Ciencia, universidad e innovación en la Argentina que viene by Generación Política Sur GPS

BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS PERSPECTIVA SUR 23 de mayo de 2012 / Año 2 / Nro. 9

Ciencia, universidad e innovación en la Argentina que viene Las políticas de ciencia, tecnología e innovación y la estrategia de desarrollo por Ariel Gordon Las Políticas Públicas de Educación Superior para la Integración Regional Sudamericana por Clara Martínez Lucca “Así como se jerarquizó la figura del científico, ahora debemos jerarquizar la figura del tecnólogo” entrevista con Fernando Peirano Ventanas políticas, nuevas agendas y desafíos pendientes para la educación superior por Laura Rovelli Universidad pública y procesos de cambio: Reflexiones desde el CEDeT de la UNSAM por María Pía Vallarino

por Ariel Gordón *

Las políticas de ciencia, tecnología e innovación y la estrategia de desarrollo Las políticas de ciencia y tecnología en Argentina, y en América Latina, han sido analizadas en diferentes períodos históricos en el contexto de la reflexión sobre la problemática del desarrollo. Las Ciencias Sociales latinoamericanas, desde el estructuralismo cepalino, hasta la teoría de la dependencia, pasando por las reflexiones específicas sobre la política científica que aportaron autores como Jorge Sábato, Amilcar Herrera y Oscar Varsavsky contribuyeron a este debate. Luego del repliegue del período neoliberal, esta discusión sobre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo del país ha sido recuperada en la Argentina de hoy.

Editorial Empezamos el año con un debate que atraviesa todos los aspectos del campo de las políticas públicas: la generación de innovación y la importancia de la Universidad en este proceso. Para tratar de complejizar la mirada sobre esta problemática, en el dossier central se presenta la entrevista a Fernando Peirano, a quién agradecemos especialmente su participación. También, se ha convocado a un conjunto diverso de colegas que han tratado la cuestión desde distintas aristas. Así, Clara Martínez trabaja sobre las experiencias y desafíos de la internacionalización de la educación superior; Ariel Gordon, sobre las características de las políticas de innovación productiva y las estrategias de desarrollo; María Pía Villarino acerca de la potencialidad de la Universidad en el proceso de transformación; y Laura Rovelli nos aproxima las problemáticas en la agenda de la educación superior. Como siempre, esperamos contribuir a la expansión del debate y a la generación de más y mejores preguntas.

El período político que se inició en 2003 reinstaló el papel del Estado como agente coordinador de la economía argentina. Desde entonces su crecimiento fue inédito, en un período de auge de las materias primas, la política económica permitió que la industria manufacturera fuera un eje de la expansión de la producción y la generación de empleo. En este contexto, se instaló la discusión por el modelo de desarrollo en la agenda política, entendiendo a la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas necesarias para el logro del mismo. En tanto la brecha entre países ricos y pobres no es sólo una brecha de riqueza, dotación de recursos y productividad, sino también de conocimiento, las políticas que apuntan a fortalecer estas herramientas (las políticas de ciencia, tecnología e innovación) son fundamentales en la recuperación del Estado como agente coordinador de un sendero de desarrollo inclusivo. El próximo año se cumple una década de importantes y sostenidos avances en este sector, los cuales han sido acompañados por la creación de un Ministerio específico para el área. El hecho reviste gran importancia, ya que es la primera vez en la historia que se crea un Ministerio que englobe el desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovaciones. El eje de las políticas de los gobiernos kirchneristas en esta materia ha sido la formación de recursos humanos altamente calificados. Esto ha sido un acierto en la medida que la ausencia de estos es un cuello de botella mucho más grave, y más difícil de revertir, que la falta de financiamiento. Formar un doctor lleva 12 años aproximadamente, en tiempos ideales, entre estudios de licenciatura, maestría y doctorado. De 2003 a 2010, el número de investigadores del CONICET aumentó un 67%, mientras que los becarios lo hicieron en un 242%. Estos datos muestran no sólo el crecimiento de la base de recursos humanos, sino también el rejuvenecimiento de la población científica. Asimismo, las mejoras en las condicio-

