La participación de las organizaciones sociales en las políticas públicas educativas, en la perspectiva de las Metas 2021 Alberto Croce Fundación SES Plataforma Educativa del Mercosur
META GENERAL PRIMERA REFORZAR Y AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA ACCIÓN EDUCADORA META ESPECÍFICA 1. Elevar la participación de los diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo de aquellas relacionadas con servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural.
· INDICADOR 1. Número de proyectos en los que diferentes sectores sociales participan y que se aplican de forma integrada.
– Nivel de logro: Cada año aumenta el número de proyectos innovadores que se desarrollan de forma coordinada en un territorio (municipio, departamento, región), en los que participan varios sectores sociales.
La meta general primera hace referencia a distintos actores sociales, cuando se refiere a la “participación de la sociedad”. Al menos está considerando la participación de “las familias”, organizaciones públicas y privadas y la universidad. Incluso, cuando hace referencia a las organizaciones públicas y privadas, hace referencia a la educación formal y no formal y, respecto de la primera, de lo que habitualmente se incluye dentro de la educación de gestión privada, en la que participan distinto tipo de organizaciones, no pocas veces con “fines de lucro” a través de gestionar instituciones educativas, aunque desde la formalidad no se lo considere como tal. Es un gran avance conceptual que la participación y el compromiso de toda la sociedad en la educación sean puestos en primer lugar. Se trata de una definición claramente política. Es la contratara de decir que la educación es cosa de especialistas, técnicos y profesionales. Nos sentimos animados cuando la región se decide a asumir la educación desde esta perspectiva. Sin embargo, desde las redes educativas de toda América Latina hemos propuesto que la redacción de la meta tenga un contenido mucho más contundente al proponer: Avda. de Mayo 1156 Piso 2 C1085ABO Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Tel/fax (54 11) 4381 4225 / 4381 3842 info@fundses.org.ar www.fundses.org.ar
“reforzar y ampliar la participación de la sociedad en el debate, toma de decisión y seguimiento de los marcos legales y de las políticas públicas de educación”.
Al mismo tiempo nos inclinamos porque quede mucho más expresamente claro que, no sólo son “sectores sociales” los que participan, sino, sobre todo, “actores sociales”, fortaleciendo la perspectiva organizativa de docentes, estudiantes, padres, miembros de las comunidades, educadores populares, comunicadores, emprendedores y empresarios, militantes sociales comprometidos con la educación de su pueblo, entre otros. En esta presentación vamos a limitar nuestra mirada a la participación de un tipo a la vez amplio pero definido de organizaciones. Nos referimos a las que genéricamente definimos como “Organizaciones Sociales”.
1. El universo de estas organizaciones No es sencillo demarcar el universo que contiene a estas organizaciones si se quiere tener una mirada cuidadosa de este espacio. A menudo constatamos que existe un apresuramiento muy grande para considerar a este “actor social” y que, por ello, las consecuencias operativas de este apresuramiento lleva a equivocaciones importantes a la hora de tomar decisiones y entender la lógica de participación del mismo. Como hemos afirmado en otras oportunidades, organizaciones sociales que participan en procesos educativos han existido desde hace mucho tiempo bajo diferentes formatos. Ahí no hay mayores novedades... Pero lo que sí han cambiado son los contextos de cada época y, con ellos, el lugar que estas organizaciones han tenido, querido tener o llevadas a tener.. Nuestro período anterior más cercano ha sido el de la década de los 90, que también fue caracterizada como la década del neo-liberalismo o de primacía del mercado. En la misma, es sabido que, organizaciones asumiendo tareas y responsabilidades propias de los Estados, ha sido la contracara de la propuesta del “Estado mínimo para las cuestiones sociales”. Por ello, en la década que nos antecedió, fue posible constatar el surgimiento muy fuerte de organizaciones que tenían como “misión institucional” hacerse cargo de lo que el Estado iba tercerizando o abandonando, según fuera el caso. Una historia de complicidad con una visión del Estado mínimo, debe reconocerse en no pocas organizacioines sociales actuantes en aquellos años con mucha vitalidad. Visión que fue sostenida por algunos de sus integrantes, funcionarios públicos, organismos internacionales, agencias de cooperación... de manera muy compacta. Sin embargo, no puede decirse que esta postura haya sido unánime, aunque sí hegemónica. Han habido voces que reclamaron otro modelo, aún en aquellos años. También desde el seno de las organizaciones sociales. La misma denominación de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que era la más común en aquellos años, fue resistida por no pocos integrantes de estas organizaciones. O el Avda. de Mayo 1156 Piso 2 C1085ABO Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Tel/fax (54 11) 4381 4225 / 4381 3842 info@fundses.org.ar www.fundses.org.ar
