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La violencia de género es la pandemia dentro de la pandemia
Luego del anuncio del Gobierno sobre el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Laura Velasco, reclama que se declare la Emergencia por Violencia de Género en la Ciudad de Buenos Aires.
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Texto: El Grito del Sur
Foto: Cristina Sille
Entre celebraciones y pronunciamientos por el reciente anuncio del Gobierno acerca del Plan de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Laura Velasco, reclama que se declare en la Ciudad de Buenos Aires la Emergencia por Violencia de Género. A mediados de abril, la legisladora presentó un proyecto justamente sobre esta problemática, que continúa siendo tratado al día de hoy sin una resolución. «Es fundamental que podamos contar con estadísticas oficiales que permitan medir los resultados de las políticas que se están aplicando, además de conocer los alcances del problema», planteó Velasco.
La diputada porteña subrayó que, desde el Observatorio Ahora que sí nos ven, ya contabilizaron a nivel nacional 162 femicidios en lo que va del año, y la mitad de esos casos ocurrieron durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta cifra no contempla, además, el número de travesticidios y transfemicidios cometidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha. En este sentido, Velasco valoró la voluntad del Poder Ejecutivo de crear un plan que atienda estas problemáticas: «Estamos convencidas de que la violencia de género es la pandemia dentro de la pandemia y por eso creemos que estas medidas son una buena noticia, a la vez que una decisión necesaria que pone a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+ en un lugar de prioridad a la hora de diseñar políticas públicas».
Al mismo tiempo, el plan anunciado el viernes pasado tiene varias similitudes con el proyecto presentado en abril por la legisladora del Frente de Todos. Entre algunos de los puntos que comparten, se destacan las acciones de prevención y difusión de los canales de denuncia y acompañamiento de los casos, el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios de profesionales y su articulación con las promotoras barriales de género, la creación de nuevos refugios y albergues, un sistema de alertas tempranas para poder actuar a tiempo en las situaciones de violencia,
un subsidio que busca posibilitar la independencia económica de la víctima, además de un registro único de casos.
Velasco destacó también algunas de las medidas y acciones que se incorporan en el plan anunciado hace unos días por el presidente Alberto Fernández y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que tienden a cuestionar y modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, como por ejemplo, campañas sobre la construcción de nuevas masculinidades y vínculos sexo afectivos responsables y diversos. «Es muy importante que el Estado se ponga al frente de impulsar el cambio cultural, indispensable para la verdadera erradicación de las violencias por cuestiones de género», expresó. Y sumó: «Pero como dijo el Presidente, esto depende del compromiso de todas, todos y todes como sociedad para poder llevarlo adelante. En este sentido son herramientas imprescindibles la Educación Sexual Integral y las capacitaciones a los agentes del Estado en cumplimiento de la ley Micaela».
9 de cada 10 establecimientos sufren además falta de alimentos La demanda de alimentos en comedores de villas porteñas creció un 60%
Los datos surgen de un relevamiento difundido por la Defensoría del Pueblo. Sólo la mitad de los comedores y merenderos contactados recibe asistencia alimentaria por parte del Gobierno de la Ciudad. En la Villa 31 la situación es aún más crítica.
Texto: El Grito del Sur
La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 está haciendo estragos en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con un informe difundido ayer por la Defensoría del Pueblo porteña, la demanda alimentaria de los comedores y merenderos comunitarios ubicados en villas se incrementó en un 60%. Mientras que 9 de cada 10 establecimientos contactados sufren falta de alimentos, actualmente sólo la mitad recibe ayuda estatal por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
El relevamiento de la Defensoría se efectuó en diez barrios populares de la Ciudad: Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), Villa 15 (Ciudad Oculta), Villa 20, Villa 21-24, Villa 31, Carbonilla, Cildañez, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y Scapino. Consultados entre los días 2 y 18 de junio, 63 referentes de comedores -que en total entregan aproximadamente más de 25.000 raciones alimentarias todos los días- respondieron en forma telefónica sobre el aumento de la demanda a partir del inicio de la emergencia sanitaria y las respuestas que obtuvieron del Gobierno porteño.