nes de trabajo a partir del aumento de la inversión en I+D y los incrementos salariales permitieron el regreso de investigadores argentinos residentes en el exterior a través del programa RAICES. Actualmente Argentina cuenta con la mayor cantidad de investigadores de América Latina entre la población económicamente activa1. Este positivo escenario nos permite reflexionar acerca del papel que le caben a las políticas en ciencia, tecnología e innovación en la profundización de la transformación productiva. La reconversión profunda de la matriz distributiva en el mediano plazo, más allá de la importante contribución de las políticas sociales y laborales, requiere de la configuración de una matriz productiva basada en productos de alto valor y conocimiento agregado. El período de políticas de apoyo a la ciencia permitió recuperar las capacidades en I+D sin las cuales sería imposible planificar una política en ciencia, tecnología e innovación. En este sentido es necesario articular estas políticas con otras en diferentes áreas de intervención pública. La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (tecnológica, pero también social y política) constituyen herramientas para el aumento de la competitividad y el empleo de calidad, para la resolución de problemas sociales, como así también para la mejora de la gestión estatal. Hoy en día contamos con una base de nuevos doctores. La formación doctoral es el máximo estadio de formación universitaria, que prepara para la producción de conocimiento nuevo a partir de un enfoque científico de los problemas en las distintas áreas del conocimiento. Aquellos que sigan la carrera de investigador pasarán a fortalecer la investigación pública en organismos de investigación y en las Universidades Nacionales (donde sería bueno promo-

ver la ampliación de los concursos docentes), pero es necesario pensar también su inserción en otros ámbitos desde los cuales contribuir al desarrollo del país. En este sentido es necesario fomentar, por un lado, su inserción en empresas para la mejora de la competitividad a partir de la incorporación de conocimiento agregado a nuestra producción, impulsando el aumento de la aún escasa inversión privada en I+D y por otro lado, la administración pública, para dotar al Estado de mejor capacidad de gestión en sus distintos ámbitos de intervención. Las Ciencias Sociales históricamente habían estado relegadas dentro del CONICET, sin embargo desde 2003 han sido el área disciplinar que mayor crecimiento relativo tuvieron dentro del Consejo. Estas Ciencias pueden y deben jugar un papel importante en el desarrollo socioeconómico, y la investigación aplicada de ellas al servicio de la gestión estatal es un ejemplo de transferencia en este sentido. La búsqueda de una respuesta propia a la pregunta por el modelo de desarrollo cuenta con un importante legado histórico, pero sólo la construcción colectiva podrá formular nuevas respuestas para los nuevos desafíos. En este sentido, la ciencia, la tecnología y la innovación son elementos fundamentales en la construcción de un estilo de desarrollo basado en el empleo de calidad y la ciudadanía como vectores de la cohesión social.

Investigadores equivalentes a jornadas completa (EJC) / 1000 PEA. Fuente: RICYT URL: www.ricyt.org

* AG es Docente Investigador UNQ-REDES-UBA. Politólogo de GPS y AEDA. 3

por Clara Martínez Lucca *

Las Políticas Públicas de Educación Superior para la Integración Regional Sudamericana Las políticas públicas diseñadas con el objetivo de contribuir al proceso de integración sudamericano se insertan en el marco de una retórica política que privilegia y entiende los beneficios que las mismas suponen. En este contexto, donde las estrategias para la conformación de un bloque regional con identidad propia resultan prioritarias, intentaré desarrollar los principales ejes de esas políticas focalizando en el sector universitario y los desafíos que estas iniciativas proponen. La construcción de un bloque regional educativo común en materia de educación superior se produce fundamentalmente a través de dos espacios regionales1: El MERCOSUR y la UNASUR. La misión del “Sector Educativo del MERCOSUR” (SEM) es la conformación de un espacio educativo común concertando políticas articuladoras entre la educación y el proceso de integración del MERCOSUR2. Las directrices y acciones del sector se condensan en planes estratégicos. Las acciones del plan 2011-2015 se concentran en 5 ejes a destacar: acreditación regional, reconocimiento

