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Denuncian la emergencia del colectivo travesti-trans
El reclamo fue acompañado por el sindicato AMMAR Denuncian la emergencia del colectivo travesti-trans
El 1 de julio se realizó una conferencia de prensa en la sede del sindicato de trabajadoras sexuales en Constitución para visibilizar la emergencia habitacional y alimentaria del colectivo travesti-trans. Desde AMMAR denuncian que se les niega el subsidio habitacional a 80 personas del colectivo.
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Texto: El Grito del Sur Foto: Abril Pérez Torres
En la sede del sindicato de trabajadoras sexuales en Constitución -más conocida como Casa Roja-, el pasado 1 de julio se realizó una conferencia de prensa para visibilizar la emergencia habitacional y alimentaria del colectivo travesti-trans. El principal reclamo de AMMAR responde a que en las últimas semanas el Gobierno porteño le negó a 80 travestis y trans el acceso al subsidio habitacional debido, entre otras cosas, a no contar con servicios a su nombre o no estar literalmente en la calle. “Estamos acá para que el Gobierno de la Ciudad nos dé una solución porque somos más de 80 compañeras en riesgo de quedar en la calle. Ellos quieren que estemos durmiendo debajo de un puente, en un hospital o acuchilladas, quieren que lleguemos a los extremos más deplorables del ser humano para darnos una ayuda y esto no puede ser así”, explicó Chocolín Mares Ortíz, una de las coordinadoras de la Casa Roja.
“Fuimos a pedir ayuda al Gobierno y como en toda institución gubernamental se nos burlaron, nos discriminaron y no nos dieron respuesta. Nos quieren en la calle, ya no sabemos qué hacer, queremos trabajar como todas las personas, queremos trabajo digno y que nuestros derechos se hagan valer. Somos seres humanos y merecemos respeto como todos”, agregó Catalina.
Según relevó el sindicato, en el barrio de Constitución hay más de 400 personas travestis y trans que pagan entre 3.000 y 8.000 pesos mensuales de alquiler en los hoteles donde viven, generalmente en condiciones precarias. Debido al aislamiento, muchas no pueden salir a trabajar y ya adeudan dos o más meses de renta quedando expuestas a ser desalojadas. A esto se suma las dificultades para acceder al alimento, lo cual lleva a que más de 200 personas trans se acerquen todas las semanas al comedor de la Casa Roja.
“En la Ciudad de Buenos Aires el derecho habitacional para las personas travestis y trans es una gran problemática. Si bien la Constitución de la Ciudad garantiza el acceso a la vivienda, esto termina siendo ficticio para este colectivo. El problema de más de 80 compañeras es poder acceder al subsidio habitacional, pero lo que esgrimen desde la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat a cargo de Maximiliano Corach es que las personas tienen que estar en situación de calle para recibirlo y, aunque las compañeras estén en inminente riesgo de estarlo, la respuesta sigue siendo nula. Otro motivo que nos dan es que tal vez el programa no es acorde a ellas, pero no existe otro programa que pueda dar este tipo de contención habitacional”, agregó Alejandro Joma, abogado de AMMAR.
“La realidad es urgente, las compañeras atraviesan una situación de emergencia alimentaria y habitacional que no puede esperar a que se reformen los informes, tal cual nos lo piden cada vez que vamos a intentar acceder a un subsidio habitacional. Ellas son rechazadas porque los dueños de los hoteles donde viven tampoco pueden esperar y las terminan exponiendo a situaciones de violencia. Las compañeras viven en condiciones precarias y de hacinamiento, pero pagan entre 600 y 800 pesos por día, lo que las lleva a estar endeudadas y aún más frente a la imposibilidad de trabajar. En los primeros días del mes surgen muchos intentos de desalojos, a pesar de que hay un decreto presidencial que los prohíbe hasta el 30 de septiembre”, explicó la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, quien acompañó la movilización al Ministerio de Desarrollo Social de CABA realizada el día anterior.
«Las personas travestis y trans viven en hoteles precarios con más de 60 personas. Desde la Subsecretaría de Hábitat dicen que el subsidio habitacional no es el plan adecuado para ellas, pero no les dan otro y el Estado porteño tampoco las contempla como parte de los grupos vulnerables. A muchos compañeras les solicitan el estado efectivo de situación de calle y cuando están a días de ser desalojadas. Antes de implementar una medida paliativa pretenden que suceda el hecho para después ser contenidas en el programa, lo cual es una medida totalmente innecesaria», aportó posteriormente a esta medio Joma.
