Kale Gorria - ILEGALIZACIÓN

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ILEGALIZACION NUEVAS LEYES DE EXCEPCION PARA REFORZAR LA INQUISICION CONTRA LOS ABERTZALES. Ley Orgánica de Partidos Políticos (artículos 9 a 12) — REPRESION “DEMOCRATICA”, treinta años de historia. Trayectoria del PNV. — ENTREVISTA CON ARNALDO OTEGI. “Vienen a por nosotros porque les hemos obligado a hacerlo”.

PROHIBIDO PENSAR. Acorralamiento y proscripción ideológicos a nivel internacional. — ESTRASBURGO CONDENA LA ILEGALIZACION DE LAS IDEAS. Debate sobre la ilegalización del partido kurdo HADEP. — CUANDO EL MENSAJE ES LA IMPUNIDAD. 23-F, subvertir el orden constitucional. Dos varas de medir. — LA SOMBRA DE SALAMANCA ES ALARGADA. Euskal Herria: silencio… ¡se rueda! — OPINIONES. Jon Idigoras, Jabier Salutregi, Annnic Legadec, Didier Rouget

ilegalización

L

a ilegalización de Batasuna está a la vuelta de la esquina. En este nuevo suplemento especial de KALEGORRIA

hemos

querido

aportar toda la informaión posible sobre los nuevos tiempos que vienen. Es

por eso que en un amplio trabajo se analiza detenidamente la Ley de Partidos Políticos y otros instrumentos jurídicos adoptados por el Estado español para reavivar su inquisición contra Euskal Herria.

De cualquier forma, las nuevas medidas represoras son un eslabón más dentro de una larga cadena de agravios sufridos por este pueblo. Después de décadas de represión, incluida la etapa de la guerra sucia, ahora la persecución viene travestida de “medidas

“VASCONGADAS Y CATALUÑA SON AUTENTICOS COMO EXTERMINAR CORTANDO EN LA CARNE VIVA

Lo dice muy claro Arnaldo Otegi en una amplia entrevista: “Vienen porque les hemos obligado”.

La represión contra la izquierda abertzale se produce en un momento de clara regresión de las libertades y en que los aires que corren por el mundo son de ilegalización de las ideas, una constante en los momentos más negros de la historia de la humanidad.

Además, los promotores de esta caza impune del abertzale son los mismos que desde antaño propugnaron el angostar los espacios políticos y la eliminación de todo tipo de libertades. Pero, pese a esa impunidad, lo que está claro es que este pueblo está acostumbrado a luchar y, en la calle o en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, Euskal Herria seguirá peleando por sus derechos.

Además, el mapa político de este país sería absolutamente diferente sin la presencia de la izquierda abertzale. No es sólo la constatación que ofrecemos en un

sumario

democráticas”. Pero no hay que llamarse a engaños.

Inquisición contra los abertzales pág. 4 La Ley de Partídos Políticos que servirá para ilegalizar Batasuna es sólo uno de los instrumentos jurídicos de los que se ha dotado el Estado español para su particular inquisición contra Euskal Herria.

cuadro comparativo, sino que Batasuna es una realidad profundamente enraizada en la tierra vasca.

FOTO PORTADA: Oriol CLAVERA

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CANCERES EN EL CUERPO DE LA NACION QUE EL FASCISMO, QUE ES EL SANADOR DE ESPAÑA, SABRA COMO UN CIRUJANO LIBRE DE FALSOS SENTIMENTALISMOS” (12-X-1936, Día de la raza, Salamanca)

Décadas de represión Otegi: “Vienen porque Ilegalización de las “democrática” les hemos obligado” ideas en el mundo

Cuando el mensaje es la impunidad

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Un repaso a la reciente historia represiva del Estado español contra Euskal Herria es suficiente para constatar que, a pesar de la muerte de Franco, en los últimos treinta años, los gobiernos “democráticos” han utilizado y utilizan todas las armas a su disposición para intentar silenciar las reivindicaciones de un pueblo que lucha por su libertad.

En una amplia entrevista, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, desgrana los entresijos de un proceso de ilegalización de la formación abertzale anunciado ya en 1998 por el Gobierno de José María Aznar y que, en aplicación de la nueva Ley de Partidos, aprobada este mes de junio por las cortes españolas, podría entrar próximamente en vigor.

La ilegalización de las ideas es una constante en la historia de las disidencias en todo el mundo. Desde el CNA de Mandela, pasando por el peronismo argentino hasta la reciente prohibición del Partido Democrático del Pueblo de Turquía son muchos los proyectos políticos que han visto recortados sus derechos fundamentales.

La justicia es como la serpiente: sólo muerde a los descalzos. De Melitón al 23-F, pasando por la guerra sucia y el terrorismo de Estado, Intxaurrondo o la tortura de seis mil ciudadanos vascos, el manto permanente de la impunidaddel Poder va paralelo al cierre de espacios políticos y la supresión de derechos civiles.

ilegalización PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista han sumado sus votos a los del PP para aprobar la ley de ilegalización de Batasuna. Esta iniciativa se une a una serie de herramientas jurídicas (entre ellas la ley

que regula el derecho de asociación y la de “prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo”) que el Gobierno español impulsa para reforzar su particular inquisición contra el independentismo vasco.

NUEVAS LEYES DE EXCEPCION PARA REFORZAR LA

INQUISICION CONTRA LOS ABERTZALES Textos: KALEGORRIA • Fotografías: KALEGORRIA/EFE

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l Gobierno del Partido Popular ha aprovechado la cruzada “antiterrorista” alentada por Estados Unidos tras los sucesos del 11 de septiembre para reforzar su particular “caza de brujas” contra el independentismo vasco. Además de las ya habituales operaciones policiales, apoyadas en iniciativas político-judiciales, contra personas y entidades ligadas a la izquierda abertzale, el Ejecutivo de Aznar ha promovido en el último año la puesta en marcha de nuevas herramientas jurídicas que colocan al derecho de asociación en Euskal Herria en una clara situación de estado de excepción.

Ello es más alarmante si tenemos en cuenta que este derecho, expresamente reconocido en el artículo 22 de la Constitución española, ni siquiera puede ser suspendido cuando se declara un estado de excepción o de sitio, y que tampoco puede serlo en relación con investigaciones correspondientes a delitos de “terrorismo”, tal y como queda reflejado en el artículo 55 del texto constitucional en el que, paradójicamente, se escudan los impulsores de las nuevas normativas para ilegalizar y criminalizar a quienes reclaman los derechos de Euskal Herria.

En la vía penal existe una poderosísima herramienta contra el derecho de asociación, el artículo 129.2 del Código Penal, que permite al juez instructor suspender las actividades de una asociación hasta el plazo máximo de cinco años. Esta me-

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El proyecto de Ley sobre “financiación del terrorismo” contempla las actividades para la promoción de fines políticos como actuación delictiva RAJOY Y ACEBES. Ministros españoles de Interior y Justicia.

determinadas asociaciones, estando pensada la norma para las que constituyen el amplio movimiento social y popular de Euskal Herria, y con base en conductas de uno solo de sus miembros.

Bloqueo de fondos Por otra parte, se encuentra en fase de tramitación el Proyecto de Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que el Gobierno español pre-

sentó en marzo de este año en el Congreso de los Diputados en aplicación de la resolución 1373 (del 28 de septiembre de 2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El texto de la ONU insta a los Estados a que “prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo” congelando o no permitiendo que los fondos y activos financieros estén a disposición de “personas que

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12)

(...)

CAPITULO SEGUNDO De la organización, funcionamiento y actividades de los partidos políticos (...)

Artículo 9. Actividad 1.- Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

2.- Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar

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El PP ha promovido para Euskal Herria herramientas jurídicas que colocan el derecho de asociación en una clara situación de excepción

dida ha sido utilizada en los últimos tres años de manera reiterada e ilegal contra organizaciones como Xaki, Jarrai, Haika, Segi, Kas, Ekin, Gestoras Pro-Amnistía y Askatasuna. Ha servido incluso como base legal para el cierre de una decena de empresas y de tres medios de comunicación.

Los nuevos recursos En su empeño por cercenar la labor política de la izquierda abertzale y así neutralizar al sector más combativo en la defensa del proyecto de construcción nacional de Euskal Herria, planteamiento alternativo al actual marco jurídico-político que, con base en el ejercicio del derecho de autodeterminación, ha conseguido calar durante los últimos años en amplios sectores de la población vasca y, a su vez, se ha convertido en referente obligado en el debate político, el Gobierno del Partido Popular ha considerado que las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito penal resultan insuficientes, demasiado garantistas y excesivamente lentas, frente al peligro que la socialización de iniciativas de cambio político en Euskal Herria entraña para su estrategia de “integración en España”. Por ello, se ha dotado de nuevos recursos legales contra el asociacionismo en Euskal Herria. Por un lado, entró en vigor el 26 de mayo pasado la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, en cuyo artículo 4.6 se establecen medidas para impedir ayudas económicas por parte de los poderes públicos a

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o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alte-

cometan o intenten cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión o participen en ella, de las entidades de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de esas personas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas o bajo sus órdenes”.

Por contra, la ley que promueve el Gobierno de Aznar extiende la consideración de actuación delictiva a actividades de promoción de ob-

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rar gravemente la paz pública tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

3.- Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes: a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta. b) Acompañar la acción de la violencia con progra-

ilegalización jetivos políticos o sociales, al asegurar que serán susceptibles de ser bloqueados los fondos que sirvan para “contribuir a los fines perseguidos por los grupos u organizaciones terroristas”.

Con este tipo de premisas, las facultades que se otorgan en el Proyecto de Ley a la Comisión de Vigilancia adscrita al Ministerio del Interior para bloquear e investigar las cuentas corrientes de entidades asociativas por un periodo de seis meses y sin intervención judicial, van a suponer en la práctica la suspensión de sus actividades, pues se va a privar de un elemento primordial para su libre desenvolvimiento, lo que supone vulnerar el mandato de la norma 22.4 de la Constitución española, donde se establece que “las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada”.

Ofensiva global Estamos pues ante una ofensiva global del Gobierno del PP contra el asociacionismo en Euskal Herria y, en particular, contra los partidos políticos, asociaciones y entidades que reivindican una Euskal Herria sin injerencias estatales y con capacidad para decidir su futuro en libertad.

Y ahí ha de enmarcarse el tercer nuevo instrumento del que se ha dotado, la Ley Orgánica de Partidos Políticos recientemente aprobada.

Lejos de ser una ley que desarrolla el artículo 6 de la Constitución española, donde se anuncia que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a

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la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación popular”, se trata de una norma claramente sancionadora, materialmente antiterrorista y ajena a la dimensión y enjuiciamiento constitucionales. La nueva ley declara ilegales actividades que no suponen infracción de normas constitucionales ni constituyen ilícito penal. Crea también nuevas obligaciones legales (al incluir el “apoyo tácito” al terrorismo, se obliga a condenarlo) y choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que declara que los Estados disponen de un “estrecho margen de apreciación” en materia de disolución de partidos políticos.

Estamos ante una ley “ad hoc”, una norma claramente finalista, que nace con una sola pretensión: la ilegalización de Batasuna. La finalidad de renovar y actualizar la regulación de los partidos existente en la Ley 54/78, (exposición de motivos que precede al articulado del texto normativo) es un mero acompañamiento con el que ni siquiera se ha pretendido ocultar su ansiado objetivo.

Hay una decisión política del Gobierno del PP, dentro de una estrategia para Euskal Herria, y lo que importa no es desde luego la calidad técnica jurídica de la ley, sino dotarse de un instrumento que haga posible esa ilegalización cuanto antes y sin obstáculos. La presunta inconstitucionalidad de la ley no importa, porque no hay tribunal en el Estado que se

La Ley de Partidos es sancionadora, materialmente antiterrorista y ajena a la dimensión y enjuiciamiento constitucionales Hay una decisión política, y lo que importa no es la calidad de la ley, sino dotarse de un instrumento que ilegalice cuanto antes y sin trabas RUFI ETXEBERRIA. Detenido y conducido a la Audiencia Nacional.

atreva a proponerla o declararla, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dirá su opinón terminada esta década. Se trata de atender a las razones de Estado y a las oportunidades políticas hoy existentes.

Ilegalidad vs. ilicitud La disolución de un partido político ya está prevista en vía penal en tanto que asociación ilícita (artículos 515 y 520 del Código Penal), a cu-

yo objetivo se viene dedicando el juez Baltasar Garzón desde hace varios años.

Y ya hemos visto que hay arsenal suficiente.

Tal vía de ilicitud penal de un partido político va a ser ahora compatible con la de ilegalidad constitucional que se regula en la Ley de Partidos Políticos, pues así lo establece en su punto 10.6, pudiendo ambas actuar simultáneamente sin interferencias.

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12)

mas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades, y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos. c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un número significativo de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra estos conducentes a su expulsión.

d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios, o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo. e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos. f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas. g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior. h) Promover, dar cobertura o participar en activida-

La diferencia sustantiva entre ambas es que, mientras que para la ilicitud penal es necesario que las asociaciones “empleen medios violentos” (artículos 515.3º y 4º del Código Penal), la vía constitucional abre la posibilidad de establecer una ilegalidad no penal para partidos, en este caso Batasuna, que no utilicen “medios violentos tipificados como delito”, requisito inexcusable para la declaración de

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des que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas. i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia.

4.- Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las pro-

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A PALOS HASTA CON LA ZANAHORIA Los sectores oligárquicos y financieros que sostenían la “España del caudillo” decidieron, mediados ya los años 70, abrir un proceso que se denominó “transición democrática” para favorecer la homologación del Estado español al selecto club de las democracias occidentales, con la incorporación de la economía –que aspiraba a integrarse en el Mercado Común Europeo– al circuito internacional y, en el plano político, dar un encaje definitivo, o casi definitivo, a las naciones sin Estado dentro del propio Estado y, en esa medida, derrotar al proceso de liberación nacional y social de Euskal Herria. Desde entonces, la llegada del Partido Popular al Gobierno de Madrid (junio de 1996), el Estado español siempre había mantenido con respecto al movimiento independentista vasco una estrategia política que desde la propia izquierda abertzale se ha definido como “el del palo y la zanahoria”.

Era una fórmula que, veinte años más tarde, seguía aplicándose en toda su extensión y crudeza desde foros como el “Pacto de Ajuria-Enea” –todos menos HB–. Se desataban brutales oleadas represivas, sostenidas de forma insistente sobre lo que se denominó MLNV y se acompañaban los ataques de una oferta permanente de “incorporción” de los resistentes al “juego democrático”. El objetivo era que ese sector combativo de Euskal Herria acabara por reconocer la legitimidad del estatus político establecido. El Estado estaba convencido de que, con el tiempo, el sistema autonómico y de “libertades democráticas” conseguiría fraccionar a la izquierda abertzale y, tarde o temprano, la opción rebelde sería asimilada por el sistema.

Ya no hay zanahoria La realidad es que ahora, el Estado, y con él el Gobierno, ha perdido toda esperanza en que la vieja formulación de “palo y zanahoria” o, lo que es lo mismo, “represión y oferta de integración” pueda enterrar a la izquierda abertzale. Es por ello que, cuando los “hijos políticos” de aquellos franquistas que creyeron poder ta-

par la boca al independentismo vasco con una ración de “transición democrática” han accedido al Ejecutivo español, ha desaparecido la zanahoria. Ahora, con el PP, no hay zanahoria posible: sólo queda el palo. Esta nueva posición recibió el aval del PSOE por boca de uno de sus nuevos valores en alza, Jesús Caldera, quien refrendó la posición gubernamental declarando que “ya se intentó todo” y que el objetivo era “inalcanzable”. No quedaba, por tan-

to, “otro remedio” que quebrar cualquier aspiración de ese sector de la población vasca. Es algo que siempre habían hecho, con mayor o menor énfasis, pero que en adelante intentarían con especial interés.

Existe, además, otra clave que ayuda a entender lo que está sucediendo y es que durante los años 1992 y 1993 la izquierda abertzale puso en marcha una estrategia de construcción nacional y social que permite generar un conflicto no sólo a partir de los grandes asuntos macropolíticos, sino en temas y sectores como el euskara, la universidad, la ecología, el deporte y otros, todos ellos fundamentales para la construcción de un proyecto nacional, demo-

crático y popular, al igual que instituciones como Udalbiltza, nacidas en la misma clave soberanista y que vienen desarrollándose en los últimos años.

Es esto lo que, en definitiva, se busca abortar en estos momentos. Se trata de atajar cualquier posibilidad de que se consoliden las bases materiales de un proyecto de nación alternativo que, al final, con el ejercicio del derecho de autodeterminación, haría saltar por los aires el diseño previsto para la “transición española”.

Las alarmas, encendidas Desde que en los años 1997 y 1998 se inició el proceso de cambio político (tregua de ETA, acuerdo de Lizarra-Garazi, Udalbiltza...), las cosas ya no son iguales para el Estado.

Incluso portavoces del PNV han reconocido que el listón del debate político se ha situado a otra altura. En aquel momento, el Estado comprobó que, lejos de la derrota militar o política que había previsto para la izquierda abertzale, ésta había sido capaz, habiendo generado condiciones sociales suficientes, de poner en marcha un proceso que, junto a otros sectores, colidera el cambio político hacia la consolidación de un nuevo marco para Euskal Herria. Y es precisamente esto lo que hizo que se encendiesen todas las alarmas rojas en el Estado.

“Si no hay zanahoria, sólo hay palo” e incluso, en adelante, “habrá palo hasta con la zanahoria”, ya que el objetivo fundamental es destrozar por todos los medios a la izquierda independentista y no sólo despojándole de sus siglas, sino impidiéndole mantener su actividad política, su capacidad de propuesta, de coliderazgo en el proceso soberanista. La ilegalización de Batasuna, como otros casos precedentes (cierre de “Egin”...), es parte de una estrategia que consiste en obstáculizar una actividad que pretende, otra vez, dar el salto hacia un nuevo marco político y, por lo tanto, nada tiene que ver con el enfoque de “lucha contra el terrorismo” con el que machaconamente se presenta lo que denominan “problema vasco”.

ilegalización ilegalidad, según el artículo 22.2 de la propia Constitución española.

Derechos vulnerados Partiendo de la especial protección que, en un sistema que se pretenda democrático, deben gozar los partidos políticos por razón de su trascendental función (como señala el antes citado artículo 6 de la Constitución), la ley prevista para ilegalizar Batasuna atenta contra principios y derechos fundamentales.

La norma aprobada vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución española. De ambos se deriva una exigencia de concreción, precisión y taxatividad a la hora de fijar los supuestos que habilitan la ilegalización, exigencia que está claramente ausente. Términos vagos y ambiguos, cláusulas abiertas, indeterminación jurídica... son las características más relevantes del artículo 9.3 de la Ley de Partidos Políticos, lo que unido a la proliferación de conductas que se listan lo convierte en un auténtico “cajón de sastre” y deja un amplio margen de arbitrariedad a los tribunales.

Otro de los derechos que quedan en entredicho es el de asociación (artículo 22 de la Constitución). Un partido político es una forma particular de asociación, por lo que los artículos 6 y 22 del texto constitucional deben interpretarse conjuntamente, con la consecuencia de que para la protección efectiva de la libertad de los partidos políticos el

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artículo 22 de la Carta Magna constituye un estatuto mínimo de garantías.

Como ya se ha dicho, el segundo punto del citado artículo establece que son ilegales “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito”. Por tanto, sólo son admisibles como conductas para acordar la ilegalización aquellas actuaciones contrarias a los principios democráticos que consistan en utilizar medios delictivos, porque de otro modo habría para los partidos políticos un límite legal que no tiene fundamento en ese artículo.

Conductas no delictivas Sin embargo, el apartado 9.3 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos recoge conductas que no encajan en ese supuesto de ilegalidad, como son las de “exculpar”, “minimizar” o “dar apoyo tácito al terrorismo”, “acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil...” o “incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas”, entre otros.

Tales conductas no son delictivas, pues ni siquiera son incardinables como apología del terrorismo (artículo 547 del Código Penal) o enaltecimiento o justificación del terrorismo (artículo 578 del mismo código), a pesar de la amplitud y vaguedad con que el legisla-

PACTO ANTITERRORISTA. Reunión de las cúpulas del PP y del PSOE en la que se puso en marcha la Ley

dor ha diseñado estos ilícitos penales. Más bien forman parte de la libertad de discurso político al que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorga especial protección y estatus, una posición preferente, dentro del ya amplio marco de protección dispensado a la libertad de expresión.

Asociar la libertad de expresión –que también ampara las “ideas” que contrarían, chocan o inquietan–, a una medida de la “severidad

y radicalidad” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que supone la disolución de un partido, pugna claramente con otro principio fundamental, el de proporcionalidad.

Otro principio básico que la Ley de Partidos ha quebrantado es el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o de las normas restrictivas de derechos (artículo 9.3 de la Constitución) que, en este caso, afectan a derechos

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12)

puestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos.

Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos, conducentes a su expulsión.

CAPITULO TERCERO De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos Artículo 10. Disolución o suspensión judicial 1.- Además de por decisión de sus miembros, acorda-

da por las causas y por los procedimientos previstos en sus Estatutos, sólo procederá la disolución de un partido político, o, en su caso, su suspensión, por decisión de la autoridad judicial competente y en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del presente artículo. La disolución surtirá efectos desde su anotación en el registro de Partidos Políticos, previa notificación del propio partido o del órgano judicial que decrete la disolución.

2.- La disolución judicial de un partido político, o, en su caso, su suspensión, será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal. b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en

fundamentales como el de asociación y el de participación política (artículos 22 y 23). Por tanto, la norma no puede ser retroactiva. Sin embargo, el apartado 2 de la Disposición Transitoria de la ley, en relación con el artículo 9.4, permite, a pesar de las modificaciones introducidas tras el debate parlamentario entre PP y PSOE, la ilegalización de un partido por conductas anteriores a la entrada en vigor de la norma. Las enmiendas in-

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los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica. c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9.

3.- La suspensión judicial de un partido político sólo procederá si así lo dispone el Código Penal. Podrá acordarse también como medida cautelar en virtud de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los términos del apartado 8 del artículo 11 de la presente Ley Orgánica.

4.- El supuesto previsto en la letra a) del apartado segundo del presente artículo será resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Po-

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contrarios a los que la Constitución española consagra, cuando el hecho de que un proyecto político pase por incompatible con los principios y estructuras actuales de un Estado no lo hace contrario a las normas democráticas.

La inclusión en la ley de la necesidad de “respetar los valores constitucionales” revela esa pretensión de aplicar la ley a los “enemigos” de la Carta Magna española, lo que de modo alguno es admisible, al no existir una norma, como la del artículo 21.1 de la Constitución alemana, de la que se derive el principio de “democracia militante”.

de Partidos Políticos que luego refrendaron CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista.

troducidas, lejos de impedir totalmente la retroactividad de la ley, lo que hacen es puentear la irretroactividad.

El Gobierno español, en su ofensiva contra la izquierda abertzale, está convirtiendo en habitual esta práctica. Lo mismo ocurrió con la Disposición Adicional 23ª de la Ley 24/2001, del 27 de diciembre, sobre “Pago de subvenciones a partidos políticos”, con cuya entrada en vigor, y saltándose el principio de irretroacti-

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vidad, el Estado ha pretendido eludir el pago de las cantidades que en su día denegó ilegalmente a HB y que debía abonar, en virtud de sentencias favorables dictadas por el Tribunal Supremo, razón por la cual hasta la Audiencia Nacional se ha visto obligada a plantear cuestión de inconstitucionalidad.

Penalizar proyectos Nos hallamos ante supuestos en los que se procede a

una penalización de ideas y de proyectos políticos y no de las conductas o actividades; se trata de ilegalizar fines, pues se declaran ilegales actividades que no suponen infracción de normas constitucionales ni constituyen ilícito penal. Parece ser que el Gobierno de Aznar y quienes avalan la nueva ley con sus votos tratan de confundir intencionadamente las actividades “contrarias a los principios democráticos” con la persecución de fines

A perpetuidad Relacionada con la pretensión de irretroactividad se sitúa la cuestión de cuándo se entiende producida la continuidad o sucesión de un partido disuelto, lo que se aborda en el artículo 12.3 de la ley, así como en la Disposición Adicional Segunda que modifica la Ley de Régimen Electoral General en materia de agrupaciones electorales. Y en ellos se dice que para determinar la conexión entre el partido político disuelto y el nuevo o una agrupación electoral, se tendrá en cuenta, junto a otros elementos, “la similitud sustancial de ambos partidos políticos”, lo que evidencia, una vez más, la clara pretensión gubernamental de ilegalizar proyectos políticos o ideas y, más concretamente, de dejar sin representación política el proyecto de una Eus-

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12)

der Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

5.- Los supuestos previstos en las letras b) y c) del apartado segundo de este artículo serán resueltos por la Sala Especial del Tribuna! Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente.

6.- La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados cuarto y quinto de este artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podrá, por el contrario, acordarse la disolución volun-

taria de un partido político cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad del mismo por razón de uno u otro apartado o de ambos.

Artículo 11. Procedimiento 1.- Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución en virtud de lo dispuesto en las letras b) y c) del apartado segundo del artículo anterior de esta Ley Orgánica el Gobierno y el Ministerio Fiscal.

El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica. La tramitación de este acuerdo se ajustará al

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kal Herria libre y soberana con el que está comprometido la izquierda abertzale.

A corto plazo, lo que se pretende, tal y como anunció el ministro de Justicia español hace varios meses, es impedir que Batasuna acuda a las elecciones municipales de 2003, para lo cual incluso han modificado la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, buscando cerrar el paso a la fórmula de presentación como agrupación electoral, utilizada en la década de los 80, antes de la legalización de Herri Batasuna.

Se trata, pues, de clandestinizar a la izquierda abertzale para generar desestabilización política en Euskal Herria y agitar el mapa electoral, con la idea de que ambos hechos redundarán en beneficio del Partido Popular y de las opciones constitucionalistas.

Con ello dificultarán la vía del diálogo y el acuerdo ante la ausencia de interlocutores políticos en la izquierda abertzale.

Se afirma que se trata de terminar con el “santuario institucional” que tiene Batasuna en los ayuntamientos y cámaras legislativas, recurriendo a una expresión similar a la que sirvió de justificación al nacimiento de los GAL –acabar con el “santuario francés” de ETA–.

Entonces, el atajo fue la actuación ilegal y violenta del Estado mediante la práctica del terrorismo; ahora, el atajo tiene además forma de ley, pero el Estado sigue en su idea de dominar a los vascos vulnerando sus derechos fundamentales.

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procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado.

2.- La acción por la que se pretende la declaración a que se refiere el apartado anterior se iniciará mediante demanda presentada ante la Sala Especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad.