de títulos, movilidad académica regional, asociación de posgrados y cooperación interinstitucional. Vinculado a la acreditación regional se desarrolló el “Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Sur” (ARCU SUR). Con el objetivo de fomentar la calidad académica regional y la reducción de las asimetrías entre las carreras, esta iniciativa produjo avances sustanciales en la definición de normas y procedimientos comunes para la acreditación de las carreras. Asimismo los debates en torno a los términos y alcances de esta acreditación sentaron las bases de una discusión actual que es clave: la habilitación del ejercicio profesional para los graduados de carreras acreditadas y, en consecuencia, la libre circulación de profesionales a nivel regional. En relación al reconocimiento de títulos, los acuerdos centrales existentes son: el “Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios de post-grado en las universidades de los países miembros del MERCOSUR” y el “Acuerdo de admisión de títulos de grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas en los estados parte del MERCOSUR”3. El primero establece el reconocimiento de los títulos de grado al solo efecto de la prosecución de estudios de posgrado. Este no habilita el ejercicio profesional. El segundo de ellos autoriza el reconocimiento de los títulos de grado y posgrado solo para actividades de docencia e investigación. En cuanto a la movilidad académica regional, concebida en un sentido amplio, comprende a estudiantes, docentes e investi-

gadores que son los destinatarios de los programas creados. Estos suman para Argentina aproximadamente 270 movilidades anuales, y la intensión es que ese número aumente. Respecto a institucionalizar la temática de posgrados focalizando en la calidad, se impulsaron iniciativas como: el “Programa de Proyectos Conjuntos de Investigación”, el “Programa de Asociación para el Fortalecimiento de Posgrados” y el “Programa de Formación de Recursos Humanos”. Por último, en la cooperación interinstitucional -que se orienta a proponer iniciativas y acciones que contribuyan a fortalecer el proceso de formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito de la educación superior del MERCOSUR- confluyen iniciativas tendientes a fomentar la cooperación de los diferentes actores del sistema universitario, crear un banco común de información sobre educación superior e incentivar investigaciones en esas áreas. Los resultados de las acciones ejecutadas en el marco de estos cinco lineamientos estratégicos son actualmente analizados y capitalizados como experiencia de trabajo del “Subgrupo de Educación Superior” del “Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación” de UNASUR (COSECCTI). Este grupo se encuentra iniciando su trabajo, para lo cual se planteó una hoja de ruta en donde la calidad académica y acreditación regional son directrices de las acciones a desarrollar. La intención es que estas acciones sean convergentes y complementarias con las ejecutadas por el SEM.

las políticas y su gestión que deben garantizarse para que el actual proceso de integración se profundice. En primera instancia resulta necesario aumentar el trabajo interinstitucional a nivel nacional para lograr acuerdos que permitan remover los obstáculos a la integración regional, como por ejemplo las trabas migratorias. Asimismo debe garantizarse la apertura de canales de participación para la pluralidad de actores no estatales involucrados en estas políticas, con el objetivo de consensuar y dinamizar el proceso de integración. Desde el plano institucional resultan esenciales dos cuestiones: la primera vinculada a la necesidad de financiamiento adecuado y sostenido, que garantice la ejecución de las actividades pautadas y genere confianza en el proceso, y la segunda es que, dado el volumen cada vez mayor de acciones a implementar, resulta ineludible encontrar una solución para la multiplicación de actos administrativos que estas acciones suponen y que reducen el tiempo disponible tanto para formular nuevas políticas como para gestionarlas.

La Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional diseña y ejecuta las estrategias de integración regional.

Para mayor información consultar en www.mercosur.int

Disponibles en www.mercosur.int

* CML es Polítóloga (UBA), Maestrando en Estudios Internacionales

Finalizando la revisión de estas estrategias, me interesa precisar algunas cuestiones relativas a la formulación de

(UTDT). Se desempeña en la Secretaria de Políticas Universitarias (Ministerio de Educación de la Nación). 5

