Soy Cuotista ¿Y Qué? by Fundación Chile 21

SOY CUOTISTA ¿Y QUÈ? ARGUMENTOS PRO IGUALDAD POLÍTICA DE GÉNERO EN UN PÀRAMO LIBERAL María de los Ángeles Fernández* COLECCIÓN IDEAS AÑO 7 N° 66 Julio 2006

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Cientista político. Directora Adjunta, Fundación Chile 21

SOY CUOTISTA ¿Y QUÉ? ARGUMENTOS PRO IGUALDAD POLÍTICA DE GÉNERO EN UN PÁRAMO LIBERAL

A modo de preámbulo La llegada de una mujer por primera vez a la Presidencia de la República, en Chile, y su decisión de constituir un gabinete paritario, no sólo es una experiencia relativamente inédita, por lo escasa, en las democracias occidentales. Para el caso de nuestro país, ha servido para saldar una cuenta pendiente con las mujeres en materia de participación política, arrastrada durante todo el período de transición a la democracia. La presencia de Michelle Bachelet a la cabeza del gobierno genera múltiples expectativas y esperanzas, no sólo a nivel del ciudadano común y corriente y de las mujeres en particular, sino en la academia y en el ámbito de investigación denominado “Women Studies”. Así, surgen preguntas como las siguientes: ¿estamos asistiendo, en Chile, a un cambio cultural en curso que ha posibilitado el avance y asentamiento del valor de la igualdad de género?; si fuera el caso ¿es un fenómeno generacionalmente parejo?; ¿es el liderazgo femenino en política, distinto al masculino?, ¿veremos prontamente atendidas en la agenda, desde el punto de vista de las políticas públicas, los temas que más preocupan a las mujeres?; ¿qué consecuencias tendrá este fenómeno para la vida interna, así como para los diseños programáticos de los partidos políticos?, ¿qué efecto tendrá, en los procesos de socialización política de niños y niñas, el que una mujer sea Presidenta?; ¿tendrá consecuencias en el acceso a la vida pública de las mujeres, en un sentido más integral?, ¿qué modificaciones se producirán en las relaciones más amplias, entre hombres y mujeres? y, así, suma y sigue. En general, todo este cúmulo de preguntas legítimas se organiza en torno a una interrogante más amplia: ¿hacen las mujeres la diferencia en política?, existiendo una expectativa general en la literatura sobre mujeres y su relación con la política (particularmente para el caso de la arena parlamentaria) acerca de que éstas impactarán en este ámbito de diferentes formas (Galligan y Tremblay 2005): - En un primer nivel, existe la expectativa de que las mujeres electas proveerán modelos de rol para otras mujeres y que su presencia será simbólicamente importante en difundir un mensaje de que la política es una arena en la que las mujeres pueden contribuir tan plenamente como los hombres. - En un segundo nivel, existe la expectativa de que las mujeres parlamentarias intentarán influir en la cultura política, la agenda parlamentaria y los resultados políticos, trayendo una perspectiva diferente para manejar los asuntos públicos y formas de trabajo distintas, provenientes de una comprensión generizada del mundo.

Esto presupone que hay un nivel razonable de conciencia generizada entre las mujeres electas. Sin embargo, la experiencia indica que no siempre es el caso. Suele primar la adhesión al partido antes que la condición sexual y, de forma particular, las mujeres conservadoras no están preocupadas, e incluso rechazan deliberadamente, un análisis generizado de los temas políticos. - En un tercer nivel se sitúan las preocupaciones de cómo trabajan las mujeres al interior de las instituciones políticas, particularmente parlamentarias. La idea es indagar si se produce un efecto femenino en los estilos de liderazgo político en el proceso de toma de decisiones parlamentaria. Este punto coloca una tensión evidente con la pertenencia al propio partido, el vínculo con los representados y otro tipo de temas tales como los étnicos, religiosos o de representación de otros grupos sociales que no están conformes con el perfil convencional de un diputado/a. Por razones de espacio, resultaría difícil y demasiado ambicioso tratar de responderlas todas. Es por ello que decidimos optar por abordar el primero de los temas que emergió en el debate público en cuanto la Presidenta Bachelet nombró su gabinete paritario y su recién estrenada Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, manifestó el interés del nuevo gobierno en avanzar en la concreción de una ley de cuotas de manera de posibilitar la presencia femenina en el Congreso. Es ésta una medida contemplada en el Programa de Gobierno de la Concertación, en el capítulo titulado “Nuevo trato ciudadano”, bajo el título “Acción afirmativa”: “Uno de los principales retos que tenemos como sociedad es superar las desigualdades históricas. Esa desigualdad se refleja en la marginación de las mujeres de los cargos públicos y representación popular. Promoveremos decididamente medidas de acción afirmativa para restablecer los equilibrios de género, asegurando una representación mínima de mujeres en el Parlamento. Generaremos los incentivos necesarios para que los partidos políticos incluyan más mujeres en sus listas de candidatos. Estas medidas serán de carácter temporal y sólo para compensar las desigualdades de representación de las mujeres en la vida pública”. Los comentarios y reacciones encontradas no se hicieron esperar, a pesar que ya cundía el sopor estival del mes de enero. El debate reemergió recientemente, cuando el gobierno formó un grupo de estudio, integrado por expertos electorales y académicos, para analizar propuestas de reforma al sistema electoral. Efectivamente, un contexto como es la reforma de este tipo de marco normativo e institucional, más allá de un cierto ingrediente histórico-épico (por su carácter de excepcionalidad ya que constituye el tipo de reformas que se hace de manera espaciada, en el tiempo y suele involucrar acalorados debates acerca de los principios que fundamentan la convivencia democrática), aparece como particularmente propicio para analizar los valores que sustentan nuestros arreglos institucionales como sociedad y la forma en que se expresa uno de los más 3

