Periodismo por el AIP: dossier de casos by Fundación Violeta Barrios de Chamorro

Periodismo por el

Acceso a la Información Pública

dossier de casos

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Periodismo por el

Acceso a la Información Pública

Periodismo Acceso nformación Pública dossier de casos

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Instituto para Sociedades Abiertas

Presentación Este dossier es uno de los productos del proyecto Periodismo por el Acceso a la Información Pública · www.periodismo-aip.org · , una idea que nace con el objeto de promover el conocimiento y la utilización del derecho de acceso a la información pública en cinco países de Latinoamérica. Durante la primera etapa de implementación de este proyecto (septiembre de 2008 a septiembre de 2009), las expectativas en cuanto a la participación de organizaciones y periodistas de otros países se vieron superadas. Un año más tarde se ha conformado una red de periodismo que abarca a 17 organizaciones de 12 países y a más de 50 periodistas. Sin embargo, aquí buscamos resaltar las investigaciones periodísticas de los y las participantes de Argentina, Colombia, Nicaragua, Perú y Venezuela durante este primer año de trabajo. Hemos seleccionado para presentar aquí 24 casos en los que se narran diferentes situaciones de pedidos formales de acceso a la información pública en estos cinco países. Las experiencias reflejan las posibilidades periodísticas que se abren ante pedidos oficiales de datos y documentación en manos de distintos órganos de los estados nacionales o locales. Generalmente, si bien los casos se enmarcan en investigaciones periodísticas de alcance mayor al pedido específico, en el dossier se destaca la instancia que involucra la solicitud formal de acceso a la información pública. En cada uno de ellos incluimos documentos ilustrativos tales como el pedido de información, la respuesta recibida, documentos referidos a actuaciones judiciales o los artículos periodísticos resultantes. El criterio de selección de estos documentos descansa, en primer término, en la posibilidad de su reproducción de acuerdo a la extensión y formato -ya que algunos constan de decenas de páginas-, así como también en la información que los mismos agregan a la narración inicial del caso. Aquellos documentos existentes, que por estas razones fueron omitidos, se detallan junto al texto de presentación de cada caso. Todos ellos pueden consultarse en el sitio web de Periodismo por el Acceso a la Información Pública · www.periodismo-aip.org. Los casos se encuentran listados en el índice que presentamos a continuación, bajo títulos que detallan el tema de la investigación y los resultados del pedido de acceso a la información. Están ordenados por país, a fin de agruparlos de acuerdo a la legislación particular que los ampara, y para facilitar su rápida localización.

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Las solicitudes formales de información pública aparecen aquí mencionadas de distintas maneras, de acuerdo al nombre que reciben en cada país donde tuvieron lugar. Por ejemplo, en el caso de Colombia son llamadas “derecho de petición de información”, mientras que en Argentina se las denomina habitualmente “pedidos de acceso a la información pública”. Esperamos que este dossier, junto con el Manual de Periodismo por el Acceso a la Información Pública, puedan servir de guía para los y las periodistas que se propongan incorporar este derecho como herramienta de trabajo.

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INDICE ARGENTINA Reparto irregular de planes sociales · La información provista por un ministerio permite denunciar su mala administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Honorarios de abogados del estado ante la Corte Internacional de Justicia · La denuncia en un diario impulsa la entrega de la información . . . . . . . . . . . . . . 13 Renegociaciones y demoras en un proyecto público de inclusión tecnológica · Un pedido de información permite confirmarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Complicaciones por aborto · Un pedido de información permite construir una investigación periodística con estadísticas de atención hospitalaria . . . . . . . 21 Espacios públicos · A partir de un pedido de información se denuncian concesiones vencidas y contratos irregulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Destrucción de documentos públicos · Se descubre un reglamento confidencial 28 Demora en la aplicación de la ley de educación sexual obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires · Una respuesta vaga para un pedido de información concreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ampliación de la red de subterráneos de Buenos Aires · La información obtenida evidencia demoras en la ejecución de las obras y falta de financiamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Gastos del Jefe de Gobierno porteño · La respuesta oficial a un pedido detalla montos para gastos y recursos excesivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Gastos en publicidad oficial en la Provincia de Mendoza · Sin datos, aunque la ley manda informar en detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 COLOMBIA Compras en el municipio de Cali · Una respuesta sobrecargada de información no impide denunciar irregularidades en la adquisición de un terreno . . 49 Embarazos adolescentes en el departamento de Caldas · Una investigación basada en información pública indica su aumento en los últimos años . . . . . . . . . 53 Hurtos en ascenso · La publicación de información obtenida alienta medidas preventivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

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Detención de “mulas” · Por un pedido de información se conoce el aumento acentuado de casos en 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Ante una negativa del Ejército, la Corte Suprema garantiza el derecho de acceso a información pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 NICARAGUA Seguros de vida para diputados · Por un pedido de información se descubre un aumento importante en ese rubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Escuelas públicas en terrenos no legalizados · La investigación permite comprobar problemas en el 90% de los casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Luego de un pedido de información, se suspende una contratación directa de la empresa pública de electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 PERÚ Presupuesto universitario · Una respuesta con información completa y de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Dos respuestas distintas a un único pedido de información sobre contrataciones públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 VENEZUELA Politización del servicio exterior · Varios pedidos sin resultados y una investigación con solicitudes alternativas de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Prevención frente a desastres naturales · Se descubre la falta de planes de instrucción para ciudadanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Planes de emergencia en el metro de Caracas · La información pública recibida permite destacar la importancia de las campañas de prevención . . . . . . 89 Cooperación entre Venezuela y Nicaragua · La respuesta a un pedido permite denunciar intercambio de recursos energéticos por apoyo político . . . . . . . 91

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Reparto irregular de planes sociales · La información provista por un ministerio permite denunciar su mala administración Gabriel Sued, periodista del diario argentino La Nación, realizó una investigación sobre el reparto de planes sociales a personas sin trabajo en la República Argentina. En el marco de la investigación, tramitó varios pedidos de acceso a la información y, como resultado, pudo conocer la dispar evolución de los dos grandes programas que administra el Ministerio de Trabajo. La mayor parte de los datos obtenidos sobre estos programas –que luego fueron publicados por Sued en un artículo del 17 de Junio de 2007-, fue entregada al periodista por las autoridades del Ministerio de Trabajo en respuesta a pedidos formales de acceso a la información pública hechos en el marco del Decreto 1172/03. Así, Sued pudo conocer que los organismos ejecutores de los programas eran los gobiernos provinciales y municipales, pero también distintas organizaciones de base. Si bien el Ministerio de Trabajo informó haber realizado un intenso trabajo de asistencia técnica a los organismos ejecutores para mejorar la evaluación y ejecución de los programas, el organismo auditor detectó irregularidades como la falta de documentación de los proyectos y los beneficiarios. A raíz de la nota, una diputada nacional impulsó un proyecto de resolución de la Cámara baja por la que se solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional información relativa a la gestión de los mencionados planes sociales. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Nota publicada en el diario La Nación • Proyecto de Resolución sobre pedido de informes (Cámara de Diputados)

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Arq. Alejandro Javier Negro

Buenos Aires, 2 de marzo de 2007

Responsable de acceso a la información Ministerio de Trabajo PRESENTE

De mi mayor consideración:

Le escribo para solicitarle información sobre los planes sociales para desocupados que administra el Ministerio de Trabajo.