3.- La Sala procederá inmediatamente al emplazamiento del partido político afectado, dándole traslado de la demanda, para que pueda comparecer ante la misma en el plazo de ocho días. Una vez comparecido en debida forma o transcurrido el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda pudiendo inadmitir la

ilegalización/

opinión

LeGALizar la eliminación Jabier Salutregi Mentxaka Director de EGIN

N

adie ni nada puede sostener desde el sentido común y desde el de la justicia, fuera de la voluntad del Partido Popular, y del seguidismo servil del PSOE y del pavor de CiU, la nueva Ley de Partidos Políticos que, sin pudor ninguno, va a ser promulgada por el poder legislativo español, al único objeto de ilegalizar mañana a la izquierda abertzale (Batasuna), y para hacer, pasado mañana, lo propio con el nacionalismo vasco y otros del Estado que pretendan levantar la bandera de su nación.

Si ya el simple repaso de los cambios sufridos en el Código Penal español desde el año 1977 sería suficiente para comprobar que todos los gobiernos españoles de turno han ido moldeando la ley, con tal de taponar cualquier resquicio por el que los vascos pudieran colarse y poder plantear su reivindicación nacional, este nuevo intento se convierte sin duda en la gran Ley dictada ex profeso para llevar a cabo la domesticación virtual de los vascones. Aznar, como Recaredo o Wamba, quiere que en los libros de texto de los futuros españolitos se incluya que, al final de sus días en el poder, dominó al vascón.

Ante todo, es muy importante comprender que con la nueva Ley de Partidos Políticos a punto de ser sancionada por el Senado, el Gobierno actual de España, algo que es

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repetitivo en la Historia, pretende llegar al final del camino represivo emprendido contra todos aquellos que, bajo su dominación, defienden la existencia y su derecho a vivir como nación diferenciada. Se trata de dar colofón a la idea nacida con Isabel y Fernando y que llegó a su cenit bajo los auspicios del más exacerbado falangismo de José Antonio Primo de Rivera, y que se convirtió y quedó en el acerbo cultural del ciudadano español como algo consustancial a él: la independencia de Euskal Herria (… y de Catalunya y Galiza) es, hoy por hoy, inasumible por los españoles y, por lo tanto, cualquier acción encaminada a impedir la desmembración de España es para ellos mayoritariamente aceptada sin medir ni sus antecedentes ni sus consecuentes sean democráticos o no. De hecho, esta idea de “unidad del destino en lo universal”, formulada por el fundador de la Falange, está sacralizada, defendida por las armas y elevada a categoría constitucional al quedar expresada en el artículo octavo de la Carta Magna española y que preserva para el Ejército la tarea de guardián del territorio nacional español.

No deja de ser sintomático en este sentido que el 90 por ciento de los parlamentarios del hemiciclo español fuera quien aprobara la impresentable Ley de Partidos como si de hecho, pues para ellos así lo es, fuera una “cuestión de Estado”. Y aunque suene descabellado, a la vista

Aznar, como Recaredo o Wamba, quiere que en los libros de texto de los futuros españolitos se incluya que, al final de sus días en el poder, dominó al vascón de las tragaderas sociales que se detectan en la gran España actual, quizás hubiera sido posible, tal y como lo intuía en su tiempo Ricardo García Damborenea, que la existencia del GAL, sin tanto chorizo a la hora de repartir la pasta, con un poco más de tiempo y con un tratamiento más adecuado desde los medios de

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12)

misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas: - Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada.

- Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisión.

- Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento.

La apreciación de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondrá de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo común de diez días.

cesario se abrirá un periodo de prueba que se regirá en cuanto a sus plazos y sustanciación por las reglas que sobre este extremo se contienen en los Capítulos V y VI del Título 1 del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4.- Una vez admitida la demanda se emplazará al demandado, si hubiere comparecido, para la contestación a la demanda por el plazo de veinte días.

7.- La Sentencia dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la disolución del partido político o desestimar la demanda, no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento de su notificación.

5.- Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestación o la Sala lo considera ne-

6.- Del conjunto de la prueba practicada se dará vista a las partes que podrán formular alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte días, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedará concluso para sentencia que deberá dictarse en veinte días.

comunicación, hubiera sido asumida sin problemas como un asunto normal por “necesario” (razón de Estado). Y ocurre así que hoy, sin choriceos, con más tiempo y con el tratamiento informativo adecuado, la nueva Ley es por su “utilitarismo” aceptada por la sociedad española, a pesar de que quien más y quien menos tenga los suficientes conocimientos como para poder percibir que la citada Ley es una herramienta bélica que, al igual que entonces el GAL, va a ser utilizada contra principios y fundamentos incluidos en el derecho de la humanidad. El GAL fue un instrumento inventado por un PSOE que no se atrevió a ilegalizar a una formación política como Batasuna (entonces HB) y ello le hizo caer en la ilegalidad; mientras que el PP, que no se atreve a reinventar el GAL (aunque algunos casos acaecidos en su mandato suscitan serias dudas), se ha atrevido a inventar la ilegalidad de sus adversarios, con lo que ha caído (“creían que no nos atreveríamos”) en la dictadura. En definitiva, esto va a ser como le-GALizar la política de eliminación.

No es de esperar por otro lado que la ciudadanía española saque tiempo de sus ocupaciones para intentar establecer las muchas vulneraciones que con la nueva Ley se registran, no ya respecto al derecho internacional, sino con respecto a la misma Constitución española. Tal vez, ni se den cuenta de que el se-

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Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los efectos que se determinan en el artículo siguiente de esta Ley Orgánica. Si se desestima la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia.

8.- La Sala, durante la tramitación del proceso, de oficio o Instancia de parte, podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la misma. En particular, la Sala podrá acordar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala ordenará la co-

especial

ñor Aznar lo que también pretende con la nueva legislación es llegar a fosilizar la ideología de los partidos políticos españoles y cortar en seco el recorrido ideológico futuro de PNV, CiU, BNG, ERC, etcétera.

No obstante, todos aquellos que en España acepten esta Ley y digan ser “no nacionalistas” (remoquete que está en la punta de la lengua de todos los que siéndolo quieren diferenciarse del nacionalismo vasco) tienen desde ahora por escrito la gran prueba de su mentira, pues con un articulado que confunde conscientemente fines y medios, y complementa ad infinitum el durísimo Código Penal español con el único propósito de perseguir hasta la eliminación el nacionalismo vasco, se demuestra que el suyo es el gran nacionalismo excluyente español. Dicho de otro modo, la Ley se revela como un arma con la que los gobiernos de Madrid podrán a su antojo desvertebrar políticamente el nacionalismo vasco, impedir que la izquierda abertzale pueda organizarse con vistas al futuro y romper todas la dinámicas encaminadas a cuestionar el Estado como marco jurídico y político: la Ley, curiosamente, contempla la destrucción de ETA desde la perspectiva ideológica. Con ello entroniza la idea de que la organización armada no sólo es una mera “banda criminal”, sino que se sustenta en una ideología política que es la que con esta ley se va a perseguir. Cierra así perfectamente el cír-

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culo de la estrategia puramente policial del PP para con el conflicto vasco: se persigue policialmente pensamientos y obras.

En este sentido, cabe recordar un breve escrito del joven dirigente de HB, asesinado el 20 de noviembre de 1989, Josu Muguruza, en el que bajo el título de “Votar a ETA” decía lo siguiente:

“ETA representa a la ciudadanía vasca en mucha mayor medida que los votos de HB, porque ETA –además de su forma determinante de lucha, ciertamente- tiene un programa político que en periodos electorales es asumido, no solamente por HB, que lo defiende en periodos electorales y fuera de ellos, sino por la mayoría nacionalista de este pueblo.

LEY ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS (arts. 9 a 12)

rrespondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos Artículo 12. Efectos de la disolución judicial 1.- La disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes: a) Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto. El Incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal. b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

c) La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

2.- Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político.

3.- En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a la que se refiere la letra b) del apartado primero, teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de su estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, re-

kalegorria

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Cuando alguien está votando al PNV, porque el PNV aboga por la territorialidad vasca, está votando a ETA. Cuando alguien está votando a EA, porque el señor Garaikoetxea está por la autodeterminación, está votando a ETA. Y cuando alguien está votando al PNV (en el original “al señor Retolaza”) cuando dice que hay que retirar las fuerzas policiales españolas de aquí, está votando a ETA. ETA tiene el programa político de la mayoría de este pueblo. Un programa político para cuya realización no hay instrumentos legales… Consigamos los resortes legales”.

Y es precisamente ese camino que lleva a conseguir los “resortes legales” el que se pretende arrancar de cuajo con la aprobación de una Ley que, a tenor de los derechos humanos y de la jurisprudencia establecida en foros internacionales, incluso con lo que las propias leyes españolas establecen, puede colocar a sus precursores en el lado de la prevaricación, pues con esta Ley de Partidos se vulneran los artículos 6, 9.3, 22, 22.2, 22.4 y 23 de la Constitución española y colisiona con la doctrina jurídica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A ellos, al PP y al PSOE, por ahora, les importa un bledo: unos quieren los votos del españolismo y los otros no quieren que se los lleven en exclusiva. Y vendrá la historia que les juzgará … con el tiempo. Esta es la lástima.

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presentan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Además de las partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el supuesto de que se presente para su inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ley Orgánica.

4.- La Sala sentenciadora rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso de la personalidad jurídica, fraude de ley o procesal. (...)

30 años de historia La ofensiva del Estado español contra Euskal Herria no es algo nuevo. Tras la muerte de Franco, los sucesivos gobiernos “democráticos”, con el apoyo de fuerzas políticas españolistas y vascas, han utilizado todas sus armas políticas y represivas con un mismo fin: el aniquilamiento de un pueblo que, a pesar de los asesinatos, tortura, guerra sucia, cárcel, exilio, ilegalizaciones, cierre de medios de comunicación... sigue resistiendo. Treinta años de historia marcados por la lucha y la opresión.

REPRESION “DEMOCRATICA” LA SOMBRA DE FRANCO (1975-1982)

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no de los ejemplos más claros de la violencia del régimen contra Euskal Herria lo constituye la masacre de Gasteiz el día 3 de Marzo de 1976: cinco muertos y más de un centenar de heridos, de los cuales 33 lo fueron por impacto de bala. La represión policial fue secundada por grupos de paisano denominados Guerrilleros de Cristo Rey que causaron decenas de heridos y centenares de detenidos.

Adolfo Suárez (burócrata del Movimiento Nacional, responsable directo de los acontecimientos de Gasteiz y el encargado de poner en marcha la reforma del régimen) sustituyó a Carlos Arias Navarro en la presidencia del Gobierno de Madrid, en junio de 1976. Euskal Herria, aunque de manera no oficial pero sí evidente, vivió los primeros pasos de la reforma bajo un estado de excepción.

Una constante desde el año anterior, 1975 y durante todo 1976 fue el incremento cuantitativo de la represión parapolicial como complemento a la represión de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El primer semestre de 1976 se salda con un centenar de acciones parapoliciales en Hegoalde y con una veintena en Iparralde, donde las actuaciones se vieron acompañadas de decenas de detenciones de refugiados. El primer desaparecido en acciones de estos grupos parapoliciales, que firmaban bajo las siglas de AAA (Alianza Apostólica Anticomunista) o ATE (Antiterrorismo ETA), fue el donostiarra Eduardo Moreno Bergaretxe, “Pertur”, miembro de la dirección de ETApm. En torno a ello, Enrique Sanz Martín escribió en “La Voz de España” que se iba a desatar una cacería humana contra los dirigentes de ambas ramas de la organización promovida por gentes “que han puesto precio a las cabezas de los jefes etarras y que se cuidarán mucho de dar explicaciones”.

A finales de 1976, se suprimió del Tribunal de Orden Público y se anunció que “los delitos de terrorismo pasarán a la jurisdicción ordinaria”. Sin

embargo, la noticia ocultaba otra, producida el mismo día la creación de la Audiencia Nacional, con lo cual el Estado español mantenía los mismos criterios para intentar ahogar la disidencia vasca y la de quienes no comulgaran con sus objetivos reformistas.

En octubre de 1977, el Gobierno español comunicó su decisión de no legalizar a los partidos independentistas vascos y un mes después denegó la legalización de HASI, LAIA y EIA.

Lucha por la amnistía El Gobierno español concedió tres veces un indulto reducido a “quienes no tuvieran delitos de sangre”, lo que supuso que al final de 1976 y principios de 1977 aún hubiera 158 presos internados y dispersados por las prisiones del Estado. Las amplias movilizaciones lograron que las cárceles se abrieran para los militantes de ETA. El Régimen reprimió estas luchas causando siete muertos.

Intensificación de la guerra sucia Una bomba colocada en su coche mató a Jose Miguel Berañan “Argala” en diciembre de 1978, en una nueva aparición de grupos parapoliciales en Iparralde. La estrategia represiva se dio en las cárceles, en el exilio (detenciones) y en el plano político (contra Herri Batasuna). Los partidos firmantes del Pacto de la Moncloa aprobaron el recrudecimiento de la represión. Ramón Rubial, histórico militante del PSOE, abogó por copiar el método francés de la OAS (guerra sucia) para acabar con ETA. Los atentados contra los militantes abertzales eran reivindicados por AAA, ANE, BVE y ATE. Sin embargo, uno de los integrantes de estos grupos contaría con claridad qué se escondía tras esas siglas. “ATE, era un grupo mixto formado por guardias civiles y ultras. ATE no existía como organización; era una de las muchas siglas, inventadas por grupos que recibían ordenes del Estado Mayor de

la Guardia Civil. Con la Guardia Civil había miembros de la OAS y del italiano Orden Nuevo, que dirigía Andrés Cassinello”.

A partir de 1980 toda persona con tintes abertzales sería objetivo de los elementos parapoliciales.

La represión llegó hasta América, donde fueron asesinados algunos refugiados. Al lado de estas acciones directamente dirigidas contra ciudadanos teóricamente más comprometidos, se dan otras dirigidas contra la población civil, con un mismo objetivo: aislar a ETA de su base social intentando demostrar que la violencia sólo es monopolio del Estado y tratando de presentar el conflicto como un enfrentamiento entre bandas rivales. Entre 1975 y 1980 se cometieron en Euskal Herria un total de 500 atentados, con un balance de 38 muertos y 128 heridos.

Frente de cárceles El Régimen siempre ha tenido como objetivo los presos políticos, contra los que aplicó la dispersión y la represión. Rodolfo Martín Villa, Ministro de Interior, afirmó tras el violento traslado de los presos vascos a la cárcel de Soria, en diciembre de 1978: “La peculiaridad de ETA exige, por razones de Estado, una represión constante contra la organización, represión que debe ejercitarse dentro y fuera de las cárceles”. En la prisión de Soria una compañía de la Policía Armada sustituyó a los funcionarios y un comandante de las Fuerzas Orden Público, al director; el régimen de los presos era militar, pero la situación más tensa se produjo en 13 de junio de 1980, cuando un grupo especial de la Policía Nacional disparó balas de goma en la prisión.

Una treintena de reclusos resultaron heridos.

Tortura El paso por comisaría y la tortura fue otra estrategia más del Estado español. En aquellos años detuvieron a cientos de personas que denunciaron torturas.

El caso más flagrante fue la muerte en comisaría de

especial

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kalegorria

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1/Las manifestaciones por la amnistía eran brutalmente reprimidas. 2/La masacre en Gasteiz se saldó con cinco muertos (1976). 3/Pertur, primera víctima de la guerra sucia (1976). 4/Las torturas mataron a Arregi y los torturadores fueron puestos en libertad un mes más tarde (1981). 5/Plan ZEN: la militarización de Euskal Herria se hizo irrespirable. 6/Galindo fraguó la guerra sucia desde el cuartel de Intxaurrondo.

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Joxe Arregi en febrero de 1981. La complicidad de los partidos políticos tuvo su mayor exponente en Txiki Benegas, militante del PSOE, quien con la reciente muerte de Arregi dijo: “Hay que lograr el definitivo aplastamiento social de los terroristas, al tiempo que se debe dar un nuevo paso en la lucha contra la violencia, que no puede ser otro que el apoyo de la población a las acciones de la Policía”.

GOLPES a Euskal Herria>

LA ERA PSOE (1982-1996)

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a entrada del PSOE en La Moncloa en diciembre de 1982 supuso una nueva fase represiva contra la izquierda abertzale y organismos populares, ya que el Gobierno González reconvirtió y sofisticó la vieja estructura represiva del franquismo. La inmediata puesta en marcha del plan ZEN (Zona Especial Norte) pocos meses después de llegar el PSOE al Gobierno evidenció que ese partido quería imponer el proyecto político español en Euskal Herria sin negociación. El PSOE deseaba acabar con el “problema vasco” para acceder a la OTAN y la CEE. Para ello, además del plan ZEN, puso en marcha toda la maquinaria a su alcance (GAL, acciones contra la cultura y lengua vasca, criminalización de HB…). Estas medidas no frenaron al MLNV.

Plan ZEN En el diseño del plan ZEN participaron policías franquistas, actuando a partir de manuales de la CIA. Este plan de contrainsurgencia, puesto en marcha en 1983, hacía hincapié en la “guerra psicológica” y la manipulación de la información, para acabar con ETA. El plan daba gran importancia al control de los medios de comunicación. El PNV intentó tomar la iniciaciativa en materia contrainsurgente y presentó otro informe, en 1986 (“El Informe de los Expertos”), diseñado por cinco elementos ligados a la CIA, que resultó ser la versión

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❚ 1977 [Julio] El Ministro del Interior comunica su decisión de no legalizar a los partidos independentistas vasos.

[Octubre] Denegada la legalización de EIAA, LAIA y HASI. ❚ 1979 [Febrero] 12 de los 18 dirigentes de HB a la cárcel por haberse encerrado en la Diputación de Araba • Diez militantes de LKI detenidos. [Agosto] Secuestrado el libro “Euskadi: la paz es posible”• La Audiencia Nacional interpone una querella criminal contra “Egin” y ordena el secuestro de varios ejemplares. [Septiembre] La Policía allana la sede de HASI en Bilbo y detiene al militante de dicho partido Mikel Zuluaga y al secretario general de ANV, Josu Aizpurua. [Octubre] El Ministerio del Interior español veta a HB en los medios de comunicación del Estado • Secuestrado el libro “Los vascos, de la nación al Estado”. [Noviembre] Masiva redada policial en Bizkaia contra miembros de la izquierda abertzale e izquierda vasca. [Diciembre] La sala segunda del Tribunal Supremo procesa a los diputados de HB Telesforo Monzón y Francisco Letamendia. ❚ 1981 [Febrero] Intento de Golpe de Estado. [Mayo] Más de 50 personas, entre ellas numeros cargos electos de HB, detenidas

en Hegoalde. [Octubre] Secuestrado el número 1.248 de “Egin”. La Policía retiene durante tres horas las camionetas de reparto [Noviembre] El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid determina la ilegalidad y disolución de LAIA.

do vasco y consejero del diario “Egin” Xabier Galdeano, asesinado por disparos del GAL frente a su domicilio, en Donibane Lohizune.[Noviembre] El ciudadano navarro Mikel Zabalza apareció muerto tras ser torturado en comisaría.

❚ 1982 [Marzo] Primer registro policial a una sede de HB, en Gasteiz.

[Abril] Juicio en la Audiencia Nacional contra el alcalde y los cuatro concejales de HB de Larrabetzu (Bizkaia), acusados de injurias al Jefe del Estado. [Mayo] Encarcelados en Martutene los parlamentarios de HB Miguel Castels y Antton Ibarguren, por su presunta participación en la protesta contra la visita de los Reyes de España a la Casa de Juntas de Gernika.

[Noviembre] La Policía secuestra el diario “Egin” por publicar una reivindicación de ETA.

❚ 1986 [Junio] El Tribunal Supremo acuerda la inscripción de HB como partido político.

❚ 1983 [Abril] Xabier Sánchez Erauskin ingresa en prisión para cumplir una condena de 18 meses por dos artículos publicados en “Punto y Hora”. ❚ 1984 [Noviembre] Asesinato del dirigente abertzale Santi Brouard. ❚ 1985 [Enero] Pacto de legislatura PNV-PSOE en Gasteiz •Entra en vigor la denominada Ley contra Bandas Armadas y Elementos Terroristas. [Marzo] El refugia-

❚ 1987 [Marzo] La Mesa del Parlamento de Gasteiz acuerda retirar las prestaciones económicas a los parlamentarios de HB. [Abril] Tres concejales de HB en el Ayuntamiento de Donostia condenados a seis meses y un día de prisión menor. ❚ 1988 [Enero] Firma del Pacto de Ajuria Enea • Ratificado en el Parlamento de Gasteiz el pacto anti-ETA. No se permite la asistencia del parlamentario de HB Juan Carlos Ioldi. [Febrero] Los Reyes de España, en Nafarroa.

La Policía detiene a más de setenta personas, entre ellas catorce cargos electos de HB. [Mayo] El Ministerio del Interior francés prohibe la distribución y venta del libro “Euskadi guduan”.• El Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la legislación especial “antiterrorista”. [Agosto] El presidente del Gobierno de Nafarroa, Gabriel Urralburu, insiste en que los ciudadanos deben lle-

gar a “insultar” a todos aquéllos que pertenezcan a HB. [Octubre]• Una resolución de HABE, organismo oficial para la reeuskaldunización de adultos del Gobierno de Gasteiz, aboca a AEK a su práctica desaparición.

[Noviembre] Incontrolados secuestran en Hondarribia al concejal de HB Fermín Urtizberea. ❚ 1989 [Enero] El Gobierno español confirma la formación de una mesa de conversaciones en Argel. [Marzo] El PSOE anuncia su intención de relanzar la política de pactos en los ayuntamientos guipuzcoanos para arrebatar las alcaldías a HB. [Abril] El Gobierno español anuncia oficialmente la ruptura de conversaciones con ETA • Nueva y definitiva etapa en el proceso de dispersión de los presos políticos vascos. [Mayo] El parlamentario de HB, Patxi Erdozain, sale ileso de un atentado por medio de carta-bomba • Policías y funcionarios de prisiones apedrean un autobús de familiares de presos políticos vascos. [Septiembre] Un vecino de Errenteria muere al hacer explosión un paquete dirigido a un militante de HB de la localida. [Octubre] Por primera vez, los partidos del Pacto de Ajuria Enea, excepto EA, se niegan a acudir a un debate televisivo con HB. [Noviembre] Atentado mortal contra el diputado de HB, Josu Muguruza. El también diputado Iñaki Esnaola resulta

REPRESIÓN “DEMOCRATICA” 30 años de kistoria 1

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1/ Mikel Zabalza apareció muerto en el río Bidasoa en noviembre de 1985. Su cuerpo estaba atado de pies y manos, pero apesar de ello la Policía declaró que se había ahogado al intentar huir.

Sus famliares declararón posteriormente que su cuerpo mostraba signos de haber sido torturado. Su muerte nunca fue aclarada ni por la policía ni por los jueces.

2/Marcha a Herrera de la Mancha. La dispersión de los presos políticos vascos no impidió que los familiares y amigos organizaran marchas a las prisiones para manifestar su apoyo y solidaridad.

3/Tras la muerte del concejal del PP Miguel Angel Blanco los fascistas tuvieron carta blanca para atacar herriko tabernas y sedes de HB (1997) .

Txiki Benegas, militante del PSOE (1981): “Hay aplastar socialmente a los terroristas y dar un nuevo paso en la lucha contra la violencia con el apoyo de la población a las acciones de la Policía” moderna del ZEN. Aunque no llegó a aplicarse, su objetivo principal era restar legitimidad y frenar al MLNV a través del enfrentamiento entre la clase trabajadora vasca.

Pacto de legislatura PNV-PSOE La era González sintonizó al PSOE con el PNV. Ambos partidos firmaron diversos pactos de legislatura para el Congreso y el Parlamento Gasteiz. El pacto de legislatura de enero 1985 en Gasteiz se realizó, sobre todo, para frenar el previsible crecimiento de la HB y conseguir así una acción sostenida de legitimación del Estado en Euskal Herria, por lo que los dos socios añadirían elementos para la colaboración internacional y la represión policial.

La caza de brujas El partido jeltzale también colaboró en el acoso del MLNV, mientras el Estado puso en marcha una compleja maquinaria para acabar con HB. La coalición hizo frente a un sinfín de demandas judiciales, anunciadas por los medios a bombo y platillo, que en las muchas ocasiones los tribunales acababan finalmente dando la razón a HB. En 1985 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia que condenaba a los junteros de HB que en 1983 protestaron en Gernika por la visita del rey español. La legalización de la coalición también estuvo rodeada de obstáculos, aunque finalmente el tribunal Supremo ordenó la inscripción de HB en el Registro de Asociaciones Políticas (1986). Sin embargo, también existieron sentencias condenatorias de miembros abertzales.

Todos los partidos políticos del arco parlamentario arremetieron contra el MLNV, gracias a la satanización mediática. Así, instituciones como Congreso, Senado y parlamentos de Gasteiz e Iruñea retiraron las prestaciones económicas que correspondían a la coalición y sus electos. En 1987, los parlamentos de Iruñea y Gasteiz obstaculizaban que los candidatos a las dos presidencias autonómicas de HB Guillermo

Arbeloa y Juan Carlos Ioldi, presos preventivos, participaran en ambas Cámaras.

Aparatos, militantes y electos de HB sufrieron agresiones físicas por parte de incontrolados, detenciones policiales, calumnias mediáticas e, incluso, asesinatos. En 1988, Gabriel Urralburu, presidente de la Comunidad Foral de Nafarroa, instó a insultar a los miembros HB. Ese mismo año un grupo de desconocidos secuestró en Hondarribia al concejal abertzale Fermín Urtizberea. Las oscuras tramas de la guerra asesinaron al lider de HASI Santi Brouard (20-11-84) y al diputado electo de HB Josu Muguruza (20-11-89).

Guerra sucia, extradición y arrepentimiento La guerra sucia jugó un papel fundamental para pretender acabar con la disidencia vasca. La actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que se dio sobre todo en Iparralde, comenzó con la era PSOE y terminó cuando el Estado francés comenzó a extraditar a refugiados vascos de manera sistemática, con el saldo de 28 muertes. La primera acción del GAL fue el secuestro, tortura, muerte y desaparición de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983.

El Gobierno español, varios de cuyos responsables estaban directamente implicados en la creación y financiación del GAL, pretendía forzar la colaboración del Estado francés en la lucha anti-ETA –consiguiéndolo, aunque no sin contrapartidas, como la compra de armas e infraestructuras francesas, entre otras–. Entre julio de 1986 y septiembre de 1989, el Estado francés expulsó a unos doscientos vascos.

Junto a ello, París deportó a un grupo de militantes a lugares remotos.

