PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y RIESGO

Colectivo Trazantes

La estructura geográfica del país y las condiciones que presenta el cambio climático ponen en cuestión el modo en el que se ordena el territorio y se planifican y localizan los centros poblados.

En efecto, la presencia de quebradas, zonas costeras, riberas de ríos, pendientes y humedales, entre otros, sobre los que -de modo planificado o no-, se desarrollan asentamientos humanos, se evidencia en su naturaleza y tendencia evolutiva ante temblores, maremotos e inundaciones, afectando tanto inversiones públicas como privadas y poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.

Por su parte, el cambio climático, con aumento de temperaturas, episodios de olas de calor y disminución de precipitaciones, ha alterado la producción agrícola y cambiado el comportamiento de peces y recursos bentónicos. Esto determina que la capacidad que tiene el país de adaptarse, como también para producir alimentos, expuesto a riesgos socio-naturales, deba permitir re-mirar al territorio y los usos que sobre él se generan.

De ahí que la Planificación Territorial y los instrumentos para velar por su cumplimiento no pueden estar sometidas a presiones de corto plazo: inmobiliarias, económicas o conveniencias políticas coyunturales. Por el contrario, debemos entender que, para afrontar los riesgos descritos, urge generar una política nacional con fuerte respaldo regional y comunal, que permita visualizar con apoyo cientí- fico las orientaciones territoriales en función de su morfología, aptitudes, riesgos, demandas productivas, de conservación y de resguardo y también, de acuerdo con requerimientos producidos por variaciones demográficas.

Entonces urge someter a cambios estructurales al modo de ejercer la planificación. Ello pues la tradicional división política administrativa genera establecimientos regionales estancos, olvidando dinámicas suprarregionales; la ausencia de sistemas de ordenamiento del borde costero acordes a una política nacional que regule el uso de costas y riberas, aún no actualizada; los planes reguladores intercomunales y comunales obsoletos, sometidos a aspectos solamente cuantitativos en función de usos de suelo, alturas, densidades y vialidad, entre otros, dejando en un área velada la relación de las ciudades con las áreas rurales, con las consecuencias en una parcelación “de agrado” excesiva de extensas áreas peri-urbanas o bien la instalación de verdaderas zonas industriales en el “campo” bajo la premisa de equipamiento para la agroindustria, son todas expresiones de una política de planificación territorial agotada.

Por lo demás, dicha política, como ya se ha señalado, debiese visualizar una estrategia climática al largo plazo, la revisión de áreas de riesgo y amortiguación frente a los nuevos fenómenos y la generación de instrumentos de fiscalización que, por sobre las direcciones de Obras Municipales, puedan establecer controles sobre el modo en el que se construyen las ciudades, donde Licantén, Constitución y hoy las dunas de Concón, son expresión latente de esta urgencia.

El desafío de superar es tan grande como nuestra capacidad de adaptación, habiendo instancias e instrumentos que perfeccionar y generar, en búsqueda de ese mejor espacio cohabitado y que -lo sabemos- coexistirá con el riesgo, por lo que, asumiendo su perfectibilidad, nos permitirá un nuevo soporte para resolver nuestras urgencias urbanas de manera más sustentable, generar viviendas adecuadamente emplazadas, ciudades más resilientes y menos contaminadas, y generar el valioso resguardo de nuestros entornos naturales.