Cabe recordar que hace algunas semanas se desató una polémica luego de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación diera de baja el casillero de trabajo sexual como opción en el formulario del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ReNaTEP. Según pudo saber este medio, el Registro de la Economía Popular fue dado de baja porque el debate en torno a este eje desató un conflicto interno entre las diversas posiciones que conviven en la cartera de Desarrollo Social. El tema será resuelto a través de una mesa de diálogo entre las partes, donde todos los sectores piden estar representados. «Y no me refiero necesariamente a las trabajadoras sexuales, sino a que las cosas las siguen definiendo los varones. Nos enteramos por un tweet cómo dos varones deciden sobre todo un colectivo y se arrogan nuestra representatividad, resolviendo esto por teléfono», explicó Georgina Orellano al respecto.
Juez Gallardo
Al juez Andrés Gallardo, el Ejecutivo porteño lo recusó más de 700 veces. En diálogo con El Grito del Sur, Gallardo reivindica el rol de la justicia administrativa, critica el “lawfare” y los discursos de odio que circulan en estos tiempos y exige un cambio de paradigma en el Poder Judicial.
Texto: Matías Ferrari Foto: CEDOC
de su nombre basta para comprobarlo. Cansado, en septiembre de 2016 apeló al Consejo de la Magistratura y denunció que Horacio Rodríguez Larreta batió todos los récords conocidos y lo apartó de diez causas en un lapso de 30 días. Desde que es juez administrativo porteño, padeció ese recurso de los gobiernos más de 700 veces. La última, hace 10 días, después de haber exigido que la Ciudad garantizara la conectividad de internet en las villas para que les pibes pobres puedan estudiar a distancia. Es uno de los pocos jueces del país que critica abiertamente la desigualdad, al mismo tiempo que se opone públicamente a la utilización de la Justicia para perseguir dirigentes y, como dice él, para recortar derechos. Hace poco firmó un documento muy crítico del rol que está desempeñando el Poder Judicial en plena pandemia, junto a una serie de colegas que forman parte del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, que se referencia en la prédica del Papa. Entre otras cosas, el documento dice que estamos asistiendo a la “muerte del derecho neoliberal”. De todo eso habló, vía Whatsapp, con El Grito del Sur.
Desde que empezó la pandemia, la justicia administrativa porteña tuvo mucha actividad, con fallos que ordenaron al Gobierno de la Ciudad a garantizar protocolos en barrios populares hasta proteger derechos que estaban y siguen vulnerados. En casi todos los casos, la estrategia del
Ejecutivo fue apartar a los jueces y no cumplir cautelares. ¿Cuál es el balance que hace de estos casi 4 meses?
La justicia contencioso administrativa de la Ciudad ha tenido un importante y destacado papel en el progreso de los derechos sociales en el país. Yo diría sin dudar que es el fuero vanguardia en la República Argentina en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, a la educación, la salud y la cultura, entre muchos otros. Los fallos de mis colegas han interpelado en numerosas oportunidades al Gobierno de la Ciudad. Algunas de las respuestas han sido satisfactorias, pero muchas otras han sido necesarias intimaciones, apercibimientos, multas y hasta ejecución forzada para concretarlas. La tarea no es fácil, pero seguimos tesoneramente en el objetivo de hacer real nuestra Constitución local, que por cierto es muy garantista y progresista. Ese, creo, es el peor problema que tiene el Gobierno: la Constitución, no los jueces. Mientras no logre modificarla, deberá cumplirla. Para eso estamos.
Estas semanas pareciera que la discusión política volvió a la arena de las causas judiciales. En la carta que firmaron los jueces franciscanos fueron muy críticos, otra vez, del rol que ocupa el Poder Judicial en lo que se conoce como “lawfare”. ¿Es posible evitar la utilización de estas causas que buscan sacar rédito político valiéndose de la Justicia?
El Papa Francisco es el único referente mundial y titular de un Estado que ha denunciado públicamente la existencia del lawfare y ha descrito cómo opera para desarticular la democracia y minar los derechos sociales de los pueblos, profundizando la expoliación económica y la pauperización. Nosotros creemos que hay que extremar todos los recaudos para que no pueda repetirse esta historia en nuestros países. Para ello, debemos entender al lawfare como una política regional de la concentración económica militar, que no casualmente se dio en varios países al unísono y con los mismos fines y medios. Desde esa comprensión deberíamos luego indagar en cuáles han sido los aliados internos de esos intereses foráneos y, dentro de éstos, cuáles lo han hecho desde el Poder Judicial y cuáles desde los medios concentrados de información. A partir de todos esos datos, será imperioso promover las sanciones judiciales y políticas que pudieren corresponder, para que esas prácticas no queden impunes. Ese es nuestro compromiso en el Comité.
