César Bohrt / Columna de Opinión

El mundo de la regulación me es familiar y, fruto de ello, entiendo los problemas que son parte de las empresas de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación.

Uno de ellos, la piratería de contenidos audiovisuales

Disfruta de películas, series, documentales en diferentes plataformas, ARMA TU COMBO desde 15 bolivianos ” César BOHRT

Presidente del Capítulo Bolivia de CERTAL

En el año 2022, Pablo Scotellaro, presidente ejecutivo de CERTAL, tuvo la gentileza de invitarme a formar parte del Centro de Estudios y hacerme cargo del Capítulo Bolivia para coordinar acciones con esa familia, a nivel internacional. Una tarea que me permite pensar en libertad y contribuir al ejercicio del derecho al acceso a las comunicaciones.

El sector de telecomunicaciones de Bolivia aglutina, en cuanto el uso del espectro, a empresas públicas, privadas (entre ellas las cooperativas), organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios campesinos. Según la ATT (www. att.gob.bo) el número de conexiones a Internet, a septiembre del año 2021, alcanzó la cifra de 11.443.204. El eje central, vale decir las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz lideren el consumo del servicio de Internet en un 29, 18 y 28%, respectivamente.

Por otro lado, a la misma fecha, las conexiones del servicio de distribución de señales suman 716.575, distribuidas entre La Paz en un 30,1%, Cochabamba 16,2% y Santa Cruz con un 32,9%. Con relación al año 2020, es notorio el crecimiento del número de conexiones al servicio de distribución de señales y, como es la tendencia desde hace varias gestiones, las conexiones a Internet aumentan de forma regular por encima del 1%. Por supuesto, en esa o en mayor medida creció el negocio de la piratería.

Desde el año 2020, y como resultado de una tarea de observación y análisis del mercado informal que se ha creado en las redes sociales (Facebook, Messenger, Whatsapp, entre otros) en cuanto a la oferta de acceso a plataformas OTT e IPTV y, por consiguiente, a contenido diverso y multimedia, está claro que este negocio ha prosperado de forma proporcional al ramillete de plataformas que ahora son parte del contexto boliviano. Hasta el año 2020, solamente Netflix y Amazon se hacían del mercado boliviano y, a la fecha, se han sumado STAR PLUS, HBOMAX, UNIVERSAL y hasta alguna que otra regional con contenido en idioma español.

Las redes sociales son el lugar ideal para el consumo virtual, más aún cuando la pandemia nos condicionó a mantener fuertes medidas de bioseguridad y a quedarse en casa. Los hábitos de la población cambiaron significativamente en el lapso de dos años. Internet se hizo más importante que el entretenimiento, y muchos cambiaron la conexión de tv por cable por un acceso a Internet de mayor ancho de banda y mejor calidad y seguridad, pero para un fin mejor, que es la educación. Tal vez ese sea el motivo por el que entre los años 2019 y 2020 hubo una caída en el número de conexiones del servicio de distribución de señales, tal como lo informa el ente regulador.

De acuerdo a esta observación de las redes sociales, hemos encontrado los siguientes resultados:

1. En las redes sociales 1 de cada 5 publicaciones analizadas dirigía a contenido o servicios ilegales, ya que éstas se usaban para la diseminación de contenido, para aumentar la relevancia en las búsquedas, y como entornos de consumo de contenido fraudulento.

2. Facebook es la red social donde hay mayor oferta de conexiones a plataformas, en combinación con Messenger y WhatsApp. Los enlaces para hacer contacto por estas redes son automáticos. Esto ratifica el hecho que Facebook es la red de mayor uso en Bolivia. Los casos más relevantes son en Facebook, Messenger, YouTube, Instagram, entre otras. Aproximadamente el 35 % de post analizados llevan a ofertas ilegales. Paralelamente, existe oferta de dispositivos (STB) ilegales y sin homologación por parte del ente regulador.

3. El direccionamiento a números móviles de ENTEL, TIGO y VIVA, lo que hasta ese momento era algo normal, condiciona el salto al universo ilegal de la piratería. Una vez establecido el contacto en una red social, el trato es vía mensajería y o audio para el pago de la conexión vía transferencia bancaria o similar. Los 8 últimos meses se han detectado más de 160 números móviles vinculados a este fin.

4. Producto de la pandemia surgieron empresas de comercio y delivery en línea que, mediante una APP, realizaban la oferta de plataformas de contenido como parte de su oferta. Un caso de convergencia de redes muy creativo pero que debe merecer un acuerdo de partes formal entre los involucrados y no a través de terceros, para ser legal. El almacén virtual de estas empresas de delivery albergaban hamburguesas junto a NETFLIX, HBOMax, Prime Video. Una vez elegida la plataforma y la aceptación por parte del interesado, la conexión era un misterio y la habilitación demoraba hasta 48 horas. La piratería ya no es sólo un precio que hay que pagar por llevar un negocio. Es un problema comercial masivo y que va en aumento.

5. Las palabras clave de búsqueda utilizadas son “app para ver películas” o “TV en vivo”. El 20% del total de los resultados analizados eran aplicaciones ilegales.

6. En visita a las principales capitales de departamento, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se pudo verificar la existencia de carteles diseminados por las calles con la oferta de servicios de streaming que conducen a sitios de origen ilegal. Santa Cruz (45 %), La Paz (35%) y Cochabamba (20%) presentan la mayor cantidad de ofertas de acceso a contenido audiovisual.

7. La piratería de contenidos audiovisuales ha ido en incremento acompañando el desarrollo de la tecnología, tal como lo manifiesta la OEA. Nuevos marcos regulatorios que acompañen esta expansión y nuevas medidas para su control, se hacen cada vez más necesarias para proteger a la industria formal y a los usuarios, garantizando la competencia legal y el respeto a la ley, además de promover medidas a adoptar para el combate de la piratería de contenidos y señales de televisión. En Bolivia, por el momento, no se conoce una muestra de interés por parte del poder legislativo para generar políticas públicas que protejan al sector formal e incentivo a la producción de contenido y protección a derechos de autor en un ecosistema convergente, de amplias posibilidades para fines nobles, pero también de infinitas posibilidades para actividades al margen de lo formal.

Las víctimas de este negocio ilegal, son principalmente las empresas que operan legalmente, pero sobre todo la economía del país. Junto a CATELBO – Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia, promovemos el dialogo multidisciplinario y multipropósito con respecto a este problema y, al mismo tiempo, abrimos un espacio de discusión que permita sentar los lineamientos y directrices del combate a esta actividad ilegal.