CONTINGENCIA Y ELECCIONES

Las encuestas, siempre criticadas por los que aparecen más abajo en las tablas de medición y valoradas por los que están arriba, pueden distinguirse en dos categorías: las semanales que miden cómo se mueven las percepciones cada siete días sobre un determinado asunto (“Cadem-Plaza Pública” y “Tú Decides”, entre otras), y las de carácter anual, que arrojan, obviamente, los datos que en doce meses exponen un “número muestral” (“CEP Chile” y “Encuesta Bicentenario UC”, para destacar las más citadas). Ambas, semanales y anuales, como dice el lugar común, consisten en fotografías del momento, por lo que mal podrían reemplazar mecanismos estructurales -como la Democracia- para decidir sobre políticas públicas a largo plazo o la redacción de una nueva Constitución.

Me quiero detener en los datos de la última encuesta “Bicentenario UC” y las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 7 de mayo, así como de las campañas que han impulsado todos los sectores y los resultados del Proceso Constitucional que se desarrolla actualmente luego del fracaso del texto propuesto por la ya fenecida “Convención Constitucional”.

Es odioso comparar, pero es lo que precisamente admiten las encuestas para sacar algunas conclusiones que permitan desenmarañar el ambiente político institucional que hoy recorre el país, donde sin lugar a dudas la preocupación número uno es la delincuencia y todo lo que ello ha implicado, como por ejemplo el “fast track” legislativo, la suspensión de la última semana territorial en ambas Cámaras, la denominada “Ley Nain Retamal”, el “Gatillo Fácil” y la alta valoración de Carabineros de Chile (tres mártires en 23 días) y de la Policía de Investigaciones. Si a eso le sumamos su eventual vínculo con la inmigración, como lo hizo presente el flamante nuevo Fiscal Nacional, el cocktail es a lo menos complejo. Noticieros am, pm, centrales y matinales de todos los canales, además, actúan con efecto amplificador.

Pero vamos por parte. En el año 2019 se desató el llamado “Estallido Social”. Las protestas se caracterizaron por la ausencia de líderes y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, desde las clases bajas hasta las medias altas. Lucha, caos y delincuencia mezclados. Todo era anomia y anarquía. Aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público (Metro de Santiago), las concentraciones populares pronto expusieron sus causas mediatas: el alto costo de la vida, bajas pensiones, precios elevados de fármacos y tratamientos de salud (“Derechos Sociales”), y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional supuestamente acumulado durante los últimos treinta años –al menos así lo leyeron algunos-. La solución fue un acuerdo de los mismos Partidos Políticos (salvo los Comunistas), que luego se ratificó en las urnas (todavía con voto voluntario) optando por una Asamblea Constituyente elegida por votación popular para escribir una nueva Carta Magna. El 4 de septiembre del año 2022, ahora con voto obligatorio, un 62% rechazó el texto propuesto por la Convención y sus traslapes técnicos y estéticos. Un dato relevante para efectos de esta columna, es el inusitado apoyo (en votos) que en ese momento tuvieron los candidatos de partidos y movimientos de la extrema izquierda velados como “independientes dentro de cupo”, lo que arrojó como resultado que una serie de candidatos eventualmente emancipados del yugo partidario tuvieran la oportunidad de romper el estancamiento. Era la salvación, la política de los “impolutos”, de la “gente como uno” a cargo de la redacción del texto más importante de todo país democrático. La muestra más flagrante fue la “Lista del Pueblo”.

Según los números de la encuesta Bicentenario UC que midió el año 2020, el 50% creía que la Convención Constituyente (en rigor Constitucional) permitiría llegar a grandes acuerdos para la solución de los problemas, centrando las expectativas en la mejora en el acceso a los derechos de educación y salud, la participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente. (Hasta ese momento la “Plurinacionalidad”, la abolición del Senado, el reconocimiento de la política de las identidades y otros anhelos no eran prioritarios). Diferentes números importantes de la medición instaban a contar con instituciones honestas y confiables (44%), una sociedad con menos diferencias entre ricos y pobres (23%), una sociedad con menos conflictos y violencia (apenas un 17%), y tener una sociedad más democrática (14%). Carabineros de Chile apenas gozaba de un 17% de confianza ciudadana.

Ese era el escenario con que se votó tanto en el plebiscito de entrada como en la elección de los Convencionales, uno que tenía por bandera de lucha la dignidad y la protección del Estado de los Derechos Sociales –acceso efectivo-. La realidad mutó de manera mágica dentro de los pasillos del ex Congreso

Nacional en Santiago durante los años 2021 y 2022, y las prioridades, ya no ciudadanas, se tomaron el debate público con los resultados por todos conocidos.

