando escasas, obligaban a planteamientos urgentes para lograr una ejecución eficaz. Puede entenderse que así fuera, al menos por aplicación de la lógica a las circunstancias concurrentes. De aquí que adquiriera relieve e importancia el esfuerzo realizado por Ejecutivo y Oposición para que al cumplirse la primera década existiera un sentimiento distinto y favorable a la descentralización y autogobierno. Cuestión distinta representan los comportamientos de políticos que obtuvieron repercusión publicitaria e incidieran en el ánimo preautonómico de la ciudadanía en general. En cuanto a la actuación de los Medios de Comunicación Social, entiende el autor que respondieron a las expectativas generadas. También los profesionales de la información se enfrentaban a situaciones nuevas en cuanto al proceso autonómico se refiere y, de otra parte, se movían en otro marco jurídico. Es evidente que, en principio, se hicieran eco de la opinión del ciudadano, le trasladaran información con gran objetividad e interpretaran sus criterios. De ahí que pasaran de una valoración negativa, a otra positiva para con el sistema alejándose del análisis de actitudes personales o de Partido que trataron, día a día, al margen de la defensa de intereses generales de la Región. Sin duda alguna, y para concluir esta aproximación, puede afirmarse que los Medios de Comunicación Social desempeñaron un papel esencial en la proyección al ciudadano del sistema de organización territorial y contribuyó como nadie en la promoción del nivel de conciencia regional. • Un periodo que puede interpretarse como “más tranquilo” desde el punto de vista de las tensiones sociopolíticas, pero no por ello menos

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importante e interesante para estimación y ponderación de la gestión. Si se tuviera que precisar las características principales de estos primeros años de Gobierno del Partido Popular, podrían concentrarse en las que seguidamente se citan: 1) el pluralismo informativo ofrece una mayor dimensión, incluso hace aparición la modalidad de “prensa gratuita”, amén de la creación de numerosos emisoras de Radio y la creación de la Televisión Autonómica, cuyo seguimiento ya se realiza en otros apartados; 2) se observa más atención a la gestión del Ejecutivo, así como a los debates que se producen en la Asamblea Regional en torno a los grandes temas de infraestructuras y agua, amén los que se convocan para llevar a efecto el control de la acción del Gobierno, Presupuestos Generales, etc.; 3) la asunción de nuevas competencias y desarrollo de las mismas, especialmente en materia de Sanidad, Educación no Universitaria, creación de la Politécnica de Cartagena, así como autorización de la Universidad Católica de San Antonio y, desde luego que con la mayor incidencia pública todo lo atinente a los Planes de Cuenca de 1998 y PHN de 2001, incluida su derogación: y, 4) la trascendencia que comienzan a tener los “casos de corrupción” con permanente presencia en los Medios de Comunicación Social. Por tanto, es inevitable detenerse en el análisis de tales hechos al ser, en su conjunto, determinantes de la valoración popular de la Autonomía murciana. Al margen del ya consignado hecho del incendio del Edificio de la Asamblea, ya referido, comienza a convertirse en costumbre la convocatoria de manifestaciones ciudadanas frente a la sede, esperando la comparecencia de personalidades para protestar por determinadas decisiones o bien para formular concretas reivindicaciones. En los años 1996 y 1997 así sucede. En la primera de las anualidades citadas, el Día de la Región, calificado como “Un día sentido en el hornillo”, y ante los anuncios de protestas, produjo escasa asistencia pese a la importancia del acto, a cuya entrada fueron “abucheados políticos y el propio Obispo de la Diócesis”, siendo el motivo alegado el de “la falta de inversiones y la provincialidad de Cartagena”; hecho que se reprodujo en 1998 con asistencia de más de dos mil personas, a las que el Presidente Valcárcel (defensor del diseño comarcal) contestaba “aceptando (la pretensión) si la piden los Alcaldes afectados”.

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Son años en los que se organiza y lleva a efecto la Gala “MURCIA, QUÉ HERMOSA ERES”, que se celebra el Día de la Región de cada anualidad, y en Municipio diferente. Era retransmitido por TVE y se utilizaba para ofrecer, a nivel nacional, imágenes de la Región. Se desistió de este programa en las anualidades 2005/2006. El cumplimiento del XX Aniversario del Estatuto de Autonomía suscitó diversidad y amplia información al tratarse de la fecha “que marca el inicio de la historia regional del autogobierno”. El Periódico LA VERDAD, día 8 de junio 2002, significaba que “Han sido veinte años en los que el Parlamento Regional, y con él todos los murcianos, ha recorrido un extenso camino hacia la consolidación de las instituciones de Gobierno propio y hacia una mejor atribución de competencias autonómicas que haga más soberano a un pueblo que es responsable de sus libertades”.. Es ocasión que sirve para hacer memoria de todo lo actuado y conseguido, remarcando estadísticas (por ejemplo, se habían aprobado 191 Leyes y tramitadas 15.000 iniciativas parlamentarias), o citando grandes acuerdos, como el reiterado “PACTO DEL AGUA, en 1994; e incluso se anuncia la aprobación del nuevo Reglamento para lograr un “Parlamento más ágil”. Tampoco se pueden silenciar declaraciones que hay que consignar, vistas hoy, claramente optimistas, como las que indicaban que “podríamos ver el AVE y el agua del Ebro en 2007” (Presidente Valcárcel); o la insistencia en la necesidad de iniciar una segunda descentralización a favor de los Ayuntamientos. En suma. Hay coincidencia en reconocer que “los veinte años de autogobierno reafirman una identidad propia, llena de contrastes, y la consolidación institucional”, o bien “que el Estatuto nos ha hecho mucho más dueños de nuestro destino” (Ramón Ortiz, de PSOE); pero también en la idea de que “hay que caminar hacia un equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para representar mejor a los ciudadanos de la Región” (Joaquín Dólera, de Izquierda Unida-Los Verdes). El sentimiento que más generaliza es el de “cada vez que la Comunidad ha asumido competencias los servicios públicos han mejorado” (Francisco Celdrán, Presidente de la Asamblea). Así, pues, el balance que procuran las dos primeras décadas de autonomía ofrece un resultado positivo en todas las instancias de opinión, aun cuando no se ignoran las críticas a actuaciones aisladas, ni se tiene mejor consideración acerca del tratamiento que se recibe de Medios de Comunicación Social. Respecto de

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los grandes temas pendientes, especialmente en materia de financiación y, desde luego, respecto de las Infraestructuras, de cuyo equipamiento la Región se sitúa al final en el concierto de inversiones públicas por parte del Estado. Los recursos que si tienen un aprovechamiento óptimo son los procedentes de la Unión Europea. La densa etapa política en la que se experimentó, por efecto de nuevas competencias, la mayor transformación, contó, en opinión del autor, con la alianza de los profesionales y editores de Medios. Unas veces, tomando la iniciativa de denuncias de incumplimientos de compromisos; otras, estimulando la actividad de los responsables del Gobierno Regional. Sería difícil entender el desarrollo logrado sin prestar atención a la colaboración de la prensa, en general. Al menos es el reconocimiento unánime que se hace desde la atalaya del ciudadano. Al cumplirse el XXV Aniversario de la Autonomía, año 2007, el autor de la presente investigación, publicaba en el Periódico LA VERDAD, desde el día 4 de junio, cinco artículos de opinión en los que resumía el proceso histórico y valoración de la situación en la Región, y que ahora se concreta en los siguientes puntos: 1.º) el hecho de la denominación “Región de Murcia” suscitó alguna discrepancia al considerar más apropiada la de “Región Murcia-Cartagena”. Quizás haberle identificado de otra manera habría evitado debates y susceptibilidades. 2.º) el importante protagonismo desempeñado por políticos que no ocupaban los principales puestos de responsabilidad, tales como Juan Ramón Calero, Ramón Ortiz, Antonio León Martínez-Campos, Alberto Requena, Juan Martínez Simón, etc., además de los Alcaldes en general y, en especial los de las Grandes Ciudades (Murcia, Cartagena y Lorca, a las que se uniría, por su importancia y crecimiento, Molina de Segura). 3.º) Aún sabiendo la intensa acción desarrollada, no parecía percibirse, a nivel ciudadano, una idea clara de la trascendencia de resultados obtenidos. Era frecuente leer que a la Asamblea Regional “...le quedaba mucho camino por recorrer para conectar plenamente con la sociedad...”, y acaso fuera cierto. Sin embargo, lo que no podía ignorarse es el gran esfuerzo realizado y el cambio experimentado, entendido, por otra parte, con la naturalidad de la convivencia, así como del ambiente de diálogo y consenso para afrontar los problemas principales. Ya en ese entonces la Administración integraba unos

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37.000 funcionarios, surge el Sector Público Regional, etc., se aborda el desarrollo legislativo de determinados derechos fundamentales. 4.º) se dejaban claras las reflexiones del Profesor y prestigioso Historiador, José María Jover Zamora, acerca del “proceso de desintegración periférica que dio lugar a que los límites históricos y socioculturales no coincidan con los límites políticos de la Comunidad Autónoma”, aunque los rasgos que concurren “nos procuren una identificación nítida en el concierto de las diecisiete Autonomías en que España consiste...”, lo que permitía al Profesor distinguir entre “Comunidad Autónoma... que constituye una pieza del Estado y sus funciones son, en términos generales, acerca de la Región las que compete al Estado cerca de la Nación...., y Región ...que es una parte orgánica de la Nación misma, definida por su asiento territorial que, como bien sabemos los murcianos, puede cambiar por circunstancias políticas, pero definida por algo que permanece a despecho de esas alteraciones: la lengua, el asiento secular, la cultura popular, las formas de vida y civilización”, etc. y, 5.º) la permanencia de cuestiones políticas que no fueron planteadas pese a la constante reivindicación (segunda descentralización, regulación de las Comarcas, e incluso la provincialidad de Cartagena). Cumplidos los treinta años desde el inicio del proceso, concurren hechos significativos, tales como la tendencia (“imparable”, parece ser) a revisar los Estatutos de Autonomía (iniciada por Cataluña y secundada por elevado número de Comunidades); la nueva configuración de la Unión Europea al ampliarse a 27 los países que la integran pero, de manera más básica, la concurrencia de la crisis económica a partir de 2007/2008, que muestra la parte más sensible del proceso, es decir, gasto público y financiación de las Autonomías. El especial dedicado por el diario LA VERDAD coincidiendo con el Día de la Región (9 de junio 2012), definía la situación –bajo el título “Contra la tentación de soltar el remo”– como “...la casa común de murcianos, cartageneros, lorquinos ... tiene sólidos pilares, pero aún está por hacer...”, para, a continuación, haciéndose eco de la encuesta de opinión publicada por el propio periódico, describir un resumen de la misma: “... un orgullo de pertenencia a la Región, acusado y mayoritario, un inequívoco despegue de la autonomía y una negativa valoración de los políticos...”, si bien concluye diciendo que “...estas apreciaciones no deberían causar extrañeza en una etapa histórica de especial crudeza para

