Revista Mercados & Tendencias

Estados Unidos, Panamá, El Salvador y Puerto Rico: 5,90 Dólares / Costa Rica: 3100 Colones Honduras: 110 Lempiras / Nicaragua: 135 Córdobas / República Dominicana: 230 Pesos / Guatemala: 47 Quetzales

AÑO 6 EDICIÓN MENSUAL N° 77 - SETIEMBRE - OCTUBRE - 2013 ESPECIAL: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EDICIÓN N° 77 | SETIEMBRE - OCTUBRE 2013

INNOVACIÓN & NEGOCIOS EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE www.revistamyt.com

MERCADOS

En alerta roja

Los países no deberían tener deudas públicas dos veces y media superiores a lo que recaudan en un año. Pero cuatro países de la región tienen pasivos insostenibles, según el Icefi.

Daniela Araya

C

on las deudas hasta el cuello, una recaudación pobre y un sinnúmero de flagelos a cuestas, la región se enfrenta ante un panorama incierto sobre su futuro económico.

A juicio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras caminan hacia sendas borrascosas, mientras que Panamá y Nicaragua, ambas caracterizadas por un pujante crecimiento económico e inversión en proyectos con un retorno claro, son las únicas que tienen la situación de la deuda bajo control.

¿Cómo rojos?

caímos

en

números

Aumento de planillas y salarios del sector público en Costa Rica, subsidios en El Salvador y Honduras y aumento de transferencias condicionadas en efectivo en Guatemala,

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así como, en general, la aplicación de medidas, que pese a tener un carácter temporal para contrarrestar los efectos de la crisis económica internacional, se convirtieron en políticas públicas.

"Así como para las personas, la tarjeta de crédito del Estado tiene un límite, y ese límite es el nivel de intereses que puede conseguir un Estado, como medida inicial los países no deberían tener deudas públicas que superen dos veces y media lo que logran recaudar en un año”, mencionó Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.

En función de esto, el estudio buscó evidenciar puntos que los países deben cuestionarse: la rapidez en la que crece el endeudamiento público, el costo financiero de la deuda pública, el déficit fiscal, las capacidades de recaudación y la dependencia de ingresos inflacionarios.

Entre causales individuales y compartidas, Guatemala conjuga un bajo crecimiento económico y

altas tasas de interés en la deuda; El Salvador un bajo crecimiento; Honduras repite en bajo crecimiento pero tiene además aumento creciente del endeudamiento público; y Costa Rica comparte este último y añade las altas tasas de interés en la deuda.

Por su parte, Rudolf Lucke, investigador del Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, señala que se debe pensar en qué se invirtieron los recursos de dicho endeudamiento, a razón de que un endeudamiento positivo es aquel que se utiliza para un proyecto de inversión rentable y que tenga un retorno para las arcas del Estado; por el contrario, cuando la deuda es empleada para gasto corriente y no crecimiento real, es aquella que tarde o temprano explota.

Aplicar medidas de contingencia del gasto público y reformas fiscales urgentes son la medicina que ambos profesionales medican a un mal compartido en la región.n

MERCADOS

Pulmón Urbano

Conectado por los cielos

El Pulmón Urbano es un proyecto que pretendió medir la calidad del aire de San José, capital costarricense, y reveló que la calidad del aire de la ciudad se mantiene en niveles que amenazan la salud de los josefinos. El pulmón consistió de una escultura de tela en forma parabólica colgada en un punto estratégico de la ciudad, que captó la presencia de partículas que no eran visibles a la vista, pero sí fueron diagnosticadas como nocivas para la salud.

Avianca expande sus ofertas con el lanzamiento de 60 vuelos más provenientes de Norteamérica y América Latina. Entre escalas y vuelos directos, la aerolínea calcula que el nivel de pasajeros incrementará un 9% anual, es decir 10 000 viajeros mensuales. Además, Avianca anunció el nuevo vuelo directo de Chicago a El Salvador.

Los tripulantes también podrán visitar el país mientras hacen escala en territorio salvadoreño.

El poderío de General Motors

La empresa estadounidense se coronó como la número 1 en Estados Unidos y el mundo. El poderío de la empresa se traduce en la venta de 2 490 000 autos en todo el planeta. Sus más cercanos competidores, Toyota y Volkswagen, le siguen con cerca de 10 000 autos menos en el caso del primero y 100 000 menos en el segundo. Las marcas del fabricante incluyen a Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden y Opel.

Toshiba e Intel a la pantalla grande

“The Power Inside” es una película de la marcas Toshiba e Intel, concebida como un experimento en el área del entretenimiento social, que reúne al talento de Hollywood, la tecnología y los medios sociales. La apuesta permite contar historias de una forma diferente, mediante la creación de una experiencia de inmersión y participación con el público.

La zaga tendrá como protagonistas a Harvey Keitel (“Perros en la Calle”), Craig Roberts (“Submarine”), Analeigh Tipton (“Loco y estúpido amor”), Reid Ewing (“Modern Family”) y Zack Pearlman (“The Inbetweeners”).

Sin embargo, esta no es la primera vez que las marcas tecnológicas llegan al cine, en el 2012 pasado, la película "La belleza interior" ganó un premio Daytime Emmy 2013 por su "extraordinario y novedoso enfoque sobre la programación diaria".

30 años de pantalla táctil La primera computadora con pantalla táctil cumplió los 30 años, una revolución del mercado hoy dominado por los smartphones, tabletas y computadoras táctiles. La pionera nació en 1983: la HP150 tenía un procesador Intel 8088, una pantalla de 9 pulgadas, contaba con un sistema de touchscreen y costaba alrededor de US$2750 de la época.

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PODIO MERCADOS

El giro minorista Tras 16 años en el mercado, Gildan cambia su estrategia para enfocarse en el mercado de ventas minoritas.

Por: Fany Alvarenga

Movimientos • En 1997 se inauguró en Honduras la primera planta de costura, considerada como la más grande de Gildan.

• En el 2004, Gildan se convirtió en el primer fabricante y proveedor para el mercado mayorista de ropa deportiva estampada en Norteamérica en obtener la Certificación Oeko-Tex Standard 100.

Para la empresa fabricante y distribuidora de ropa Gildan Activewear Inc., los últimos 16 años han sido claves para instalar en Honduras un total de 20 000 empleos y desarrollar una inversión superior a los US$120 millones en el 2012. Su estrategia ahora se centra en atender el mercado de ventas al detalle en el que han estado incursionando con mayor fuerza este año.

Esta industria textilera destaca en crecimiento al realizar anualmente una venta de 700 millones de camisetas y 750 pares de calcetines hacia Estados Unidos y Europa, gracias a las 14 plantas productoras que tiene instalada en Centroamérica y el Caribe. Diez de

CEO

“Nuestro objetivo para el 2015 es poder reducir la intensidad del consumo energético en un 20% con nuevos proyectos de eficiencia energética”, comentó Claudia Sandoval, vicepresidenta de Ciudadanía Corporativa para Centroamérica y el Caribe.

esas fábricas están en Honduras, dos en Nicaragua y otras dos en República Dominicana.

La compañía inicialmente comenzó en un mercado mayorista donde se hacían prendas deportivas para los distribuidores en Estados Unidos, pero ahora busca diversificarse y ser más agresiva en el tema de la venta al detalle, para lo cual realizaron adquisiciones como la marca de calcetines Gold Toe. Adicionalmente realizó una importante inversión en una planta generadora de biomasa, la cual será capaz de proveer de energía a los procesos que se desarrollen en tres de las textileras instaladas en la región norte de Honduras.

Lo último

• En el 2010 se complementó la instalación de un sistema de biomasa en una planta textil en República Dominicana.

• En el 2012 inició el proyecto más grande de generación de vapor en Honduras, el cual abastece tres instalaciones textiles.

De antaño

Gildan San Miguel es la fábrica más grande de manufactura de camisetas de Gildan Activewear Inc. Fue inaugurada en 1997 en la zona de Choloma, departamento de Cortés.

