En 2014 se subvencionará con 800 millones a los canales autonómicos que acumulan deudas por 1 600

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economía LUNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2013

En 2014 se subvencionará con 800 millones a los canales autonómicos que acumulan deudas por 1.600 Cataluña, País Vasco y Andalucía mantendrán sus entes públicos, pero con recortes del 20% David González / Madrid El cierre de Canal 9 ha puesto a las televisiones públicas autonómicas en el punto de mira. Mientras los empleados de la cadena valenciana continúan sus protestas, el presidente de la Comunidad, Alberto Fabra, ha dado un paso más hacia su liquidación. Este jueves, la Generalitat nombró a un nuevo director general y a varios consejeros, que se harán cargo del ente hasta su desaparición. Por su parte, el presidente madrileño, Ignacio González, insiste en que cerrará Telemadrid si la Justicia rechaza el ERE que se les ha aplicado a 861 trabajadores. En total, los 13 canales regionales existentes en España acumulan más de 1.600 millones de deuda y recibirán 800 millones de euros de subvenciones el año que viene, el 10% menos que en 2013. Las cadenas regionales han sufrido desde 2008 una serie de recortes que, de acuerdo con la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), ha provocado la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y es posible que antes de que termine la crisis se destruyan otros 4.000 empleos más. Aun así, según la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), esto no ha sido suficiente para reducir la deuda, cuyo 93%, cerca de 1.500 millones, se concentra solamente en Canal 9 y Telemadrid.

¿Más privatizaciones? Tal y como apuntan fuentes del sector, el cierre y la liquidación de la televisión valenciana causará un efecto dominó que podría extenderse en el corto plazo a Madrid, y también a Baleares y Castilla-La Mancha. De acuerdo con dichas fuentes, el modelo a seguir es el que ya se ha adoptado en Castilla y León, Murcia y Navarra. Un grupo privado, Radio y Televisión de Castilla y ©EP León (RTVCyL), emite desde 2009 en esta región, en la que no existe ninguna cadena pública. En Murcia, el Gobierno ‘apagó’ en 2012 durante varios meses su canal, 7RM, con el fin de adjudicar su gestión a otra empresa privada. El año pasado empezaron también las emisiones de Navarra Televisión, creada tras la fusión de Canal 6 y Popular TV. Todas estas cadenas tienen algo en común: aunque son sociedades anónimas, una parte significativa de su financiación se realiza por medio de subvenciones públicas, ya que así lo permite la actual Ley del Sector Audiovisual. El mejor ejemplo lo constituye RTVCyL: de los 22 millones de euros que constituyen su presupuesto para 2013, el 70% proviene de las arcas regionales.

Televisiones privadas… con fondos públicos Según el director de la cadena, Eduardo Álvarez, este modelo de colaboración público-privada “funciona tanto en épocas de bonanza como de crisis”. Un argumento similar es el que esgrime el Gobierno balear, que ya está estudiando cómo implantar un modelo similar al de Murcia en su cadena pública de radio y televisión, IB3. Dicho ente corrió un serio riesgo de quebrar el año pasado, cuando sus gastos superaron en 15 millones de euros a su presupuesto. Esta suma fue cubierta con una aportación extraordinaria por parte del Ejecutivo autonómico, que le ha asignado un total de 32 millones en sus presupuestos de 2014. En cuanto a Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM), que cuenta con un presupuesto de 36 millones para el año que viene, se estima que cerrará 2013 con unas pérdidas de 142 millones.

Un negocio “ruinoso” Por ello, y pese al optimismo de los defensores de la colaboración-público privada, se espera que, si finalmente se opta por este enfoque, las nuevas cadenas “puedan sufrir pérdidas al menos durante cinco de los primeros años de su existencia”, indica Santiago Rodríguez, asociado del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa legalmente a la Asociación española de televisiones digitales privadas autonómicas y locales (Asodal). Esas pérdidas podrían superar los 500 millones de euros anuales. El motivo es el mismo que el que ha llevado a Canal 9 al cierre: el desplome de los ingresos por publicidad, que según la agencia Infoadex se redujeron el 18,9% en 2012, hasta los 1.815 millones de euros. En opinión de Santiago Rodríguez, las televisiones privadas regionales y locales tendrán “muchas dificultades” para poder comprarles a los gobiernos autonómicos las licencias de las cadenas que se liquiden. Y, para las grandes cadenas, este será “un negocio ruinoso”. Así lo afirma Enrique Bustamante, catedrático de la UCM, colaborador de la Fundación Alternativas y miembro del ‘comité de sabios’ al que en 2004 se le encargó la reforma de Televisión Española. En su opinión, ante el hundimiento de los ingresos y el descenso de las audiencias –Canal 9 y Telemadrid tienen una cuota de pantalla de menos del 5% en sus respectivas comunidades– el único atractivo que los grandes grupos televisivos pueden encontrar en las privatizaciones de los canales regionales no es otro que las subvenciones.

Más que un canal No obstante, ni Canal 9 ni Telemadrid –cuyo presupuesto para 2014 es de 80 millones– son las televisiones más costosas para el erario público. La más cara es la catalana TV3, que el año que viene recibirá de la Generalitat 209 millones, tres más que en 2013. Le siguen la vasca EiTB, con un presupuesto de 122 millones, y la andaluza Canal Sur, con 164 millones. No parece probable que ninguna de ellas vaya a ser privatizada. Según las fuentes consultadas, tanto Canal Sur como EiTB “están teniendo resultados aceptables y están logrando contener sus gastos”.

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En cuanto a TV3, en 2008 llegó a acumular una deuda de 1.000 millones de euros, que sin embargo se ha reducido a 25 millones, gracias a las subvenciones de la Generalitat. Según Santiago Rodríguez, su arraigo entre el público catalán ha hecho que en la actualidad sea “mucho más que un canal” para el Gobierno de Artur Mas, que lo vería como “el mejor instrumento para divulgar su discurso soberanista”. Pero esto no impedirá que, a corto y medio plazo, los presupuestos de las tres cadenas se vean reducidos en torno al 20% interanual.

Modelos de éxito Frente a la situación de estas cadenas, Enrique Bustamante apunta que existe otro grupo, formado por varias televisiones autonómicas de reducidas dimensiones, que están consiguiendo “ofertar un servicio público con éxito y alcanzar cuotas de pantalla de cerca del 15%”. Este sería el caso de la gallega TVG, la asturiana TPA y las cadenas públicas aragonesa y extremeña. Con la excepción de TVG, cuyo presupuesto ronda los 100 millones de euros, las demás se mantienen con unos 20 millones al año. El problema es la falta de publicidad.

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