Varios de los establecimientos relevados se encuentran en la Villa 31, donde la situación es aún más crítica. Según dieron cuenta los encuestados, la asistencia alimentaria de los comedores y merenderos creció un 60% en los últimos tres meses. En este contexto, más de la mitad de los establecimientos (56%) aseguró tener personas o familias en lista de espera para recibir la asistencia alimentaria. El informe plantea que «para brindar asistencia a esa población deberían aumentar la entrega de alimentos en un 15%». ¿Cuáles son los motivos por los que la problemática alimentaria está tan presente? De los comedores relevados, sólo el 36% integra la red del Programa de «Apoyo a Grupos Comunitarios» del GCBA y el 40% no fue contactado hasta el momento por ninguna dependencia gubernamental. En cuanto a la asistencia alimentaria, apenas la mitad de dichos establecimientos recibe ayuda en este momento por parte de la administración porteña. La situación es más grave todavía si se indaga en las necesidades, dado que 9 de cada 10 establecimientos precisan un aumento de la asistencia alimentaria.
Patricio Clare, responsable de la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la Defensoría, explicó a El Grito del Sur que «fuimos sistematizando todos los pedidos que nos llegaron y, con una situación bastante estable de información, nos pareció pertinente elaborar un informe. En los barrios populares se produjo una explosión de la demanda alimentaria, que tiene que ver con la gravedad de la crisis que acompaña a la pandemia y que se traduce en la economía de las familias. Si bien hay una respuesta bastante fuerte a través del Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios, hay muchos comedores que quedan por fuera del programa». El trabajo fue dirigido a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario del GCBA a cargo de Jazmín Lerner.
«Lo que estamos recibiendo nos alcanza para dos días, los chicos necesitan comer los siete días de la semana. Además necesitan comer carne, verdura y lácteos, pero el Gobierno de la Ciudad nos está dando sólo fideos, puré de tomate, arroz y aceite. Antes de la pandemia se acercaban unas 80 familias, pero ahora se triplicó el número porque no pueden salir a trabajar», contó Lorena Gómez, del merendero «Color Esperanza» en la Villa 31.
Estas carencias se reflejan también en el ámbito de la seguridad e higiene, dado que sólo el 9,5% de los entrevistados por la Defensoría del Pueblo aseguró estar recibiendo adecuadamente elementos como barbijos, alcohol en gel y artículos de limpieza. El 47,6% recibió éstos en forma insuficiente y el 42,9% no fue equipado con ningún insumo. La labor del Ejecutivo porteño resulta insuficiente para cubrir las necesidades de comedores y merenderos comunitarios que desarrollan sus actividades en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires.
ENTRE LA SUPERVIVENCIA Y LOS RECORTES
A comienzos de mayo, el Gobierno de la Ciudad intentó quitar 785 millones de pesos destinados al programa Fortalecimiento de Grupos Comunitarios con el objetivo de reasignarlos al subte. Sin embargo, terminó dando marcha atrás con un debilitamiento aún mayor del programa que brinda asistencia financiera a merenderos, comedores y centros de primera infancia.
La usura del Jefe de Gobierno Larreta propone a los artesanos créditos al 24% para afrontar la crisis
Después de más de tres meses sin ingresos, artesanes y manualistas de la Ciudad de Buenos Aires se toparon con una insólita respuesta de la administración porteña: créditos a tasa de interés del 24 por ciento. “Estos créditos son una locura y además la gran mayoría no puede acceder a los requisitos que se piden para el sector”, aseguran les feriantes de San Telmo.
Texto: El Grito del Sur
La flexibilización de algunas actividades en junio y la vuelta de la cuarentena estricta desde el primero de julio poco cambió la realidad cotidiana de artesanes y manualistas de la Ciudad de Buenos Aires, que desde mitad de marzo no pueden trabajar. La pandemia de COVID-19 trajo aparejada el cierre temporal de las ferias y causó un fuerte estrago para sus ingresos económicos, dado que éstos se nutrían fundamentalmente de las ventas al turismo local e internacional. A lo largo de los últimos dos meses, este sector realizó diferentes acciones de protesta para visibilizar su situación: ollas populares en el Obelisco, en la calle Martín García y frente al Parque Lezama, entre otros lugares.
La bronca terminó de estallar cuando se enteraron de la insólita respuesta que les dio el Gobierno de la Ciudad para paliar la crisis: créditos a tasa de interés del 24 por ciento. En un contexto de ausencia total de ingresos y de pasar situaciones límites como la falta de un plato de comida en sus hogares, el otorgamiento de créditos usurarios por parte del Banco Ciudad para la compra de insumos es visto como una traba más de cara al desarrollo de su actividad. Esta línea de créditos tiene además la particularidad de exigir requisitos altos que muches artesanes no poseen, tales como monotributos e ingresos mensuales por encima de los 40 mil pesos.
