Los Contrapuntos de la Concertación

LOS CONTRAPUNTOS DE LA CONCERTACIÓN Eugenio Lahera* y Federico Smith** COLECCIÓN IDEAS AÑO 7 N° 71 Diciembre de 2006

Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de Álvaro Díaz, así como los de Mireya Dávila, Francisco Díaz, Jorge Heine, Arturo León, Pablo Orozco, Alfredo Riquelme y Marcos Robledo, que no les comprometen con el texto.

* Eugenio Lahera, Experto en Políticas Públicas y Director Ejecutivo Fundación Chile 21 ** Federico Smith, Filósofo

Indice Introducción. Chile y América Latina 1.- El origen: los de entonces ya no somos los mismos a) Los traumas del golpe y el final de la guerra fría b) Los ortodoxos c) La salida del postmodernismo 2.- El impacto de la dictadura a) Exclusión e inclusión b) Derechos humanos c) La libertad d) Ética individual y social e) Un caso de sobre compromiso 3.- La discusión sobre el modelo a) ¿Modelo o deseo obsceno de exclusión? b) Los empresarios 4.- La reinterpretación del pasado a) Características de nuestra historia b) Herencias y valoraciones c) El remanente indivisible 5.- Política y gobierno a) Ciudadanía y gobernabilidad b) Los partidos c) La corrupción d) El enfoque de las políticas publicas e) La participación ciudadana f) Fuerzas Armadas 6.- Economía y sociedad a) Mercado y ciudadanía b) Integración en la economía internacional c) Políticas de la estrategia d) ¿Nos acercamos al punto de no retorno?

7.- Aspectos internacionales a) El concepto de sistema internacional b) América Latina c) El desafío cultural 8.- La discusión electoral con la derecha a) Propuestas de la derecha en tiempo electoral b) Un cuadro redefinido c) El gobierno Bachelet d) La sociedad a que se aspira Conclusiones y una propuesta

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Todo el progreso del hombre es descubrir, sucesivamente, que sus preguntas no tienen sentido. Porque aquel que podría comprender es otro ya diferente a él…. La única invención verdadera es descifrar el presente bajo sus aspectos incoherentes y su lenguaje contradictorio (Saint-Exupéry)

Entre los estudiosos e interesados en América Latina hay perplejidad frente al cuadro político de la región. Se proponen clasificaciones de las nuevas tendencias, dejando a Chile siempre como un caso aparte, pero a menudo dichas clasificaciones son impresionistas, apenas ordenan y poco explican, ya que siguen atadas a diferentes visiones que son más propias del pasado de la región.1 Al analizar esta nueva realidad, conviene intentar una mirada que tome en cuenta que las ideas no nacen o se desenvuelven en un vacío, sino que se confrontan y, eventualmente, se influyen con otras ideas. En el caso de los movimientos por el cambio se trata principalmente de la discusión con el pensamiento muchas veces reduccionista de los políticos y analistas conservadores en el ámbito nacional y global, así como con su propia realidad actual y sus fantasmas de épocas pasadas. Esta discusión con frecuencia no se presenta bajo la forma de una polaridad estricta, sino que tiene contraposiciones y superposiciones de diversa especie.

Los movimientos por el cambio han tenido la posibilidad de redefinir sus ideas y sus definiciones estratégicas, y lo han ido haciendo según el orden del tiempo y sus propias limitantes humanas y culturales o las que brotan de la encrucijada histórica o política, o de la correlación de fuerzas entre los distintos grupos económicos y sociales. Los resultados serán variables, según las opciones acumulativas -algunas veces revisten el carácter de dilema- que cada movimiento vaya tomando.

Lo raro sería que un movimiento político mantuviera intactas su identidad y sus relaciones con otros movimientos, cuando las circunstancias cambian; lo lamentable, que no fuera capaz de aprender de su experiencia y de las modificaciones en su entorno. En este sentido, en América Latina ha habido varias coyunturas especialmente fecundas, como fue el caso de los años veinte y los sesenta del siglo pasado, y también sucede ahora, a pesar de que los escenarios hayan cambiado en forma tan dramática.

Y el hecho que la mayoría de estas coyunturas, circunstancias y desarrollos sociales y económicos sean comunes a América Latina, sin perjuicio de aspectos más propios de cada realidad nacional, como su diversidad étnica, el grado de diversificación de su aparato productivo, la distribución de su ingreso nacional, su estructura político-partidaria y otras, Por ejemplo, Claudio Lomnitz, Will the New Left set an Agenda?, Boston Review, septiembre/octubre 2006; Jorge Castaneda, Latin America’s Left Turn, Foreign Affairs, mayo/junio 2006; Eugenio Lahera, ¿Qué pasa en Chile?, Nueva Sociedad, No. 197, mayo-junio 2005, Venezuela, pags.69-83 1

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es lo que permite hablar de una región, más allá de los límites consagrados en la geografía política.

Se puede postular que las diferencias están determinadas por la forma de responder a los desafíos. Quizás éste sea un punto de partida conveniente para entender nuestras fronteras comunes, explicarnos nuestros acercamientos y distancias, y visualizar posibilidades de trabajo conjunto. También debiera permitirnos incorporar a Chile al marco del análisis regional.

En este trabajo de carácter exploratorio se examinan las posiciones que la Concertación ha ido desarrollando en relación con distintas materias internas y externas, políticas, económicas, culturales y sociales, tanto actuales como del pasado histórico y se insinúan algunas reflexiones enfocadas en el nivel regional.

El factor más determinante de las posiciones desarrolladas por la Concertación fueron los traumas de la dictadura y el final de la Guerra Fría. Ambos provocaron tres tipos de respuestas: una ortodoxa y anclada en el pasado, otra de un postmodernismo prudente, pero desilusionado; y una tercera con mayores posibilidades, a saber, la renovación en los socialistas y democratacristianos. La exclusión provocada por la dictadura dio origen a la aspiración por una inclusión creciente, su concepción maniquea dio paso a una visión menos predeterminada de la libertad y su irrespeto por los derechos humanos alentó una reacción general en defensa de ellos.

En seguida, la discusión sobre el llamado modelo de la dictadura despejó muchas de sus pretendidas ventajas y puso en evidencia los altos costos pagados para alcanzarlas. Se trataba de un marco autoritario diseñado para imponer lo que se ha llamado un obsceno deseo de exclusión, basado en una definición macroeconómica poco sofisticada, en servicios sociales de mala calidad o caros, sin avances en infraestructura o tecnología, y sin la posibilidad de integración a una sociedad internacional que lo rechazaba. Además, con una cultura empobrecida en una sociedad con poco crecimiento y distribución regresiva del ingreso.

Un tercer factor general de gran importancia fue un rasgo común a todas las políticas económicas y sociales puestas en boga en el mundo en los años ochenta. En ellas se hizo ostensible la pretensión reduccionista de entregar toda la articulación de lo social y económico al mercado, el lugar donde verdaderamente debía votar el ciudadanoconsumidor. Ello hizo más difícil repensar la globalización y precisar las mejores políticas para intentar la inserción nacional en la sociedad mundial, incluyendo desde luego la economía, pero también la cultura, lo específicamente político, la pobreza y la seguridad.

Fue necesario crear conciencia de que esta estrategia sólo podía ser exitosa si era complementada con la ampliación de la base productiva, de manera que el desarrollo llegue en la forma de una provisión abundante de empleos y no se concentre en los dueños de las fuentes tradicionales de renta.

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Por otra parte, en el terreno político y de gobierno fue necesario cambiar el enfoque de la noción de gobierno, deformado por una concepción tecnocrática de la gobernabilidad, por uno genuinamente democrático. El ámbito del gobierno se amplió para incluir la participación y la administración del Estado fue modernizada con el enfoque de las políticas públicas.

El quinto factor se refiere a al sistema internacional, donde el gobierno hubo de enfrentarse a otra concepción reduccionista para la que la multilateralidad se debilitaba, y el conjunto del sistema se consagraba al objetivo de apoyar un enfoque unilateral de la lucha contra el terrorismo.

Y un último factor importante ha sido un intento de reinterpretación de la historia del país y de su devenir futuro. En vez de la autodefinición como nacional de la voluntad del dictador, se ha reconocido a todos los chilenos como intérpretes válidos de una historia en la que hay continuidades y discontinuidades que hablan elocuentemente sobre nosotros mismos, nuestra mentalidad, nuestras fortalezas y debilidades. Pero no sólo el pasado y el presente se ven con otra luz, sino que también el futuro, porque es precisamente de ese patrimonio, esa especie de remanente indivisible, de donde pueden salir las soluciones a los problemas que enfrentamos.2 No se trata de hacer un mero catálogo de ideas. Así como las ideas no se encarnan por sí solas en la realidad, no podrán dar fruto si ello no ha sido sistemáticamente buscado y asegurado por los actores sociales. La eficacia de las ideas requiere una coordinación de las mayorías, es decir, una organización política y una energía moral que no están en modo alguno garantizadas. Las ideas sólo están vivas en la medida que hay hombres y mujeres disponibles y capacitados para la aventura. Hombres y mujeres que no se sustraen de la obligación de discernir éticamente y que están dispuestos a convertirse, cada uno en su circunstancia, en exploradores y guías en aquellas cuestiones que demandan sutileza y valentía.

En este mismo sentido, la articulación de las ideas con las políticas es un objetivo cuyos resultados tampoco están asegurados. Las democracias requieren buenos ciudadanos e instituciones eficaces, pero deben tener mejores políticos, más inteligentes y honestos que los que -en sus peores momentos- se merecen.3

Eugenio Lahera, Chile como pregunta. Lom, 2004.

Federico Smith, La ética, espacio de construcción del hombre. Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, 1994.

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1. El origen: los de entonces ya no somos los mismos a) Los traumas del golpe de Estado y el final de la Guerra fría El entusiasmo por los cambios que fuera preponderante en la sociedad de los años sesenta, a la larga fue metido en el chaleco de fuerza de definiciones más o menos librescas de conceptos como lo popular y los sectores medios, el proletariado y la burguesía, democracia real y democracia formal. Por otra parte, el espacio de la política, lo contingente por definición, fue colonizado por certezas apriorísticas. Ambos fenómenos contribuyeron a la polarización del sistema político, que fue una causa muy importante del término violento de la convivencia democrática.

En el caso de la izquierda, que debió haber estado tempranamente alerta a este tipo de fundamentalismo, W. Benjamin planteaba que existen condiciones particulares en que la historia parece estar concentrada en un solo punto focal… Los elementos de esta condición no se manifiestan en tendencias progresivas sin forma, sino que están profundamente enraizadas en cada momento… y la tarea histórica es la de desentrañar este estado inmanente de perfección y hacerlo visible y dominante en el presente. Con frecuencia hay cambios, pero no siempre hay progreso.

El golpe de Estado de 1973 y la consiguiente dictadura alteraron profundamente las posiciones políticas en Chile. Es importante destacar que el fin del fenómeno global de la Guerra Fría acentuó estas mutaciones a nivel local. Por otra parte, el creciente cambio de énfasis de la Iglesia Católica -no obstante el claro compromiso democrático de la Iglesia chilena con la defensa de los derechos humanos- desde lo social hacia lo más espiritual, introdujo otras complejidades y matices en el proceso.

El llamado Plebiscito Nacional de 1978, realizado con el fin explícito de obtener apoyo ante la condena de que fue objeto la dictadura por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue un hito del fin de la Guerra Fría. Faltaba todavía para la caída del Muro de Berlín, pero el mundo ya había cambiado y el capitalismo comenzaba a imponerse en todas las economías nacionales, incluida la nuestra. A pesar del variopinto reconocimiento de su ortodoxia neoliberal, la dictadura no había logrado insertar a Chile en la sociedad mundial, precisamente porque la solidaridad anticomunista era ya irrelevante y los derechos humanos habían recuperado en el foro mundial la importancia que siempre tuvieron en la Carta de las Naciones Unidas, que el país suscribió sin reservas en 1948.

Como reflejo de este proceso, entre las personas de inspiración democratacristiana, se configuraron de inmediato dos tendencias; una posición fuertemente condicionada por la lucha contra el gobierno de la Unidad Popular y, por ende, inicialmente más comprensiva del golpe, y otra posición decididamente crítica de éste y de la primera reacción institucional del partido al respecto. La segunda, que sería a la larga de consenso, fue reafirmando cada vez más el carácter democrático y popular del partido, trabajó

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intensamente con la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos y reforzó gradualmente el diálogo con la izquierda.

La reconstitución ideológica de la Concertación sigue siendo una tarea pendiente, que ha tenido muchas alternativas. Una gran trascendencia tuvieron los escritos de Edgardo Boeninger, para quien el punto de partida era el reconocimiento de los cambios ocurridos en el mundo, principalmente del asentamiento de la economía de mercado y de la democracia. Esta idea no tenía las pretensiones imperiales de los planteamientos de Fukuyama, y se refería en particular a la situación de Chile. Con ella trabajaba Ángel Flisfisch, profundizando la idea de un pacto nacional. Por su parte, Alejandro Foxley avanzaba en los contenidos políticos y económicos de tal pacto postautoritario. En este sentido también hubo desarrollos teóricos de Jorge Arrate, entre otros.