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la ciudadanía que, afortunadamente da muestras de una firme voluntad de superar cuantos acontecimientos adversos surjan de la crisis”. Finaliza este editorial periodístico subrayando que es “… en los tránsitos más turbulentos cuando es obligado sobreponerse y hacer un esfuerzo adicional, en nuestro caso –reconocía el Director, Sr. Aguirre de Cárcer– a nivel informativo...la búsqueda de lo que nos une es el punto de partida más aconsejable cuando la salida del atolladero sólo es posible colectivamente...”. La edición especial que antes se referencia tiene dos partes bien diferenciadas, una primera dedicada a homenajear a hombres y mujeres de la Región, teniendo como base la actividad laboral, profesional, doméstica que desarrollan. La segunda, que lleva por título “Retrovisor, 30 años de la Región”, recoge una síntesis, en imágenes, de lo que había sucedido en la Comunidad Autónoma, terminando con lo acaecido en Lorca por efecto del seísmo. Se investigaba la opinión del ciudadano en cuanto al sistema autonómico, y se llevaba a efecto en plena crisis económica que, como es sabido, estimula mayor sensibilidad por la importante destrucción de empleo y el consiguiente incremento de las cifras de paro. Conlleva percepciones que no se habían planteado en tiempos de bonanza socioeconómica. La Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS, (204) patrocinó y editó una encuesta durante el ejercicio 2011 que partía del reconocimiento de que “...la sociedad española se encontraba en condiciones de hacer un balance ecuánime y comprensivo de los resultados que se registraban...”. El entorno sociológico presentaba una perspectiva de desconfianza interna, aunque la política del país también se resentía de la misma actitud por parte de los mercados financieros. Un clima nada favorable que se agrava con la frecuencia de casos de corrupción, incremento desmesurado de la deuda pública (duplicada en los últimos años), confrontación entre grupos políticos en lugar de practicar el diálogo y el consenso; un modelo de financiación “muy poco transparente” que no incita a la responsabilidad fiscal. Pero, de otra parte, el cambio de Gobierno de la Nación representa también la necesidad de adopción de medidas extremas, tanto a nivel nacional como regional, que conllevan extremar criterios de austeridad, aumentar la presión fiscal y llevar a efecto reformas nada populares. Todo 204 FUNCAS: “La crisis y las Autonomías”. La sociedad española ante la crisis y el sistema de las Autonomías. Son autores los investigadores PÉREZ DÍAZ, Víctor; MEZO, José; RODRÍGUEZ, Juan Carlos.

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concurre en un ambiente presionado por las exigencias procedentes de las instituciones europeas, bajo amenaza de intervención como sucediera con otros países (Portugal y Grecia), y con actuación de los Medios de Comunicación Social poco clarificadora, prestando mayor atención a los riesgos existentes y a las consecuencias de los acuerdos adoptados para superar la crisis y situarse en posición de desarrollo sostenible. Incluso se encuentran acusaciones a la información proyectada por falta de especialidad, e incluso de conocimiento suficiente de las distintas materias tratadas. Sin embargo, y no obstante lo expuesto, en la Región se detecta “una actitud informativa favorable a la autonomía”. El repertorio de temas tratados es más amplio y particularizado en el seguimiento de la solución a los distintos problemas (Agua y PHN, el Puerto de El Gorguel. Aeropuerto, etc.) que suscitaron “verdaderos ríos de tinta”, como popularmente se dice. Panorama el descrito que conlleva la percepción ciudadana a considerar el sistema de Autonomías como problemático. Ahora bien. De la encuesta citada se obtiene la idea de que, por un lado, se está de acuerdo en mantener el sistema en lo fundamental, pero, por otro, se le hacen críticas importantes, como: 1) considerar que no se conoce bien cómo funciona y tiene una notable falta de transparencia; 2) ello se corresponde con una considerable confusión acerca de cuáles son las competencias de las Administraciones Autonómicas y de la Administración Central al tiempo que se echa de menos suficiente coordinación entre ellas; 3) no parece ser muy eficaz en los temas económicos; 4) tampoco parece eficaz en lo que se refiere a facilitar el control de los políticos por los ciudadanos...; y, 5) todo referente, a su vez, en lo relativo tanto al tema de austeridad fiscal y el de las reformas estructurales o reguladoras como el de consolidación de los sentimientos de solidaridad precisos para resolver los problemas en cuestión. Los autores interpretan, en definitiva, que “los ciudadanos han aceptado el sistema autonómico como una parte integrante de nuestra realidad política, pero distan de estar particularmente satisfechos con su funcionamiento...”. “El impulso predominante no es, en ningún caso, el de una mayor descentralización y dispersión, sino más bien, en cierta medida, lo contrario. “. Es cierto que son muy pocos los ciudadanos españoles que rechazan completamente la existencia de un sistema de autonomías, si se atiende al hecho de que sólo el 21,4% querrían un Estado centralizado”. Por el contrario, “un 27,5% querría impulsar un desarrollo

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mayor de los poderes autonómicos”. Ante estos parámetros, los autores del trabajo consideran que se produjo “un desplazamiento muy acusado de la opinión pública hacia posiciones menos autonomistas, pero que, aun así, a una clara mayoría a favor del sistema”. La realidad reflejada en la encuesta acredita que el ciudadano no conoce bien la distribución de competencias; el sistema parece favorecer un cierto descontrol de los políticos; la financiación, no saben por qué, no se entiende; los Medios de Comunicación Social no informan de manera ordenada y seria, subrayando los indicadores conflictivos; hay serias dudas sobre la eficacia económica del sistema (gestión tributaria, por ejemplo); también de que la situación pueda afectar a la unidad de mercado, y de aquí que el Gobierno Central haya tenido que legislar sobre la materia para garantizarla; los sentimientos divergentes entre políticos y ciudadanos en temas importantes, no cesan, etc. Pero, en el fondo y de manera principal, prevalece “el orgullo por la historia hecha en común durante los últimos treinta años...”. La descripción que antecede permite concluir en la necesidad de proceder a una revisión del sistema, suficiente para devolver la confianza al ciudadano, pero, en ningún caso, para prescindir de la descentralización formalizada ni devolver algunas de las transferencias recibidas. Este es el gran reto que las Autonomías y el propio Estado tienen planteado. Este es el mensaje que debe concitar unidad porque lo inviable sería estimular actitudes conflictivas por radicales. La Región de Murcia, como ya se dijo con reiteración, está en el tránsito de iniciar la reforma del Estatuto de Autonomía. Aquella Comisión Especial que se constituyó para “oír criterios de instituciones y especialistas en la materia”, es posible que pueda haber sufrido algún desajuste. Las circunstancia de 2006 han cambiado sustancialmente, y acaso fuera procedente solicitar nuevas comparecencias. Parece que el tiempo electoral que se desarrollará favorecería tal comportamiento. Los resultados de las elecciones de 2015, a nivel regional, ya muestra otra realidad sociopolítica, y aun restan las Catalanas convocadas para el 27S, y las Generales de diciembre. Un horizonte atractivo para el analista y también para el ciudadano, y a un tiempo preocupante por las repercusiones socioeconómicas

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que pudieran provocarse. La opinión pública sólo se ganaría acertando en las bases para alcanzar el reequilibrio y estabilidad que se precisa. Lo que nadie, ni técnicos, ni políticos, ni ciudadanos puede instar es la desaparición del sistema, entre otras razones, porque, y es opinión personal del autor, el balance que la Autonomía ofrece es positivo y rentable, social, económica y democráticamente.

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CONCLUSIONES QUE PROPORCIONA EL ESTUDIO REALIZADO SOBRE RENTABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PROCESO AUTONÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA

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Desde la Constitución Española de 1978, en cuanto a Organización Territorial del Estado se refiere, han transcurrido treinta y cinco años. Dicho de otro modo: “se ha desarrollado una nueva generación”. Un hecho que tiene particular importancia a los fines pretendidos en la presente investigación. En el negativo clima que en la actualidad se desenvuelven las Autonomías han influido diferentes circunstancias sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales, examinadas en los capítulos que anteceden y que permitirán una valoración final del sistema, aunque debe aclararse que aspectos puntuales, discrepancias en la gestión dentro de un Partido, escapan a este análisis. Pero en tales reflexiones no es posible prescindir de la nueva generación que no ha conocido otra forma de convivencia en España, que comienza a participar en organismos e instituciones gestoras de intereses generales y que, en definitiva, tienen opinión y debe reconocerse su protagonismo activo, ha de contarse con ella. Se trata, pues, de un largo periodo, de una experiencia única y de inevitable consideración a la hora de concretar propuestas. Pero no es sólo un aspecto básico a tener en cuenta. En ese tiempo se han dado otros temas de inexcusable apreciación porque influirán, sin duda alguna, en lo que deba decidirse. Entre ellos puede distinguirse los de orden interno, o sea, lo acaecido por consecuencia de las propias acciones, como pueden ser: la necesidad de posibilitar mayor participación ciudadana; las normas electorales en cuanto a regiones y municipios; los ajustes que demandan las desviaciones de las Administraciones Públicas; los recursos financieros, etc. La situación, respecto a aquéllos años de transición política, han cambiado sustancialmente y exigen la adecuación pertinente. Igualmente deberán atenderse aquellos otros hechos que son fruto de las relaciones entre los países. Con efectos más o menos inmediatos se citan: la adhesión de España a la Unión Europea en 1985/86, y el desarrollo posterior de la misma con ampliación a países del Este. La correlación entre los mismos se ha puesto de manifiesto con ocasión de la crisis económica y la imposición de principios de austeridad. Sin duda, la cada vez más significativa presencia de las regiones, hasta el extremo de la

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creación del Comité de las Regiones, obliga a planteamientos diferentes. Y, por supuesto, la llamada globalización de la economía obliga a consideraciones distintas. El proyecto de Constitución de la Comunidad Europea definirá un marco en el que habrá de mirarse para diseñar modelos de gestión que proporcionen estabilidad en todos los sentidos. No se trata, pues, de delimitar el territorio de los hechos registrados durante esos años porque tal perspectiva haría incompleta la lectura de las conclusiones. Es imposible ignorar lo señalado para bien conocer la problemática surgida pero, sobre todo, para decidir lo que haya de hacerse respetando las coordenadas antes reflejadas. Autonomía equivale a descentralizar la prestación de servicios, pero no a “independencia”. Se inicia una nueva etapa que conllevará, posiblemente, la revisión de Estatutos. Distinta por todo lo expuesto anteriormente, pero apasionante en lo político y en lo social, además del complejo y difícil reequilibrio que la economía requiere en pro del bienestar social. Y sin que tampoco se pueda soslayar el importante papel que en todo este entramado juegan las diferencias entre regiones que son tales que, en principio, imposibilitan o dificultan alcanzar un modelo satisfactorio para todas, tal y como ha ocurrido hasta ahora en España. Finalmente. El trabajo se inicia con la idea de acreditar los beneficios/perjuicios que para la Región ha supuesto el sistema autonómico, y en tal sentido se proyectan las conclusiones, al menos la mayoría de ellas. Sin embargo, también se abordarán las precisiones que requiere la situación actual. Es posible que se produzca alguna repetición con las reflexiones formuladas en el Volumen III de “Crónicas de la Autonomía-Región de Murcia, periodo 2004/2011”, aunque pueden entenderse como complementarias en cuanto que sirven al mismo fin. No obstante, los hechos que fundamentan unas y otras son diferentes. Ahora prevalece el análisis del PARLAMENTO REGIONAL que, por otra parte, es la institución que más críticas recibe en el contexto sociopolítico actual. También las iniciativas que se registran predicen cambios esenciales. Este paréntesis dará lugar a la determinación de principios que regularán el sistema en años venideros para encontrar el equilibrio preciso y la estabilidad necesaria. Si así no se hiciera se correría el riesgo de regresar a un nivel de centralismo no deseable.