importantes, la representación. En este marco, no debiera descuidarse la necesidad de integrar otras demandas en curso en la sociedad chilena como es la igualdad política de género. A nuestro juicio, incorporar medidas de acción positiva que permitan que las mujeres se abran paso al interior del sistema político se explica por la urgencia de sintonizar con el momento de cambios culturales y de modernización que vive el país, por un sentido esencial de justicia política y por la necesidad de redefinir la esfera pública y “densificar” la democracia, entre otros argumentos a favor. El panorama no deja de ser preocupante: a nivel del Congreso, entramos en el año 2006 con una presencia de 15,8% de mujeres en la Cámara Baja y un 5,2% en el Senado. La representación parlamentaria femenina promedio es, a nivel mundial, de 16,4% (ver cuadro adjunto no. 2). Este documento tiene, como primer objetivo, contribuir pedagógicamente al debate en curso, ejercicio no siempre posible por dos motivos: uno, porque en temas como éstos, los estereotipos y caricaturas están a la orden del día y dos, porque los circuitos comunicacionales en los que discurre nuestra conversación social presentan sesgos conservadores particulares lo que no permite disponer de la pluralidad de puntos de vista existentes sobre este tema. Una segunda intención es coadyuvar a esclarecer los motivos por los cuales nuestro país se muestra tan renuente a integrar, en el plano interno, las normas internacionales que relacionan la igualdad de género con la democracia. Visto en perspectiva, llega a resultar curiosa la resistencia que nuestras elites políticas de todo el espectro han demostrado a la adopción de cuotas políticas, dado el efecto de contagio producido en otros contextos por la difusión internacional del principio de equidad y de esta forma de obtenerla. Efectivamente, para muchos países han resultado trascendentales los escenarios globales de discusión sobre la condición de la mujer promovidos por Naciones Unidas, desde 1975 y, más particularmente, la IV Conferencia celebrada en Beijing en 1995, con su Plataforma de Acción (Htun 2005, Wills 2005). El documento se organiza de la siguiente forma: junto con un primer apartado conceptual, que explica en qué consisten las cuotas, incorporamos una breve historia de los sucesivos intentos por emprender una ley de cuotas, durante los últimos años, para centrarnos posteriormente en problematizar algunos de los argumentos más recurrentes utilizados por aquellos que rechazan dicho mecanismo. Finalizaremos reconociendo que nuestro país, a partir del marco jurídico-constitucional que orienta nuestra convivencia democrática, está particularmente mal equipado para responder a las condiciones de existencia y posibilidades de emprender un plan de vida razonablemente igualitario por parte de grupos tradicionalmente postergados, entre los cuales se encuentran las mujeres. En una perspectiva más práctica, se anexan un conjunto de cuadros y datos estadísticos que muestran tanto la evolución de la situación de la mujer en las instancias de representación política como la situación de la misma en los 4

países que han aplicado las cuotas. Es importante advertir las enseñanzas de la experiencia comparada en la materia, aunque ello escapa a las intenciones del presente documento, que muestra que es necesario tener a la vista un conjunto de factores institucionales tales como un sistema electoral proporcional, alta magnitud del distrito, lista cerrada, mandato de posicionamiento y sanciones, para que estas medidas sean realmente efectivas y, no se conviertan en un saludo a la bandera. ¿Qué son las tan mentadas cuotas? La palabra “cuota” no está muy prestigiada. Debemos reconocerlo. El uso que se la ha dado en nuestro país lleva a asociarla con la idea de compensación o subsidio no merecido. En el debate en curso, ha llegado a ser bastante manoseada periodísticamente. Es por eso que, inclusive, algunas/os de los defensores de este tipo de mecanismos visualizan que sería más oportuno hablar de paridad, directamente. En política, la acción positiva se propone modificar las prácticas actuales por las cuales las mujeres quedan subrepresentadas en las esferas de poder y aumentar la capacidad de participación en la toma de decisiones y en los niveles directivos, de modo de superar los prejuicios y las barreras que operan, dificultando o bloqueando las carreras políticas. Siguiendo a Marqués-Pereira (2001), se han propuesto dos tipos de soluciones para terminar con la subrepresentación de la mujer en las asambleas parlamentarias: los cupos y la paridad. Los cupos son un sistema de porcentaje-meta cuyo punto de partida es la constatación de que persisten desigualdades flagrantes en el acceso de las mujeres a las posibilidades políticas. Se trata de una medida de recuperación que tiende a compensar el desequilibrio, creado por la división social del trabajo, que existe en desmedro de las mujeres y a compensar el hecho de que no se las tome en cuenta en las distintas esferas de la vida social. La paridad, que sería un sistema de cupos exactamente proporcionales adaptado a las mujeres, busca consagrar al individuo sexuado y no al individuo abstracto, y tiene por objetivo superar el dilema igualdad real versus igualdad formal. Supone un reconocimiento de la dualidad sexual del ser humano, y sería un sistema de cupos exactamente proporcionales, adaptado a las mujeres. Algunas precisiones a favor de ambas medidas: 1. La paridad implica un desdoblamiento, con valor simbólico. La reivindicación paritaria cuestiona más bien los mecanismos político-institucionales que son un obstáculo para la representación de las mujeres en lo político, más que los mecanismos de corte sociocultural (la existencia de doble jornada para las mujeres, por ejemplo).