Fundo la presente solicitud en el derecho de acceso a la información reconocido por el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, incorporados a la Constitución Nacional a través del artículo 75 inciso 22, y el decreto 1172/03.

Necesito saber:

• Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados: Qué cantidad de beneficiarios tiene en la actualidad.

Detalle de la evolución de cantidad de beneficiarios desde su creación hasta la actualidad, discriminado mes a mes o, si no es posible, año a año.

• Seguro de Capacitación y Empleo: Qué cantidad de beneficiarios tiene en la actualidad. Detalle de la evolución de cantidad de beneficiarios desde su creación hasta la actualidad, discriminado mes a mes o, si no es posible, año a año.

• Plan Más y Mejor Trabajo: Qué cantidad de beneficiarios tiene en la actualidad. Detalle de la

evolución de cantidad de beneficiarios desde su creación hasta la actualidad, discriminado mes a mes o, si no es posible, año a año.

• PEC: Qué cantidad de beneficiarios tiene en la actualidad. Detalle de la evolución de cantidad

de beneficiarios desde su creación hasta la actualidad, discriminado mes a mes o, si no es posible,

año a año. Detalle de los proyectos productivos del programa (incluyendo objetivos de los proyectos, responsables, cantidad de beneficiarios por proyecto y demás).

• Interzafra: Qué cantidad de beneficiarios tiene en la actualidad. Detalle de la evolución de

cantidad de beneficiarios desde su creación hasta la actualidad, discriminado mes a mes o, si no es posible, año a año.

Quedo a su disposición por cualquier consulta o inquietud respecto del pedido de información realizado. Muchas gracias por su colaboración, lo saluda atentamente,

Gabriel Sued Bouchard 557 5° gsued@lanacion.com.ar

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Proyecto de Resolución

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la Imprenta del Congreso de la Nación.

Nº de Expediente 3241-D-2007 · Trámite Parlamentario 081 (02/07/2007) Sumario: pedido de informes al poder ejecutivo sobre la gestión de la política social nacional. Firmantes: Bertol, Paula María. Giro a comisione: acción social y salud pública. La Cámara de Diputados de la Nación RESUELVE: Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de que a través de los organismos competentes se sirva informar sobre las siguientes cuestiones referidas a la gestión de la política social nacional:

1. Respecto de los objetivos establecidos para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), se informe:

a. ¿Cuáles son las políticas prioritarias para el corto plazo y las definiciones estratégicas

para el mediano y largo plazo, orientadas a abordar los principales problemas sociales?

b. ¿Cuáles son los mecanismos establecidos a la fecha para asegurar el control social del uso de los fondos públicos sociales y la responsabilidad de los funcionarios en la rendición de cuentas a la sociedad?

c. ¿Con qué periodicidad se desarrollan las auditorías de los Programas Sociales? Se comunique el resultado de las últimas disponibles.

d. ¿Cuál es el nivel de participación de la cooperación internacional que se registra

actualmente en el financiamiento de los programas sociales? En su caso, identificar las principales fuentes de financiamiento.

2. Respecto del funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS) se informe:

a. ¿Cuáles han sido las recomendaciones sobre políticas sociales que ha emitido el organismo? Se remitan los documentos en que se asientan esas recomendaciones.

b. Número y descripción de reclamos y denuncias recibidas de los consejos locales, beneficiarios y organizaciones sociales respecto de la gestión y alternativas de los programas.

c. ¿De qué manera se han suplido las necesidades de capacitación y formación en la gestión de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar su participación en los espacios asociativos?

d. ¿Se han puesto en marcha líneas de trabajo o proyectos productivos entre entidades

intermedias, organizaciones de apoyo y cooperativas? En su caso, ¿cuáles son y cómo se ha resuelto la escasez de recursos económicos, insumos y bienes de capital?

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H.Cámara de Diputados de la Nación

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e. ¿Cómo se ha articulado la convivencia entre entidades intermedias y los movimientos de desocupados y sindicatos? ¿Cómo se ha resuelto la tensión entre los “circuitos paralelos” para acceder a los planes sociales y la exigencia de “transparencia” por parte de las entidades intermedias?

.......................................................... (continúa)

FUNDAMENTOS Señor presidente:

Este pedido de informes se sustenta en lo general en la función de control de los actos de go-

bierno, propia del Congreso de la Nación, y en la publicidad de los actos de gobierno, esencia del gobierno republicano. En lo específico, el proyecto pretende conocer datos precisos acerca de la ejecución de la política social por parte del Gobierno Nacional.

En primer lugar, se solicita información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas So-

ciales (CNCPS), organismo de la Presidencia de la Nación creado en el año 2002 con la finali-

dad de “lograr una correcta y eficaz administración de los recursos del Estado destinados a la política social”. Según el gobierno nacional, el CNCPS se constituye como un “espacio articulador

de planificación y coordinación de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno, mediante la formulación de políticas y la definición de cursos de acción articulados e integrales, optimizando la asignación de los recursos, la transparencia en sus acciones y el control social”. Seguidamente, el proyecto indaga sobre cuestiones que corresponden a los objetivos por los

que se crearon los llamados “instrumentos de gestión” del propio Consejo: Consejo Consultivo

Nacional de Políticas Sociales (CCNPS), Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO).

Por último, se pregunta acerca de los Planes Jefas y Jefes de Hogar y Programa de Empleo Comunitario (PEC).

Entre los antecedentes de este pedido de informes se reconoce expresamente la investigación

realizada por el Diario La Nación y publicada el 17 de junio de 2007, titulada “Se reparten sin

control los planes sociales” por Gabriel Sued. y el proyecto de resolución de los diputados Marcela Rodríguez, Adrián Pérez, Leonardo Gorbacz, Emilio García Méndez, Nº de Expediente 4148-D-2006, Trámite Parlamentario 98, sobre Pedido de Informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la pagina web del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales - SIEMPRO -.

Finalmente, la información sobre los temas planteados puede despejar importantes dudas y cuestionamientos, los que pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Insuficiencia de información por parte del Estado Nacional acerca de su política social nacional.

.......................................................... (continúa)

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Honorarios de abogados del estado ante la Corte Internacional de Justicia · La denuncia en un diario impulsa la entrega de la información Pablo Abiad, periodista del diario argentino Clarín desde hace 14 años, cubrió a partir del año 2006 el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa Botnia y Ence sobre la costa del río Uruguay, frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú. En ese marco realizó una investigación sobre los honorarios percibidos por los abogados representantes de la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por este conflicto. Luego de haber presentado un pedido de acceso a la información pública, hubo que recorrer un largo camino para conocer que se habían gastado para ese fin más de 500.000 dólares. En un primer momento, Abiad solicitó informalmente los datos y, como no lograba conseguirlos, presentó -con el acompañamiento de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- un pedido formal basado en el derecho de acceso a la información pública. La solicitud de información fue presentada en julio de 2007 pero la falta de respuesta por parte del Gobierno persistió. Frente a tal situación, consultó nuevamente con la ADC respecto de cómo continuar para obtener la información, y así fue que se decidió litigar el caso. En primera instancia, el juez rechazó la demanda por una cuestión formal, sin pronunciarse sobre el tema de fondo. Ante ello, en la edición del domingo 4 de noviembre de 2007 de Clarín, Abiad informó a la opinión pública acerca de la imposibilidad de obtener los datos solicitados. Afortunadamente esto instó la acción de la presidenta que había sido electa recientemente, quien al día siguiente -aún antes de haber asumido su mandato- ordenó dar la información. Así se supo que algunos de los abogados cobraban por su tarea 400 dólares la hora. Un mes después, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia -órgano del Poder Ejecutivo Nacional encargado de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública- emitió una nota dónde reconoció expresamente que el derecho del periodista de acceder a esta información había sido violado.