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En todo caso. No pueden ignorarse los problemas que el sistema de organización territorial, las Autonomías, han generado a lo largo del proceso. Son tan elocuentes que es imposible ignorarlos. Ahora bien. Este hecho no puede impedir que del análisis global se obtengan otras lecturas, incluso positivas si se compara con la etapa política anterior en la que la centralización presidía las decisiones sobre equipamientos colectivos y de carácter social hasta el extremo de anular toda influencia procedente de las provincias y municipios. Al posibilitar la participación de éstas, se reconoce el desarrollo de la personalidad de los territorios, su identificación y su capacidad de gobierno y gestión, aspectos de los que es difícil regresar para recuperar el viejo sistema. Tal es la primera de las conclusiones que se obtienen, y que impide planteamientos de renuncia a las competencias que hoy tienen como propias. Se trata de un estatus psicológico de imposible desistimiento colectivo y que, por ende, puede actuar de condicionante principal a otras reflexiones sobre las prácticas competenciales, su gestión y sus riesgos. Es decir, sociológicamente, se ha experimentado una transformación en la Región de Murcia de valoración positiva. Aquel sentimiento tradicional de “estar abandonados por Madrid…” se ha modificado con el desarrollo de la capacidad de autogobierno, aun cuando no de manera total por cuanto permanece elevado nivel de dependencia de Madrid en temas básicos y fundamentales. Sin embargo, debe aceptarse el cambio realmente experimentado y la práctica imposibilidad de renunciar a las ventajas adquiridas. Con las reflexiones que anteceden, se pueden concretar las CONCLUSIONES que siguen:

-IEl sistema de Organización Territorial fue, sin duda, pieza clave de la concordia conseguida para darnos la Constitución de 1978, que tiene su antecedente en la Ley para la Reforma Política de 1977, en la que se fijaron las coordenadas que habían de seguirse con carácter provisional hasta la promulgación de la Carta Magna. Anunciado el cambio, sociológicamente se genera un ambiente de aceptación, incluso de urgencias para comenzar la instauración de las Comunidades en todo el territorio nacional. Sin

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embargo, como señala el Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, E., (205), había cierta indeterminación en la Constitución....”no se formulaba un sistema cerrado y acabado del Estado Regional... con numeración de todas las Comunidades...”; “...se limita a ofrecer un cuadro puramente formal de posibilidades de autonomías que tocaría rellenar luego según <las concretas iniciativas> (de las que también se enumeran varias fórmulas posibles), así como un cuadro puramente abstracto de competencias...”. En este marco hay que situar el inicio del cambio. Un cierto mimetismo y un calendario homogéneo para las transferencias de servicios, son los factores que presidieron las decisiones. Se acuerda la Preautonomía a través del Real Decreto 30/1978, de 27 de septiembre, un marco en el que se convivía con la Diputación Provincial; se celebran las consultas electorales; hay registro de bipartidismo que protagonizan UCD y PSOE; y se aborda la elaboración del Estatuto de Autonomía, tras los Pactos que en 1981 se alcanzan a nivel nacional. Una etapa de cuatro años que se inicia sin experiencia alguna de autogobierno, pero que sirvió para la convivencia en democracia y el fomento del espíritu autonómico. En tal clima se produjo una gestión compartida por Departamentos y áreas, y se adoptaron acuerdos básicos, como por ejemplo: “la aspiración de lograr un futuro régimen autonómico que articule en su día, de forma equilibrada, todas y cada una de las Comarcas y garantice la descentralización de servicios y funciones, haciendo resaltar la significación de Cartagena en reconocimiento a su fundamento histórico, su entidad socioeconómica y marítima...”. Igualmente interesante resultó la definición de Murcia como provincia “con entidad regional histórica...”. Decisiones que habrán de valorarse más adelante por la incidencia que tuvieron en el proceso, pero que ya entonces representaba el reconocimiento de hechos que determinaron la configuración de la Región. Sin duda y sin perjuicio de la crítica que recibieron en parte, o por mediación de la prensa, hubo méritos en los gestores de aquel tiempo por

205 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “El sistema descentralizador de las CC.AA., tras la Constitución de 1978. (Tomo XLIII-1, de Historia de España, Espasa, de Ramón Menéndez Pidal, dirigida por José María Jover Zamora, 2007).

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cuanto acometieron tarea necesaria “sin antecedentes próximos en los que mirar y sin conciencia regional”. Este es el aspecto del que interesa dejar constancia en el balance final. Ya entonces, aún pendiente el sistema de consolidación, se gestionó con sentido de región, preocupados, desde luego, por la vertebración del territorio; y esforzándose en acreditar capacidad de autogobierno, no obstante los escasos recursos de que se disponía, situación que hizo necesaria la ayuda permanente de la Diputación Provincial.

- II En íntima relación con el apartado anterior debe analizarse, en la medida de lo posible, los prolegómenos de la Autonomía, conseguida en 1982, fecha del Estatuto. El escenario de partida podía llamar a cierta confusión. El viejo Reino de Murcia se había ido repartiendo, segregando, hasta llegar a la provincia actual. El Historiador José María Jover Zamora (206), hace una exposición de extraordinario interés y rigor en la que trata de explicar el hecho apuntado. Decía que “las fronteras políticas y administrativas son, pues, una cosa, y las fronteras entre culturas y formas de vida, son otras...”. Esta progresiva disgregación, que ha hecho de la realidad histórica y cultural del viejo Reino de Murcia una Región repartida, requiere una toma de conciencia por parte de las elites de la Comunidad acerca de las dos acepciones diferentes que cabe aplicar a la expresión <<Región Murciana>>. En el ámbito político y administrativo, tal expresión se identifica con la Comunidad y con el territorio que corresponde a ésta. Ahora bien; en el ámbito sociocultural, el proceso histórico ha transcurrido hasta más lentamente que en el ámbito político, dejando en pie otra suerte de Comunidad; una Comunidad lingüística y cultural más amplia... que la autonómica, propicia a un conocimiento recíproco y al mantenimiento de unos niveles formales”. Y de otra parte, señalaba el Profesor : “...en cuanto a la conciencia de Comunidad está en la mente de todos que, entre los habitantes de la Comunidad Autónoma Murciana, reducida actualmente a los límites más estrechos en los que jamás estuvo encerrado el Reino

206 Prólogo de la Obra “La Autonomía de Murcia (1982/1997), Crónicas de 15 años”, de la que es autor GARCÍA GARCÍA, Clemente, Editada por Asamblea Regional. Igualmente, la obra del historiador JOVER ZAMORA, “MURCIA-CARTAGENA, SUEÑO Y REALIDAD”.

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de Murcia, no alcanza tal conciencia a los niveles que serían de desear...”, analizando seguidamente nuestra peculiaridad en dar respuesta a “quiénes somos”; y concluyendo con la afirmación de que “la condición fronteriza es clave en la de Murcia”. Cita la que precede que se hace necesaria, incluso a nivel de conclusión, (que así entiende el autor que debe considerarse) para formular el planteamiento de la “uniprovincialidad” pero, sobre todo, para reseñar por qué no se consiguió unión entre todas y cada una de las provincias limítrofes (Alicante, Albacete y Almería), habida cuenta los indicadores socioculturales y también económicos que las identificaban. No se ha encontrado versión de los protagonistas de aquellos tiempos, es decir, desde 1977 en cuya anualidad se celebraron las primeras elecciones generales, y se crea, en 1978, el Consejo Regional. La realidad es que sólo se registran opiniones de algún interviniente, pero los Parlamentarios de la provincia de Albacete decidieron unirse a Castilla-La Mancha influenciados tanto por motivaciones geográficas y de identidad (la preeminencia de un sentimiento manchego antes que murciano...). La proximidad a las circunstancias en que se celebraron oficiosamente aquellos encuentros, también permite exponer que las diferencias se dieron por la localización de Servicios (de Administración de Justicia, principalmente, aunque las Universidades originaban discrepancias, reproduciendo lo que algún observador consideraba como “rencillas y contenciosos arrastrados desde la etapa franquista con la capital murciana...)”. Albacete era, en principio, la más cercana para dar paso a una región pluriprovincial, pero el desenlace ya queda expuesto. Almería, pese a su oposición inicial para integrarse con Andalucía, no provocó reuniones. Es cierto que puso empeño en encontrar, reivindicar, el hecho diferencial respecto del resto pero, en todo caso, con vocación uniprovincial. Y Alicante no planteó cuestión alguna. Desde un principio su integración en la Autonomía Valenciana era incuestionable. Ahora bien. Lo que resulta innegable es que el espacio “Sureste” ha seguido significando unidad (socioeconómica) operativa, siendo la vía del consenso entre las provincias, e incluso entre las Autonomías, la utilizada para lograr objetivos importantes, como lo fueron el agua (PHN) y el transporte ferroviario.

