infraestructura para la desintegracion by Fundación Pachamama

CREDITOS Autores Juan Gabriel Auz Aportes de Víctor López Aportes de Carlos Mazabanda Edición Mayra Romero Joke Baert Fotografía portada Illustraciones Diseño gráfico e ilustración Impresión Tiraje Fundación Pachamama Forma de citar la obra: AUZ, Juan Gabriel; “Su Infraestructura es Nuestra Perdición. IIRSA en Ecuador: Derechos Humanos y de la Naturaleza”; Fundación Pachamama; Quito, 2011 Pgs. 17

en el séptimo lugar de las potencias mundiales.

I. Introducción El mapa político y económico mundial ha cambiado vertiginosamente durante los últimos 20 años. Estados Unidos, símbolo de poder económico y militar poco a poco está siendo relegado por otras naciones. Estos países emergentes han optimizado muchas de sus técnicas para la consolidación del poder, por ejemplo, han otorgado grandes préstamos a naciones con institucionalidad débil, imposibilitando un pago oportuno y creando una dependencia a mediano y largo plazo, colapsando así, la economía de los países pequeños e imponiendo las políticas de los países acreedores dentro de los países deudores. Dos de estos países emergentes que se incorporan al grupo de las naciones hegemónicas y que tienen una influencia sin precedentes en la región de América Latina son Brasil y China, que a la vez, forman parte del grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China); países que históricamente han sido parte del grupo de naciones en vías de desarrollo e incluso sub-desarrolladas, pero con el pasar de los años, su política económica ha dado un giro abrupto hacia la producción, la innovación y los mercados financieros. Por un lado tenemos a Brasil, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 7,5% en 2010, ubicándose

A pesar de esta rotunda alza, Brasil tiene un déficit de infraestructura, especialmente en los rubros de energía, vivienda y aeropuertos, lo que significa que la compra de energía a través de hidroeléctricas y de infraestructura para el transporte de productos es una prioridad brasileña que intenta consolidar en la región. China, en esa misma línea, busca establecerse como la primera potencia mundial, y para eso, utiliza muchas estrategias de inversión y cooperación con países no industrializados, como es el caso de África y América Latina. Paradójicamente, estas regiones po3

bres en dinero, son excesivamente ricas en recursos naturales, y es eso precisamente, lo que China busca para mantener el poder hegemónico mundial. En 2009, China ha invertido en América Latina 120.600 millones de dólares, incluyendo obras de infraestructura y proyectos de extracción de recursos naturales. El PIB de China en el 2011 es de 11.2 trillones de dólares1. Por desgracia, al vivir China en un régimen capitalista autoritario, los derechos humanos de su población son vulnerados a diario2, al igual que, sus

estándares ambientales. Lo que hace pensar que estas prácticas podrían trasladarse a los países donde busca invertir. Por lo tanto, el capitalismo del siglo XXI se está re-articulando a la nueva tendencia geopolítica, y en el caso de China, no cabe la menor duda de que no hace falta un gobierno democrático para que el capitalismo se desarrolle. Por el contrario, solo hace falta la voluntad y el afán de lucro y, lastimosamente, nuestros países están en medio de esa pretensión y afán de lucro.

LÓPEZ, Pilar; “China en África y América Latina, ¿cooperación o imperialismo?”; documento extraído de internet: http://gmtmas100.com/2011/01/25/china-en-africa-y-america-latina-%c2%bfcooperacion-o-imperialismo/; última visita 21 de octubre de 2011. 2 AVILÉS, Miguel Ángel; “Derechos humanos en China”; documento extraído de internet: http://www.politica1

china.org/nova.php?id=1111&clase=6&lg=gal; última visita 21 de octubre de 2011.