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Noticia Publicada. Clarín I Noticia Publicada. Clarín II Noticia Publicada. Clarín III Noticia Publicada. La Nación I Noticia Publicada. La Nación II Noticia Publicada. Página/12

• Noticia Publicada. Impulso Baires • Pedido de Información • Pedido de Información (Reiteración) • Resolución Cancillería • Sentencia Judicial • Nota Subsecretaría

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3 Renegociaciones y demoras en un proyecto público de inclusión tecnológica · Un pedido de información permite confirmarlo Pablo Calvo, periodista del diario argentino Clarín, realizó una investigación sobre el proyecto de inclusión tecnológica y digital “Una computadora por niño”, anunciado por el Gobierno de ese país en el año 2005. El proyecto consistía en la compra de un millón de computadoras para entregarlas a niños sin acceso a la tecnología. Su objetivo era reducir la brecha de acceso a la tecnología digital con un bajo costo para el Estado. Argentina se sumaba así a la lista de países miembros del proyecto, que proponía a los Estados comprar grandes cantidades de máquinas portátiles, a buen precio, para luego distribuirlas gratis en las escuelas más necesitadas. A comienzos del 2008 Calvo, que es jefe del Equipo de Investigación del diario Clarín, efectuó pedidos de información para conocer el estado del proyecto. Así, supo que las computadoras que en un principio valdrían 100 dólares ahora tendrían un costo promedio de 180. Además de este cambio en el proyecto, durante el 2007 llegaron a la Argentina tanto computadoras provenientes del programa original como máquinas de Intel -empresa interesada en presentar su propio modelo de laptop educativa- y computadoras de la empresa israelí ITP, como tercera competidora. La empresa NEC, comunicó asimismo su interés en el tema. Esta variación modificó la idea original al permitir la incorporación de otras empresas interesadas en otorgar sus computadoras. Si bien el 2008 era el año de distribución de máquinas para las escuelas argentinas, a partir de las respuestas otorgadas a los pedidos de información formulados por el periodista, a comienzos de ese año se supo que aún no había un informe final sobre el estado del proyecto. Documentos disponibles en la web: • Nota publicada en el diario Clarín

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Complicaciones por aborto · Un pedido de información permite construir una investigación periodística con estadísticas de atención hospitalaria Mariana Carbajal, periodista del diario argentino Pagina/12, especializada en temas de género y de salud sexual y reproductiva, realizó una investigación sobre el aborto en su país. Para ello necesitaba consultar las estadísticas generales sobre egresos hospitalarios discriminados por diagnóstico, con el objeto de identificar los casos de internación por complicaciones médicas en los casos de aborto (tanto de interrupciones voluntarias como espontáneas). Estos datos son elaborados, a nivel nacional y respecto de los establecimientos oficiales, cada cinco años. Al momento de la consulta, aunque el último relevamiento correspondía al período 2000-2005, la información oficial no estaba disponible. A través de un pedido de acceso a la información pública y acompañada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la periodista accedió al mencionado documento. Los datos relevados por la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación dan cuenta de las internaciones registradas en centros asistenciales nacionales, provinciales y municipales. La solicitud de información fue realizada, en este caso, en el marco del Decreto Nacional 1172/03 que garantiza la posibilidad de toda persona de acceder a información que posee el Estado. Si bien estas estadísticas tienen algunas limitaciones con respecto a su cobertura (no toman en cuenta los establecimientos dependientes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, de Universidades Nacionales, como el Hospital de Clínicas, ni de las obras sociales y el sector privado), la información recavada permitió, entre otras cosas, concluir que los hospitales atienden a 188 mujeres por día por complicaciones de abortos. Se calcula que por cada caso que requiere de hospitalización, hay siete mujeres que recurren a un aborto seguro, sin complicaciones. En Argentina la práctica del aborto se encuentra penada por la ley salvo escasas excepciones, que incluso aún generan debate público e intromisiones innecesarias por parte del poder judicial. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Nota publicada en el diario Página/12

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Documentos relacionados Fragmentos de la nota publicada en el diario Página 12.

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Espacios públicos · A partir de un pedido de información se denuncian concesiones vencidas y contratos irregulares Daniel Gutman, periodista del diario argentino Clarín, realizó una investigación acerca de los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires de propiedad del estado local que están actualmente en manos de privados, a fin de averiguar cuál es el canon que se paga por ellos y hasta cuándo duran sus contratos. Con este fin, Gutman realizó en diciembre 2007 un pedido de acceso a la información pública con el asesoramiento de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), amparado en la ley Nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires que garantiza la posibilidad de toda persona de acceder a la información en manos del Estado. Así pudo saber que la mayor parte de los contratos están vencidos y que en muchos casos no se conocen exactamente los cánones cobrados a los concesionarios. Simultáneamente, en la Legislatura local se estudiaba un proyecto de ley impulsado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que apuntaba a controlar las concesiones de los espacios públicos que tiene la ciudad. El proyecto proponía intimar a todos los concesionarios a presentar la documentación de sus contratos y luego renegociar los cánones que pagan los privados para que se ajusten a los valores del mercado. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información • Nota publicada en el diario Clarín

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6 Destrucción de documentos públicos · Se descubre un reglamento confidencial A través de varios pedidos de acceso a la información pública realizados en conjunto con la ADC a comienzos de 2008, Oscar Londero, periodista argentino y editor responsable del portal Accesolibre.org, descubrió que las comunicaciones de la red radioeléctrica entre el Gobierno federal argentino y las provincias se preservan apenas durante un año. Pasado ese lapso, los radiogramas son incinerados sin más trámite. El periodista quería conocer qué información intercambiaron el Poder Ejecutivo Nacional y la Gobernación de la provincia de Entre Ríos entre el 15 y el 18 de abril de 1987. Es que durante esa Semana Santa se produjo el primero de los tres alzamientos militares registrados en Argentina tras la recuperación del sistema democrático de gobierno. Para ello, realizó consultas a través de pedidos de información pública dirigidos a la Dirección de Comunicaciones de Entre Ríos y a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Así supo, en palabras del Director de Comunicaciones de Entre Ríos, que “(…) el procedimiento seguido de destrucción de los mensajes transcurrido un año está estipulado en el Reglamento Orgánico de la Red Radioeléctrica de la Red de Presidencia de la Nación y Gobernaciones de Provincias, de carácter Confidencial y de aplicación en el ámbito de la mencionada red en todas las estaciones del país”. Esto fue confirmado por el Gobierno nacional en respuesta a consultas remitidas por la ADC. Julián Gadano, enlace jurisdiccional en materia de acceso a la información pública de la Secretaría General de la Presidencia, señaló que “la Red Radioeléctrica de la Presidencia de la Nación cuenta con un Reglamento Orgánico (RCMO2) de aplicación obligatoria para los Centros Provinciales, los cuales dependen de esta Dirección en sus aspectos técnicos, operativos y funcionales”, y agregó: “El mencionado reglamento se encuentra en vigencia desde el 3 de junio de 1968, mediante Resolución Nº 70 de ese año, dictada por el señor Jefe de la Casa Militar y su carácter es Confidencial”. En este caso, si bien la utilización de la herramienta de información pública no permitió acceder a los documentos públicos buscados –por cuanto éstos fueron destruidos-, a través de las peticiones realizadas se pudo conocer que aún se encuentra vigente un reglamento confidencial dictado por el Gobierno Militar del período 1966-1973.