concepto de “Sector Social”, que aludía a un modelo tripartito de sociedad, en el que, como sabemos, la sociedad se “dividía” entre el sector público, el del mercado y el del “Tercer Sector” o “Sector Social”. Es importante, al considerar las Metas, tomar distancia clara de aquel paradigma. Porque las Metas no podrán alcanzarse persistiendo esa concepción de sociedad. Como organizaciones sociales no podemos sino partir de la definición del Estado como primer garante del derecho a la educación de los pueblos, y, en particular en América Latina. Así lo afirma claramente la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en su Declaración de Principios: “La CLADE afirma la educación pública y gratuita como un derecho humano fundamental de carácter colectivo y el Estado como garante institucional de los derechos.” En este marco, es importante analizar cuál es el tipo de participación que se pretende y qué aportes puede tener al proceso de mejora educativa para la región, una activa presencia de las organizaciones sociales. Pero la discusión sobre cuál sea el lugar que ocupan las Organizaciones Sociales en nuestras sociedades es un debate no resuelto tanto a nivel global, como, por supuesto, a nivel local. Las Organizaciones Sociales no son un “todo homogéneo”. Desde organizaciones como Amnistía Internacional hasta una organización barrial comunitaria hay una gama casi infinita de modelos. Sin embargo, ¿tienen algo en común? Quizás podríamos decir que lo que las une a través de una línea finísima es la decisión de un grupo de personas de organizarse para lograr algo conjuntamente que no busca el enriquecimiento económico personal de sus integrantes. Por ello, desde la legislación de casi todos los países, se las reconoce como “Asociaciones Lícitas” y “Sin fines de lucro” (non profit). En este gran marco, sabemos que estas organizaciones se extienden vigorosamente por el mundo de manera potente. En el cono sur de América Latina hemos estimado que existen unas 500.000. Día a día surgen nuevas y desaparecen otras, en un balance final que da numéricamente positivo. Uno de los indicadores, internacionalmente reconocido, el del “Capital Social” que tienen los países es la existencia, cantidad y diversidad de estas organizaciones, como así también los recursos que día a día movilizan para lograr sus objetivos. La gran mayoría de estas organizaciones se ocupan y se movilizan detrás de fines “públicos”. El campo de lo “público” es su terreno de acción. La Educación, la Salud, el Trabajo, los Derechos Humanos, la creación de Ciudadanía, la Inclusión Social, la perspectiva de Género, las Minorías, la Cultura… son algunas de las principales temáticas abordadas por estas organizaciones.1 1
En el “Proyecto de Mapeo” realizado por ALOP y varias Agencias de Cooperación europeas, se identifican los
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La búsqueda de justificaciones se posterga cuando se transforma en urgencia la necesidad de que alguno se haga cargo de aquellas situaciones que la sociedad en su conjunto no está pudiendo resolver. Atención de catástrofes, cuidado de huérfanos, abandonados o lesionados por conflictos bélicos, gestión de comedores comunitarios… son percibidas como tareas que pueden ser hechas por estas organizaciones y por las que son reconocidas y valoradas. Sin embargo, cuando las organizaciones toman para sí temas sobre los que las administraciones estatales tienen responsabilidades directas, los interrogantes se multiplican e intensifican. Las respuestas que van apareciendo, no son homogéneas. Dependen de las sociedades, los contextos, las temáticas, las culturas.. y hasta de los actores. En algunos lugares, los Estados hacen alianzas con las organizaciones y estas se ocupan de los temas desde una definición institucional: “lo público – no estatal”. En otros casos, las administraciones estatales afirman que “no pueden solas” y reconocen que las organizaciones asuman los ámbitos periféricos a los que no llegan las políticas “focalizadas” en la centralidad de los problemas y poblaciones. Algunas veces, las administraciones estatales se enfrentan con las Organizaciones Sociales y les niegan la posibilidad de participar en la gestión de lo público, asignando a este espacio la exclusiva responsabilidad del Estado. Estos enfrentamientos no implican que las mismas dejen de tomar dichos temas. Por el contrario, no pocas veces, son el mejor acicate para su mayor desarrollo y fortalecimiento. Por otra parte, en el contexto actual de creciente globalización, una organización que encuentre