II. ¿Qué es la IIRSA? La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) nace en el seno de la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasilia (Brasil) en agosto del año 2000, como un espacio de coordinación e intercambio de información para priorizar proyectos de integración física en los sectores de transporte, comunicaciones y energía. Esta iniciativa fue suscrita por los 12 presidentes de los países sudamericanos y surgió como una respuesta a la necesidad de integrar la región para el aumento de la competitividad, el desarrollo económico y la mejora de los niveles de vida de sus respectivas poblaciones. La IIRSA cuenta con opciones de financiamiento provenientes del Banco Interamericano de Desar-

rollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de La Plata (FONPLATA), y hoy, de manera preponderante, el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). En la IIRSA, el espacio suramericano ha sido organizado en franjas multinacionales, llamadas Ejes de Integración y Desarrollo (EID), en dónde se concentran los flujos de comercio, que convergen gradualmente hacia un estándar mínimo común de calidad de servicios de infraestructura, energía, telecomunicaciones y transportes. En este sentido, la IIRSA divide el continente en 10 Ejes: Eje Andino, Eje Andino del Sur, Eje Capricornio, Eje del Amazonas, Eje del Escudo Guayanés, Eje del Sur, Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, Eje Interoceánico Central, Eje MERCOSUR-Chile, y Eje Perú-Brasil-Bolivia. El Ecuador forma parte de dos ejes: Andino y Amazonas. Al momento, “aproximadamente el

73,7% de los 524 proyectos de la Cartera IIRSA presenta avances significativos. A junio de 2010, la inversión movilizada de dichos proyectos asciende a la suma de 83.363,1 millones de dólares. El 10,1% de los proyectos (8.468,8 millones de dólares) ha sido concluido, el 33,4% (45.835,7 millones de dólares) se encuentra en fase de ejecución y el 30,2% (29.058,6 millones de dólares) se encuentra en fase de pre-ejecución”3 La IIRSA ha conformado hasta junio de 2010, un portafolio de 524 proyectos, que alcanzan una inversión estimada de 96.119,2 millones de dólares, de acuerdo con el siguiente detalle: Dentro del contexto, hay que tomar en cuenta que América del Sur es una región de 18 millones de km², en donde habitan 350 millones de personas, ubicadas en doce países. Tiene la mayor diversidad biológica y la

mayor oferta de agua dulce del planeta, sin mencionar que alberga una vasta cantidad de territorios destinados para la conservación de bosques y otros ecosistemas muy valiosos para la humanidad en su conjunto4. Los países sudamericanos han declarado como protegidos un importante conjunto de sitios, los que según las bases de datos disponibles totalizan cerca de 18 millones km2. Esto representa aproximadamente el 23% de la superficie continental, de donde se estaría cumpliendo esa meta . Adicionalmente, Sudamérica cuenta con una riqueza cultural impresionante, debido a que es el lugar donde habitan cerca de 30 millones de personas que se autodefinen como indígenas, quienes viven en plena armonía con su entorno y con valores comunitarios muy arraigados, viven en sumo riesgo

Avances de la Cartera IIRSA al 2010; extraído de internet: http://www.iirsa.org//Cartera.asp?CodIdioma=ESP; última visita: 20 de noviembre de 2011. CLAES, 2010. Ambiente y desarrollo en América del Sur 2009/2010. Tendencias y emergentes en cambio climático, biodiversidad y políticas ambientales.

debido a la inminente presencia de intereses extractivos, lo que representaría una posible vulneración de sus condiciones materiales asociado con sus prácticas culturales. Por tanto, existe aún una riqueza cultural y ambiental distribuida en los diferentes países sudamericanos, que frente a los proyectos IIRSA ha generado la movilización de varias organizaciones sociales, entre ellas, indígenas para defender aquello que no tiene valor monetario, sino valor histórico, simbólico y vital.

III. ¿Cuál es la situación actual de la IIRSA? En la actualidad, y en el marco de la

adopción del tratado constitutivo5 de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), celebrado en el año 2008 en Brasilia, en el que participaron 12 países de la región (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela), se planteó como objetivo: “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y re-

Fuente: Bass MS, Finer M, Jenkins CN, Kreft H, Cisneros-Heredia DF, et al. (2010) Global Conservation Significance of Ecuador's Yasuní National Park.