En la izquierda no comunista hubo diversos procesos, entre los cuales se destacan la llamada Renovación Socialista y un postmodernismo de curiosos visos pragmáticos.

La trabajosa y no siempre sincrónica renovación de los grupos políticos identificados en términos generales con el pensamiento socialista tiene que ver, sobre todo, con una creciente disponibilidad para el trabajo conjunto con movimientos inspirados por otras concepciones del mundo muy distintas del socialismo, en especial del marxismo. Ello fue el resultado, por una parte, de la necesidad impostergable -elevada por fin a la dignidad de una convicción- de recuperar los procedimientos democráticos, y la urgencia dramática de resolver al mismo tiempo y con la menor dilación posible, los problemas sociales de las capas medias y populares. Por otra parte, sólo fue posibilitada por una renuncia -que iba más allá de lo meramente táctico- a imponer una identidad subcultural y retórica extraordinariamente fuerte y, desde luego, el proyecto económico socialista de planificación central. Es importante mencionar aquí la labor intelectual de Ricardo Lagos, desde los artículos de análisis económico y político publicados entre 1981 y 1985,4 así como su actividad política unitaria incesante, que le llevó a un liderazgo indiscutido entre los grupos más afines, pero que fue creciendo hasta alcanzar segmentos bastante más amplios.

A esta posición contribuyeron dos procesos: En primer lugar, la definición de la inclusión como la gran tarea nacional. En esto fue muy importante la necesidad de crear un orden post oligárquico, concepto desarrollado por Aníbal Pinto, y que fuera aplicado al momento político por Eugenio Lahera.

Luego, la redefinición de la inserción internacional de la economía chilena, proceso respecto del cual fue concluyente la labor de Fernando Fajnzylber y, desde otro ángulo, de Andrés Bianchi, ambos en CEPAL.

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Recogidos en Ricardo Lagos, Democracia para Chile. Proposiciones de un socialista, Pehuén Editores, 1985.

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b) Los ortodoxos En el caso de la izquierda comunista, hubo sectores más tradicionales y ortodoxos que tuvieron, como siempre, demasiado claras las cosas: había habido errores y traiciones, pero el libreto parecía salir confirmado. Después de una discusión de varios años, el mayor cambio de posición resultó del control de la institucionalidad partidaria por parte de quienes eran partidarios de una línea militar, la que culminó con el fallido atentado de 1986. c) La salida del postmodernismo A algunos izquierdistas también terminó de derrumbárseles en 1989 su alternativa racionalinstrumental para Chile. Unos no tuvieron certidumbre alguna hacia la cual retornar, y quedaron pendientes de estímulos externos a ellos mismos, esperando que la historia se reanimara y les abriera sus secretos.

El postmodernismo resultó entre nosotros una estación de tránsito a la que han concurrido personajes muy diversos. En ella es posible encontrar a izquierdistas para quienes el mundo que conocieron ya no tiene sentido, y para los que el futuro dejó de ser una palabra que se podía usar con confianza, y sobre la cual habían creído tener derechos de propiedad intelectual. Perdido su contacto con una supuesta lógica de la Historia, encontraron un eco de sus propias perplejidades en el énfasis postmodernista en la fragmentación de la realidad y la imposibilidad de atribuir algún sentido a su desarrollo; incluso de comunicarla de modo inequívoco, puesto que la razón engaña y puede conducir a dictaduras de diverso signo.

Para este tipo de izquierdista la consecuencia metodológica del postmodernismo fue que toda certeza debía ser puesta en duda, a partir del supuesto -en algunos casos declaradoque en el plano de la razón todo da más o menos lo mismo y que lo importante son más bien las intervenciones del mundo. A esto se llamó a veces pragmatismo.

Por último, el postmodernismo también afectó a quienes, de tanto criticar pesadillas burocráticas, se convirtieron en expertos en denunciar sueños, y en hablar de lo dura pero confiable que es la realidad, y a fin de cuentas dejaron de pensar e imaginar todo lo que faltaba por hacer.

2. El impacto de la dictadura a) Exclusión e inclusión Pese a su insistente afán de presentarse como un gobierno de unidad nacional, la dictadura excluyó a importantes sectores de nuestra sociedad, ya sea porque los dejó de lado, o simplemente los olvidó. El hecho de sufrir en carne propia la radicalidad de la exclusión

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llevó a muchos chilenos a concebir por fin la profundidad y extensión de la inclusión posible: la de todos los habitantes de este país en su propia sociedad, como protagonistas de su propia historia. Algo que siempre debió haber sido obvio. Partidos y movimientos que en el pasado habían estado divididos y aun enfrentados, asumían esta visión amplia, a despecho de la supuesta unidad nacional. Aunque en un comienzo resultara paradojal, el principal mérito histórico del movimiento político y social de oposición a la dictadura quizás haya sido hacer posible un discurso tan amplio, que no puede ser confrontado explícitamente ni siquiera por quienes -en el fondo- no lo comparten.

Se percibió como imperativo ético, entonces, el transitar de la exclusión radical a la construcción de la democracia como el mejor camino para asegurar el progreso hacia la modernidad. En esta perspectiva, la rica variedad de nuestro país podía expresarse y tal vez armonizarse de modo a la vez intenso y contenido, mediante la competencia de los distintos programas. Después de todo, la democracia debe hacer posible que el conflicto de ideas y de intereses, un roce consustancial a todo ordenamiento social, sea procesado en acuerdos para generar así más luz que calor.

Acabó por entenderse que la forma no sólo más equitativa, sino también más eficiente de lograr la inclusión de todos y todas en su propia sociedad, estaba por la vía de una creciente igualdad de oportunidades. En este camino, las relaciones sociales anacrónicas y la falta de oportunidades pueden ser disueltas por la modernización, generándose espacios más amplios en que puedan darse la mano desarrollo y democracia. b) Derechos humanos Sabemos que hubo dos ámbitos en que se desgarró el alma de Chile. El primero fue político y significó la pérdida de la democracia. El segundo fue moral y correspondió a las violaciones de los derechos humanos. Ambos son pilares del grado de civilización que, desde sus orígenes como país, Chile había buscado alcanzar. De allí el malestar que nos producen estos fracasos que hemos sufrido como sociedad. Pero hoy es posible nuevamente una mirada compartida, basada en la comprensión de lo ocurrido. Esto ha tomado un tiempo apreciable y sigue causando bastantes trastornos, pero hemos debido aceptar que no podía haber mañana sin ayer.

Esto implica la certeza que el mal es algo muy real. Y en concreto, significa reconocer con Hannah Arendt que sus fuentes no son misteriosas y profundas, sino que están perfectamente al alcance de nuestra comprensión. El mal es una posibilidad para todos y, en condiciones de terror o de simple mayoría, es difícil resistirlo. Pero también es propio de la condición humana el que se pueda evitar convertirse en cómplice del mal. Que sea posible resistirlo y, también, enfrentarlo y derrotarlo. Si bien el mal tiende a establecerse demasiado cómodamente en la historia, también debe haber políticas adecuadas para combatirlo.

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La sordidez de la barbarie que ha ido saliendo a la luz, no puede despreciarse como insólito o inexplicable, porque lo aparentemente excepcional podría proveer la analogía para entender el presente. Aquello para lo que no podemos encontrar precedentes históricos, permanece para siempre como admonición e insistente demostración, una guía para entender la política.5 Un aspecto central de la democracia es el de la memoria como una manera de asumir, procesar y -cuando sea necesario- sobreponerse al pasado. Algunos sectores que habían apoyado la dictadura, en cambio, querían que se olvidara y perdonara el pasado. Se afirmaba que olvidar el pasado permitiría centrarse en el futuro; recordarlo y entenderlo, en cambio, provocaría divisiones y erosionaría la necesaria gobernabilidad.

Es indiscutible que hubo víctimas y culpables, pérdidas irreparables, y una comunidad que se apartó gravemente de la imagen democrática y tolerante que había creído contemplar al mirarse en el espejo de su historia. Una comunidad en la que se intentó reprimir esa catástrofe proclamando el perdón y el olvido universales, sin darse cuenta que todo ello retornaría lenta pero indefectiblemente, reclamando de mil maneras ser reconocido y asumido como el mal que mora entre nosotros.

No ha sido fácil que nuestra sociedad incorporara en su visión de sí misma que en Chile hubo un régimen de terror sistemático, de desapariciones, de torturas y de asesinatos.

De a poco los hechos han ido siendo reconocidos como una realidad, nadie niega razonablemente los crímenes cometidos y en la actualidad parece posible un lenguaje compartido sobre nuestra historia reciente. Pero lo más importante es que se ha conseguido una mirada común sobre el futuro, un consenso sobre la necesidad de nunca más negar el horror en que alguna vez estuvimos sumidos, para así nunca más tener que vivirlo. c) La libertad Según sus voceros, la dictadura representaba la liberación de Chile, y ésta pasaba por la adhesión a sus postulados. No se puede olvidar que la canción “Libre”, de Nino Bravo, cantada por un cómico de la época y coreada con equívoco fervor por el público de la Quinta Vergara, llegó a ser un himno no oficial de los tiempos.

Esto actualizó la vieja discusión sobre la libertad entre los opositores al régimen. No tenía sentido sostener simplemente que la libertad estaba representada por la Unidad Popular, y pronto se llegó a entender que ella no está monopolizada por alguna filosofía específica sobre el Estado, y menos por una forma de gobierno en particular. La libertad no podía ser sólo una condición para poder adherir a valores predeterminados, un simple medio para Edgard Rothstein, Arendt’s Insights Echo Around a Troubled World, The New York Times, 9 de octubre de 2006 5

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acercar algún fin último de la historia, o adelantar un progreso indiscutible, debía ser ella misma un valor a ser siempre perseguido, puesto que es un constituyente de la dignidad humana.

Nunca deja de sorprendernos la manera como en cada proceso histórico de quiebre con lo anteriormente existente, la libertad resurge más temprano que tarde, mostrando nuevas facetas y los inagotables recursos del espíritu humano. Por eso la libertad -no sólo la propia sino la de los demás- debe ser lo primero a garantizar, en todos los terrenos. Como consecuencia de ello, debemos obligarnos a considerar incluso aquellas propuestas que nos escandalizan, ofendiendo todo lo que estimamos bello, bueno y verdadero. Es evidente que ello reclama el debido reconocimiento en normas de rango constitucional.6 El tema de los límites de la libertad de las personas concretas o, en términos más generales, el de las condiciones de la libertad, está directamente relacionado con la progresiva liberación de trabas a la actualización del potencial de las personas y las sociedades. Aun cuando sea siempre una tarea inconclusa, y los grados de libertad existentes no estén asegurados en ninguno de sus ámbitos, para que pueda vislumbrarse siquiera como real para todos, la libertad demanda específicas condiciones culturales y arreglos institucionales.

Una de las características probablemente definitoria de un país en una etapa de su proceso de desarrollo como la nuestra, es una falta de igualdad de oportunidades. Por esta razón, una postura liberal verdaderamente autóctona -no trasplantada- nos obliga a mantenerla siempre en el centro de nuestras preocupaciones.

El tema de la libertad también se plantea en Chile como la aceptación de la diversidad. Ha habido demasiadas exclusiones en nuestra vida como nación, demasiadas personas abandonadas a su suerte, lo que constituye aún hoy, un desperdicio intolerable. Es indispensable, por el contrario, acoger a cada uno, con sus propias historias y posibilidades.

Sin que se desprenda ni sea necesario imponer a nadie una neutralidad moral que violente su conciencia, es preciso reconocer que nuestra sociedad se enriquece con nuestras diferencias, es mejor a partir de ellas, y avanzamos más rápido si las consideramos adecuadamente. d) Ética individual y social Ya sea que se trate de sacar conclusiones de la observación del mundo o de construir sistemas deductivos, la razón acaba poniendo en evidencia los límites del conocimiento, pero al mismo tiempo hace retroceder esos límites, ejerciendo una función liberadora. Es por ello que el pensamiento es impulsado, en último término, a hacer de la moralidad su preocupación fundamental. De esta manera la reflexión se desplaza de temas como la felicidad o el poder, hacia problemas relativos a la justicia y al reconocimiento de la importancia de reglas y principios. Pero como consecuencia del ejercicio de esa libertad de 6

Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, 1986

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conciencia que la racionalidad demanda, es frecuente que las personas actúen según principios de contenido diverso y, muchas veces, excluyentes. Es fácil advertir que ello ocurre tanto en el ámbito de las relaciones privadas, como el de las relaciones entre las personas, las organizaciones y el Estado. Entonces se plantea el problema de la validez de la ley moral o, lo que es lo mismo, la existencia misma de una ley moral.