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Documentos disponibles en la web: • Pedidos y respuestas – Acceso Libre • Pedidos y respuestas - ADC • Nota publicada en Acceso Libre.com

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7 Demora en la aplicación de la ley de educación sexual obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires · Una respuesta vaga para un pedido de información concreto Daniel Gutman es un periodista que trabaja en el diario argentino Clarín. Interesado en la Ley 2110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre Educación Sexual Integral, realizó pedidos de acceso a la información pública para conocer el estado actual de implementación de la norma. Sancionada a fines de 2006, la ley establece que la enseñanza en este tema debe introducirse en todos los niveles obligatorios y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las carreras de formación docente dependientes del Gobierno local. Gutman realizó su solicitud, basándose en la ley local N° 104, de Acceso a la Información Pública. Como respuesta, recibió los materiales curriculares que fueron distribuidos en las escuelas en el periodo 2007-2008 y que, según señaló el organismo consultado, integran el conjunto de acciones en relación con el cumplimiento de lo establecido por la Ley 2110 de Educación Sexual Integral. Además, la respuesta incluyó documentos de trabajo del equipo intersectorial integrado por profesionales de los Ministerios de Educación y Salud y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con numerosos materiales de la Escuela de Capacitación Docente CEPA de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que la respuesta al pedido de acceso a la información pública incluyó un gran número de materiales, se pudo conocer que el estado de implementación de la ley aún no era el esperado: los cursos de capacitación docente eran optativos y los talleres en las escuelas aún no se habían comenzado a realizar. Documentos disponibles en la web: • • • •

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Pedido de información I Pedido de información II Respuesta a pedidos de información Nota publicada en el diario Clarín

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Ampliación de la red de subterráneos de Buenos Aires · La información obtenida evidencia demoras en la ejecución de las obras y falta de financiamiento Daniel , periodista del diario argentino Clarín, realizó una investigación sobre las obras que se realizan en las líneas de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En su investigación incluyó un pedido de información pública. A través de un pedido de información pública presentado ante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) -el órgano encargado de planificar y ejecutar la construcción de la red-, le informaron que “debido a los problemas técnicos existentes”, la fecha prevista para la inauguración de algunas de las estaciones será recién a fines de 2010. A diferencia de los diez kilómetros de subtes que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prometió durante la campaña electoral que iba a construir en su primer año de gestión, a seis meses de iniciado su mandato, la perspectiva ya era diferente. En los años 2008 y 2009 sólo se inaugurarán tres nuevas estaciones. Las otras seis estaciones estarán disponibles recién para el 2010. En su nota, Gutman aclara que al atraso en la construcción de las nuevas líneas y estaciones, se agrega la problemática del dinero que se necesita para tal actividad, ya que la Ciudad no cuenta con los montos necesarios para sostener un plan tan importante. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información • Nota publicada en el diario Clarín

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9 Gastos del Jefe de Gobierno porteño · La respuesta oficial a un pedido detalla montos para gastos y recursos excesivos El periodista argentino Daniel Gutman realizó una investigación independiente para conocer algunos de los gastos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con el asesoramiento de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Gutman presentó en marzo de 2008 un pedido de acceso a la información pública indagando sobre los gastos del Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri. El mismo fue respondido por el funcionario a cargo de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad. A partir de la respuesta a su solicitud de información, el periodista pudo saber, entre otras cosas, que el Jefe de Gobierno de la Ciudad tiene asignada una caja chica especial de 50.000 pesos renovables, que los salarios de sus asesores superan el monto máximo por él fijado y que hay seis vehículos disponibles para su movilidad. Junto con la respuesta, el Gobierno entregó resoluciones firmadas por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que aprueban dinero extra para otros gastos habituales de la jefatura. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información • Nota de Daniel Gutman

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Argentina

10 Gastos en publicidad oficial en la Provincia de Mendoza · Sin datos, aunque la ley manda informar en detalle El periodista Jorge Hirschbrand presentó, en abril pasado, pedidos de información ante la Legislatura y la Casa de Gobierno de la provincia argentina de Mendoza, para conocer los costos que el Estado provincial emplea en concepto de pauta publicitaria. Durante los primeros cuatro meses, ninguno de los pedidos tuvo respuesta. En Mendoza existe una ley provincial –es la Nº 6.496, vigente desde el 27 de mayo de 1997- que establece que el gobierno debe presentar cada dos meses a la Legislatura, un informe detallado sobre los gastos realizados en concepto de publicidad, promoción, donación y subsidios. El Poder Ejecutivo de Mendoza no cumplió ni cumple con lo establecido por la ley. Tanto la Cámara de Senadores como la Coordinación de Comunicación Social de la gobernación se negaron a contestar la solicitud sobre los gastos en publicidad oficial. Además, ninguno de ellos otorgó una argumentación concreta sobre el porqué de la negativa de brindar información pública. La excepción estuvo en Diputados. Aunque lo hizo cuatro meses más tarde, el presidente de la cámara, Jorge Tanús, contestó al pedido con la entrega de las copias de los informes bimestrales enviados por el Ejecutivo en el marco de la ley mencionada. A pesar de la respuesta de Tanús, nada puede saberse del detalle de los gastos en concepto de pauta: los datos enviados desde Casa de Gobierno son incompletos y se limitan sólo a describir los aportes hechos en concepto de “subsidios”. De acuerdo con la norma, no sólo es obligación de la Administración Central brindar esa información, sino que también alcanza a todos los organismos descentralizados y empresas estatales o con mayoría accionaria estatal. Lo cierto es que el 10 de agosto 2008 venció el plazo para presentar el cuarto informe desde que el Gobernador de la Provincia de Mendoza asumió. Es responsabilidad del Ejecutivo enviar una planilla donde aparezcan registrados los montos pagados por publicidad y cuáles fueron las agencias y los medios de comunicación que recibieron esos recursos, y hasta “una copia de la resolución por la que se autorizó el gasto respectivo”, reza la ley. Aún tratándose de información pública y existiendo una ley que obliga a producirla e informar al poder legislativo, por ahora, la pauta sigue siendo un secreto provincial. Documentos disponibles en la web: • Pedidos de información • Nota publicada