El tratado fue celebrado en el año 2008 y fue firmado por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela

ducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.6” Para lograr ese objetivo, la UNASUR creó las siguientes instancias: Consejo Energético Suramericano, Consejo de Defensa Suramericano, Consejo Suramericano de Salud, Consejo Suramericano de Desarrollo Social, Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) es una iniciativa de discusión política y estratégica de programas y proyectos para implementar la integración de la infraestructura regional de los países miembros de la UNASUR. Sus objetivos son: desarrollar la infraestructura para la integración regional, reconociendo y dando continuidad a los logros y avances de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), por lo tanto se recogerán los esfuerzos y avances lo-

grados por la misma. IV. La IIRSA en Ecuador Ecuador está dentro de dos ejes de la IIRSA: el Eje Amazonas y el Eje Andino. Específicamente, el Eje Amazonas es el que más interés ha despertado por parte de varias organizaciones representantes de nacionalidades indígenas y de la sociedad civil, debido a que al efectuarse los trabajos y proyectos de esta gran iniciativa, se vulnerarían territorios de las nacionalidades Siona, Secoya, Cofán, Kichwa, Shuar, Waorani, Achuar y Andoa. El Eje Amazonas es una franja de unos 200 km de ancho, que se despliega a lo largo de 20.000 km. de vías fluviales navegables. Es el eje más ambicioso de todos y, sin duda, el de mayor importancia y potencialidad, al atravesar la más grande y diversa selva del mundo, y al abrir una fisura en el Continente por su parte más ancha. Además, esta región concentra alrededor de un 40 % de la biodiversidad del planeta y entre el 15 y 20 % del agua dulce no congelada.

Reunión de presidentes de Sudamérica en el marco de UNASUR. Reunión en Mayo de 2010 en Argentina. 6

Artículo 2 del Tratado constitutivo de UNASUR. El énfasis es mío.

De igual manera, el Eje Amazonas está dividido en 7 grupos, de los cuales, 4 afectan directamente al territorio ecuatoriano:

• Grupo 1: Acceso a la hidrovía del Putumayo (Colombia-Ecuador) • Grupo2: Acceso a la hidrovía del Napo (Ecuador-Perú) • Grupo 6: Red de hidrovías Amazónicas (Brasil-Colombia-PerúEcuador) • Grupo 7: Acceso a la hidrovía del Morona-Marañón-Amazonas (Ecuador)

De estos grupos, el que mayor impactos podría tener a futuro son los proyectos del Grupo 2 y del Grupo 6, ya que dentro de estos, lo que se busca es implementar hidrovías para el transporte de mercaderías a través de los ríos amazónicos. Estos afluentes, son espacios sumamente importantes para la vida de las poblaciones indígenas, porque dependen de ellos para conseguir alimentos, y además, son significativos, por la abundante biodiversidad que albergan.

La Hidrovía del Napo, proyecto del Grupo 2 del Eje Amazonas, se conoce en el Ecuador como el Eje Multimodal Manta – Manaos. Es un proyecto emblemático, ejecutado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), que a su vez es el encargado de coordinar los proyectos de la IIRSA en el Ecuador. Dicho proyecto busca mejorar las condiciones de transporte de mercaderías para el comercio internacional, especialmente, con los mercados asiáticos y Brasil. Abrir una ruta de comercio alternativo con el Asia, es una de las mayores aspiraciones de Brasil, de ahí, su interés por la ruta Manta-Manaos.El proyecto multimodal Manta – Manaos es una prioridad para el Estado ecuatoriano, por lo que, en un primer momento realizó una consultoría para determinar la factibilidad de navegación del río Napo. Dicha consultoría fue financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contratada por el MTOP.

Como actividades posteriores, el pasado 15 de junio de 2011, zarpó desde Puerto Itaya en el Coca, la primera embarcación que llevó productos ecuatorianos a la ciudad de Leticia (Colombia). Se espera que en una segunda fase, los mismos productos sean transportados para luego, ser comercializados en la ciudad de Belén en Brasil.

