BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS PERSPECTIVA SUR 7 de Octubre de 2011 / Año 1 / Nro. 4
Ciudad segura, ciudad pública
”Somos el Ministerio en el barrio” La seguridad participativa como respuesta a la inseguridad por Yanilda Gonzalez ¿Policias de repuesto? por Facundo Salles Kobilanski
Foto: Lucía Galli.
El desafío de los municipios en la gestión de la conflictividad por Carola Concaro
Editorial Ciudad segura, ciudad pública Uno de los ejes del actual gobierno nacional es la revalorización de las acciones y discursos relacionados con el respeto de los Derechos Humanos por parte del Estado y sus funcionarios. En relación a este eje de acciones gubernamentales también se encuentra la democratización de la política de seguridad, apuesta que el actual gobierno ha enfatizado con la creación del actual Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, en este contexto, se han registrado graves acontecimientos alrededor de protestas sociales, sindicales y ocupación de espacios públicos por parte de algunos sectores sociales, que fueron violentamente reprimidos (por acción u omisión) por las policías provinciales o la Policía Federal (Bariloche, junio de 2010; Ciudad de Buenos Aires, octubre de 2010; Formosa, noviembre de 2010; Ciudad de Buenos Aires, diciembre 2010; Ingenio Ledesma, julio de 2011). Estos acontecimientos demuestran la necesidad de profundizar las líneas de acción iniciadas en materia de seguridad. En este número de Perspectiva, discutimos acerca de las funciones y capacidades de las fuerzas de seguridad, las posibilidades de acción y generación de políticas de los gobiernos locales y la potencialidad de la participación comunitaria. Desde nuestra visión, resulta indispensable aportar al desarrollo de leyes que establezcan pautas de actuación policiales que permitan articulaciones democráticas entre el sistema judicial y las distintas fuerzas provinciales y nacionales. En este sentido, consideramos que el compromiso de los gobernadores provinciales y los funcionarios nacionales, presente en el Consejo de Seguridad Interior, debiera ser una gran herramienta para la generación de mecanismos efectivos para democratizar este sector de las políticas públicas.
por Carola Concaro *
El desafío de los municipios en la gestión de la conflictividad “Hacerse cargo” para los municipios significa asumir el problema de la seguridad pública como un problema local de respuesta local. De hecho, las respuestas preventivas, en tiempo y forma, tienen como atributo principal el anclaje territorial y la participación comunitaria, dos valores marcadamente locales. En este sentido es que se puede afirmar que las capacidades actuales de los gobiernos locales –sujeto ello al tamaño de la jurisdicción, al presupuesto o al grado de conflictividad social que sufra- son suficientes para provocar modificaciones sustantivas sobre la realidad social y criminal, de modo autónomo, eficaz y preventivo. Esto nos obliga a pensar en el diseño de nuevas políticas públicas pero también nos enfrenta a la necesidad de reasignar, reordenar y repensar recursos existentes. En este marco es que tiene lugar la imperiosa necesidad de reubicar en el mapa de las políticas de estado a las políticas de gestión de la conflictividad (PGC)1 El objetivo de las PGC es permitir que se desarrolle la conflictividad dentro del marco social; pero, al mismo tiempo, evitar que el abuso de poder y la violencia se conviertan en el modo de resolver los conflictos. El nivel municipal debe pensar la construcción de un modelo local de seguridad que reconstruya el sistema de gestión de la conflictividad para darle contenido y cauce a las diferentes modalidades de intervención. Esto tiene un valor táctico para el municipio maximizando, con ello, su capilaridad en la in-
por Yanilda Gonzalez *
”Somos el Ministerio en el barrio” - La seguridad participativa como respuesta a la inseguridad
Foto: Lucía Galli.
tervención y la consecuente eficiencia en la búsqueda de resultados preventivos y disuasivos. En un contexto democrático la seguridad pública local debe asentarse y desarrollarse en el marco de una labor conjunta entre el gobierno municipal, la policía y las diferentes instancias comunitarias de organización barrial, vecinal, municipal y regional. Debe apuntar a mejorar la seguridad pública local y la calidad de vida de la población mediante la resolución de problemas y conflictos sociales que contribuyen o favorecen el aumento de la violencia y la criminalidad en la esfera local.2 En este sentido es que la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación simboliza un cambio fundamental de paradigma en la política de seguridad pública nacional. Por primera vez en el país se construye una agenda de resolución de los asuntos de la agenda de seguridad pública por sobre la respuesta policial. Construir capacidad de gestión, sistemas de gestión de la información adecuados para la toma de decisiones y planificación estratégica con un fuerte componente de participación comunitaria es la política que, a grandes rasgos, conforma la estrategia de gestión pública a nivel nacional. Esas líneas son las que deben orientar la política pública que propicie la construcción de modelos de gestión a escala, especialmente, a nivel municipal.
* CC es Licenciada en Ciencia Política. Directora Ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia ILSED.