2. La paridad se inserta en el marco de una política de la presencia, en desmedro de una política de las ideas. Su interés radica en hacer aparecer y reconocer de manera visible a las mujeres como representantes de lo universal y no de lo particular, revelando la dualidad del género humano y con un alto valor simbólico, siendo más importante que el contenido de las propuestas y de las posiciones políticas que se defienden. 3. No se ubican en la perspectiva de la igualdad de oportunidades, sino que en una representación igualitaria, que significa reivindicar el derecho a ser elegida con el fin de obtener un equilibrio entre hombres y mujeres, no sólo en las instancias deliberativas, sino que también en las instancias de decisión pública y política. Cuando el debate se planteó en Francia, con relación a la concreción de la fórmula paritaria, los partidarios de esta medida argumentaron -de manera sugerente, a nuestro juicio- que las mujeres no representan una categoría como las otras. La femineidad representa la primera y universal división del mundo en dos partes equivalentes y su perennidad no podía ponerse en cuestión. Se señalaba que la femineidad, al igual que la masculinidad, es una categoría universal y que no significa reivindicar la particularidad por lo que el riesgo de constitución de una comunidad de mujeres no existiría (Dulong 2005). El caso de Chile: historia de intentos frustrados Durante estos años de transición a la democracia, y en relación a medidas afirmativas temporales, se han presentado dos iniciativas parlamentarias. En agosto del 2002, un proyecto de ley de cuotas que asegurase un 30% de mujeres en las listas de candidatos/as a elecciones parlamentarias y municipales. En marzo del 2003, un nuevo proyecto que establece un criterio de proporcionalidad en estas candidaturas, de forma que ningún sexo supere el 60% en las listas. Si bien se hizo el esfuerzo, ambos presentaban debilidades: aseguraban la participación de las mujeres en las candidaturas pero no establecían mecanismos para que la cuota o proporcionalidad se garantizase en la elección y, en segundo lugar, los gobiernos anteriores no le dieron prioridad a ninguno de los dos proyectos y es bien sabido el destino que tienen este tipo de propuestas en el sistema legislativo chileno: dificultades para su discusión y eventual aprobación (La Morada 2004). Hasta el momento, las cuotas de participación sólo son utilizadas en las elecciones internas de algunos de los principales partidos políticos chilenos, cautelando al nivel de los estatutos internos, la representación de las mujeres en las listas y en los organismos colegiados partidarios. Nos referimos al Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Democratacristiano. Su efectividad ha resultado muy variable, pero hay coincidencia en señalar que es en el PPD donde se ha observado en mayor medida.

En el año 2002, un estudio encargado por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) al Centro de Estudios de la Mujer (CEM), titulado “Percepción de los líderes políticos y sociales sobre la ley de cuotas: contenidos y factibilidad”, señalaba en sus conclusiones que, debido a una falta de posicionamiento del tema al interior de los partidos de la Concertación, así como a nivel de las dirigencias sociales, de ciertos actores relevantes y de la opinión pública en general, se recomendaba diseñar una estrategia de posicionamiento del tema, tanto al interior de los partidos indicados como de manera transversal, no limitándose solamente al punto político-partidista. Avanzaba dicho estudio en que tal estrategia debería considera la posibilidad de generar un amplio consenso ciudadano, situándolo como un tema de la sociedad en su conjunto y trabajar en dilucidar los prejuicios y el desconocimiento, no sólo de las cuotas como medidas en sentido específico, sino acerca de la actual discriminación de la mujer en el ámbito de la política. Avanzaba en la necesidad de generar estrategias a nivel del debate, comunicacionales y de diálogo transversal, al menos, en tres campos: políticosocial; técnico-académicas y culturales. Han pasado cuatro años de este diagnóstico. Es cierto que, en el Chile reciente, los asuntos relacionados con la situación de la mujer han sido crecientemente polémicos, con intensos desacuerdos que han dividido a las mujeres entre partidos y clases, y aún con más profundas divisiones, personales y estratégicas. Igualmente, se ha señalado que los logros reconocidos del movimiento de mujeres en la generación de debates, en construcción de nuevas agendas, así como su influencia sobre los comportamientos de otras fuerzas políticas y la experiencia ganada en interlocución con gobiernos y parlamento, no ha dado lugar a una presencia significativa de mujeres en los procesos centrales de reformas que, no sólo se llevan a cabo en Chile, sino en la región en su conjunto (Baldéz 1999, Guzmán 2003). Hoy, la situación ha cambiado. A la presencia de una mujer en la Presidencia se suma un gabinete paritario. Los estudios de opinión arrojan que hay altas expectativas de las mujeres con relación al desempeño del gobierno. Está claro que hay que tomar medidas y que no se puede esperar más tiempo. Dado que, de entre todas las relaciones sociales, la reivindicación paritaria confiere un estatus de primer rango a las relaciones de género, la Presidenta Bachelet se verá en la obligación de hacerse cargo de las expectativas que se han desatado. A lo largo de estos años, y a pesar del evidente protagonismo que tuvo el movimiento de mujeres en la recuperación de la democracia, se había instalado comunicacionalmente la visión estereotipada, elevada casi a la categoría de sentido común, acerca de la probabilidad de que los intereses públicos de las mujeres no se canalicen a través de la política o que, al igual que los hombres, éstas preferirían autoexcluirse de algunas actividades (El Mercurio 2006). Sin embargo, encuestas de opinión revelan otras situaciones: la escasa presencia de las mujeres en la vida política se traduce en malestar, tal como lo reveló un estudio sobre percepciones políticas de las mujeres realizado por La Morada y la Corporación Humanas, en el año 2005. El 49,3% decía no sentirse representada por el sistema político actual. Consideran que la principal dificultad que enfrentan 7