Sergio Coria, artesano de la calle Defensa en San Telmo, repudia esta política crediticia: «Del listado de requisitos para poder tomar esos créditos, no todos estamos habilitados para hacerlo. No lo veo como una ayuda, es un endeudamiento a futuro. En realidad tampoco es algo exclusivo para los artesanos, es una política abierta a todos los vecinos y las vecinas de la Ciudad». «Estos créditos son una locura y además la gran mayoría no puede acceder a los requisitos que se piden para el sector. Aunque nos den dos meses de gracia para empezar a pagar, acumulamos un parate tan importante que va a ser difícil recuperarnos. Por eso pedíamos empezar a pagar la cuota una vez que se reanude nuestra actividad, cuestión que no fue contemplada», plantea Mariano Cipolat, artesano de la calle Perú ubicada en el mismo barrio.
En una respuesta judicial firmada por el abogado Bengt Martín Hogberg, representante judicial de los artesanos y las artesanas de la calle Defensa, «los créditos ofrecidos -observe que ninguno está destinado a artesanos especialmente, sino que son créditos preexistentes para diferentes sujetosno serían de mucha ayuda, ni siquiera el crédito nacional a tasa cero para monotributistas y autónomos, porque si bien logramos subsistir de nuestros ingresos habituales, éstos no nos generan capacidad de ahorro como para poder pagar esos créditos en el futuro. En otras palabras, los créditos solamente postergarían nuestra crisis económica».
A base de protestas callejeras -exponiéndose a contraer el virus- y una fuerte presión contra las autoridades porteñas, lo que sí consiguieron fueron bolsones de alimentos no perecederos cada 15 días para sobrellevar la situación de hambre que padecen desde hace más de tres meses. Sin embargo, los beneficiarios denuncian que lo obtenido es «exiguo e insuficiente». Cipolat asegura que «lo que nos mandó el Gobierno de la Ciudad es deficiente a nivel nutricional porque no tiene ni siquiera arroz y fideos. Se hace imposible sacar una comida de ese bolsón».
Por eso, según cuentan, armaron una red solidaria y contaron recientemente con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que les donó más de 300 kg de papa que fueron repartidos entre les artesanes y manualistas que más lo necesitan.
Cabe destacar que, desde que se decretó el aislamiento obligatorio en la metrópolis porteña, ninguna feria ha vuelto a abrir. En ese marco, el juez Roberto Gallardo intimó al Gobierno de la Ciudad para abonar a les artesanes y manualistas una suma de diez mil pesos hasta la finalización de la cuarentena. Si bien el fallo fue recusado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, la acción de amparo sigue su curso administrativo por estos días. «Estamos parados casi en su totalidad porque, al margen de la venta vía Internet, estamos en una situación económica muy complicada. Ahora que la gente tiene prioridades básicas en sus compras, lo nuestro pasó a ser secundario. La comercialización de artesanías es casi nula en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires», reconoce Mariano Cipolat.
Sergio Coria concluye: «Más que nada seguimos haciendo taller con los pocos materiales que cada uno tiene en su casa, tampoco hay mucha posibilidad de comprar para producir. La venta está difícil y nos sostenemos como podemos. Al no poder rescatar la moneda del día, se hace muy difícil. Hay muchos compañeros que no cobraron el IFE y que no tienen otro ingreso económico por fuera de las artesanías que venden. Esperamos novedades del Gobierno porteño para poder resolver nuestra situación».
El caso de Mariana Gómez
Hace un año, la jueza Marta Yungano condenaba a Mariana Gómez por intentar defenderse del abuso policial luego de besar a su pareja en la estación Constitución. Aunque Horacio Rodríguez Larreta afirmó que se trata de la “ciudad de la diversidad”, Gómez sigue esperando la absolución.
Texto: El Grito del Sur Foto: Catalina Distefano
El 2 de octubre de 2017, Mariana Gómez estaba besando a su esposa Rocío Girat en el centro de transbordo de la estación Constitución mientras fumaba un cigarrillo, como muchas otras personas presentes. Aunque la Ley 1799 de ‘Control de tabaco’ no prevé que se detenga, se labren actas ni que se denuncie a las personas que la incumplan, el oficial Jonathan Rojo la interceptó de manera violenta, tratándola en masculino. Cuando Mariana se retiraba del lugar, Rojo continuó indagándola para finalmente agredirla físicamente hasta dejarla inmóvil en el piso. Posteriormente, la joven fue detenida y llevada a una comisaría donde la obligaron a desnudarse para requisarla.