La planta de costura Gildan San Miguel fue seleccionada por la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) para recibir el Premio Presidencial al Exportador del año 2013, en la categoría de zonas libres, mérito otorgado a empresas que se destacan por sus volúmenes de exportaciones, generación de empleos e inserción en mercados no tradicionales.

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Foto con fines ilustrativos. EFE/PETER FOLEY

Esas deudas

seductoras Las economías de la región abaratan su deuda pública a costa del riesgo a largo plazo. Los bajos intereses del mercado internacional son atractivos… por ahora.

A

finales del año pasado, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la ley de los llamados eurobonos, un mecanismo que le dio la posibilidad al Estado de financiarse con hasta US$4000 millones en títulos inter-

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Mariela Montero nacionales durante los próximos 4 años, con solo dos reglas: no colocar más de US$1000 millones por año y captar tasas inferiores a las del mercado interno.

Con la luz verde del Congreso, el país salió a la captura de inversionistas y en un plazo récord de 2,5 meses anotó la emisión más grande

de su historia: US$1000 millones a una tasa de interés de 4,25% y a un plazo de 10 años.

Con esta acción, los costarricenses rompieron un periodo de más de 8 años sin acudir a los mercados internacionales para financiarse, algo que hasta el momento habían hecho a través de deuda interna, lo

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que según los expertos hizo que se estrujara la actividad privada y aumentara el pago de intereses para el Gobierno.

Aunque el tema de los eurobonos encendió polémica en el país, en el corto plazo la emisión dejó una notoria baja en las tasas de interés, que a su vez se reflejó en una reducción de la Tasa Básica Pasiva, que pasó del 11 a 6,5% en 8 meses.

Tal como explica el ministro de Hacienda de Costa Rica, Édgar Ayales, el objetivo de la colocación era utilizar recursos de deuda externa para modificar la política de colocación interna, con el fin de “comprar deuda más barata” y dejar de presionar las tasas de interés a la alza.

Desde la perspectiva del economista Luis Mesalles, el cambio hacia el endeudamiento es positivo porque mejora el perfil de la deuda país con un menor costo de intereses; sin embargo, no es suficiente para resolver los problemas de fondo que siguen llevando a Costa Rica a incrementar su deuda, que en el 2012 hizo que el déficit del país superara los US$1000 millones, equivalente a un 4,4% de su producto interno bruto (PIB).

Según las proyecciones del Proyecto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el déficit se ubicará en 5,1% este año, como consecuencia de la desaceleración de la recaudación, efecto de la aceleración del gasto de capital para el financiamiento de proyectos de infraestructura vial.

Para la empresa asesora financiera Aldesa, vender bonos en el mercado internacional le permite a los Gobiernos colocar deuda nueva a tasas de interés más baja, haciendo que la velocidad a la que crece la deuda disminuya, un escenario imposible de alcanzar en el mercado interno, donde las tasas de colocación rondan el 12%, al menos en Costa Rica.

Pero no todo es positivo, ya que entre más se coloque deuda en dólares más se expone el país al riesgo cambiario, según explica Fernando Rodríguez, investigador de la Unidad de Estudios Fiscales de la UNA: “El exceso de liquidez que estamos viviendo en moneda extranjera no durará para siempre, al igual que los precios estables del petróleo, cuando estas situaciones varíen podría empezar a subir el tipo de cambio y con ello la deuda crecería más rápidamente. Este es un riesgo importante que se había disminuido bastante en años anteriores y al que ahora estamos más expuestos”.

Abaratando la deuda

tima, considerando las posibilidades de crecimiento del país y los compromisos que el pago de esa deuda representará en el mediano plazo.

“Lo que realmente estamos haciendo es un ajuste a futuro aprovechando los excesos de liquidez que hay en el mercado internacional, lo cual aminora las consecuencias que podría tener un déficit fiscal y un financiamiento en el mercado nacional hoy, pero en el futuro, cuando haya que pagar esa deuda y cuando cambien las condiciones internacionales, Guatemala lo va a resentir bastante”, apunta Maúl.

Tras la colocación de US$700 millones en febrero del 2013 y emisiones internas por US$175 millones, Guatemala completó el 31 de marzo el cupo de deuda de US$1042 millones, monto autorizado por el Legislativo para el 2013 mediante la Ley Anual del Presupuesto. Esto situó en US$2030 millones la deuda bonificada externa, de los cuales US$300 millones vencen este mismo año.

El Ministerio de Finanzas Públicas de ese país asegura que dichas medidas permiten proveer de manera oportuna los recursos necesarios para ejecutar el presupuesto país, en el marco de una reducción del déficit, con un menor ritmo de endeudamiento público. En febrero de este año, la deuda pública de Guatemala se ubicó en 24,7% del PIB, que según Finanzas, es “significativamente

El caso de Guatemala es similar al de Costa Rica, ya que al cierre del 2011 su tasa de interés en eurobonos era de 8,6%, y con la más reciente emisión se redujo hasta 6,35%. Sin embargo, Hugo Maúl, director del Departamento de Economía de la Universidad Francisco Marroquín, reconoce que el principal problema es lograr la sostenibilidad de la deuda. Conseguir fondos es la situación menos negativa, pero no la más óp-

Aunque cada país ha administrado su colocación de forma distinta, todos parecen compartir un mal manejo de la deuda. www.revistamyt.com mercados & tendencias

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ACTUALIDAD

Los mayores peligros son los cambios en la economía global, la mayor vulnerabilidad para las economías y la creciente dependencia. menor” al promedio centroamericano, que para el 2011 era de 43,1%.

Aun así, José Alejandro Arévalo, diputado del Congreso de Guatemala, reconoce que la situación debe valorarse desde dos perspectivas, ya que por un lado asegura un financiamiento al presupuesto, pero por otro, es indeseable que el Gobierno siga financiándose a través de deuda, cuando debería buscar una reducción del déficit fiscal de una manera más agresiva.

El verdadero problema Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), dice que el principal beneficio de recurrir al mercado internacional es que resuelve las necesidades inmediatas de efectivo, pero a costa de incrementar el valor de la deuda en el largo plazo.

Este año, Honduras recurrió por primera vez al mercado internacional con una emisión de US$500 millones en bonos soberanos, a una tasa de 7,5% y un plazo de 11 años, con la posibilidad de hacer amortizaciones en los últimos 3 años para suavizar el repago de capital.

A pesar de las favorables condiciones, algunos sectores han expresado su desaprobación a la medida e

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José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.

incluso la han calificado de “deuda para pagar deuda”, como en el caso del Fosdeh.

“El problema de la colocación es el costo del dinero que será para pagar más deuda. Será muy difícil que Honduras pueda tener un resultado de inversiones, empleo y seguridad, y entrado este recurso en el mediano plazo, significará un alto incremento en términos de la asignación de recursos necesarios para poder pagar el servicio de deuda pública de los próximos años”, explica Mauricio Díaz, coordinador de Fosdeh.

Por otro lado, el experto reconoce que el mal manejo administrativo de las finanzas del Estado en los últimos años ha generado un problema de carácter estructural, que ha llevado a un déficit fiscal cercano al 6% del PIB, cuando para un país de ingreso medio como Honduras no debería ser mayor al 3%.

Aunque en los ingresos tributarios han mostrado crecimientos razonables, la velocidad a la que crece el gasto, especialmente el corriente, ha llevado al Gobierno central a incrementar su déficit, que ha pasado de unos US$3000 millones en el 2007 a US$6167 millones en el 2012, donde la deuda interna ronda los US$2000 millones, mientras que la

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externa es cercana a los US$5000 millones, tal como destaca Wilfredo Cerrato, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Camino al exterior Aunque cada país ha administrado su colocación de forma distinta, todos parecen compartir el denominador de un mal manejo de la deuda.

En el caso de República Dominicana, en las últimas dos décadas se ha visto en la necesidad de recurrir a la emisión de bonos soberanos externos por US$3466,6 millones, tras la escasez de recursos fiscales y ante el incremento de la deuda externa.