las mujeres en la política se debe a los propios hombres, que les niegan el espacio (41,5%). El 68% de las chilenas estaría de acuerdo en que exista una ley que asegure cuotas a las mujeres para acceder a cargos públicos. En su gran mayoría (61,8%) estiman que los avances logrados se deben a su propio esfuerzo, seguida de un 19% que considera que es producto de los avances de la humanidad. Otorgan poca utilidad a las instituciones democráticas: un 4,2% coloca los beneficios que otorga el Estado y un escaso 2,8% a las ideas que han promovido los partidos políticos. Las mujeres se sienten poco representadas en el gobierno (56,2%), en el parlamento (69,5%), en los municipios (66,3%) y en los partidos políticos (67,7%). Comparten con los hombres el desinterés por la política (63,3%) pero participan de manera más creciente en las instancias estatales y en los partidos políticos, y ejercen en mayor proporción el derecho al voto. Una muy reciente encuesta encaminada por Mori, de fecha junio 2006, titulada “Evaluación de las mujeres en política”, refleja una sensación generalizada de refuerzo de autoestima, para el caso de las mujeres. Se registra un alto grado de confianza política y económica de las mujeres en el gabinete, con un 42% en las mujeres versus un 31% en los hombres. Tenemos en el horizonte, por tanto, un clima de expectativas generalizadas acerca del desempeño de las mujeres y que éstas pueden hacerlo bien. Sólo falta que se abran más espacios y oportunidades. Algunas falacias argumentales al desnudo Sostenemos que buena parte de los argumentos que se reivindican en contra de la posibilidad de una ley de cuotas constituyen clásicas falacias. Las falacias son errores en los argumentos. Se dice que para entender una falacia, hay que entender cuál es la regla argumental que viola (Weston 2003). A continuación, nos ponemos manos a la obra en nuestra empresa de desnudar las falacias que están a la base de algunos argumentos que han saltado a la palestra pública, en orden a impedir, a través de ciertas operaciones discursivas, la concreción de una ley de cuotas femeninas: 1. La falacia del mérito o el olvido de las alternativas: Este planteamiento resulta clásico en boca de mujeres que han logrado llegar a la cima política y supone una extrapolación de los supuestos que están a la base de la institución de la representación política, de acuerdo al ideario liberal de carácter universal de forma que, cuando se elige, se opta por los más idóneos y capaces. Afirman que las mujeres pueden llegar por su propia capacidad y mérito, olvidando no sólo sus propias experiencias y rutas de acceso al poder, en las que muchas han llegado gracias al empujón que significa un apellido político o bien gracias al papel jugado por un “mentor” o “padrino”, normalmente hombre, que las ha catapultado al puesto que hoy ocupan. Resulta curiosa esta forma de “enajenación de género”, un proceso de aculturación por parte de las mujeres hacia el modelo cultural masculino que García de León (1994) tan bien ha denominado el caso de la “abeja reina” y que define de la siguiente forma, en base a una superposición de 8

tendencias: la primera, el que algunas mujeres que han alcanzado altas posiciones en áreas tradicionalmente dominadas por hombres, a sentir que lo han hecho por sus propios méritos, sin ninguna especial consideración de su sexo; la segunda, la disposición a no ahorrar a las otras mujeres los esfuerzos que ellas mismas han tenido que desplegar para llegar al puesto de responsabilidad donde están, incluyendo también la tendencia a sacar gloria y beneficio del hecho de ser tan pocas las de su sexo, en su ámbito y, por último, la disociación de su sexo y a no ser solidarias con los problemas de la mayoría de las mujeres. De esta ideología de la meritocracia, se desprenden varias contrapreguntas: si fuera el mérito el elemento fundamental a la hora de seleccionar a los candidatos, bien a las listas electorales, bien a cargos de designación presidencial ¿por qué hemos visto tantas performances masculinas bastante lamentables?, ¿por qué nos damos cuenta, cada vez más crecientemente, que no es tanto la capacidad entendida como talento y preparación, sino la proyección mediática, lo que cuenta a la hora de escoger a un candidato/a? También podríamos dar vuelta a la pregunta y plantearnos: ¿por qué, a pesar de las evidentes capacidades de tantas mujeres, éstas no logran ser seleccionadas? No nos pongamos una venda en los ojos: ¿cuáles son los factores determinantes a la hora de la selección a un candidato/a? Es cierto que ello dependerá de los requerimientos del cargo y no es lo mismo acceder al poder ejecutivo que al legislativo. Para el primer caso, conserva todavía gran importancia la militancia y adscripción partidaria y, para el segundo, de manera creciente, importan más los atributos personales tales como la capacidad de comunicar y la visibilidad mediática, amén de disponer de los recursos que permitan enfrentar con éxito los onerosos gastos que implica la competencia electoral, que la raigambre local o la militancia continuada de larga data. Ríos Tobar (2006) en un interesante artículo, apunta claramente a los supuestos erróneos en los que se sostiene el argumento del mérito, centrándose en las dinámicas en juego en los procesos de conformación de las listas electorales. Es por eso que este argumento es una falacia clásica de olvido de alternativas, porque ignora que los atributos y dinámicas que suelen estar a la base de los procesos de selección y reclutamiento no sólo pueden, sino que suelen ser, otros. Hardy (2005), en un estudio reciente sobre las características de las líderes política chilenas, informa de la especificidad de género en la formación y reproducción de las élites en Chile: en los varones, la clave del reclutamiento está en los vínculos partidarios y en el ejercicio de cargos de poder al interior de los partidos; en las mujeres, las redes familiares y sociales tienen un mayor peso y significación para ingresar y sostenerse en el poder. La meritocracia es algo admirable en sí mismo pero, en las actuales condiciones, conduce a un estado de cosas más desigual. Bien sabemos a estas alturas que garantizar legalmente los mismos derechos para acceder a las vías del progreso no equivale necesariamente a igualdad de oportunidades. Sólo surtiría un efecto si no existiesen precedentes familiares o, como es el caso de la condición de género, arreglos culturalmente asentados con relación a las diferentes responsabilidades de hombres y mujeres en la sociedad. Insistir sólo en la meritocracia, aunque es 9