La preocupación típicamente política con las consecuencias de sus propios actos en el caso del político, o de las políticas públicas en el caso de los órganos del Estado, debe ser compatible con una concepción de la ética que reconoce precedencia a los principios, y su libre discusión es condición de posibilidad de la ley moral misma. Los movimientos o partidos políticos que componen cualquier conglomerado comprometido con el cambio, así como las personas que adhieren a ellos deben compartir este supuesto, más allá de sus posibles diferencias sobre temas tan importantes como familia, propiedad o religión.

En este sentido, el hecho paradojal de que diferencias en capacidad intelectual, educación, sensibilidad o esfuerzo parezcan conducir a resultados socialmente deseables, tiene como resultado que las decisiones políticas sean frecuentemente tomadas en condiciones de desigualdad y dominadas entonces por el odio, el miedo y la codicia. Lo que el diálogo y la persuasión debieran lograr en virtud de la libertad que presuponen en los individuos, se frustra por la existencia de relaciones pretendidamente naturales de subordinación de unos individuos a otros, o respecto de las organizaciones, o del Estado. No obstante que fue durante la Dictadura que distintos encargados de la política económica confirieron un carácter axiomático al darwinismo social, estas relaciones de desigualdad siguen estando consagradas en muchos estatutos que son ciegos, cuando no explícitamente indiferentes frente a ellas. La razón pone en evidencia este escándalo, y, desde el carácter de legisladores que reconoce a todos los ciudadanos, indica a la sociedad civil el principio más general de las políticas públicas: lo específicamente humano debe ser siempre el fin de las políticas públicas, y nunca un medio, sólo un recurso para implementarlas.

3) Un caso de sobrecompromiso Hoy resulta claro que hubo un exceso (overshooting) en los acuerdos de la transición. El consenso sobre democracia y mercado fue un buen punto de partida, pero de modo implícito también se decidió mantener sus modalidades existentes hasta el momento en Chile. En virtud de este sobrecompromiso, pasaron más o menos inadvertidas algunas normas, e instituciones y también los resultados de algunas transacciones económicas que no correspondían a un ideal democrático ni al ideal de un mercado verdaderamente competitivo, sin mencionar muchas otras situaciones inadecuadas en el terreno cultural y el social.

Una especificidad de la transición acordada en Chile a fines de los ochenta fue su alto contenido institucional. En lo político, ella se basó en la Constitución de 1980, que no podía discutirse por entonces, más allá de las críticas sobre la legitimidad del plebiscito en que fue aprobada. Lo propio ocurrió con diversas normas que fueron dictadas por el gobierno

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autoritario después que perdió el plebiscito y antes de entregar el poder, las que incluyeron las llamadas leyes orgánicas constitucionales.

A pesar de ello, la Concertación se fue configurando no sólo como una coalición de partidos, sino como un importante conglomerado de comunidades transversales que impulsaban un vasto campo de reformas: derechos humanos, medio ambiente, educación, salud, pequeña empresa, mujeres, previsión, innovación. Aun cuando los partidos silenciaban temas, estas comunidades los empujaban incluso sustituyendo movimientos sociales.

La Constitución impuso trabas casi insuperables a su propia modificación, lo cual además de no ser ético desde el punto de vista de la soberanía popular, generaba una rigidez que iba mucho más allá de lo requerido por la estabilidad institucional. En efecto, se consolidó como resultado de normas nomogenéticas como los requisitos de quórum legislativo, tal inflexibilidad para la aprobación de cualquier reforma, por menor que fuese, que las hizo muy difíciles de llevar a cabo. Unidas al sistema electoral binominal aún vigente, no basta con que haya mayoría para su modificación, sino que deben contar siempre con el apoyo de una porción considerable de los representantes de los movimientos conservadores.

En el terreno económico había un consenso tácito respecto de las orientaciones económicas: mercado libre, economía abierta, manejo macroeconómico estricto, responsabilidad fiscal con un aumento controlado en el gasto social a ser financiado mediante aumentos tributarios modestos, cambios regulatorios de importancia. No había acuerdo, en cambio, sobre la posibilidad de utilizar el gasto social como variable de ajuste.

El consenso tácito también incluyó otros aspectos institucionales, como la aceptación de los extensos cambios en los derechos sobre la gran propiedad durante el gobierno autoritario: como era de esperar, la estructura de los mercados chilenos a fines de los ochenta era menos el resultado de un desarrollo orgánico, que de un prolongado manejo técnicopolítico de la economía, durante el cual también hubo crisis y contramarchas. De hecho, en los diversos mercados existía una marcada heterogeneidad en cuanto a transparencia, profundidad y carácter competitivo.

Por otra parte, la institucionalidad de la política económica se caracterizaba por su debilidad reguladora, por un Estado comprimido, pero no racionalizado; por un diseño presupuestario muy centralizado y por la renuncia teórica, al menos, al fomento productivo.

Aunque sin el ánimo teórico de poner fin a la historia, en la práctica se hizo más difícil cualquier cambio y prácticamente imposible modificar un estilo de desarrollo centrado en la obtención de altas rentas asociadas a las transferencias de activos y la explotación de recursos naturales, a una vasta exclusión social y a una muy desigual distribución de oportunidades.

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Pero la pretensión del consenso permanente es una gran imposibilidad en los hechos. Por el contrario, hay cada vez más razones para creer que las ideas nunca ponen fin a la historia, a pesar de los intentos de pensadores tan distinguidos como Santo Tomás, Hegel o Marx.

3. La discusión sobre el modelo Desde 1990, en cada elección se ha visto a los diversos sectores de la derecha defendiendo, por una parte, el llamado modelo económico y, por la otra, desplegando un festival de ofertas electorales. ¿Qué significa esta contradicción? a) ¿Modelo o deseo obsceno?

Un modelo, en el sentido más profundo que precisa el Diccionario de la Real Academia, es un arquetipo o punto de referencia para imitar o reproducir. Según este criterio muy exigente, lo que había en Chile hasta marzo de 1990, ¿era un modelo? ¿Es cierto que lo bueno -o lo malo- de la Concertación fue no cambiarlo totalmente?

Al pretendido modelo le faltaban muchas cosas.

Una Constitución impuesta en dictadura, que estableció estructuras no democráticas y estaba diseñada para conservarlas, sólo pudo ser modificada tras una lucha difícil y prolongada.

Daba poca seguridad externa. El país estaba aislado y no es fantástico afirmar que ello aumentó el riesgo de enfrentar dos guerras con países vecinos. Por otra parte, una apertura externa mal hecha tuvo un costo altísimo e innecesario, más aun porque se carecía de posibilidades de negociación comercial con los grandes mercados, la que sólo ha podido concluirse con éxito en democracia.

También le faltaba seguridad interna ya que, por distintas razones, casi nadie se sentía verdaderamente protegido. No fue sencillo retornar a las instituciones castrenses y la policía a cauces modernos y profesionales, aplicando al mismo tiempo en ese proceso la necesaria justicia a violaciones demostradas de los derechos humanos.

A un conjunto de reglas en que se incluía afirmaciones como que había que cuidar a los ricos o que los marxistas eran extraterrestres, le faltaba amplitud y profundidad nacionales.

Era excluyente en lo político, en lo social y en lo económico. Como consecuencia, empeoró la distribución del ingreso, aumentó el desempleo y se desmejoró la situación de los trabajadores y sus organizaciones tradicionales.

En cuanto al manejo de la economía, el axioma macroeconómico era elemental y procíclico: cuando era imprescindible, los ajustes debía hacerlos siempre el sector público y en la misma dirección, es decir, disminuyendo la inversión y el gasto social. Sin embargo,

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cuando ya fue impostergable celebrar elecciones libres, no se tuvo miramientos para producir un déficit fiscal. A diferencia de lo ocurrido entonces, en los últimos años terminó incluso por establecerse una regla de superávit estructural, que ha tenido la virtud de permitir la adopción de políticas económicas contracíclicas.

El estado fue empequeñecido, pero no mejorado para hacerlo más eficiente, sino empobrecido y llevado casi a la impotencia. Hubo corrupción oculta. La evaluación de políticas, los sistemas de gasto público y la reforma del Estado tuvieron que esperar muchos años. La administración de justicia no alcanzaba los estándares mínimos de oportunidad, rapidez, apertura y respeto a los derechos de las personas, como para resolver adecuadamente las controversias entre intereses particulares o discernir en forma confiable y ajustada entre personas culpables e inocentes de afectar el interés público. Las insuficiencias de esta función eran percibidas como limitantes para el desarrollo económico, social y cultural, y fuertemente sancionadas por la opinión pública.

En el terreno microeconómico, no hubo una política de innovación tecnológica. Fue necesaria mucha porfía para instalar finalmente un Fondo de Innovación, financiado con una muy pequeña proporción de la renta del cobre, el que sólo ahora permitirá ir reordenando el conjunto del sistema. Le faltaba -y se requiere introducirle todavía- más competencia. Muchos grupos económicos exitosos eran más el resultado de privatizaciones mal hechas que del desarrollo orgánico de un capitalismo maduro.

Junto a algunas desregulaciones positivas, le faltaban normas adecuadas para proteger a los consumidores y, al mismo tiempo, hacer posible la introducción acelerada de las nuevas tecnologías en los servicios masivos. En este sentido, es oportuno recordar que la completa desregulación del transporte público en Santiago lo llevó al peor momento de su historia, con repercusiones negativas hasta el día de hoy.

No tuvo entre sus preocupaciones la creación o renovación de la indispensable infraestructura portuaria, aérea y terrestre; por cierto que su concesión a privados no era siquiera imaginable. El llamado modelo era agresivo contra el medio ambiente, tema en el que ha habido que recomenzar casi de cero. Es importante subrayar que, de no haberse enmendado el rumbo, las puertas estarían hoy cerradas para las exportaciones chilenas. Por otro lado, no hubo una política de desarrollo agrícola integrado, ni una visión exportadora creativa, lo que fue bien ilustrado por la invitación humorística que un ministro hizo a los productores ganaderos, a comerse sus vacas cuando el precio de mercado no les resultaba conveniente.

En el ámbito social, contemplaba políticas sociales deformadas en una dicotomía perversa entre servicios privados caros y excluyentes, por una parte, y servicios públicos universales, pero desfinanciados y con una gestión poco moderna, por otra: era el mal llamado Estado subsidiario. Después de 1990 ha sido necesario reformar nada menos que la educación, la salud, la justicia, la política de vivienda. Y sigue discutiéndose la reforma de la previsión.

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Se ignoró la discusión mundial sobre el papel de la mujer y el reconocimiento de los cambios experimentados por las familias. Resultó que las feministas no eran extremistas, ni siquiera una minoría profética, sino la voz de millones de mujeres. Se precisaron diez leyes sobre ambos temas. La legislación sobre el divorcio y los tribunales de familia ha entrado en vigor hace poco, y todavía requiere ajustes de importancia.

En el frente cultural hubo retrocesos, caracterizados en su momento como un apagón cultural, en el que sobraron esperpentos. No había, y sigue faltando, representatividad social en los medios de comunicación. Las violaciones públicas a la ética generaron un malestar moral que está lejos de disiparse, y una cierta tolerancia impotente a la corrupción de la que sólo lentamente nos vamos deshaciendo.

Había poco que imitar en el modelo. Por el contrario, lo verdaderamente moderno han sido los cambios que la sociedad ha ido introduciendo en el esquema 1973-1989.

Algunos autores de derecha han procurado validar un llamado modelo económico chileno, que habría sido el resultado de una labor original y profunda de meditación de la realidad nacional; un conjunto de principios de gran poder explicativo, que se habría luego aplicado con coherencia y rigurosidad. Por el contrario, no hubo un modelo como los que definen los diccionarios de The Economist, aunque haya habido referencias poco articuladas a ideas generales. No corresponde a una reflexión realista, ni cierra analíticamente.

Las políticas seguidas hasta marzo de 1990, más que una explicación de la realidad, eran una expresión de deseos sobre Chile que, para poder hacerse públicos, fueron envueltos en algunas ideas generales, las que dieron origen al mito del llamado modelo. En concreto, era más bien una expresión de deseos de una sociedad excluyente. De un país bajo dictadura y donde se violaban los derechos humanos básicos. Para Chile, este deseo de una minoría ha tenido un enorme costo moral; la sociedad se ha demorado en reconocer esta caída y aceptar que nada puede justificarla, y que, como país, hemos de vivir con la conciencia de esa culpa por algo que sucedió aquí, entre nosotros.