Desde 1994, los dominicanos han emitido bonos soberanos seis veces, usados en la mayoría de los casos para el financiamiento del déficit

La coyuntura de la región: cuando las condiciones internacionales cambien y haya que pagar, ¿será sostenible este sistema?

ACTUALIDAD

presupuestario. La última emisión fue la de principios de abril del 2013, que ascendió a US$1000 millones a una tasa de 5,87%, considerada la más baja en la historia de las colocaciones de ese país, según el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mezquita.

Por otro lado, Marco A. Gandásegui, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), reconoce que el crecimiento promedio de 10% del PIB en Panamá le ha permitido a Martinelli endeudar al país a un ritmo de US$1000 millones al año, llevando su deuda por encima de los US$14 000 millones, lo que demanda unos US$700 millones en el corto plazo para balancear el presupuesto nacional.

Ante este escenario y tras 4 años sin colocar deuda externa, el país aprovechó su tímida salida al mercado internacional para atraer la atención de los inversionistas, con una emisión de US$500 millones y otra de US$700 millones, a través de la Dirección de Crédito Público. Estos recursos se destinarán a financiar parcialmente el déficit fiscal, suplir las necesidades del Tesoro Nacional y/o realizar una o varias operaciones de manejo de pasivos, según reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas.

Más vulnerables A nivel general, los mayores peligros son el cambio radical en las condiciones internacionales, la mayor vulnerabilidad para las economías y la creciente dependencia del entorno internacional.

Tal como señala el investigador del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez, “un cambio en las condiciones internacionales tiende a generar ese impacto, por eso es que es tan importante la búsqueda de la sostenibilidad en el largo

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A menudo, el déficit se origina en un mal manejo de las finanzas del Estado, que luego se vuelve un problema estructural. plazo, no solo pensar cuánto voy a pagar en deuda externa con las tasas de interés de hoy, sino con las tasas de futuro. Las tasas de interés de prestaciones internacionales en este momento son muy bajas, pero un escenario de reactivación económica en el mundo puede llevar esas tasas a un nivel que presione las economías de estos países”.

Al igual que el resto de sus vecinos, El Salvador, con un déficit fiscal del 4% del PIB, pagos atrasados y una deuda pública de 55,8% del PIB, apunta a la deuda externa como un aliciente a su difícil situación financiera. Fue así como en octubre del año pasado, el Gobierno y las fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa suscribieron un Acuerdo para la Sostenibilidad Fiscal en El Salvador, autorizando una nueva emisión de títulos valores por US$800 millones.

Según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), los títulos fueron colocados a una tasa de interés de 5,875% a un plazo de 12 años.

Entre los compromisos de dicho acuerdo se establecía que el Gobierno debería reducir el déficit del sector público no financiero a 2,7% del PIB en el 2013, así como adoptar una política de austeridad y conformar un ámbito jurídico que propiciara la responsabilidad fiscal.

Fusades destaca que el incumplimiento de dicho acuerdo traería consecuencias negativas en la sostenibilidad fiscal del país. Es por ello que hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que presentara pronto un nuevo plan de ingresos y gastos para este año, con la consideración del cumplimiento de la meta de déficit de 2,7% del PIB, para así establecer las reformas necesarias al presupuesto aprobado, acordes con la meta de déficit.

“Muchos inversionistas ven como una oportunidad atractiva comprar títulos valores que tienen un rendimiento arriba de 3 ó 4 %, entonces nosotros ya estamos en esa línea. De hecho, nuestra última emisión anduvo arriba del 6%. Se tiene que hacer un equilibrio de ver la sostenibilidad de la deuda y otra cosa es el estado que existe en los mercados internacionales”, dice Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

La deuda externa se genera por varios mecanismos: contratos con empresas, colocación de deuda soberana o lanzamiento de títulos de deuda en el mercado internacional.

Sin embargo, Gutiérrez reconoce que la colocación de deuda soberana no es un mecanismo muy viable para países con alto nivel de endeudamiento y bajo crecimiento económico, como es el caso de algunas naciones centroamericanas, ya que son poco atractivas para el mercado internacional.

Sin salida al exterior Órdenes internacionales, elevada pobreza y poca capacidad de pago mantienen a Nicaragua como el único país centroamericano que no puede colocar deuda en el exterior.

En 1990, cuando los nicaragüenses reiniciaron sus relaciones con

ACTUALIDAD

el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de una guerra civil y un bloqueo económico que había empobrecido aún más al país, el organismo interpuso una sola condición: no podían contraer deuda externa en términos comerciales o en el mercado financiero internacional. La razón era una sola: no había capacidad de pago.

Desde entonces el país sostiene su política de financiamiento en dos medidas: donaciones y préstamos externos, ambos mecanismos “concesionales como préstamos de 30 a 40 años con un interés que varía del 0 al 2% al Banco Mundial y FMI, y alrededor del 4% al Banco Interamericano de Desarrollo”, explica Néstor Avendaño, director ejecutivo del Consultores para el Desarrollo Empresarial, S.A. (Copades).

Tal como destaca el experto, aunque la economía del país mantiene un crecimiento sostenido, con un ingreso medio-bajo cercano a los US$1800 per cápita, todavía no es suficiente para vender bonos al exterior, ya que su déficit comercial es de más de US$2000 millones, una cifra muy elevada.

Sumado a esto, el país tiene problemas de credibilidad en cuanto a gestión y transparencia política, que iniciaron en el 2011 cuando Daniel Ortega fue reelecto presidente; desde entonces el país resintió una disminución en donaciones y préstamos concesionales. El Banco Mundial se retiró de la concesión de préstamos y solo quedó el Banco Interamericano de Desarrollo con US$45 millones anuales, que a fines de cada año pueden utilizarse para gasto público de la forma en que se desee y el FMI entrega préstamos concesionales para fortalecer la posición de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN). Como no hay programa económico con el FMI, esos

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¿Qué cotiza la región?

GUA. El Gobierno se financia a través de deuda. En febrero pasado colocó US$700 millones y emisiones internas por US$175 millones. Los eurobonos cobraban un interés de 8,6% a finales del 2011.

SAL. Con un déficit fiscal del 4% del PIB, pagos atrasados y una deuda pública de 55,8% del PIB, la Asamblea Legislativa autorizó una nueva emisión de títulos valores por US$800 millones a una tasa de interés de 5,875% y un plazo de 12 años.

HON. Este año recurrió por primera vez al mercado internacional con una emisión de US$500 millones en bonos soberanos, a una tasa de 7,5% y un plazo de 11 años.

NIC. Solo ha utilizado la emisión de títulos de valor a lo interno por US$120 millones anuales, como una forma de financiar su déficit fiscal y el pago de su deuda pública.

CRC. El alto déficit fiscal impulsó al país a emitir una Ley de Eurobonos para colocar US$4000 millones durante los próximos 4 años. A inicios de año, el país hizo la histórica colocación de US$1000 millones a una tasa de interés de 4,25% y un plazo de 10 años.

PAN. El país crece pero también se endeuda a un ritmo de US$1000 millones al año, llevando su deuda por encima de los US$14 000 millones, lo que demanda emitir deuda por unos US$700 millones en el corto plazo para balancear el presupuesto nacional.

DOM. En las últimas dos décadas, se han emitido bonos soberanos externos por US$3466,6 millones, tras la escasez de recursos fiscales y ante el incremento de la deuda externa, principalmente, para financiar el déficit presupuestario.

Ante este escenario, Nicaragua ha utilizado la emisión de títulos de valor a lo interno como una forma de financiar su déficit fiscal y el pago de su deuda pública. Además, en el caso del BCN, estas letras sirven para controlar liquidez en el mercado o para apoyar las compras de divisas que se hacen para mantener las condicionalidades del programa con el FMI y no incurrir en mora en el pago de la deuda o en algunos casos particulares

para retirar los córdobas que pone en circulación cuando compra dólares en la mesa de cambio. ¿Adentro o afuera? En Centroamérica, cada país ha desarrollado una fórmula propia para financiar su deuda, sin embargo, tanto el mercado interno como el externo y las demás alternativas tienen sus peligros, por lo que la única salida verdadera es que los países echen mano de un gran tema pendiente: la reestructuración fiscal.