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Compras en el municipio de Cali · Una respuesta sobrecargada de información no impide denunciar irregularidades en la adquisición de un terreno La Unidad Investigativa del diario El País, de Cali, Colombia, realizó una investigación sobre la adquisición, por parte de la Alcaldía de esa ciudad, de un terreno situado en Potrero Grande, que estaba vinculado con las actividades del narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta. Potrero Grande está situado en el municipio de Cali y es uno de los complejos habitacionales más grandes de la ciudad. Desde hace algún tiempo, vecinos del lugar rumorean que les quitarán sus casas a partir de la vinculación del terreno con el narcotráfico. La Unidad Investigativa del diario El País cubre principalmente temas relacionados con las actividades del narcotráfico que se desarrollan en el suroeste de Colombia. Uno de sus integrantes se entrevistó con el actual Secretario de Vivienda de la Alcaldía de Cali, Luis Eduardo Barreras. A la entrevista, el periodista llevó un derecho de petición de información en el que solicitaba copia de toda la documentación relacionada con la compra del terreno. Esa misma tarde, luego de recibida la petición, el funcionario envió a la redacción del diario las copias de alrededor de 2500 folios divididos en tres carpetas con la información solicitada. Después de reconstruir cada una de las carpetas, la Unidad Investigativa pudo conocer el procedimiento seguido por la Alcaldía para la adquisición del terreno y comprobar así que no se habían tenido en cuenta documentos que reposan en la Cámara de Comercio –organismo que detenta las funciones de un registro mercantil- y en los que se consigna que la Fiscalía ocupó el terreno en 1996. La edición de El País del 1 de junio de 2008 incluyó un artículo en el que se revela que la Alcaldía de Cali, en 2005, compró el terreno de Potrero Grande aún cuando estaba vinculado con las actividades del narcotraficante Juan Carlos Ramírez. Luego de publicada la información, los medios locales se hicieron eco de la noticia y autoridades judiciales contactaron al periódico para conocer más detalles de la investigación. Las autoridades judiciales deberán determinar la responsabilidad en la compra del terreno de los funcionarios de la administración del ex alcalde Apolinar Salcedo.

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Pedido de información Nota publicada en el diario El País Respuesta al pedido I Respuesta al pedido II

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Embarazos adolescentes en el departamento de Caldas · Una investigación basada en información pública indica su aumento en los últimos años Blanca Giraldo es periodista del diario La Patria, de Manizales, departamento de Caldas, Colombia. Allí cubre noticias relacionadas con la salud, tanto en el orden local como regional. Junto a otros reporteros y corresponsales del periódico, realizó una investigación sobre el embarazo adolescente en ese departamento, que resultó en la publicación de un informe a doble página el 22 de junio de 2008. Con el asesoramiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, la periodista elaboró un pedido de información que radicó ante la Dirección Territorial de Salud el día 15 de mayo de 2008. En el texto de su solicitud requería el número de partos de mujeres menores de 16 años atendidos por las entidades de salud del departamento; porcentaje de esos partos que correspondían a mujeres menores a los 14 años; porcentaje de esos alumbramientos atendidos en cada uno de los municipios del departamento y porcentaje de esas intervenciones médicas que tuvieron complicaciones y conllevaron a la muerte del feto. Antes de que se venciera el plazo de 10 días que prevé la ley para resolver un derecho de petición de información, la entidad entregó la información solicitada vía correo electrónico. El departamento de Caldas está ubicado en lo que se conoce como ‘eje cafetero’, la zona donde se encuentran las más grandes y prósperas plantaciones del café. A partir de este pedido, la periodista pudo establecer que allí el número de partos de mujeres menores de 19 años alcanzó un porcentaje del 26 y 25 por ciento en el total de alumbramientos atendidos por hospitales y demás entidades de salud en 2006 y 2007, respectivamente. También, pudo saber que en enero de 2008 ya se contaban 31 partos atendidos de mujeres menores a los 16 años, y que la mayoría de los embarazos registrados ocurrieron entre los 15 y 17 años. Asimismo, en la información recibida se registra una disminución de los partos de embarazos adolescentes atendidos entre 2006 y 2007. Mientras que en 2006 se contaron 3.453, en 2007 la cifra de partos de mujeres menores de 19 años alcanzó los 3.362. Luego de obtener las cifras que reflejaban la situación del departamento, la periodista entrevistó a mujeres que habían pasado por esta situación, a un experto en la materia, quien explicó las principales causas y posibles soluciones para el problema,

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Colombia

Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Nota publicada en La Patria

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y a ciudadanos del departamento, quienes expresaron su opinión acerca de la educación sexual que se imparte en las escuelas.

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Colombia

13 Hurtos en ascenso · La publicación de información obtenida alienta medidas preventivas Elizabeth Pérez es una periodista que trabaja en el periódico Llano 7 Días, de Villavicencio, Meta, en Colombia. Con la coordinación del Jefe de Redacción del diario, Jorge Cárdenas, realizó una investigación sobre el incremento de los delitos en esa ciudad. Con el asesoramiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, la periodista presentó el 22 de mayo de 2008, un pedido de información pública ante el Comando de Policía de Meta, en el que solicitaba cifras sobre los delitos ocurridos en los últimos siete años. El 3 de junio la Policía respondió a la solicitud enviando la información solicitada. A través de un derecho de petición de información pudo conocer las cifras comparadas de los distintos tipos de delitos ocurridos en los últimos 7 años, y determinar que el hurto es el delito que más ha aumentado. “Al principio, las autoridades locales mostraron cierta extrañeza ante el pedido de información pública”, comentó la periodista. Luego de la publicación del artículo, se implementó en la Ciudad un operativo especial denominado Plan de Toma a Villavicencio, con el fin de prevenir y disminuir los delitos. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información • Nota publicada

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Detención de “mulas” · Por un pedido de información se conoce el aumento acentuado de casos en 2008 Juan Esteban Mejía, es un periodista que trabaja en el portal colombiano Semana. com, donde cubre principalmente el área de derechos humanos. En ese marco, realizó una investigación sobre el tráfico de estupefacciones en Colombia a través de los aeropuertos internacionales. El 17 de julio de 2008 publicó un artículo sobre las detenciones de personas que fueron capturadas por la policía cuando intentaban sacar estupefacientes del país. Estas personas son usualmente denominadas “mulas”. Para llevar adelante su investigación, Mejía presentó –con el asesoramiento de la Fundación para la Libertad de Prensa- un derecho de petición de información ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. En el texto de su solicitud, consultaba el número de personas detenidas por estos casos en los diferentes aeropuertos internacionales del país, a lo largo de los años 2005, 2006, 2007 y lo que va de 2008. En su respuesta, la Policía incluyó un cuadro con el número de detenciones en cada una de las terminales de vuelos internacionales. A partir de ese cuadro, el periodista pudo establecer, por un lado, que la cifra de detenciones en todas las terminales en 2008, casi duplica la correspondiente al año anterior y, por otro, que el aeropuerto El Dorado de Bogota sigue siendo el más utilizado por el narcotráfico para intentar sacar sustancias ilícitas del país. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información • Nota publicada

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Colombia

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Colombia

15 Ante una negativa del Ejército, la Corte Suprema garantiza el derecho de acceso a información pública El 23 de abril de 2008, el periodista colombiano Juan Esteban Mejía presentó una solicitud de información pública ante el Ejército de su país, en la que requería datos sobre las condiciones en las que murieron diez personas a quienes el Ejército señalaba como miembros de grupos armados al margen de la ley. En su respuesta del 29 de abril de 2008, el jefe de Operaciones del Ejército Nacional, mayor general Gustavo Matamoros Camacho, negó la información indicando que “por tratarse de asuntos relacionados con la estructura militar y concernientes con la Defensa y Seguridad Nacional, dichos datos solamente pueden ser suministrados en virtud de un mandato judicial proveniente de autoridad judicial competente”. En el marco del proyecto regional ‘Periodismo por el acceso a la información’, y con la asesoría de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el periodista entabló una acción de tutela. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia emitida el pasado 21 de agosto, revocó el fallo de primera instancia que negaba el amparo constitucional y ordenó al Ejército entregar la información al periodista. Según la sentencia de la Corte, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena, se vulneró el derecho fundamental de petición del periodista ya que el Ejército se limitó a mencionar que se trataba de asuntos relacionados con la seguridad nacional “sin exteriorizar ningún argumento que conduzca a entender que la seguridad nacional se encontraría comprometida con la respuesta”. Además, el magistrado considera que un hecho ya pasado no puede afectar la seguridad nacional. “Máxime cuando –según el fallo – en múltiples ocasiones, son los mismos militares de alto rango quienes divulgan a los medios de comunicación y al público en general operaciones realizadas en contra de los grupos armados al margen de la ley”. Mediante esta sentencia, la Corte sigue los lineamientos establecidos por los estándares internacionales en materia de acceso a la información. Para cumplir con el fallo, mediante un oficio, el 2 de septiembre de 2008 el Ejército Nacional dio respuesta a la petición de información presentada por el periodista. Documentos disponibles en la web: • Sentencia de la Corte completa