No hay que engañarse, como concluye Patricio Meller: para concretar este deseo obsceno, los neoliberales necesitaban más a Pinochet que él a ellos. Era un obsceno deseo, pero con fuerza ideológica y poder político y militar suficiente para lograr una implantación rápida y generalizada. b) Los empresarios Hasta hoy una porción abrumadora de los empresarios se reconoce en la derecha y rechaza ideológicamente a quienes gobiernan, aunque la ciudadanía les haya dado su apoyo desde 1990. En muchos casos, profesan un tipo de liberalismo más preocupado de asegurar la libertad de quienes ya tienen los recursos que de ampliarla a todos, que trae reminiscencias del siglo antepasado, en que se originó. Ello tiene una relación directa con el respaldo

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empresarial al predominio conservador en los medios y su fortalecimiento en las universidades privadas.

Por otra parte, el simplismo de la adhesión de algunos grupos económicos a una posición política determinada plantea la posibilidad que la eventual cooptación del Estado por esos conglomerados, aunque sea de modo democrático, marque una etapa de concentración aun mayor del poder. Si, por ejemplo, el Estado fuera entonces puesto al servicio del poder económico, las políticas públicas quedarían más lejos del alcance del control ciudadano, y ello podría debilitar la democracia.

En este ámbito, Chile revela todavía un cierto retraso comparado con la cultura empresarial en los países desarrollados, caracterizada por una mayor representación de las distintas opiniones políticas. Puede argumentarse que la subsistencia en algunos sectores políticos de izquierda de un sesgo contrario a la empresa privada en general y receloso de las motivaciones empresariales, es una contrapartida que justifica esta posición de los empresarios, matizándola más bien como una reacción defensiva.

Debe señalarse, sin embargo, que ha habido progresos significativos, y la realización de reuniones de trabajo con personeros de gobierno, coordinadas al más alto nivel por confederaciones empresariales y centros de estudios, se han traducido en la generación de confianzas básicas y el acercamiento de posiciones que fueron alguna vez concebidas como irreductiblemente antagónicas. Por otra parte, profesionales de simpatías concertacionistas se han ido incorporando a directorios así como a la alta administración de importantes empresas privadas, representando un aporte significativo a su gestión. Pero es indudable que el pensamiento progresista sigue teniendo pendiente la tarea de comunicar adecuadamente y sin complejos su visión renovada respecto de la iniciativa privada como una manifestación de la creatividad humana que debe ser liberada y estimulada.

4. La reinterpretación del pasado a) Características de nuestra historia Toda la sociedad chilena está atravesada por la violencia desde sus orígenes, así como por la verticalidad en las relaciones y la falta de oportunidad de desarrollo personal para muchos. También por el amor a la naturaleza y por cierta sensación de ahogo en su propia encerrada realidad.

En Chile la diversidad fue a contramano, mientras que el peso de la noche permitía la concentración del poder. La minoría conquistadora trajo centralismo político, burocracia y la unión en torno a la corona y la cruz. La organización económica y social fue concentradora por definición y hasta la independencia, el comercio exterior era centralizado por un imperio en decadencia, interesado por sobre todo en la extracción de metales acuñables. Hasta las permanentes guerras fueron centralizadoras. Y todo ello resultó en una

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sociedad oligárquica, en la que muchos estaban como lagartos en una botella, según la imagen de Poli Délano.

Los intentos regionalistas fueron derrotados una y otra vez, desde José Miguel Infante a las revoluciones de Concepción y Copiapó y la competencia comercial que Valparaíso hacía a Santiago; la creación conservadora de la comuna autónoma no hizo más que regionalizar el poder oligárquico. Las fronteras del país fueron ampliadas por el poder militar, pero la importancia de los hombres libres en los nuevos territorios fue menor que la de haciendas y salitreras. La supremacía política, económica y social del Valle Central se mantuvo mucho más tiempo que lo justificado por su escasa vitalidad económica.

Según la concepción tradicional, el Estado fue aquí más determinante que en otros países y sirvió de base a la república conservadora que le dio forma y estableció políticas públicas de alcance nacional, así como a la república parlamentaria que a fin de cuentas lo inundó desde la oligarquía. Después el Estado expresó acuerdos sociales y políticas públicas más complejos: el democratismo de Arturo Alessandri, la estrategia de sustitución de importaciones, y el acuerdo social. Durante la Unidad Popular se produjo un proceso de deslegitimación del Estado democrático y luego la implantación autoritaria de un sistema neoliberal marcó una nueva inundación oligárquica del Estado, que ahora se daría en llamar subsidiario. b) Herencias y valoraciones La Concertación ha sido representada como un arco iris, figura que simboliza tradicionalmente un pacto o alianza entre entidades diversas. ¿De dónde vienen las diversas ideas que la forman?

De los pueblos originarios, la reverencia y el amor por la naturaleza y el medio ambiente.

De la colonia, el amor por el orden y la organización. De la Independencia y después, ver cómo O’Higgins murió desterrado, Portales asesinado, y Balmaceda por su propia mano, lleva al convencimiento que la oligarquía no aprecia siquiera a quienes objetivamente le favorecen.

La igualdad sigue siendo una tarea incumplida en Chile, pese a casi 200 años de vida republicana, primero, y democrática después. Pero no se justifica ni mucho menos el abandonarla. Como señaló Sol Serrano: …lo que tiene de incendiario el proyecto de Estado liberal es que promete universalidad en los principios y niega inclusión en la historia. Pero al dar universalidad a los principios, otorga siempre un argumento a los excluidos para entrar en esa historia común, ese proyecto común. Son hitos en ese camino: la abolición de los mayorazgos, la ley de silla, la educación primaria obligatoria, el derecho a voto de las mujeres, el medio litro de leche, el fin de los hijos ilegítimos.

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Del siglo XIX permanece la convicción de la superioridad de la República por sobre el caudillismo y el militarismo, que estableciera Diego Portales. También el énfasis en el desarrollo de la infraestructura nacional, de gobiernos como los de Manuel Montt y Balmaceda. De este período también proceden la separación de las iglesias y el Estado, y el respeto por la educación pluralista, característicos de los gobiernos liberales. Asimismo, la tradición presidencialista y diversas propuestas sobre la igualdad.

De la primera parte del siglo XX proviene la valoración, paradójicamente iniciada por el parlamentarismo, de los grupos emergentes en la sociedad oligárquica: la clase media y los trabajadores organizados; el gobernar es educar, de los gobiernos radicales y, en general, la idea del Estado protector. De la segunda parte del mismo siglo y hasta 1973, la preocupación por los marginados, la valoración de la cultura popular y de la integración regional. c) El remanente indivisible Son tantas y tan parciales las perspectivas, que parecieran determinar una tendencia a la visión estereotipada de lo nacional. Los políticos, los empresarios, los militares, las iglesias y otros hablan cada uno desde su enfoque de la Patria, con frecuencia desconsiderando lo distinto y desaprovechando lo complementario, cuando no excluyendo a los demás.

El amor por la Patria es un amor difícil de manifestar; sentimos que es más grande que el ocio de los feriados, pero más difuso que la familiaridad con los héroes. La retórica patriotera nos sonroja y queremos algo más, queremos triunfos de la comunidad; tal vez por eso el fútbol a veces nos conmueve, o el tenis. El facilismo de la música que habitualmente escuchamos nos dificulta apreciar la música tradicional, pero si le damos una oportunidad nos reconocemos en frases o melodías para siempre. ¿Qué es lo común, a pesar de las diferencias? ¿Cómo no entender que a los humillados y ofendidos les cueste respirar en un ambiente de complicidad o silencio frente a la injusticia? ¿Cómo pueden afirmarse las raíces en un suelo esterilizado por la violencia y la dominación?

Lo nacional resulta inagotable; es algo que siempre sigue estando, más allá de sus múltiples expresiones que revelan nuevas luces, nuevas sombras. Por una parte, lo nacional es lo que han sido y lo que son nuestros muertos, nuestras vidas y también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por otra parte, es también la fuente de la cual fluye lo que falta aún por expresarse; la realidad posible, más allá de toda figuración o frustración actual.

Por causa de este amor por la comunidad es que nos acongojan los déficit que apreciamos, nos duelen las faltas del presente. La sustancia de este amor es a la vez sencilla y complicada, natural pero reflexiva.

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Y porque lo nacional es la fuente de lo que falta por expresarse, es que además es una fuente de esperanza. La Patria es objetiva, pero también subjetiva; existe, pero se está haciendo; la conocemos, pero seguimos descubriéndola. Si la creemos dada, la empobrecemos, pero también si, en vez de descubrirla, sólo nos dedicamos a edificarla.

Ella está allí y su único límite es nuestro conocimiento y nuestra imaginación. Es más un sentido que una cosa, más un camino que una invención. ¿Cómo descubrir ese camino?

La percepción de los chilenos es la única validación indiscutible de lo nacional. Nadie podría sustituir al conjunto de los chilenos, ya que no hay lectores privilegiados del sentido de la historia, y que puedan imponerlo a los demás aun so pretexto del beneficio general. La riqueza de lo nacional sólo puede expresarse plenamente en democracia y el logro del óptimo posible, requiere la inclusión de todos los habitantes de Chile en su propia sociedad.

La forma equitativa y eficiente de lograrlo es asegurando la igualdad de oportunidades.

La principal fuente de contenido de lo nacional, en la actualidad es la modernización inclusiva de la situación de los chilenos. El único proceso de modernización sostenida es el que puede expresarse nacionalmente, sin restricciones a priori. Democracia y desarrollo podrían darse por fin la mano.

5.- Política y gobierno a) Ciudadanía y gobernabilidad En diversos análisis globales llevados a cabo desde 1989, se tendió a codificar la política y la democracia en términos de gobernabilidad. Pese a su carácter general, esta palabra expresaba una idea bien precisa: el papel de la democracia, conquistada o recuperada, era el de subordinarse a un determinado proceso de reformas económicas. Esta definición calzaba bien con los intereses de cualquier autoritarismo.

Había llegado el momento de sacrificar muchas demandas inmediatas de la ciudadanía por la segura obtención de un futuro de crecimiento económico. Se tendía a subordinar así el ejercicio de la ciudadanía a un mercado predicado en cualquiera de sus formas; algunas primitivas, otras casi inexistentes.

Pero también se ha dicho que los ciudadanos deben determinar qué tipo de sociedad quieren, aunque los objetivos planteados se alejen de alguna ortodoxia, o pretendido modelo. Y que ésta es una divisoria de aguas entre una concepción humanista y otra deshumanizadora.

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La Concertación adoptó un enfoque diferente. Se ha enfatizado que las sociedades requieren reglas objetivas, impersonales, conocidas y que se cumplan7, es decir, que las instituciones funcionen y que la ciudadanía participe. Y que esta dimensión de la gobernabilidad es fundamental. Y también se ha dicho que los ciudadanos deben conservar el privilegio de determinar la sociedad que quieren, aunque los objetivos planteados se alejen de alguna ortodoxia, o modelo.

A inicios de la década de los noventa Fernando Fajnzylber, entre otros autores, planteó la necesidad de lograr una concertación estratégica, es decir, un conjunto de acuerdos de largo plazo, tanto explícitos como implícitos, entre el Estado y los principales actores políticos y sociales respecto de los objetivos instrumentales y de las secuencias de políticas e innovaciones institucionales necesarias para alcanzarlos. 8 El razonamiento era que las políticas requieren para su diseño y para su instrumentación el contexto y soporte institucional caracterizado por ese tipo de acuerdos. Por lo demás, la capacidad gubernamental de lograr acuerdos estables sobre fines, objetivos e instrumentos tiene relación directa con el grado de participación pluralista, la adecuación de las políticas y la eficacia de su administración. En nuestros países tales acuerdos se ponen a prueba cotidianamente a través de sus efectos y su grado de aceptación por parte de los distintos protagonistas. Esto ha sido de especial relevancia dada la necesidad de afianzar y legitimar la democracia. El alcance y la distribución de los beneficios de la mayor competitividad que se busca dependen de cómo ella es lograda. 9 A su vez, la estabilidad del apoyo político y social, así como la gobernabilidad. Desde un punto de vista económico, la gobernabilidad se basa en que se comparta ampliamente los frutos del crecimiento.

Sin embargo, es difícil conformar un apoyo político para un conjunto de políticas, dado que la apropiabilidad de sus beneficios para la mayoría de la población es principalmente indirecta. En cambio, debe esperarse que distintos beneficiarios directos presionen por establecer, mantener o mejorar su situación particular. Por supuesto, la suma de dichos intereses puede determinar a fin de cuentas un “sistema” poco sistémico. Por otra parte, hay diversas fuerzas que mantienen vivas a instituciones ineficientes.

Es habitual que, para lograr diversos cambios sociales, se requiera superar la resistencia de aquellos grupos corporativos que temen ser afectados. La mejor manera de lograrlo en una democracia es a través de un programa con amplio apoyo social y que considere la situación de los grupos afectados por los cambios. En Chile se ha estimado necesario construir consensos sociales y políticos profundos y extendidos para articular las reformas constitucionales y aplicar las nuevas políticas.10 Jorge Millas, Filosofía del Derecho, Editorial Universitaria, Santiago, 1961.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Transformación Productiva con Equidad, 1990.