Los procesos de democratización en América Latina coincidieron con un aumento importante de las tasas de delitos y de la sensación de inseguridad en la sociedad. Ante las fuertes demandas de la sociedad, una de las respuestas estatales más innovadoras ha sido la incorporación de actores sociales como solución a la problemática. Esta nueva “seguridad participativa” involucra a organizaciones comunitarias y vecinos/as en el diagnóstico de problemas locales de seguridad y el diseño de soluciones. En algunos casos, también funcionan como órgano de control externo de las fuerzas de seguridad. Las políticas de seguridad participativa son llamativas porque promueven la participación de la sociedad en la provisión de la seguridad, una de las principales funciones del estado, la cual ha sido tradicionalmente considerada como dominio exclusivo de la policía. La seguridad participativa, con distintas modalidades, ha sido implementada en varios países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Uruguay, y Venezuela. En los últimos meses el nuevo Ministerio de Seguridad ha comenzado a implementar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, el cual promueve la participación de integrantes de organizaciones comunitarias a través de “mesas barriales.” Los y las integrantes de las mesas elaboran “mapas del delito” y evalúan el accionar policial en sus comunidades. Un punto a destacar de las nuevas mesas es que incidirán directamente en la seguridad y el accionar policial: las paradas fijas y patrullas policiales se basarán en los datos provenientes de las mesas. Si bien la participación directa de actores comunitarios posibilita el empoderamiento de la ciudadanía en materia de seguridad y un mayor acercamiento entre la sociedad y su policía, también deberá enfrentar desafíos importantes. La politización, la cooptación, y la falta de continuidad en el respaldo político e institucional pueden debilitar o anular la potencialidad de la participación comunitaria, como nos han enseñado otro tipo de experiencias.
1.De las cuales, la política de seguridad, la judicial o la política criminal, entre otras, forman parte. Para profundizar consultar el desarrollo que Alberto Binder hace de la naturaleza del conflicto y del sistema institucional de gestión de la conflictividad en Apuntes para un Análisis Político Criminal (2009) 2.ILSED, Estrategia de descentralización y fortalecimiento de la gobernabilidad local de la seguridad pública, borrador para discusión.
* YG es Doctoranda en Ciencia Política en la Universidad de Princeton y Becaria del Programa de Drogas, Seguridad y Demcoracia del Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales de Estados Unidos.
por Facundo Salles Kobilanski *
¿Policías de repuesto? Con la puesta en marcha del Operativo Unidad Cinturón Sur en julio pasado, la Gendarmería (GNA) y la Prefectura (PNA) comenzaron a realizar tareas policiales en áreas delimitadas del sur porteño. Aunque el reemplazo de efectivos de la Policía Federal (PFA) por gendarmes y prefectos es un dato nuevo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo cierto es que el despliegue de la GNA para realizar tareas policiales no lo es si tenemos en cuenta experiencias de este tipo en otras provincias del país. Creada en 1938 para relevar al Ejército del control fronterizo, la GNA surge como una policía militarizada para operar en el ámbito federal. A partir de 1983, la GNA inicia una trayectoria que la acerca al polo civil, volviéndose una herramienta fundamental para excluir a los militares de la seguridad interior. Institucionalmente, la transformación de la GNA en una fuerza de seguridad plenamente integrada al sistema de seguridad pública fue ratificada por su tardío traspaso junto a la PNA al Ministerio del Interior en 1995. Como fuerza de seguridad federal, la GNA ya contaba con experiencia en tareas que le corresponden a policías provinciales. En 1997 ya había desempeñado tareas de seguridad permanentes en la CABA, cuando se le adjudicó la responsabilidad exclusiva de la seguridad en establecimientos de las comunidades judías y musulmanas. Además desde 2001, la GNA había comenzado a actuar en forma conjunta con la Policía Federal y la Policía Bonaerense en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo cierto es que a partir de 2003 con el despliegue de gendarmes en algunas “áreas calientes” del AMBA, la GNA comenzó a realizar en forma exclusiva estas tareas. Y esta experiencia volvió a replicarse no sólo en el AMBA, sino también en Mar del Plata y la Ciudad de Mendoza. La diferencia de estas nuevas intervenciones de la GNA con las antecedentes radica tanto en las expectativas de permanencia como en las bases de apoyo que generan en los municipios por parte tanto de intendentes como de los vecinos. Como solución a mediano plazo, la contribución de los gendarmes y los prefectos a la seguridad porteña y de otras partes es bienvenida, pero se abren dos interrogantes abiertos respecto a sus consecuencias. Por una parte, la GNA y la PNA están poniendo a prueba su capacidad adaptativa a contextos urbanos, lo que implica una gran movilidad de recursos pero también la posibilidad de que se arraiguen intereses institucionales en las nuevas funciones policiales. Por otra parte, una creciente injerencia del gobierno nacional en la competencia de los gobiernos provinciales y de la CABA en materia de seguridad, puede estar postergando necesarias transformaciones institucionales de las fuerzas de seguridad subnacionales, como es el caso de la Policía Metropolitana en la CABA. ¿No estaría facilitando el Plan Unidad Cinturón Sur una política elusiva de las responsabilidades en materia de seguridad por parte del gobierno porteño?
El Centro de Estudios Perspectiva Sur (CEPS) es el centro de estudios de Generación Política Sur (GPS). Su objetivo es producir conocimiento para profundizar la democracia.
PERSPECTIVA es la publicación periódica del CEPS para pensar los principales desafíos que nos presenta la realidad política, económica y social. En cada número colaboran jóvenes investigadores con breves textos que expresan su punto de vista. perspecitva@ceps.org.ar
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/genpolsur * FSK es Licenciado en Ciencia Política (UBA) y Becario Doctoral Conicet.