13 / Junio 23 y 24 de 2012
Informe Especial
12 / Junio 23 y 24 de 2012 www.elperiodico.com.co
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Reforma a la Justicia: El ‘falso positivo’ del Congreso
No hay claridad y sí muchos vacíos
Y, ¿el procedimiento qué?
Gobierno y Legislativo buscan las salidas para que se subsanen los ‘micos’ que se vincularon a última hora a la enmienda. Analistas coinciden en que el presidente, Juan Manuel Santos, lo único que puede hacer es no promulgar ni publicar la iniciativa. Dudas por las objeciones a una reforma Constitucional.
Documento en Secretaría
Las objeciones del Presidente Para el presidente, Juan Manuel Santos, fueron cuatro puntos fundamentales los que motivaron a objetar la reforma a la Justicia: 1. El primero se enfoca en la posibilidad de que cerca de 1.500 altos funcionarios investigados por la Fiscalía y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, pasen a las nuevas salas creadas en la reforma en este Tribunal. 2. Fue el de la doble instancia en los procesos penales y disciplinarios, muchos de los cuales podrían acabar con las denuncias que se han hecho por parapolítica, yidispolítica y demás casos que aún se encuentran en juzgamiento. 3. Las modificaciones que se le hicieron a la pérdida de investidura, representaron para el Jefe de Estado un riesgo para esta figura constitucional, tanto que de aplicarse en la actualidad podrían determinar la nulidad de muchos procesos y el cobro de las costas de los mismos a quienes instauraron esas demandas. 4. Por último, el Primer Mandatario llamó la atención sobre la ausencia de la transición que se debió implementar durante el proceso de eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Redacción Política
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Los afanes del Congreso por mostrar resultados ante la opinión pública y el Gobierno determinó que la reforma a la Justicia se convirtiera en el ‘falso positivo’ del Legislativo, que además de aprobar una enmienda cargada de ‘micos’ -vinculados en los ocho trámites y reforzados a última hora en la conciliación-, dejó en evidencia que desde el Capitolio Nacional los parlamentarios están legislando en causa propia. La polémica por este acto legislativo se abrió por el cúmulo de artículos que terminaron por ´blindar’ a los congresistas de los alcances de la justicia en materias penal y disciplinaria, así como de pérdida de investidura, lo que motivó al debate nacional. Es en este momento y al final del jueves cuando el presidente, Juan Manuel Santos, decide salir ante la opinión pública a tratar de apagar el fuego que se inició desde la tarde del miércoles, pero la salida del Jefe de Estado lo que hizo fue incentivar el incendio, debido a que -por primera vez en la historia reciente del país- un mandatario decide objetar una enmienda constitucional, de lo cual no hay registros en los anales de esta nación. Ayer el ministro del Interior, Federico Rengifo, en diálogo con medios radiales, dejó claro que la reforma no ha entrado en vigencia y enfatizó que por esa razón los procesos que cursan contra aforados en las Cortes y el Consejo de Estado deben continuar su trámite normal. Rengifo aclaró además que en la reforma, los congresistas “impusieron artículos que no estaban en las conciliaciones de Cámara y Senado, como es el caso de los aforados”. Y añadió: “Los artículos que aparecieron en los textos de conciliación no podían votarse porque no existían en ninguno de los textos. Aparecieron nuevos aforados y un nuevo sistema de investigación que no hizo parte del texto original de la iniciativa”. No obstante, a la apreciación del titular de
FOTO: mauricio león
El presidente Juan Manuel Santos reprochó la actitud de los congresistas.
La ciudadanía rechazó la iniciativa en varias ocasiones, incluso colocando carteles de protesta en el propio Palacio de Justicia. la Cartera, ya se dieron los primeros coletazos de la reforma, como fue la solicitud hecha por el abogado Jaime Granados, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia la libertad del ex secretario de Palacio, Bernardo Moreno, procesado por el caso de las chuzadas. Sin embargo esta solicitud no fue avalada. Lo anterior ya demuestra que la reforma se va a convertir en el caballito de batalla de los defensores de aforados que se encuentran inmersos en procesos de pérdida de investidura, la parapolítica, la yidispolítica, Agro Ingreso Seguro, las chuzadas, la farc-política, los carruseles de la contratación, los líos con la Dirección Nacional de Estupefacientes, entre algunos casos, quienes buscarán ‘pescar en río revuelto’ ante los beneficios de la enmienda constitucional. Los riesgos
Ante la ausencia de una jurisprudencia clara sobre si el Presidente puede o no objetar los proyectos de reforma constitucional, en la
medida en que ni la Carta Magna, ni el Reglamento del Congreso (Ley 5a. De 1992) ya se avizoran dos escenarios. El primero de ellos es que como no hay claridad sobre el tema lo que ha hecho el Jefe de Estado es ganar tiempo, tal y como lo sostuvo el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien aseguró que hay una salida y es que este tipo de proyectos puedan ser objetados como las leyes ordinarias, “pero es algo que no acepta la Corte Constitucional”. Explicó además que lo más grave es la “crisis de institucionalidad que se avecina”, ya que consideró que “se evidencia una fractura en la Unidad Nacional, lo que se va a traducir en el inicio de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo”, en pocas palabras, se acabó la luna de miel. La situación se muestra tan crítica que ya en el Congreso pidieron la cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Uno de los motivadores de la solicitud de dimisión fue el senador del Polo, Jorge Enri-
que Robledo, quien aseguró que el Ministro es culpable de la reforma que se aprobó. La ciudadanía expectante
Entre tanto, el representante del Polo Iván Cepeda dejó claro que la reforma aprobada por el Congreso no debe ser “maquillada, remendada ni arreglada a conveniencia de los congresistas”, y afirmó que la única manera de subsanar ese mal es buscando su derogación. Recalcó que gracias a la alerta ciudadana sobre los graves inconvenientes de la Reforma, se evitó que muchos ex funcionarios del anterior gobierno salieran de las cárceles y terminaran entrabando la acción de la justicia en sus distintos procesos penales. De otro lado y ante los vientos de convocatoria de referendo, el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra dijo que la decisión del Gobierno va en contra de la jurisprudencia actual y lo único que busca, a su criterio, es evitar la consulta a los colombianos para que deroguen esa “monstruosidad”.