Entrevista con Fernando Peirano *

“Así como se jerarquizó la figura del científico, ahora debemos jerarquizar la figura del tecnólogo” Perspectiva: ¿Cuáles son las principales líneas de acción de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva? Fernando Peirano: Esta es la segunda gestión de un equipo que comenzó a trabajar en 2007. El objetivo era proyectar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y esta área, en particular, hacia la invocación productiva. Esto se traduce en una relación más fluida y en una agenda más nutrida con otros Ministerios y áreas del Estado que no forman parte del “circuito” habitual de los temas de ciencia y tecnología, pero que, desde el aspecto de la innovación productiva, también tiene un papel fundamental. Por otro lado, también es un objetivo el diálogo con el sector empresario. Uno de los grandes déficits de la actualidad es que, si bien el Estado ha hecho una recuperación formidable de la infraestructura científica y tecnológica, y se ha jerarquizado al investigador, el compromiso del sector privado con esta cuestión todavía es muy bajo por distintas razones: por el nivel de extranjerización de nuestra economía, ya que le da a las filiales un rol periférico dentro del modelo de negocio; por su estructura misma, que tiene un fuerte perfil en commodities, y también por las deficiencias en el plano energético que hemos empezado a revertir en el entramado productivo. Entonces, una de las principales líneas de acción es mejorar el compromiso y el trabajo con el sector productivo en términos de innovación productiva. Hay una convicción muy fuerte por parte del ministro y de la Secretaría (de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva): el camino es transformar el esfuerzo que está haciendo el Estado en soluciones concretas para la producción y los temas sociales. Actualmente, estamos elaborando un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el primer plan que ubica en una igualdad jerárquica el objetivo de federalizar el impacto de la innovación productiva, y esto se ha hecho a partir de la identificación de 33 temas en los que se ha encontrado, en mesas de especialistas, que existe un subaprovechamiento de las capacidades que brindan la ciencia y la tecnología en términos de respuestas. Al mismo tiempo, estos 33 temas se han elegido buscando que su desarrollo implique un impacto muy nítido en algunas zonas marginales del país, que están fuera del núcleo productivo y científico. En esta idea misma está la vocación. Así como en una primera etapa se jerarquizó la figura del científico, ahora debemos jerarquizar la figura del tecnólogo. Pueden pensarse estrategias simbólicas, como, por ejemplo, no solo pre6

miar al investigador de la nación, sino también reconocer al tecnólogo de la nación. También podrían revisarse los esquemas de evaluación e incentivo para el personal de las instituciones científicas y tecnológicas. Tenemos una carrera estructurada en el ámbito del CONICET, pero, en otras instituciones, esto está construido como se pudo, no desde un plan rector. Esto lleva a examinar cómo vinculamos la investigación con los temas de gestión. En el último tiempo, se está analizando cómo insertar más doctores en el ámbito municipal, en distintas áreas del Estado. La limitación principal está dada todavía porque se sigue pensando en la formación de doctorado y en la carrera de investigador desde la lógica de las ciencias duras, tal vez con poco reconocimiento de lo que puedan aportar las ciencias sociales. Hay que dar un salto entre la oportunidad y el proyecto; en ese punto, las ciencias sociales tienen todo para hacer. Porque ¿quién posee la capacidad de armar un proyecto o administrarlo?, ¿qué es estructurar un plan de acción con las tareas que realizará cada uno, y cómo se van a repartir esfuerzos y beneficios? Digo esto desde la administración, la economía, la sociología y las ciencias políticas. Perspectiva: Sobre todo, porque la innovación no ocurre solo en el ámbito productivo, sea manufacturero, de servicios,