algo elogiable, en sociedades como la chilena, se reduce a un mero voluntarismo cuando no a una ceguera cognitiva alarmante. Se ha planteado que este tipo de medidas tendrían efecto contraproducente en las propias mujeres. Si bien podemos sospechar que algunas de las mujeres que ingresan gracias a la ayuda de la cuota pueden sentir lesionada su autoestima y su legitimidad, ésta es más bien una conjetura. Frente a esto, dos apreciaciones: la primera, procedente del mundo académico, informa de observaciones empíricas realizadas en Francia con relación a la paridad que han arrojado que, con relación a la constitución de las listas, la regla paritaria no hace del género un recurso suficiente para ser incluida en una lista: mientras más fuerte es la competencia para acceder a posiciones elegibles, los candidatos/as deben mostrar recursos múltiples (competencia política, profesional, redes personales, apoyo militante, etc), de tal forma que las mujeres que acceden están lejos de estar desprovistas de cualidades y, más bien al contrario, se ha observado una “sobreselección” social de las mujeres electas en las elecciones municipales del año 2001 (Dulong 2005); la segunda, de corte práctico y es que hemos conocido, en nuestro pasado reciente, modalidades de acceso artificial al Congreso, y nadie se ha preguntado si los senadores designados se sentían menos legítimos o, tal como sucede con la fórmula electoral binominal, donde son colocados candidatos sin virtual competencia y con una predecibilidad electoral somnífera. Es cosa de ser incorporado en la lista y sale automáticamente electo. Este procedimiento ¿lesiona su autoestima y su condición de senador?, ¿a quién le ha ganado? Nadie se hace esta pregunta, puesto que son hombres. 2. La falacia del progreso histórico o “post hoc, ergo propter hoc”: Es éste un típico argumento “mercurial” que, incluso, ha sido el centro de uno de sus últimos editoriales titulado “¿Cuotas en política?”. Informando que el número de mujeres en el Congreso ha aumentado, desde un 7,5 % en 1997 hasta un 15%, que es la situación actual, y aún reconociendo que esta participación es baja, se apresura en afirmar que resultaría infundado creer que la menor participación de la mujer en política sea irreversible. Esta visión, que descansa en el progreso imparable de la historia, nos sitúa en una falacia porque es una situación en la que se asume la causalidad demasiado pronto, sobre la base de la mera sucesión en el tiempo. Más de alguno piensa que es cosa de sentarse y esperar: a medida que la participación laboral de las mujeres sea mayor, automáticamente, ello se reflejará en una mayor presencia en la actividad política. Es éste un craso error ya que asistimos a muchos casos de países en los que hay una fuerza laboral femenina alta y ello no se expresa necesariamente en el poder legislativo. Es más, es desconocer que en el fenómeno de subrepresentación política femenina inciden factores variados, tanto estructurales, culturales como político-institucionales, y no resulta fácil aislar solamente una causa para entender la profundidad del problema y que, inclusive, es posible percibir distancia entre participación laboral femenina y participación parlamentaria femenina (ver cuadro no. 4).

El que esta falacia se instale sin mayor debate es preocupante. Basta sólo advertir lo que señala un informe de la Corporación La Morada (2004), citando un estudio de la Fundación Instituto de la Mujer: si se deja sólo en manos del progreso, la discriminación de las mujeres en Chile tardaría aproximadamente 44 años en ser corregida. Casi medio siglo para que las mujeres alcancen el 40% de los puestos de representación popular. Esta proyección es coincidente con el ritmo de crecimiento de diputadas, desde 1990 a la fecha, de 2,5% por elección y con el virtual estancamiento en el Senado, desde 1998. Con este ritmo, las mujeres alcanzarían un 30% en el año 2030 (Ríos Tobar 2006). ¿Habrá paciencia para ello? 3. La falacia de los incentivos o la pista falsa: En el Chile actual, todo parece resolverse mediante incentivos ¿por qué no trasladarlo también al plano de la promoción de una mayor presencia de mujeres en política? Recurrir a incentivos, no sólo es un ejemplo de contrabando semántico, en el sentido de que es un típico instrumento económico que se extrapola a otros ámbitos, en base a la creencia de que las preferencias de las personas se orientan indefectiblemente por la maximización de sus utilidades (presuponiendo actores que se mueven racionalmente, con independencia emocional e información) sino que, con relación a la envergadura del tema que estamos tratando, introduce un aspecto irrelevante a fin de desviar la atención de la cuestión principal. La pista falsa se refiere a una cuestión acerca de la cual las personas tienen opiniones contundentes, para que nadie advierta cómo se está desviando la atención (Waston 2003). Reducir el tratamiento del problema a puros incentivos, y si es que éstos no se traducen en estímulos consistentes o en sanciones de impacto, puede resultar inconducente frente a las formas en las que actúa el género, entendido como un principio dinámico de conducta de interacción. Nos referimos a que el género se expresa en construcciones culturales, con asideros estructurales y sociales un tanto extraños: son evidentes pero, al mismo tiempo, son invisibles. Los arreglos acerca del género, en las sociedades, están frecuentemente naturalizados y son vistos como la forma en que las cosas deben ser. En segundo lugar, las relaciones de género tienen lugar en una multiplicidad de espacios, interactuando y reforzándose mutuamente, de forma acumulativa e interinstitucional (hogar, trabajo, colegio, medios de comunicación, etc). Si no se tiene a la vista las características informales y personales de la discriminación que experimentan las mujeres (Randall 1991; Burns 2005), difícilmente se podrá hacer un diagnóstico certero y diseñar las medidas oportunas para las correcciones que hay que hacer, en el plano de la desigualdad política. Conclusiones Chile es ejemplo de caso donde la influencia de la cultura política hegemónica no puede ser ignorada a la hora de impulsar medidas como las cuotas. Las dificultades para su implementación han resultado, si cabe, mayores que en otros contextos. No en vano, y con más de dieciséis años de transición a la democracia, 11