El informe final de la consultoría, elaborado en Octubre de 2010, indica que el río Napo, bajo las condiciones actuales, no es navegable para fines industriales y de transporte de carga muy pesada. Además, menciona que el dragado del río no es una opción económicamente rentable. Dicho informe no contó con las opiniones de las poblaciones locales de las riveras del Napo y por tanto, no toma en cuenta consideraciones fundamentales para concluir qué tan viable es el proyecto.

V. Amenazas a las poblaciones y territorios indígenas, y a la naturaleza Análisis de vulnerabilidad para las POBLACIONES INDÍGENAS de las provincias de Napo. Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) vs. IIRSA

Análisis de vulnerabilidad sobre los TERRITORIOS INDÍGENAS de las provincias de Napo. Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) vs. IIRSA

Accesibilidad terrestre y fluvial

Una mayor accesibilidad a la zona representaría un factor de exposición a grupos humanos y esquemas culturales que podrían transformar los patrones culturales tradicionales, aunque podrían aportar también a su revitalización.

Una mayor accesibilidad sería un factor de presión sobre ecosistemas y recursos de los territorios indígenas, colonización o tráfico de tierras, pero también podría dar inicio al uso intensivo del suelo.

Monetarización de la economía en la Amazonía indígena

Una mayor expansión de la economía monetaria alteraría los sistemas de “economía de reparto”, propia de los grupos de la selva, lo que provocaría desacuerdos en la institucionalidad social a nivel amplio, sobre todo, en temas de cohesión y equidad intra comunal e inter familiar. Además, se podría articular una economía mixta. El empleo de mano de obra indígena podría provocar procesos de “proletarización temprana”, especialmente, entre varones (sobre explotación de fuerza de trabajo).

La mayor presencia del esquema monetario podría convertirse en un factor de mercantilización de las tierras o territorios indígenas, susceptibles de parcelación y venta. También, podría significar cambios en las prácticas de manejo de recursos naturales, por procesos de proletarización entre hombres de las comunidades indígenas ribereñas.

Variable

Intensificación de los sistemas de producción y fronteras económicas

Un mayor uso intensivo del suelo podría representar un factor de transformación de las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales, de bosques y humedales amazónicos. Del actual esquema de extracción primaria (recolección, caza o pesca) se podría pasar a hacia sistemas de producción intensiva bajo condiciones de sustentabilidad, aunque también podría ser de sobre-explotación de los recursos renovables.

Planificación y ordenamiento territorial

Mayor escala de planificación en el ordenamiento territorial (interés nacional de definir uso del espacio amazónico) en la RAE, podría significar un factor de desarticulación para organizaciones indígenas y sus agendas de desarrollo autocentrado, pero también podría representar opción de administración pública a través de gobiernos de régimen especial (CTI). Mayor conexión y acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TICs) por poblaciones indígenas de la RAE en las provincias vinculadas a los proyectos IIRSA, podría configurar transformaciones en el orden cultural: enseñanza, aprendizaje, oralidad, prestigio o relaciones de género entre los diferentes grupos étnicos, aunque de todas formas se viene llevando a cabo proceso de globalización de la economía internacional. Mayor intermediación en la integración o articulación de las poblaciones indígenas por parte de los agentes económicos responsables de la gestión de las obras y/o proyectos de los Grupos 2 y 7 de IIRSA en la RAE, representaría un factor de dependencia para las poblaciones indígenas, que a la vez, impulsaría los procesos de “proletarización”, cooptación y sobre-explotación de la mano de obra local. Esto en función del esquema de participación local previsto en la gestión de obras o proyectos.