agropecuario, etcétera, sino que, en los últimos ocho años, el Gobierno demostró que hay un fuerte empuje para la innovación en el campo de las políticas públicas. La lista es extensa: desde “Conectar Igualdad” hasta la “Asignación Universal por Hijo”, el Gobierno ha sido muy innovador. Esto que planteás como una posibilidad, ¿cómo podría articularse? ¿Y qué rol desempeñan las universidades en la política del área a tu cargo y del Ministerio? FP: Sin duda, vivimos un proceso político que se distinguirá en la historia por su voluntad transformadora. Además, a esta voluntad, sumamos una recuperación del ejercicio de la planificación: ya existen cuatro ministerios con planes de cara a 2020, y esto implica recuperar las capacidades del Estado para las cuestiones que planteabas. Aparte de optimizar y retomar este ejercicio de la planificación, tendremos mejores condiciones para articular un sistema complejo como en cualquier país de una densidad más o menos importante como la nuestra. ¿De qué manera podemos hacerlo? El Ministerio confía en el trabajo a partir de proyectos que intenten ser cada vez más complejos estructurantes; se apuesta por los consorcios público-privados como espacio, pero esto no agota las formas de intervención existentes y que debemos construir. Necesitamos desplegar herramientas, que la inversión pública sea un elemento que traccione las capacidades científicas y tecnológicas. El Estado es un gran demandante de tecnología y se plantea desafíos muy fuertes. En este punto, estamos pensando en algunos instrumentos que apuntarán hacia esto y que incluyen temas de formación. Vuelvo a lo que decía: discutir cuáles son los incentivos, los métodos de evaluación impacta, y esto, desde luego, primero se está trabajando sobre el sistema científico, sobre los investigadores de estas instituciones, pero luego tendrá que ser un debate abierto al ámbito de las universidades, que son, sin duda, otro pilar del que generamos capacidades y en el que trabajamos la transferencia. Esta es la agenda que tenemos por delante, y es positivo que haya un diagnóstico y un reconocimiento. Se acerca un desafío complejo: construir las herramientas destinadas a la intervención para que sean eficaces y eficientes, para moldear un tipo de sistema que queremos, pero que hoy no tenemos. Perspectiva: La nueva dinámica en las políticas públicas obliga a la convergencia entre ministerios sobre un mismo tema para logar una respuesta eficiente sobre un problema. En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es un claro ejemplo. Trabaja tanto con la parte “productiva” del Estado, esto es, ministerios de Industria y de Economía, con el Banco Central, etcétera, y también con la parte “social”, es decir, ministerios de Trabajo, de Educación, de Desarrollo Social. Ahora bien, ¿existen ejercicios de planificación sobre este tipo de intervenciones que el ministerio puede desarrollar? ¿Hay experiencias previas?

FP: Hoy en día, el sentido común es que debemos trabajar en articular, llevar la innovación en términos productivos y para dar respuestas sociales. También se reconoce que el desarrollo tecnológico y de aparatos de intervención es un ejercicio y un recurso tan valorable como una investigación básica. Actualmente, discutimos cuáles son los modelos de gestión más adecuados para atender las problemáticas sociales. Este debate, de hecho, se plantea como un desafío en el ámbito latinoamericano. ¿Cómo hacemos para subir otro escalón en los temas de economía social? Trabajamos en estrecha vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En estos años, se han multiplicado las experiencias en esa línea. Este es el momento de consolidar y transformar la experiencia en modelización, de analizar cuáles son las cuestiones más efectivas. Hay que destacar cómo el sentido común constituido a través de la experiencia es necesario para mejorar esta lectura por medio del ejercicio de la planificación. Recién estamos comenzando, y se requiere estructurar un Estado en torno a esto. Las debilidades del Estado son muchísimas, por empezar, los temas de información. Todavía no contamos con una buena capacidad de generar datos y lectura de esa información, para hacer esta sintonía fina que nos han puesto 7