Paralelamente, la política carcelaria del Ejecutivo González dio un giro hacia la política de “reinserción”, que pretendía que los presos abandonasen individualmente la organización a cambio del arrepentimiento. En este sentido, la campaña mediática fue muy fuerte. La política de arrepentimiento no dio los

frutos esperados por el Gobierno, ya que el colectivo de presos se mantuvo firme.

La disolución de ETApm y la peregrinación de los cuadros de Euskadiko Ezkerra hacia las filas constitucionalistas y estatutarias del PSOE es el ejemplo más destacado de la política “integracionista” del Gobierno español, paralelamente a la guerra sucia. Quedó claro que el abandono de las armas iría de la mano con la aceptación del marco constitucional y autonómico.

Argel y dispersión Aunque las conversaciones entre representantes del Gobierno español y ETA en Argel ilusionaron a la sociedad vasca, finalmente no se dio la negociación, porque, según la organización independentista, el Gobierno no cumplió el compromiso dado. La ruptura originó una mayor represión contra la izquierda abertzale. Así, el Gobierno activó enérgicamente la política de dispersión emprendida un año antes por el ministro Enrique Múgica, medida que aún sigue vigente y vulnera la propia legislación.

Pacto de Ajuria Enea Ante la imposibilidad de poner fin al MLNV, el PSOE pactó con el resto de partidos marginar social y políticamente a la izquierda abertzale con los pactos de Madrid (1987) y Ajuria Enea(1988). Como consecuencia de ello, se acentuó la represión policial y mediática.

Ataques a la cultura y libertad de expresión Durante el mandato de González también se sucedieron ataques contra algunos medios de comunicación y múltiples censuras. El GAL asesinó en Donibane Lohizune (Lapurdi) a Xabier Galdeano Arana, fundador y miembro del consejo de administración de “Egin”. Ocho años después, el consejero de Interior del Gobierno de Gasteiz, Juan Maria Atu-

especial 3

❚ 1990 [Enero] Coincidiendo con la visita de la Reina de España a Nafarroa, la Policía asalta la sede de HB en Iruñea y detiene a los ocho militantes de la formación abertzale. [Mayo] El PNV ordena a sus cargos públicos congelar las posibles aportaciones destinadas al Ibilaldia. ❚ 1991 [Enero] Los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea acuerdan marginar a HB de las instituciones. [Junio] El Parlamento de Gasteiz acuerda suspender las subvenciones a HB, así como los sueldos y dietas de sus representantes.

LA AZNARQUIA (1996-2002)

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TA hizo pública a la sociedad vasca, en abril de 1995, la Alternativa Democrática, la única propuesta de paz para Euskal Herria presentada hasta la fecha. A pesar de haber sido expuesta y debatida durante casi un año en diversos foros, a raíz de la presentación de dicha propuesta en un espacio electoral público de HB, se inició la mayor campaña criminalizadora contra HB, al mismo tiempo que se dio el pistoletazo de salida al PP para poner en práctica su tesis de que “HB-KAS-ETA, todo es lo mismo”.

El juicio a la Mesa Nacional de HB promovido por el juez Baltasar Garzón en octubre de 1997 a raíz de la difusión de la Alternativa Democrática fue la primera arma política que utilizó el PP para atacar la izquierda abertzale. Se abrió así una nueva era en la que las resoluciones del juez tuvieron un patente carácter político y escaso valor judicial, según lo demostraron los observadores internacionales en el juicio contra los 23 mahaikides : “El tribunal ha recibido presiones inaceptables, se ha violado la libertad de expresión y el castigo ha sido político y discriminador.”

“¡A por ellos” Con la muerte de Miguel Angel Blanco en julio de 1997, el PP consigue enrolar definitivamente a la sociedad civil española en su cruzada contra el abertzalismo. Los ataques fascistas que sufrieron diversas

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>GOLPES a Euskal Herria gravemente herido. [Diciembre] Los diputados de HB expulsados del Congreso • El Tribunal Supremo español decreta la detención del diputado electo de HB Angel Alcalde.

txa, ordenó el registró de “Egin”. Al año siguiente fue encarcelado el periodista Pepe Rei en el marco un montaje policial.

En Nafarroa quedó patente la agresión al euskera, sobre todo con la Ley del Vascuence. En la CAV el PNV se propuso abocar a AEK a la desaparición, a través de la creación de HABE.

kalegorria

❚ 1992 [Febrero] El consejero del Interior del Gobierno de Gasteiz, Juan María Atutxa, abre una furibunda caza de brujas contra el “mundo de HB”. [Mayo] Irrupción policial en el V Congreso de Jarrai: identificados uno a uno los 315 asistentes y detenidos dos responsables de la organización juvenil • La Guardia Civil irrumpe en la sede gipuzcoana de LAB y en el domicilio del dirigente del sindicato abertzale Rafa Díez. ❚ 1993 [Diciembre] La Ertzaintza irrumpe en “Egin” con una orden de registro del juez Carlos Bueren. ❚ 1994 [Noviembre] El parlamentario de HB Mikel Zubimendi es expulsado del Parlamento de Gasteiz por portar una camiseta con el lema “zipaioak hiltzaileak”. ❚ 1995 [Febrero] UPN margina a LAB del Consejo Económico Social por motivos políticos • Concentración de la plataforma “Basta ya” ante la sede de HB en Donostia: enfrentamientos provocados por dos ertzainas infiltrados. [Marzo] Atutxa afirma que “mientras no se apague la llama de Jarrai nunca apagaremos la de ETA”. [Abril] El Gobierno de Lakua anuncia que agotará todas las vías legales antes de insertar propaganda de “Egin” • Un atentado destruye la Herriko Taberna del Casco viejo de Bilbo • Los partidos PNV, PSE, PP, EA, IU y UA acuerdan excluir a HB de los consejos de EITB, Emakunde, UPV y la Junta Electoral. [Mayo] Belloch acusa a los votantes de HB de colaboración en el secuestro de Aldaia. [Junio] El electo navarro de HB Sotero Etxandi es desalojado del Pleno del Parlamento de Gasteiz • Prohíben a HB llevar invitados al Parlamento • La ciudadana Rosa Zarra muere tras una carga de la Ertzaintza en Donostia contra una concentración de “Euskal Herria Askatu”• Los cargos electos de HB son desalojados de sus esca-

ños en las Juntas Generales de Gipuzkoa por ertzainas. [Agosto] Pepe Rei recibe una amenaza de muerte con remite de la Guardia Civil • La Guardia Civil detiene a cinco miembros de Jarrai. [Octubre] Ertzainas retienen un autobus de Senideak.

[Diciembre] Atutxa propone que los presos estén “dispersados pero cerca”. ❚ 1996 [Enero] PNV, PSE y PP se niegan a un debate televisivo con HB. [Febrero] Jon Idigoras, encarcelado en Alcalá-Meco por difundir el vídeo de ETA. Garzón extiende la acusación a toda la Mesa Nacional. [Marzo] Pasquines de EGI contra “Egin”. [Mayo] Actuación fiscal contra HB en base a fragmentos de textos presuntamente suyos publicados en la prensa. [Junio] La Comisión de DDHH de Gasteiz no recibirá a Senideak • Falso paquete bomba al concejal de HB en Donostia Joseba Permach.

[Julio] El Tribunal Supremo imputa a toda la Mesa Nacional de HB por el vídeo de ETA. Atutxa presenta el proyecto de la ley de vídeovigilancia callejera. [Septiembre] Sonadas declaraciones del consejero Atutxa en “El País” acusando a los anunciantes de “Egin” de pagar así “el impuesto revolucionario”. [Diciembre] El ministro Mayor Oreja equipara Gestoras pro-amnistía a ETA. ❚ 1997 [Enero] El ex ministro Belloch pide un pacto de Estado contra HB • CCOO mantiene su acoso internacional contra LAB. [Febrero] Comienzan las detenciones de miembros de la Mesa Nacional de HB al no comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Se suicida el miembro de la mesa nacional Eugenio Aranburu “Txo” en su casa de Mallabia (Bizkaia) • Antidisturbios de la Ertzaintza dispararon contra manifestantes en un masivo acto de HB en Bilbo, dos personas resultaron heridas de bala. [Marzo] Juicio a Pepe Rei, redactor-jefe de Investigación de “Egin”, acusado de “colaboración con banda armada”. [Abril] Salen de prisión, tras abonar las fianzas, los miembros de la Mesa Nacional de HB • Multados los familiares de presos que protestaron en ETB. [Julio] Tras la muerte de Miguel Angel Blanco se produjeron ataques, amenazas e incendios a locales y herriko tabernas. Atutxa renovó su apoyo a la dispersión, porque los presos políticos “no deben ser reagrupados”. [Agosto] Entró en vigor la ley de Vieovigilancia. El fiscal Fungairiño afirma que “HB dirige a ETA”. El Pleno de Iruñea cesó a HB en 16 puestos de representación. [Octubre] Comenzó el juicio a los 23 mahaikides de HB en el Tribunal Supremo. Karmelo Landa y el concejal de HB de Elgoibar (Gipuzkoa) Juan Carlos Marcos reciben balas y amenazas por correo. [Diciembre] Encarcelan a la Mesa Nacional de HB. ❚ 1998

[Marzo] HB descubre que espías del CESID están interviniendo la línea telefónica de su sede en Gasteiz. [Mayo] Inicia el sumario 18/98, encarcelan a 11 militantes de la izquierda abertzale y los relacionan con el entramado financiero de ETA. Garzón relaciona a empresas de distinta índole y a AEK con ETA. [Julio] La Policía cierra las sedes de “Egin” y Egin Irratia, detienen a once personas vinculadas a Orain SA y al de pocos día a Javier Salutregi, director de “Egin”. [Septiembre] Nace la agrupación electoral Euskal Herritarrok (EH) ante la ofensiva del Gobierno de Madrid para ilegalizar HB. Se firma el pacto de Lizarra Garazi • ETA declará una tregua. ❚ 1999 [Marzo] La Guardia Civil registra las dos sedes de HB en Donostia. [Julio] Queda en libertad la Mesa Nacional de HB al anularse la sentencia de la Audiencia Superior.[Diciembre] ETA retoma la actividad armada. ❚ 2000 [Enero] Bajo el sumario 18/98 Garzón detiene a ocho militantes de acusados de pertenecer a Xaki, asociación internacional de solidaridad de Euskal Herria. [Julio] El PNV rompe el pacto de gobierno con EH en los ayuntamientos de Bergara y Beasain. EA deja sin cargos a los concejales de Euskal Herritarrok en Legazpia, Zumarraga y Urretxu. [Agosto] El juez Juan de Olmo acusa al periodista Jon Abril de colaboración con banda armada por grabar las imágenes de un coche saliendo de la Audiencia Nacional [Septiembre] “El Mundo” filtra que Aznar tiene intención de cambiar la ley para ir contra “el entorno de ETA” • Ibarretxe da por finalizadas las “conversaciones normalizadas” con EH. Dentro del sumario 18/98 Garzón encarcela a veinte personas relacionadas con Ekin y movimientos populares. [Octubre] Redada contra la fundación Josemi Zumalabe, ABK y Bai Euskal Herriari. Detienen a nueve personas. [Noviembre] Garzón detiene a Mikel Zuluaga, autor del informe “Piztu” que hace un llamamiento a la desobediencia civil • Garzón, a través del 18/98, secuestra los bienes de AEK e imputa a 19 personas relacionadas con este organismo • PNV y EA crean la comisión de direacción de Udalbiltza y dejan fuera de juego a EH. [Diciembre] Firma del Pacto Antiterrorista entre PP y PNV. ❚ 2001 [Enero] Detienen al periodista y director de “Ardi Beltza” Pepe Rei tras un linchamiento mediatico contra la revista • Garzón ordena registrar la distribuidora Zabaltzen dentro del 18/98.

[Marzo] Dieciséis detenciones de jóvenes vinculados a la organización Haika. [Abril] Garzón ilegaliza Ekin, aunque poco después la Sala cuarta pone en libertad provisional a varios de sus miembros. Garzón comuni-

ca la orden del cierre de la revista “Ardi Beltza”. [Mayo] Garzón declara oficialmente ilegal la organización juvenil Haika • AEK denuncia al juez Garzón de ser el causante de su ahogo económico. [Junio] Los directores de “Gara” y “Egunkaria” acusados tras una entrevista a miembros de ETA, de cometer subsidiariamente los mismos delitos de los entrevistados.

[Julio] Aznar: “El entorno de ETA es lo que es, encuentren pruebas o no lo jueces” • Nace la organización juvenil Segi.

[Agosto] Prohíben la manifestación de Segi • Prohíben la manifestación de Batasuna contra la oleada represiva, media hora antes de convocarse • La ciudadana Maritxu Eraunzetamurgil muere al explotarle a su nieto –gravemente herido– un juguete-bomba encontrado en un bar de Donostia. Batasuna y el PNV hacen referencias a la guerra sucia para explicar el hecho.

[Septiembre] La Guardia Civil entra en la sede de Gestoras en Gasteiz • Mueren dos vecinos de Soraluze cuando iban a visitar a una presa política vasca a la carcel de Avila. [Octubre] Se constituye Batasuna • Detienen a 13 militantes del movimiento pro-amnistia. El Ejercito español se “ofrece a luchar contra el “terrorismo”• Filtración en los medios de comunicación que Madrid estudia formulas para incluir a Batasuna y Segi en la lista de internacional de grupos terroristas elaborada por la Unión Europea [Noviembre] El Tribunal Superior de Nafarroa niega la consulta popular impulsada por “Utzi Pakean Sakana” para alejar a la Guardia Civil de ese territorio • El consejo de ministros del Estado español aprueba un anteproyecto de ley para acabar con la “red de financiación de ETA”. [Diciembre] La Policía francesa detiene al portavoz de Gestoras pro-amnistía Juan Mari Olano • Garzón ilegaliza Gestoras Pro- Amnistia. • El Consejo de la Unión Europea incluye en la lista de organizaciones terroristas a Xaki, Ekin, KAS, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras Pro-Amnistia. ❚ 2002 [Enero] El tribunal de Baiona castiga a la revista “Ekaitza” por apología al terrorismo • Los partidos del Gobierno de Gasteiz se niegan a reunirse con Batasuna • El Consejo General de Poder Judicial aprueba el informe para bloquear las cuentas relacionadas con la financiación de ETA • Garzón ilegaliza Askatasuna por considerarla sucesora de Gestoras Pro-Amnistía. [Marzo] 12 personas son detenidas acusadas de pertenecer a Segi • En las detenciones se registran varias herriko Tabernas. [Abril] Detienen a once militantes de Batasuna por orden del juez Garzón al mismo tiempo que registran sedes sociales abertzales y empresas. [Junio] El congreso de Diputados de Madrid aprueba la ley de partidos. ■

REPRESIÓN “DEMOCRÁTICA” 30 años de kistoria 1

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1/ La libertad de expresión sufrió un grave atentado con el cierre de “Egin” en junio de 1998. 2/El juez Baltasar Garzón, la mano ejecutora de todos los designios del Estado español.

3/La Ertzaintza siempre ha tenido un papel destacado en la represión de las reivindicaciones populares de Euskal Herria.

Gabriel Urralburu, presidente del Gobierno de Nafarroa, insiste en los micrófonos de Radio Nacional de España (1988): “Los ciudadanos deben llegar a insultar a todos aquellos que pertenezcan a HB” herriko tabernas y la caza a militantes de Hego Euskal Herria ante la pasividad de la Ertzaintza fueron las consecuencias más gráficas de aquel “¡A por ellos!” que la periodista Victoria Prego proclamó en una manifestación contra la muerte de Miguel Angel Blanco. A partir de entonces se creó el Foro de Ermua y los “orangistas” tienen una inigualable oportunidad para difundir en la sociedad vasca sus fobias hacia “lo vasco”. Conjuntamente, aprovechando esta “puesta en escena” las leyes se recrudecieron (Ley de Vídeo Vigilancia, propuestas para las re-

formas legales y más tarde ley del menor y la reforma del código penal…). El aislamiento de HB se materializó cuando el PNV, EA y PSOE arrebataron en agosto de1997 a la coalición abertzale la alcaldía de Arrasate.

Sumario 18/98 En mayo de 1998 el juez Garzón inició el macro sumario 18/98. Dirigido contra lo que él llamó “el entramado financiero de ETA”, continuó en junio de

ese mismo año con el cierre del diario “Egin” y Egin Irratia. A partir de 2000, el 18/98, todavía hoy abierto, se convirtió en la principal arma que el PP ha usado para arremeter contra todos los organismos de la izquierda abertzale, otros organismos populares (AEK, Fundación Josemi Zumalabe…) y medios de comunicación incómodos como “Ardi Beltza”. 198 personas encausadas, numerosas empresas privadas intervenidas, ilegalizaciones de Jarrai, Haika, Segi, Ekin, Xaki, Gestoras y Askatasuna. Son consecuencias de unas sentencias políticas que en numerosas

TRAYECTORIA DEL PNV: UN FRAUDE POLITICO l papel del PNV ha sido y es clave en la estrategia represiva contra la izquierda abertzale. No sólo por mantenerse fiel a los postulados de Madrid, sino por ser sujeto activo en la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Desde que el partido jeltzale aceptó la reforma del franquismo como vía política después de la muerte del dictador –la única condición que puso al Gobierno de Adolfo Suárez fue la de su propia legalización–, pasó a legitimar todas las imposiciones de la Administración española.

La primera barrikada del PNV para cerrar el camino hacia la soberanía de Euskal Herria fue el Estatuto de Gernika, aprobado en 1979 y supeditado a la Consitución española. Los dirigentes de Alianza Popular afirmaron entonces que su apoyo al Estatuto era incondicional “ya que es la manera más efectiva de defender la unidad de los españoles”. No es casualidad que ahora el PP esté haciendo de él la piedra angular

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de la defensa de España contra el pueblo vasco.

A partir de ahí, la apuesta del PNV por los pactos antiterroristas y por declarar la guerra al MLNV en todos los frentes ha sido clara. En enero de 1985, se alió con el PSOE y firmó un pacto de legislatura en el Gobierno de Gasteiz.

De esta manera, el PNV ofreció su apoyo incondicional a la estrategia del Gobierno español, con quien participó en el diseño de la política de dispersión de presos políticos vascos. El entonces lehendakari Jose Antonio Ardanza declaraba en relación a esta estrategia que “si se lleva bien, las consecuencias pueden ser importantes porque uno de los soportes de la organización terrorista lo constituyen los presos”. La sintonía entre el PNV y el PSOE quedo más que patente cuando el presidente jeltzale, Xabier Arzallus, presentó en 1986 un informe, realizado por cinco expertos ligados a la CIA, sobre “La Violencia en el País Vasco”, que fue la concreción de

muchos de los aspectos del plan ZEN (Zona Especial Norte), primera medida represiva de alcance que aprobó el PSOE nada más llegar al poder para combatir a ETA, y en general, a toda la izquierda abertzale.

El manual de contrainsurgencia buscaba restar legitimidad al MLNV. El PNV dio un paso decisivo en este sentido cuando en 1988 firmó el Pacto de Ajuria Enea, en el que todos los partidos “democráticos” –vascos y españoles– aprobaron una resolución que establecía no colaborar con HB. El acuerdo de aislamiento fue ratificado punto por punto por el Pacto de Madrid y llevó a marginar a la coalición abertzale y a su “entorno” de las instituciones y del marco político y social de Euskal Herria.

En octubre de ese mismo año, por primera vez los partidos de Ajuria Enea, excepto EA, se negaron a acudir a un debate televisivo con HB. En enero de 1991, las Juntas Generales de Gipuzkoa acordaron marginar a la coalición aber-

tzale de las instituciones municipales y forales y en 1995, de los consejos de EITB, Emakunde, UPV y Junta Electoral.

Exlusión al abertzale Otros entes y colectivos también se ven afectados por esta política de exclusión.

En 1989, una resolución de HABE –organismo oficial del Gobierno de Gasteiz para la reeuskaldunicación de adultos– abocó a AEK a su práctica desparición y Lakua inició un boicot contra “Egin” negándose a insertar publicidad institucional. El Consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, acusó a los anunciantes del periódico abertzale de pagar el impuesto revolucionario. En mayo de 1990 el PNV ordenó a sus cargos públicos congelar las posibles aportaciones destinadas al Ibilaldia (fiesta por las ikastolas de Bizkaia), alegando que la edición de ese año fue “manipulada por grupos afines a HB). En 1995 familiares

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kalegorria

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4/ Mesa de Ajuria Enea. El Pacto, firmado en enero de 1988, buscaba la exclusión de Herri Batasuna del ámbito político y social. 5/Cartel de AEK. El Gobierno de Gasteiz boicoteó sistemáticamente en la década de los ochenta a la organización dedicada a la enseñanza del euskera.

Jose Antonio Ardanza, lehendakari del Gobierno vascongado (1990): “Si se lleva bien la política de dispersión, las consecuencias pueden ser importantes porque los presos son soportes de la organización terrorista” ocasiones la sala cuarta de la Audiencia Nacional revocó por falta de pruebas.

La ilegalización anunciada Los antecedentes de la ilegalización de Batasuna en la primera legislatura del PP se encuentran en estos tres acontecimientos: intento de actuaciones fiscales contra HB en diciembre de 1996; exigencia de modificación de leyes para que perjudiquen a la izquierda abertzale por parte de Mayor Oreja, Aznar y Atutxa tras la muerte de Miguel An-

gel Blanco; y en los rumores sobre la ilegalización de HB en septiembre de 1998. Tras la mayoría absoluta del PP en las elecciones legislativas en marzo de 2000, Aznar no escatimó amenazas contra el movimiento independentista vasco: el 30 de julio declaró que “el entorno de ETA tiene que tener motivos para estar preocupado y pronto sabrá porqué”; en junio de 2001 tras la excarcelación de Pepe Rei, Aznar sostuvo que “el entorno de ETA es lo que es, encuentren pruebas o no los jueces”.

Al día siguiente, Rajoy insistió en que “Haika, ETA, Ekin y Herriko Taberna, es lo mismo”. En diciem-

bre de 2001 el Consejo de la Unión Europea, a pesar de la petición del PP, no incluyó en la lista de organizaciones terroristas a Batasuna, pero sí a Xaki, Ekin, KAS, Jarrai-Haika-Segi y Gestoras ProAmnistia, ya ilegalizadas anteriormente por el juez Garzón. El mismo día que ETA atentó contra el concejal del PSOE Juan Priede en Orio, miembros del PP (Rajoy, Arenas, Acebes y Zarzalejos) precipitaron con el PSOE la firma del borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Partidos que el Parlamento aprobó por mayoría absoluta en junio, para ilegalizar a Batasuna.

O QUE DURA MAS DE DOS DECADAS de represaliados políticos vascos fueron agredidos por simpatizantes jeltzales y policías de paisano, entre los que se encontraba el ex berroci Ander Susaeta, posteriormente la Comisión de Derechos Humanos de Gasteiz se negó a recibir en junio de 1996 a representantes de Senideak. Los familiares también son desalojados de la televisión pública vasca.

La política represiva no habría sido posible sin una policía fiel a las directrices del partido –la junta municipal del PNV fue quien decidió, basándose en los informes de los batzokis de los pueblos de los aspirantes, quienes eran o no aptos para entrar– que a mediados de los ochenta asumía competencias plenas y ya se había desplegado en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. La actividad represiva de la Ertzaintza se intensificó con Juan María Atutxa a la cabeza de la consejería de Interior y especialmente en 1992,

cuando Atutxa abrió una caza de brujas contra “el mundo de HB”: prohibición de manifestaciones, detenciones y multas a quienes se concentraban pacificamente, represión de actos públicos....Su beligerancia contra la izquierda abertzale mereció el aplauso de los partidos constitucionalistas del Estado español. .

Ofensiva de la Ertzaintza En diciembre de 1993, la Ertzaintza irrumpió en “Egin” con una orden del juez Bueren y requisó cientos de documentos. Cuatro años después, durante el juicio contra el redactor-jefe del Equipo de Investigación del periódico abertzale, varios ertzainas reconocieron que el registro había sido indiscriminado.

En junio de 1995, la vecina de Donostia Rosa Zarra muere tras haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza por participar en una concentración pacífica bajo el lema “Euskal Herria askatu”. En octu-

bre de ese mismo año, efectivos de la Policía autonómica irrumpen en un autobús de familiares de presos políticos vascos que se dirigía a cárceles de Andalucía y detienen a dos personas. En febrero de 1997, antidisturbios de la Ertzaintza dispararon contra manifestantes que participaban en un masivo acto de HB bajo el lema “Democracia para Euskal Herria” y dos personas resultaron heridas de bala.

En septiembre de 1998 se produjo un cambio fundamental en el escenario político vasco, tras la tregua de ETA y la firma del acuerdo Lizarra Garazi, en la que participaron un total de 23 partidos, sindicatos y organismos sociales.

Pero los intereses partidistas del PNV y EA y la presión ejercida por el Estado español y francés cambió la naturaleza de la propia iniciativa. PNV y EA echaron marcha atrás y el 3 de diciembre de 1999, ETA decidió romper la tregua, mientras denunciaba la “falta de volun-

tad para llevar a la masa crítica que hay en Euskal Herria a una situación democrática”. Desde entonces, el PNV se ha ido definiendo en posiciones cada vez más plegadas a las presiones españolas.

Su reubicación en coordenadas estatutarias y los constantes guiños a sus antiguos “colegas” de Gobierno son una buena prueba de ello.

Por eso, cuando el PP y PSOE hablan de eficacia policial, la Ertzaintza endurece sus medidas y supera en la práctica represiva a las demás policías del Estado. Por eso, cuando el PP y PSOE hablan de colaboración internacional y euro-leyes, desde el Gobierno de Gasteiz responden que es imprescindible el espacio legal y judicial europeo único.

Por eso, cuando hablan de aislamiento e ilegalización de Batasuna, el PNV propone textos de Eudel, pactos de Arkaute y reuniones que excluyen a Batasuna, volviendo así a los mismos parámetros de la mesa de Ajuria Enea.

REPRESIÓN “DEMOCRATICA” 30 años de kistoria/ 1

opinión 2

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1/Ikurriña. La lucha por su legalización se saldó con numerosos muertos.

2/Visita del rey de España a las Juntas de Gernika (1982). Varios electos de Herri Batasuna fueron encarcelados por dar la “bienvenida” al monarca español.

3/Homenaje a Josu Muguruza. El pueblo vasco denunció el asesinato de uno de los mensajeros de la paz para Euskal Herria (1989).