cada vez que se impulsa un debate sobre estos temas, es prontamente abortado tanto por los medios de comunicación como por las reacciones de una parte considerable de la clase política. Sin embargo, dada la condición generizada del poder ejecutivo del Chile actual ¿cómo seguir eludiendo este debate, sin que resulte entre artificioso y chocante?, ¿es posible hacerlo mediante el recurso a cualquier tipo de medidas de compromiso que no supongan un impacto evidente y rápidamente observable en cifras?, ¿cómo enfrentar la caricatura de ser tachada de “cuotista” cuando representa la misma dignidad en luchas y derechos de lo que hacían las primeras sufragistas, cuando demandan el derecho a voto1? En otros contextos, se ha observado que las controversias sobre las cuotas, a un nivel discursivo como el que nos hemos estado moviendo, plantean la subrepresentación de las mujeres como un tema normativo, así como la reconceptualización de las categorías de género y la legitimación de la redistribución del poder a favor de las mujeres (Sgier 2004). Sin embargo, nuestro país representa un estudio de caso por otro motivo adicional: desconocemos situaciones en las que el debate sobre la aprobación de medidas como las cuotas se haya desarrollado en un contexto donde una mujer lidera un gobierno, habiendo desarrollado previamente un discurso con conciencia de género tan evidente, y la concreción efectiva de un gabinete paritario. Los estudios arrojan una demanda evidente de reconocimiento y participación de las mujeres chilenas en distintos planos, no sólo el político. Por otra parte, se han generado expectativas en otras comunidades en el mundo, situándonos a un nivel más global, donde se espera que una mujer a la cabeza de un gobierno, que ha desplegado una actitud discursiva tan evidente con relación a las discriminaciones que experimentan las mujeres y que ha concretado un gabinete paritario, pueda promover los cambios diferidos por tantos años. La tarea no es fácil. Si observamos el marco normativo e institucional existente, el nuestro es un contexto donde la vigencia y extensión del individualismo liberal ha instalado un virtual pararrayos a la adopción de cuotas. La estructura constitucional vigente, a pesar de sus sucesivas reformas a lo largo de estos años, mantiene su esencia liberal de corte clásico, limitándose a garantizar derechos civiles y políticos o de primera generación, y no considerar los derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación. La igualdad se plantea, en dicho texto, de manera muy general y los derechos demandan del Estado una omisión pero ninguna obligación o acción positiva. Es evidente que no tenemos una Constitución a medida de las vientos ciudadanos que corren. Sin embargo, es justo reconocer que el problema de la subrepresentación política de las mujeres cae dentro de la órbita del primer grupo de derechos, sucediendo que las mujeres pueden elegir y votar, pero encuentran serias dificultades para que se concrete la otra cara de la medalla: ser electas. Uno de los principales derechos civiles y políticos, para el caso de las mujeres, es un derecho a medio camino. Se Agradezco a la periodista Yasna Lewin la idea de un feliz paralelismo entre “cuotista”, para el momento actual, y las luchas que dieron las sufragistas, durante la primera mitad del siglo XX, en Chile, demandando su derecho a voto. 1

ha llegado a sostener que la visión dominante en la tradición jurídica chilena se relaciona con una concepción liberal del Estado, con funciones de regulación económica y totalmente esquiva a una dimensión social del mismo. Sin embargo, existirían posibilidades dentro de la Constitución actual para promover la acción afirmativa, mediante el recurso al artículo 19.2, que consagra la igualdad ante la ley, estableciendo que en Chile se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, que no esté fundada en un valor relevante para la comunidad política. Pero, en el sentido inverso, queriendo decir que las discriminaciones fundadas en buenas razones estarían permitidas. La lógica a la base de esta operación sería que se transgreda la igualdad de hoy en beneficio de la igualdad mañana (Claro 2005). De las cuotas también se ha dicho que anulan el objetivo buscado y que, al final de cuentas, tienden a homologarse con la norma masculina. Concedamos estos reparos: es posible que una fórmula de discriminación positiva actúe como un obstáculo para los valores y espíritu democráticos. Se ha señalado que, justamente por eso, la forma correcta en que debemos pensar a las mujeres en la democracia es difícil de definir. Si pensamos en que sus necesidades especiales requieren de la promoción de medidas específicas para lograr su representación, se estaría contribuyendo parcialmente a reproducir los elementos de identidad subordinada que generan esas mismas necesidades. Si, por el contrario, mantenemos todo tal cual está, ignoramos del todo la desigualdad de condiciones entre varones y mujeres, para efectos de la representación política, cometiendo el error de tratar igual a los desiguales y reproducir, con ellos, las condiciones objetivas de la desigualdad (Serret 2004). Autores de la envergadura de Bobbio (1993) no trepidan en afirmar que, a objeto de situar individuos desiguales por nacimiento en las mismas condiciones de partida, pudiera ser necesario favorecer a los más desposeídos y desfavorecer a los más acomodados, es decir, introducir artificialmente, o bien imperativamente, discriminaciones de otro modo no existentes, haciendo el símil con las competencias deportivas: a los competidores menos experimentados se les concede una cierta ventaja respecto de los que lo son más. En la misma línea, Young (1996) señala que donde existan diferencias grupales en capacidades, valores y estilos cognitivos o de conducta, tratar por igual la asignación de recompensas de acuerdo con reglas de compensación de méritos, lo que ocasiona es un reforzamiento de las desventajas. Si no se desea seguir dependiendo de la autoridad presidencial y presenciar pasivamente la discrecionalidad de las elites políticas, la vía es nítida: adoptar cuotas, tal como lo han hecho sociedades modernas y avanzadas. Sin embargo, para que no desemboquen en la generación de nuevas discriminaciones, es importante enfatizar su carácter de temporalidad y la necesidad de su seguimiento, actuando como una suerte de intervención quirúrgica puntual. Deben ir acompañadas de otro tipo de medidas, que promuevan una transformación cultural. Países que han impulsado cuotas y luego las han eliminado han visto disminuir dramáticamente el número de mujeres en el Parlamento (Stephenson 2004). Es cierto que, con las cuotas, estamos apuntando a las consecuencias de una determinada forma de organizar la sociedad y no 13

estamos enfrentando las causas que generan la desigual división social del trabajo entre hombres y mujeres y cómo ello se expresa de manera diferente en sus formas de vida. Pero debemos iniciar el largo camino de alguna forma e instalar medidas de este tipo se ha mostrado como la vía más idónea. Sin embargo, quedan otras tareas por enfrentar y bien debiéramos comenzar a instalar en nuestras conversaciones, no sólo la idea de paridad política, sino también de paridad doméstica.