como desafío. Pero hemos vuelto a tener un proyecto político que nos encauza en una dirección y nos pone objetivos comunes. La apuesta, ahora, es cómo complementarlo. Perspectiva: Ante un panorama de estabilidad en este impulso del Estado, ¿observás una tendencia al equilibrio entre este esfuerzo y los que deberían hacer actores como las empresas, incluso todos los beneficiarios directos de la innovación tecnológica y en cualquier ámbito de implementación? FP: Cuando se comienza a volcar recursos efectivos aparece un cuello de botella, que es la capacidad de crear proyectos y llevarlos adelante. En este sentido, hay una lectura realizada hace unos años y una apuesta fuerte por generar egresados en maestrías en Ciencia, Tecnología e Innovación. Se realiza un gran trabajo a través de los programas de los gestores tecnológicos, cosas que, para nosotros, son novedosas, pero que, en otros países, existen desde hace veinte o treinta años. Hoy, cuando se miran las estadísticas, se ve que el Estado argentino tiene un compromiso con la ciencia y con la innovación que no es tan distinto al que se observa en Brasil y otros países en desarrollo e incluso tampoco con lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. La inversión pública en este terreno ha mejorado mucho. No hubo un cambio de conducta similar en el sector productivo. Si bien estos años de crecimiento se han basado en pilares de la competitividad que no son los más virtuosos, sabemos que estamos insertos en un contexto donde las empresas tienen que ganar plata, pero también que no todas las formas de la rentabilidad tienen los mismos efectos sociales. El nudo es cómo empezamos a generar condiciones para que a los que construyen su rentabilidad sobre la base de la innovación, el conocimiento y el trabajo calificado les vaya un poco mejor que al resto. Y también, cómo desarrollamos instrumentos de intervención que permitan volcar excedentes que se generan en un área con un perfil de empresa hacia otro. En este sentido, no me parece para nada trivial la decisión de recuperar YPF. Si Petrobras cumple un rol distinto en Brasil, es porque, además de los objetivos de la productividad, tiene impuestas metas de transformación y de desarrollo económico. En la Argentina, debemos avanzar hacia eso. YPF, lo que fue Gas del Estado en su momento, el actual INVAP son empresas estructurantes en ese sentido y son los espacios donde se forma gente en tecnología, donde los puentes entre la ciencia y su transformación en aplicaciones son más directos. El proyecto político ha marcado la visión, y es compartida. Estamos recuperando herramientas de intervención, como la planificación o el trabajo entre los ministerios. Todavía nos falta avanzar y profundizar para tener modelos de gestión más micro, mejores métodos de evaluación y elementos para relevar una realidad muy heterogénea que nos ha dado la Argentina.

agencia por fuera del sistema, o que se incorpore al sistema, para dar respuesta a estas problemáticas? FP: Más que crear nuevas instituciones, el tema es qué hacemos con lo que tenemos. También la Universidad se recuperó, pero creo que todavía, en ella, se impone reconocer que hay tareas que deben ser especializadas, y que hay que dejar que algunos investiguen y brinden docencia, y que otros hagan transferencia con todas sus estructuras administrativas y todos los recursos para llevar adelante esa tarea. A veces, se piensa que el empresario va a la Universidad y no encuentra respuesta, pero tampoco en la universidad se está cruzado de brazos esperando que se acerque un empresario. La gente está ocupada, tiene sus sistemas, sus planes de trabajo, su incentivo, y me parece que la universidad todavía no logró aceptar esta necesaria división de tareas. Sin embargo, hace ocho años faltaban universidades, y ya se han creado diez de carácter nacional. En la universidad, también debe darse este debate, y ver cómo se transforma y se inserta en un proceso bastante más amplio.

* FP es Economista (UBA). Vicepresidente de AEDA. Subsecretario de

Perspectiva: ¿El sistema universitario es condición necesaria y suficiente para colaborar con este proyecto o hace falta otra 8

Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del MINCYTeIP.

por Laura Rovelli *

Ventanas políticas, nuevas agendas y desafíos pendientes para la educación superior En la última década, las sociedades latinoamericanas generaron una ventana política para promover cambios y avanzar sobre compromisos clave en materia de educación superior. La “Conferencia Regional” de 2008 reafirmó su carácter de bien público y social, derecho humano y responsabilidad del Estado. En contraposición a la reforma neoliberal, que se focalizó en el gerenciamiento universitario en base a esquemas y calificaciones estandarizadas a escala global, esta declaración recuperó la calidad, la pertinencia, la inclusión, el interculturalismo y el compromiso social como lineamientos ineludibles a la hora de definir acciones públicas y así conformar el ideario de políticas de muchos de los llamados gobiernos progresistas de la región. En la Argentina, un balance panorámico de las principales acciones impulsadas en el área durante los últimos nueve años destaca el aumento sostenido del presupuesto universitario1, la apertura de las paritarias nacionales, la recomposición salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios, la promulgación de la ley de jubilación del 82% móvil, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el consiguiente aumento de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), que impacta en la actividad de las distintas agencias científico-tecnológicas, en la formación de recursos humanos calificados y en la mejora de oportunidades para los investigadores universitarios. Paralelamente, se desarrolla una decena de programas especiales y numerosos proyectos orientados principalmente al apoyo y mejoramiento de distintas carreras de grado y posgrado, a la articulación con el nivel medio y a favorecer la inclusión de los jóvenes de sectores populares en el sistema mediante apoyo económico y diversos dispositivos de tutorías.