una gran oposición del propio Estado para ocuparse de algún tema significativo, puede hallar en la solidaridad internacional posibilidades ciertas de fortalecerse para poder ocuparse de la temática de manera más o menos vigorosa. Los matices entre unas y otras posturas son casi infinitos. No quisiéramos extendernos al respecto en este trabajo, lo que sí deseamos es señalar la cuestión, porque sin duda es una de las preguntas colaterales en las que deben “abrirse” estas reflexiones. Y creemos que no hay, para esta cuestión, una respuesta única ni uniforme. No existe un “debe ser” definido. Nuestro postulado es que cada sociedad se encuentra en el desafío de construir una respuesta propia a esta pregunta y, desde allí se construye y modela como tal. Y la respuesta que dé a esta pregunta también caracterizará el tipo de sociedad que sus miembros decidan construir. A los fines de nuestra presentación estamos teniendo en cuenta, básicamente, dos grandes tipos de “organizaciones sociales”: Por una parte, las que llamamos “movimientos sociales”, que tienen características más masivas, acompañadas por estrategias de movilización y presión social, identificadas con alguna causa o tema más específico y con posicionamientos políticos más definidos y públicos; y, por otra parte, a “organizaciones de perfil técnico-político”, generalmente siguientes ejes de trabajo priorizados por la cooperación europea en América Latina: Participación política, Derechos socio económicos y desarrollo económico, calidad de vida rural, servicios básicos sociales, desarrollo de la organización contraparte, construcción de paz, género y ayuda humanitaria. (En “Políticas de las ONG europeas para América Latina”, Alop, Icco, abril de 2005)
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con menor número de integrantes, más profesionalizadas, con algún o todo el personal rentado, operando principalmente por programas o proyectos más definidos. Estas últimas, conocidas antes como Organizaciones Comunitarias o como ONGs, según sea su accionar en más en la “base” o más de “apoyo”. En los últimos años, como tendencia cada vez más clara, muchas de estas Organizaciones Sociales han desarrollado estrategias de articulación y formación en redes de acción de distinto tipo. Y estas redes nacionales, a su vez, se han vinculado en espacios regionales o internacionales que se han ido consolidando. Respecto de las redes educativas, podemos hoy mencionar a una “histórica” como la CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) con más de 25 años de existencia, o a otras más nuevas, como la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación), el Movimiento de Educación Popular “Fe y Alegría”, la Plataforma de Organizaciones Educativas del Mercosur, entre otras. Estas redes o coaliciones, buscan participar en las políticas públicas educativas de distintas maneras, reafirmando su protagonismo social avalado por un fuerte trabajo territorial y temático. Por lo tanto, en el marco de esta primera meta, merecen nuestra particular atención.
2. Participación social y contexto en América Latina La cuestión de la participación social, como otros temas, no debe sacarse del contexto en el que hoy se vive en América Latina. Un contexto que es tan apasionante como complejo, sumamente controversial y, también, polarizado. Un contexto que no solo puede incluir la realidad regional sino que también debe analizarse en el marco global en el que se inserta. El mundo está en tiempos de profundas crisis. La más reciente crisis financiera, puesta de manifiesto en Wall Strett en noviembre de 2008 está reapareciendo con fuerza en Europa en el 2010. Cuando según algunos, parecía que la crisis había sido “superada”, volvió a ocupar el centro de la escena por la quiebra del estado griego y, posiblemente, la de otros países de la vieja Europa. La crisis financiera que sacude el mundo, es sólo la punta del iceberg de una situación aún más profunda: la crisis del modelo de sostenibilidad del desarrollo global, tanto por sus connotaciones ambientales cuánto por las sociales, culturales y políticas. En este contexto, América Latina viene intentando reformular un modelo de integración soñado casi desde su surgimiento. Los pueblos originarios de Centro América ya hablaban de un territorio común que hoy es nombrado como el Abya Yala. Un sueño de integración que tiene aristas culturales, políticas y económicas. Un sueño que algunos ven como meramente instrumental y otros como fundamental para el futuro de quienes