“A los “estados de excepción”, con los que el franquismo trataba de controlar las movilizaciones populares y las huelgas de los trabajadores, se respondía con nuevas movilizaciones”

“No conseguirán silenciarnos”

L

os últimos 30 años de la vida política en Euskal Herria han tenido una constante bien definida por parte de los distintos regímenes centralistas españoles: su obsesión patológica por hacer desaparecer a la “izquierda abertzale” como expresión estratégica del independentismo vasco y el cambio social. Es a partir del Juicio de Burgos, donde la movilización popular y la contundente huelga general, dejan al franquismo en una posición de debilidad y demuestra la capacidad de respuesta de la izquierda abertzale. Esto enciende las luces de alarma en Madrid y su respuesta se materializa en una oleada de represión que abarca a todos los sectores sociales para tratar de contener el avance y liderazgo del independentismo vasco.

El franquismo ha tenido siempre muy claro, tanto en esta época y de cara a una “transición controlada”, con quienes podía contar como colaboradores a “bajo precio” y a quienes había que destruir por no renunciar a sus objetivos políticos. Entre los primeros: el PSOE, PC y PNV eran los candidatos a la zanahoria de una monarquía parlamentaria, pactada con el franquismo, y un Estatuto de Autonomía, hecho a la medida de una constitución española bajo la tutela del ejército y que cerraría la puertas a cualquier proyecto de soberanía para Euskal Herria. Entre los segundos: la izquierda abertzale y todas sus expresiones políticas, sociales e institucionales. Porque ello suponía un grave peligro para la unidad de España y un mal ejemplo de firmeza y coherencia política, que podía remover la mala conciencia del PNV y demás acólitos.

Han sido 30 años de represión y sufrimiento,

pero también de satisfacción y orgullo, por haber mantenido con firmeza nuestros principios de soberanía y justicia social.

A los “estados de excepción” con que el franquismo trataba de controlar las movilizaciones populares y las huelgas Jon Idigoras de los trabajadores Militante histórico de HB se respondía con nuevas movilizaciones. A la contundente huelga general del 11 de diciembre de 1974, el franquismo respondió con un estado de excepción con un saldo de 4.000 detenidos, centenares de torturados encarcelados o exiliados. Sin embargo, no nos hizo retroceder, sino que impulsamos nuevas movilizaciones. Se nos condenó a un bloqueo informativo para impedir que se conociese la realidad de Euskal Herria. Sin embargo, no consiguieron su objetivo, pues un boletín informativo clandestino informaba al resto del estado y al mundo de lo que ocurría.

Esto sucedía ya en el año 1975 en que el franquismo se sentía acosado y sus reacciones eran cada vez más brutales. Parecía que tuviera mucha prisa en liquidar a la izquierda abertzale ante la inminente desaparición del dictador. Así sucedió el ametrallamiento de los trabajadores en Gasteiz en la Iglesia de San Francisco y el asesinato de 5 de ellos, así como un centenar de heridos por orden de Fraga Iribarne, ministro de

Gobernación. Las bandas para policiales de Guerrilleros de Cristo Rey, campaban a sus anchas tratando de sembrar el terror entre la población mediante atentados. Hubo que crear “comités de autodefensa” para defender a los ciudadanos y el 27 de Setiembre la venganza de su impotencia les llevó al fusilamiento de 5 luchadores antifascistas, entre ellos Txiki y Otaegi.

Este hecho desencadenó una oleada de movilizaciones y una nueva huelga general, naturalmente sin el concurso del PSOE, PC y PNV. El análisis que el régimen hacía, era la necesidad de corear un estado de terror generalizado y producir con ello la desbandada de los cuadros políticos de la izquierda abertzale, y con ello, la paralización de las movilizaciones populares.

Era para ellos muy importante llegar a la transición con una oposición domesticada y con los contestatarios destruidos.

Con este trágico balance llegamos a lo que los españoles llamaron pomposamente “La transición democrática” que no era otra cosa que el recambio del franquismo por un régimen de monarquía parlamentaria a la medida de las estructuras franquistas, lo que se llama “una democracia vigilada” en que las fuerzas armadas cumplían el papel de censor, pactado ya con la llamada oposición de PC, PSOE y PNV. Sólo la izquierda abertzale y otras fuerzas de la izquierda radical a las que no habían conseguido derrotar, estábamos dispuestos a hacer frente a esta farsa.

A partir de aquí, se inicia una nueva etapa en la que la represión contra la izquierda abertzale y contra HB, que acababa de nacer, implicará no sólo al régimen sino a todos los “aliados” de la “transición” y esto cobra el carácter de un pacto de Estado contra los que no aceptamos el nuevo

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4/Stop al fascismo. Una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Bilbo en mayo de 2002 para denunciar los ataques que sufre la izquierda abertzale.

“El PNV y el Gobierno vascongado van a asumir una responsabilidad de la que algún día deberán responder ante nuestro pueblo, pues sin duda alguna, todos estos crímenes no pueden quedar impunes” orden constitucional y lo más curioso es contemplar a la oposición de ayer en compadreo con quienes como Fraga, Martín Villa… tienen las manos manchadas de sangre.

El estatuto de Gernika, principio y fin de las aspiraciones del PNV, se iba a convertir en manos del Gobierno español, en un arma, primero de chantaje, después de división y en tercer lugar de justificación hacia la represión contra quienes no aceptábamos estas limosnas.

La prepotencia y arrogancia del Gobierno a instancias del PNV les lleva a convocar un referéndum pro estatuto en octubre del 79, seguros de su apabullante superioridad, e iniciaron una campaña de descalificaciones e insultos, acompañado de agresiones, prohibición de manifestaciones y la actuación impune de bandas para policiales con el asesinato de Tomás Kejera y el concejal de HB, Tomás Alba al mismo tiempo, Fraga Iribarne llamaba a la intervención del ejército en Euskal Herria y Ramón Rubial del PSOE aconsejaba el exterminio físico de los miembros de HB, al igual que en Argelia.

Su victoria fue pírrica, todo éste montaje sólo les reportó un escaso 53% de apoyo al raquítico estatuto. Esta fue sin duda la derrota para el españolismo y una vergüenza para el PNV. Este referéndum iba a marcar sin duda, unas reglas de juego comunes para españoles y el PNV; aislar a HB que significaba el peligro más inminente para su farsa. Comienza una nueva etapa de “todos contra HB”. Cientos de querellas, sumarios por expresiones políticas, encarcelamientos y asesinatos de miembros de HB. Va a ser a partir de aquí una constante trágica, en la que junto a las fuerzas españolistas, el PNV y el Gobierno vascongado van a asumir una responsabilidad de la que algún día deberán responder ante nuestro pueblo, pues sin duda alguna, todos estos crímenes no pueden quedar impunes.

Así pues, la Reforma y el nuevo marco constitucional marcan nuevas pautas en la persecución contra HB, especialmente por ser la figura

institucional pública de la izquierda abertzale.

En 1980 son encarcelados en Nanclares electos y miembros de la Mesa Nacional. En 1981 por la protesta en Gernika, por la presencia del Rey, se abre un sumario contra los electos. Este mismo mes es torturado hasta la muerte Joseba Arregi y para culminar la represión, el 23-F hay un Golpe de Estado, que no es más que la punta del iceberg del verdadero Golpe de Estado planeado desde la Jefatura de Estado con objeto de eliminar físicamente incluso a los disidentes vascos. También en 1982 son encarcelados electos de HB por la protesta de Gernika.

La entrada del PSOE en el Gobierno, significó una continuidad represiva con métodos más sofisticados. Se habían dado cuenta de que habían minusvalorado la capacidad de respuesta de HB, y era urgente su derrota, combinando el llamado Plan ZEN que contenía un manual completo de contrainsurgencia, escuchas ilegales, secuestros, asesinatos de líderes y personas significativas utilizando bandas para policiales como el GAL, cierre de periódicos, ilegalización de partidos… con pactos entre los partidos constitucionalistas; así nacieron el pacto de Madrid, de Ajuria Enea y de Iruñea cuya misión era, por una parte el silencio ante los asesinatos, las torturas y las canalladas contra HB y por otro lado, su aislamiento político.

A pesar de todo no consiguieron su objetivo y HB, comienza una campaña para llevar adelante una salida negociada al conflicto que por cierto crea confusión en el Gobierno, su respuesta: la detención de Txomin Ziluaga y Jon Idígoras por ofrecer un diálogo y poco después, el asesinato de Santi Brouard por su clara posición hacia la negociación. De esta forma, todas las iniciativas de HB, son contestadas con represión, lo cual deja al descubierto la falta de voluntad del Gobierno hacia la búsqueda de soluciones. En 1989 después del fracaso de las conversaciones de Argel entre ETA y el Gobierno, por falta de interés de los españoles, de nuevo

la respuesta del Gobierno es el atentado del Hotel Alcalá con el asesinato de Josu Muguruza esta respuesta hay que buscarla de nuevo en impedir que HB llevara al Parlamento español una propuesta de paz. Aún así continuamos abiertos al diálogo e iniciamos conversaciones con el PNV, que no conducen a nada pues el PNV está hipotecado por el pacto de Ajuria Enea. En 1996 HB muestra su apoyo a la alternativa democrática de ETA por entender ser un buen camino para la paz. Ello conduce al encarcelamiento de la Mesa Nacional. En 1998 y al calor del acuerdo de paz en Irlanda, HB promueve una serie de reuniones que conducen a los Acuerdos de Lizarra-Garazi, que agrupo a todas las fuerzas políticas y sociales a excepción de PP y PSOE. Se firma también el acuerdo entre ayuntamientos que da forma a Udalbiltza. Esto pone al borde de la locura al Gobierno del PP, que inicia una campaña global de satanizar todo lo vasco: cultura, ikastolas, el nacionalismo en su conjunto, pues no puede soportar que éstos acuerdos hayan conducido a la creación de una mayoría política y social, que ha llevado a ETA a proclamar un alto el fuego sin condiciones. El PNV y EA no pueden soportar ésta presión y se van desmoronando de los acuerdos, de la misma forma que ETA rompe su alto el fuego por no ver continuidad en los acuerdos.

Aquí comienza el proceso de ilegalizaciones: Jarrai, Segi, Gestoras, cierre de “Egin”, que es sustituido por “Gara”, campañas contra Ikastolas, presión hacia el PNV, para mantenerle alejado y por último la ilegalización de HB: el embargo de sus cuentas, Herrikos, mediante una escandalosa campaña judicial y mediática que termina en un vergonzoso consenso con CIU, PP y PSOE. Hagan lo que hagan, no van a conseguir silenciarnos ni ilegalizar a 250.000 vascos, ni llevarnos a la desesperación. Continuaremos adelante, no importa con que siglas pero sí con el mismo proyecto político. ■

entrevista PORTAVOZ de BATASUNA

Arnaldo Otegi “Vienen a por nosotros porque les hemos obligado a hacerlo” La ilegalización de Batasuna parece inminente. Eso es, al menos, lo que se deduce de la nueva ley aprobada en las cámaras legislativas españolas y de las manifestaciones de los dirigentes del Partido Popular. Arnaldo Otegi, portavoz de la formación abertzale, desgrana en esta entrevista los entresijos de una decisión que el Gobierno de José María Aznar ya venía anunciando desde 1998.

• ¿Cómo enfoca Batasuna su anunciada ilegalización?

Otegi: Ante la ilegalización se puede hacer un debate político o desvirtuarlo con una disputa jurídica. Hay gentes que han dicho, por ejemplo, que no hay que preocuparse demasiado porque la izquierda abertzale es suficientemente imaginativa y creativa para buscar resquicios y presentarse a las próximas elecciones.

Ni la izquierda abertzale ni Batasuna van a ceder en absoluto ni van a regalar a nadie su espacio institucional ni su espacio electoral. Entre otras cosas, porque nos ha costado muchos años de esfuerzo consolidarlos. Buscaremos todas las posibilidades de concurrencia en los comicios. Ese es nuestro reto, pero no es el debate fundamental.

La cuestión no es si hay oportunidades o no para presentarse, ese es un debate jurídico. El debate principal, que nosotros pondremos sobre la mesa en los próximos meses, se articula en torno a una respuesta, que debe ser colectiva, a una pregunta de carácter político. Y la cuestión es saber si, más o menos mayoritariamente, todos los sectores del país están dispuestos a avanzar en sus posiciones políticas y afirmar que este es un marco que hay que superar, aunque sea con matices por parte de cada uno.

Si estamos en un marco que no satisface las necesidades en el terreno económico, sociocultural, institucional... que divide al país, que además secuestra la voluntad democrática popular de los vascos y en el que que encima la izquierda independentista no va a poder jugar, la pregunta no es si hay que buscar resquicios o no, sino saber si estamos los vascos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa dispuestos a seguir jugando en ese marco de permanente injerencia de los Estados. Sí o no.

Evidentemente, nuestra respuesta es que no. Por tanto, lo que planteamos al PNV, a EA, a IU, a los sectores populares… es que hagamos un diseño que permita un proceso democrático de cambio y construcción de nuestras propias leyes de juego.

“Quieren ilegalizar Batasuna porque la izquierda abertzale ha puesto el listón donde lo puso en el 75, en el derecho de autodeterminación” “La cuestión es saber si todos los sectores del país están dispuestos a avanzar en sus posiciones políticas y decir que este es un marco a superar”

especial

• ¿Por qué se produce ahora este intento de ilegalización?

Otegi: A la hora de hacer la lectura de la situación, a nivel popular está extendida la sensación de que el Estado viene porque está fuerte. Y no es así. El Estado viene a por nosotros porque le hemos obligado.

Hace diez años pusimos en marcha una estrategia para que el Estado estuviese obligado a afrontar un conflicto político de gran envergadura. En aquel entonces la lectura que ellos hacían era que el único problema que el Estado español tenía en Euskal Herria es el que le podía producir la actividad armada de ETA. Se esté de acuerdo o no con ella, ese es un problema técnico, militar, policial… que se gana con un ejercito poderoso, mejor equipado y más en forma.

La estrategia del Estado ha sido siempre, a nivel internacional, el de decir que aquí no hay un problema político, que aquí hay un problema de violencia terrorista. Frente a esto, nosotros tomamos la decisión de que, si desde el terreno educativo, desde el euskara, desde la articulación territorial, desde las instituciones nacionales… no les generábamos un problema político del mismo grado, no conseguiríamos ganar esta batalla. Y lo que ha ocurrido es precisamente eso.

Por eso decimos que vienen, porque están, no voy a decir débiles, pero sí porque les hemos obligado.

• ¿En qué se concretan esos avances que han hecho reaccionar así al Estado?

Otegi: En Euskal Herria hemos conseguido grandes objetivos. Hace muy pocas semanas hemos tenido ocasión de comprobar cómo cuatrocientos sacerdotes ponían el listón del debate político en el derecho a la libre determinación del conjunto de Euskal Herria. La territorialidad, el mapa de nuestro país, está hoy muchísimo más claro que hace cinco

“Hay en Aralar quien reclama la herencia, pero para ello tiene que haber muerto.

Y si creen que la izquierda abertzale está muerta, se equivocan de plano” “Es curioso lo que decían PSOE y PP en el Parlamento europeo sobre las ilegalizaciones y la tortura en Turquía, cuando ellos hacen lo mismo aquí”

kalegorria

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años. No hay ninguna duda de ello y para nosotros eso es una conquista importante. Y hoy, todas las formaciones sindicales, sociales, abertzales, cuando hablan de dar una solución al país, hablan de todo el país. Otra cosa son las terminologías o formulaciones que se emplean, pero a lo que hemos obligado a todo el mundo es a hacer ese esfuerzo y a decir que hay que resolverlo en clave de pueblo, de país, de nación, y ofrecer una salida democrática para el conjunto de los siete territorios. Se trata de una conquista importante, aunque también hay que decir que todavía no es irreversible.

Hoy, la izquierda abertzale ha puesto el listón donde lo puso en el 75, en el derecho a la libre determinación. Y, también hoy, el riesgo que existe es que el PNV intente, como hace veinticinco años, un pacto para tres territorios por debajo del derecho de autodeterminación. Eso es lo que hay que evitar.

Y si lo hacemos, vamos a ganar.

• Si se produce la ilegalización, ¿hay alguna proyección de cuál será la situación?, ¿cómo incidirá en la actividad política diaria?

Otegi: Al igual que ocurrió en 1997, se va a abrir un periodo, una época llena de dificultades y llena de oportunidades. Antes decía que existe transversalmente la intención de desvirtuar el debate en términos jurídicos. Existe otro intento de desvirtuar la atención política. Si se ilegaliza Batasuna y se le impide concurrir a las elecciones, el problema no va a ser de Batasuna, sino del país. Evidentemente, nosotros tenemos hechos nuestros planes, pero eso no es lo fundamental.

Lo que haremos es un emplazamiento al pueblo vasco y al conjunto de los agentes sociales, sindicales y políticos. Si hay una formación política que no se puede presentar a las elecciones, nos imaginamos que todos aquellos sectores que se llenan la boca hablando de democracia tendrán algo que de-

entrevista cir y algo que hacer. Ahí es donde volveremos a conectar con las preguntas que nos hacemos: ¿Seguiremos dispuestos a jugar en este marco? ¿para qué? ¿con qué? O nos lanzamos a una contraofensiva popular generalizada en el país por el derecho a la libre determinación.

Por eso, cuando se nos pregunta por nuestros planes si se ilegaliza Batasuna, no queremos contestar. Lo que podemos asegurar es que vamos a seguir funcionando, aunque decir eso sea decir poco. Tenemos claro que la izquierda abertzale es mucho más que unas siglas y seguirá estando presente en la vida política, social, cultural e institucional de este país. Pero eludimos ese debate, porque tiene un efecto narcotizante.

Una vez que hemos conseguido que el Estado se quite todas las máscaras y vemos cómo va a asesinar su propio marco, lo va a quitar de en medio o, por lo menos, va a dejar bien claro cual es el marco, objetivos fundamentales de la izquierda abertzale desde 1975, el problema no va a ser si Batasuna puede funcionar o no, el problema es si el país está dispuesto a seguir jugando en este marco. Si no lo está, puede habilitar otra vez una dinámica de encuentro que permita dar el salto político.

• ¿Pensáis que, mientras esto se produce, el Estado incrementará la represión y tomará nuevas medidas contra la izquierda abertzale?

Otegi: El Estado está manteniendo una ofensiva general contra Euskal Herria y no solamente contra la izquierda abertzale. Es más, estamos convencidos de que, antes de la ilegalización, se van a dar nuevas operaciones policiales. Aunque en esta ocasión no podemos asegurarlo como en la anterior, creemos que el juez Garzón está preparando otra ofensiva que concluirá probablemente en el intento de suspensión de actividades de Batasuna, cuyas sedes serían clausuradas. Esa es la previsión que hacemos y probablemente para antes del verano. Nosotros ya estamos viviendo esta situación y planteándonos una actividad política llena de riesgos jurídicos. No tenemos seguridad jurídica ni política para hacer lo que estamos haciendo.

• Yendo más allá. ¿Hay algún indicador que os haga pensar en un recrudecimiento de la “guerra sucia”?

Otegi: Nunca lo hemos descartado. Otra cosa es lo que se entienda por “guerra sucia”. Si ese término se refiere sólo a

L A

P E R S P E C T I V A

“No nos asusta la ilegalización” El 1 de agosto de 1998, en el diario “Euskadi Información” –sustituto de “Egin”, clausurado quince días antes por Garzón– se publicó una entrevista con Arnaldo Otegi, portavoz en aquel tiempo de Herri Batasuna. Ante los rumores sobre una inminente ilegalización de HB, el entrevistado no se mostraba preocupado ni nervioso. Decía como hoy que los abertzales estaban en una encrucijada histórica que les podía llevar a recuperar la libertad si superaban el pulso lanzado a la desesperada por el Estado.

“Hemos sido capaces de mantener la iniciativa política, de hacer planteamientos en todos los frentes, de ofrecer una salida democrática, de proponer un acuerdo nacional... y todo esto le pone nervioso al Gobierno del PP. Y si cree que por encarcelarnos o por plantear otras medidas de ese corte va a hacer variar la apuesta de la izquierda abertzale, se equivoca de plano... A mayor represión, mayor iniciativa política.

Esa es nuestra filosofía”.

los asesinatos de Estado o, por el contrario, engloba lo que nos vienen haciendo día a día, ya que, en ese caso nunca ha estado desactivada. Se siguen dando las amenazas, pintadas, ataques, torturas, seguimientos, escuchas, acosos y otras mil fórmulas. Lo que ocurre es que cuando el PP accede al Gobierno, lo que hace es decir que la etapa anterior de “guerra sucia” como la que planteó el PSOE, a través de los GAL, debe de apartarse para que los instrumentos del Estado de Derecho permitan hacer lo mismo con más eficacia. Por eso, la Ley de Partidos y todas estas actuaciones. Ahora, nosotros no tenemos ninguna duda de que, si el proceso continua y el Estado es incapaz de frenarlo, no tendrá ningún inconveniente, como no lo tuvo en otras fases históricas, de llegar incluso al asesinato. Ninguna duda.

• Ante la iniciativa del Estado, portavoces de partidos de ámbito vasco (PNV, EA, EB-IU) se han descolgado diciendo que a Batasuna hay que ilegalizarla en las urnas.

Otegi: Lo que percibimos es que, ahora mismo, en Euskal Herria, lo que se está intentando es eludir el debate principal y, de forma transversal, intentar hacer otro tipo de debates. Frente a la ilegalización, plantear la derrota electoral de la izquierda abertzale nos parece absolutamente escandaloso. A nosotros, buscar la derrota electoral del PNV para que ganase Batasuna nos parecería natural en condiciones de normalidad política. Si aquí algún día se alcanza un marco democrático nacional, es evidente que nosotros buscaremos la derrota electoral de todas las fuerzas políticas, salvo la de la izquierda abertzale. Pero hacerlo en el contexto actual, es impresentable.

El problema hoy no es acabar con nosotros, sino derrotar a los Estados y conseguir el derecho de autodeterminación. El otro planteamiento, hecho además por el portavoz del Gobierno de las tres provincias, nos parece un fiel retrato de lo que en realidad algunos tienen en la cabeza.

• Cabe suponer, entonces, que esa reflexión es extensible a dirigentes de otros grupos, como Patxi Zabaleta, de Aralar, cuando declaran que tienen como misión vaciar de votos a Batasuna.

Otegi: Nosotros lo hemos denominado “carroñerismo políti-

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co”, además de oportunismo. Porque no llegamos a entender cómo, cuando se han generado las condiciones sociales necesarias para el cambio político, la mentalidad de ciertos dirigentes de Aralar o del PNV sea la de arañar votos de la izquierda abertzale.

Luego, también hay sectores de Aralar, sobre todo en el entorno de Iñaki Aldekoa, donde hay gente que cree que viene a cobrar la herencia. Pero para cobrar la herencia, tiene que haber muerto. Y si alguien cree que la izquierda abertzale está muerta, se equivoca de plano. Que sepan que defenderemos nuestro patrimonio con uñas y dientes.

• ¿Por que vía se decantará el PNV? ¿Aceptará la apuesta soberanista?

Otegi: Es una cuestión que estamos intentando aclarar desde el 97. Cuando en ocasiones se escuchan lemas como “PNV, traidor”, yo me pregunto: ¿traidor a qué?, ¿a la independencia de Euskal Herria? Nunca la ha buscado. En el PNV conviven familias de intereses muy diversos y, salvo honrosísimas excepciones, su aparato es equiparable al PRI mexicano, un club de intereses.

El PNV no tiene estrategia, sino táctica, que consiste en gestionar la situación con quien coyunturalmente le ofrezca mayor interés o le garantice mayores cotas a su capacidad de gestión. Pero, en cualquier caso, se decantará en una u otra dirección, dependiendo de cómo perciba, entre otras cosas, la pujanza de un movimiento amplio por la soberanía y la autodeterminación. Es decir, el PNV hace los cálculos a corto, a presente y a gestión. El problema con el PNV no es que traicione nada, es que no tiene proyecto.

Lo que sabemos es que en el proceso de cambio, transición y búsqueda de la recuperación de la autodeterminación para Euskal Herria que se inició en 1997, y que ahora continúa, hay dos agentes que serán los últimos en mover ficha: el penúltimo será el PNV y el último, el Estado.

Así es que no tenemos esperanzas en el PNV ni dejamos de tenerlas. Estamos convencidos de que adoptará una u otra posición dependiendo de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Lo que ese partido va a medir es la fuerza del Estado, como siempre, y, al respecto, todos sabemos que cuando el Estado ha planteado cuestiones nítidas de fuerza, el PNV ha reculado. Se ha visto con el Concierto Económico.

Y, por el otro lado, lo que va a calcular es la capacidad que tenga la izquierda abertzale para sostener el proceso. Si percibe que se sigue avanzando en esa línea, que se está articulando un bloque social de izquierda, abertzale, progresista, que busca el derecho a la libre determinación y que, además, genera adhesiones sociales, se moverá. Pero se moverá por eso, porque entenderá que no apuntarse en ese camino es perder. Sólo por eso.

• ¿Cómo ves al PSOE? Otegi: Es un partido atado de pies y manos al PP, sin norte.

Personalmente, estoy persuadido de que en su interior está convencido de que no hay más salida al conflicto que la de la negociación, el reconocimiento del sujeto político y la autodeterminación. Pero hoy no puede adelantar más sus posiciones porque, entre otras cosas, el PP le tiene atado.

• En el terreno jurídico. ¿Cómo se plantean los recursos?

Otegi: Aunque la prioridad está en el debate político, eso no quiere decir que no vayamos a mantener los pleitos que sean necesarios, pero teniendo en cuenta que la justicia española no nos dará la razón. Lo que sí estamos convencidos es de que sí lo hará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El propio Parlamento europeo y ese mismo tribunal han desestimado la ilegalización de un partido de izquierda, HADEP, en Turquía.

Hay un documento en el que resulta muy interesante ver lo que decían el PSOE y el PP en el Parlamento europeo, hace sólo tres meses, sobre la ley de ilegalización de partidos y la tortura en Turquía, cuando en el Estado español están haciendo lo mismo.

Estamos convencidos de que en Europa vamos a ganar, pero eso puede ocurrir dentro de ocho años. La propia Comisión plantea que ilegalizar un partido en el ámbito europeo es algo consustancialmente contrario a los principios democráticos.

el mapa electoral

a t a is n b A

unque las siglas hayan cambiado, Jon Idigoras acertó en el diagnóstico cuando afirmó en el libro “Herri Batasuna, 20 años” que “sin Herri Batasuna nada hubiese sido igual”. KALEGORRIA ha efectuado un estudio sobre el mapa electoral de Euskal Herria Sur, basándose en la más que probable ilegalización de Batasuna y de aquellas formaciones políticas que pudiesen surgir “ad hoc” para sustituirla o que se aproximen a sus postulados políticos. Una encuesta de voto sería, hoy por hoy, de escasa utilidad, dado que todavía no se conocen las fuerzas políticas que se presentarán a próximas elecciones, las coaliciones que puedan darse entre ellas, ni, por tanto, posibles desviaciones de voto. Por ello, se han utilizado los últimos datos disponibles: las elecciones del 13 de junio de 1999 para los ayuntamientos de Euskal Herria Sur, Parlamento de Nafarroa y Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y del 13 de mayo de 2001 para el Parlamento de Gasteiz; y una técnica sencilla: eliminar los votos de Euskal Herritarrok y, a continuación,

aplicar el sistema electoral proporcional corregido por la Ley de D’Hont, vigente en el Estado español. Es de destacar que Batzarre y Zutik se presentaron integrados en Euskal Herritarrok y que PNV y EA acudieron en coalición, exceptuando algunos municipios. Igualmente, UA se presentó al Parlamento de Gasteiz dentro de la candidatura del PP. Aralar no existía como partido político.