versitarios, como también en circuitos con calidades diferenciadas para los estudiantes. En este nuevo tiempo histórico, las instituciones de educación superior en general y las universidades nacionales en particular, son convocadas a cumplir un papel destacado en las acciones y agendas públicas que procuren consolidar un proyecto inclusivo de país. Con el propósito de profundizar el rumbo escogido, algunos de los desafíos más urgentes son los siguientes: • Avanzar en la democratización del acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes provenientes de distintos sectores sociales; • fortalecer la actividad docente mediante la implementación y/o consolidación de una carrera académica que provea estabilidad, adecuadas condiciones de ingreso y ascenso y criterios de evaluación consensuados para su desempeño; • planificar y orientar la oferta y la matrícula universitaria, al igual que la expansión institucional, en consonancia con las necesidades de un proyecto de desarrollo a largo plazo; • mejorar la oferta y los circuitos de educación superior, igualando de manera superadora su calidad e incluyendo a estudiantes provenientes de distintas trayectorias socioeducativas; • favorecer la articulación entre las universidades y las agencias de I+D en los criterios, estrategias y políticas del área de ciencia y tecnología; • fijar una política de posgrado que oriente y financie la expansión del nivel de manera más descentralizada y diversificada, a lo largo de las distintas instituciones del país, y que contribuya a asegurar una mayor terminalidad en los estudios. Para llevar a cabo estas transformaciones resulta imprescindible contar con el compromiso del conjunto de los actores del sistema, quienes en el marco de una autonomía responsable, cuentan con una oportunidad inmejorable para discutir sus problemas colectivos y lograr su tratamiento público.

Entre 2005 y 2009, el presupuesto transferido a las universidades nacionales se incrementó un 242%, mientras que su participación porcentual en el Producto Bruto Interno (PBI) ascendió en esos años desde un 0,54% a un 0,86%. Actualmente, se destina más de un 6% del

A pesar de estos esfuerzos mencionados, y aún en el marco de una tasa bruta de escolarización de la educación superior del 49,2% en 2009, persiste una fuerte desigualdad en las oportunidades de acceso y egreso de los distintos sectores sociales al sistema. A modo de ejemplo, en 2010, el quintil más bajo de ingresos per cápita representa el 15% de la matrícula y el 6% de los graduados, mientras que el quintil más alto alcanza el 21% de la matrícula y el 41% de los graduados2. En tanto, se observa una creciente heterogeneidad y diferenciación en el complejo de instituciones y niveles que componen al sector, lo que redunda en condiciones laborales y profesionales disímiles para docentes e investigadores uni-

PBI al conjunto del sector educativo y casi un 1,1% a Educación Superior. 2

Los datos son parte de una investigación en curso desarrollada en el marco del Observatorio Sindical de Políticas Universitarias de CONADU. La información fue elaborada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y refiere a estudiantes entre 18 y 30 años que asisten y se graduaron de un establecimiento de Educación Superior por quintil de ingreso per cápita familiar.

* LR es Politóloga y Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Actualmente se desempeña como Profesora Adjunta en la Universidad Nacional de la Plata. 9

Por María Pía Vallarino *

Universidad pública y procesos de cambio: Reflexiones desde el CEDeT de la UNSAM Mucho se ha discutido y se debate acerca del lugar que le cabe a los intelectuales en la sociedad y a las instituciones “‘del conocimiento’“. Es un debate que vuelve a la escena de modo recurrente cuando se hacen visibles ciertos problemas sociales y se cuestiona el rol que cada institución tiene frente a ellos. Pero es una reflexión que las universidades recrean en su interior en forma permanente, pues no dejan de ser organizaciones que –desde sus comienzos- interpretan, aplican y ensayan aspectos vinculados al pasado, al presente y al futuro de la vida social que se encuentra en constante cambio y con la cual se sienten comprometidas. Especialmente en la diversidad y fragmentación del mundo actual, la Universidad se encuentra exigida por cumplir con