Las nuevas empresas

exitosas

No toda iniciativa de RSE trae lo que la regi贸n necesita.

Observar, escuchar e invertir es dar en el blanco del nuevo 茅xito empresarial.

Daniela Araya

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D

entro de 186 países que analiza el Índice de Desarrollo Humano, la India aparece entre los intermedios, en la posición 136. Por la misma necesidad social que se refleja en indicadores como salud, los niños de ese país recibieron incubadoras a un 90% menos del precio del mercado, creadas por medio de una estrategia de valor compartido ejecutada por la empresa General Electric.

En esa oportunidad, según información suministrada por Dane Smith, representante de FSG, una empresa consultora en valor compartido, General Electric ganó US$70 000 millones en un negocio jugoso y prometedor. Así, los servicios de salud para los neonatos mejoraron su calidad y eficacia, en un proyecto en el que

Al lado del tejido empresarial, a las empresas les conviene fortalecer el tejido social en los lugares donde operan. todos ganaron y que prueba que aunque el desarrollo y las brechas siempre estén en un pulso, en el medio hay agentes catalizadores del cambio social. ¿Cómo enfocar entonces, de este lado del mundo, la responsabilidad social empresarial (RSE) hacia el hambre, la violencia, la pobreza y la contaminación, problemas latentes en Centroamérica y el Caribe?

En la región hay una fuerte tendencia a plantear las estrategias de RSE principalmente hacia las causas medioambientales, debido a su relación con las mismas regulaciones del mercado e incluso por las preferencias de los consumidores hacia las empresas limpias. Esa es la valoración de Diana Chávez, directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Esto es para ella un acierto y a la vez un área de oportunidad, dado que hay otras necesidades que impactan más a Centroamérica; por ejemplo el tema de seguridad ciudadana, siendo un flanco que toca a grupos sociales e incluso empresariales. Para Chávez, ahí es donde la estrategia tiene que ser más inteligente, prospectiva y tener claro que es a largo plazo.

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PORTADA RSE

“Cuando la RSE es cosmética y no se ha internalizado, cualquier cosa la hace desaparecer y se vuelve una estrategia para mejorar la imagen”.

Felipe Pérez, profesor del INCAE Business School

“La efectividad de una política tiene que ver mucho con su capacidad de respuesta a las necesidades de los grupos de interés, no tiene que ser una respuesta inmediata o agradable; es efectiva en el momento en que tiene una incidencia en las políticas públicas, en la actividad de la comunidad y el desarrollo, y es además, permanente en el tiempo”, señaló Chávez.

La clave para hacer la RSE efectiva, en palabras de Chávez, es la honestidad, tener claro como empresa qué se está abordando, qué no y hacia dónde va.

Empresas realistas “Los empresarios son expertos en temas de mercado, en conocer las tendencias y cuáles son las preferencias. Una empresa bien informada tiene la radiografía económica y social de la comunidad, entonces es cuestión de información, transparencia y mucho realismo con los públicos meta”, concretizó la experta.

Para Juan Pablo Morataya, gerente general del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial de Guatemala (Centrarse), la clave es que las estrategias de RSE inicien a lo interno de la empresa, a razón de que cuando son iniciadas externamente, se ase-

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Apostarle a la gente

¿Cómo hacen RSE los empresarios en Latinoamérica según los tipos de inversión social?

27%

Negocio responsable Compromiso social que balancea distintos intereses

24%

Inversión social Entrega de recursos a causas sociales

20%

Filantropía Asociado a ideales altruistas

13%

Actividad principal de la empresa Su actividad está ligada a los Objetivos del Milenio

13%

Negocios inclusivos Comunidades de bajos y recursos medios incorporados a cadena de valor

3%

Valor compartido Sinergia entre el progreso de la empresa y el desarrollo social

FUENTE: Estudio Inversión Social del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

mejan más a una estrategia de mercadeo social que de un verdadero compromiso. Por ejemplo, que el tema ambiental esté impregnado en los propios procesos productivos y operativos de la empresa es más importante que hacer una jornada de reforestación.

Su consejo para los empresarios es empezar a lo interno con la creación de un comité de RSE, en el que se integre a todos los sectores de la empresa y de donde surjan las iniciativas de manera conjunta; con esta acción ya no será el departamento de mercadeo, de relaciones públicas o asuntos corporativos, sino la empresa quien lo geste.

En consonancia con estas afirmaciones, el representante a.i. del PNUD-Honduras, Edo Stork, indicó que se debe considerar con qué mentalidad el empresario va a invertir en el territorio. Pues “si va a invertir al estilo de enclaves, evidentemente no hay desarrollo territorial, sino la extracción de un recurso que es inmediatamente transferido al centro del país”,

mientras que si la inversión es productiva y de carácter transgeneracional; es decir, que no se está viendo a corto plazo, sino como la creación de un tejido empresarial y social de largo plazo, “es la clave para la reducción de las desigualdades”.

Ante la consulta de en qué fallan los empresarios a la hora de escoger sus públicos meta, Zorayda Gómez, asesora de Gestión de Fondos de Visión Mundial Nicaragua, mencionó que hay una tendencia hacia escoger temas en los que se vean resultados inmediatos en detrimento de apuestas más trascendentes.

“En estos días, la única forma para construir una reputación es la responsabilidad social”.

Juan Pablo Morataya, gerente general de Centrarse, Guatemala

PORTADA RSE

“Lo que va a dar sostenibilidad a las empresas es respetar los derechos humanos, el ambiente y las condiciones laborales”.

Alberto Mora, coordinador del Informe Estado de la Región

Asimismo, Felipe Pérez, profesor del INCAE Business School, lanzó una señal de alerta para los empresarios: cuando la RSE es cosmética y cuando no se ha internalizado en la organización, cualquier cosa la hace desaparecer y se vuelve una mera estrategia para mejorar la imagen. Esto está relacionado con las motivaciones, a veces entrelazadas con valores y deseos de hacer algo por las comunidades, y en otras, es producto de la presión social o la injerencia de los mismos clientes.

Silvia Lara, directora de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) de Costa Rica, recomienda comunicar la RSE no solo a base de buenas noticias, sino a revelar la historia sin tapujos, es decir, comunicar los impactos positivos pero también las formas en las que la empresa afectaba social o ambientalmente a las comunidades, y cómo se mitigaron dichos impactos. En síntesis, en vez de arrojar monedas a los pobres, los expertos concuerdan en que se trata de meterse en el campo de batalla, conocer los problemas, escuchar las dolencias de los afectados y con ellos saciar la sed de cambio, aunque sea una gota a la vez.

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¿Qué ganan los empresarios?

¿Hacia dónde va la RSE?

Un estudio de Ikei sobre la contribución empresarial en la consecución de los Objetivos del Milenio reveló en sus conclusiones que la realización de estos ayuda al empresariado a crear un entorno robusto y sólido que permite hacer negocios y crear nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.

A juicio del coordinador del programa de Estado de la Región, Alberto Mora, los productos con menores emisiones y certificaciones ambientales son más codiciados a nivel internacional. Además, en el caso de ampliar y mejorar los programas de formación y capacitación, se generarían fuerzas de trabajo más productivas que puedan aportar más a las cadenas de producción.

“Lo que va a dar sostenibilidad a las empresas y en lo que está construida su rentabilidad es la aplicación de principios que respeten los derechos humanos, que respeten el ambiente, sean transparentes y respeten las condiciones laborales”, sentenció el investigador.