Euskal Herria: la desaparición de los 890 ediles logrados por EH en 1999, plantearía serias dudas sobre la continuación de Udalbiltza tal como es hoy. La institución que coordina Loren Arkotxa contaría tan sólo con los concejales de AB, algunos grupos locales, así como los electos de Batasuna en Iparralde. La Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA) y la Mancomunidad de Municipios Insumisos (EUDIMA), en las cuales EH tiene un amplio peso, también se verían afectadas.

CAV: El frente españolista del 13 de mayo se situaría, con 37 escaños, a un solo voto de la ma-

yoría absoluta en la Cámara de Gasteiz, que continuaría en manos del Tripartito. Como es obvio, la presión política y mediática subiría enteros, lo que podría producir serios cambios en el comportamiento político de algunos partidos, especialmente del PNV.

Araba: El frente españolista agrandaría su mayoría absoluta en las Juntas Generales y en Gasteiz, colocando al PNV muy lejos de la mayoría y de la Caja Vital. Serían de destacar algunos cambios: mayoría absoluta españolista en Laudio y gobierno sin oposición de EA-PNV en Aramaio.

Bizkaia: El Tripartito obtendría mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad de negociar acuerdos con otros partidos políticos. En Bilbo, PNV-EA mejorarían sus resultados pero seguirían dependiendo de IU e ICV para obtener mayoría, absoluta en este caso. A nivel municipal, PP y PSOE obtendrían mayoría absoluta en Basauri y Getxo. PNV-EA y IU obtendrían en exclusiva, sin la existencia de oposición alguna, Ajangiz, Dima,

especial

a n u as

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NADA SERIA IGUAL Arratzu y Nabarniz (municipios que hoy cuentan con mayoría absoluta de la izquierda abertzale) y otros como Arratzu, Bakio, Bedia, Busturia, Dima, Forua, Galdames, Gatika, Igorre, Ispaster, Izurtza, Kortezubi, Larrabetzu, Lekeitio, Lezama, MarkinaXemein, Mendexa, Morga, Mundaka, Muxika, Nabarniz, Otxandio, Zeanuri y Zeberio. También asegurarían la mayoría absoluta en Arrigorriaga, Berriz, Karrantza, Durango, Erandio, Galdakao, Gernika-Lumo, Iurreta, Leioa, Urtuella, Sopuerta, Ugao, Ondarroa y Zaldibar. Aulesti y Muntibar, donde EH era la única fuerza, quedarían sin representantes.

dría la mayoría absoluta en Andoain, Orereta y Pasaia. Por su parte, PNV-EA gobernarían sin oposición en quince ayuntamientos de Gipuzkoa, entre ellos los hoy gobernados por Batasuna, Altzo, Astigarraga y Zestoa. Igualmente, contaría, en algún caso con ayuda de IU, con mayoría absoluta en ayuntamientos donde hoy no la posee: Anoeta, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Beasain, Bergara, Elgoibar, Hernani, Ibarra, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oiartzun, Ordizia, Tolosa, Urretxu, Usurbil, Zizurkil y Zumarraga. Por efecto de la ilegalización, seis ayuntamientos quedarían vacantes.

Gipuzkoa: En Juntas Generales, PNV-EA alcanzarían la mayoría absoluta, por lo que no tendrían necesidad de pactos. Por su parte, en Donostia, Odón Elorza mejoraría sus resultados, pero seguiría necesitando de los votos de María San Gil o de PNV-EA para gobernar sin problema alguno. El PSOE obtendría mayoría absoluta en Zaldibia y el PP obtendría el control absoluto de Itsasondo. Asimismo, el frente españolista obten-

Nafarroa Garaia: Las elecciones al Parlamento de Nafarroa serían un plebiscito para Miguel Sanz ya que cinco de los ocho escaños que consiguió EH en 1999 irían a parar al grupo parlamentario de UPN. En Iruñea, Yolanda Barcina, lejos de volver a su Burgos natal, obtendría mayoría absoluta. UPN también obtendría mayorías absolutas en Irurtzun, Tafalla y Lizarra y mejoraría su posición como mayoría minoritaria en Atarrabia, Viana y

Burlata. En Deierri UPN sería la única fuerza en el Ayuntamiento. El PSOE obtendría mayoría absoluta en Berriozar y, con la colaboración de IU, en Barañain y Altsasu. PNV-EA sería única fuerza en Ituren, Imotz, Arantza, Bera, Doneztebe, EtxarriAranatz y Lesaka y tendría mayoría absoluta en Leitza y Baztan. Las alcaldías de EH en Zugarramurdi, Olazti y Araitz pasarían a manos de listas locales, mientras Iturmendi, Goizueta, Zubieta, Ergoiena y Bakaiku quedarían sin representación.

Iparralde: no existe base alguna para suponer que la ilegalización en Euskal Herria Sur pudiera conllevar el cierre de la organización en Euskal Herria Norte. Igualmente, tampoco hay datos sobre el peso electoral de Batasuna en cada ayuntamiento ya que en las pasadas elecciones legislativas del Estado francés participó mediante un voto de protesta. La única información al respecto son las 891 papeletas de “demokrazia” contabilizadas por Batasuna en los tres territorios. En anteriores elecciones, sus miembros se presentaron dentro de Abertzaleen Batasuna.

acoso a las ideas en el mundo Múltiples son los ejemplos de que la ilegalización de un partido político o la persecución de las ideas no son privativas de un solo país o de un proceso en especial. A nivel internacional se han producido numerosos casos de acorralamiento y proscripción –seguidas de campañas represivas–, surgidos,

PROHIBID la mayoría, de iniciativas inquisitoriales a partir de dictaduras militares o Gobiernos de facto. Sin embargo, también durante mandatos pseudo democráticos se originan medidas similares que han terminado temporaria o totalmente con la vida legal de organizaciones políticas. Estos son algunos de los ejemplos mundiales.

Texto: KALEGORRIA Fotografía: EFE

SUDAFRICA

E

n 1912 el Congreso Nacional Nativo Sudafricano cambió su nombre por el de Congreso Nacional Africano (ANC) y se convirtió en el partido que unificaría la lucha de la comunidad negra sudafricana contra el apartheid. En 1944, los jóvenes dirigentes Nelson Mandela y Oliver Tambo se conviertieron en elementos indispensables en la formación de la Liga Juvenil del ANC en Johannesburgo.

En 1952, el Gobierno aplicó la Ley de Represión del Comunismo y Mandela fue encarcelado por nueve meses. Luego, ya en libertad, se le prohibió salir de Johannesburgo y participar en actos políticos.

En 1958, sectores del ANC que discrepaban con la política multirracial del movimiento crearon el Congreso Pan Africano (PAC). Esta formación convocó una manifestación multitudinaria en Sharpeville en 1960 para protestar contra las leyes que limitaban a los trabajadores negros pasar a zonas blancas. La Policía asesinó a 70 personas. Estos hechos llevaron al Gobierno racista sudafricano a ilegalizar al ANC, al PAC y al Partido Co-

munista. La prohibición de su actividad política radicalizó al ANC, que convocó a la lucha armada, creando el Umkhonto we Sizwe (“La Lanza de la Nación”), mientras el PAC formó otro grupo guerrillero, el Pogo (“Sólo Nosotros”).

Los dirigentes del ANC, ya clandestinos, salieron al exterior en busca de ayuda y entrenamiento guerrillero para enfrentar la nueva etapa de su organización. Participaron en 1962 en la Conferencia Panafricana y luego recalaron en Argelia y Londres, donde Nelson Mandela contactó con la comunidad de exiliados sudafricanos. A su vuelta, fue detenido y procesado. Las acusaciones eran “sabotaje”, “fomentar el comunismo” y “alta traición”. La pena: cadena perpetua. Oliver Tambo asumió entonces la jefatura clandestina del movimiento y prosiguió una guerra de liberación que duraría más de dos décadas y en la cual morirían o serían encarcelados miles de militantes del ANC. Nelson Mandela se había convertido en el prisionero más popular y famoso del mundo.

Presionado por la lucha popular interna y acorralado internacionalmente, el Gobierno, presidido por Pieter Botha, empezó a ceder po-

siciones. En julio de 1986, Mandela comenzó a reunirse con representantes gubernamentales para tratar el tema de una salida política negociada al conflicto armado. El presidente Botha le ofreció la libertad condicional en 1986, pero Mandela la rechazó ya que no conllevaba implícita una apertura política del régimen. En 1990, cuando llegó al Gobierno Frederick de Klerk, volvió a legalizar al ANC y el resto de los partidos proscriptos y Mandela recuperó su libertad después de 27 años en la prisión.

Las primeras elecciones democraticas en Sudáfrica supusieron el triunfo del Congreso Nacional Africano en 1994. El 10 de mayo, Nelson Mandela asumió la presidencia de la República y a la cabeza de un gobierno de unidad nacional emprendió la tarea de forjar la reconciliación en un país dividido por tan largo tiempo.

ARGENTINA

E

n 1955, después de un periodo de abierta desestabilización oligárquica contra el Gobierno popular peronista, las fuerzas armadas derrocaron a

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kalegorria

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PENSAR

Juan Domingo Perón con un golpe de Estado. A partir de ese momento se instaló en el país una política revanchista y represiva que prohibió toda actividad política, ensañándose con el Partido Peronista y sus símbolos. Miles de dirigentes y activistas fueron encarcelados, otros despedidos de sus puestos de trabajo y muchos expulsados de la Universidad o de las instituciones públicas.

Pero la actividad proscriptiva tendría su aspecto más contundente con el dictado del Decreto-Ley 4161, del 5 de marzo de 1956, un documento que para cientos de miles de ciudadanos significó el pase compulsivo a la clandestinidad política. El documento prohibía no sólo a la organización, sino también la mención pública de sus dirigentes, la publicidad de sus símbolos y la posibilidad de reemplazo con otras nomenclaturas similares. La situación duró 17 años y en ese período miles de militantes fueron a parar a la cárcel por violar dicho decreto pintando en las paredes o gritando en la calle el nombre maldito de Perón. Las penas eran de varios años de prisión.

Tiempo después se agregó una nueva medida ilegalizadora que ampliaba la del 4161. Era el decreto

secreto 9880 y se denominó Plan Conintes (Plan de Conmoción Interna) y era la respuesta militar a la resistencia que amplios sectores del pueblo planteaban a su proscripción política mediante sabotajes, atentados y lucha armada. El Conintes fue uno de los instrumentos represivos más feroces aplicados por la dictadura militar.

La dictadura dio paso a una transición “democrática” a cargo de Arturo Frondizi, quien autorizó que el peronismo se presentara con una nueva sigla denominada “Unión Popular”. Este partido ganó ampliamente las elecciones para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero otra vez los militares ilegalizaron “Unión Popular” y dos años después Frondizi fue derrocado por los mismos uniformados que lo encumbraron.

También el Partido Comunista Argentino (PCA) sufrió la proscripción. Primero fue ilegalizado por el propio peronismo en el poder, debido a que desde su alianza con sectores golpistas hostilizaba al Gobierno. Luego, en 1955, con la caída de Perón recuperó una legalidad efímera, ya que muy pronto la dictadura militar volvió a prohibir sus acciones aplicando un decreto de “proscripción de actividades co-

munistas”. Con la “democracia” de Frondizi el PC tuvo un par de años de legalidad, pero fue el mismo mandatario quien volvió al partido a la clandestinidad. Lo mismo ocurrió posteriormente con la llegada al Gobierno en 1966 de la dictadura militar de Juan Carlos Onganía y los posteriores golpes militares.

El Partido Peronista Auténtico (PPA) fue una organización formada por los Montoneros en 1974 para presentarse a elecciones y enfrentar así la derechización del peronismo encabezada por Isabel Perón y José López Rega, fundador de la Triple A. Decenas de militantes del PPA fueron asesinados y, finalmente, fue ilegalizado poco antes de la irrupción de la dictadura de Videla y Massera en 1976.

PANAMA

E

n 1990 se decretó una ley de emergencia tras el asalto de los marines USA y posterior detención del ex coloborador de la CIA y presidente del país Manuel Antonio Noriega. Durante la ley marcial, los líderes de los sindicatos y la oposición política fueron detenidos o expulsados del país. La denominada oposición durmiente

quedó reducida a unos pocos disidentes sin una organización clara.

SAHARA

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espués de que Marruecos se independizara en 1956, se complicó aún más la situación del pueblo saharaui que hasta ese momento luchaba contra los colonizadores franceses y españoles. A partir de ese instante comenzó otro proceso de colonización dirigido fundamentalmente hacia la explotación de los fosfatos descubiertos en Bu Craa, en íntima asociación con el Gobierno franquista.

La independencia de los demás países árabes del Maghreb dio un nuevo estímulo a los nacionalistas saharauis que fundaron en 1967 el movimiento Al Muslim y en 1968, el Frente de Liberación del Sahara.

Iniciaron así una intensa actividad política legal exigiendo la independencia, realizándose multitudinarias manifestaciones en junio de 1970 en El Aiún y en el mercado de Zemla, que fueron reprimidas violentamente.

El cerco represivo se fue extendiendo hacia todos los opositores independentistas, produciéndose allanamientos de viviendas y loca-

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acoso a las ideas en el mundo

les políticos, detenciones y hasta algunos asesinatos de militantes populares. De hecho, sin que un decreto gubernamental planteara la ilegalización, las fuerzas opositoras tuvieron que empezar a moverse en la semiclandestinidad. Tal situación obligó a la dirección nacionalista a emprender el camino de la lucha armada. Es así que el 10 de mayo de 1973 se constituyó el Frente Popular de Liberación de Saguia al Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), bajo la conducción de Uali Mustafá Sayid, quien posteriormente murió en combate.

El 20 de mayo el Frente Polisario atacó con éxito un puesto militar español, iniciando una guerra de liberación que se prolonga hasta hoy. Posteriormente, presionado por la guerra y sucesivos traspies en la ONU, el gobierno de Franco –que seguía considerando al Sahara como “provincia española de ultramar”– aceptó finalmente el principio de autodeterminación. Pero como no podía retirarse de un territorio que le brindaba excelentes compensaciones económicas a partir de sus yacimientos de fosfato, el franquismo intentó una nueva farsa, creando el inexistente Partido de la Unión Nacional Saharaui para asegurar una transición neocolonial que le favoreciera. A partir de ese momento también entraron en pugna los colonialistas marroquíes, liderados por el rey Hassan, quienes decidieron avanzar sobre el terreno que dejaron los españoles. Para ello organizaron la “marcha verde”. La iniciativa, supuestamente pacífica, terminó con una nueva ocupación militar del territorio saharaui.

Desde ese momento hasta el presente, el Frente Polisario, que en febrero del 76 proclamó la República Arabe Saharaui Democrática, reclama primero por la vía de la guerra abierta y ahora, exigiendo un referéndum –ya aprobado pero no viabilizado por la ONU– que se dé una posibilidad de autodeterminarse al pueblo saharaui.

ARGELIA

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n marzo de 1989, el movimiento islámico argelino creó el Frente Islámico de Salvación (FIS) para luchar por un cambio político pacífico, con principios basados en el Islam y con un proyecto de sociedad orientada en dicha filosofía. En septiembre de 1989, el Frente es oficialmente admitido. En las primeras elecciones libres de junio 1990, el FIS triunfó como principal partido de la oposición en Argelia.

Frente a esta victoria de Asambleas Locales –provinciales y municipales–, el partido oficialista –el viejo Frente de Liberación Nacional (FLN) que lograra la liberación de Francia, pero

que con el tiempo se burocratizó y adoptó un comportamiento represivo y autoritario– intentó poner obstáculos al funcionamiento de los Ayuntamientos y adoptó una nueva ley electoral que le favoreciera. Surgieron entonces manifestaciones y una gran huelga. La Asamblea Nacional Popular y el FLN, todavía bajo control militar de los generales, pretendió que el FIS no asumiera el Gobierno. Llegaron entonces las elecciones legislativas del 26 de diciembre de 1991. El FIS ganó otra vez con gran mayoría la primera vuelta. A cinco días de la segunda vuelta electoral, el mando militar de los generales decidió dar un golpe de Estado e ilegalizar al Frente, acusándole falsamente de promover “actividades anticonstitucionales”.

La interrupción del proceso electoral en el que el FIS hubiera obtenido la mayoría absoluta de los escaños en la Asamblea Nacional es el desencadenante del actual conflicto, donde el Ejército y el partido gobernante han violado los derechos humanos y suprimido la democracia ante el silencio de la comunidad internacional y, sobre todo, la abierta complicidad de los Gobiernos español y francés.

A partir de ese momento se produjeron grandes masacres en áreas en las que una gran parte de la población había votado al hasta hoy ilegalizado FIS, antes de la anulación del proceso electoral y de la imposición del estado de excepción en 1992. Entre las víctimas se cuentan simpatizantes del FIS, personas que habían ofrecido apoyo activo o pasivo a los grupos “islamistas armados”, así como individuos que se habían negado a incorporarse a las milicias armadas por el Estado. Algunas matanzas las han perpetrado grupos que actuaban bajo las órdenes de ciertas unidades del Ejército y las fuerzas de seguridad, o que lo hicieron con su consentimiento. De este modo, el Gobierno intentó “erradicar” físicamente a los islamistas que había jurado destruir políticamente. Además del FIS, también están ilegalizadas las organizaciones Wafa, de tendencia neo-islamista, liderada por Ahmed Taleb Ibrehimi y Front Democratique, encabezada por Ahmed Ghozali.

URUGUAY

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l momento de su fundación, en febrero de 1971, el Frente Amplio (FA) reunió a las distintas fuerzas de izquierda, tanto partidos como organizaciones. Entre los primeros estaban, entre otros, el Partido Demócrata Cristiano, Frente Izquierda de Liberación, Partido Comunista, Partido Socialista (Izquierda Nacional), Partido Socialista (Movimiento Socialista) y Movimiento Revolucionario Oriental. Entre los segundos, el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Lista 99), Movimiento Blanco Po-

XANANA GUSMAO. El incansable luchador timorense ha sido nombrado presidente de

pular y Progresista y Movimiento Herrerista (Lista 58). Asimismo confluyeron a dicha convocatoria un gran número de ciudadanos independientes.

Durante los doce años que los militares estuvieron en el Gobierno –desde 1973 hasta 1985–, el Frente Amplio se transformó en el principal enemigo del régimen y fue proscrito, al igual que todas sus estructuras. La persecución, la detención y el asesinato o la desaparición se ensañó con sus militantes. Todos los locales del FA fueron clausurados y comisiones militares se adueñaron de la documentación de los mismos. Sin embargo, el FA siguió funcionando a partir del esfuerzo de sus militantes, que se reunían en iglesias, despachos de abogados o cafeterías.

La larga década de la dictadura militar se fue así aproximando a su cierre, primero con la derrota en el plebiscito constitucional de 1980, después con el triunfo de los sectores de los partidos tradicionales opositores al Gobierno dictatorial y el alto número de votos en blanco en las elecciones internas de 1982. En tanto, la sociedad se reorganizaba y las organizaciones sindicales y estudiantiles comenzaban a resurgir, acompañadas de una fuerte movilización social, expresión del rechazo al Gobierno dictatorial. En este contexto, el 1 de mayo de 1983 se realizaría uno de los primeros actos públicos multitudinarios, donde por pri-

mera vez desde 1973 reaparecerían publicamente las banderas del FA. El 27 de noviembre del mismo año, fecha en que hubiera correspondido la realización de elecciones nacionales, tendría lugar la máxima expresión de este proceso cuando cientos de miles de uruguayos se dieron cita en el emblemático Obelisco de los Constituyentes, acudiendo a la convocatoria de un conjunto de organizaciones sociales y políticas, entre las que estaba el Frente Amplio, en reclamo por el restablecimiento de la democracia, y conformando lo que posteriormente se llamaría “un río de libertad”.

La vuelta a la legalidad del FA se produce en el año 1984 y desde ese momento hasta ahora, la coalición ha experimentado un ascenso de votos que le permiten desde hace varios años gobernar en la capital uruguaya, Montevideo, y ser la fuerza que más probabilidades tiene de hacerse con el Gobierno en las próximas elecciones presidenciales.

MARRUECOS

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n Marruecos existen varias fuerzas que o bien están ilegalizadas a partir de la puesta en marcha de decretos represivos, o sufren persecuciones y transitan por el camino de una “legalidad” muy relativa. Ese es el caso de: “Nahj Demo-

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la nueva e independiente Timor Oriental, que ha estado ocupada por Indonesia durante decenas de años. / EFE

crati” (Vía Democrática), que en otro momento utilizó la sigla “Ilai Ammam”. Está formalmente ilegalizada, pero su actividad partidaria, a pesar de momentos de persecución y represión, es consentida por las autoridades. ANDC (Association Nationales des Diplomés Chomeurs) es ilegal, pero puede moverse utilizando otras denominaciones.

El Movimiento Islamista (Al Adi ua al Ijsqn) “Justicia y Espiritualidad” fue creado en 1988, siendo dirigido por el jeque Abdeslam Yasin, indultado por Mohamed VI del arresto domiciliario al que lo había sometido Hassan II. La organización política está prohibida, pero goza de cierta permisibilidad para difundir sus ideas. Cuenta con un portavoz y desarrolla una política de organización social muy eficaz.

Otros dos partidos islamistas ilegales, aunque en trámite de lograr alguna flexibilización en su actividad (con el actual Gobierno), son Al Badil al Haddari (Alternativa Ciudadana), creado en 1995 y liderado por Mustafá Muhtasim, y Al Harraka min Ayli al Umma (Movimiento por la Patria), creado en 1998 y dirigido por Mohamed Maruani.

TIMOR

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ndonesia, como país ocupante de Timor, no sólo desarrolló a lo largo de decenas de años una política de proscripción absoluta de la disidencia política sino que, para perseguir cualquier idea que enfrentara su voluntad autoritaria de dominio sobre esas tierras, apeló a la represión más sangrienta que se recuerde a escala mundial en el siglo XX. Cerca de 300.000 timorenses fueron asesinados, desaparecidos y torturados como parte de una política de exterminio a gran escala. Se prohibió cualquier actividad de oposición pacífica, se violentaron los locales de agrupaciones estudiantiles y obreras, se persiguieron las tradiciones y cultura de ese pueblo, se encarceló a miles de activistas.

Sin embargo, la resistencia timorense no dio respiro en todos estos años al Gobierno colonialista. En 1974, Xanana Gusmâo fue elegido miembro del Comité Central del FRETILIN (Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente). Junto con sus compañeros, sobrevivió a las campañas indonesias tendentes a aniquilar a los combatientes timorenses. Entre 1979 y 1981 reorganizó a los dispersos supervivientes, adoptando tácticas guerrilleras. En 1981 fue elegido co-

mandante de la guerrilla y presidente del FRETILIN. En 1983 mantuvo conversaciones con los indonesios para conseguir una salida pacífica al conflicto. Abandonó el FRETILIN para convertirse, en 1986, en presidente del Consejo Nacional de la Resistencia Maubere (CNRM, transformado luego en el CNRT), que aglutinaba a los opositores a la integración, desvinculando a los combatientes timorenses (FALINTIL) del FRETILIN. Capturado en 1992, Gusmâo fue condenado a cadena perpetua, pena que fue reducida posteriormente a 20 años.

En 1998, el Consejo Nacional de la Resistencia Timorense (CNRT), presidido también por Gusmâo rechazó la oferta indonesia para liberarle a cambio de que reconociese su soberanía sobre Timor Este. Puesto bajo arresto domiciliario en 1999, continuó siendo clave para conseguir un proceso pacífico hacia la autodeterminación y la independencia.

A partir de la salida de Indonesia del territorio de Timor Oriental se abrió el camino para la negociación de la independencia, la que finalmente fue reconocida por Indonesia, culminando el proceso en abril de este año, cuando se realizaron las primeras elecciones libres en el nuevo pa-

ís. Xanana Gusmâo fue elegido presidente de Timor Oriental después de obtener en los comicios 301.634 votos frente a los 63.156 del otro candidato, Francisco Xavier do Amaral.

VENEZUELA

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enezuela también conoció en “democracia” el acoso y puesta fuera de la legalidad de organizaciones políticas. Ocurrió durante el mandato de Rómulo Betancourt, de Acción Democrática (AD), quien había asumido el poder tras el derrocamiento en 1958 del dictador Marcos Pérez Jiménez y en el marco de la firma del denominado “Pacto de Punto Fijo”, que decretaba la alternancia de los dos partidos sumisos al mandato de Washington, AD y la derecha de COPEI. El Pacto implicaba, además, dejar fuera de juego a la izquierda marxista que tanto había bregado en la calle para voltear a Pérez Jiménez. Y no sólo eso, sino que se empezó a perseguir policialmente a sus militantes más conocidos.

Esta situación llevó a que durante el tercer congreso del poderoso Partido Comunista Venezolano (PCV), muchos militantes, indignados con el rumbo que estaba tomando el proceso, empezaran a

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OCALAN. Líder del Partido de Trabajadores de Kurdistán. / ARCHIVO

plantear otras vías de lucha, como la guerrilla armada. En esa tesitura aparecieron algunos nombres que luego marcarían época: Douglas Bravo, Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, Eduardo y Gustavo Machado.

Por otra parte, el sector más radical de AD, también molesto por las consecuencias prácticas del “puntofijismo” y el clima de histeria anticomunista que se alentaba descaradamente desde el Gobierno, comenzó a gestar una ruptura, que tiempo después adoptaría el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y que también optaría por la lucha armada.

Uno de los líderes de esta nueva organización era Domingo Alberto Rangel. Paradójicamente, el día en que se firmó la Constitución de 1961 se puso en marcha la ofensiva estatal contra la izquierda combativa. Se suspendieron las garantías constitucionales y tanto el PCV como el MIR fueron ilegalizados, sus locales invadidos por tropas policiales y varios de sus militantes fueron a parar a la cárcel. El PCV y el MIR decidieron en 1962 conformar un movimiento guerrillero que luego derivaría en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). A la vez se producen levantamientos de

oficiales militares izquierdistas en Barcelona (el “Barcelonazo”), en Carúpano (el “Carapunazo”) y en Puerto Cabello (el “Porteñazo”).