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Así, pues, desde 1978 la Región se identificó como la provincia que era, y así ha permanecido. Más aún. Parece que será situación irreversible, salvo que concurran excepciones extraordinarias. Lo importante ahora es determinar si la uniprovincialidad ha sido, o no, eficaz y ventajosa, o, por el contrario, perjudicial al proceso y, por ende, a los intereses de la Región. La respuesta, en opinión del autor, puede centrarse en lo siguiente: 1.ª) hay reconocidas otras siete autonomías con tal alcance territorial, lo que se convierte en defensa del conjunto, y obliga al reconocimiento de competencias, financiación, etc. en evitación de discriminación; 2.ª) el autogobierno, la gestión, presenta mayores ventajas, así como una distribución de servicios más adecuada; 3.ª) la Administración Pública puede responder más ágilmente a los criterios de eficacia, incluida la fiscalidad, como podrá apreciarse en otros apartados. Parece que la Región, y este grupo de autonomías, presentan más ventajas que inconvenientes, entre los que pueden anotarse el número de representantes en las Cámaras Alta y Baja de España (Senado y Congreso), conforme al criterio de algunos analistas pero no hasta el extremo de servir de fundamento a divisiones territoriales interiores, más aun cuando se está planteando la supresión de Diputaciones Provinciales, e incluso de reducir Ayuntamientos. Al principio de este apartado se manifestaba la “ausencia de conciencia regional”. El transcurso de más de treinta años ha despertado ese sentimiento de manera altamente significativa. Los diferentes problemas que más dependían de Madrid que de decisiones regionales, dieron impulso a la unidad y solidaridad, al menos en alguna manera; y, además, el autogobierno cada vez más amplio, en la medida en que se asumen competencias, posibilita una valoración ciudadana (positiva) de la descentralización. Ello unido al desarrollo de la denominada “cultura regional”, conforma autoestima y sentido de propiedad del que ya no se puede prescindir porque forma parte del perfil o caracterología de los habitantes de la Región. Incluso a nivel estadístico, el porcentaje partidario de mantener el sistema autonómico es mayoritario, lo que puede ser concluyente a los efectos que ahora se pretenden (207).

207 Equipo de Investigación I+C de Antropología Social de Universidad Murcia: “Identidad y Conciencia regional de Murcia”, 2008, financiado por Fundación Séneca.

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- III El proceso seguido desde el principio se ha caracterizado, primero, por la urgente demanda de transferencias de competencias, sobre todo de las principales o más importantes; y, segundo, por sucesivos pactos (en 1981 y 1992) que harían posible la descentralización. La Región, a estos fines, modificó el Estatuto de 1982, en 1994 y 1998. Las últimas competencias en asumirse fueron las de Educación no Universitaria y Sanidad. Quedaría por recibir las de Justicia (que finalmente no fueron aceptadas) y otras de menor entidad. Puede afirmarse que, al cerrar la investigación, alcanzó “el techo competencial” posible, aunque debe anticiparse que tiene pendiente una nueva revisión del Estatuto que se llevará a efecto una vez se adopten criterios de actuación, incluso de modificación de la Constitución, a nivel nacional. Llegados hasta aquí, el amplio periodo de tiempo transcurrido obliga a plantear diferentes temas para obtener las conclusiones que procedan, tales como: en qué condiciones se recibieron cada una de ellas; como se desarrollaron; y, por último, los problemas que suscitan y las soluciones que requieren. En cuanto al primero (en qué condiciones se reciben), está reconocido expresamente, tanto por el Ejecutivo como en los debates Parlamentarios, que la financiación era deficitaria, lo que daba lugar a dos acciones: atender especialmente la calidad de los diferentes servicios y, por supuesto, incrementar la financiación con recursos propios. Y es justamente aquí donde comienzan los desequilibrios económicos más acusados durante la crisis. Debe quedar constancia de que las fórmulas utilizadas por el Estado eran iguales para las Autonomías, al menos para las uniprovinciales. Manera de actuar calificada por analistas como “deseo del Gobierno Central de eliminar gastos pasándolos a las Regiones”. Naturalmente habría que adentrase en el análisis de la clasificación de competencias y, coherentemente, en el estudio de la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva. Para comprender importancia y extensión baste recordar los artículos 10, 11 y 12 del Estatuto. Y de su lectura se infiere claramente la intensidad de las acciones que la Autonomía lleva a efecto, así como los múltiples problemas que el desarrollo produciría a una Administración recién instaurada y, desde luego, sorprendida para instrumentar las respuestas adecuadas. Resultan lógicas las preocupaciones y desajustes

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que se produjeron, hasta el extremo de provocar un sobredimensionamiento que ahora trata de corregir. En este proceso se pueden distinguir etapas diferentes: la primera, que es cuando se asumen las transferencias iniciales, puede definirse como “experimental”; y la siguiente, que es cuando se reciben las más importantes, como reiteradamente se ha indicado. Cuando Universidades Públicas, Educación no Universitaria, Sanidad, y otras, se desarrollan, es a partir de 1995, consecuencia de los Pactos antes señalados y de las reformas del Estatuto, 1994 y 1998. Es entonces cuando el nivel de equipamientos muestra una tendencia creciente e importante que coincide con los tiempos de bonanza económica. Como también se anunció, el debate a plantear es el de saber si tales realidades se hubieran conseguido sin la capacidad de gestión y autogobierno que la Autonomía comporta. A este respecto, es opinión del autor que en un régimen centralizado, como el anterior a 1978, no hubiera sido posible, al menos en tan corto espacio de tiempo. Si se hace el ejercicio de poner en relación gastos y endeudamiento, éste mantiene niveles asumibles hasta después de 2007, fecha en la que se contraen los ingresos y es preciso acudir al crédito, y de forma tan agresiva que en la actualidad supera los 7.400 M/€. Hecho que conduce a la necesidad de una gestión rigurosa y austera de los recursos disponibles; pero no a una valoración negativa del sistema, a una crítica sin reservas de los representantes políticos, ni, por supuesto, a sugerir la devolución de competencias al Estado. De otra parte, también debe ponderarse la circunstancia de que la proximidad de servicios básicos, obliga a niveles de excelencia que inevitablemente repercute en los costes de éstos. Sin embargo, el razonamiento que antecede no debe evitar el reconocimiento de importantes defectos en el ejercicio de competencias, y más aun de las llamadas “compartidas”. Se ha informado por los gestores responsables de la existencia de dualidad en determinadas materias; de procesos ante las distintas Administraciones Públicas para consecución de licencias o autorizaciones, que burocratizan la tramitación hasta extremos insoportables para las iniciativas ciudadanas; de retrasos en la resolución de expedientes que actúan como condicionante de iniciativas empresariales; de costes innecesarios para Administraciones y administrados; y

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de cuantas situaciones puedan integrar el extenso repertorio de errores y deficiencias del sistema. El Plan Estratégico de la Región (2014/2020) remarca como línea esencial para conseguir los objetivos prioritarios, “el diseño de un nuevo modelo de Administración Pública”. Y subrayando como función de ésta “facilitar el crecimiento económico”. En la misma línea se muestran el Programa Nacional de Reformas (PNR 2013) y la Estrategia Europea 2020. Todos ellos con observancia de los principios irrenunciables de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este denominador común de la programación significa que la situación no es debida al quehacer de una Autonomía, en todo caso, la de Murcia, sino que está generalizado, si bien en unas de manera más acusada que en otras. La prescrita, por inevitable, reforma de la Administración supondrá, pues, la revisión de la estructura existente y su modernización, para su adecuación a las nuevas exigencias, incluidas las distintas formas de participación, y, desde luego, un riguroso ajuste del gasto. Es la única fórmula posible para dar respuesta a la preocupación ciudadana por la falta de eficacia pese al elevado número de funcionarios. Cambiar el escenario que actualmente se tiene y se denuncia con reiteración, es requisito principal para ganar su confianza. Sin embargo, tampoco pueden ignorarse las medidas adoptadas, tales como las atinentes a retribuciones de funcionarios, así como las referentes a la amortización de puestos de trabajo. Finalmente, y en términos de conclusión. Las competencias de la Comunidad Autónoma, en su diferente alcance, obligan a ordenar la del funcionamiento de sus órganos e instituciones, lo que supone una responsabilidad directa que hay que desarrollar, sin perjuicio de otros criterios superiores. Al mismo tiempo hay que recordar la función o facultad legislativa que ha de llevarse a efecto respetando la singularidad de la Región, representando también una manera de participación de los distintos grupos políticos. Con lo dicho se obtiene la reflexión motivada de que no es preciso la devolución de ninguna de las competencias, como antes se dijera, sino sólo su análisis y control para obtener la eficacia deseable, incluso, como cuestión principal, el gasto que originan.

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- IV Abundando en el análisis de competencias ha de consignarse el hecho de haber logrado la vertebración del territorio regional en lo que a acciones ejecutivas propias se refiere. Una programación que habrá de relacionarse con las llevadas a efecto por el Estado y, por supuesto, ponderando, en uno y otro caso, la obtención de recursos procedentes de la Unión Europea. Zonas aisladas, o mal comunicadas, encontraron solución, bien por las vías señaladas bien por aplicación de fórmulas utilizadas en otros países para lograr financiación a medio/largo plazo. Así, las zonas de Mar Menor, Noroeste, Yecla-Jumilla, La Manga, etc., como actuaciones de la Administración Regional, hicieron posible el desarrollo socioeconómico de las zonas indicadas, antes detenidas por falta de accesibilidad rentable. No se puede proclamar la suficiencia de las mismas porque aún están por construir viarios interiores de gran importancia, pero ha permitido la salida del estado depresivo que les afectaba. En otras ocasiones se promueven autopistas de peaje, como el caso de Cartagena-Aguilas-Vera, aunque no ha ofrecido el atractivo que precisaba, quizás por el gasto que comporta para el consumidor, aunque aún es tiempo para corregir y estimular el desarrollo de una zona del litoral de “alto interés” turístico, agrícola e industrial. ¿Habría sido posible alcanzar tal nivel de equipamiento en un sistema centralizado? Insistir en una respuesta negativa es inevitable. La incidencia en la economía regional es incuestionable y, por tanto, la rentabilidad social del gasto originado por su construcción. En términos demográficos supusieron igualmente la retención de la población residente en las zonas citadas ante las nuevas perspectivas de crecimiento que se presentaban; e incluso que actividades relacionadas con el turismo se hicieran más atractivas. De aquí que se entienda la extensión a otras áreas en las denominadas Autovías del Norte (Caravaca-Jumilla), Oeste (Caravaca-Lorca) y del Este (Santomera-Yecla), entre otras. A nivel nacional, de la competencia del Estado, también puede entenderse la Autonomía murciana como beneficiaria de las actuaciones de la Administración Central, aunque, quizás, con evidente retraso respecto de otras Comunidades. La referencia se encuentra en las Autovías que unían

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con Alicante (nueve años después de la fallida Autopista, con el evidente perjuicio que supuso); Albacete-Madrid (paralizada un largo periodo en Albacete); la del Mediterráneo (Cartagena-Alicante, que es autovía hasta Dehesa de Campoamor/La Zenia), y otras interiores. Este entramado, permitió el enlace con Andalucía y, desde luego, la llegada a Cartagena y su entorno. Especial importancia para la política inversora en infraestructuras se reconoce a los llamados Fondos Estructurales procedentes de la Unión Europea, como reiteradamente se ha indicado. Tras la adhesión de España, la Región se clasificaba en el grupo de aquellas que tenían un PIB por habitante inferior al 75% de la media Comunitaria, siendo uno de los rasgos más singulares al tratarse de “Región periférica de un país periférico”, sobresaliendo el déficit en carreteras y la situación de la red ferroviaria, razón por la que a través de los Fondos FEDER se recibieron importantes recursos –tanto por el Estado, como por la Región– para financiación de las obras. El importe total estimado que Murcia recibió se recoge en el capítulo correspondiente, en el que hay remisión a los estudios realizados por la propia Administración Regional (Consejería de Economía y Hacienda) y otras instancias, aunque de forma más detallada por el Consejo Económico y Social (CES), publicado en Memoria del Ejercicio 2013. Aunque a la ponderación general se dedique conclusión separada, se hacía inevitable la referencia específica a carreteras por tratarse de las inversiones más importantes y necesarias De aquí que tal hecho se compute como positivo en el balance autonómico al que este trabajo sirve. De no haberse obtenido tan beneficiosos recursos, es claro que no se habría conseguido el nivel de inversión llevado a efecto. Además de servir a la promoción del desarrollo económico de la totalidad del territorio. Diversos autores sopesan el hecho de que la “tasa de crecimiento medio hasta 2006 se situaría en el 3,11% teniendo en cuenta la contribución de las ayudas europeas”. De no darse las mismas, “éste se reduciría en un 0,21% puntos porcentuales”. En todo caso la Región viene obligada al estudio o investigación de los programas operativos existentes y a formalizar las peticiones que sean procedentes. Su experiencia, adquirida en la etapa anterior, se califica de positiva por “el impacto causado por el caudal de recursos públicos percibidos…”. Ahora, Europa ha de mirarse y estudiarse de otra manera, y así ha de plantearse en el área de políticas activas.