9 Fernando Fajnzylber, La industrialización trunca de América Latina, Nueva Imagen, México, 1983.

10 Patricio Meller, Una revisión del debate ideológico-económico sobre desarrollo y crecimiento, manuscrito, Secretaría General de La Presidencia (SEGPRES), 9 de septiembre de 2005.

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Por eso un objetivo político fundacional es lograr la participación de los ciudadanos en todo el ciclo que va desde la discusión de la agenda pública, hasta los programas de gobierno y el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas.

Ello requiere una reforma de los partidos políticos y un buen funcionamiento del Estado. Y que las elecciones de los representantes de la ciudadanía se hagan conforme al principio una persona, un voto, a partir de la inscripción automática. También que las instituciones funcionen, así como una vigorosa opinión pública, disminuyendo la opacidad y omnipresencia de lo corporativo. b) Los partidos Al menos dentro del sistema democrático, cualquier conglomerado que pretenda mantenerse en el poder tanto tiempo como la Concertación, demostrando de esa manera ser más que una mera alianza electoral o parlamentaria, debe tener mucha lucidez respecto del tipo de sociedad que se propone construir. Es decir, los grupos que lo integran deben reflexionar suficientemente respecto de aquellas ideas que la ciudadanía identifica como centrales, para llegar a consensos básicos que puedan ser eficientemente comunicados y proyectados a la misma ciudadanía.

Es preciso reconocer la acumulación de una especie de cuenta de déficit al respecto, un incordio que hace mayor el riesgo de crisis internas del conglomerado, afecta la imagen de la Concertación y pone en riesgo la aprobación parlamentaria y el respaldo ciudadano de proyectos importantes. Una reflexión permanente no debe confundirse con la discusión que se pueda llevar a cabo en comisiones de trabajo designadas para resolver asuntos específicos, como la preparación de una legislación determinada, por importantes que ellos sean.

Por una parte, se teme que haya desacuerdos que recaen sobre cuestiones fundamentales, ya sea porque pertenecen al ámbito de las creencias o de las posiciones filosóficas que inspiran a los distintos componentes del conglomerado, y que discutirlas podría ser tremendamente divisivo, y perjudicial. Pero no hacerlo tiene el efecto aun más peligroso de confirmar estereotipos como que hay un segmento de la Concertación que tendría el monopolio del progresismo, mientras otro tendría toda la responsabilidad sobre los temas valóricos, y estimular en algunos la tentación de trasladar apresuradamente ese tipo de desacuerdos al juicio más amplio de la ciudadanía, o de buscar el apoyo de corporaciones intermedias o incluso grupos de presión.

En el mismo sentido, también se teme correr el riesgo de que un exceso de discusión interna paralice o, por lo menos, demore excesivamente la toma de decisiones, haciendo que los responsables de las políticas públicas se anticipen a adoptar medidas, derrotando sólo aparentemente la oposición interna a las mismas. Es verdad que en la práctica, las heridas que este tipo de procedimiento deja, tienden a supurar mucho tiempo.

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Es necesario resistir los reduccionismos que, con el pretexto de facilitar ingenierilmente la administración de la realidad, empobrecen nuestra visión de ella. Bajo el pretexto de la prudencia, todos ellos nos inmovilizan.

Por el contrario, ampliar el campo de lo posible es un objetivo político específico, si queremos transformar el mundo en un sitio donde las personas puedan ser verdaderamente libres y responsables. c) La corrupción El riesgo de que la corrupción, que a ningún nivel debiera estimarse aceptable, aumente hasta convertirse en un factor desestabilizador de una coalición política de avanzada, es muy real, especialmente cuando se prolonga en forma significativa la permanencia de ésta en el poder, generando culturas corporativas defensivas y reproductivas dentro de los partidos que forman el conglomerado, y el respectivo clientelismo.11 Más aun, la historia del siglo XX abunda en ejemplos de cómo este fenómeno puede afectar la gobernabilidad y, al final, la existencia misma del sistema democrático.

En esta dirección, es importante subrayar que, al advertirse señales alarmantes del retraso que el país tenía en materia de la toma de resguardos, incluso legislativos, frente a la corrupción, la falta de transparencia, y la deshonestidad en el desempeño de la función pública, el año 1994 se tomó una serie de iniciativas legales y administrativas, que culminaron en la dictación, entre otras, de una Ley de Probidad Pública en 1999, la creación de una Dirección Nacional del Servicio Civil y un Sistema de Alta Dirección Pública en 2003, y la consagración con rango constitucional, en 2005, del principio de transparencia de la función pública. 12 No obstante, en todos estos casos, y especialmente en lo relativo al financiamiento de campañas electorales y partidos políticos, es necesario señalar que hay deficiencias muy importantes en la implementación y evaluación de las políticas aprobadas, especialmente en lo tocante a detección de novedosas fuentes no buscadas de corrupción y opacidad, surgidas precisamente al amparo de las nuevas normas o, al menos, del cumplimiento meramente formal y aparente de las mismas. Es así como la opinión pública se ha visto sorprendida al descubrirse graves irregularidades, que pueden consideradas no sólo consecuencia de la necesidad técnica de financiar la política, sino como el resultado de un modo de hacer política, que no puede seguir siendo tolerado.13 Antonio Cortés Terzi, Concertación: Irregularidades y “Crisis Existencial”, Asuntos Públicos, Informe N°578, noviembre de 2006.

12 Alfredo Rehren, Una política integral para la transparencia de la política y administración del Estado, trabajo elaborado para el Programa de Políticas Públicas, 2005.

13 Genaro Arriagada, Corrupción: ¿Qué ha hecho la Concertación para detenerla?, Asuntos Públicos, Informes N°576 y N°577, noviembre de 2006.

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Aparte del resguardo y la buena aplicación de los fondos públicos, que son un bien nacional, está en juego la independencia de los funcionarios públicos respecto de los intereses privados o simplemente particulares (special interest groups). Estos, por respetables que puedan parecer los propósitos que declaran, no pueden imponerse en forma silenciosa al interés general que deben tener como misión las organizaciones del Estado.

Más allá de la evidente utilización política de las mismas, la sociedad civil hace bien en escandalizarse frente a todas estas situaciones, porque demuestra así su salud moral, y obliga a los grupos afectados, a ejercer una profilaxis indispensable, si es que pretenden seguir siendo protagonistas y conductores de la vida política nacional. d) El enfoque de las políticas públicas Aunque la primera publicación sobre el tema en revistas académicas chilenas es de 198014 y su primera articulación institucional se dio en CEPAL a mediados de esa década, el enfoque de las políticas públicas se desarrolló en Chile en el contexto de los gobiernos de la Concertación.

Es así como sus primeras aproximaciones fueron visibles en la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del Ministro Edgardo Boeninger durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994). Desde entonces ha habido una progresiva adopción del enfoque de las políticas públicas en el análisis político, social y económico del país. Este llegó a tener un alcance más general durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), período en el cual se radicó a la Dirección de Políticas Públicas en la Presidencia de la República.

Se trata de un desarrollo institucional caracterizado por definiciones claras y modalidades operativas preestablecidas en el manejo de los asuntos públicos.

Esta transformación es ventajosa porque significa la también progresiva adopción de un lenguaje común sobre los temas de la agenda pública, lo que es especialmente útil cuando se quieren proponer distintas cosas sobre ellos. Así se evita una discusión de sordos y, en cambio, puede fortalecerse el diálogo social y el sistema político puede modernizarse.

Un ejemplo de lo anterior es que puntos de vista separados por visiones del mundo diferentes pueden, sin embargo, coincidir en políticas públicas que den soluciones a los problemas de los ciudadanos. Una divisoria de aguas para el entonces ministro de Educación fue el tema del embarazo escolar; todos querrían evitarlo, pero ¿qué hacer si de todas maneras ocurre? Por lo menos, hay que hacer posible que la niña siga sus estudios.

Eugenio Lahera, Evaluación instrumental de políticas públicas, Revista de Administración Pública, Nº6, Facultad de Economía y Administración, Universidad de Chile, diciembre de 1980.

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Por otra parte, la aplicación del enfoque de las políticas públicas a la gestión pública sirve para aumentar la eficiencia y la eficacia del Estado. Al considerar al gobierno como un factor endógeno de las políticas, el enfoque de las políticas públicas permite determinar la calidad de las iniciativas planteadas, incluyendo al mismo tiempo su viabilidad política y técnica.

Toda política pública se encuentra en una etapa de origen, diseño, gestión o evaluación. Y a este respecto los cambios han sido sustantivos y sin perjuicio de cambios sectoriales, como el caso de la reforma de la salud, hoy se cuenta con una variedad de normas transversales que, al mejorar cada etapa de las políticas públicas, mejoran al gobierno. Un ejemplo de ellas es la Dirección Nacional de Servicio Civil, que designa por concurso a su Director.

Este enfoque también precisa el concepto de la reforma del Estado, dejando atrás la visión basada principalmente en cambios de organigrama.

Desde otro punto de vista, hoy también se tiene una mejor comprensión de los tres ámbitos que integran toda política: la interna, la informativa-participativa y la político-legislativa.

Una consecuencia de lo anterior es que se ha modificado el funcionamiento del núcleo estratégico del gobierno en la aplicación de las políticas públicas en estas tres facetas.

Las tres facetas de la política pública son importantes. Primera es la faceta interna, definir la política pública; segunda, aquella que es tal vez la más compleja: la informativa y participativa, es decir, cómo se explica a la comunidad en qué consiste la política propuesta y cómo se plantea llevarla cabo, sea ella la reforma de la salud o el plan Transantiago. Y esto es esencial en una democracia, para que los temas de las políticas públicas no sean monopolizados por los grupos de interés y para que los ciudadanos puedan decidir sobre su respaldo o rechazo de lo que se está haciendo. Sin información, la participación es más difícil, o excluye a los ciudadanos no organizados. Este es un tema que no se discute en las democracias más desarrolladas.

Y la tercera faceta es la político-legislativa, ya que algunas políticas son materia de ley, por lo cual se deben enviar los proyectos para que sean discutidos en el Congreso, a veces a partir de conversaciones y acuerdos con los diversos partidos. Y también con una opinión pública informada al respecto.

El enfoque de las políticas públicas es una muestra que los grandes cambios sobrevienen a veces de forma casi imperceptible. Y, sin embargo, la capacidad de procesar acuerdos y desacuerdos es parte esencial de un país moderno. Operar de este modo representa un desarrollo institucional importante. Quizás éste desarrollo sea lo que explique buena parte de los éxitos obtenidos por los gobiernos de la Concertación en Chile, sin perjuicio de ciertas condiciones de marco que han sido también importantes.

Desde otro punto de vista, es necesario precisar los alcances del enfoque de las políticas públicas, tanto analíticos como operacionales:

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Por una parte, las políticas públicas se nutren de la agenda pública y la discusión política; pueden complementar ambas, pero no pueden reemplazar a ninguna de ellas por una tecnocracia autocomplaciente.

Por la otra, las políticas públicas corresponden a un cambio institucional no formalizado expresamente y cuya aplicación práctica podría todavía enriquecerlo mucho o, por el contrario, desvirtuarlo completamente. e) La participación ciudadana La participación no es solamente un asunto de estilo o temperamento político, ni puede fundarse en una concesión graciosa del gobernante. La representatividad de las instituciones es de la esencia del sistema democrático, lo que obviamente no puede limitarse al ejercicio del sufragio en las elecciones personales ni a mecanismos modernos de decisión, tales como plebiscito, referéndum, revocatoria y otros. Es así como las distintas asociaciones de ciudadanos que componen la sociedad civil han ido reclamando progresivamente conocer en forma oportuna las políticas públicas que se proyecta presentar a la aprobación legislativa, y pronunciarse sobre ellas, sobre todo cuando les afectan o interesan directamente.

Es una condición del sistema democrático que la participación directa de los ciudadanos no debilite los órganos representativos a los que la constitución asigna los roles legislativo y de aplicación de las leyes. Sin embargo, se ha observado en países que nos llevan la delantera en esto, que la participación organizada de los ciudadanos, en nada parecida al gobierno por asamblea, ni menos a la asonada callejera, fortalece al sistema democrático al confirmar su legitimidad y proporcionarle una mayor efectividad, principalmente como resultado de un mayor control de lo que se ha llamado con poca fortuna la clase política, y de una mejor información de todos los agentes al momento de tomar decisiones concretas. Menos aun se parece al corporativismo que operaba rubricando en forma automática los dictados de los líderes totalitarios de la Europa del siglo XX. Las asociaciones ciudadanas, especialmente las que funcionen en forma voluntaria serán pilares del sistema democrático y podrán beneficiar a la comunidad en la que surgen, en la medida en que se minimicen las barreras actualmente existentes para su constitución jurídica formal, lo que debiera permitir una adecuada identificación, la necesaria autonomía dentro del ámbito que las leyes le reconozcan, y los recursos mínimos para su funcionamiento efectivo. f) Las Fuerzas Armadas La misión de las Fuerzas Armadas ha sido por largo tiempo una fuente de tensión entre lecturas más o menos interesadas. Para la Concertación la primera afirmación es la de volverlas a sus funciones profesionales, relativas a la seguridad externa del país, a las que

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se suma en este período de la globalización, su participación en la preservación del orden internacional, a solicitud de las Naciones Unidas.