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El Comité usa el término “derecho neoliberal” y argumenta que estaría por terminarse. ¿A dónde apuntan?
El sistema capitalista no aguanta más, lo dijo con claridad el Papa. Y es necesario su reemplazo por un orden justo y digno para el hombre y sostenible para el planeta. El derecho, que tiene como misión consolidar un orden dado, no puede continuar inmutable cuando su propia base se derrumba. El derecho neoliberal, que rigió hasta antes de la pandemia, no tiene soluciones tal como ha sido concebido, para dar respuestas a las múltiples problemáticas que se presentarán. Por eso hace falta un nuevo contrato social y una nueva Constitución, seguramente en muchos de los estados que conforman el Comité, y la adaptación urgente de otras tantas al nuevo estado de cosas. Esa es la alerta que tratamos de transmitir.
Desde que empezó la pandemia, se debate cómo va a salir la sociedad de esta crisis. ¿Qué debería cambiar en el Poder Judicial?
Por cierto, el Poder Judicial tiene mucho que aportar frente a los desafíos de la pandemia. Nosotros hacemos eje en la necesidad urgente e imperiosa de concretar los derechos sociales. Para ello entendemos que los jueces debemos adoptar una postura proactiva, es decir, comprometernos decididamente a que nuestras resoluciones no sólo sean declarativas sino que se ejecuten y operen transformaciones tangibles en la vida de las personas que claman por justicia y dignidad. Eso, por cierto, en los casos que vienen a nuestro conocimiento y también cuando se cuestionan judicialmente las políticas públicas insuficientes o inexistentes. La pandemia además generará un sinnúmero de conflictos sociales y jurídicos que habrá que resolver, y por eso hacemos hincapié en la aplicación de la doctrina franciscana, como una forma de imaginar un camino en ese proceso de decisión que habrá que forjar. Tenemos que asumir que la crisis ha modificado radicalmente el estado de cosas y que no es posible seguir sentenciando con viejos paradigmas cuando el escenario es otro.
A partir del documento de la oposición sobre la muerte de Fabián Gutiérrez y ciertas expresiones públicas, se instalaron algunos discursos de odio que circulan con mayor potencia. ¿Hay riesgo de un “vale todo” en la política y la justicia?
Las doctrinas del odio son muchas en el mundo de hoy, infelizmente. Se ven doctrinas de odio racial, doctrinas de odio de género, religiosas, sexuales, y muchas otras. Las doctrinas del odio son las que generan grietas y construyen enemigos para destruir. Para ello utilizan cualquier recurso a su alcance: la mentira, la difamación, el señalamiento. Nunca hay que perder de vista cuáles son los objetivos de esas doctrinas, los expresos y los ocultos. En nuestro país, lamentablemente, hay profetas del odio. El caso de Gutiérrez es una muestra más de esa imperturbable inescrupulosidad, que además brilla por su corta inteligencia y su grosera estructuración.
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¿Qué les queda por hacer a los jueces ante eso?
Los jueces podemos hacer mucho para neutralizar el odio: a través de decisiones claras, rápidas y simples, que sean comprendidas por el ciudadano medio sin dificultad. Las sentencias no necesitan de palabras difíciles ni de proliferación de citas, sino de un relato claro y simple de hechos y del derecho aplicable, que cualquiera pueda leer y entender. El odio se construye sobre la oscuridad. Cuanta más luz podamos dar a lo que hacemos, más difícil será para los líderes del odio tejer sus trampas políticas.
POR UNA EDUCACIÓN QUE ACORTE LAS DISTANCIAS
A comienzos de junio, la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a proveer Internet en todas las villas y a garantizar que todes les alumnes en situación de vulnerabilidad tengan un dispositivo móvil con conexión durante el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, estableció un plazo de cinco días para que el Gobierno porteño resuelva la situación. Las agrupaciones querellantes, entre las que se encuentran la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) celebraron el fallo.
En el fallo, Gallardo afirma que el GCBA deberá instalar “equipos tecnológicos de transmisión de Internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el Gobierno en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre” en todas las villas, barrios de emergencia o asentamientos de toda la metrópolis porteña.
En el caso de que existan impedimentos técnicos para cumplir con la instalación del servicio en los barrios, el fallo establece que el Gobierno porteño entregue “un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a Internet, a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario”, independientemente de si se le entregó o no un equipo de computación. El fallo también plantea que el Gobierno porteño deberá realizar “un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de los equipos” que respete las medidas sanitarias y que, preferentemente, “utilice canales institucionales -ya en uso- insertos en los barrios (comedores, parroquias, juntas vecinales, movimientos sociales, etc.)”.
Esta resolución aún no fue acatada por el Gobierno porteño.