diversas funciones sociales que ha acumulado a lo largo del tiempo: proveer los profesionales que las organizaciones necesitan a través de sus actividades de formación; desarrollar investigaciones para la generación de conocimiento que el mundo complejo e hiperinformado de hoy exige; y promover actividades de vinculación con las problemáticas sociales que la rodean, atendiendo la pluralidad de centros de poder y de actores en juego de cada caso. Estas últimas actividades se concentran en áreas de extensión y/o transferencia, sumándose a la ya multifacética división del trabajo universitario. Las universidades públicas creadas en las últimas décadas en Argentina, en particular las del área metropolitana, nacieron con la exigencia de afincarse en sus territorios, encontrar espacios de conocimiento en los cuales posicionarse y diferenciarse de las universidades con más trayectoria, y agudizar su creatividad para concretar una oferta original al sistema de educación nacional. Dicha exigencia pone en tensión el concepto mismo de Universidad, el cual supone que los conocimientos que brinda deben ser integrales y generales, trascendiendo las fronteras de aquellos particulares y extremadamente específicos, e incluso –cada vez más- inter o multidisciplinares. La Universidad Nacional de San Martín en 2012 cumple 20 años y hace 10 que desarrolla programas de formación y asistencia técnica en el campo del desarrollo local/territorial.

El “Centro de Estudios Desarrollo y Territorio” (CEDeT) de la Escuela de Política y Gobierno lleva adelante dichas actividades, buscando fortalecer acciones que realicen sus alumnos, egresados y profesores fuera de la Universidad, ya que se desempeñan en otras instituciones en las que cumplen un rol aún más activo: instituciones políticas, asociaciones civiles, organizaciones de la administración pública, instituciones de tecnología, conocimiento e innovación. El CEDeT promueve y cataliza las relaciones que se tejen entre las personas involucradas en su Maestría en Desarrollo Local y sus diplomaturas, al tiempo que busca -en otros espacios- nuevos socios para aportar, en los territorios, una mirada integral de los procesos de cambio y herramientas para resolver sus problemas inherentes. Desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico, aunque no puede dejar de lado los procesos de generación de riqueza. Desarrollo, fundamentalmente, significa correr el horizonte social y político de un territorio que es historia y memoria, además de geografía y relaciones productivas. Historia y trayectoria de personas, comunidades, pueblos, gentes. El desarrollo local, más bien territorial y endógeno, es entonces aquel que promueven los pueblos desde sus entrañas. Dónde se encuentran, localizan, dichos pueblos y comunidades, hasta dónde llegan sus brazos, es lo que hay que preguntarse para trazar los límites y alcances del

conjunto de voluntades que deben movilizarse para intervenir en los procesos de transformación en las que aquellos están inmersos. En este mar de compromisos y tareas casi militantes, el CEDeT constituye un proyecto que articula interpretación y reflexión, formación e intervención; tal como lo constatan las acciones llevadas a cabo con diversos municipios, gobiernos provinciales o áreas de la administración pública nacional, organismos de financiamiento externo, fundaciones, asociaciones civiles y empresas. La Universidad pública posee potencialmente una vocación de transformación, es -si quiere- agente de cambio, de desarrollo. Por este rol proactivo, no puede, sin embargo, perder su voz crítica e incisiva. No es gobierno, ni justicia, ni debe ser tribuna de mera opinión. Debe ejercer, con responsabilidad, el estatus jerárquico que le confiere la sociedad. Congrega el conocimiento sistemático y debe reconocer la pluralidad de perspectivas. Es por esto que debe comprometerse desde su lugar e intervenir a través de sus quehaceres cotidianos.

* MPV es Coordinadora Ejecutiva Centro de Estudios Desarrollo y Territorio Escuela de Política y Gobierno UNSAM. 11

El Centro de Estudios Perspectiva Sur (CEPS) es el centro de estudios de Generación Política Sur (GPS). Su objetivo es producir conocimiento para profundizar la democracia.

PERSPECTIVA es la publicación periódica del CEPS para pensar los principales desafíos que nos presenta la realidad política, económica y social. En cada número colaboran jóvenes investigadores con breves textos que expresan su punto de vista. perspecitva@ceps.org.ar

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