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Seguros de vida para diputados · Por un pedido de información se descubre un aumento importante en ese rubro Mario Guevara, periodista del diario nicaragüense La Prensa, realizó una investigación sobre el presupuesto correspondiente a la Asamblea Nacional de Nicaragua. A través de un pedido de información pudo conocer el monto que se destina para el pago de seguros de vida de los diputados y diputadas. El periodista presentó su solicitud ante la Dirección de Acceso a la Información Pública, y éste fue respondido en forma inmediata, a pesar de que aún estaba en proceso de apertura de la oficina correspondiente. De la información recibida se desprende que hubo un aumento en lo presupuestado para el seguro de vida de los diputados y diputadas. Más de medio millón de dólares fueron destinados en 2008 para el pago del seguro colectivo de vida y gastos médicos de legisladores y legisladoras, sus cónyuges y legisladores suplentes de Nicaragua. En el presupuesto de 2008 de la Asamblea Nacional se destaca en el rubro número 253, que el gasto de Seguro para los diputados, es de 11.963.490,00 córdobas, equivalente a US$ 633.000. A diferencia de la respuesta ofrecida, la información que se muestra en la página web de la Asamblea Nacional, establece que la suma en dólares para el mismo rubro es de US$ 559.033,85. La investigación de Guevara derivó en la noticia “Diputados con millonario seguro”, que se publicó en el diario nicaragüense La Prensa el 17 de marzo de 2008. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información • Nota publicada en el diario La Prensa

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Nicaragua

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Nicaragua

17 Escuelas públicas en terrenos no legalizados · La investigación permite comprobar problemas en el 90% de los casos Olmedo Morales, un periodista que trabaja para el diario nicaragüense Hoy, realizó una investigación sobre los terrenos de las escuelas públicas en su país. Con este fin, presentó un pedido de acceso a la información pública y mantuvo una entrevista a Marlene Valdivia, secretaria general del Ministerio de Educación de Nicaragua. Morales solicitó información por escrito a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Educación el 27 de marzo de 2008. El 3 de abril recibió una comunicación de esa oficina donde le informaban que “actualmente la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Educación tiene inconvenientes para la entrega de la información solicitada, ya que a partir del mes de abril se está redimensionando la etapa de legalización”. La comunicación expresaba que cuando contaran con un reporte completo y detallado, acorde a lo solicitado, le sería suministrado. Antes de que se venciera el plazo, la oficina le remitió un resumen de la información recabada. A través de la respuesta recibida, el periodista pudo saber que el 90 por ciento de los terrenos de escuelas públicas en Nicaragua no están legalizados. Asimismo, en la entrevista con Olmedo, Valdivia declaró que más del 90 por ciento de las propiedades escolares ilegales las heredaron y que su misión era legalizarlas. El ex ministro de Educación, Miguel Ángel García, ya había advertido esta situación y alertó que esos problemas impedían que se hagan las inversiones correspondientes en muchas de estas escuelas públicas. Los resultados de la investigación de Olmedo Morales se transformaron en la nota periodística “Escuelas en Tierra Ajena”, publicada el 15 de abril de 2008 en el diario Hoy, de Nicaragua. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información y respuesta • Nota publicada en el diario Hoy

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Nicaragua

18 Luego de un pedido de información, se suspende una contratación directa de la empresa pública de electricidad Oliver Gómez, un periodista que trabaja en el periódico de Nicaragua El Nuevo Diario, realizó una investigación sobre la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). A raíz de un pedido de información pública que demoró en ser respondido, el periodista publicó una serie de artículos sobre cómo un organismo estatal dilata la entrega de la información. En el pedido se solicitaba formalmente a Ernesto Martínez Tiffer, presidente de Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), una serie de documentos para abordar en detalle el caso de la contratación directa de equipos y repuestos que pretendía completar con Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L. (Gero-ICI). El mismo día en que presentó su solicitud (1 de abril de 2008), el periodista publicó una investigación bajo el título “Caso a Gero Ici a PGR” vinculada a la información que había solicitado a la institución pública con el procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de Nicaragua. El 17 de abril el periodista publicó en el mismo medio un artículo titulado “Martínez Tiffer viola la Ley de Acceso a la Información”, en el que manifiesta que el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) no había dado cumplimiento a dicha ley, ya que se había vencido el plazo de la institución para brindar la información. El mismo día ENEL comunicó, a través de una nota de prensa, que el plazo se debe calcular tomando únicamente en cuenta los días hábiles y que, consecuentemente, el mismo concluía el día 22 de abril. Sin respetar el procedimiento previsto en la ley, también informó mediante la nota de prensa que, como el Presidente de ENEL se encontraba fuera del país en misión de trabajo, se haría uso de la prórroga de 10 días hábiles que la ley autoriza. Así, el 18 de abril de 2008 el periodista realizó otra publicación titulada “Está en tiempo y responderá a todo”, donde hace referencia a la nota de prensa emitida por ENEL antes descrita y su expectativa en cuanto a la plena vigencia del derecho de acceso a la información. El 6 de mayo finalmente, Oliver Gómez recibió una respuesta de parte de Mario Mejía López, vocero oficial de ENEL. A la respuesta por correo electrónico se adjuntó la Declaración Legal que remitió a ENEL el procurador Hernán Estrada, donde “finaliza el caso” y suspende la contratación que pretendía completar Martínez Tiffer con

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Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Respuesta al pedido de información

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Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L. (Gero-ICI). A raíz de esta respuesta el periodista publicó la nota “78 palabras y muchas preguntas sin respuesta”.