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-VLo expuesto en apartado anterior (dedicado a la evolución de inversiones en carreteras) puede hacerse valer, igualmente, para otras infraestructuras del transporte, como las ferroviarias, si bien los objetivos conseguidos distan mucho de los primeros. Hay otros equipamientos (económicos y sociales) “a los que no habría sido posible acceder en su totalidad sin la financiación proveniente de la política regional...”. Formación y Empleo, fueron, y son, áreas prioritarias, así como los equipamientos sanitarios y educativos, amén de recursos hídricos. En su conjunto puede entenderse que el objetivo último era favorecer la competitividad de la economía regional. Toda consideración del proceso autonómico, ha de pasar, necesariamente, del análisis detallado de los indicadores que antes se concretan. Hecho imprescindible sobre el que reflexionar viene dado por: 1) las perspectivas financieras que se dieron al ampliarse el número de países miembros de la UE hasta veintisiete; y, 2) la política de cohesión 2014-2020. La primera, porque aumentar el número de beneficiarios y producir el llamado “efecto estadístico”, que expulsa a la Región del Grupo de “Objetivo-1”, se da en tiempos de crisis económica, lo que también incide en el tratamiento diferenciado. La segunda, porque representa, de alguna manera, la posibilidad de que Murcia pueda ser receptora de los “Fondos de Cohesión”, y en la dirección de la “Estrategia de Lisboa”, cuyo resumen puede exponerse de la siguiente manera: el objetivo de convergencia incluye una ayuda transitoria para las Regiones (Murcia es una de ellas) que han rebasado el umbral del 75% de la UE-25; el de competitividad y empleo; y el de cooperación territorial. La realidad es que en ese periodo continuaron llegando recursos que habrían de gestionarse directamente por la Comunidad, aunque el destino no coincidiera con criterios mantenidos en la etapa anterior (desarrollo de la economía del conocimiento; desarrollo empresarial; medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riegos. Los ejes 4 a 7 tendrían como fines el transporte y la energía; desarrollo sostenible local y urbano; inversiones en infraestructuras sociales; y asistencia técnica.).

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La apertura de una nueva etapa (2014/2020) marca una estrategia decidida, recayendo la parte principal de financiación en la investigación e innovación; el desarrollo de infraestructuras y servicios TIC; el desarrollo de las pymes; y el fomento de una economía baja en carbono. La participación estimada de España (FEDER + FSE) es, en principio, de 997,3 M/€ (del total de 27.839 M/€), lo que representa un crecimiento nominal del 2,2%, correspondiendo la mayor parte a Fondos FEDER (709,7 M/€), previéndose financiación, a través de FSE, de actuaciones por valor de 287,5 M/€. En esta cantidad se comprende la ayuda para Empleo Juvenil (16,4 M/€). Tanto los primeros veinte años de participación en las ayudas programadas para el desarrollo de políticas económicas y sociales, como los registros en tiempos de crisis y, desde luego, las perspectivas que se ofrecen para los próximos seis años, ponen de manifiesto la trascendencia que para la región tienen los recursos procedentes de Europa; más aún en casos de regiones como la de Murcia, destacando a un tiempo la uniprovincialidad por cuanto permite iniciativas propias para obtener algunos de ellos, y se le reconoce capacidad de gestión directa, al margen la compartida con el Estado. En volumen III de “Crónicas de la Autonomía”, periodo 2004/2011, se recogen las cantidades asignadas en cada uno de los Fondos existentes, lo que unido a la Estrategia para 2020 es determinante de la incidencia de los medios para la resolución de problemas, así como el deterioro presupuestario que se provocaría de no recibirse. De otra parte, y habida cuenta lo expuesto, se ha de consignar la necesidad de contar con presencia en las instituciones europeas, no sólo del Estado, sino, sobre todo, vinculadas a la Región. Los últimos años fueron básicos en cuanto al objetivo de la participación. Concretamente el Presidente de la Comunidad Autónoma asumió también la del Comité de las Regiones; y en 2014, tras ser elegido Eurodiputado, fue nombrado para una de las diversas Vicepresidencias.

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- VI Inevitable es en esta recopilación de reflexiones finales dedicar apartado específico al concepto de Política Social. El ciudadano es receptor del mensaje que conllevan los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, y su esencia consiste en la afirmación genérica de que en los mismos, en cada edición, prevalecen los de contenido social. Incluso se afirma que el porcentaje del gasto es del 80% del total. Y es cierto por cuanto se incluye el que comporta Sanidad y Educación, que son los Departamentos de mayor empleo y coste. Sin embargo, se considera conveniente delimitar los conceptos por diversas razones, tanto de carácter cuantitativo, como cualitativo. Podría servir de base el Decreto n.º 145/2012, de 16 de noviembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Sanidad y Política Social, si bien había que extenderse a otras competencias relacionadas, como el empleo, la vivienda, la educación, etc. Si se formulara inventario de la totalidad de actuaciones, se encontrarían más de treinta conceptos diferentes (Inserso; Plan de Salud; inmigrantes; Plan de Acción sobre las mujeres; educación de personas adultas; igualdad social de oportunidades; drogodependencia; inserción laboral de personas reclusas; pensiones; orientación familiar; pobreza y exclusión social; Ley de Dependencia; etc). Prestaciones que se financian desde los recursos propios, o bien, para determinadas ayudas, compartiendo con el Estado. Lo que interesa a esta conclusión es afirmar que cada anualidad crecen las necesidades en estos colectivos que, además, representan los grupos más sensibles para la sociedad, y también para los responsables políticos, pero sin que se disponga de los medios precisos para atender las demandas que se formulan. De otra parte, ha de dejarse constancia del impacto de la crisis económica sobre esta importante parte de la población. Efectos que se hacen notar, primero, provocando incremento del número de personas necesitadas; y, segundo, reduciendo los ingresos de la Administración Regional y, por ende, las posibilidades de prestar ayudas, o de mantener, incluso, las formalizadas. Son circunstancias que han situado en riesgo de desaparición a Organizaciones de Voluntarios (en su mayoría) que realizaban funciones que correspondían, en primera instancia, a la Administración Regional y también, en ocasiones, al Estado.

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La realidad consiste en que una perspectiva de futuro, a corto plazo, exige concentrar buena parte de la gestión en atenciones de la naturaleza de las que ahora se contemplan, con todo lo que conlleva para otros objetivos presupuestarios. El Consejo Europeo de 2010 aprobó la ya citada “Estrategia Europea 2020”, la cual sirvió de orientación a las políticas diseñadas y adoptadas por los Estados miembros, los cuales han de adecuarse a sus circunstancias y situaciones particulares. Entre los diez objetivos que selecciona, el último está destinado a “promover la inclusión social y luchar contra la pobreza”, cuyas formas se han multiplicado por efecto de las consecuencias provocadas por la crisis económica (la denominada “multidimensionalidad de los factores que afectan a la pobreza”). Se trata, pues, de un apartado que no se puede ignorar en ninguno de sus aspectos: desde las prestaciones que exige y que pueden ser prioritarias por razones de interés general; y, desde luego, por el condicionante que el gasto supone para la Hacienda Regional en términos de combatir el endeudamiento, o de favorecer las políticas inversoras. Los perfiles distributivos serán muy importantes a la hora de diseñar los presupuestos venideros, al menos durante el quinquenio próximo (208). La descentralización en prestaciones de la clase de las que se trata alcanza el mayor nivel en razón a la proximidad de los colectivos dependientes y las necesidades de operar en la zona geográfica de residencia de la población. Y si la crisis afectó al grado de cobertura que se daba, es cuestión básica a sopesar en las anualidades inmediatas porque las limitaciones, en forma de austeridad y control del gasto, tendrán que seguir observándose. Sería un error de gestión no considerar los dos parámetros aludidos: crecimiento de problemas/necesidades, y evolución y reducción de recursos disponible para satisfacerlas.

208 Al cerrar la investigación del presente trabajo se conoce que tras las elecciones de mayo 2015, los grupos políticos con representación en el Parlamento Regional suscriben un Pacto para “luchar contra la pobreza”. Y el Gobierno de la Comunidad, elabora un Plan de Servicios Sociales, desde la nueva Consejería de Familia e Igualdad.

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- VII Las conclusiones que anteceden en cuanto a competencias y necesidades, sitúan las reflexiones en el análisis del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. El mero repaso a los capítulos que abordan el estudio, así como las consecuencias de la crisis, son determinantes para concretar las causas de lo ocurrido pero, sobre todo, preocupación acerca del futuro del proceso. Desde el inicio de éste se ha manifestado como reivindicación permanente del Ejecutivo frente a Madrid, sin que hasta ahora pueda reconocerse que fueran satisfechas. Murcia-Región nunca se pudo asimilar a la media porcentual de las Autonomías, ni con Gobiernos (nacionales) Socialistas, ni Populares. El recorrido que se aprecia es el de un 71% en la primera etapa, para pasar al 85% posterior, o al reconocimiento de que en ningún caso sería inferior al 90%. La realidad es que la fórmula adoptada en 2009 no fue beneficiaria para Murcia, y transcurrido el quinquenio (hasta 2014), la revisión del sistema queda aplazada sin justificación bastante, aunque se alegue “que la tesorería para la prestación de servicios básicos está garantizada”. En todo caso, habrá que entender que las cantidades que por ello se reciban tendrán la consideración de “a cuenta”, o, incluso, de “nuevos créditos”. Urge, pues, requerir los acuerdos procedentes para encontrar la fórmula que atempere las anualidades inmediatas. Han de considerarse dos factores esenciales: de una parte, la deuda ha llegado a superar los siete mil cuatrocientos millones de euros, casi el 25% del PIB regional, y hay que amortizarla, lo que supone un serio condicionante para la Hacienda de la Comunidad; y, de otra, el gasto que comportan las prestaciones se hace difícil controlar y reducir. Un contexto que ensombrece la política de inversiones productivas, e incluso el desarrollo del Plan Estratégico 2014/2020. Un reciente estudio (209) ratifica el hecho de que la Región “es una de las más perjudicadas con la financiación autonómica entre 2002 y 2012, último ejercicio liquidado”. Se afirma que en dicho periodo “ha recibido la segunda aportación por habitante más baja, con un 95,2% de la media

209 FEDEA. Fundación de Estudios de Economía Aplicada. También, la Memoria del CES de la Región correspondiente a la anualidad 2014, capítulo que estudia LA HACIENDA REGIONAL DURANTE LA CRISIS, págs. 317 y ss. Igualmente debe considerarse la Consideración n.º 2, pág.635.