De acuerdo con Jan Howard, oficial de Información Pública de USAID en El Salvador, la afectación de las condiciones sociales al empresariado es directa, pues una encuesta del Banco Mundial reveló que casi la mitad de las empresas consultadas reportó que el crimen es un obstáculo a sus operaciones y los costos de la violencia son significativos, por lo que muchas destinan importantes sumas de dinero en seguridad.

Para Stork, es difícil tener empresas exitosas en países con fuertes desigualdades, y con falta de equidad en la distribución de los recursos, por ello todas las acciones orientadas a compartir y desarrollar alianzas estratégicas de ganar-ganar favorecerán el crecimiento sostenido de las empresas y lograrán una contribución eficaz a la reducción de la pobreza a nivel nacional y regional.

“Diría yo que el concepto más claro es el que explicó Michael Potter, en el 2005, sobre el valor compartido.

La empresa va a tender a resolver un mal social, pero lo hace desde el ámbito competitivo, por lo que ayuda a resolver ese problema ambiental o social pero también tiene un impacto hacia adentro”, mencionó Pérez, del INCAE. Su percepción es que toda empresa tiene dos tipos de impacto: uno de adentro hacia afuera y uno a la inversa. Un ejemplo claro es ese hotel que ayuda a una comunidad de escasos recursos cercana a su establecimiento, también se ayuda a sí mismo, porque mejora la imagen circundante al hotel y se puede minimizar el impacto de la delincuencia sobre los turistas.

Uno de los impulsos a migrar hacia esta tendencia, agregó Pérez, es el comercio internacional, en el que para hacer negocios con economías desarrolladas, los stakeholders mantienen “a raya” a las corporaciones que creen son irresponsables con el medioambiente y los trabajadores, por lo que para volverse socio, aliado o suplidor de estas empresas hay que estar en orden en los ámbitos social, ambiental y económico.

Para Diana Chávez, en la actualidad la mayoría de industrias tiene un código de ambiente y ella vaticina que en 5 años tendrán como mínimo un código de respeto por los derechos humanos, debido a que las calificadoras de inversión están calificando este rubro como uno de los criterios para dar valor a las empresas.

“En estos días la única forma para construir una reputación es la responsabilidad social. El reto es pasar la RSE de un proyecto de inversión social estratégico a una cultura de gestión empresarial”, concluyó Morataya de Centrarse. n

El gerente que

transforma ¿Existe un perfil de profesional especializado en gerencia de la responsabilidad social empresarial?

E

n la mesa rectangular de los consejos administrativos donde el CEO se encuentra a la cabeza, justo a su lado se sienta el vicepresidente financiero, luego el responsable de los negocios y el de recursos humanos. En numerosas ocasiones, el gerente de responsabilidad social corporativa —si está presente en ese consejo—, se ubica por lo menos a seis sillas de la “última instancia”.

Sin embargo, pasados 3 años desde que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra publicara un estudio donde el 90% de los encuestados percibía de manera negativa a

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Carlos Arturo Guisarre las grandes empresas, las acciones socialmente responsables compiten, por lo menos en percepción, con los esfuerzos por ocupar espacios publicitarios, y un encargado o gerente tiene que administrar esos esfuerzos.

En ese sentido, ¿cuáles son las cualidades, capacidades y conocimientos que determinan la aptitud para liderar la buena ciudadanía empresarial?

“Un gerente de RSE debe tener ante todo habilidades emocionales, porque su contacto interpersonal es importante, tanto dentro de la organización como afuera, porque cuando realizamos voluntariados, por ejemplo, tenemos que tener esa habilidad de conectarnos con los de-

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más. También, tener la habilidad de adelantarnos a la visión de la empresa en un futuro, porque en definitiva la RSE está muy ligada al desarrollo sostenible”, explicó Fernando Legrand, coordinador académico de Capacitarse, entidad ubicada en El Salvador.

Acerca de su formación académica, el profesor Felipe Pérez Pineda, del INCAE Business School, opinó que al gerente de acciones socialmente responsables se le recomienda haber cursado materias administrativas, debido a la necesidad de conocer las estructuras básicas de la organización, de modo que dirija con efectividad los esfuerzos sostenibles.

RSE PORTADA

“La formación académica no es tan significativa como la vocación y entrega al trabajo social que representa esta figura, aunque comúnmente las áreas universitarias afines a la RSE son psicología, trabajo social, administración de empresas y periodismo, un gestor de RSE debe ser responsable, una persona con facilidad para establecer relaciones interpersonales, comprometido con el desarrollo social, altruista, creativo, un líder que oriente, que se involucre con dinamismo en todas y cada una de las prácticas empresariales”, declaró Dilma Martínez, coordinadora de la Fundación Grupo Terra, ubicada en Honduras.

torno. Es crear atmósfera y fidelidad hacia la empresa misma”, sostuvo el ejecutivo.

Del mismo modo, Roberto Leiva, de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), consideró un desafío la resistencia al cambio. “Ahí es donde la empresa debe trabajar sistemáticamente para hacer la transición de una cultura de filantropía a una basada en la responsabilidad social empresarial.

A lo externo, los desafíos consisten principalmente en abrirse al diálogo con los públicos interesados, para escuchar sus expectativas y responderlas en la medida de lo posible”.

Comunicar o no comunicar Restos del gestor de RSE La cuesta se eleva para el responsable de RSE cuando una empresa solo busca realizar una buena acción coyuntural y cierra las puertas a políticas integrales sostenidas, tal como lo ha dicho Matthias W. Dietrich, director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE).

“Las empresas deberían sentirse responsables al participar. Mucha gente ve la RSE como algo hacia afuera, que la empresa está haciendo algo para mejorar sus relaciones con sus públicos clave, con su comunidad o con los medios, pero no es así. La RSE es un factor para involucrar más gente y mejorar la situación del en-

“Un gerente de RSE debe tener la habilidad de adelantarse a la visión de la empresa en un futuro”.

Fernando Legrand, coordinador académico de Capacitarse, El Salvador

Como cuestión de fondo, la RSE mejora el entorno social, mas las cuestiones de forma pueden confundir el compromiso ciudadano con novedosas técnicas de publicidad.

Así las cosas, se presenta un dilema: comunicar o no comunicar. “La comunicación de los programas de responsabilidad social corporativa fluye casi por sí misma cuando el interés corporativo se armoniza con el interés colectivo”, expresó Melvin Peña, presidente de Comunicaciones Integradas (CI), firma dominicana consultora en estrategias de comunicación y elaboración de productos editoriales corporativos.

Las acciones de RSE se deben comunicar para que sean de conocimiento de los actores con los que se relaciona la empresa a lo largo de su trayectoria, sobre todo a nivel interno, señaló la Oficina de Comunicaciones de Claro en Nicaragua. “Publicamos nuestro primer informe de RSE. Además, a lo largo del año también compartimos esta información con la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación o participando en diferentes eventos u organizaciones”, declararon en conjunto

“La formación académica no es tan significativa como la vocación. Debe estar comprometido con el desarrollo social, ser altruista, creativo, un líder que oriente”.

Dilma Martínez, Fundación Grupo Terra

los colaboradores de la multinacional con sede en Ciudad de México.

Adicionalmente, la RSE no tiene nada que ver con conceptos humanitarios, según Teresa Alfaro, directora ejecutiva de SumaRSE, institución panameña que sirve de gremio a corporaciones, universidades y ONG relacionadas. Para ella, esto implica cambiar la forma de hacer los negocios, introducir el concepto de que su forma de gestionar tiene impactos sociales, es decir, en sus colaboradores, en su cadena de valor o suministro. “Pero definitivamente sí tiene un resultado positivo en cuanto a la publicidad y al gestionarla no debe afectarla ni resultar de mal gusto”, añadió.