Perú

19 Presupuesto universitario · Una respuesta con información completa y de calidad Jaime Herrera Atalaya, un periodista de Perú interesado en conocer la utilización de los fondos públicos en algunas universidades de su país, llevó adelante una investigación a través de la presentación de pedidos de información pública. En diciembre de 2007, realizó pedidos a diferentes universidades de distintas regiones del país. La mayoría de ellas no recibió los documentos de solicitud, ya que en esos momentos muchas se encontraban lidiando con huelgas de sus trabajadores administrativos. Herrera Atalaya presentó cuatro solicitudes de información a cada una de las universidades públicas de Perú: Ancash, Cajamarca, Pasco, Tacna y Cuzco. La Universidad de Cajamarca fue la única que, aún enfrentando el conflicto de los trabajadores, recibió las solicitudes y las respondió en el plazo establecido por ley. Si bien las estadísticas muestran que las instituciones públicas en Perú, se aferran a la política del secreto, la Universidad Nacional de Cajamarca, demostró lo contrario. Esta Universidad en los últimos años, incrementó su presupuesto, ya que le corresponde el cinco por ciento del total del canon transferido al Gobierno Regional de Cajamarca. Este presupuesto llama a la necesidad de ampliar la fiscalización del uso de esos recursos. Lo más importante es este caso fue que, además de responder a los pedidos, éstos fueron respondidos con información completa y de calidad. Documentos disponibles en la web: • • • • • •

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Pedidos de información Respuesta I Respuesta II Respuesta III Respuesta IV Nota publicada

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UNC Ejemplo nacional de transparencia

07/04/2008

Aún cuando las estadísticas dan a conocer que gran cantidad de instituciones públicas se aferran

a la política del secreto, existen muy buenos ejemplos de transparencia, y facilidad a la ciudadanía de acceso a la información, uno de estos ejemplos no está muy lejos, pues se trata de la Universidad Nacional de Cajamarca. El Canon de la Universidad

Esta casa superior de estudios los últimos años, ha incrementado de manera significativa su

presupuesto, pues le corresponde el cinco por ciento del total del Canon transferido al Gobierno Regional de Cajamarca; el expectante presupuesto – como es lógico – llama a la necesidad de

ampliar el horizonte de fiscalización del uso de estos recursos, que deberían tener como objetivo la mejora en la formación de los futuros profesionales. El interés de cómo se están manejando

estos recursos, se vio reflejado también en medios de comunicación de distintas regiones del país

que también reciben elevados recursos provenientes del canon minero, al comparar estos resultados, la sorpresa fue grande. Fácil acceso

Según estadísticas hechas en base a las solicitudes de información a Universidades de distintas regiones del país, casi todas estas universidades, ni siquiera recibieron los documentos de

solicitud por conducto regular, pues en esos momentos – diciembre del 2007 – muchas de estas

se encontraban acatando huelgas de sus trabajadores administrativos; la Universidad Nacional de Cajamarca, aún cuando también acataba esta medida de lucha, la unidad encargada de acceso a

la información recibió las solicitudes, las mismas que fueron respondidas dentro de los primeros días del plazo establecido por ley. De todas… una

En forma simultánea se presentaron cuatro solicitudes de información a cada una de las universidades públicas de Ancash, Cajamarca, Pasco, Tacna y Cuzco; de estas sólo se respondió a tres

solicitudes dentro del plazo de ley, pues lamentablemente el 60% de solicitudes ni siquiera fueron respondidas, en algunos casos debido a la huelga, el tema de acceso a la información pública se había cerrado, pues no había forma de presentar las solicitudes de acceso a la información. Las

únicas tres respuestas que se dieron dentro del plazo, fueron de la Universidad Nacional de Ca-

jamarca, pero lo más importante es que la información entregada fue completa y de calidad; aún cuando la conclusión en general al respecto de las solicitudes en las universidades públicas del país fue, que éstas mostraron un desempeño deficiente.

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http://www.cajamarcaopina.com/home/content/view/3747/1/

Perú

20 Dos respuestas distintas a un único pedido de información sobre contrataciones públicas La radio La Voz de la Selva, de la Región de Loreto del Perú, denunció en su emisión radial, dos tratamientos diferentes para un mismo pedido de información sobre los servicios contratados por el Gobernador Regional. El 5 de marzo de 2008, la radio realizó un pedido de información pública solicitando información detallada y documentada de todos los trabajadores nombrados y contratados por servicios no personales de la actual gestión del presidente del Gobierno regional de Loreto, en Perú. El 17 del mismo mes, la radio recibió la respuesta firmada por el titular de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Gobierno de Loreto. Para alegría de la producción, la respuesta era concisa: el Gobierno contaba con la información solicitada y sería entregada a cambio de 1, 70 Nuevos Soles en concepto de fotocopiado. Por fin, la Ley de Acceso a la Información sería cumplida en tiempo y forma. Cuando la radio iba a realizar el pago y acceder a la información solicitada, una sorpresa despertó sospechas sobre la administración del Gobierno de Loreto. A través de una carta firmada por el mismo titular de la Oficina de Transparencia, el 21 de mayo se comunicó a la radio que la información estaba disponible pero que debían pagar por ella la suma de 8.200 Nuevos Soles en concepto de fotocopiado. La emisión de La Voz de la Selva denunció el mal manejo de la administración del Gobierno de Loreto. ¿Por qué el Gobierno formula dos respuestas diferentes a un mismo pedido de información? ¿Es posible que den dos respuestas tan diferentes a una misma solicitud? ¿Tanto puede variar el monto de las fotocopias? ¿Cuál de los dos montos se paga entonces? En la emisión, se mencionaron las consecuencias del incumplimiento de la ley de Acceso a la Información Pública. Se señaló que entregar información falsa o negar información es sancionado por la ley hasta con pena privativa de libertad. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Primera respuesta • Segunda respuesta

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Politización del servicio exterior · Varios pedidos sin resultados y una investigación con solicitudes alternativas de información Marieugenia Morales es periodista y se desempeña como coordinadora de redacción del Centro de Noticias Unión Radio, en Caracas, Venezuela. Desde allí realizó una investigación sobre el Servicio Exterior Venezolano. La investigación está basada en entrevistas a ex cancilleres de Venezuela, a diputados y a responsables de diferentes organismos venezolanos especializados en el tema de política exterior. En ese marco, realizó varios pedidos de información pública como una herramienta más para la recolección de datos. El primer pedido que realizó fue destinado a la dirección de Recursos Humanos de la Cancillería solicitando que le facilitaran un listado actualizado con los nombres de los embajadores y jefes de misiones diplomáticas de Venezuela en todo el mundo. Ese pedido nunca fue respondido. Unos días mas tarde, llamó a la Cancillería y le informaron que el mismo se había extraviado. Realizó otra solicitud formal a la misma dirección y le informaron que esos datos no eran procesados en ese departamento. Envió una tercera petición a la nueva dirección referida y le informaron que el despacho no estaba autorizado a dar esa información. Durante un mes Morales esperó la respuesta a sus pedidos, pero nunca obtuvo el listado oficial solicitado a Cancillería. Ante esta negativa a entregar la información solicitada, se vio obligada a pedir la información a otros actores y por otros medios. Envió cartas por correo electrónico, directamente a las embajadas y misiones. En el lapso de 4 días, todas las embajadas respondieron, aunque algunas dieron la información precisa y otras no. Entre otras cosas, la investigación de Morales señala que “de un total de 85 embajadas que tiene el país en el exterior, 71 están en manos de personas ajenas a la carrera diplomática” y que “embajadas que podrían ser calificadas como ‘estratégicas’ por su posicionamiento mundial (…) están confiadas a dirigentes políticos o funcionarios militares del alto rango con poca o ninguna experiencia en el campo de las relaciones internacionales”. La investigación fue realizada en el contexto de la reforma de la Ley del Servicio Exterior que, a comienzos de 2007, analizaba la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Al momento en que la periodista escribió su nota, la aprobación no se había concretado.