Bibliografía: Baldéz, Lisa (1999) “La política partidista y los límites del feminismo de Estado en Chile”, en Paul Drake e Iván Jaksic, (comp.) El modelo chileno: democracia y desarrollo en los 90, Santiago, Lom Ediciones. Bobbio, Norberto (1993) Igualdad y libertad, Barcelona, Ediciones Paidós. Burns; Nancy (2005) “Finding gender”, Politics and Gender 1 (1):137-141. Corporación La Morada (2004) Mujeres sujeto, mujeres sujetadas. Informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Chile. Derechos civiles y políticos 2004, Santiago, Corporación La Morada. Claro, Magdalena (2005) Acción afirmativa. Hacia democracias inclusivas, Santiago, Fundación Equitas. Galligan, Ivonne y Manon Tremblay (2005) Sharing power. Women, parliament, democracy, Gateshead, Tyne & Wear, Ashgate. Dulong, Delphine (2005) “¿Reproducción en la revolución? La aplicación de la ley relativa a la paridad política hombres-mujeres en Francia”, ponencia presentada en el Seminario Internacional “Género y paridad”, CEPAL-Corporación Humanas, 29 de septiembre de 2005. Editorial (2006) ¿Cuotas en política? en El Mercurio, jueves 20 de abril del 2006, A3. García de León, Antonia (1994) Elites discriminadas (Sobre el poder de las mujeres), Barcelona-Santafé de Bogotá, Anthropos. Guzmán, Virginia (2003) Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible, Santiago, CEPAL.

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ANEXO ESTADÍSTICO

El cuerpo estadístico de este documento pertenece a Ríos Tobar, Marcela. 2006.

Cuotas de Género: democracia y representación. Santiago: FLACSO – IDEA.

Cuadro 1 Mujeres en Parlamentos: Promedios Regionales a nivel Mundial (porcentajes) 40

7,7

ile

sÁ ra be s

12,6

Pa í se

As ia

m m ed io

13,8

Pa cí f ic o

16,1

un di a

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16,6

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17,6

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OS CE

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clu íd o

La sA

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ór di co sN Pa í se

19,4

Pr o

20,7

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unión Interparlamentaria, www.ipu.org

Cuadro 2

Participación de mujeres en el Congreso (porcentajes) 50 40 30 20

5,8

2,6

1989

7,5

10,8 5,2

2,6 1993

12,5

1997

5,2

años de elección

diputadas

2001

15,8 5,2 2005

senadoras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara Baja (www.camara.cl) y del Senado (www.senado.cl).

Cuadro 3 Mujeres en Cámara Baja o Unicameral en América Latina y el Caribe (porcentajes) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

l l í . r as ua b e erú ela om livia má d ia dor h ile bia ua y do uay asi a la lize a it ca n a co Ri nti éxi dur ra g ari H P C lom ug zu . D Bo ana un cua va ra g Br te m Be l e a e n a C r t a M o n l p M c s Arg P E U l S Pa Co ua H Ni y e Ve Re Co G E AL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unión Interparlamentaria, www.ipu.org

Cuadro 4

Relación tasa de participación económica y presencia en parlamentos de la mujer en América Latina, 2004 (porcentajes) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 C

ta os

. ) ) ) á ) ) ) r a 3) ca ay or na xico (4) (1 l (4) (4 (2 (4 om (3 m al do le (4 ia ( Ri nti g u v ad ay é la n a ua D ivia a s g u a er ú si i em e b u e a r l . t a c u M h r u l P P E rg C U l S a r ag Br ua du ara om ez Rep Bo A G ol E on ic en Pa C H N V

Mujeres en Cámara Baja o Unicameral

Tasa de participación de mujeres en la actividad económica

Fuente: Elaborado a partir de datos de la última elección en www.ipu.org y de participación laboral: CEPAL. 2005. Panorama Social de América Latina 2005. pp. 341-342, disponible en: www.eclac.cl/publicaciones/desarrollosocial/8/LCG2288PE/PSE2005_AnexoEstadistico.pdf (1) datos 2000; (2) datos 2001; (3) datos 2002; (4) datos 2003.

Cuadro 5 Promedio de participación de mujeres en 182 parlamentos según sistemas electorales (porcentaje) 40 35 30 25 20 15

Mixtos

Mayoritarios

5 0

Fuente: Matland, Richard (2002) “Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento”, Mujeres al parlamento. Más allá de los números. www.idea.net

Cuadro 6 Representación de parlamentarias 24 parlamentos 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1945

1950

1960

1970

Sistema mayoritario

1980

1990

1998

Sistema proporcional

Fuente: Matland, Richard (2002) “Estrategias para ampliar la participación femenina en el Parlamento”, Mujeres al parlamento. Más allá de los números. www.idea.net, p.120.

Cuadro 7

Ranking mundial presencia de mujeres en los parlamentos Ranking Países 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ruanda Suecia Costa Rica Noruega Finlandia Dinamarca Holanda España Argentina Mozambique Bélgica Austria Islandia Sudáfrica Nueva Zelanda Alemania

% mujeres en parlamento 48.8 (2003) 45.3 (2002) 38.6 (2006) 37.9 (2005) 37.5 (2003) 36.9 (2005) 36.7 (2003) 36.0 (2004) 35.0 (2005) 34.8 (2004) 34.7 (2003) 33.9 (2002) 33.3 (2003) 32.8 (2004) 32.2(2005) 31.8 (2005)

Tipo de cuota ley de cuotas (C) cuotas en partidos ley de cuotas cuotas en partidos sin cuotas sin cuotas cuotas en partidos cuotas en partidos ley de cuotas (C) cuotas en partidos ley de cuotas cuotas en partidos cuotas en partidos cuotas en partidos Sin cuotas cuotas en partidos

Sistema electoral RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP Mixto Mixto

17 18 19

Guyana Burundi Tanzania

30.8(2001) 30.5 (2005) 30.4(2005)

ley de cuotas (C) ley de cuotas Ley de cuotas (C)

RP RP MS

Fuente: Dahlerup, Drude. 2006. MS: Mayoría simple, RP: sistema de representación proporcional; Mixto: combinación de sistema mayoritario y proporcional; C: rango constitucional. www.ipu.org.

Cuadro 8 Variables electorales y su efecto en la representación femenina Variables

Mayores posibilidades de conseguir representación femenina.

Menores posibilidades de conseguir representación femenina

Magnitud del distrito (número de escaños por distrito)

Una magnitud del distrito alta.

Una magnitud del distrito baja.

Umbral de votos (% mínimo para alcanzar un escaño)

Un elevado umbral de votos (5%)

Un bajo umbral de votos (13%).

Tipo de lista (cerrada-abierta)

Con lista cerrada y mandato de ubicación.