Conectividad y cambio cultural

Participación, cooptación y consulta previa

Un mayor uso intensivo del suelo podría ser un factor de reversión del proceso de cambio de uso del suelo, que podría detener la deforestación y degradación del bosque primario. Pero también podría significar la posibilidad de arrendamiento o compra de tierras indígenas para el uso intensivo por parte de empresas agroindustriales. Sistemas de uso intensivo del suelo permitirían mejorar la productividad para la comercialización, pero también se valoraría la importancia del bosque en pie, así como de los servicios de los ecosistemas. Mayor integración territorial en función de la agenda de Estado, menor autonomía territorial indígena, pero posibilidad de articulación regional.

N.A.

Menor autonomía en el régimen de administración y ordenamiento territorial por parte de los pueblos indígenas, frente a la implementación de obras y proyectos de la IIRSA, podría representar un factor de exclusión o vulneración de derechos fundamentales, sobre todo, para la materialización de derechos como: régimen especial de gobierno (CTI), empleo, identidad, seguridad alimentaria, libre tránsito, derechos de aguas o consulta previa.

Fuente: Cuadro elaborado por Víctor López. Tomado del documento: “Diagnostico de amenazas actuales y potenciales de las obras de desarrollo de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) del Eje Amazonas, Grupos 2 y 7, para territorios indígenas.”

VI. Derechos potencialmente vulnerados Los estados que hayan suscrito y ratificado los tratados de derechos humanos, (La Convención Americana sobre derechos humanos; el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los derechos del niño; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares), tienen una responsabilidad internacional para garantizar que se cumpla con su contenido. En el caso en el que el estado no haya cumplido con el mandato de velar por la protección de los derechos humanos, y agotadas las vías nacionales para reclamar un derecho vulnerado, se puede acceder a varias instancias internacionales con el fin de reparar a las víctimas. Estas vías pueden ser varias, incluyendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o a través del Sistema de Reclamaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Los tratados cuyo contenido versa específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas son: El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En ese sentido, a continuación se exponen los derechos contenidos en estos dos tratados internacionales que potencialmente pueden ser vulnerados en caso de que los proyectos IIRSA se ejecuten tal como están planificados en territorios indígenas.

Derechos de los pueblos indígenas reconocidos por los tratados internacionales de Derechos Humanos. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

Artículos 6 y 7: Contienen el derecho a que los pueblos indígenas sean consultados y a participar en las decisiones sobre el desarrollo. Los pueblos indígenas deberán tener el derecho a decidir sobre sus prioridades de desarrollo, en la medida en que este desarrollo afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras o territorios que ocupan y utilizan, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo social, económico y cultural. Los pueblos indígenas deberán participar efectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que les afecte directamente. Artículo 13: Se reconoce la relación especial que tienen los pueblos indígenas con la tierra y el territorio para su existencia social, espiritual, y política, especialmente tomando en cuenta que los indígenas tienen una relación colectiva con la tierra y con sus territorios.

Artículo 16: Los pueblos indígenas no deberán ser trasladados de las tierras y territorios que ocupan a menos que sean situaciones excepcionales. Estos traslados deberán realizarse sólo con su consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: Artículos 3, 4 y 46: Derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y al autogobierno en los asuntos internos. Lo que quiere decir que es el derecho de todos los pueblos a definir libremente su condición política y de proveer a su desarrollo económico, social y cultural, disponiendo libremente de sus riquezas y recursos naturales. Artículo 20: Derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus instituciones políticas, económicas y sociales. Lo que implica que los estados están en la obligación de respetar y mantener los sistemas de gobierno dentro de las comunidades y pueblos, incluyendo asambleas y alianzas entre pueblos. De igual manera, mantener y respetar los sistemas de producción, comercialización, asociación y en general de economía dentro de las comunidades y pueblos. Por último los estados respetarán e impulsarán los sistemas propios en los campos de la educación y la salud. Artículos 9 y 33:

cia. Este derecho habla sobre el respeto del establecimiento de los criterios para la pertenencia tanto individual como colectiva, de acuerdo con las costumbres y tradiciones del pueblo o comunidad. Artículos 10, 11, 19, 28, 29 y 32: Derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Las consultas y la participación plena y efectiva son componentes fundamentales de un proceso de consentimiento, el cual debe ser de buena fe en todas sus fases. Artículo 26: Derecho de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y recursos. Artículo 10: Derecho de los pueblos indígenas a no ser desplazados de sus tierras o territorios. Artículo 23: Derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias en el ejercicio de su derecho al desarrollo. El presente artículo se refiere a la participación activa en la elaboración, determinación y, en lo posible, administración de políticas públicas que les conciernen. En lo posible hacerlo a todo nivel (municipal, provincial o nacional) y a través de sus representantes legítimos. Constitución ecuatoriana: Derecho al agua (Art.12): El derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, y el Estado debe garantizar un suministro de agua de calidad para el consumo humano.

Derecho de los pueblos indígenas a determinar su identidad cultural y de pertenen-

Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria (Art. 13 y 281): Es una obligación del Estado el garantizar que los habitantes del país alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, suficientes, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. Derecho a un ambiente sano (Art. 14): Se debe respetar el buen vivir o sumak kawsay, garantizando un ambiente sano y libre de contaminación a favor de la población, es decir garantizar que el agua, aire y suelo no produzcan efectos nocivos por estar en malas condiciones. Derecho a la cultura (Art. 57 núm. 1, 12 y 13; Art. 66 núm. 28): Todos los ciudadanos tenemos derecho a mantener o conservar nuestra identidad, incluyendo nuestras vestimentas, idiomas, costumbres, creencias y rituales espirituales, y para esto el Estado está en la obligación de apoyar la voluntad de las comunidades en preservar nuestras tradiciones. Derecho a un hábitat seguro y saludable (Art. 30 y Art. 375): El Estado tiene el deber de asegurar que las personas cuenten con viviendas culturalmente adecuadas y dignas, y por lo tanto garantizar que no exista ningún tipo de desplazamiento. Derechos de la naturaleza (Arts. 71, 72 y 73): La naturaleza o Pacha Mama, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y a su restauración.

Derecho a la salud (Art. 32): La salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y su razón de ser es la de cuidar la integridad y la dignidad de las personas, y para esto se deben proteger otros derechos que están íntimamente relacionados, como el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, a un ambiente sano y otros derechos del buen vivir. Derecho a la información y derecho a la consulta (Art. 18 núm. 2 y 398): Todos tenemos derecho a acceder libremente a la información que genere el Estado y de igual manera tenemos derecho a que se nos consulte oportunamente y de buena fe en caso de que el Estado quiera emprender proyectos o programas que puedan degradar la naturaleza. Estos derechos son la garantía de un estado democrático.

VII. ¿Cómo defender nuestros derechos? Los derechos por sí solos no son más que enunciados en una hoja de papel, sin embargo hay muchas acciones de diverso tipo que se pueden ejecutar, tanto en el ámbito político como en el ámbito jurídico. La constitución ecuatoriana establece varias garantías de índole jurisdiccional, con el fin de proteger y garantizar los derechos que se encuentran en ella y en los Instrumentos Internacionales. En ese sentido, se pueden aplicar algunas acciones constitucionales o jurisdiccionales para el cumplimiento de los derechos como la acción de protección, la acción de acceso a la información, y las medidas cautelares. Acción de Protección: La acción de protección según el Art. 88 de la Constitución del Ecuador de 2008 tiene por objeto el amparo directo y el cumplimiento eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados (instrumentos) internacionales de derechos humanos. La acción de protección se puede interponer contra los actos u omisiones de las autoridades y los funcionarios públicos, no judiciales (no decisiones judiciales), que violen o hayan violado cualquiera de los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio y contra políticas públicas, nacionales o locales, que impidan el goce o ejercicio de los derechos y garantías. Esta acción la puede interponer cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo; vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales ante cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos.