La decisión del Gobierno de objetar la reforma a la Justicia se basa en una jurisprudencia de la Corte Constitucional, que indica que cuando haya vacíos en las normas y procedimientos de las reformas constitucionales, se aplicarán los mismos mecanismos que para objetar leyes ordinarias. Sin embargo, para el ex magistrado Alfredo Beltrán esto lo único que significa es que el Gobierno está creando una nueva jurisprudencia a partir de un precepto que no comparte la Corte Constitucional. Si fuera acogida la teoría presidencial, de darle trámite como una objeción ordinaria, la Ley 5ª de 1992, en su artículo 197 y siguientes determina la forma de cómo el Congreso debe analizar y tramitar las objeciones que hace el Presidente de la República a los proyectos. Es así que advierte que si las objeciones son totales, la iniciativa llegará a la Cámara en que tuvo su origen, en el caso de la reforma a la Justicia, al Senado; pero si la objeción es parcial (que fue lo que hizo Santos) irá a la Comisión Primera del Senado. Este Reglamento del Congreso establece además que si el Legislativo se encuentra en receso, el Presidente deberá publicar “el proyecto objetado dentro de los términos constitucionales”. Santos anunció que las objeciones son por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, para lo cual cada una tiene su propio trámite. “Si fuere por inconstitucionalidad y las Cámaras insistieren, el proyecto pa-
sará a la Corte Constitucional para que decida sobre su exequibilidad dentro de los seis días siguientes. Este fallo obliga al Presidente a sancionar la ley y a promulgarla. Pero, si se declara inexequible, se archivará el proyecto”, dice un aparte de la Ley. Pero, cuando se trata de razones de inconveniencia y éstas no son aceptadas por el Congreso, el proyecto deberá ser sancionado, pero como se trata de un acto legislativo, existe un vacío, ya que el Jefe de Estado no podrá entrar a sancionar la reforma porque las enmiendas no tienen este tratamiento sino que se promulgan. Otro vacío que surge es que tanto la Constitución como la Ley determinan que los actos legislativos deben aprobarse en sesiones ordinarias y en una misma legislatura (20 de julio-20 de junio para el caso de la reforma a la Justicia), lo que deriva en dos nuevos problemas: El primero, que las objeciones no podría analizarse en sesiones extraordinarias porque es una reforma constitucional. El segundo, que no podría iniciarse el análisis el 20 de julio porque se trata de un nuevo periodo ordinario de sesiones diferente al que tramitó la reforma, por lo que -de entrada y en ambos casoscualquier procedimiento será inconstitucional y no pasaría la prueba de fuego en la Corte. Así, la única salida es que la iniciativa sea analizada por la Corte Constitucional, que en últimas es la que tiene la última palabra.
El Congreso quedó en la mira de la opinion pública por vicios en la reforma a la Justicia.
Estos fueron los congresistas que conciliaron la enmienda Constitucional La Comisión Conciliadora estuvo compuesta por seis representantes y seis senadores, quienes se reunieron a puerta cerrada, dejando por fuera al ministro de Justricia, Juan Carlos Esguerra.
Gustavo Puentes Díaz, Representante Partido Conservador.
Alejandro Chacón, Representante Partido Liberal.
Orlando Velandia, Representante Partido Liberal.
Eduardo Enríquez Maya, senador Conservador .
Martín Emio Morales, senador Partido de La U.
Luis Fernando Duque, senador Partido Liberal.
Juan Manuel Corzo, senador Partido Conservador.
Carlos Eward Osorio, Representante de La U.
Juan Carlos Restrepo, Senador Cambio Radical.
Jesús Ignacio García, Senador Partido Liberal.
Germán Varón Cotrino, Representante Cambio Radical.
Rooslvelt Rodríguez, Representante Partido de La U.
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