A pesar de que las cámaras y los testigos dejaron en claro la injusticia, el 28 de junio del 2019 la jueza Marta Yungano -Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 26- condenó a Marian a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves, ya que en el intento de defenderse le arrancó un mechón de pelo a la oficial Karen Villarreal. Paradoja o no, la sentencia fue dictada el día en que se celebraba un nuevo aniversario de la masacre de Stonewall, el levantamiento por parte de la comunidad LGBTQ+ contra el abuso policial en Estados Unidos. Tanto la acusada como todo el movimiento feminista nunca dejaron de insistir en que el fallo era un expresión más de lesboodio. A un año de la sentencia, Rocío Girat y Mariana Gómez hablaron con El Grito del Sur sobre la condena, el abuso policial y la necesidad de defenderse.
¿Cómo se sienten a un año del fallo?
Rocío: A un año seguimos esperando la absolución. Nosotras ya presentamos el recurso de apelación a la Cámara de Casación del fallo de la jueza Marta Yungano. En este contexto de pandemia se hace más difícil, pero igualmente si quisieran podrían darnos una audiencia para que otro tribunal revea el fallo. Fue muy difícil, nosotras vivimos en el conurbano y no es lo mismo ver dos chicas de la mano acá que en Capital. Pasamos un año sin poder defendernos porque sabíamos que, si reaccionábamos frente a alguna
situación lesboodiante, Marian directamente iba a parar al Penal de Ezeiza.
Mariana: Para mí este año fue complicado, especialmente por el hecho de que yo nunca pude llegar a juicio con las dos personas que me violaron durante 16 años y sí llegué a juicio y fui condenada por besarme con mi esposa. Este año tuve que cuidarme en todos los aspectos, tanto de cualquier fuerza de seguridad como de toda institución que tenga un poco de poder, porque cualquier cosa que surgiera me iba a jugar en contra. Ahora la sentencia está en suspenso, tengo la esperanza de que me den la absolución, porque si no quedo con sentencia firme, no hay más instancias apelatorias y durante cinco años aparezco con antecedentes en el sistema, lo cual me juega muy en contra si quiero buscar un trabajo formal.
En ese sentido, ¿cómo repercute el fallo en tu vida laboral y cotidiana?
M: Yo desde que estoy en Buenos Aires trabajé a través de la página de Facebook Transfeministas Trabajando, así que la mayoría de quienes me llamaban para hacer mi trabajo ya me conocían y me acompañaban en la lucha. Más allá de eso, nosotras hicimos pública nuestra situación no porque quisiéramos, sino porque sabemos que los medios hacen presión sobre la Justicia.
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“Si reaccionábamos frente a alguna situación lesboodiante, Marian directamente iba a parar al Penal de Ezeiza”. Rocío Girat ...............................
R: Lo que rescatamos de esta experiencia es el eco que tuvo la situación, que permitió que un montón de otras personas que pasaron por esta situación sepan que no están solas ni son las primeras.
¿Qué significó para ustedes que se haya vuelto un caso tan importante para la comunidad LGTBQ+?
R: En cuanto al colectivo y a las compañeras que nos han apoyado, fue muy bueno porque nos abrazamos un poco entre las luchas que a veces están divididas. Sin embargo, no hay que olvidarse que el policía que nos atacó y que la llevó detenida a Marian -Jonathan Rojo- es un policía de la Ciudad donde sigue gobernando Larreta y que sigue actuando bajo sus indicaciones; de hecho Larreta salió a apoyar a sus policías. Tampoco recibimos apoyo del INADI, al contrario: el INADI consideró que el accionar de los policías fue correcto, cuando hay videos y testigos de la situación que dejaron expuesto lo discriminatorio e injusto que fue lo que pasamos. Hay muchas instituciones que todavía siguen bajo la órbita del gobierno de Larreta y no vemos apoyo por ese lado, que es justamente lo que necesitamos. Está buenísimo el apoyo de les compañeres, pero no basta para resolver la situación en la que nosotras estamos. Si a Marian le dan sentencia firme, más allá de que le quedan cinco años de antecedentes penales, nosotras deberíamos pagar los costos del juicio.