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vivimos en esta parte del mundo. La América Latina unida, la gran patria de los “afroindolatinoamericanos” está siendo parida con dolor y esfuerzo. Contradicciones inmensas atraviesan este proyecto y lo ponen en cuestión de manera impredecible. El subcontinente está lejos de tener un proyecto político compartido o común. En él se expresan también las contradicciones que existen hoy a nivel planetario. Pero, sin embargo, es posible encontrar como nunca antes, ciertas tendencias y miradas que generan algún nivel de esperanza en esta dirección. El rechazo a las condicionalidades que la región vivió en los años 90 unen a los pueblos y gobiernos mayoritariamente en la búsqueda de alternativas autóctonas. La presencia en los más altos niveles de poder de gobernantes que no han surgido de las tradicionales oligarquías nacionales, crean un escenario diferente y potencialmente alternativo. En muchos países de América Latina hoy pueden identificarse políticas públicas de un signo muy diferente a las que se impulsaban décadas atrás. Estas políticas, y nos referiremos particularmente a las del campo educativo que ahora nos ocupan, tienen un signo inclusivo, se posicionan desde la perspectiva de los derechos humanos -en nuestro caso, el derecho a la educación- y procuran asignar recursos públicos más importantes para el financiamiento educativo, tratando, además, que dichos recursos provengan de los presupuestos nacionales y no de créditos internacionales que suponen compromisos y condicionalidades externas. En varios países se han avanzado en programas de distribución de renta que implican la contraparte de la responsabilidad familiar de inscripción y participación en la escuela de los niños y adolescentes. Programas como la “Borsa Familia” en Brasil, el bono Juancito Pinto en Bolivia y, recientemente, la Asignación Universal por Hijo, en Argentina, entre otros, van esta línea y han producido un aumento significativo de las matrículas de la educación básica. 2 En casi todos los países de la región se han sancionado nuevas leyes nacionales de educación que se posicionan en una perspectiva claramente diferente a la que sostenían los sistemas educativos veinte años atrás. Obviamente, los cambios educativos acompañan procesos de cambios que van más allá de lo educativo y abarcan otros campos y áreas. Tanto en cuestiones sociales, como pueden ser las políticas de salud, como en las culturales y las macroeconómicas. Estos cambios son profundos y, aunque con distintos niveles de impacto, van afectando diferentes intereses de manera real. Las reacciones de los sectores que ven afectados sus intereses no pueden sorprendernos y son parte del proceso de cambio del que vamos hablando. 2
En Argentina, el Ministerio de Educación estima en unos 250.000 niños y adolescentes el crecimiento de la matrícula en la educación básica, que es posible atribuir a estas políticas.
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Tradicionalmente sectores privilegiados que acumulaban la mayoría de la renta nacional manejaban casi a discreción el entramado de poder en nuestras repúblicas latinoamericanas. Si bien la situación no se ha revertido totalmente, hoy esos sectores no pueden ostentar un poder absoluto y están en situación de disputa, pudiendo reafirmar su poder en algunos campos pero debiendo resignarlo en otros. Esto genera grandes tensiones políticas, sociales, económicas y culturales. Hablar de la participación de las Organizaciones Sociales en las políticas educativas no puede hacerse sin situarse en este contexto concreto. Renunciamos a todo ascepticismo en este sentido. Esta presentación se hace en un momento histórico concreto y no quiere ni puede ignorarlo o diluirlo. La Meta General Primera convoca a “Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora” . La acción educadora en nuestras sociedades está claramente liderada por nuestros Estados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de “acción educadora”? La acción educadora es la política educativa en acto. Y la política educativa, en términos institucionales, podría sintetizarse en la enunciación que hace, en sus primeros artículos, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional en Argentina: ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. Reforzar y ampliar la participación en la acción educadora, es trabajar en esta dirección y no en otra. No se trata de cualquier “participación”. No se trata de que las organizaciones sociales llevemos adelante cualquier tipo de accionar educativo. Las “Metas”, al menos, nos marcan un horizonte y una direccionalidad. Entendida desde esta perspectiva, las Metas no llaman a cualquier participación. Es cierto que hay un elemento de “autonomía” en el mundo de las organizaciones que es necesario preservar, pero esto no implica, como afirma Hugo Yasky, que debamos ser “neutrales” frente a lo que pasa. América Latina está viviendo tiempos de profunda transformación. Algo de esto se comienza a expresar en los formatos más institucionales, pero los cambios son mucho más profundos. Estamos hablando de transformaciones culturales muy importantes que, sin duda, van a ir manifestándose cada vez más en hechos políticos y legislativos, como viene sucediendo.