Otro dilema consiste en la proporción del presupuesto que se dedica a la sostenibilidad. Legrand, de Capacitarse, informó que en Colombia hay un promedio de 2,4% sobre las ventas, mientras que en Perú hay un porcentaje que supera la media del 1%, “otros que van debajo del 1%, pero en realidad todos están invirtiendo en esto, porque a su vez les genera mayores beneficios, algunos son intangibles y hay otros que son más tangibles. Ahora bien, lo primero que debe tener un gerente de RSE es un presupuesto”, sentenció. n

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Corporaciones en los

tribunales Demandas en contra de estados desfinanciados en la región desnudan la necesidad de contar con legislaciones mercantiles más ágiles y modernas.

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os especialistas entran y salen de los bufetes en la región llevando en sus manos parte de los expedientes, pero detrás de sus puertas de vidrio a veces se refleja el sinsabor de la lentitud del proceso, pese a que la mayoría de países está promoviendo cambios y mejoras en el esquema contencioso.

Con todo, las reformas tampoco desvanecen la percepción de falta

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Amafredo Castellanos de transparencia en los órganos jurisdiccionales. Esto, más allá de la sala de los bufetes, ayuda a una imagen indeseada: la de falta de certeza jurídica.

Este contexto marca los litigios en el ámbito privado, a distinta escala.

Pero ¿qué decir de la vulnerabilidad de los Estados desfinanciados ante demandas millonarias por intereses de gigantes multinacionales?

En todos los países de la región hay apremio.

Con todo y los esfuerzos nacionales por mejorar el funcionamiento de su marco regulatorio y a pesar de que los profesionales que ejercen esta rama del derecho reconocen los avances, en el fondo persiste la preocupación porque hay rezagos y lentitud.

“Mientras los negocios van en un tren de alta velocidad de 400 km por hora, nuestra legislación va jalada por una carreta con dos bueyes, y uno de ellos, enfermo. Es decir, los

BUFETES

negocios internacionales y nacionales no pueden ir con una normativa incompatible”, advierte Vladimir Aguilar, profesor universitario y procurador general de Guatemala.

“El mundo no se va a sentar a esperarnos”, coincide Miguel Antonio Bernal, político, catedrático y abogado panameño. En su opinión, los esfuerzos que hacen sectores empresariales y agrupaciones no pasan de ser un “pedaleo en bicicleta estática” ante la “falta de voluntad de las autoridades”, para revertir la pérdida de confianza y credibilidad en el sistema en este tipo de conflictos.

Urgen reformas En Costa Rica, un proceso civil podría durar 8 años, lo que implica que ya cuando el proceso termina, la parte no tiene ni siquiera interés en la pretensión; o un proceso con una empresa extranjera tarda tanto que las partes hasta se han ido del país, describe Denia Fernández, asesora legal de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Abogados de Costa Rica.

Aguilar afirma que en materia mercantil, por ejemplo, Guatemala necesita una “reforma legislativa profunda”, pues el Código de Comercio de 1970 ya no responde a las necesidades de un tráfico mercantil moderno, mientras en el ámbito procesal corporativo se requiere de replanteamientos estructurales en la jurisdicción privativa, como la creación de juzgados mercantiles, que son inexistentes.

Añade que los tribunales con jurisdicción mercantil permitirían contar con jueces especializados y con formación continua para conocer asuntos mercantiles y la capacidad de entender cómo se hacen los negocios nacionales e internacionales para “juzgarlos con criterios acordes a esas prácticas mercantiles”.

Esta necesidad también se da en Honduras, según Fernando Núñez, coor-

Hay avances en la solución de controversias mercantiles, pero a través de los métodos alternos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. dinador general de la maestría de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Explica que en la solución de controversias mercantiles hay avance, pero a través de los métodos alternos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje, con centros que existen en todos los países de la región. En Honduras, la Ley de Conciliación y Arbitraje entró en vigencia en el 2001.

Sin embargo, cuando las demandas van a los juzgados, pueden tardar entre 5 y 10 años en resolver, coincide.

Por otro lado, en el tema de la transparencia y falta de confianza, Carlos Carrillo, socio fundador de la firma panameña de abogados Carrillo Ley, advierte la existencia de un concepto general de “indefensión” en procesos de carácter comercial, por aparentes factores extraprocesales que agravan la percepción de inseguridad jurídica en el medio.

Hay avances Pese a ello no todo el panorama es negativo. José Evenor Taboada, presidente de Consortium abogados Nicaragua, observa que a nivel regional hay una condición uniforme de la legislación en materia arbitral y solución alterna de conflictos. “Prácticamente todos los países centroamericanos tienen legislación moderna

ESPECIAL

que organiza y propicia la resolución a través de la mediación”, explica. En cuanto al arbitraje, este tiene una práctica activa en Costa Rica y El Salvador y en menor medida en Nicaragua.

También en Nicaragua, Terencio García, director regional de García & Bodán, subraya que el costo de optar por el arbitraje es muy alto, pues no permite que sea accesible para empresas medianas y pequeñas.

En El Salvador, Eduardo Ángel de Arias & Muñoz considera que con la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil existe “un avance de consideración” en los plazos para diligenciar los procesos judiciales a los que se sometan los litigios corporativos, en contraste con los que se tenían antes de la puesta en vigencia de este cuerpo de normas.

No obstante, advierte que la saturación en los tribunales de justicia continúa siendo un valladar que impide obtener, en algunos casos, resoluciones expeditas y oportunas.

En Costa Rica, Fernández comenta sobre el caso de la jurisdicción contencioso administrativo que ve los casos contra el Estado: “Nosotros tenemos una legislación muy moderna, una reforma reciente y que camina hacia procesos más expeditos, sin embargo, los volúmenes de trabajo en la sede judicial son muchos, entonces eso hace que los procesos tarden bastante”.

En las páginas a continuación le presentaremos casos sonados de litigios entre corporaciones e, incluso, contra estados centroamericanos.

FUENTES CONSULTADAS: Humberto Medina-Alva, de Medina Rosenthal & Asociados, socio de Central Law Honduras; José Evenor Taboada, presidente de Consortium abogados, Nicaragua; Enrique de Marchena, socio gerente general de Central Law República Dominicana, DMK Abogados; Rafael Quirós, de Central Law Costa Rica, Quirós Abogados; Eduardo Ángel de Arias & Muñoz, de El Salvador; José Evenor Taboada, presidente de Consortium abogados, Nicaragua; además de los dominicanos Manuel Alejandro Valerio Jiminián y Yipsy Roa Díaz

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ESPECIAL BUFETES

EL CASO DE GUATEMALA

El reclamo español Guatemala ganó la demanda en el Ciadi en el 2012, pero la multinacional Iberdrola Energía, LLC. recurrió a un panel arbitral.

E

l Estado de Guatemala enfrenta un reclamo por un exsocio inversionista en el campo energético por US$336 millones.

Se trata de la multinacional de origen español Iberdrola Energía, LLC., que ha recurrido a una segunda instancia, después de que un primer laudo emitido en agosto del 2012 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) favoreciera al país.

El Ciadi determinó que el Estado de Guatemala no violó derechos del inversionista, y a este último lo condenó a pagarle las costas procesales en que incurrió el Estado para la defensa del caso, por un monto de US$5,3 millones.

No obstante, el caso fue elevado a un panel arbitral por parte de Iberdrola Energía, LLC., en la que persigue la anulación de esa decisión. Este segundo proceso se encuentra en trámite, explicó Saúl Oliva, jefe de la Unidad de lo Contencioso Administrativo de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala.

La entidad demandante era accionista de Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), vendida en el 2010 a la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM).

La demanda internacional en contra del Estado de Guatemala se inició en el año 2008, al manifestar la entidad Iberdrola Energía, LLC. su desacuerdo con el monto y forma de fijación del valor agregado de distribución (VAD), establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para el quinquenio 20082013, lo cual, a su juicio, generó que el Estado de Guatemala violara los estándares internacionales de “trato justo y equitativo” y “expropiación indirecta”. Ante ello, planteó como pretensión el pago de una indem-

9696 mercados & tendencias - Octubre mercados & tendenciasSetiembre Julio - Agosto 20132013

Amafredo Castellanos nización millonaria, intereses y costas. Inicialmente la demanda fue por US$672 millones, pero luego de vender sus acciones de EEGSA el monto bajó a US$185 millones.