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nacional, pero, además, ha retrocedido siete décimas en la participación de los ingresos que el Estado reparte a las Autonomías”. Las diferencias existentes entre Comunidades son difícilmente justificables y, en el caso de la Región, preocupante si a la valoración se incorporan otros hechos tan importantes como “la caída de ingresos propios”, “situación socioeconómica”, “nivel de endeudamiento y déficit público”. Elemento corrector de la situación, se ha reiterado por los responsables políticos, sería, para Murcia, la “población”. Es más. Los cálculos que estudiosos han realizado, de haberse tenido en cuenta, son determinantes de que el balance financiero sería distinto, hasta el extremo de no haber sido preciso el nivel de endeudamiento señalado. Este es el origen de la denominada “deuda histórica”, siempre denunciada y nunca atendida, a diferencia de lo ocurrido con otras Comunidades, como Andalucía. Por ello, al no estar previsto en norma alguna, no tiene carácter para obligar, y de ahí que otras opiniones prefieren utilizar el concepto “indemnizatorio” por los daños provocados. Ya quedó constancia de la propuesta del CESRegión de Murcia, que habla de “compensación”. No es posible renunciar a un modelo que equivalga a un tratamiento más justo para la Región, y con la urgencia que el tema y su gravedad requiere. Ahora bien. En ningún caso debe darse continuidad a “la acumulación de deuda”, y el margen para llevar a efecto subidas fiscales, es bien limitado por los efectos contractivos que se producirían. En la Asamblea Regional se registran debates monográficos sobre el sistema de financiación y la situación de Murcia en todas y cada una de las fórmulas utilizadas. Entonces y ahora se concretan las líneas de revisión, que no es preciso reproducir en términos de conclusión, pero si hacer constar la remisión a las mismas y afirmar que poco varían las opiniones posteriores. Es más. Se hizo necesario elaborar un “Plan Económico Financiero de Reequilibrio, 2011/2013”, requerido por el Ministerio de Hacienda, y cuya finalidad era la de implantar medidas correctoras del gasto (personal e inversiones), y también de ingresos (nuevas figuras tributarias). Tal ha sido la constante mantenida hasta la aprobación de Presupuestos en 2014, e incluso de 2015.

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- VIII Siendo principal el problema de financiación en el devenir y futuro de la Autonomía, precisa que su exposición se complemente con otros apartados básicos en cuanto a posibilidades de incremento de recursos con los que contribuir a costear los inevitables gastos y conseguir la necesaria estabilidad que evite incurrir en situaciones como la registrada desde el ejercicio 2008, inicio de la crisis económica. En el pensamiento expuesto se alinean las siguientes consideraciones, sin perjuicio de lo dicho en apartados anteriores respecto del sistema de financiación: • Los Tributos cedidos (aquellos que eran de titularidad y regulación Estatal), han sido de importancia capital para las CC.AA. en general, y para la de Murcia en particular. Sin embargo, se trata de figuras que no han ofrecido una evolución estable, sino que han estado condicionadas, lógicamente, por la situación socioeconómica. Concretamente fueron los que posibilitaron las mejores cifras de recaudación debido a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y hasta el extremo de permitir el “uso complaciente” (fiscalmente) de la capacidad normativa que tenían y tienen reconocido a partir de 1996. Desde el principio del proceso autonómico figuraban como capítulo básico en la financiación de las Autonomías. Pero llegada la crisis todos los conceptos tributarios se resienten (en términos de recaudación), dando lugar a revisión de los mismos en el sentido de suspender algunas de las concesiones formuladas con anterioridad para evitar presión fiscal más acusada sobre el ciudadano y el tráfico mercantil. La agresividad de la crisis ha puesto de relieve la sensibilidad financiera de las Autonomías. Desde luego la de la Región de Murcia. Será difícil alcanzar niveles de recaudación como en tiempos de expansión inmobiliaria, y esa evidente reducción deberá aliviarse con otras medidas y, por supuesto, con el uso adecuado de la capacidad normativa, y siempre teniendo en cuenta, como se ha indicado, de la capacidad tributaria.

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Las posibilidades de actuación en el área de fiscalidad se ofrecen limitadas en tanto se mantengan los parámetros actuales que alimentan el crecimiento económico, tal y como se advierte en las primeras medidas del “Plan de equilibrio e impulso económico” adoptadas por el Ejecutivo Regional. Aparte las relativas a la creación de empleo, incluidas algunas exenciones de tasas para emprendedores, pymes y micro empresas, en cuanto a ingresos se refiere, las reformas se contraen a la reducción del Recargo sobre el IAE hasta el 20%. Llama la atención lo ocurrido con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que después de regresar a su aplicación plena, ha tenido que anunciarse la corrección del mismo a la baja por los efectos producidos y la desigualdad con otras CC.AA., como Madrid. No parece que pueda valorarse la eficacia de las mismas para compensar los desajustes porque el resto se refieren a control del gasto público, conseguir la eficiencia de la Administración, y otras medidas de impulso sectorial. • En cuanto a la participación reconocida en Ingresos del Estado, como IRPF, IVA, II. Especiales sobre Alcohol, y sobre Hidrocarburos. En poco más de una década se han incrementado los porcentajes cedidos a las Autonomías, llegando al 50% del IRPF, igual para el IVA, y llegando al 58% en los Especiales. En la actualidad se registran corrientes que promueven la cesión del 100% del IRPF, aunque a cambio de que el Estado recupere el 100% de las otras dos figuras tributarias. Al no ser conocida la reforma del sistema de financiación, hay que quedarse en la finalidad que se pretende y que no es otra que la de hacer efectivo el “principio de corresponsabilidad fiscal de las CC.AA.” y controlar el gasto para evitar que se haga insostenible y cause males estructurales mayores. • En base a lo que antecede, la financiación de las Autonomías es tema en que hay que insistir para dar continuidad, con garantía de estabilidad, a la prestación de servicios básicos, incluso atendiendo la distinta problemática que cada Comunidad ofrece. Pero, por otra parte, obliga también a investigar y encontrar recursos provenientes del exterior, bien en forma de inversiones, bien de cooperación por parte de la UE, sin descartar la privatización de algún servicio que no ponga en cuestión el carácter público de los más sensibles y próximos al

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ciudadano. De otra forma el planteamiento habría de ser más severo a la hora de revisar el sistema de organización territorial. Las expectativas vienen definidas por la actitud que los grupos políticos adopten en el momento de revisar el Estatuto de Autonomía. De aquí la necesidad de una información con el detalle que el entendimiento generalizado precise y, de manera inevitable, con transparencia plena en las actuaciones que se desarrollen, haciéndose igualmente aconsejable instrumentar fórmulas que faciliten mayor participación de los administrados. A tan esencial cuestión se dedicará conclusión separada. Se ha señalado en diversos capítulos de este trabajo que las elecciones regionales de mayo 2015 representan el fin de una etapa de más de treinta y cinco años de práctica de la descentralización consensuada y, por consecuencia, el comienzo de otra que deberá corregir los defectos, errores y excesos de la anterior, puestas de manifiesto, entre otras causas, por la crisis económica. Ya si puede afirmarse que se cuenta con experiencia y, además, se sabe lo que el ciudadano requiere. La respuesta no puede ser más que rigurosa, objetiva y justa, de adecuación al cambio anunciado.

- IX En el conjunto de la organización de la Autonomías y, en particular, en la de Murcia, se ha utilizado en exceso la fórmula de creación de Entidades y Organismos Autónomos con los que reconocer participación al administrado, o bien para eliminar el gasto que conlleva para que no compute en los Presupuestos Generales. Las secuelas de la crisis hizo necesaria la supresión de buena parte de los mismos, salvo aquellos que aportaron rentabilidad jurídica, económica, social, etc. Decisiones que no supusieron que se resintiera el funcionamiento de la Administración, aunque faltan quienes consideran que lo conseguido tiene más acento burocrático que financiero. Pero, en todo caso, fue una medida oportuna y valorada positivamente por la opinión pública. Ahora bien. El reconocimiento que antecede no puede obstaculizar el juicio de valor (también positivo) de la creación de algunos Consejos Consultivos (tales como el Jurídico, y el Económico y Social), Institutos (INFO y el de Crédito y Finanzas), por no citar otros que fueron objeto de transferencia a la Comunidad y que

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por su función investigadora procede mantener separados de la Administración. Son ejemplos que permiten no simplificar la denuncia de los desajustes producidos. Igualmente se hace recomendable de cara al futuro próximo, para el que se demanda mayor participación ciudadana, que no debe confundirse los términos de un requerimiento generalizado, es decir, de proliferación, otra vez, de organismos autónomos, con la idea de facilitar la intervención del administrado en cuestiones concretas y sin vocación de permanencia. En la CE se recogen diversidad de posibilidades para lograr tan importante finalidad, y la Comunidad Autónoma ha tenido la iniciativa de crear una Dirección General destinada a estudiar e instrumentar tal consulta sin que suponga deslegitimar a los representantes designados en convocatorias electorales. Y los Ayuntamientos están actuando, mayoritariamente, en la misma dirección. Mostrarse partidario de ello es incuestionable, pero también se precisa consignar una llamada de atención sobre el alcance que pueda darse a tales resoluciones.

-XLos Parlamentos Regionales representan la Institución más criticada de cuantas conforman la estructura autonómica. Es cierto que en un principio se dieron diversos casos en los que las Comunidades invadieron, legislativamente, cuestiones de la competencia del Estado dando lugar a los consiguientes conflictos. Hoy se puede decir que las sucesivas recomendaciones y Sentencias del Tribunal Constitucional, pusieron fin a esa situación estableciendo las líneas delimitadoras de las competencias legislativas de las Asambleas Regionales (ya sea por la materia, por el ámbito territorial al que puedan llegar, etc.). Queda, pues, claro y explicito que su facultad se contrae a las competencias asumidas en los respectivos Estatutos, y para aquellos asuntos para los que el Estado le haya atribuido tal facultad, aunque siempre respetando el marco de la legislación básica del Estado. Analizar lo ocurrido durante el proceso, ofrece una relación escasamente conflictiva entre el Gobierno Central y el Regional de Murcia. Antes al contrario, de normalidad y respeto a las funciones que a cada instancia corresponde.