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En ese marco, el lugar de las Organizaciones Sociales es fundamental. Sin la militancia constante y firme de los movimientos y organizaciones sociales, en Argentina, por ejemplo, hoy no tendríamos la construcción hecha alrededor de la defensa de los derechos humanos y todo el desarrollo conceptual que dicha defensa ha implicado. No tendríamos la Ley de Medios Audiovisuales, la Asignación Universal por Hijo o la Ley de Matrimonio Igualitario, por señalar algunos de los logros más claros e indiscutibles de todo este proceso. Nada de esto se hace como único actor pero nadie puede negar en Argentina el lugar fundamental de las Organizaciones y Movimientos en cada uno de estos logros que da calidad a la democracia que queremos y vivimos. Y a nivel de América Latina podemos afirmar lo mismo. Las organizaciones campesinas y de pueblos originarios han devuelto la dignidad ocultada y aplastada por siglos y han podido elevar a un hermano aymara a la presidencia de nuestra querida Bolivia. Y ahora, en todo el continente, levantan los derechos de la Madre Tierra corriendo la frontera de las luchas frente al discurso vaciado del “desarrollo sostenible”. Algo similar sucedió con los pueblos afrolatinoamericanas en todo el continente. Llegados a este punto, es importante señalar el lugar de las organizaciones educativas en el proceso. Hoy, las redes y organizaciones sociales que nos comprometemos con la organización tenemos una amplia agenda, que encuentra muchos puntos de contactos con las Metas 2021. Pero que también las profundizan y quieren extender sus fronteras. El eje de esta lucha es la consideración y defensa de la educación como derecho. Y en esta lucha es fundamental la afirmación de la no-mercantilización de la educación. Estos principios que para nosotros son inclaudicables, han comenzado a estar presentes en la legislación de nuestros países, pero no lo estaban hace menos de 10 años atrás. Otra bandera de lucha es la no discriminación en el hecho educativo, algo que vemos con preocupación por la extensión de actitudes de injusta segregación de amplios sectores sociales y culturales. Así como nuestros hermanos andinos nos van enseñando los principios del “Vivir Bien”, desde la educación queremos una “Buena Educación” por sobre una “Educación de Calidad”. La primera creemos que apunta a formar “buenas personas” mientras que la segunda no oculta su intencionalidad de formar “gente exitosa”, sugiriendo que el “éxito” al que se refiere tiene que ver con el tener más dinero y poder, llevando a los educandos hasta los límites de transformarse en opresores y explotadores de sus propios hermanos. Luchamos no por “más presupuesto educativo” sino por todo el presupuesto necesario para garantizar el derecho a esta buena educación. Y estamos convencidos de que destinar estos recursos permite a los pueblos transformar y transformarse todo lo posible para alcanzar las otras metas que se proponen.
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Así es como creemos en una pedagogía liberadora, emancipatoria, comunitaria, dialogal, humanista y política. Y, por ello, luchamos porque los sistemas educativos nacionales sean democráticos, plurales y participativos, desterrando el autoritarismo y la soberbia que, a veces, son producidos por la posibilidad de acceder al conocimiento. Queremos que las nuevas tecnologías sean herramientas presentes y potentes para la transformación y construcción del “otro mundo posible” que soñamos y construimos desde nuestros pueblos latinoamericanos y no privilegios nuevamente discriminadores entre los que tienen o no acceso a ellas. Creemos en la profunda vinculación entre la educación y la economía y, por tanto, de la educación y el trabajo, y esperamos que todos nuestros pueblos puedan acceder al mismo en condiciones de justicia y de humanidad. Por todo esto, entendemos que la Meta primera, en su espíritu e intencionalidad, más que en su redacción, es casi una condición indispensable para que puedan alcanzarse las otras. Y, por ello, celebramos también la propuesta de la OEI de constituir un consejo de organizaciones sociales amplio y plural que acompañe de cerca la implementación de este plan regional y que informe periódicamente a la sociedad iberoamericana de los avances, dificultades, desafíos y logros que el mismo vaya pudiendo encontrar. Desde las redes educativas de América Latina nos proponemos acompañar responsable y comprometidamente este gran proyecto colectivo del que esperamos lograr una “Buena Educación” para el “Vivir Bien” de nuestros pueblos.
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