Esta misión de las Fuerzas Armadas es principalmente disuasiva, esto es, la cumplen impidiendo por su presencia y peso la posibilidad de aventuras o agresiones externas. A esta misión colabora la situación de juridicidad existente en Chile, su vida democrática y la profundidad de su integración en la sociedad mundial.

Esta disuasión es un bien publico, que favorece a toda la sociedad y su provisión debe ser adecuada en cantidad y calidad, y ser hecha exclusivamente por las Fuerzas Armadas en ese ámbito. Como bien público, requiere un gasto acorde con su significación y ajustado a la historia de las relaciones con los países vecinos. Un gasto por sobre estos niveles puede inducir gastos similares en otros países, con lo cual en el mejor caso se logra la misma disuasión, a un mayor costo fiscal, y sólo ganan los proveedores de armamentos.

El gasto militar son el que se provee el bien público de la defensa debe ser rigurosamente evaluado, de manera parecida a la del resto del gasto fiscal. Los costos por producto, la asignación de los recursos, su división entre clases pasivas y activas, así como entre personal y armamentos y sistemas, la eficacia y eficiencia de las organizaciones, debe ser objeto de un trabajo especializado. A su vez, este trabajo fundamentará políticas públicas que la población puede y debe conocer.

6. Economía y sociedad a) Mercado y sociedad Durante la dictadura, también como resultado de una lectura ideologizada de las nuevas condiciones y planteamientos internacionales, se tendió a codificar la libertad económica como el mercado actualmente existente, o, más simplemente, la libertad de precios, y se tendió a convertir al mercado en el paradigma del orden social.

La predominancia del neoliberalismo marcó un cambio importante en los estudios sobre el desarrollo. Ya no se le vio como una transición con especificidades, sino como un continuo, Los cuestionados mecanismos anteriores fueron reemplazados por la confianza en el mercado, con una visión minimalista del Estado. El desarrollo dejó así de ser una disciplina separada en la economía.15 La disolución de toda otra forma de relación social para conformarse a la del mercado, profetizada por Marx, parecía haber llegado. Pero se olvidó que la palabra mercado tiene muchos significados, ya que las relaciones sociales se insertan siempre en aquellas preexistentes. El mercado significa, por ejemplo, una cosa distinta en China que en África.

Jomo KS y Ben Fine (ed.), The New Development Economics: Post Washington Consensus Neoliberal Thinking, Zed Books, 2006, Londres 15

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En esta visión simplista, el mercado fue reducido a una visión macroeconómica bastante sesgada, ya que excluía objetivos importantes respecto del crecimiento y del empleo. Pero, excluía además un tema central para toda sociedad, cual es el de la equidad. El Consenso de Washington fue unas de las codificaciones del fundamentalismo de mercado, una que tuvo gran impacto en América Latina.

Es paradojal que Chile, al que todos consideraban un buen alumno del Consenso de Washington, en realidad haya tenido éxito desde que empezó a hacer las cosas de otro modo. Se duplicó el producto, y simultáneamente la pobreza fue disminuida a la mitad. b) Integración en la economía internacional Respecto de la necesidad de crear empleos decentes con una economía dinámica, la opción estratégica fue por un crecimiento de la economía basado tanto en una política fiscal equilibrada y contracíclica -que depende de Chile- como en una integración diversificada a la economía mundial, una que sea respetuosa del medio ambiente, cuya posibilidad está condicionada por la operación de la economía mundial.

Por eso se plantea que, para que el mundo interdependiente llegue a ser una sociedad ordenada y pacífica, es necesario priorizar los esfuerzos multilaterales que fomentan la paz y un sistema de amplia participación en el sistema de gobernabilidad global. Se requiere fomentar mecanismos de negociación, compromisos y la construcción de consensos.

Un proyecto así, se afirma, garantiza simultáneamente argumentos, métodos e incluso modalidades de intervención contra quienes lo ataquen con violencia. Y permite prevenir las luchas contra los enemigos que el presente desorden seguirá generando.

Son sus elementos la cohesión social, la convicción de pertenencia a la sociedad, la confianza en los demás y en las instituciones, una mayor solidaridad, la valoración de la democracia, la participación en espacios públicos, la no discriminación y la aceptación del otro que es distinto.

Tal vez sea esta visión integrada de la globalización lo que explica que el 75% de los encuestados por IPSOS en mayo del 2004 estimara que la globalización ha sido positiva para el país y el 65% considerara que pertenecer al ALCA será benéfico para Chile.16 La globalización no es un fenómeno natural como la fuerza de gravedad; o frente a la cual sólo cabría lamentarse y rechazarla o participar en ella mediante una suerte de contrato de adhesión. De hecho, un fatalismo como ese refuerza una concepción rígida y estrecha de la globalización, que no toma en consideración el hecho que ella sí es modificada por diversos 16

IPSOS, Barómetro Iberoamericano de Gobernabilidad, mayo 2004.

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agentes en distintos escenarios, tanto en lo conceptual como en el terreno práctico de las políticas públicas.

Por de pronto, debe aclararse que la pregunta relevante no es acaso debemos participar en la globalización, ya que el aislamiento no es una opción realista. Pero no es menos cierto que algunas trayectorias y condiciones de incorporación son más convenientes que otras para nuestro país. Sin políticas de mejoramiento de la competitividad y de cambio tecnológico innovador no se aprovecharán las oportunidades que brinda la integración a la economía internacional.17 c) Políticas de la estrategia ¿Cuál es la mejor política nacional de articulación con el mundo global, una que evite que prevalezcan los elementos desintegradores? Varios procesos críticos para la inserción exitosa a nivel global (el desarrollo institucional, la formación de capital humano, la construcción de consensos sociales) son esencialmente endógenos, es decir, sólo pueden ser generadas al interior de Chile. La dictadura jamás habría podido comenzar siquiera a negociar los acuerdos a que se ha podido llegar. ¿Qué tipo de políticas son críticas para una inserción exitosa (macro, meso, social, ambiental)? ¿Cuáles son los márgenes de acción efectivos? ¿Cómo se combina, en particular, las necesidades de flexibilidad que exige un mundo en cambio, con las necesidades de protección social? ¿Cómo se flexibiliza la oferta, haciéndola más competitiva? ¿Y qué hay de la autonomía? En el terreno económico conviene recordar que nunca los gobiernos han podido elegir a su regalado gusto las tasas de interés y los tipos de cambio, o los niveles de producción y empleo. Ellos se refieren a realidades económicas que hay que reconocer, para poder trabajar con ellas. Esto es, existen límites a las políticas económicas, y en todo tiempo los ha habido.

El principal efecto de la globalización ha sido acelerar los plazos y aumentar la severidad de las consecuencias de ignorar las restricciones de la política económica. Como siempre, la sabiduría consistirá en encontrar e implementar la combinación de políticas que tenga la mayor rentabilidad social, lo que en estos tiempos se traducirá en aquélla que mejor aproveche esa ampliación de los mercados y el conjunto de reglas mucho más exigentes que rigen esas ligas a las que nos vamos incorporando.

Está claro que los acuerdos comerciales que vamos suscribiendo constituyen el evento de mayor ampliación del mercado para Chile en su historia. Pero, en nuestra perspectiva, su dimensión más importante no es aquella meramente cuantitativa y comercial, sino que Anoop Singh y Martin Cerisola, Sustaining Latin America’s Resurgence: Some Historical Perspectives, IMF Working Paper 06/252, noviembre 2006.

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representan, sobre todo, una gran oportunidad de cambio social.

Cabe recordar que hace doscientos años, abrir los puertos chilenos al comercio internacional -entonces principalmente con Inglaterra- fue uno de los objetivos más importantes del proceso, indudablemente mucho más amplio, de independencia de la metrópolis española.

Los acuerdos establecen reglas comunes para economías de tamaño disímil, lo que siempre es mejor que la ausencia de reglas. Ellos afirman al mismo tiempo la democracia y el manejo macroeconómico; requieren la cohesión y el diálogo social como base de apoyo; son una oportunidad de crecer culturalmente en vez de convertirnos en trivializados receptores de programas televisivos. Y, lo que no es menor en absoluto, nos comprometen con la necesidad de generar condiciones internas para garantizar el trabajo decente y el desarrollo sostenible.

El resorte del ciclo expansivo de la economía esta vez no serían las masivas transferencias de activos y subsidios fiscales, o los cambios dramáticos en las reglas del juego, ambos característicos de la dictadura. En democracia, en cambio, los tratados de libre comercio favorecerán la exportación bienes distintos de los commodities, al aplanar el escalonamiento arancelario y abaratar las importaciones. Sin perder de vista los problemas derivados de la apreciación del peso, debe ser posible exportar bienes con menor elasticidad-producto, lo que también baja el umbral de las inversiones requeridas para exportar. Otra consecuencia favorable que puede esperarse es que las coyunturas negativas de la economía internacional nos afecten menos. Por otra parte, la economía se encuentra bien preparada para absorber el pronosticado regreso de los flujos de capital externo a la región. ¿Y qué hay de la sociedad? El mayor dinamismo favorecería a todos, ya que habría más empleo y disminuiría la pobreza. Sin embargo, la estructura de distribución de los ingresos adicionales no sería muy diferente, visto que un crecimiento económico como el que hemos tenido tiende a concentrar los ingresos. Esa es una de las diferencias entre crecimiento y desarrollo.

Por eso el aumento de la productividad debiera abrir mejores posibilidades de políticas redistributivas. Buenos empleos, con remuneraciones crecientes, señalan el camino del desarrollo nacional, orientación que planteó Aníbal Pinto hace años, pero que sigue inexplorada entre nosotros. A veces da la sensación que las discusiones sobre distribución del ingreso siguen ancladas en los años sesenta, y, lo que es muy importante, falta proponerse seriamente disminuir la heterogeneidad productiva de los sectores y regiones del país.

Es necesario mantener políticas económicas equilibradas y mejorar la capacidad del sector público para enfrentar sus nuevas tareas. Estas incluyen una supervisión estricta, pero inteligente de la actividad económica, reglas del juego claras y regulación oportuna. Debe

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favorecerse la sustitución de ciclos de expansión basados en rentas, por la agregación de valor a los productos, terminando con el retraso en materia de indemnidad impositiva de las principales fuentes de rentas absolutas, que ha sido criticada, entre otros, por el Fondo Monetario Internacional.

La globalización tiende a acelerar las dinámicas de creación y destrucción económica, lo que impone nuevos desafíos a la política social. Conviene fortalecer las capacidades públicas, para contar con un sistema de protección social que anticipe y contribuya a facilitar y afianzar las transformaciones necesarias y deseables. También es indispensable promover la adopción y difusión del progreso tecnológico, lo que debe traducirse en apoyo a la adaptación y la innovación tecnológica y a la capacitación laboral, así como el respaldo financiero a aquellos sectores generadores de empleo y capacidad de exportación.

La política también se ha globalizado. Hoy por hoy, un líder político debe tener un amplio apoyo local, pero también debe respetar las reglas del mercado financiero internacional; si uno de estos elementos falla, la gobernabilidad se resiente. En áreas como el derecho comercial se avanza rápidamente a la uniformidad en normas comunes, y el enjuiciamiento de las violaciones a los derechos humanos también empieza a globalizarse, mediante convenciones y cortes internacionales de creciente jurisdicción y competencia.

En cuanto al medio ambiente, es necesaria una política ambiental clara y comprensiva. Ello para que nuestro desarrollo sea sustentable en el largo plazo, pero también porque de otro modo las exportaciones chilenas encontrarán barreras crecientes.

Además, nuestra inserción en la sociedad mundial nos obliga moralmente a aportar a bienes públicos globales, como el mantenimiento de la paz y la lucha contra la pobreza y el terrorismo, y el reconocimiento de los grupos indígenas en todo el mundo. d) ¿Nos acercamos al punto de no retorno?

Para que haya verdaderamente desarrollo no basta con el aumento del producto per cápita, que ya sería un programa conservador muy presentable. Se necesita, también, que la distribución de ese nuevo producto tenga una base más amplia. La reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso sólo serán sustentables si hay una expansión sostenida de las oportunidades de empleo formal y un aumento de los salarios, especialmente en los niveles más bajos.