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En cuanto al resto de funciones (control de la acción del Gobierno, impulso político, y otras), significa que el analista está en presencia de tema fundamental cuya valoración no sólo no puede incurrir en la crítica y descalificación, sino que ha de examinar el desarrollo de la actividad parlamentaria para obtener conclusión pragmática. En el caso de la Región de Murcia y después del estudio realizado en la segunda parte de este trabajo, fácilmente se entiende el extraordinario protagonismo que los Parlamentos Regionales han tenido en las Autonomías, y el esfuerzo que supuso, al principio, la identificación y gestión de la institución. En términos generales se percibe que permitió escenificar la descentralización e impulsar la capacidad de autogobierno. Reconocimiento que, a su vez, conlleva la tendencia favorable a la formación de una “conciencia regional”. Otra actitud no habría pasado por el análisis de los hechos ocurridos desde 1983, o sea, en ocho legislaturas. Igualmente hay constancia de la posibilidad de incorporar determinadas singularidades de la Región que no hubiera sido posible introducir en las leyes generales del Estado, y sin que tal hecho atente a la solidaridad entre las Autonomías. Hay que prestar atención a lo consignado para alimentar la valoración positiva de las funciones asignadas al Parlamento porque es el único órgano representativo de la voluntad popular y, como se ha señalado, portavoz de la misma. No altera tal reflexión el hecho de que se impute al Gobierno, al Ejecutivo regional (y más aún en las sucesivas mayorías absolutas que se han registrado), excesiva intervención o mediatización de la Asamblea para el cumplimiento de sus fines programáticos, restando, por otra parte, iniciativas a la Cámara. Pero aunque tal sensación o lectura responda a la realidad, no es menos cierto que no impide el planteamiento de cuestiones por los grupos políticos de oposición, ni tampoco que fuerce la voluntad del Gobierno para dar respuesta a los temas de interés general. Naturalmente que sin perjuicio de los debates preceptivos de investidura y de control. Así, pues, garantizado también el control parlamentario, y la constitucionalidad de su actuación y responsabilidad, hay que ponderar el papel desempeñado en la Autonomía en el sentido de esencial como principal institución representativa y, por ende, posibilitando el desarrollo del proceso, así como su control a todos los efectos.

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- XI No obstante la consideración inmediata anterior, las preguntas que el ciudadano formula se aproximan al gasto que origina y si compensa la eficiencia del sistema de organización territorial, o si, por el contrario, habría que plantear la modificación de la institución, el mayor control de su coste e incluso su desaparición, que son las cuestiones a las que hay que dar contestación objetiva que merezca credibilidad. Sirva como introducción recordar que se carecía de experiencia alguna en cuanto a capacidad legislativa, como en otras Comunidades ocurría. Los problemas de organización y funcionamiento surgieron desde el primer instante, incluso las de ubicación, resuelta finalmente en la ciudad de Cartagena, hecho que hay que calificar de trascendente desde la perspectiva sociopolítica y de consenso alcanzado en tiempos de Preautonomía. Sin embargo, no cabe duda alguna en la actitud mantenida por los distintos grupos políticos antes de 1983 y, sobre todo, en los primeros años de la legislatura que entonces comenzó. Sus protagonistas merecen reconocimiento por lo realizado y por la ejemplaridad con la que lo llevaron a término, incluso recogiendo los asuntos que ofrecieron conflictividad y ante los que se supo mantener un comportamiento institucional riguroso y ajustado a las normas parlamentarias. El primer tramo ofrece la atención prestada a procurar la estructura necesaria. Al comprender las tres primeras legislaturas en las que las transferencias de competencias fue menor, permitió dedicar especial atención a la dotación de recursos para mejor prestar las funciones asignadas. Objetivo alcanzado sin poner en riesgo la actividad legislativa ni el resto de las acciones que podían llevarse a efecto. Fue importante la comunicación que en ese tiempo se produjo entre CC.AA. a los efectos de intercambiar experiencias y opiniones. La Asamblea de Murcia lideró la convocatoria de jornadas con intervención de analistas y especialistas en Derecho Constitucional. No hubo, pues, improvisación ni imprudencias notables. Fue después de la primera reforma del Estatuto (1994) cuando se recibieron las principales competencias, proceso acentuado tras la modificación de 1998. Circunstancia que estimuló la obra legislativa al desarrollar las

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materias de universidades públicas, educación general, sanidad, política social, pero sin perjuicio de otras disposiciones. Puede afirmarse que tanto cuantitativa como cualitativamente, la gestión parlamentaria arroja unos resultados importantes y, por su mediación, podría darse lectura a la esencia autonómica de la Región y ponderar la eficiencia de la acción del Ejecutivo. Además, es tarea que se lleva a efecto atendiendo al control técnico-jurídico del Consejo Jurídico y con el conocimiento de criterios mantenidos por el Consejo Económico y Social, pese a que los dictámenes de ambos no sean vinculantes. Se trata, en todo caso, de un mérito compartido por todos los grupos políticos con representación en la Asamblea, no sólo porque en la mayoría de casos los proyectos fueron consensuados, sino porque las opciones o criterios discrepantes sirvieron para enriquecer el texto de las disposiciones, así como a la transparencia de contenidos, fundamentalmente los de carácter económico o financiero. El Diario de Sesiones, y también el de las Comisiones (Especiales y las que configuran su estructura), representan una radiografía de la realidad de cada uno de los asuntos tratados. La valoración de la bibliografía producida impide acoger opiniones contrarias a la existencia de Parlamentos Regionales, al menos en el caso de Murcia. La función cumplida, sus resultados, han de aceptarse como positivos y hasta necesarios, conclusión a la que se llegará con total convencimiento cuando se expresen los datos de costes y rentabilidad. Y sin abandonar la eficiencia que demuestra la sensibilidad de la Cámara en temas de Derechos Fundamentales.

- XII El contraste de pareceres que posibilita la Asamblea Regional resulta, en esencia, clave en un sistema democrático, ofreciendo, además, la exposición y consideración de los elementos identificadores, es decir, de aquellos que, en mayor o menor medida, nos singularizan. No ofrece duda alguna de que así ha sido durante el transcurso de más de treinta años de experiencia. Lo importante, al término de la VIII Legislatura, es poner en relación la trascendencia de la función encomendada y cumplida, con el Presupuesto de Gastos que ha requerido.

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Consideración general es la que concretan los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, y reflejado queda (en la sección correspondiente) que desde la anualidad de 1996 no supera el 1%, oscilando entre el 0,20% y 0,85%. Sin embargo, en el periodo 1983/1995, se sitúa entre el 1% y el 1,52%, excepción de alguna anualidad que arroja porcentajes inferiores. En cifras absolutas los extremos marcan las cantidades de 929.093 € en 1983, y 14.386.563 €, lo que permite valorar el gasto total como no significativo y mucho menos determinantes de los desajustes financieros producidos. Pero, además, se observa que no hubo problema alguno en la aplicación de criterios de austeridad a los que la reiterada crisis obligó. Desde 2010 pasó del 0,28% al 0,20%, equivalente a reducir su asignación de 14.386.563 € a la de 9.136.779 €, es decir, más de cinco millones de euros. Esta ponderación gana en positivo si se compara con las consignaciones que recogen las diecisiete Autonomías. Sólo Cantabria y Castilla-La Mancha tienen, en el ejercicio 2014, presupuestos inferiores; y si se interpreta el gasto per cápita que representan, únicamente Andalucía, Castilla-León y Madrid, presentan porcentajes inferiores al 6,23 €/habitante. De esta manera en el concierto nacional obtiene una calificación y clasificación definitoria de los criterios seguidos en el control de su funcionamiento. No hay razones para justificar excesos en esta sección presupuestaria, especialmente si se atiende a la trascendencia de la función que cumple.

- XIII Para mejor fundamentar la consideración que antecede, es preciso abundar en la distribución presupuestaria por capítulos, y de manifiesto queda que el correspondiente a personal rebasa el 54%, e incluso alcanza, en los últimos años, el 64%; concepto al que si se incorpora los Bienes Corrientes, Intereses y Transferencias Corriente, llegan al 93% o supera el 98%. Quiere decirse que es un Presupuesto de Servicios, que no paga intereses ninguno porque no está endeudada (al menos de manera principal), y tampoco lleva a efecto inversiones, excepción las que requieren la obras menores. La dependencia financiera de la Comunidad es total, por lo que ejerce un sentido decisorio al límite de posibilidades. Ahora bien; procede aclarar que el gasto que afecta a los Diputados se realiza

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con cargo a la partida de “Altos Cargos” (2.181.965 €), ya que la de los funcionarios es de 1.908.581 €. Ambos dan lugar a costes por cuotas, prestaciones y gastos sociales por importe de 1.199.399 €. Hay, entiende el autor, equilibrio y mesura en su concepción y ningún desvío en las liquidaciones conocidas. Esa perspectiva permite rechazar, en principio, el argumento contra el sistema en base a los gastos que conlleva. El análisis comparativo con las Autonomías refleja, una vez más, que la Asamblea Regional de Murcia ofrece una distribución presupuestaria coherente, sin que se utilice para temas diferentes de aquellos que le son propios.

- XIV Cuestión igualmente planteada para el debate es el número de Diputados Regionales y el gasto que representan. De alguna manera queda contestada en el apartado anterior, pero procede concretar con más elocuencia los indicadores que conduzcan al mejor conocimiento de la situación. Excepción hecha de Cantabria y La Rioja, ninguna otra Cámara tiene menos de cuarenta y cinco Diputados, aunque en la última legislatura Castilla-La Mancha redujo su composición. El total en España es de 1.268, lo que equivale a una media de 3,68% por el número de Diputados por cada 100.000 habitantes, y Murcia se queda en el 3,06%. El coste por Diputado también merece juicio favorable. La Región presenta un gasto de 203.039 €, y sólo Cantabria, Castilla-León y Castilla-La Mancha se sitúan ligeramente por debajo de la cantidad indicada. En otras se supera el coste del escaño del Congreso. Hay Autonomías que rebasan los 431.800 € (País Vasco, por delante de Cataluña), y Murcia reduce unos 100.000 € el gasto de Asturias. Tampoco puede apreciarse una sobrecarga por este concepto y lo más que podría debatirse son los conceptos en los que se desagregan las remuneraciones. Resta por concluir el apartado del número de Diputados que configuran la Cámara Regional. El autor es de la opinión de que, vista la distribución geográfica por circunscripciones, el coste total de la institución y el gas-

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to de funcionamiento, incluida la remuneración de los cuarenta y cinco escaños, la reducción del mismo no sería, a efectos representativos, recomendable. Tampoco desde la consideración financiera porque no compensaría el objetivo perseguido. De otra parte, y en todo caso, no debiera perderse de vista, a la hora de decidir, que la etapa autonómica que comienza a partir de mayo 2015, habrá de aceptar formas de participación ciudadana, además de la legítima representación que las convocatorias electorales conllevan. La reflexión que antecede puede verse afectada por la decisión ya adoptada de modificación de la Ley Electoral por cuanto se establece la circunscripción única, si bien no se altera el número de Diputados. Si se pretende garantizar la distribución territorial, deberán diseñarse los mecanismos precisos para conseguir tal fin porque, en otro caso, se despertarán sensibilidades zonales y/o comarcales de importancia.