Acción de Acceso a la Información: La presente acción protege el derecho de las personas a la información pública y procede cuando la información pública ha sido denegada expresa o tácitamente. La acción de acceso a la información puede ser interpuesta por cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en su derecho de acceso a la información. Dicha acción la conoce cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar de la violación del derecho. Medidas Cautelares: Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Las medidas cautelares procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho. El efecto del otorgamiento de medidas cautelares es la paralización del proyecto o programa que está provocando la violación de derechos constitucionales. Por otro lado, las medidas políticas también son necesarias para incidir en el ámbito de toma de decisiones, que desde el poder, se configuran y tienen como efectos posibles las violaciones de derechos. Una de estas estrategias políticas es la búsqueda de aliados a nivel nacional como internacional, es decir, otro grupo de personas que compartan la visión de defensa de derechos y estén alineados a los valores de las comunidades. El fin de la búsqueda de aliados es la potenciación de la incidencia en los pronunciamientos de las comunidades y llevar el mensaje de esa comunidad más lejos. Otra estrategia es la comunicación, la cual puede ser muy efectiva con la tecnología actual de difusión de información. Para esto, es recomendable hacer pronunciamientos, tomar fotografías, filmar videos y enviarlos a

todos los portales posibles para hacer pública la lucha interna. De igual manera, son muy efectivas las ruedas de prensa y las entrevistas en medios. Un claro ejemplo de la aplicación conjunta de estos elementos antes descritos, es el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku, quienes a lo largo de los últimos 15 años han defendido su territorio de la amenaza petrolera. Para esto, se recurrió a un sinnúmero de estrategias jurídicas, como acciones constitucionales y el uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Adicionalmente, se elaboraron documentales y se logró el contacto entre varias organizaciones internacionales y nacionales para el apoyo en varios aspectos, tanto en lo económico como en lo técnico. Esa lucha resulto en el impedimento de la explotación petrolera en su territorio hasta la actualidad. Trabajo de Fundación Pachamama

Fundación Pachamama lleva 15 años trabajando en la Amazonía, con los pueblos indígenas, promoviendo un modelo de desarrollo alternativo, basado en el buen vivir y con énfasis en el reconocimiento de los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza. En el tema de la Iniciativa de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), lleva 3 años, apoyando a las comunidades rivereñas del Napo, tanto ecuatorianas como peruanas, con el fin de capacitar y empoderar a las poblaciones sobre los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza frente a las amenazas provenientes desde las obras de infraestructura y energéticas. Para esto, se han realizado varios encuentros entre los kichwas peruanos y ecuatorianos para el intercambio de experiencias y de estrategias de defensa territorial y cultural.

Fundación Pachamama ha estado en contacto permanente con organizaciones kichwas de la Amazonía como la Federación Interprovincial de Comunas y Comunidades Kichwas de la Amazonía Ecuatoriana (FICCKAE), el Pueblo Kichwa de Rukullakta y la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE) desde el lado ecuatoriano y, desde el lado peruano con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Red Loretana, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Organización Kichwaruna Wangurina del Alto Napo (ORKIWAN). De igual manera, se ha contado con el apoyo regional de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) para entablar un diálogo de empoderamiento. Fundación Pachamama también ha participado en varios talleres sobre el tema de IIRSA, los cuales han servido como foros estratégicos para llevar el mensaje del respeto a los derechos humanos en las zonas de influencia de sus proyectos. La participación de Fundación Pachamama en esos foros siempre han contado con el aval y el acompañamiento de las organizaciones representantes de pueblos y nacionalidades indígenas. Durante todas las fases de seguimiento a las políticas en torno a IIRSA y durante las jornadas de capacitación, Fundación Pachamama ha considerado siempre una política sensible al discurso del género, facilitando la participación política de las mujeres en todos los niveles posibles. A su vez, Fundación Pachamama se ha destacado por su papel en la recolección de información, desde varias fuentes, para los fines de investigación e incidencia a favor del respeto de los Derechos. Por ejemplo, se ha realizado un monitoreo extenuante de medios, así como peticiones de acceso a la información y entrevistas a los tomadores de decisiones de los proyectos de la cartera la IIRSA en el Ecuador.