El reclamo ante el Ciadi lo sustentó en el Acuerdo entre la República de Guatemala y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

El Estado de Guatemala compareció ante Ciadi, oponiéndose a los hechos y pretensiones de la parte actora, sosteniendo que no se vedó el “trato justo y equitativo” y que no hubo “expropiación indirecta”, ya que la forma de fijación del VAD se hizo con plena observancia de la legislación conocida por el inversionista y a parámetros eminentemente técnicos.

País a la expectativa El caso de Iberdrola tiene relación con otra millonaria demanda por las mismas causas relativas a la fijación del VAD en la distribución de energía eléctrica. Este caso también fue planteado ante el Ciadi por la compañía Teco Guatemala Holding LLCC., por un monto de US$280 millones.

En este arbitraje ya se cumplió con todas las audiencias y se está a la espera del laudo a finales del presente año.

En tanto, Guatemala está en proceso de comenzar a hacer efectivo un pago por US$14,2 millones a la empresa estadounidense Railroad Development Corporation (RDC) por un litigio relacionado con un contrato de usufructo del ferrocarril. Este caso es asumido como favorable por el Estado, dado que la RDC demandaba el pago de US$65 millones.

ESPECIAL BUFETES

EL CASO DE HONDURAS

Los errores se pagan caro

Constructora española obtiene laudo que obliga al Estado a pagar US$18 millones por una carretera con deterioro prematuro.

Fany Alvarenga

E

l Estado de Honduras perdió un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por una demanda planteada por la empresa española Elsamex por US$18 millones, por incumplimiento de pago en la construcción de una carretera ante un trabajo aparentemente mal realizado. El fallo fue dictado en noviembre del 2012, pero se conoció en el país en enero pasado.

Frente al Ciadi, Elsamex atribuyó la formación de los efectos que actualmente se observan en la carretera a la inestabilidad del terreno causada por las fallas geológicas ubicadas en la zona montañosa, y argumentó que estas producen pequeños movimientos de las capas inferiores o derrumbes, provocando desplazamientos o fisuras en las capas asfálticas.

Adujo que este problema fue identificado antes de iniciar las obras y que la Administración era consciente de los problemas que podían introducir las fallas geológicas no abordadas por el diseño original.

Honduras no negó la existencia de las fallas geológicas y las dificultades que las mismas presentaban para el proyecto. Tampoco negó que el diseño no las abordó

adecuadamente, pero consideró que ésta no fue la causa principal de las fallas en el resto de la carretera.

La debilidad por parte del Estado para la adjudicación de proyectos y la aplicación incorrecta de las leyes de contratación marcaron los riesgos y consecuencias de la licitación para la reconstrucción del tramo de la carretera entre las ciudades de Tegucigalpa y Danlí, de 120 kilómetros, y cuya construcción inició en el 2003.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó que hubo un deterioro prematuro de la carretera porque la mezcla presentaba una resistencia alta. Además, señaló que en el proceso hubo modificación de contratos sin fecha, suscripción de contratos vencidos con desfase de días calendario y errores en la definición de montos.

Además, el análisis del TSC comprobó que el contratista se retiró del proyecto sin cumplir las recomendaciones del supervisor, en relación a las fallas encontradas.

A pesar de todas estas observaciones, Elsamex acudió al Ciadi para reclamar el pago de la obra, por US$18 millones. La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) reaccionó, a su vez, denunciando a la empresa ante los tribunales por el mal trabajo realizado, pero con resultados negativos.

Balance negativo ante demandas En los últimos 3 años, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado de Honduras perdió cerca de 400 demandas que representaron más de US$25 millones. La PGR informó que litigó 508 casos en los tribunales, de los cuales perdió 392 y ganó 116. Solo en lo que va del 2013 ya se han perdido unas 57 demandas y hasta inicios de agosto habían ingresado 270 al juzgado de lo Contenciosos Administrativo. Éstas han sido tanto laborales como por ejecución de proyectos.

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ESPECIAL BUFETES

EL CASO DE EL SALVADOR

Geotermia en el juzgado El Estado salvadoreño fue demandado por la empresa italiana Enel por la disputa de las acciones de la geotérmica del país.

Ericka Mejía

L

a empresa Enel Green Power inició en el 2008 un arbitraje en contra del Estado salvadoreño, por negarle una inversión con la cual habría pasado a tener más del 50% de las acciones de LaGeo (la empresa de economía mixta, generadora de energía geotérmica en el país).

El conflicto, que en la actualidad ha cobrado de nuevo vigencia, llevó a Enel al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una instancia del Banco Mundial que se dedica a la resolución de conflictos de inversión.

Hasta el momento, la empresa extranjera es propietaria del 36,2% de las acciones de LaGeo, el resto pertenece a Inversiones Energéticas, S.A. (INE), la cual es subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La demanda fue conocida anteriormente por la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, en París, Francia, la cual estableció en el 2011 que dicha empresa extranjera podía incrementar su inversión y obtener así el mayor porcentaje de las acciones de la geotérmica.

Sin embargo, el Estado salvadoreño sigue buscando instancias para defender el total mayoritario de LaGeo, sin acatar dicho fallo. El mayor argumento es que el acuerdo sería inconstitucional.

Mientras tanto, Enel acusa al Estado de perjudicar la inversión en la geotermia y que va en contra de una resolución de un arbitraje internacional que estableció que sí puede ser la accionista mayoritaria.

El caso, ahora en manos de la Asamblea Legislativa, sigue sin resolverse, mientras la compañía internacional ha comunicado que seguirá en la búsqueda de defender sus derechos a través de las leyes internacionales y locales.

Un caso “politizado” Para Roberto Romero Pineda, presidente de la compañía de abogados Romero Pineda & Asociados, este es un caso que se ha politizado. “Se llevó a conocimiento de la Corte de París, entonces ahora lo que procede es ejecutar el laudo. Se ha politizado todo y están viendo cómo no proceden con laudos, pero en prioridad de derecho es lo que procede”, comenta. Las declaraciones dadas hasta la fecha por Leopoldo Samour, presidente de CEL, son que desde un inicio se estableció un contrato irregular con Enel. Dicho acuerdo del 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, del partido ARENA, establecía que dicha empresa podía obtener mayores acciones, en la medida que inyectara inversión. Aún así alega que desde el 2001, Enel no ha hecho mayor inversión en LaGeo. Ante esta demanda, representantes del sector privado aseguran que si se niega a cumplir con dicha cláusula, se sentarán precedentes negativos. Este caso se suma el tercer proceso en contra del Estado salvadoreño que llega a la dependencia del Banco Mundial en un periodo de 5 años.

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Setiembre - Octubre 2013

BUFETES

El Canal más polémico

ESPECIAL

EL CASO DE NICARAGUA

Dos concesiones tienen enfrentados al Gobierno nicaragüense con el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep).

J

Velia Agurcia Rivas

osé Adán Aguerri, presidente del consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), anunciaba en junio que se querellaría con el Estado nicaragüense tras la aprobación de dos concesiones, una a la empresa panameña Alvimer y la otra a HKND Group, encargada del proyecto del Canal Interoceánico. Curiosamente, días antes, Aguerri se jactaba de las buenas relaciones con el Gobierno y de la situación de diálogo que desde entonces se vio enfrentada.

A la fecha, solo la Ley 840 o Ley del Canal Interoceánico, suma 33 recursos de inconstitucionalidad. Organizaciones políticas, de la sociedad civil y comités empresariales han recurrido ante la concesión, lo cual pone en entredicho las decisiones del Ejecutivo.

En el caso de la querella interpuesta por el Cosep, el recurso es parcial, pues se interpuso contra los artículos relacionados con el proceso de expropiación de propiedades y la renuncia a la inmunidad soberana del Banco Central.