Las FALN se convirtieron en una de las guerrillas más importantes del continente e incluso contaron con apoyo directo cubano, pero a partir de 1964 –producto de desavenencias ideológicas y serios reveses militares- se empieza a producir un imparable declive. A finales de 1965, la mayoría de la dirección del PCV planteó el abandono de la guerra, pero Douglas Bravo se negó y se hizo fuerte junto a Fabricio Ojeda –que tiempo después caería preso y sería asesinado- en la zona de Falcón. En diciembre de 1968, llega al Gobierno el copeyano Rafael Caldera y la situación de los últimos resistentes guerrilleros terminó por agravarse ya que el PCV (el sector contrario a la lucha armada) participa con otra sigla en las elecciones y obtiene menos votos que diez años antes. Caldera aprovecha la circunstancia y encara un “plan de pacificación” decretando la amnistía para todos los combatientes de las FALN que se avinieran a la vía política. Varios dirigentes comunistas que estaban en las cárceles comienzan a recuperar la libertad y, a la vez, Bravo y sus compañeros

eran apresados y condenados a prisión. El PCV, como parte de esta política “conciliadora”, vuelve a ser legalizado. Comienza una nueva época, que los sectores que nunca se resignaron a dejar de luchar denominaron la de la “izquierda permitida”.

SIRIA

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stá ilegalizado el Partido Comunista. Su líder, Riad Turk, de 71 años, cumplió 18 años de prisión por “intentar cambiar la constitución por medios ilegales e incitar a la violencia”. Cuatro años más tarde de su liberación, en 1998, se enfrenta a otro juicio en el que puede ser condenado a cadena perpetua. El verano pasado Turk fue detenido junto a otros activistas políticos y de derechos humanos sirios. Cientos de “integristas islámicos e izquierdistas” continúan encarcelados.

EGIPTO

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l partido de los “Hermanos Musulmanes” fue fundado en 1928 por Hassan El Banna.

Desde el principio, fue apoyado y

utilizado por los Estados Unidos y Arabia Saudí con la idea de poner freno a la expansión del comunismo por el mundo árabe. El 23 de julio de 1952 triunfó el golpe de Estado anti-monárquico del movimiento nacionalista de los “oficiales libres”, liderado por el panarabista Gamal Abdennaasser –al que se conoció como Nasser–. Este joven oficial se declaró antiimperialista y dio un giro radical en la política exterior de su país, transformándose en adversario de Occidente y proclive a apoyar a todos los movimientos de liberación nacional. En ese contexto, los “Hermanos Musulmanes” pasaron a enfrentarse a Nasser, quien les persiguió sistemáticamente, retirándoles la legalidad al partido en 1956.

Muerto Nasser, asumió el poder Anuar El Sadat, quien se desligó de los “nasseristas”, se volcó de lleno en estrechar lazos con los norteamericanos, privatizó la economía y estableció la paz con Israel a través de los acuerdos de Camp David.

Como consecuencia de ello, en 1981 Sadat fue abatido a tiros por un oficial de su ejército y miembro de Yihad Islámica. Llegó entonces al Gobierno el actual mandatario, Hosni Mubarak, quien no sólo declaró el estado de excepción, sino que llevó adelante una sistemática y durísima campaña represiva contra la oposición, en particular contra los “Hermanos Musulmanes”.

Desde mediados de los 70, una tendencia de los “Hermanos Musulmanes” optó, a pesar de seguir en la ilegalidad, por una política moderada, uniéndose con el Partido Socialista Obrero. Esto le permitió penetrar en los medios estudiantiles –bunkers de la izquierda hasta ese momento–, influenciar amplias capas sociales y obtener el 17 por ciento de los votos en las elecciones legislativas de 1987. Y lo hizo sin poder utilizar su sigla y apelando a candidaturas independientes.

En elecciones posteriores, el grupo islámico obtuvo, otra vez desde la clandestinidad, 14 diputados, constituyéndose en la segunda fuerza, detrás del partido Mubarak.

La organización proscripta, cuyo programa político propone el derrocamiento por medios pacíficos, del actual régimen y el establecimiento de otro de carácter islámico, también ha venido saliendo vencedor en todos los comicios sindicales a los que se ha presentado como independiente, tiene mayoría también en los colegios médicos y de ingenieros, y controla más de la mitad del consejo directivo del colegio de abogados. Sin embargo, los “Hermanos Musulmanes” siguen sufriendo la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno egipcio.

Peor suerte corren los militantes de la ex Yihad Islamica y luego fundadores de otra organización, la Ga-

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Decretazo 4161 (Argentina)

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continuación se reproduce íntegramente el decreto 4161 de proscripción del Partido Peronista de Argentina por el ínterés que el documento tiene y por lo peculiar de sus contenido. El informe llevaba la firma del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Rojas –ambos máximos jefes de la asonada militar– y decía textualmente en su parte central: “Visto el decreto 3855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y considerando: Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana para lo cual creó imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas de doctrina y obras artísticas: Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrar porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argentinos.

Que en el campo internacional, también afecta el prestigio de nuestro país porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto, tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dictaduras de este siglo que el régimen depuesto consiguió parangonar. Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento al amplio campo que la fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles.

Por ello; El Presidente Provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley: Art. 1º Queda prohibida en todo el territorio de la nación a) La utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas ar-

tículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, ”tercera posición” la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto las composiciones musicales “Marcha de los muchachos peronistas” y “Evita, capitana” o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos. b) La utilización por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo. c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y demás objetos señalados en los dos incisos anteriores.

Art. 2º - Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público y, en consecuencia, no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura y las denominaciones comerciales o anexas que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incs. a) y b) del art. 1º.

Los ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales registros.

Art. 3º - El que infrinja el presente decreto-ley será penado: a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de pesos 500 a pesos 1.000.000. (entre 5 mil y 10.000 euros). b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial; c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales. Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución.

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acoso a las ideas en el mundo

FRENTE POLISARIO. Desde que en 1976 proclamara la República Arabe Saharaui Democrática, el Frente reclama el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. / EFE

maá Islamia (Agrupación Islámica).

La Gamaá posee una rama política –ilegalizada actualmente– y una militar. El partido ha ido estructurando una red muy efectiva de asistencia social a las capas más pobres y marginadas de la sociedad.

Por otra parte, el brazo armado de la Gamaá ha golpeado duramente en los últimos años, provocando pérdidas millonarias en sus campañas de hostigamiento al turismo. En sus manifiestos exigen libertad total para hacer proselitismo político, libertad de los cientos de presos políticos y cese total de la represión en las prisiones, además de plantear una apertura de un diálogo con el Gobierno para poner fin al conflicto.

La respuesta de Mubarak ha sido siempre la misma: nada de diálogo y solución policial y militar. Según la Organización Egipcia de Derechos Humanos, los islamistas están sufriendo las consecuencias de acciones represivas sistemáticas: destrucción de las viviendas de los que son considerados culpables; detenciones masivas e indiscriminadas (incluso a familiares de los militantes), chantajes, torturas y enfermedades en las prisiones, condenas a muerte (se han producido numerosas ejecuciones) o abusos policiales contra pobladores de barrios humildes.

TUNEZ

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ste es otro país que ha mantenido en la ilegalidad, durante años y hasta el presente, a varias organizaciones partidarias, combinando la exclusión política con la represión más violenta contra sus seguidores. En ese nivel se encuentra el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (PCOT), cuyo máximo dirigente, S.G. Hammami, aún permanece encarcelado. La otra organización que sufre los embates del Gobierno tunecino es AlNahda (Renacimiento), definida como islámica.

Entre ambos grupos llegaron a tener en prisión casi dos millares de militantes, siendo excarcelados mediante una amnistía en noviembre de 1999 alrededor de 600 de ellos.

Todos, los que salieron libres y los que aún permanecen entre rejas, fueron condenados a penas de 30 a 50 años en juicios totalmente amañados y recurriendo a falsos testigos que les acusaron de “conspiración, terrorismo y asesinato”, según denunciara Amnistía Internacional.

El PCOT cuenta con cierto predicamento en barrios humildes, pero no ha podido eludir las medidas restrictivas de ilegalización, basadas en leyes de excepción que llegan a condenar hasta la mención de la sigla en cualquier manifestación ca-

llejera o reunión de prensa.

Mohamed Aviv Hemisi, familiar de destacados dirigentes exiliados del partido Al-Nahda, fue condenado en otro momento a diez años de cárcel por el cargo de “pertenencia” a la organización y por negarse a “colaborar” con la Policía, que le exigía que delatara a otros afiliados.

Cuando salió libre en 1999, denunció lo que era “el infierno de las prisiones” donde, además del hacinamiento natural, recibían palizas y torturas diversas. Otros grupos políticos ilegalizados por la Administración tunecina son el Consell National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) y el Forum Democratique pour le Travail et les Libertés.

RUMANIA

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l primer partido comunista de Europa del Este ilegalizado fue el rumano. En 1990 el nuevo Gobierno de Salvación Nacional convocó un referéndum para su ilegalización tras reconocer que los nuevos dirigentes se habían precipitado al declarar ilegal al PCR.

NEPAL

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epal ha adoptado casi siempre una postura neutral entre sus dos vecinos, India y China, que frecuentemente rivalizan. La transición a una democracia parlamentaria con régimen de monarquía constitucional fue proclamada por un decreto real en 1990.

A mediados de 1989, más de 300 presos políticos poblaban las cárceles nepalesas, dos tercios de los cuales habían sido detenidos al amparo de la Ley de Seguridad Pública de 1961, conocida como Kalo Kanoon (La ley negra). El rey Birendra aprobó leyes que contradecían las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en la Constitución de 1962. El 12 de abril de 1991 se realizaron en Nepal las primeras elecciones libres. El Partido Comunista de Nepal (PCN) y el Congreso de Nepal se aliaron para los comicios y lograron cuatro de los cinco puestos de la capital, pero a nivel nacional la mayoría fue para el oficialista Partido Nepalés del Congreso. El nuevo Gobierno designó primer ministro a Girija Prasad Koirala, del Congreso de Nepal. Este prometió implantar un régimen de economía mixta, destinar el 70 por ciento del ingreso nacional a las regiones rurales y a realizar una reforma agraria; declaró gratuita la enseñanaza primaria.

Koirala no obtuvo resultados en

“Panteras Negras” (EEUU)

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l Partido de los Panteras Negras fue el mayor movimiento político vanguardista por un cambio social en Estados Unidos desde la Revolución de 1776 y la Guerra Civil, y también el más perseguido por las fuerzas policiales estatales. Surgido a principios de los años 70, representó una gran esperanza para las masas de población negra norteamericana ansiosas de conseguir igualdad, justicia y libertad. Sus ideales y actividades eran tan radicales que fueron considerados por J. Edgar Hoover, jefe del FBI, “la mayor amenaza a la seguridad interna en EEUU”.

Contra la gran marginación que sufría la comunidad negra, Huey P. Newton comenzó a organizar el partido de los Panteras Negras para la autodefensa. Exigían una abolición total de la opresión y ofrecían como una opción la revolución. A su vez, el partido tomó posición junto al pueblo vietnamita masacrado por el Gobierno USA, considerándolo ellos también “el enemigo de la población negra”. El mensaje se clarificó cuando varios grupos de los panteras marcharon en la legislatura hacia California, totalmente armados. Se quejaban así del control armado que sufría la comunidad por la Policía y demandando el derecho a portar armas para defenderse.

En octubre de 1967, Newton fue tiroteado, arrestado y acusado de la muerte de un policía blanco en un cruce de disparos en las calles de Oakland. Esto fue la chispa que prendió la hoguera. Jóvenes blancos, desilusionados por la guerra de Vietnam, y jóvenes negros gritaban ßal unísono: “¡Libertad para Huey!” El partido se expandió desde Oakland a 48 Estados, y llegó a tener grupos de apoyo internacionales en Japón, China, Francia, Alemania, Inglaterra, Mozambique, Sudáfrica, Zimbabwe, Uruguay y otros lugares, incluyendo Israel.

En los barrios desarrollaron una serie de programas sociales para ayudar a la gente negra pobre, promoviendo un modelo alternativo de solidaridad. Uno de estos programas incluía dar el desayuno a la infancia negra. Esto les sirvió para generarse la acusación de comunistas por el FBI. J. Edgar Hoover, jefe del FBI, basado en esta definición y con el apoyo de la maquinaria del Gobierno federal, puso en marcha una campaña de destrucción del Partido de los Panteras, ayudado por los departamentos de Policía locales. La idea era “ilegalizar al partido sin apelar a las leyes”, como sostuvo el mismo Hoover. En 1968 dijo que “el Partido representaba la mayor amenaza interna para EEUU” aseguró que 1969 sería el último año de existencia del partido. La persecución represiva y paramilitar fue implacable. En enero de 1969, dos dirigentes del sur de California fueron asesinados por mercenarios del FBI, con la cooperación de un grupo negro colaboracionista. Al final de ese año, la Policía y el FBI asaltaron violentamente la mayoría de oficinas y delegaciones del partido en todo el país, culminando la represión con el

asalto orquestado de las oficinas de Los Angeles e Illinois, donde fueron asesinados el dirigente Fred Hampton y el militante Mark Clark.

Además, asesinaron al joven militante de 17 años Bobby Hutton, en abril de 1968; en Los Angeles mataban a otro joven Pantera de 17 años, Tommy Lewis, además de Robert Lawrence y Steve Bartholomew. Se produjeron, a la vez, numerosos arrestos, entre los que se encontraba el del presidente del Partido, Bobby Seale, con cargos por conspiración debido a las protestas contra la guerra y una serie de imputaciones inusitadas: un asalto a una comisaría y el intento del asesinato de Nixon, en el que también fue implicada la veterana del Partido, Ericka Huggins.

Hubo una batería de agresiones inimaginables hacia los programas sociales del partido y la destrucción de sus propiedades. Desde tirar los desayunos por el suelo de las iglesias, hasta invadir las clínicas donde ayudaban a la población o destruir los periódicos del partido. Además, se utilizaron todo tipo de tácticas de intimidación y amenazas para mermar sus simpatizantes y grupos de apoyo.

Más siniestro aun fue el plan contrainsurgente dirigido por el FBI conocido como COINTELPRO, que consistía en construir una red de informantes, provocadores y alborotadores que se dedicaban a destruir todo tipo de actividades, llegando incluso al asesinato.

A pesar de todo, el Partido de los Panteras siguió construyendo sus programas de supervivencia y cumpliendo con sus objetivos hasta 1973, en que fue brutalmente asesinado en la prisión de San Quintín el dirigente George Jackson. Es también en ese año cuando el partido se presentó a elecciones municipales con Bobby Seale, como candidato a alcalde y Elaine Brown, como concejala. Aunque esas elecciones no las ganaron, permitieron al partido solidificar sus apoyos.

En julio de 1977, cuando retorna Huey P. Newton de su exilio en Cuba, el partido estaba todavía en pie en Oakland, California, manteniendo una base fuerte entre las comunidades negras y los trabajadores, y preparando el lugar para conseguir “la revolución de América”. En ese tiempo se había conseguido colocar un alcalde negro, apoyado por el partido, por primera vez en la historia de esa ciudad. Sin embargo, el acoso continuaría y una mezcla de actividades represoras aún más sofisticadas por parte del FBI se pondrían en acción. Algunos de los grupos de activistas fueron infiltrados de muchas maneras. Una de ellas tuvo que ver con las drogas, que condujo a la muerte a un buen número de militantes. Además, el acorralamiento hizo florecer innumerables crisis internas que apuraron la decadencia del partido. Una etapa había concluido así de la peor de las formas. Tendrían que pasar casi 25 años para que la lucha volviera a recomenzar con el Nuevo Partido de los Panteras Negras, que hoy desarrolla actividad política en ciertos Estados, pero sin adquirir la importancia de la vieja organización.

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acoso a las ideas en el mundo

LECH WALESA. Fundó Solidaridad y llegó a ser presidente de la República en 1990, años depués de que el general Jaruzelski ilegalizara el movimiento que él lideraba. / ARCHIVO

su combate contra la pobreza y el analfabetismo. La pérdida de apoyo y las disputas internas en el monarquista Partido del Congreso Nepalés (PCN) aceleraron su renuncia, que se produjo el 10 de julio de 1994. En las elecciones de noviembre, el Partido Comunista Unido de Nepal (PCUN) consiguió 88 escaños en la Cámara de Representantes, superando al PCN, que obtuvo 83. Al no conseguir el respaldo político mayoritario para su gestión, en septiembre de 1995 el primer ministro comunista dejó su cargo en manos de Sher Bahadur Deuba, líder del oficialismo. Días después el Gobierno ilegalizó al Partido Comunista de Nepal, que apeló a la lucha armada.

El partido se convirtió también en milicia y en 1996, en grupos de guerrilleros. En julio, el primer ministro ofreció una amnistía general a los miembros del PC de Nepal que aceptaran entregar las armas, pero la invitación fue respondida con más ataques a intereses extranjeros.

Hoy el partido clandestino desarrolla una nueva campaña política entre el campesinado y, a pesar de la represión, ocupa grandes franjas del territorio nepalí y mantiene en vilo a las fuerzas armadas del reino, que cuentan con el concurso de oficiales norteamericanos.

UZBEKISTAN/KIRGUISTAN

U

n mes despúes del los acontecimientos del 11-S en EEUU, se producen detenciones masivas de militantes islámicos. El Partido de la Liberación (Hizbut Tahrir) y otras organizaciones islámicas son prohibidas en estos países.

ALEMANIA

E

l canciller Adenauer solicitó en 1951 la prohibición del Partido Comunista Alemán (KPD). La prohibición se efectuó el 17 de agosto de 1956 por sentencia del TC, según artículo 21 de la Constitución.

Fueron expropiados los bienes de las empresas cercanas al partido. Así se prohibieron varios periódicos y muchos de sus militantes fueron detenidos. Algunos miembros que habían salido diez años antes de los campos de concentración o regresado del exilio, fueron detenidos de nuevo. En los momentos más duros, se abrieron investigaciones contra unas 50.000 personas y fueron juzgadas unas 3.000. Muchas de ellas no fueron condenadas, pero su vida privada quedó destrozada.

Tiempo atrás fueron prohibidas unas 80 organizaciones cercanas al

KPD, que resistieron contra la remilitarización de Alemania. La prohibición del KPD puso fin a la izquierda organizada en Alemania. En una manifestación contra la prohibición de las organizaciones, fue asesinado a tiros el trabajador y miembro del KPD Philipp Müller. En la protesta también resultaron heridos un joven socialdemócrata y dos sindicalistas.

Sólo en esa manifestación la Policía detuvo a unas 240 personas. En 1952 se prohibió el Partido Socialista del Reich (SRP) por considerarlo el TC sustituto del NSDAP de Hitler.

Hasta varias décadas más tarde Alemania no conoció ilegalización alguna. Sin embargo, en los años 80 se prohibió en Alemania el partido turco Devrimci Sol (Izquierda Revolucionaria) y en 1998 le tocó al sucesor de un brazo del partido después de una separación: el “Frente y Partido Revolucionario para la Liberación” (DHKPC), que luchaba por el derecho de autodeterminación del pueblo kurdo y la liberación de Turquía.

POLONIA

E

l general Wojciech Jaruzelski declaró ilegal al sindicato independiente Solidaridad, que posteriormente se presentó como

coalición política de postulados muy conservadores. Tras el movimiento obrero surgido de las huelgas registradas entre 1970 y 1976, Jaruzelski decretó la ley marcial el 13 de diciembre de 1981 y aprovechó para ilegalizar el movimiento que lideraba LechWalesa.

ZAMBIA

L

a ex Rhodesia del Norte también cuenta con una larga historia de luchas e ilegalización de las fuerzas opositoras que posteriormente se erigirían en factor fundamental de la independencia. A mitad del siglo XX, surgió el partido nacionalista del Congreso Nacional Africano de Rhodesia del Norte (NRANC), fundado en 1952. El NRANC estuvo desde sus inicios íntimamente ligado al ANC sudafricano y luchó firmemente contra la discriminación racial y por la independencia. En 1953, los colonialistas británicos organizaron una federación entre Rhodesia del Norte (Zambia), Rhodesia del Sur (Zimbabwe) y Nyasssalandia (Malawi), que sería gobernada por los colonos blancos desde la ciudad de Salisbury.

En 1959, la persistente lucha política antirracial y anticolonial seguida por el ANCZ culminó con la ilegali-

especial

kalegorria

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TURQUIA. Manifestación de apoyo al líder del Partido de Trabajadores de Kurdistan (PKK), Abdulá Ocalan, tras su detención en 1999. / ARCHIVO

zación de esa formación política y el encarcelamiento de Kaunda. Sus seguidores no se amilanaron y formaron el Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP).

Meses después, cuando los ingleses comprobaron el arraigo popular de las propuestas independentistas, decidieron también ilegalizar al UNIP. Al año siguiente, el Gobierno británico se vio obligado a anunciar una revisión constitucional que satisfizo algunas de las demandas del UNIP. Fortalecidos por esta victoria, los nacionalistas lograron en 1964 la disolución de la Federación de ambas Rhodesias. Ese mismo año, el UNIP triunfó en las elecciones generales y se proclamó la independencia, convirtiéndose Kenneth Kaunda en presidente de Zambia y “padre de la liberación del yugo colonial”.

No obstante, el nuevo Gobierno fue hostilizado duramente por los colonialistas, que aún controlaban parte de la región. Sin embargo, no dejó de apoyar a sus aliados de Zimbabwe, hasta que en 1980 este Estado adquirió también su independencia

SUDAN

T

ras el golpe de Estado del militar Al Bashir varios partidos políticos de oposición de la

zona norte del país fueron ilegalizados. Estos grupos se aliaron en 1994 con el Ejército Popular para la Liberación de Sudán (EPLS), que lucha contra Jartum desde 1983 para separar el sur del país y derrocar al régimen islamista.

TURQUIA

L

os tribunales y el Gobierno turco no han parado de ilegalizar partidos islamistas, pro-kurdos e izquierdistas en los últimos veinte años. La carrera de ilegalizaciones comenzó mucho antes, en 1971, cuando el Ejército forzó la dimisión del primer ministro, Süleyman Demirel. Las huelgas fueron prohibidas y el Partido Turco del Trabajo y el Partido Nacional del Orden fueron ilegalizados. A partir de aquí la franja más sangrante para la libertad de expresión de las formaciones políticas en Turquía se fraguó entre 1983 y 1997. El Estado turco ilegalizó hasta trece partidos políticos, varios sindicatos, docenas de movimientos sociales y asociaciones y clausuró tres medios de comunicación.

Los activistas pro-kurdos y los propios guerrilleros kurdos no cejaban en su intento de decidir su futuro en libertad, pese al genocidio al que estaban siendo objeto por parte del

Ejército turco. A Turquía no le preocupa demasiado la opinión pública de los ciudadanos europeos y contaba con el aval de impunidad que le otorga ser aliado estratégico de EEUU. A finales de la década de los 90 prosiguió con su campaña de aislamiento total. Pero poco a poco, y con la ayuda de varios países miembros, como el Estado español, el nuevo Gobierno turco se dispuso a recibir unas cuantas reprimendas de tribunales europeos a cambio de “acercar posturas para su integración en la UE”. El 30 de enero de 1998, el Tribunal de Estrasburgo sentenciaba que la ilegalización del Partido Comunista unificado de Turquía atentaba contra la convención europea de derechos humanos. Cuatro meses más tarde, el 25 de mayo de 1998, los tribunales europeos condenaban la ilegalización del Partido Socialista.

Lo mismo ocurría en el caso del Partido de la Libertad y la Democracia (Özdep), en sentencia publicada el 8 de diciembre de 1999. El último dictamen contra el Gobierno turco se ejecutó el pasado 9 de abril de 2002, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la ilegalización del Partido del Trabajo del Pueblo (HEP) había sido contraria al derecho de libertad de asociación protegido por el artículo 11 de la Convención europea.

Pero el caso más sonado sucedió en diciembre de 2000, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos atendió la demanda presentada en nombre del líder del Partido de Trabajadores de Kurdistan, Abdulá Ocalan, que se encontraba encarcelado en la prisión turca de la isla de Inrali. Estrasburgo entendió que durante su procesamiento ocurrieron numerosas violaciones de sus derechos. Ocalan había sido condenado a muerte en Ankara en junio de 1999 por “separatismo y traición”. Hace apenas tres meses el Parlamento Europeo criticaba duramente la ilegalización por parte del Estado turco del Partido Democrático del Pueblo (HADEP), acusado de afinidad con el Partido de Trabajadores de Kurdistan A los partidos pro–kurdos acusados por las autoridades de fomentar el separatismo e incitar a la violencia les sigue esperando en Turquía la inminente disolución de su organización política, congelación y embargo de sus bienes y la prohibición a sus dirigentes y responsables de fundar o participar en un nuevo partido político.

derechos humanos

CORTE EUROPEA. El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos lo integran cuarenta magistrados, entre los que se encuentra un juez español y otro francés. /EFE

ESTRASBURGO CONDENA

LA ILEGALIZACION

DE LAS IDEAS El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) fue creado conforme a la Convención Europea sobre Derechos Humanos para garantziar que los estados miembros lo respetaran. El tribunal examina quejas y emite juicios que son legalmente vinculantes, esto significa que se deben cumplir sus sentencias. Compuesto por 40 jueces, estos son elegidos para trabajar al servicio del tribunal con capacidad independiente. Tiene su sede en el Estado francés y es un organismo permanente desde el 1 de noviembre de 1998. Se reúne todo el año. Aunque está considerado como uno de los mecanismos internacionales más importantes sobre derechos humanos, está limitado estrictamente

a los tipos de casos que examina y que pueden tardar en resolverse hasta siete años. El tribunal internacional de Estrasburgo puede emprender las siguientes acciones para examinar una queja: 1) Acuerdo amistoso entre el solicitante y el Estado en cuestión.

2) Si no puede llegarse a un acuerdo en el punto primero, se realizará un juicio. El tribunal puede ordenar al Estado que cambie sus leyes para detener la violación que se está produciendo o para prevenir otras futuras. También puede ordenar al Estado que pague una compensación a la víctima y tome medidas para devolver a la víctima a la posición en la que se encontraba antes de que ésta se produjera.

3) Medidas provisionales. Si el tribunal ha sido informado de forma fiable de que está a punto de producirse una violación, pude ordenar al Estado en cuestión que tome medidas provisionales para evitar que se produzca. Las medidas son acciones temporales que se deben tomar antes de que se haya completado el examen formal de un caso.