En esta etapa del desarrollo de Chile, la tendencia del empleo es probablemente el mejor indicador del impacto del crecimiento económico. Las oportunidades de generar círculos virtuosos de crecimiento con mayores oportunidades para la integración de los productores locales a los más amplios mercados externos requieren políticas estratégicas, inversión en capital humano, conocimiento endógeno y tecnología, así como la ampliación de la base productiva. Y ello supone cambios profundos y simultáneos que no están garantizados.

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En todo caso, dadas las buenas condiciones en que Chile puede hoy integrarse a la sociedad mundial, la respuesta dependerá más que nada de nosotros mismos.

La integración a la sociedad global quizás sea la forma que asuma el desafío histórico de Chile para esta generación y la próxima. Es previsible que las alternativas de este proceso empiecen a concitar una gran atracción intelectual, política y social, ya que el mañana se definirá en el día a día, al igual que las relecturas del pasado que ello provoque. No parece haber tarea programática mayor. Como se ha dicho, escribimos la historia que queremos continuar. ¿Cómo se podría traducir todo lo anterior en la política? Existe un amplio apoyo a un programa que una la creciente integración a la economía mundial con los cambios necesarios para que ella favorezca al conjunto de los chilenos y chilenas, así como un apoyo menor, pero sólido, a las políticas más conservadoras.

Lo atractiva que resulta hoy la opción de integrarse al mundo y de hacerlo de manera socialmente incluyente es un factor que erosiona las posiciones políticas más convencionales: este programa, posible en el mundo de hoy, no es el que predicaron la izquierda, el centro o la derecha hasta 1989, el año en que el mundo y Chile cambiaron su rumbo.

Podemos concluir que la integración a la sociedad mundial puede ser una amenaza para Chile si nuestras políticas son confusas o insuficientes. Pero también está la posibilidad de lograr que ella favorezca el desarrollo y el bienestar económico.

6. Aspectos internacionales a) El concepto de sistema internacional La reacción inicial al ataque terrorista en Nueva York permitió configurar por unas semanas, o quizás meses, una alianza amplísima, que condenaba el terrorismo y se proponía combatirlo. Pareció, por un espejismo fugaz, que la agenda internacional podía ser fortificada con objetivos y medios adicionales.

La visión de un sistema internacional fundado en la guerra preventiva contra los Estados forajidos, fuera de Naciones Unidas, falló. En el orden del razonamiento jurídico, la guerra contra el terrorismo no llegó a ser el principio organizador del sistema internacional. 18

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Daniel Vernet, Le règne du chaos international, Le Monde, 11 de septiembre de 2006

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Pero, en la práctica, hubo un retroceso a concepciones unilaterales o de ataques anticipatorios (preemptive strikes), a una desvalorización de las instancias multilaterales y hasta al incumplimiento de acuerdos internacionales recientemente suscritos.

Tenemos aquí otro reduccionismo, esta vez de las relaciones internacionales y del sistema internacional. Se trata de convertir a los países en actores globales de un solo tema. ¿Y las demás cuestiones, como las hambrunas, las pandemias, el tráfico de estupefacientes, la destrucción del medio ambiente y la discriminación de la mujer? No pueden subordinarse todos ellos a la lucha contra el terrorismo, por muy legítima que sea, pero tampoco puede polarizarse al mundo en contra de los países que la creen indispensable.

Si queremos que el mundo interdependiente llegue a ser una sociedad ordenada y pacífica, necesitamos priorizar los esfuerzos internacionales y multilaterales que promueven la paz y un sistema de amplia participación en el sistema de gobernabilidad global.19 Necesitamos fomentar mecanismos de negociación, compromisos y construcción de consensos entre los países.

Tal sistema multilateral debe estar orientado a la profundización de la democracia en todo el mundo y una distribución más igualitaria de las oportunidades económicas. Pero también debe estar orientado por una inteligente y progresiva aplicación de los principios democráticos a nivel del planeta en su conjunto, es decir, más allá de los Estados nacionales. Nunca por la imposición manu militari de sistemas de elección popular.

En este sentido, la conducción razonablemente independiente de la diplomacia chilena durante el período en el cual el país estuvo representado en el Consejo de Seguridad, parece correcta, especialmente en lo relacionado con la intervención de Estados Unidos en Irak. b) América Latina Muchos analistas se sorprenden tanto por la prevalencia de gobiernos que podrían considerarse izquierdistas en América Latina como por las importantes diferencias y aun conflictos que se producen entre ellos.

La explicación de que haya tantos gobiernos de izquierda puede encontrarse en el fracaso de la alternativa conservadora: el Consenso de Washington, el concepto de gobernabilidad, la polarización del acceso a la salud, la educación y la vivienda, las malas políticas previsionales, una concepción simplista del orden internacional, procesos de ajuste fiscal durísimos y contraproducentes, y visiones unilaterales y excluyentes de la respectiva historia nacional. Y en democracia, todo lo que no funciona, pierde, salvo cuando se teme un mal mayor. Y ya no hay una película terrorífica de la Guerra Fría.

Sobre la importancia de esta distinción para Estados Unidos véase Marc Plattner, Internationalism and Democracy, Philosophy 80, 2005.

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Y las diferencias entre ellos derivan de la historia de cada movimiento, la experiencia vivida durante los años de plomo, los cambios ideológicos, incluido el postmodernismo, las políticas de los gobiernos reformistas, características de cada economía nacional, como el coeficiente de comercio exterior, tamaño del mercado interno, productividad, proximidad a los Estados Unidos, su posición frente a los mayores cambios en el escenario mundial durante los últimos treinta años, especialmente el final de la Guerra Fría y el aumento de la globalización, sus relaciones con los Estados Unidos, cambios en la definición de lo nacional, y otros. c) El desafío cultural Los temas culturales tienen una doble especificidad en el marco de la integración a la sociedad mundial. Por una parte, las expresiones culturales son específicas de un pueblo pero también es desde las características propias, que se puede interactuar a nivel global.

De este hecho se deriva el imperativo de no considerar a la cultura como otra mercadería más que pueda transarse en el comercio internacional, sino como un bien delicadamente articulado, con una identidad propia.

La hegemonía cultural de pocos grupos en lo interno y de pocos países en lo externo es lo contrario del respeto a la especificidad cultural. Potenciar la especificidad es potenciar la diversidad mediante más libertad creativa. Porque, junto a una creación política, económica y social basada en el conocimiento racional, en la ciencia, ¿no necesitamos también una cultura libre de toda restricción que no sean las limitaciones propias del proceso creativo mismo? La pasión, el éxtasis, lo místico deben tener su propia jerarquía en la cultura y en el desarrollo personal.

Chile aspiró, y pareciera que hoy la gente lo busca todavía, a formar una comunidad, con identidad cultural. Ayer, con una visión bastante homogénea y hoy, más basada en el reconocimiento de nuestra diversidad, así como de la diversidad global y su potencial de enriquecimiento para todos. Después de todo, el camino de Andrés Pérez pasó por París, como el de tantos otros que entendieron el corazón de Chile. Por otra parte, pareciera que vamos poco a poco reconociendo que el exilio ha traído más riqueza cultural que todos los trasplantados que retrató Blest Gana.

Parece que faltara un impulso cultural que permita llenar los vacíos que dejan las convicciones viejas, ya perdidas, y que no siempre llenan las nuevas, todavía poco articuladas. Si los grandes conglomerados mediáticos transnacionales son las nuevas instituciones de socialización, como ha dicho Ortiz, ¿no es indispensable plantearnos seriamente mejorar nuestra televisión? ¿No deberíamos intentar que se conociera mejor la música creada hoy en Chile?

Es previsible que la hegemonía cultural actual se vaya tornando más compleja y sutil.

Pareciera que la intensidad de las comunicaciones lleva a una simplificación en un primer

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momento, a la larga llevará también a una demanda por cosas distintas, que por su naturaleza quizás sólo en parte sean asimilables al mainstream.

Si la integración de Chile en la sociedad mundial es cada vez mayor y más multiforme, ¿qué pasará con nuestra participación en sus dimensiones no económicas? Algunos opinan que Chile será una suerte de Miami meridional, otro lugar favorito de peregrinación para las familias. Parece más probable, sin embargo, una diversificación de objetivos y de destinos.

Por otra parte, junto a la aparición de nuevas incógnitas, podrían debilitarse visiones tradicionales como la obsesión por la jerarquía social o el machismo. Y fortalecerse otras hoy soterradas, pero que siempre estuvieron allí, como el amor por la naturaleza y la solidaridad en las emergencias.

No debe perderse de vista que una economía sana no basta para avanzar hacia una sociedad más culta y pluralista. El curso de expansión de nuestra frontera espiritual pasa por cuidar nuestro patrimonio cultural, al tiempo que se fomenta la creación y el intercambio con la cultura mundial.

El incremento de las comunicaciones diluye las diferencias entre los países, pero también afecta de algún modo la identidad nacional. Algunos celebran la recepción de mensajes culturales no tradicionales, mientras otros lamentan la pérdida de valores tradicionales. ¿Qué políticas públicas deben seguirse al respecto? ¿Se evitará que desaparezca lo propio, barrido por símbolos multinacionales? Eso pareciera depender más bien del autoconocimiento, la autoestima y el impulso creador que se logren, así como de la interacción con el mundo, y no de cerrarse a todo lo que venga de afuera. ¿Cómo nos imaginamos Chile en los próximos años? Dicho de uno de los tantos modos posibles: ¿Con qué música nos imaginamos los paisajes y recuerdos del futuro? ¿Y qué de la poesía, las artes visuales, el teatro?

El sector público tiene deberes con la cultura, no menos que con la salud y la educación.

Precisamente porque la cultura no puede ser tratada como una mercancía más en las negociaciones internacionales, es que en ellas se ha preservado el derecho a mantener programas de apoyo gubernamental y otros subsidios a la industria cultural. La diversidad cultural se sostiene en la existencia de una dinámica audiovisual, musical, una industria del libro y, de manera indirecta, las artes escénicas y el conjunto de la cultura.

Por una parte es claro que debe facilitarse el acceso a las comunicaciones, incluyendo el acceso a banda ancha para todos los habitantes del país.

Por la otra, el sector público puede fomentar o actuar de manera catalizadora en la preservación del patrimonio, la extensión cultural y la creación artística. Ello requiere

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políticas culturales modernas y de gestión autónoma.

En los próximos años se definirá la manera en que la comunidad internacional abordará la relación entre el comercio y la diversidad cultural. Y Chile debe participar activamente en ella.

7. La discusión electoral con la derecha a) Propuestas en tiempo electoral Llama la atención que, lejos de insistir en la recuperación del modelo, cada vez que hay elecciones, la Derecha acaba mimetizando sus propuestas con las de la Concertación; característicamente, todos dicen querer que haya crecimiento con igualdad y critican que todavía no se logre plenamente. Pero, salvo en juegos de palabras, no hay manera de conciliar el modelo que profesan con estas propuestas concretas de la temporada electoral.

Es forzoso distinguir entre la retórica y los hechos.

En primer lugar, como ya vimos, la Derecha creó o empeoró varios problemas que hoy dice combatir. Chile perdió la democracia y quedó pobre e inseguro a fines del gobierno autoritario. Los servicios sociales fueron segregados y aumentó la exclusión social; los pensionados se quedaron sin reajuste, la inversión pública cayó. El desempleo alcanzó su máximo histórico. La educación empeoró, el medio ambiente se siguió deteriorando. Es cierto que esto ocurrió hace años, pero revertirlo ha costado mucho tiempo, esfuerzos y dinero.

En segundo lugar, en tiempo electoral la Derecha oculta aspectos o consecuencias inevitables de sus propuestas. No habla de desregular los servicios públicos, facilitar los despidos, simplificar las evaluaciones ambientales, o poner punto final al tema de los derechos humanos. Tampoco habla sobre la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres. Esperan que no trascienda mucho su oposición a que voten los chilenos en el extranjero, y la política de empleo juvenil que patrocinan se remite a proponer la reducción del salario de los jóvenes, pero para hacerlos más contratables… También hay silencios estruendosos, como el que recae sobre discriminación o sobre política cultural. ¿Qué proponen sobre televisión ciudadana o cultural? ¿Asignarán recursos a los fondos concursables del libro, audiovisual, de la música, al Fondart que tanto han criticado? ¿Apoyarán alguna forma de representación paritaria de hombres y mujeres?

En cambio, caen en ofrecimientos tan evidentemente populistas tales como comprometerse a la creación de 90 mil empleos en 60 días.

