¿Por qué no reformar el modelo migratorio, ahora que nos interesa? Por: Gonzalo Fanjul | 03 de octubre de 2013
Momento de una concentración celebrada en Bilbao contra las limitaciones a la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes sin
papeles. / LUIS ALBERTO GARCÍA [ACTUALIZACIÓN A LAS 22h: leo con espanto la tragedia que se ha producido en Lampedusa. Podemos mirar este asunto desde la perspectiva que queramos, pero es difícil no pensar que Europa tiene una responsabilidad directa en estas muertes y en las miles que ya se han producido en el Mediterráneo. Es nuestra estupidez la que fuerza estas salidas desesperadas.] Ayer supimos por el INE que España vuelve a ser un receptor neto de remesas de emigrantes. La constatación encaja con los estudios que sugieren que las cifras reales de emigración desde España son muy superiores a las que declara el Gobierno (700.000 entre 2008 y 2012, de acuerdo a un reciente trabajo de la investigadora del CIS Amparo González-Ferrer, frente a los 225.000 reconocidos oficialmente). La posibilidad de desarrollar una carrera profesional e incluso establecerse de manera definitiva fuera de nuestro país es dolorosamente real para muchos de nuestros compatriotas, que se enfrentan en Brasil, Estados Unidos o Inglaterra a las mismas dificultades y expectativas por las que han pasado la generación de extranjeros que recibió España entre 1995 y 2010. Quieren, sencillamente, la oportunidad de establecerse, trabajar con derechos y ver garantizados los servicios esenciales de sus familias. No se van para operarse, ni
huyen de un cataclismo natural, ni pretenden subvertir el orden moral establecido con su gazpacho y su manía de hablar pegando voces. Si es así, si los trabajadores españoles son los primeros interesados en establecer un modelo de movilidad digno y seguro, ¿por qué se empeñan nuestros gobiernos (el de ahora y los de antes) en perpetuar esta antigualla legal que constituye el régimen migratorio global? ¿Porque las únicas reformas que han sido aplicadas o anunciadas en los últimos años consisten en amargar la existencia a los extranjeros en situación irregular, convertir la concesión de permisos de residencia en un sistema de subastas para oligarcas o retirar vergonzantemente los obstáculos que impusimos a algunos países y que hoy vuelven contra nosotros como un bumerán? Estas preguntas son especialmente relevantes esta semana, porque por primera vez en siete años se celebra en la ONU el Diálogo de Alto Nivel sobre Migraciones y Desarrollo. La reunión es una oportunidad única para recordar a la comunidad internacional la importancia de un asunto central del siglo XXI, sujeto a modelos institucionales bismarckianos. Entre 250 y 300 millones de personas son consideradas en este momento emigrantes económicos. Según la OIM, un 40% por ciento de ellos se desplazan entre países en desarrollo y un 22% lo hacen entre países desarrollados. La cifra de quienes se desplazan del Norte al Sur es del 5% y creciendo rápidamente. Cada uno de ellos constituye un agente activo de desarrollo para sus familias, sus países de origen y los de destino. Envían dinero a casa, emprenden, pagan impuestos, enriquecen la cultura de las comunidades de acogida y muchos retornan a sus regiones de origen más capaces, más valientes y mejor formados. Existen problemas, por supuesto, pero los beneficios son infinitamente mayores que los costes. Por eso merecen un sistema migratorio mucho más seguro y sofisticado del que existe ahora. Mientras la comunidad internacional ha sido capaz de construir acuerdos más o menos imperfectos en materia de crímenes contra la humanidad, cambio climático o energía atómica, la movilidad internacional de trabajadores sigue sometida a todo tipo de obstáculos que incrementan el sufrimiento de quienes emigran y disminuyen los beneficios para el interés común. La paradoja es que, mientras los ministerios españoles de interior, trabajo o justicia se han negado de manera sistemática a dar pasos en la dirección correcta (para empezar, firmando el modesto Convenio de la OIT sobre Trabajadores Migrantes), nuestra cooperación oficial ha estado detrás de algunos de los experimentos más interesantes que se han producido en este campo los últimos años. El Proceso de Rabat, por ejemplo, es un esfuerzo limitado pero lúcido para establecer lazos entre las instituciones africanas y europeas responsables de la emigración (mañana tendremos en este blog una entrada de la FIIAPP, la fundación pública española que ha estado liderando este proceso). La crisis ha empujado a las familias españolas a hacer cosas que nunca imaginaron. Una de ellas es emigrar. Aprovechamos la ocasión para ponernos en el lugar de otros y promover un modelo migratorio más justo y más inteligente. http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/por-que-no-reformar-el-modelomigratorio-ahora-que-nos-interesa.html