El 5 de julio termina la condena. ¿Como sigue el caso?
R: Marian recibió el fallo el 28 de junio y el 5 de julio dieron los fundamentos y a partir de ahí comenzó a correr la condena que terminaría el 5 de julio. Para nosotras en un gran alivio.
M: La condena se terminaría, pero hasta que Casación no nos dé fecha por la apelación, la condena sigue en suspenso. Si Casación confirma la condena, yo ya cumplí el año pero quedo en el sistema con antecedentes durante cinco años. Todo lo que pasó me dio a pensar los permisos que le da Larreta a sus policías y funcionarios públicos.
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“El policía que nos atacó y que la llevó detenida a Marian -Jo- nathan Rojo- es un policía de la Ciudad que sigue actuando bajo las indicaciones de Larreta” ...............................
R: En ese sentido, a nosotras nos removió mucho ver el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Lo vivimos muy de cerca porque sabemos que si a ese policía en el momento se le cantaba asesinarla a Marian, lo podría haber hecho cuando le clavó la rodilla en el cuello. Cuando vimos el video de George Floyd nos sentimos sobrevivientes de esa situación. Todo eso no fue tomado en cuenta durante el juicio y esperamos que se tome en cuenta en la apelación, incluso la requisa en la que Marian terminó desnuda frente a la policía cuando ellos saben que no te pueden desnudar para requisar. Por eso ellos no tuvieron ningún apercibimiento, ni siquiera un inicio de sumario.
Un año atrás. Afuera todo es desasosiego. A la hostilidad habitual del centro porteño se le suman los empleados estatales que intentan entrar y salir del juzgado, los agentes policiales que no llaman a la ambulancia cuando Mariana se descompensa, los flashes que se debaten entre registrar y sobreexponer. Muchxs lloran, otrxs se besan, algunxs lo hacen al unísono mezclando rabia con saliva.
“No esperábamos este fallo, es en suspenso lo cual aún es peor porque nosotras no sabemos si tenemos que andar con cuidado por todas las esquinas con el miedo a que con la impunidad de cualquier funcionario público nos agarren, nos caguen a palos, volvamos a vivir una situación y Marian quede efectivamente presa”, explicó Rocío Girat en la puerta del juzgado de Paraguay al 1500. “La jueza Marta Yungano es lesboodiante, es discriminadora, es
Es irónico que haya sucedido justamente en “la ciudad de la diversidad”.
R: Si, a los 15 días del fallo, Bullrich sacó el «Protocolo general de actuación de registros personales y detención para personas pertenecientes al colectivo L.G.B.T.”, que consistía en que a cada persona que iba detenida el personal le tenía que preguntar cómo se autopercibe y según su identidad de género decidir cómo proceder. Ese protocolo terminó siendo más discriminatorio que la fachada inclusiva que quisieron meternos; estamos muy agradecidas de que este gobierno lo haya derogado. Nosotras vivimos esta situación en la «ciudad de la diversidad», ¿qué queda para el resto de la Argentina? Después recibimos los testimonios de un montón de personas de todos lados contándonos sus experiencias de abuso institucional.
¿Cómo viven este 28 de junio?
Nosotras vamos a hacer una movida por redes, especialmente por Instagram. También está la “Campaña para la absolución de Marian Gómez”, que tiene una página en Facebook. La pandemia complica la militancia pero no hay que dejar de ser visibles, no hay que dejar de reclamar y especialmente no hay que dejar de pelear por lo que nos corresponde: nos corresponde una sociedad más justa y más igualitaria
para todes. una mujer que no nos representa. Nosotras vamos a pedir la absolución para que no quede ningún precedente. No puede ser que en esta causa figure el acta de matrimonio de nosotras, que a Marian se la haya tratado en masculino, que hayamos tenido que pedir por favor que me dejen declarar cuando las dos estuvimos en esta situación”.
Luego Lisandro Teszkiewicz, el abogado defensor de la joven, dirá: “Nosotros creemos y así lo expresamos en el alegato, que todo lo que se dio en el juicio demostraba la posición de Mariana de que -lejos de ser culpable de un delito- fue víctima de una agresión. Creemos que este veredicto muestra que no sólo es necesario, sino que es urgente la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial. No hay ningún tipo de perspectiva de género en las acciones de la Justicia”.