- XV No es posible concluir las reflexiones que han merecido los Parlamentos Regionales y, en particular, el de Murcia, sin concretar la necesidad de los mismos en un sistema de descentralización de competencias y servicios. Afirmación a la que se llega después de examinar el balance de lo actuado desde 1983 hasta la actualidad. De no haberse reconocido su puesta en funcionamiento, es claro que la capacidad de autogobierno no hubiera sido la que es, limitando su alcance a “una mera delegación de facultades ejecutivas” de las del Estado, hecho que no habría adquirido el arraigo y consolidación que han obtenido las Autonomías. El sistema de organización territorial representa, de manera incuestionable, no sólo éxito político, sino también eficiente para la solución de los problemas y, desde luego, para acreditar ante la ciudadanía, primero, el control real del Gobierno; y, segundo, la incorporación de la realidad sociopolítica al acoger el pluralismo político existente y la posibilidad de iniciativas y recomendaciones de los grupos políticos distintos al que ejerce responsabilidades de gobierno. De otra parte, permite legislar tratando las singularidades de la Región en determinadas materias, aunque siempre desde el respeto a las normas básicas del Estado. Es importante tal posibilidad porque, de una parte,

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salvaguarda el llamado “hecho diferencial” en lo importante; y, de otra, porque contribuye a estimular el desarrollo de la “conciencia regional”, como así ha sido a lo largo de más de treinta años. En todo caso. Es claro que el art. 152 de CE señala “como principios configuradores de las instituciones de las CC.AA. una Asamblea Legislativa o Parlamento, un Ejecutivo cuyo Presidente es elegido por aquélla y ante ella responde políticamente, y un Tribunal Superior de Justicia”. Como señala el Profesor Eliseo AJA “...la forma de gobierno parlamentaria se caracteriza por la existencia permanente de una relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno”. Si a ello se incorpora, las esenciales funciones que tiene encomendadas, puede concluirse en la necesidad de contar con tal institución que, además, asume el papel de “garante” ante el elector. No hay razón alguna para la adopción de medidas que reduzcan su importancia, más aún cuando pueden considerarse como vehículos para obtener niveles de transparencia político deseables. - XVI El resultado de las Elecciones Regionales y Municipales de mayo de 2015, ha ratificado plenamente lo que venían anunciando los Medios de Comunicación Social y las opiniones de analistas de la realidad sociopolítica, es decir: 1) la reacción de la sociedad ante la desconfianza que procuraban las dos grandes opciones políticas (PSOE y PP), en el área de gestión de intereses públicos; 2) el acceso de partidos políticos emergentes a las instituciones; y, 3) que por consecuencia de las anteriores, la transparencia y nuevas fórmulas de participación ciudadana se erigieran en los ejes principales de las acciones de gobierno, tanto a nivel nacional, como regional e, incluso, municipal. No es necesario abundar en la descripción de ese nuevo escenario en el que cambiarán los modos y formas de gestión de los intereses públicos. La trascendencia de esta situación respecto de las estructuras existentes obliga a traer a esta conclusión básica, los temas de mayor relieve: el bipartidismo y el acceso de nuevas opciones políticas a las instituciones democráticas; la adopción de la transparencia, participación ciudadana y buen gobierno, como fundamento de los responsables políticos, en cual-

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quiera de las instancias; y, por último, y por efecto de la incidencia de las anteriores, acerca de la estabilidad política. La presente conclusión se contrae a los principios de transparencia y buen gobierno. La fuerza con la que la sociedad proyectan esa exigencia, aparte de estar suficientemente justificada, no significa que la CE de 1978, el Estatuto de Autonomía o el ordenamiento jurídico en general, no sancionara tales principios y especificaran los mecanismos para llevarlos a efecto y/o corregir las desviaciones que pudieran producirse. Se trataba, con la perspectiva que el tiempo procura, de que su aplicación o mera observancia no encontró ni creyó preciso acreditar que su conducta se ajustaba a tales principios. Al parecer, el repertorio de Consejos Asesores/Consultivos/ Técnicos, o la fórmula del diálogo y consenso tan habitualmente utilizada, los deba por supuesto. Al darse lugar a la conflictiva situación ciudadana, escandalizada, además, con la proliferación de los casos de corrupción, la transparencia y la participación se convierten en las demandas principales de municipios y regiones. También a nivel de Estado. Este momento marcará un antes y un después en el proceso autonómico, en la gestión pública. Sin duda que la crisis económica ha revelado mayor desigualdad social y atentado la legitimidad democrática de las instituciones, si bien con respeto ejemplar al sistema. En la Región de Murcia y con carácter previo a la convocatoria electoral de mayo 2015, se aprueba la Ley 12/2014, 16 diciembre, inspirada en la de carácter básico del Estado (Ley 19/2013, 9 de diciembre), sobre Transparencia, Participación y Buen Gobierno, que será determinante de los procesos decisorios posteriores. De manera inmediata se ha constituido el Consejo para la Transparencia y creado el Consejo Asesor de Participación Ciudadana. El expreso reconocimiento que se hace a la sociedad civil para opinar, debatir, argumentar, formular propuestas y colaborar en los asuntos públicos, marcarán las políticas que se adopten, aunque se practique con “sentido deliberativo”, es decir, “con capacidad de influir, no de decidir”. Escenario diferente al que existía y que genera expectativas en cuanto a su desarrollo y aplicación por cuanto se regirán por principios que tendrán que rebasar los límites de lo programático para “plasmarse en derechos concretos de los ciudadanos y obligaciones específicas de la Administración Pública...”, tal y como dice el texto legal.

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- XVII Se anticipaba con anterioridad el debilitamiento del “bipartidismo” a partir de las Elecciones de mayo 2015, y ello por efecto de la desconfianza en los partidos políticos que lo protagonizaban. Hecho que ha posibilitado la incorporación de otros colectivos, concretamente los de PODEMOS y CIUDADANOS, con referencia a la Región de Murcia, aunque en Municipios se han registrado otros distintos. La variación experimentada es que la Asamblea Regional siempre presentó mayoría absoluta de uno u otro Partido; Izquierda Unida consiguió presencia, pero entre uno y cuatro Diputados, y CDS uno, según Legislatura. Es decir; la composición de la Cámara correspondía en más del 90% a PSOE y PP. Sin embargo, la IX Legislatura presenta una configuración diferente: PP ocupará 22 escaños de los 45 que la integran, faltándole uno para mayoría absoluta. Pero PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS acumulan el resto, 23 con distribución desigual. Aunque gobierne el PP por abstención de Ciudadanos, es claro que el Ejecutivo está condicionado en gran medida, incluso puede verse obligado a cumplir acuerdos que no comparta o que afecten a la Hacienda Regional. Se abre, pues, un paréntesis para poder ponderar la nueva situación en orden a la adopción de decisiones trascendentes para la defensa de los interese generales de la Región. Pero no debe olvidarse, de principio, que el “pluralismo y la libertad de asociación política” pueden resultar válidos para el perfeccionamiento de la democracia y la convivencia pacífica, siempre y cuando se gestione con responsabilidad y equilibrio. No es hora de exponer otras opiniones hasta tanto transcurra el tiempo preciso para la valoración objetiva de resultados.

- XVIII Examinado el comportamiento de los Medios de Comunicación Social durante el proceso autonómico, y de manera especial en los últimos años que han propiciado el cambio que se registra, ha de concluirse en el reconocimiento de la función extraordinaria que, desde el punto de vista informativo, llevaron a efecto: 1) proyectando a la opinión pública el significado y alcance del nuevo sistema de organización territorial y su repercusión en la Región de Murcia; 2) alimentando esa cultura con una permanente y ordenada exposición de los aspectos principales en

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cuanto a competencias, prestación de servicios, fiscalidad y financiación, entre otras, de manera que esa información básica permitiera al ciudadano el seguimiento del caminos emprendido hacia el autogobierno en temas esenciales, así como analizar, comparativamente, lo sucedido en otras Comunidades; 3) cultivo el remarcado que se convirtió en estímulo para desarrollar la denominada “conciencia regional”; 4) sirviendo a la publicidad de programas e inversiones de las distintas Administraciones Públicas, así como de vehículo para las demandas de los ciudadanos abriéndose al pluralismo sociológico, y sin atender presiones de terceros, es decir, actuando con claro nivel de independencia, pese a las críticas recibidas; 5) especial atención prestaron a los casos de corrupción registrados en la Región, dando cuenta de ellos a la sociedad civil que, de otra forma no hubieran tenido conocimiento; 6) haciéndose oír en los temas reivindicativos de la Región y defendiendo los intereses generales de la misma, hasta el extremo de servir, en ocasiones, de fundamento al Gobierno Regional o a los Ayuntamientos; 7) sus hemerotecas son fiel exponente de la historia de cada día de la Autonomía y referencia inexcusable para analistas y estudiosos. Los aspectos polémicos que pueden ofrecer se contraen, casi de manera exclusiva y excluyente de otras, a la denuncia de los casos de irregularidades y corrupción que plantean, dando lugar a los denominados “juicios paralelos”. Es cuestión de extrema sensibilidad para la persona en general y el personaje político en particular. Evidentemente se registraron precipitaciones al dar noticias, errores en determinados hechos, etc., pero el balance de casi cuarenta años no puede presentar mejores resultados. Sobre todo cuando los valores que defiende la sociedad civil son más restrictivos que los de la Administración de Justicia.

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Antonio Gómez Fayrén Presidente del Consejo Jurídico Región de Murcia (Del Prólogo del libro)

LA REGIÓN DE MURCIA PROCESO AUTONÓMICO LA REGIÓN YDEEL MURCIA Y EL PROCESO AUTONÓMICO

Clemente García García

LA REGIÓN DE MURCIA LA REGIÓN Y EL PROCESO DE MURCIA AUTONÓMICO Y EL PROCESO AUTONÓMICO Balance político, social, cultural, económico y jurídico del periodo 1978-2015

Región

Ramón Luis Valcárcel Siso Presidente del Ejecutivo Regional (1995-2014)

de Murcia

Clemente García García

Región

de Murcia

Con anotaciones autobiográficas de Presidentes de Asamblea y Gobierno Regional. Murcia, 2015