Si una queja llega a Estrasburgo a través de los “tribunales nacionales”, debe de presentarse ante el Tribunal Europeo en un plazo de seis meses a partir de la decisión final emitida sobre el caso por el tribunal competente más elevado del país.

No se necesita abogado para dirigirse a Estrasburgo, pero su procedimiento es muy complicado

especial

por lo que se aconseja la ayuda de un abogado cualificado. Puede habilitarse una ayuda para los solicitantes que no se lo puedan pagar.

A mediados del año pasado, el TEDH tenía pendientes de resolver cerca de 20.000 demandas, a pesar de que un 85% de las que se presentan se rechazan por inadmisibles. Un buen número de las que fueron denegadas se trataban de denuncias de ciudadanos rusos contra su Gobierno.

La demanda con mayor número de afectados de nacionalidad administrativa española es la de las personas dañadas por la colza, cerca de un millar.

El país con mayor despecho en no tramitar las demandas del tribunal internacional es Turquía, que hace caso omiso de las relacionadas con el derecho a la vida, torturas o la privación de libertad.

El tribunal está presidido por el juez suizo Luzius Wildhaber y sólo Gran Bretaña y Suiza disponen de dos magistrados. El representante de la judicatura española en Estrasburgo es el juez Antonio Pastor Ridruejo, que fue reelegido en abril del año pasado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para un mandato de seis años. Era el candidato número uno del PP, pero deberá abandonar su cargo en diciembre del 2002 debido a que cumplirá setenta años y el reglamento obliga a los jueces a abandonar su puesto cuando alcanzan esa edad.

“Caso Castells”, uno para la esperanza El tándem Aznar-Oreja puede tener designado su siguiente candidato, el titular del Juzgado de Ins-

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trucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que ahora se perfila como electo al premio Nobel de la paz y magistrado del que se sospecha está tratando de hacerse con un sitio en algún tribunal penal internacional.

A los ciudadanos vascos siempre les quedará confiar en la demostrada cualificación de algunos abogados preocupados por la libertad y los derechos humanos. Como símbolo de la esperanza se puede destacar el “caso Castells”.

Hace dos meses se han cumplido diez años desde que el Tribunal Europeo reconoció que el Estado español violó el Convenio de Derechos Humanos y concedió una indemnización global de tres millones de pesetas al demandante, el abogado vasco Miguel Castells. Aunque el vere-

UN VIAJE POR EL LABERINTO DE LOS TRIBUNALES 1. TRIBUNAL SUPREMO

2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Máximo órgano judicial español para el control y aplicación de la legalidad ordinaria. 2. De acuerdo al sistema de control constitucional denominado "concentrado", órgano encargado del control de constitucionalidad de leyes y actos jurisdiccionales y administrativos en el Estado español. 3. Se encarga del con-

3. TRIBUNAL DE ESTRASBURGO

trol sobre los actos internos de cada estado firmante (leyes, actos jurisdiccionales y administrativos) en relación al cumplimiento o no de la Convención de Roma de 1950 de protección de Derechos humanos. El Estado español es firmante de este acuerdo desde finales de los años 70, pero hace caso omiso.

derechos humanos dicto negó una “compensación moral” al interesado, Castells logró eludir una condena de “un año de prisión condicional y la suspensión por dicho periodo del ejercicio de toda profesión o función pública” impuesta por la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo.

El motivo de la condena era un artículo publicado por Castells el 14 de junio de 1979 en el semanario “Punto y Hora” en el que informaba sobre asesinatos y agresiones contra militantes independentistas cometidos por grupos que posteriormente quedaría demostrado actuaban impunemente y bajo la tutela del Gobierno español. La Fiscalía General del Reino presentó una querella en su contra y, tras ser levantada la inmunidad parlamentaria del entonces senador de Herri Batasuna, el Tribunal Supremo le inculpó el 7 de julio de 1989 de injurias al Gobierno conforme al artículo 161 del Código Penal. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo indicó que el Estado español había violado el “artículo 10 del Convenio y que las sanciones que le fueron impuestas constituyen una “injerencia” en su libertad de expresión. El texto reiteraba que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática” y destacaba su importancia “para un parlamentario que representa a sus electores”. El Tribunal reconoció que “la libertad de dicusión política no tiene carácter absoluto” y agregaba que “los límites de la crítica admisibles son más amplios para un gobierno que para un simple ciudadano”. La sentencia incluía un dato revelador: “el demandante no pudo invocar en su descargo la verdad y buena fe ya que, pese a que propuso demostrar la exactitud de los hechos relatados en su artículo, los tribunales españoles desestimaron las pruebas.”.

El tribunal Europeo rechazó las alegaciones de

los representantes del Gobierno español, pero tampoco admitió varias solicitudes de Castells, entre las que se encontraba “la publicación de la sentencia en la prensa española y que se elimine toda referencia de su condena en el Registro central de Penados y Rebeldes”. Estrasburgo alegó que no tenía competencia para tales directivas. Los magistrados europeos accedieron a reducir la ayuda financiera para su asistencia jurídica, debido a que estaban de acuerdo con el Gobierno español en que era “excesivo el número de abogados que representaban a Miguel Castells”.

Decepciones con Esttrasburgo Pese al prestigio internacional que tiene el Tribunal Europeo, algunos movimientos sociales y ciudadanos han vertido duras críticas contras las resoluciones de Estrasburgo: de procedenciade lo más dispar.

–La Asociación de Víctimas del Terrorismo dice sentirse decepcionada con Estrasburgo porque desestimó su recurso contra la excarcelación de la Mesa Nacional de Herri Batasuna decretada por el Tribunal Constitucional español después de que el Supremo condenara los miembros de HB a siete años de prisión “por colaboración con banda armada”. AVT se había personado como acusación popular ante el Supremo y el Constitucional. Así las cosas, se enfrentaba a una tríple derrota, la excarcelación de HB, el rechazo al recurso del Tribunal Europeo y los consiguientes gastos en asesoría jurídica de los letrados Emilio Murcia y Jorge Trias. En su comunicado, AVT quiso subrayar la tremenda soledad en la que muchas veces se sentía en su “lucha judicial contra la banda terrorista ETA y su entorno”.

–El 19 de febrero de 1997, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló unánimemente que

los gobiernos de cada estado tienen derecho a reglamentar la imposición de daño físico y a determinar el nivel de daño en las actividades sexuales privadas consensuales que se perciban como una amenaza a la salud pública. La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGHRC) se mostró consternada por la decisión. Meses antes, el Reino Unido había condenado a varias personas por practicar sadomasoquismo consensuadamente y la IGHRC consideraba que esta práctica sexual entre adultos no constituía ningún acto criminal, sino que es parte de la amplia variedad de manifestaciones afectivas o sexuales entre adultos conscientes. Añadían los gays y las lesbianas que dicha práctica no debía regularse por legislación estatal, sino protegerse como una activida privada.

Por el contrario, el Tribunal Europeo decidió en 1999 que la prohibición de homosexuales en el Ejército británico era “una violación al derecho fundamental de la privacidad”. Un año más tarde instaba al Ejército alemán a “permitir que las mujeres puedan acceder a puestos de trabajo en los que se precise emplear armas”. Además, el pasado 27 de febrero Estrasburgo avaló la negativa del Estado francés a que un homosexual adopte un niño, aunque tres jueces discrepantes consideraron que el demandante fue discriminado en razón de su orientación sexual.

–La eutanasia es un tema tan polémico que no se podía evitar en Estrasburgo. Pero un fallo de abril de este año ha sentado un importante precedente al negar este derecho a una ciudadana británica, Diane Pretty, que está paraliazada de cuello para abajo y que teme una muerte lenta y dolorosa, por lo que prefiere morir dignamente. La sentencia afirmaba que “de su trágica situación no se deriva el derecho a morir, ya sea a manos de una tercera persona o de la autoridad pública”.

ESTRAS Estado francés: la molestia Annic Lagadec Periodista

P

ara la opinión pública francesa, Batasuna está solidamente unida a ETA. ¿Cómo podría ser de otra manera? No hay más que leer los artículos referidos a este movimiento político, cualquiera que sea el contexto. Si bien “Le Monde Diplomatique” –sin duda diplomático– presenta a Batasuna como un “partido separatista” y “partido independentista” vasco, la fórmula que más se utiliza en la prensa francesa es “Batasuna, considerada como el brazo político de ETA” y, más frecuentemente incluso, “Batasuna, el brazo político de ETA” y “la vitrina política de ETA”. ¿El proyecto de ilegalización de la formación política está entonces justificado? En conjunto, la prensa francesa se cuida mucho de tomar partido, equiparando las acciones violentas de ETA –sistemáticamente calificada de organización “terrorista”–, con el riesgo de ver estas acciones multiplicadas en caso de imposibilidad de cualquier intervención política. “¿Podemos, en democracia, prohibir un partido político si éste “encubre” actividades terroristas, incluso si no es directamente el autor?”, se pre-

gunta el semanario “políticamente correcto” “L’Express”, reflejando más o menos las preguntas de sus compañeros periodistas franceses. ¿Qué esperanza quedaría entonces de una posibilidad de solución política al conflicto vasco-español? Manifiestamente, el proyecto español no parece ser la solución adecuada para una prensa que, sin embargo, no deja de fustigar a los “separatistas”, particularmente a los vascos, por todos los frentes.

Si consultamos a los partidos políticos franceses uno a uno, tanto para la derecha como para la izquierda, el malestar es evidente. Nadie tiene una opinión real sobre la cuestión, hay temas más urgentes. “Nada sorprendente”, analiza un periodista y observador político. “Esta cuestión toca de pleno el malestar francés actual. ¿Podemos, en democracia, prohibir o negar la realidad de un partido político que tiene un apoyo electoral real y que pregona ser totalmente distinto de los demás? Para el Estado español, es Batasuna. Para el Estado francés, es el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, cuyos inesperados resultados electorales a la presidencia ponen en cuestión toda la organización política del Estado francés”.

Todo el mundo se lo pregunta, pero nadie se atreve a dar una respuesta. Sólo la LCR (Liga Comunista Revolucionaria, partido trotskista), precisando

que tiene una “apreciación muy crítica sobre la estrategia y los métodos de acción de Batasuna o de las organizaciones con las que se solidariza” se declara francamente “en contra del proyecto de ilegalización”. Otro tanto, precisa en su nombre François Duval, que este proyecto va a la par con la negativa del Estado español de una solución política de la cuestión nacional vasca, que no puede sostenerse más que con la consulta del pueblo vasco. “Quienes estamos a favor del principio de autodeterminación, pensamos que es el pueblo vasco y sólo él a quien corresponde decidir sobre su destino”.

En Bretaña, el partido independentista de izquierda Emgann apoya claramente a Batasuna.

Para Gwenvael Jequel, secretario de Asuntos Internacionales de la formación, “una ilegalización de este tipo es antidemocrática y no haría más que envenenar más las cosas en el País Vasco. Más que buscar una solución que pueda llevar al pueblo vasco a la autodeterminación, el Estado español intenta disolver las fuerzas políticas vascas y negar el proyecto independentista. No es ilegalización lo que hace falta, sino, sobre todo, intentar encontrar soluciones. Prohibir Batasuna en el País Vasco sería como prohibir el Sinn Fein en Irlanda, lo que conllevaría un desastre político, sabiendo que estos dos movimientos están apoyados por una

especial

kalegorria

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Disolución de partidos políticos Didier Rouget Abogado

E

l proyecto de ley español sobre los partidos políticos que intenta prohibir las organizaciones independentistas vascas es comparable al que ha hecho Turquía con respecto a los partidos pro-kurdos acusados de fomentar el separatismo e incitar a la violencia: disolución de organizaciones políticas, congelación y embargo de sus bienes, prohibición a sus dirigentes y responsables de fundar o participar en un nuevo partido político. La Corte constitucional turca argumenta que estas organizaciones atentan contra la integridad territorial y la unidad del Estado turco, ya sea mediante las declaraciones de sus dirigentes y responsables contrarios a la Constitución así como a la ley portadora de las reglamentaciones de los partidos políticos. Además, los objetivos contenidos en sus programas, cuya naturaleza incita a una parte de la población a sublevarse así como a actividades ilegales, serían contrarios a los principios constitucionales del Estado turco. En una serie de decisiones tomadas de 1998 a 2002, la Corte europea de Derechos Humanos ha condenado a Turquía por violar los derechos de libertad de asociación, protegida por el artículo 11 de la Convención europea de Derechos Humanos.

El derecho a la libertad de asociación está protegido por el artículo 11 de la Convención europea de derechos humanos. Para la Corte europea, este derecho tiene el objetivo de asegurar la protección de las opiniones y de la libertad de expresión. En este sentido, los partidos políticos juegan un rol esencial para el mantenimiento del pluralismo y el buen funcionamiento de la democracia y participación del ejercicio colectivo de la libertad de expresión. La Corte afirma: “No hay democracia sin pluralismo” y esto vale no sólo para las ideas concebidas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas chocantes o inquietantes.

En opinión de la Corte, el hecho de que el proyecto político de un partido sea considerado como incompatible con los principios y estructuras actuales de un Estado no supone que sea contrario a las reglas democráticas. Es la propia esencia democrática la que permite la propuesta y discusión de proyectos políticos diversos, incluso aquellos que ponen en cuestión la forma de organización actual de un Estado, en tanto que no atenten contra la democracia en sí misma.

A estos efectos, la Corte ha considerado que los principios defendidos por un partido, como el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de los derechos lingüísticos, no son contrarios a los principios fundamentales de la democracia. Con esta perspectiva remarca que si

los Estados consideran que la única defensa de estos principios se resumiera a plantearlos solamente cuando una formación política apoya “actos terroristas”, disminuiría la posibilidad de tratar estas cuestiones dentro del marco de un debate democrático y permitiría a los movimientos armados monopolizar la defensa de estos principios.

La Corte considera que las propuestas inspiradas en estos principios y, sobre todo, en el derecho de autodeterminación pueden chocar contra las líneas directrices de la política gubernamental.

El buen funcionamiento de la democracia exige que las formaciones políticas puedan introducir estas reivindicaciones en un debate público, a fin de contribuir a encontrar soluciones a cuestiones generales que conciernen a todos los actores de la vida política.

En conclusión, para la Corte europea de Derechos Humanos, medidas tan radicales como la disolución del conjunto de un partido político y la confiscación de sus bienes no pueden ser considerados como necesarios en una sociedad democrática. Igualmente, la prohibición hecha a los dirigentes y responsables de un determinado partido, de ejercer funciones similares en cualquier otro partido político y de fundar una nueva organización, es también considerada como contraria al artículo 11 de la Convención europea de Derechos Humanos. Tales atentados a la libertad de asociación son más inadmisibles cuando concier-

SBURGO Debate en el Parlamento Europeo sobre la ilegalización del Partido kurdo HADEP

L

a formación abertzale Batasuna ha remitido a varios medios de comunicación la versión literal ofrecida por los servicios de traducción del Parlamento de Bruselas sobre el Debate sobre la Ilegalización de Partidos Políticos celebrado el pasado 27 de febrero. En el citado dossier se expone como el Secretario de Estado español, Ramón de Miguel, expuso el carácter insoslayable del problema y la necesidad de que la Unión Europea adopte una posición conjunta acerca del impacto negativo de tal medida en las libertades. Se refería a la ilegalización por parte del Estado turco del Partido Democrático del Pueblo (HADEP) por sus afinidades con el Partido de Trabajadores de Kurdistan (PKK). Aún así, De Miguel indicó que “Turquía ha demostrado desde hace muchos años su interés por estrechar lazos con la Unión Europea”. Sin duda, su mejor canal de acercamiento ha sido la exportación a nivel europeo del modelo de celdas de aislamiento, tal y como queda reflejado en el vídeo “Muerte silenciosa” editado por KALEGORRIA y dirigido por el realizador turco Huseyin Karabey.

Desde 1983 hasta 1997, el Estado turco ilegalizó trece partidos políticos, varios sindicatos, movimientos sociales y ascociaciones y clausuró tres medios de comunicación.

A mediados de 1994, un influyente empresario kurdo, ex presidente del ilegalizado Partido Democrático, Yasar Kaya, fue condenado en rebeldía a cuatro años de prisión por “fomentar el separatismo” en Turquía mediante declaraciones realizadas en el extranjero. Turquía acusaba a este partido de ser el brazo político del PKK. Este partido logró en diciembre del 2000 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos atendiera la demanda presentada en nombre de su

líder Abdulá Ocalan, que se encontraba encarcelado en la prisión turca de la isla de Inrali. Estrasburgo entendió que durante su procesamiento ocurrieron numerosas violaciones de sus derechos. Ocalan había sido condenado a muerte en Ankara en junio de 1999 por “separatismo y traición”. La presión de la población kurda residente en Europa fue determinante para que el Tribunal Europeo atendiera la demanda. Miles de kurdos realizaron manifestaciones en el Estado francés y Alemania y el Parlamento kurdo en el exilio realizó un gran esfuerzo comunicativo con diversas nacionalidades europeas para destapar las injusticias turcas.

El Estado turco mantiene estrechas relaciones con las mafias del narcotráfico, de carácter ultraderechista, y que en muchos casos cuentan con la excelente colaboración del Ejército y el Gobierno turco.

Aún así, Europa sigue interesada en acercar posiciones con uno de los mejores aliados de EEUU en la zona. Pero el Tribunal ha tenido que enfrentarse a violaciones de derechos humanos en Turquía en repetidas ocasiones. Los casos más conocidos han sido la condena a Turquía por violar el derecho a la vida, sentencia contra el citado Estado por la muerte de once desaparecidos durante las razzias del Ejercito turco en suelo kurdo entre 1993 y 1994, aunque las desapariciones y ejecuciones del Ejército se contaron por varios miles de kurdos. También se pudo demostar el asesinato de un detenido kurdo, Mehmet Ertak, que falleció a causa de las torturas sufridas por la Policía. La imagen mostraba la fotografía realizada por soldados turcos en los que posaban con cabezas cortadas de guerrilleros kurdos. El año pasado, el Gobierno turco fue condenado por las consecuencias de la invasión de Chipre en 1974. La invasión dejó tras de sí 1.500 personas desaparecidas.

terrorismo de estado

TERRORISMO DE ESTADO. Planificada y diseñada desde las más altas instancias, la guerra sucia contra Euskal Herria goza de absoluta impunidad.

La justicia es como la serpiente: sólo muerde a los descalzos. Monseñor Romero dixit. Y los escuadrones de la muerte se encargaron de liquidar su voz molesta. En otras latitudes, otros escuadrones de la muerte operan a la luz del día, de los taquígrafos del Congreso y de los tribunales especiales

y los mariachis periodísticos del pensamiento único. Son los monólogos represivos del Estado español: discursos de parálisis, dobles raseros unidireccionales y clandestinidades legisladas. Es el mensaje de la losa implacable del Poder. Impunidad. Para todo.

CUANDO EL MENSAJE

ES LA IMPUNIDAD Texto: KALEGORRIA • Fotografías: ARCHIVO

especial

Aprobada con la abrumadora mayoría parlamentaria española del 93% (PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria) frente a ese apoyo social virtual del 30% en Hego Euskal Herria, la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos –tan orgánica como la democracia anterior- ya está aquí. Con el corsé estricto del “patriotismo constitucional”, la inspiración metafalangista del “A por ellos!” y el angosto margen de la unidad de España y la democracia de mercado. Y a quien se salga de la foto, palo y tentetieso.

Para los objetivos represivos formales que se han aducido para la nueva vuelta de tuerca represiva (constatémoslo, una más todavía), serviría sólo con el artículo 515 del Código Penal por el que también se ilegalizó EKIN y Jarrai o el artículo 129 por el que nos clausuraron las voces disidentes de “Egin”, “Egin Irratia” y “Ardi Beltza”. Pero la cuestión es aparentar, agitar, atizar el fuego y seguir sembrando esa siniestra cultura del miedo que pretende paralizar, anular, desestructurar. En los últimos años, la mercadotecnia electoral española ha convertido Euskal Herria en el campo de batalla electoral en el que se dirime la balanza de los votos.

Tras años de estigmatización y satanización y de convertir a la izquierda abertzale en el enemigo interior que cohesiona, la guerra contra Euskal Herria cotiza al alza. Discursos de firmeza, declaraciones de guerra y leyes de regresión.

La reconquista electoral de las Vascongadas falló y Mayor Oreja mordió el polvo de la derrota. Nueva fase: si con sus reglas del juego no vale, se cambian

GAL-BARRIONUEVO.Tres meses y 9 horas de cárcel.

las reglas del juego. En esta extraña mezcla de Adam Smith y Benito Mussolini, de autoritarismo y desmanes, Videla se erige como máximo inspirador de confianza: “Terrorista no es sólo quien pone bombas, sino quién opera con ideas contra nuestra civilización occidental y cristiana”.

Angel Acebes, Mariano Rajoy y Pío Cabanillas ejercen como verdugos dialécticos. Instruyen, juzgan y sentencian a golpe de intoxicación. “La conexión es

kalegorria

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23-F, subvertir el Orden Constitucional

TEJERO. Cobra del Estado 316.000 ptas de pensión.

evidente”, pero ni un solo dato. 140.000 personas “conectadas”. Si alguién le preguntara por algún sumario judicial, sentencia firme, hechos reiterados objetivables… le respondería que esas preguntas “favorecen a los terroristas”.

Nada de nada: ya no hacen falta ni pruebas. Con tener megafonía y a Baltasar Garzón es suficiente. En un sistema cerrado de propaganda retroalimentada, quién duda, colabora con el terrorismo ciego. Malditos intelectuales, que diría Millán Astray.

Sólo hay espacio para la docilidad. Es el neoliberalismo judicial: si una ley no funciona, la suprimen; si un organismo popular estorba lo ilegalizan; si una sala de la Audiencia Nacional se vuelve díscola, se la arrasa; si un juez disiente, turno de lo expedientes. Y es que si el asunto no prospera todavía y no se agiliza más es, simplemente, por culpa de esos “jueces cagones”, en palabras del ultraderechista Carlos Dávila desde ABC, que no se atreven.

Pocas novedades. En sociedades clasistas, jerárquicas y autoritarias, la ley es la expresión del dominio de los pocos sobre los muchos y de circuitos obligados de obediencia debida:

■ b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

Artículo 9.2 Ley Orgánica de Partidos Políticos

Para subversión del orden constitucional, el golpe(s) de Estado del 23 de febrero. Fue tanta la subversión acumulada que los jubilados del 23-F están cobrando hoy la máxima pensión que reconoce la dirección general de clases pasivas (Ministerio de Hacienda).El exgeneral Alfonso Armada, el teniente coronel Antonio Tejero y el coronel José Ignacio San Martín reciben la pensión máxima de 316.422 pesetas. Para estar condenados por rebelión militar a 30 años que nunca cumplieron, no está nada mal.

Otros oficiales como Ricardo Pardo Zancada –que asaltó el Congreso con 120 soldados de la Acorazada Brunete-, Miguel Manchado, José Luis Abad y Jesus Muñecas (que en 1994 organizazó un homenaje a Tejero y a los abogados defensores) perdieron su uniforme al ser condenados a más de cinco años, pero reciben pensiones de entre 200.000 y 250.000 pesetas y se les computaron los trienios para incrementarles las cantidades a percibir. Por su parte, el comandante José Luis Cortina, está en la reserva con 250.000 pesetas mensuales remuneradas que son compatibles con la actividad privada.

Los ya fallecidos Milans del Bosch, Torres Rojas, Ibañez Ingles y Mas Oliver dejaron pensión a sus viudas y, en alguno de los casos, la vivienda militar que ocupaban.

Guardias civiles, también De los tenientes de la Guardia Civil que participaron del “golpe contra la democracia”, hoy son tenientes coroneles en activo Jesús Alonso Hernáiz, César Alvarez Fernández y Pedro Izquierdo Sánchez. Vicente Carricondo es comandante y Vicente Ramos Rueda –el mismo que zarandeó a Gutiérrez Mellado– se retiró con la graduación de comandante. Todos participaron el homenaje a Tejero en 1994. A la reserva también han pasado graduados como teniente coronel Francisco Acera y Juan Pérez de la Lastra. Carlos Lázaro Corthay se retiró como coronel y Manel Boza, como capitán. Además, los condenados del 23-F que no perdieron el uniforme fueron galardonados con la Cruz de San Hermenegildo, que incrementan en 12.000 pesetas la jubilación mensual. Para haber intentado tumbar la “joven democracia española” mediante golpe de Estado, no está nada mal.

BALLESTEROS. La estructura franquista intacta.

del civil al militar, del rico al pobre, de la mujer al hombre, del débil al fuerte, del inmigrante al empresario. Un vasto complejo de violencias, sumisiones y silencios donde la ley siempre actúa contra los mismos. La impunidad del Poder es la garantía de que la Ley no se girará contra los amos del sistema: ni a los GAL, ni a los milikos del 23-F, ni a Melitón Manzanas, ni al general Masa ni a De la Rosa, les espera la cárcel por delitos mucho más graves que pasar una papelina de cocaína en un barrio pobre o dar un tirón de bolso a algún turista europeo. Humor negro latinoamericano: “El problema

no es que te cojan robando, sino robando poco. Si robas mucho, te nombran ministro”. Se legisla contra la pobreza y contra la disidencia y el Estado de Derecho entra en el circuito del esperpento de Valle Inclán.

El Sistema de Poder funciona así: la impunidad es la recompensa que se otorga al terrorismo de Estado.

Si se aplicaran sus propias leyes, Barrionuevo no pagaría la factura de los GAL con tres meses y nueve horas de presidio. En esta historia, Saturno nunca va a devorar a sus propios hijos.

Aunque Galindo desfile ahora por los juzgados donostiarras acusado de narcotráfico, la siniestra “razón de Estado” emerge, resurge y rescata a sus mercenarios. Y entre bastidores, corren los cheques y los talonarios por los servicios prestados.

“Los señores de la guerra” aprenden ahora del bagaje represivo latinoamericano y de los años de plomo italianos: suprimir las conciencias, arrasar la hierba y regar la tierra con sal. Y el mensaje ya no es

la factura de detenciones, represiones e ilegalizaciones que soporta la disidencia. El mensaje es la propia impunidad e inmunidad.

‘Troupe’ en la calle Como síntoma permanente y vivo de esta impunidad que campa a sus anchas y de que la inmunidad es el destino que el Estado se autootorga, está la edulcorada “transición democrática”: un alarde de impunidad que sentenció el olvido y decretó la amnesia.

En la “reserva espiritual de Occidente”, la Ley de Punto Final no fue necesaria porque no fueron necesarios ni juicios que dirimieran responsabilides ni memorias que clarificaran la represión sistémica. Ni un triste juicio –formal–, ni una modesta Comisión de la Verdad para después amnistiar. Son así de originales: proceso abreviado.

“Olvídense, todo fue una broma macabra”. Y los muertos de Atocha, al hoyo y los vivos, al Pryca.