En tercer lugar, la derecha ha actuado y votado en contra de propuestas que ahora dice compartir. Alaban los TLCs que sólo ayer consideraban anatema. Su representación parlamentaria sobredimensionada por el sistema binominal ha rechazado propuestas de

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claro beneficio social. Se negaron a cambiar el sistema electoral por uno más representativo; también se opusieron al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y se complicaron hasta el último momento con el tema del royalty minero. Por otra parte, han forzado la modificación para peor de políticas bien diseñadas, como en el caso de la eliminación del Fondo Solidario en la reforma de la Salud y el de la legislación que hace posible el financiamiento adecuado de las municipalidades de menores ingresos.

En cuarto lugar, en la eventualidad de un triunfo electoral de la derecha, ¿cómo podría llevar a cabo un programa que no la representa verdaderamente? ¿Qué vuelo tendría un gobierno que probablemente no podría mover sus dos alas al mismo tiempo? ¿Qué niveles de conflicto crearían sus políticas reales? b) Un cuadro redefinido Podría pensarse que constituiría un éxito para Chile que el cuadro político se siguiera redefiniendo más en base a planteamientos como los de la Concertación que a los deseos de una minoría. Pero también podría ser un juego demagógico, si creyéramos que ésta es sólo una máscara electoral de la Derecha.

Sin embargo, aunque los partidarios de las políticas excluyentes seguidas hasta marzo de 1990 siguen siendo poderosos e importantes, es posible que haya movimientos más profundos en parte de la Derecha, pero ellos, en todo caso, tomarían tiempos y oportunidades distintas de los provistos por las elecciones populares.

Estos movimientos profundos, si los hubiera, plantearían cuestiones interesantes para la Concertación. Por una parte, se deberían consolidar ciertos temas fundamentales de acuerdo con la Derecha, de manera que el sistema democrático y el respeto por los derechos humanos, por ejemplo, queden por encima de toda discusión. Por otra parte, la Concertación podría ir más allá de la necesaria enumeración de medidas y de políticas públicas que propone, profundizando su visión nacional, esto es, incluyente, de la modernización social.

Porque es muy fácil plantear medidas y propuestas parecidas a las del oponente, si se hace de manera descontextualizada. En cambio, las diferencias aparecen con mayor claridad si las medidas se enmarcan en objetivos más globales y en maneras de lograr tales objetivos.

Esta necesidad se torna evidente al apreciar el contraste entre el modelo doctrinario y las campañas electorales de la Derecha. c) El Gobierno Bachelet Transcurridos ya diecisiete años de Concertación, el gobierno de Bachelet aspira a ser una etapa decisiva en el proyecto de largo aliento de la Concertación. El primer Mensaje a la Nación de la Presidenta tuvo como principio orientador la derrota de la exclusión o, dicho

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en positivo, la inclusión en el proceso de desarrollo del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas.

La Concertación se inició como un proyecto de construcción democrática en dictadura (restauración y transición), continuó como un proyecto de consolidación democrática, y hoy debería ser entendido como un proyecto de profundización democrática y hacia una sociedad más igualitaria. En efecto, la inclusión es el empalme del presente con el futuro de la Concertación.

Para los efectos del análisis es posible distinguir tres ejes: político-cultural, social y económico.

En lo político-cultural, la Concertación culminó en 2005 un largo ciclo de consolidación, con la promulgación solemne de las reformas constitucionales, y el establecimiento de un clima de libertades sólo comparable al anterior a 1973. En la etapa actual, el proyecto continúa con la construcción de una democracia de calidad: un sistema electoral verdaderamente representativo, la democratización de los gobiernos regionales y comunales, la introducción de mecanismos eficientes de participación ciudadana, y otros cambios.

Chile ya consolidó su democracia y ahora debe crearse las condiciones para que se pueda ejercer una democracia de calidad, y la participación y la inclusión son los temas fundamentales para esta etapa. En el ámbito de los derechos políticos, una democracia de calidad debe estar dotada de crecientes espacios institucionales de participación de los ciudadanos a nivel nacional, regional y comunal. El gobierno paritario, el término del sistema electoral binominal, la elección popular de los consejeros regionales, las cuotas de participación para las mujeres en los partidos, la creación de comisiones de trabajo que preparen aquellas reformas de mayor alcance y profundidad o que afecten un rango más amplio de intereses o convicciones, la lucha contra la discriminación y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, además de las buenas prácticas en el sector público y privado, son iniciativas que indudablemente apuntan a una sociedad más inclusiva y participativa.

En lo social, la Concertación se encontró en 1990 con una comunidad fuertemente afectada por la visión neoliberal del Estado, al que sólo se reconocía de labios una función subsidiaria de la iniciativa privada. Desde entonces ha debido llevar a cabo una dificultosa tarea de reconstrucción de las políticas sociales. No obstante que es muy importante consignar datos cuantitativos tan elocuentes como que en este período se ha triplicado el gasto social, lo fundamental es el giro cualitativo que se ha dado a la relación Estadociudadano. Con la reforma de la salud, se dio el paso desde lo social como consumo (a través del mercado, que llegó a ser considerado el lugar idóneo para votar), hacia lo social como derecho (un Estado garantista). El Gobierno de Bachelet se propone ampliar esa función activa del Estado a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos sin recursos.

Es posible avizorar, por lo tanto, el término de un largo recorrido desde el Estado neoliberal, hacia un Estado social que, a diferencia de la versión primitiva tan propia del

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período posterior a la segunda guerra mundial en América Latina, es financieramente equilibrado, por lo que debiera ser sostenible en el largo plazo. Este Estado social es progresista, precisamente en la medida que tiene la capacidad de sustentar los beneficios que distribuye, ya que propende a una sociedad suficientemente cohesionada y comprometida desde el punto de vista valórico con esa distribución, pero que respeta y estimula el esfuerzo personal.

Lo que se busca en el ámbito de los derechos sociales, es el reconocimiento de un conjunto de derechos básicos para todos los ciudadanos, garantizando el acceso a esos derechos para aquellos que no tienen recursos, mediante una red de protección social integrada que comprenderá desde el cuidado y la educación preescolar; garantizará el acceso a una educación básica, media, técnica y universitaria de calidad y de cobertura universal; creará las condiciones para mantener no sólo niveles satisfactorios de empleo, sino que garantizará empleos decentes, pero sin anquilosar la economía; proveerá cobertura apropiada para las patologías principales que sufre nuestra población; y permitirá niveles de ahorro que aseguren una previsión digna para todos los chilenos, hombres y mujeres por igual.

Se ha aprendido que el crecimiento económico no basta, y por eso la Concertación ha impulsado desde 1990 el crecimiento con equidad y una red cada día más densa y rica de políticas públicas cuyo resultado final es el fortalecimiento del capital humano y una mayor cohesión social de nuestro país. Por eso se quiere un Estado capaz de responder a las necesidades sociales de la gente, un Estado de bienestar moderno y financiado; un Estado focalizado -y no sólo desde el punto de vista del gasto- en los más pobres, pero que en la medida que mantenga las condiciones necesarias para el crecimiento económico y las políticas públicas consiguientes, va a estar en situación de incorporar también beneficios para los sectores más vulnerables de las clases medias.

En lo económico, la Concertación recibió un modelo basado en la producción de commodities para la exportación, y gradualmente ha comenzado a estimular la incorporación de mayor valor agregado a las exportaciones. El desafío durante el gobierno de Bachelet es profundizar esa transformación, para lo cual se ha formulado una nueva política de desarrollo.

En este sentido, el gobierno de Bachelet no sólo se ha propuesto mantener un crecimiento de la economía -y por tanto del empleo- mediante la continuidad de una política de superávit fiscal, sino que incluso ha decidido avanzar un paso más allá e institucionalizar el uso de los excedentes de manera que no amenace la gestión macroeconómica. Y junto a lo anterior, ha propuesto un camino para transitar desde un modelo basado esencialmente en la exportación de esas materias primas o commodities, hacia otro capaz de generar mayor valor agregado, por la vía de políticas públicas que impulsen el desarrollo de encadenamientos productivos o clusters de sectores económicos, como la agricultura de exportación, el sector forestal, el minero, o el pesquero. Esto significa un aumento de la productividad, el desarrollo de alianzas público-privadas, y entre empresas, gobierno y universidades, así como entre las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, e incluso un cierto reordenamiento territorial en torno a estos sectores.

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d) La sociedad a que se aspira Los rasgos centrales de la sociedad a que se aspira deben ser claros. No basta con un manejo óptimo de las técnicas que permiten la obtención y el ejercicio eficiente del poder político.

El reposicionamiento de lo público, ya no en las formas típicamente burocráticas del pasado, sino que recogiendo las mejores prácticas a nivel mundial, exigirá a todas las fuerzas políticas, con la participación de la sociedad civil, acordar un nuevo pacto fiscal.

Efectivamente, harán falta más recursos para profundizar la inversión en salud, educación y previsión, y, sobre todo, la creación de nuevos empleos, pero esa inversión debe estar condicionada a la prosecución de la reforma de los servicios públicos, y la debida evaluación y control democrático de su eficacia. Por otra parte, es fundamental que se garanticen debidamente los derechos y la satisfacción de los usuarios.

Uno de los logros más interesantes de los últimos años ha sido la realización de reformas que apuntan a un mejor complemento de los sectores público y privado, basadas en el convencimiento práctico de que los desafíos más importantes del futuro sólo pueden ser enfrentados por el trabajo combinado de ambos. Es importante recordar que este no es sólo el resultado de aplicar estrictamente un criterio pragmático de sumar todos los recursos y esfuerzos posibles, sino que debe reflejar una profunda convicción en el sentido que la manera democrática de progresar satisfaciendo debidamente los intereses de la gente es sumando y conciliando las más diversas perspectivas de los agentes públicos y privados.

Así como las empresas han comenzado a medirse según un óptimo que es el del mejor lugar para trabajar, nuestra sociedad debiera tomar muy en serio la noción del mejor país para vivir. En este sentido, aunque los parámetros a considerar puedan ser materia de discusión por parte del conglomerado gobernante, y tal vez nunca haya unanimidad acerca del modelo a seguir, los ciudadanos deben tener claro que la riqueza material que pueda lograrse como sociedad será siempre al costo de sacrificar algo también valioso, como el descanso, la vida familiar o el consumo inmediato de algún bien. Y es muy importante no olvidar que las grandes desigualdades serán por sí solas fuente de malestar en un país donde una sola persona no esté suficientemente protegida de las consecuencias de la enfermedad, el hambre, la pobreza y la violencia.

Al definir la libertad como el auténtico fin del Estado, Spinoza sintetizó algunas motivaciones de las personas para vivir en sociedad, parecidas a las identificadas aquí: lograr que su espíritu y su cuerpo puedan desarrollar sus fuerzas sin trabas, para que usen libremente de su razón y para que no se combatan con cólera, odio o astucia, ni se sientan enemigos entre sí. Pero no basta con declarar la libertad, sino que debe crearse sus condiciones de posibilidad. Aunque parezca paradójico, la libertad es posible a partir de la administración de la necesidad. Si queremos ser libres de un flagelo como la pobreza, necesitamos una estrategia que integre medidas de corto plazo con políticas que corten su

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transmisión intergeneracional, todas ellas en un marco de crecimiento estable y basado en el desarrollo productivo y el crecimiento educacional y cultural.

El imperativo ético de igualdad de oportunidades en todo esto, equivale a crear oportunidades de igualdad para las personas que no la lograrían naturalmente. Definido con la máxima generalidad, este objetivo debiera ser el fin de todas las sociedades, pero hay muchas que no se lo proponen, o han desesperado de llevarlo a cabo.

Conclusiones y propuesta Para el caso de Chile una revisión de su depósito de ideas, incluso uno tan somero como éste, pone en evidencia que a lo largo de los años la Concertación ha sido capaz de reconocer los problemas, definirlos adecuadamente e intentar soluciones a la altura de los tiempos. Su visión ha terminado sintonizando en gran medida con el sentido común del país, quizás porque ha sabido leer oportunamente la escritura en la pared.

Por otra parte, la partida continúa y sus resultados dependen de los jugadores. La política de integración a la sociedad internacional ya debería comenzar a mostrar sus frutos. ¿Se crearán los empleos y vinculaciones económicas que la validen también en la práctica? ¿Mejorará la calidad de la democracia? ¿Tendrá un despegue la creación artística y cultural? ************************* Está claro que la propuesta histórica de la Concertación, a pesar de originarse a fines de los años ochenta, está lejos de agotar su rico contenido de modernización social. Pero sólo un diálogo amplio sobre ella, que incluya a todos los chilenos interesados en su propia historia y futuro, con el aporte de otras perspectivas o que se realice en otros espacios políticos, puede garantizar que sea permanentemente actualizada, y que siga dando fruto.

Porque en este orden de asuntos que interesan a todos, ocurre lo que señaló Saint-Exupéry sobre la verdad, que se cava como un pozo. La carencia de análisis, de reflexión y de diálogo, en cambio, llevaría inevitablemente a la irrelevancia de las ideas y a la atrofia definitiva de los grupos que componen la Concertación.

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