Con listas abierta menos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos en Htun, Mala. 2002; Dahlerup, Drude. 2002. En Mujeres en el Parlamento: Más allá de los números, editado por J. Ballington y M. Méndez-Montalvo. Estocolmo: Internacional IDEA.

Cuadro 9 Partidos políticos en América Latina con sistema de cuotas País

Partido Político

Cuota

Brasil

Partido dos Trabalhadores

30%

Chile

Partido por la Democracia Partido Socialista Partido Demócrata Cristiano

40% 30% 20%

Costa Rica

Partido Unidad Social Cristiana

40%

El Salvador

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

35%

México

Partido Revolucionario Democrático Partido Revolucionario Institucional

30% 30%

Nicaragua

Frente Sandinista de Liberación Nacional

30%

Paraguay

Asociación Nacional Republicana

20%

Venezuela

Partido Acción Democrática

20%

Fuente: Elaboración propia a partir de Méndez-Montalvo y Ballington, 2002.

Cuadro 10 Tipos de Cuotas en el Mundo2 Tipo de Cuota

Número de Países

Constitucional

Ley electoral

Partidos Políticos

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre cuotas de IDEA: www.quotaproject.org

Cuadro 11 Cuándo y cómo se aplican las cuotas A quienes se 2

Modelo de

Iniciativa de

Ver anexo al final para una lista de países según tipo de cuota.

Objetivo

Ejemplos

aplica

aplicación

Pre candidatos/as

Se asegura un porcentaje de candidatas mujeres en proceso de primarias

Los partidos políticos

Promover una competencia más igualitaria en los procesos de elección al interior de los partidos

Canadá, Inglaterra

Candidatos/as a cargos de elección popular

En los procesos electorales para acceder a un cargo público.

Los partidos políticos, ley electoral o constitucional

Garantizar la presencia de mujeres en los procesos de elección de cargos públicos.

Ley electoral: Perú, Argentina, BosniaHerzegovina, Francia, Sudan y Serbia

Cargos electos

Reserva de escaños para un grupo específico

Por una ley electoral o por vía constitucional

Incidir en la conformación final de los órganos de participación y toma de decisiones

Constitución: Burkina Faso, Nepal, Filipinas y Uganda.

Fuente: elaboración propia a partir de datos en www.statsvet.su.se/quotas/

Cuadro 12

Aprobación de Leyes de Cuota en América Latina País

Argentina

3 4

Año de aprobación 1991

Bolivia

1997

Brasil

1997

Cámara Baja Senado

Porcentaje Cuota 30 C.B3 30 Sen4. 30 C.B. 25 Sen. 30 C.B.

Costa Rica

1996

Ecuador

1997

México

1996

30 C.B. 30 Sen. 30

Hondura

2000

Panamá

1997

Perú

1997

20 C.B. 20 Sen. 30

1998

Paraguay República Dominicana Venezuela

1996 1997

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos sobre cuotas de IDEA, www.quotaproject.org

Cuadro 13

Porcentaje de mujeres en 17 Congresos de América Latina (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

20,3

13,7

países con cuota

países sin cuota

sistema electoral Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unión Interparlamentaria, www.ipu.org. 10 Países con cuota y 7 países sin cuota.

Cuadro 14

Niveles de éxito de las cuotas en América Latina (crecimiento promedio de la presencia de mujeres en parlamentos entre 1995 – 2004) Alto Medio Bajo Nulo Argentina (28%) Ecuador (11,5%) República Brasil (2%) Dominicana (5,6%) Costa Rica (19,5%) México (8,4%) Honduras (-1,5%) Panamá (8,4%) Bolivia (7,7%) Perú (7,5%) Paraguay (7%) Fuente: Elaboración propia a partir de Araujo y García (2006).

Cuadro 15

Ritmo de crecimiento de la representación femenina en los Congresos de América Latina

Promedio crecimiento entre 1995 y 2004

Países con Cuotas (11) 9,5

Países sin Cuotas (7) 2,9

15,8

2,3

Promedio crecimiento Senado

Fuente: Elaboración propia a partir de Araujo y García, 2006.

Cuadro 16

Países latinoamericanos con Ley de Cuota Países

% representación de la mujer en el parlamento Antes de Después de la % de la ley ley (última crecimiento elección)

año de aprobación

% ley de Cuota

Argentina

1991

30% C.B5 30% Sen6.

6 3

35 41.7

+483 +1290

Bolivia

1997

30% C.B. 25% Sen.

11 4

16.9 3.7

+54 -8

Brasil

1997

30% C.B.

8.6

+23

Costa Rica

1996

40%

38.6

+176

Ecuador

1997

30%

+300

5 6

Cámara Baja Senado.

tipo de sistema

Sistema electoral Lista mandato

cerrada

Mixto

cerrada

abierta

cerrada

sanciones

Las listas de los partidos que no se atengan a lo dispuesto en la ley electoral no serán aprobadas. Las listas que no se atengan a lo dispuesto por la ley, deberán ser rectificadas. Si los porcentajes mínimos no son respetados, se quitarán los candidatos de sexo sobrerepresentado. Se rechazan las listas que no cumplen con el porcentaje de cupo mínimo. N/A

Honduras

2000

30%

México

1996

30% C.B. 30% Sen.

17 15

25 21.9

+47 +46

Panamá

1997

30%

16.7

+109

Paraguay

1996

20% C.B. 20% Sen.

3 11

10 8.9

+233 -19

Perú

1997

30%

+64

República Dominicana

1997

25%

17.3

+44

Mixto

cerrada

abierta

cerrada

abierta

cerrada

NO Los partidos que no se atengan a la ley tendrán tres días para rectificar sus lista, de no ser así, el IFE se reserva el derecho de quitar a parte de los candidatos sobrerepresentados N/A Aquellas listas que no cumplan con el porcentaje mínimo que indica la Ley, no serán aprobadas por la Comisión Electoral. Las listas que no cumplan con los porcentajes mínimos de cupos requeridos por la Ley deberán ser rechazadas. (nunca se ha aplicado) NO