Y así nos va. Borbón y cuenta nueva. Al menos desde 1978 –ese año de ol-

vidos tragicómicos que otorgó gratuitamente carta de “demócratas” a asesinos, represores y torturadores– corren por la calle y por el Poder los que ordenaron liquidar a los obreros de Gastéiz, los que indujeron los crímenes de Atocha, los ideólogos del Batallón Vasco Español y la Triple A, los que asesinaron a Grimau, los que diseñaron y perfeccionaron la maquinaria represiva centrífuga. Ni tan siquiera un mínimo de formalidad democrática que les hubiera hecho pasar por el banquillo de los acusados, que les hubiera inhabilitado para el ejercicio del Poder. Síntesis de Martín Villa: “Lo nuestro son errores, lo suyo crímenes”. La transición pretendió extirparnos el órgano de la memoria. En Euskal Herria no funcionó la operación quirúrgica y de aquellos polvos, estos lodos.

Quien ejercite el músculo de la memoria está condenado a la frustación. No lo duden. Los otros nombres de escalofrío en la médula espinal ya no salen,

pero ahí están: Creix, Conesa, Ballesteros, Martínez Torres (“el carnicero de Zaragoza”), siguen cobrando su sueldo del erario público y les seguimos pagando su nómina mensual. La impunidad continúa y continuó como paradigma fundamental del sistema: antes de 1978 y después. Desde Amedo y Dominguez, pasando por Mariano Rubio, Conde y los que saquean impunemente el Estado hasta José Luis Geresta, un manto de silencios e impunidades.

Y es que el modelo transitorio español de la desmemoria ha sido la materia exportable que otorga –en

M. VILLA. De Gasteiz a Endesa: “Lo nuestro son errores”.

Dos varas de medir Tres meses y nueve horas por los GAL ■ a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

Artículo 9.2 Ley Orgánica de Partidos Políticos

Apliquemos por un momento la lógica fría de los enunciados judiciales. A riesgo de demagogia, exceso de cinismo y simplicidad y, sobre todo, de la falsa credibilidad transitoria en la existencia de una judicatura neutral. ¿Qué valen los GAL en la justicia española? Tres meses y nueve horas de cárcel. José Barrionuevo, el mamporrero del SEU de camisa azul falangista reconvertida, pagó con 80 horas de cárcel cada una de las 27 víctimas de los GAL. Democracia exquisita. Justicia infinita. La red de financiación pública del terrorismo de Estado y la malversación de caudales públicos explícita, ¿donde se condena? ¿Lo eufemísticamente “malversado” se devuelve? De los seis presidentes que ha tenido Nafarroa, dos están acusados de corrupción y uno ha dimitido.

¿Devuelven lo robado?

Desde que en 1983, cuando Jesus Gutiérrez Argüelles, inspector del Cuerpo Superior de Policía junto a tres polícias más adscritos a los Grupos Especiales Operativos (GEO) intentaron secuestrar al refugiado vasco José María Larretxea, la lista de impunidades e inmunidades con protección política y policial española es extensa, dolorosa, tragicómica: José Amedo, George Mendaille, Rosino, Ballesteros, Julen Elorriaga, Planchuelo, Jesus Martínez Torres…La reunión en un local de ICONA de Guadarrama para crear los GAL, ¿en qué sentencia queda reflejada? La impunidad vuelve a

funcionar con puntualidad histórica: cuando Francisco Paesa es imputado por colaboración con los GAL, se reconvierte automáticamente en representante de Sao Tomé ante la ONU. Cuando el comandante Rafael Masa, condenado por torturas e incluido en el sumario 14/86 de Bayona sobre los GAL resulta salpicado, es destinado a Bolivia en “misión reservada encargada por el Gobierno”. Tres meses después es ascendido a teniente coronel. La impunidad, la inmunidad, funciona así.

Apología del terrorismo ■ a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta.

Artículo 9.3 Ley Orgánica de Partidos Políticos

La reiterada negativa a condenar el alzamiento fascista del 18 de julio y los 40 años de dictadura franquista (o su defensa implícita) o el rosario de declaraciones a favor de los GAL (“ETA no duraría más de dos o tres años sin unos jueces que te metiesen a la prisión por combatir el terrorismo y con unos servicios secretos sin

aras de la paz social– carta de senador vitalicio a Augusto Pinochet en Chile, o convierte al general Rios Montt –el mismo de la “tierra arrasada”– en presidente del Congreso de Guatemala. Si alguién pasa por los juzgados es por casualidad. Como en Guatemala.

Cuando en 1998 asesinaron a monseñor Gerardi por atreverse a poner cifras y datos de la represión estatal en el informe “Memoria del Silencio”, la policía mantuvo detenido a su perro durante dos meses como “principal sospechoso”.

El Estado de Derecho funciona así.

“La máquina no para, exige combustible, se enloquece, devora al inventor (...) Pensar está prohibido: el regimen sospecha y no le falta razón, que quién piensa conspira”

Impunidad prolongada El relego de la memoria al olvido funciona con rapidez amnésica. En diciembre de 2000 se firmaban más de 1.400 insultos. Entre ellos, los de Julio Hierro, María Jesús Fanegas, Anibal Machín, Juan José Fernández, Abel Alberto Núñez, Isidoro Martínez, Emilio Mariño, Carlos Prieto, Jose Luis Fraile, Luciano García, Pedro Laiz, Paulino Navarro, Jose María Rodríguez y Damián

complejos”, Rodriguez Ibarra dixit) bien podría considerarse apología del terrorismo. Cuando Sabino Fernández Campo afirma pletórico que “yo si desfilé en Barcelona cuando se tomó la ciudad” en enero de 1939; cuando Juan Carlos de Borbón y Borbón afirma, desde el más profundo alarde de españolismo e ignorancia, que “nunca fue el español una lengua de imposición” o cuando el general Saénz de Santamaría determina que “hay cosas que no se hacen, si se hacen no se dicen, si se muestran se desmienten”, por qué ningún fiscal abre diligencias previas “por si fueran constituivas de delito” Cuando Garzón se inventó el delito de “estigmatización y satanización” (inexistente en el Código Penal) contra Ardi Beltza y Pepe Rei, ¿seria aplicable la misma fórmula represiva por “colaboración” e “inducción” la campaña que realizó el diario ultra “ABC” contra Herri Batasuna y Josu Muguruza o las viñetas de Gallego & Rey en El Mundo (“ETA va al Parlamento”) previas al atentado del Hotel Alcalà? Dos raseros y dos varas de medir.

Pasa lo de siempre: la interveción policial de los Mossos de Esquadra en la Librería Europa de Pedro Varela, antigua sede de la disuelta CEDADE y uno de los puntos neurálgicos del nazismo europeo e internacional, todavía se dirime en los juzgados. La librería sigue abierta, pero determinadas instancias judiciales quieren ver en su antisemitismo y en la negación sistemática del holocausto judío un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el delito

Vinayo. Torturadores. Condenados en firme por torturas y malos tratos.

Es la otra cara de la impunidad. Cuando una acusación popular o particular consigue abrir diligencias judiciales, se dificulta la investigación, se dilata el proceso y una multitud de prestigiosos abogados de bufette y abogados del Estado se pone en marcha para evitar la condena. Si, por decoro y formalidad, se rubrica la condena, el Consejo de Ministos decreta el indulto. Los ascensos van paralelos y la impunidad recupera su prestigio perdido. Son las rutinas del Poder.

En el paraíso de la impunidad del Poder que es el Estado español, el imperio de la ley y el orden funcionan siempre contra los mismos. En un Estado donde cuentan más los dividendos de los siete millones de accionistas que las necesidades de los ocho millones de pobres, no hay espacio para que el Poder se siente en el banquillo de los acusados a pesar de que cada día maltrate, malverse y malgobierne. Por muy retroactiva

FRAGA. En el poder, en dictadura o en democracia.

que fuera la nueva ley de partidos, nadie ilegalizaría al PSOE por organizar los GAL ni al PP gallego por financiarse con fondos provinientes del narcotráfico.

Ni Garzón va a interesarse por la acusación de la Asociación de Juristas Americanos contra Javier Solana, como secretario general de la OTAN, por “crímenes de guerra” en la antigua Yugoslavia y en los Balcanes.

Y es que el terrorismo que ejerce el Poder es simplemente garantía de “justicia infinita” y “libertad duradera”. Y aún más, desde el 11 de septiembre. Ya lo dijo el portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Paulino Baena, refiriéndose

de apología del genocidio incorporado en el Código Penal de 1995. La librería sigue abierta.

“Egin” cerrado, sin juicio todavía, cínicamente reabierto por el mismo juez que lo cerró. El peligro está en quién denuncia el sistema, no en quién lo reproduce.

Don Melitón y la exaltación del terrorismo ■ g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior. h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.

Artículo 9.3 Ley Orgánica de Partidos Políticos

¿Si con el Código Penal vigente se prohibieron los homenajes a los cuatro militantes de ETA fallecidos en Bolueta, quién enviará a la policía al Parlamento por condecorar a Melitón Manzanas? ¿Se olvidaron? Don Melitón, ajusticiado tras infligir torturas y humillaciones a cientos de mi-

a los GAL: “Salvo excepción, sus víctimas son terroristas”. Capítulo cerrado.

Para mantener esta impunidad decorada en la escenificación de la democracia virtual española y la ofensiva final contra Euskal Herria, es necesaria una maquinaria millonaria y engrasada de propaganda cotidiana que colonize las mentes e inculque el miedo. El miedo a pensar, a saber, a hacer. Diseñar la ignorancia: conocer sólo del conflicto vasco que “ETA nació en un seminario”. A propósito de la dictadura militar en Uruguay, Eduardo Galeano escribía: “La máquina no para, exige combustible, se enloquece, devora al inventor (…) los analfabetos han asaltado la Universidad con el cuchillo entre los dientes. Pensar esta prohibido: el régimen sospecha, y no le falta razón, que quién piensa, conspira. El Estado es fuerte solamente para triturar, matar o expulsar a los hombres que piensan, se rebelan o dudan”. Y poca cosa más. Con la más absoluta impunidad.

litantes vascos de casi todas las opciones políticas, combatió con el fascismo, colaboró con el nazifascismo alemán y, en dictadura, se convirtió en el jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa que tanto torturó y asesinó. ¿Se olvidaron también? ¿Qué fiscal ordenara disolver la concentración de solidaridad organizada por el PSOE frente a la cárcel Guadalajara para apoyar a Vera y Barrionuevo en su ingreso en prisión como convictos? ¿No es exaltación del terrorismo, del GAL? ¿Homenaje a quienes “las cometen o colaboran”?

Las permanentes campañas de “ABC” y “La Razón” a favor del indulto y la excarcelación del General Galindo no se engloban en la recompensa, homenaje y distinción a “acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas”.

Cuando el Consejo de Ministros, una y otra vez, indulta o asciende a funcionarios condenados por torturas no está “dando cobertura”. ¿Para cuando el decálogo de no incluir en listas electorales a quienes hayan promovido y amparado la tortura? Cuando el politólogo Ramón Cotarelo escribe en “El Periodico de Catalunya” que los militantes de ETA a la segunda hostia “ya cantan”, ¿no es una “humillación” a las 6.000 personas torturadas que ha dejado esta plaga en Euskal Herria en los últimos años? Demasiadas preguntas sin respuesta para jueces que no oyen, forenses que no ven y medios que no escuchan.

la cruzada “No se necesita matar a todos. Desde 1982, nosotros dimos desarrollo al 70% de la población, mientras matamos al 30%”. Lo decía el general Hector Alejandro Gramajo, exministro guatemalteco de Defen-

sa tras licenciarse en 1991 en Harvard en un curso de Relaciones Internacionales. Antes había liquidado a 200.000 personas. El cierre de espacios políticos y la supresión de derechos civiles precedió a la

LA SOMBRA DE SALAMANCA ES ALARGADA El 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca se celebraba el Día de la Raza, a escasa distancia del puesto de mando del general Franco. Asistían al acto el rector, Miguel de Unamuno, la generalísima Carmen Polo, el gobernador civil, el obispo de Salamanca, Pla i Daniel y el general Millán Astray. Tras las primeras intervenciones, a cargo de Jose María Pemán y Francisco Maldonado, en las que se atacó duramente a Catalunya y Euskal Herria como “auténticos cánceres en el cuerpo de la nación que el fascismo, que es el sanador de España, sabrá como exterminar cortando en la carne viva como un cirujano libre de falsos sentimentalismos”, alguién gritó el necrófilo “¡Viva la muerte!” seguido por el “¡España! ¡Una! ¡Grande! ¡Libre!” lanzado por Astray. A partir de ahí, la historia es conocida. Unamuno intervino con dureza inusitada –“venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis”– y Millán Astray le respondió con

TRANSICIÓN. Una dictadura sin juicios ni depuraciones.

el “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!” que lo inmortalizara. El acto acabó en un clima de extrema tensión y Unamuno fue destituido como rector.

Por las mismas fechas, Queipo de Llano solicitaba radiofónicamente en Andalucía que se

violase y matase a todas las mujeres republicanas. Tiempos de Cruzada Nacional. Guerra de exterminio planificada contra la República y la aniquilación mediante el terror del movimiento obrero y popular. “Francisco Franco, primer vencedor del

bolchevismo en el campo de batalla”. Y al menos 50.000 “rojos” más fueron ejecutados desde el 1 de abril de 1939 hasta 1946.

Tiempo de soplones, cunetas, delaciones y ejecuciones sumarias. De no dejar ni rastro. La dictadura franquista impuso después un perfeccionado sistema de ignorancia, de premios y castigos, de desculturización y miedos permanentes y de obediencias debidas y despolitizaciones obligadas.

La transición se encargó del resto. Un laboratorio político y represivo, repleto de asesores norteamericanos y alemanes a las órdenes de los intereses funcionales de las clases dominantes, sometió y violentó a la resistencia antifranquista, aplacó la movilización social y anuló la potencialidad de ruptura. Efectiva tarea de desmemorización colectiva y pérdida del sentido de la historia popular. El “consenso” pactado en restaurantes de lujo acabó por someter a unas clases trabajadores sobrexplotadas y transculturadas y por negar la libre autodeterminación

de los pueblos. Y Juan Carlos I y Suárez se limitaron a repetir lo que el monarca de la Corte de Prusia y Camphausen rubricaron en 1848. Cambiar casi todo para que nada cambiara. Pero en Euskadi ganó el no. Desde entonces, en Euskal Herria se han reproducido 40 años de dictadura y 25 años de “Zona Especial Norte”. 65 años de excepción. Sin transiciones. Las sacas de detenciones políticas no han parado en Euskadi Sur, ni aún con la tregua de la organización armada ETA en 1998.

Por eso, la sombra del espíritu de Salamanca se sigue prolongando en el tiempo y hoy se reproducen los discursos quirúrgicos. Acebes, Rajoy, Oreja, Garzón y séquito cortan “en la carne viva como un cirujano libre de falsos sentimentalismos”. Ya lo dijo Andrés Casinello en 1986: “Prefiero la guerra a la alternativa KAS”. Aznar desde Turquía tras el cierre de “Egin”: ¿Alguien se pensaba que no nos íbamos a atrever? La dialéctica de los puños y las pistolas.

La derecha española gobierna

especial

invisibilización –primero política, después física– de los sectores más comprometidos . Desde la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 hasta la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 ha llovido bas-

kalegorria

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tante. Pero, como en Palestina, están de moda las “salidas quirúrgicas”. A lo Millán Astray. Roque Dalton dejó escrito: “No olviden nunca que hasta el menos fascista de los fascistas, es un fascista”.

BATASUNA. Para los dueños de un sistema injusto que reprime para perpetuarse, ser de la izquierda abertzale ya se ha tipificado como delito.

“Tras 40 años de dictadura en Euskadi Sur, ganó el no. Desde entonces se han reproducido en Euskal Herria 25 años de ‘Zona Especial Norte’. 65 años de excepción. Sin transiciones.

Con detenciones cada día”

“Euskal Herria se parece cada vez más al Estado francés durante la guerra de Argelia, a Nicaragua después de 1971 y a Sudáfrica tras 1985.

La negación de lo evidente convertido en arte para anestesiar las conciencias” por segunda vez –vía elecciones– en toda su historia. Casi con los mismos nombres y los de su saga descendiente –Cabanillas, Mayor Oreja, Fernández Miranda, Aznar, Valdecasas, Fraga–, con nuevas y modernizadas dinámicas represivas (vinculadas a la OTAN) y tras todas las drásticas convulsiones políticas y socioeconómicas del precio de la reestructuración del capitalismo en el Estado español que han modificado y mutado drásticamente la estructura social, el tejido productivo y el entorno ecológico. Con las cambios drásticos del contexto internacional, pero siempre con el mismo fracaso: España, como proyecto de nación incontestable, no cuaja.

Tras 25 años, asistimos a un intento de “reforma de la reforma” con calzador represivo para fraguar esa “unidad” que viene fracasando en los últimos 500 años.

Un intento de configuración de ese “fascismo democrático” del que advierte Wallerstein como riesgo evidente de la globalización en los países enriquecidos por el capitalismo, que terminará reforzando un capital español –repleto también de apellidos franquistas– crecido en sus aventuras coloniales en América Latina y la Europa del Este.

Ley de Responsabilidades Por eso, la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 que abrió la veda de la liquidación física de los que defendieron la libertad y la legitimidad de la II República, se aparece como referencia histórica imprescindible. Salvando todas las distancias pero manteniendo su espíritu, la Ley de Partidos y el pensamiento y proyecto uniformizador del PP destila el olor rancio de los tres escuetos artículos de aquella Ley de Responsabilidades: contra las personas que “contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de la que se hizo víctima a España” y hasta los que “se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave”. Ilegalización y, como la ley de partidos, saqueo: “Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida

65 AÑOS DE EXCEPCIÓN. Tras 40 años de dictadura, se acumulan 15.000 detenciones desde 1978.

total de sus bienes”. Y aquel saqueo de patrimonio popular todavía se dirime hoy y está pendiente de recuperación, como pendiente de recuperación está una memoria maltratada y acosada.

Y es que a la pretensión –más que anunciada– del cierre de espacios políticos y supresión de derechos civiles (también del derecho a huelga, también de las personas inmigrantes), se añade la aplicación práctica y efectiva – 15 años de gobierno del PSOE incluidos– de la ya dilatada política de orden público del franquismo: tratar la organización como delincuencia, el conflicto social como una cuestión de orden público y la “ciudadanía” como enemigo interior a controlar y someter.

Tanto bagaje represivo, franquismo sociológico y tradición

derechista se tenía que visualizar. Y ha sido el ex-presidente de la república italiana Francesco Cossiga –democratacristiano más que implicado en los entresijos represivos tejidos en los años de plomo italianos y sus 8.000 detenidos y 4.000 encerrados– quién ha hecho el ejercicio básico de memoria histórica. Sin demasiado esfuerzo ha tildado a Aznar de “cabo de cuartel marroquí de la legión extranjera de Franco”, ha manifestado que “por su manera de hacer y su vida, no entiendo como no se le considera un falangista”, y ha asegurado que, en su opinión, “ni Goebbels ni Hitler se atrevieron nunca a calificar de perversión cultural y ética un acto de los obispos”. Aznar es un cuartelero y, como Dios y el Caudillo, no duda de su eternidad. Querría ser Blair, pero no pasa de Churruca. Y desde enton-

ces, Euskal Herria se parece cada día más al Estado francés durante la Guerra de Argelia, a Nicaragua después de 1971 o a Sudáfrica después de 1985. La negación de lo evidente convertida en arte para anestesiar las conciencias.

Violencias La sombra de Salamanca se proyecta nuevamente en el Estado español, pero para ello es necesario convertir el Estado en un inmeso cuartel que vigila, reprime, castiga, ilegaliza, decreta y controla. En el epicentro de la propaganda política y mediática, la violencia. Pero solo una: la violencia política en Euskal Herria. Las otras violencias no existen: ya no las otras violencias que definen y caracterizan al conflicto (tortura, ejecuciones extrajudiciales, agresiones), sino las otras violencias de las que el Estado es responsable y reproductor: la violencia y

coerción legal contra las migraciones pobres (3.000 muertos en el estrecho en una década), la muerte que exporta la industria militar española, las cifras dolorosas de la siniestralidad laboral, el reguero de muerte que dejan anualmente las cárceles españolas, la violencia sexista...

La sombra de Salamanca es el espíritu de Ermua que vimos en Las Ventas: los gritos acusatorios de “comunistas” y “catalanes” contra Sacristán y Raimon. Y es que la izquierda cómoda, autista y estéril es como las ovejas dóciles: piensan que el lobo es vegetariano. Pero el recorte de libertades afecta a cualquiera que piense diferente y tenga suficientes anhelos de superar un status quo injusto y desigual. Alberto Fernández Díaz, máximo dirigente del PP en Catalunya, ya ha mostrado, solícito, su expreso deseo de que se apruebe la ley para que también se ilegalizen determinados organismos de la izquierda independentista catalana. Al tiempo. Desde el punto de vista de los dueños de un sistema injusto que ladra y asusta para perpetuarse, toda reivindicación es tildada de provocación terrorista.

Gasolina al fuego. Quien dude sobre los bondades del Pacto contra el Terrorismo y por las Libertades, ingresa en la lista de los desafectos. Hasta los pasivos serán acusados de complicidad.

La lucha por la independencia y el socialismo está reprimida y judicializada desde hace años. Ser de la izquierda abertzale se ha convertido en una forma de delincuencia y, en toda su historia, la resistencia vasca no ha recibido mayor elogio que la persecución feroz a la que está sometida. La nueva vuelta de tuerca fomenta en el Estado español el odio atávico contra ella: la teoría del progrom y los apestados. Ya lo dijo Savater: “Antes, con la cabra de la Legión”.

Símbolo universal de la democracia, la paz y los derechos humanos para todos y todas.

Benedetti escribía en su “Oda a la Pacificación”: “No sé hasta donde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz / pero ciertos corredores de seguros ya colocan pólizas contra la pacificación / y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados / Cuando los pacificadores apuntan por supuesto tiran a pacificar / y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro / Es claro que hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda / o algún estúpido que resiste la pacificación a fuego lento / en realidad somos un país tan peculiar/ que quién pacifique al pacificador un buen pacificador será”.

especial

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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> EUSKAL HERRIA. ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… SILENCIO, , , ¡SE RUEDA! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

El guión está escrito en algún despacho de Interior. Euskal Herria es, oficialmente y en el resto del Estado español, el país de los muros. Una telaraña infinita de engaños, manipulaciones y tergiversaciones. El país que no existe. Con su maquinaria de propaganda, el Estado organiza la desinformación y decreta la ignorancia. Es la primera victoria. Hasta Amnistia Internacional empieza a ser sospechosa: calificar a ETA –como viene haciendo desde hace años– como “grupo armado vasco” le ha valido un furibundo ataque de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que ha acusado al organismo internacional de poco menos que de connivencia y desprecio a las víctimas. El asedio mediático a la realidad vasca está alcanzado los límites orwellianos.

Si Chomsky afirma que “la propaganda es a la democracia lo que la porra a la dictadura”, Euskal Herria lo confirma. El dolor y sufrimiento acumulados por importantes sectores de la sociedad vasca, con cargo a la represión y a los presupuestos generales del Estado, no constan en ninguna parte. Torturados, deportados, exiliados, encerrados, dispersados. Ejecuciones extrajudiciales y terrorismo de Estado impunes, sin juicio ni investigación ni sentencia. Realidades patentes que no aparecen nunca en el vocabulario de la opinión publicada española. El secuestro de la realidad provocará, cuando Euskal Herria alcance la libertad, el efecto reflejo del “es que yo no sabía” del postfascismo en Alemania, del postmilitarismo en Argentina, del postapartheid en Sudáfrica.

Un balance breve Según datos de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) han causado la muerte a 78 civiles. Otras fuentes cifran en 120 personas las muertes ocasionadas por acciones policiales (la última, la de Iña Ceberio a manos de la Ertzaintza). Entre 1968 y 1975, las Fuerzas de Orden Público causaron la muerte de un mínimo de 44 personas en la CAV y Nafarroa. La cifra correspondiente a los años posteriores a la transición (1976-1982) asciende a otras 84 muertes –muchas de ellos a tiros en controles policiales o manifestaciones. Rosa Zarra murió a finales de los noventa como consecuen-

cia de un pelotazo de goma lanzado por la Ertzaintza.

Para J. Zulaika (Enemigos, no hay enemigo, Donostia, Erein, 1999), los grupos parapoliciales y de extrema derecha –incluídas en las dinámicas del terrorismo de Estado y la guerra sucia contra Euskal Herria- han matado a 67 personas. Pero, según los datos de la Dirección de Derechos Humanos, son 79 las muertes atribuibles a la acción de inconrtrolados. Otras fuentes cifran en 44 las víctimas mortales por acción parapolicial en el período 1976-1982 en 44 muertes y 128 heridos. Entre diciembre de 1983 y julio de 1987 los GAL causaron 27 víctimas mortales.

En 1989, el diputado Josu Muguruza fue asesinado en el Hotel Alcalá.

Desde 1978, se estima que entre 11.000 y 15.000 personas han pasado por la cárcel por motivos políticos y 10.000 vascos y vascas antes de 1978. Globalmente 25.000 detenciones desde 1968. Desde la “transición democrática”, dos ciudadanos vascos han sido detenidos cada día por motivaciones políticas. Quince cada semana. Sesenta y uno al mes. 736 vascos y vascas han pasado cada año por manos de los cuerpos represivos. En 1985, de las 1.181 detencciones relacionadas con ETA sólo hubo 69 sentencias de cárcel.

Sobre estas detenciones, Amnistia Internacional cifra en 4.870 las denuncias por torturas y malos tratos, mientra que Torturaren Aurkako Taldea (TAT) estima en 6.000 casos. Entre ellos, el de cinco militantes de ETA que murieron como consecuencia de la tortura. Además, hay que añadir las muertes de nueve familiares de presos políticos como consecuencia de los impactos de la dispersión penitenciaria y la de los 15 presos políticos vascos que han muertos en cárceles españolas. A los que cabe añadir, el colectivo de refugiados y perseguidos –2.000 personas– y deportados –43 en 1995.

Para silenciar esta realidad, el Poder ha cerrado, desde la “llegada de la democracia”, un mínimo de cinco medios de comunicación. Euskal Herria. Silencio. Se sigue rodando. En 1968, 1970, 1973, 1975, 1978, 1981, 1982, …1996, 2002. El mismo guión, “la via policial”. Carrero Blanco, Arias, Rosón, Martín Villa, Barrionuevo, Corcuera, Mayor Oreja, Rajoy: “prácticamente desarticulada”. Un ridículo espantoso.