La misma encuesta Bicentenario UC del año recién pasado (2022), presentada hace pocos días por el Centro de Políticas Públicas de esa Casa de Estudios, ante la misma pregunta, señala que disminuyó significativamente la expectativa de los chilenos respecto de que Chile alcance el desarrollo, en comparación a las versiones anteriores. También se redujo notoriamente la idea de llegar a ser un país reconciliado. Aumentó la percepción del conflicto en el país en prácticamente todos los temas mencionados, especialmente en lo que se refiere a Gobierno y oposición; trabajadores y empresarios, y chilenos e inmigrantes. Y entre todos ellos, la seguridad merece un capítulo aparte.

Así las cosas, un 73% cree que hay un gran conflicto entre la (s) derecha (s) y la (s) izquierda (s); un 71% afirma que el problema migratorio es grave; un 17% estima que es imposible salir de la pobreza; el 11% cree en el Gobierno, y un 3% en el Parlamento. En cambio, las Universidades cuentan con el máximo de confianza (46%) y Carabineros de Chile muestra una ostensible alza en este aspecto (32% al alza). Un 70% estima que existe violencia en el país que pone en peligro a las instituciones públicas y a la ciudadanía.

Ante la pregunta de si “¿cree Ud. que es justificable que el Estado haga uso de la fuerza pública en cada una de las siguientes situaciones?”, los resultados pendulares de un año a otro son asombrosos: 38% la justifica cuando existen saqueos; 30% cuando se producen bloqueos en las carreteras, y 21% cuando se producen manifestaciones públicas.

Las agencias publicitarias a cargo de las campañas políticas para las elecciones del próximo domingo 7 de mayo saben leer las percepciones ciudadanas, más aún cuando el voto está lejos de los principios y más cerca de las necesidades próximas y de las emociones. De ahí que resulte curioso que desde el Partido Comunista hasta los “Republicanos” tengan a la seguridad como eje, presentando a los candidatos como si fueran a una campaña municipal o de otro tipo, pero para quienes tendrán en sus manos la redacción de un texto (la Constitución) que de por sí debe estar integrado por el “Ethos” nacional con un objetivo de permanencia en el largo plazo.

Votar en medio o basados en contingencias es un error mayúsculo, y de eso ya existen pruebas. La balanza del discurso y de los hechos está a favor de un lado de la pesa. No cabe duda de que la propuesta constitucional deberá tener acápites referidos al tema, pero no sobrecargar de normas ese asunto.

Este proceso, a diferencia del anterior, es ordenado, informado y cuenta con herramientas claras de participación ciudadana a cargo de una Secretaría Ejecutiva liderada por las Universidades de Chile y Católica de Santiago, más todas las que estén acreditadas ante el Estado, lo que incluye también a Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. El tiempo es breve y ya sabemos que jugar contra reloj es peligroso. Los mecanismos de participación están liderados por profesores y compuestos por equipos de profesionales técnicos en la materia, por lo que el problema de la “legitimidad”, que debiera ser un tema básico en toda Democracia, cuenta con las herramientas para no ser cuestionada. (En el próximo número explicaré al detalle cada uno de ellos).

Insisto, es el momento de dejar de lado el día a día por un rato, apagar el televisor y mirar el largo plazo, de otra forma nos arriesgamos que esta vez un sector político se vea sobrerrepresentado clocando en juego no sólo el proceso de redacción que se lleva a cabo ahora por la Comisión de Expertos, que luego debe ser debatido por los Consejeros Electos y, finalmente, ratificado por el voto popular. Lo ideal es que, de triunfar algún sector, lo haga por breve margen para que ahora sí contemos con palabras que nos guíen al acuerdo y con un pie en la realidad, que siempre logra destruir hasta las más fanáticas de las ideologías. Hay que votar por los acuerdos y no por las trincheras –como lo dice lúcidamente Ernesto Ottone en su último libro-, y menos por los que otros quieren que votemos. El voto es único, personal y secreto. Pensemos en nuestros hijos, nietos, el planeta y paremos por un rato, respiremos y ejerzamos nuestro derecho pensando en un futuro de mediano y largo plazo, no en el de la foto obscura que nos muestran día a día o año a año.

Sólo los acuerdos en mínimos nos harán una sociedad más justa, más libre y más fraterna, conceptos que los extremos no pueden exhibir como medallas.