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Venezuela

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Investigación I Investigación II Investigación III Pedidos de información Trabajo periodístico

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Prevención frente a desastres naturales · Se descubre la falta de planes de instrucción para ciudadanos Mónica Marchesi es una periodista de Venezuela que junto a su equipo de trabajo de la Radio Fe y Alegría 850 AM, realizó una investigación sobre planes de prevención y atención en situaciones de desastres naturales en el Estado de Zulia, Venezuela. La inquietud por el tema surgió a partir del caso de María Carrillo, una ciudadana que perdió su casa a causa de una fuerte tormenta en la que no supo cómo actuar. Radio Fe y Alegría consultó al respecto a los habitantes de Maracaibo. Entrevistados en la radio, muchos coincidieron en no estar al tanto de lo que habría que hacer en situación de desastre. A través de solicitudes de acceso a la información se buscó conocer entonces si en el Estado de Zulia están preparados para afrontar desastres naturales. El equipo de la radio envió peticiones a todos los organismos de seguridad de la región preguntándoles si realizaban actividades para preparar a los ciudadanos ante desastres naturales y si tenían una política en materia de prevención dentro de su institución o un diagnóstico de las zonas vulnerables ante un desastre natural. También quisieron saber si contaban con los equipos o recursos humanos con la capacitación necesaria para atender una situación de emergencia grave. A pesar de la insistencia, fue difícil obtener la información por escrito, pero se logró entrevistar por vía telefónica a los representantes de instituciones claves en el tema, como el Director de Protección Civil del Estado y el Secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana del municipio de Maracaibo. Así se pudo conocer que los organismos de seguridad de la región estarían preparados, pero no los ciudadanos ya que no existe una política nacional que impulse una cultura de riesgo en la población, pues aunque existen planes educativos en la región, su ejecución no es obligatoria. La investigación de Mónica Marchesi se dio a conocer 5 de julio de 2008 por Radio Fe y Alegría 850 AM. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información I • Pedido de información II • Pedido de información III • Pedido de información IV • Pedido de información V • Pedido de información VI • Pedido de información VII • Pedido de información VIII

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Venezuela

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Planes de emergencia en el metro de Caracas · La información pública recibida permite destacar la importancia de las campañas de prevención La periodista Mariaeugenia Morales realizó una investigación sobre los planes de emergencia vigentes en el metro de Caracas ante posibles situaciones de sismos o terremotos. En su investigación incluyó pedidos de información pública a diversos organismos. Entre mayo y junio de 2008 Morales presentó solicitudes ante la Dirección General de Protección Civil Metropolitana, el Área de Planificación para Casos de Desastres de los Bomberos Metropolitanos, la Gerencia de Relaciones Públicas del Metro de Caracas y la Biblioteca de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Con la información recaudada, la periodista pudo establecer que son varios los factores que intervienen en el desenlace de una catástrofe de este tipo. Además del entrenamiento del personal, de contar con el equipo técnico necesario y de la rápida respuesta de las autoridades, hay un elemento que es fundamental para determinar el resultado trágico o no, de una catástrofe: el ciudadano común. Los especialistas afirman que es importante que los ciudadanos sepan qué hacer durante y después de estos sucesos. Por esto, son fundamentales las campañas de prevención y de información para saber como actuar en estas circunstancias. Mariaeugenia Morales publicó esta investigación fragmentada en diversos artículos, como un trabajo especial para la página web de Unión Radio, una de las emisoras informativas más importantes de Venezuela. Documentos disponibles en la web: • • • • • • • • • •

Pedido de información Funvisis Pedido de información Bomberos Metropolitanos de Caracas Pedido de información Metro de Caracas Pedido de información Protección Civil Nota publicada I Nota publicada II Nota publicada III Nota publicada IV Nota publicada V Nota publicada VI

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Cooperación entre Venezuela y Nicaragua · La respuesta a un pedido permite denunciar intercambio de recursos energéticos por apoyo político Emilia Díaz Struck, periodista del diario venezolano El Mundo, realizó una investigación sobre las relaciones de cooperación establecidas entre Venezuela y Nicaragua entre 2003 y 2008. Para obtener información al respecto, realizó una petición formal al presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, en virtud del artículo Nº 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le otorga el derecho de solicitar información al funcionario público que corresponda. En su pedido, solicitó información sobre convenios y tratados de cooperación entre ambas naciones ratificados por la Asamblea Nacional en el período detallado y copias de los presupuestos correspondientes. La respuesta recibida le permitió conocer la existencia de ocho leyes sancionadas entre 2007 y 2008 que ratifican convenios, acuerdos y tratados vinculados a Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Alba) y Petrocaribe. Las fechas indican que las relaciones entre ambos países se afianzaron –o comenzaron a cumplir con un proceso de mayor legalidad- a partir de la asunción de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua, ya que no constan leyes que ratifiquen instancias de cooperación entre 2003 y 2007. A partir de ésta y otras informaciones obtenidas de fuentes nicaragüenses, la periodista publicó un informe sobre el intercambio en el que Venezuela abastece de recursos energéticos suficientes para cubrir todas las necesidades de Nicaragua, y recibe a cambio productos menores y una cuota de apoyo político al presidente Hugo Chávez. Documentos disponibles en la web: • Pedido de información • Nota publicada en el diario El Mundo

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Venezuela

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Periodismo por el Acceso a la Información Pública es una red regional de periodistas y organizaciones involucradas en la promoción del acceso a la información pública y el fortalecimiento de las normas que regulan la materia, como una herramienta esencial de la democracia. La red busca centralizar el trabajo que comunicadores y comunicadoras sociales, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de periodistas, desarrollan en pos de la libertad de información y expresión en América Latina. Periodismo por el Acceso a la Información Pública nace a partir del trabajo conjunto de cinco organizaciones no gubernamentales pertenecientes a diversos países latinoamericanos: Asociación por los Derechos Civiles - ADC (Argentina), Instituto Prensa y Sociedad - IPYS (Perú), Instituto Prensa y Sociedad - IPYS (Venezuela), Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP (Colombia) y Fundación Violeta B. de Chamorro – FVBCH (Nicaragua).

Equipo de trabajo Periodismo por el Acceso a la Información Pública: A nivel regional y en Argentina: Directora del Programa de Acceso a la Información Pública de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC): María Julia Giorgelli Coordinadora del proyecto: Emelina Alonso Asistentes del proyecto: Mercedes Davico y Roberto Amette En Colombia: Coordinadores del proyecto: Yanina Valdivieso y José Barbeito En Nicaragua: Coordinadores del proyecto: Emilio José Ortega Porras y Leslie Ruiz Baldelomar En Perú: Coordinador del Proyecto: Javier Casas En Venezuela: Coordinadora del Proyecto: Luisa Torrealba

Elaboración de los contenidos de este documento: Emelina Alonso, María Laura Guembe y Mercedes Davico Edición: María Laura Guembe Diseño Gráfico: Liebre de Marzo · www.liebredemarzo.com Tipografía Centuria: gentileza Miguel Catopodis © 2008

Agradecimientos: Agradecemos a Sabrina Viola, quien trabajó como asistente del proyecto durante su primera etapa de ejecución, al resto de las personas que trabajan diariamente en la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) tanto en Perú como Venezuela. Asimismo, agradecemos muy especialmente a todas aquellas organizaciones y periodistas que se han sumado a la red y que trabajan cotidianamente en la promoción del derecho de acceso a la información pública.

Datos de contacto: Periodismo por el Acceso a la Información Pública periodismo-aip@periodismo.aip.org Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Av. Córdoba 795, 8vo. Piso (C1054AAG) Buenos Aires, Argentina. (54 11) 5236 0555 adc@adc.org.ar

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