De acuerdo con el reclamo, la ley plantea que el valor que se dará por las propiedades incautadas se hará con base en el valor catastral, y no al que fija el mercado; y en relación con la soberanía del Banco Central, la concesión estipula que se darán como garantías las reservas internacionales en esa institución nacional.

La acumulación de demandas que se registra ya contra el millonario proyecto ha generalizado la percepción en la sociedad de que la Ley 840 atenta contra la soberanía nacional.

Más desacuerdos La concesión a la empresa Alvimer, en el marco de la Ley de Inspección por Escáner en Aduanas, o Ley de Concesión de los Servicios de Inspección no Intrusiva en los Puestos de Control de Fronteras para la Seguridad Nacional, también se convirtió en generadora de desacuerdos y advertencia de demandas.

Este marco regulatorio establece el cobro de una tarifa ad valorem fijada en 0,26% del valor total de la mercancía y no una tasa fija, como se hace en otros puertos en los que se ha instalado esa tecnología para inspeccionar las cargas sin tener que abrir los contenedores. Los empresarios agrupados en el Cosep consideran que la medida es contradictoria con los tratados de integración.

El Cosep ha advertido su propósito de demandar al Estado de Nicaragua ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), al considerar que esta Ley de Inspección por Escáner no solo viola el derecho común, sino también las leyes nacionales, regionales e internacionales de comercio.

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EL CASO DE PANAMÁ

Entre fútbol y bolsa En el país destaca un fraude en una casa de valores que vincularía al presidente Martinelli y un contrato de publicidad interrumpido por la Federación de Fútbol.

Yeraldin Samaniego

U

na investigación de la Bolsa de Valores de Panamá (SMV) y la Central Latinoamericana de Valores (LatinClear) determinó que, tal como denunció uno de los clientes de la casa de valores Financial Pacific, el saldo en efectivo registrado en las cuentas de los clientes de inversión no coincidía con los saldos bancarios que debían tener estas cuentas. Se trataba de un descuadre, que para mediados del 2012 ascendía a US$7 millones.

En otras palabras, había diferencias importantes entre los saldos consignados a favor de clientes, las inversiones realizadas y sus cuentas bancarias. El pronunciamiento de la Bolsa de Valores y de LatinClear se registró el 10 de octubre del 2012 y así se abrió paso a una reorganización, ordenada el 16 de octubre por la SMV. En julio de este año, acusaron penalmente a Mayte Pellegrini, una exempleada de confianza de la casa de valores, de mover de forma fraudulenta el dinero de los clientes,

lo que dio origen a un desfalco de US$7 millones que, conforme avanzan las investigaciones, ronda los US$14 millones.

Pellegrini se entregó en noviembre del 2012 y dijo, entre otras cosas, que las supuestas irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones. La acusada se refiere a los valores de Petaquilla Minerals.

En su indagatoria del 22 de noviembre señaló que los directivos Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla” y que era del presidente, Ricardo Martinelli.

Martinelli acusó al diario La Prensa de “manipular información” y de tratar de involucrarlo en un “pequeño problema”. El 29 de diciembre Petaquilla Minerals emitió un comunicado en el que, entre otros puntos, afirma que el presidente “no ha sido y no es accionista” de la empresa.

Espumoso conflicto Cervecería Barú Panamá inició un contrato con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) para la venta exclusiva de sus productos en los juegos efectuados por la selección panameña de fútbol. El contrato sería del 2010 hasta el 2014, pero la Fepafut interrumpió unilateralmente el contrato en el 2012. El pago que aún debe realizar la Fepafut a Cervecería Barú es de US$3 millones, más casi US$2 millones adicionales por lucro cesante.

Actualmente, Fepafut no ha saldado su deuda con Cervecería Barú, por lo que la gerente general de la cervecería, la holandesa Helen Wessie mencionó en conferencia de prensa a finales de abril del 2013, que levantarían el secuestro a Fepafut por presiones fuertes que recibieron de parte del presidente de Panamá y los aficionados del futbol, pero que la empresa continuará con las acciones legales contra la Federación después del Mundial de Brasil, en agosto del año 2014.

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EL CASO DE COSTA RICA

Saturados de demandas

Cuatro reclamos que suman US$1600 millones ponen en jaque al país. Sobresale el caso con la canadiense Infinito Gold, que vence en octubre de este 2013.

Mariela Montero

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uatro empresas mantienen en jaque legal a Costa Rica. Se trata de la española Riteve SyC, las suizas Cervin Invesstissments y Rhone Invesstissments que representan a Gas Z en el país, la canadiense Infinito Gold y la brasileña OAS. La suma de las cuatro demandas obligaría a Costa Rica a cancelar una factura que asciende a US$1600 millones, sin contar los gastos legales de enfrentar estos procesos de orden internacional.

Por el momento, la empresa OAS está en proceso para ver si se llega a un acuerdo con el Gobierno debido a la cancelación de una concesión para una autopista.

Mientras, Infinito Gold fijó un ultimátum al país, advirtiendo que si no le permite retomar el proyecto minero de Crucitas demandará internacionalmente al Estado por incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá.

El proyecto minero quedó suspendido en el 2010 por la anulación que determinó el Tribunal Contencioso Administrativo de los permisos y concesiones otorgadas por el Estado en el 2001.

Este último es el caso más difícil. Yokebec Soto, vocera de la empresa canadiense detalló que la suma por indemnización del daño es de US$1092 millones, de los cuales US$92 millones corresponden a inversión realizada y US$1000 millones por lo que se dejó de percibir al no realizarse la actividad acordada. Según Soto, Costa Rica es un país lleno de contradicciones donde no existe un panorama claro ni seguro para el inversionista.

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“Este país no ha definido el tipo de desarrollo que desea y paga un alto precio por sus solapadas decisiones, tanto en temas mineros como en otras categorías de inversión”, apunta.

Aunque Mercados & Tendencias intentó conocer la versión de la parte acusada, ni el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), ni el Ministerio de Ambiente Energía y Mares, entidades que llevan el caso, según indicó el departamento de comunicación de la Procuraduría dieron respuesta.

Las medidas de los tratados Denia Fernández, asesora legal, comentó que muchos de los procesos contra el Estado son interpuestos ante organismos internacionales porque son parte de un tratado internacional. Recordó que muchos de los acuerdos contenidos en tratados internacionales operan con cláusulas de arbitraje. La agilidad que da la ejecución de laudos en tribunales internacionales frente un tribunal interno motiva a las empresas a llevar sus denuncias al exterior, lo que no significa que el país “esté vulnerando derechos”.

En el caso del caso Crucitas, la empresa consideró que el Estado costarricense violentó el artículo VIII del Tratado Bilateral de Inversiones; así como el artículo II, de “concederle a Industrias Infinito un trato justo y equitativo de acuerdo a los principios de derecho internacional y la protección y seguridad jurídica plenas y, en virtud del artículo IV, de concederle a Industrias Infinito un trato nacional y de nación más favorecida”.

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EL CASO DE REP. DOMINICANA

La pugna por el peaje El Estado dominicano fue condenado al pago de US$45 millones por corte internacional ante demanda de socio concesionario en desarrollo de autopistas.

Carlos Arturo Guisarre

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na controversia por la administración del peaje de la Autopista del Este de República Dominicana terminó en condena para el Estado dominicano, demandado por la empresa Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa) por US$45 millones.

El caso fue resuelto en agosto del 2012 por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Londres, Inglaterra.

La demanda fue interpuesta por la Concesionaria después de que el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, asumió el control del peaje en perjuicio de la empresa que mantenía una sociedad con el Estado desde 1998.

El litigio se caracterizó por una defensa precaria por parte del demandado. La representación del Estado no pudo demostrar las razones que en su momento esgrimió Díaz Rúa para asumir el control de la autopista: “estafa al Estado en esa negociación”.

Manuel Alejandro Valerio, abogado en derecho internacional, señaló que el laudo pone en evidencia las graves deficiencias de los organismos responsables para defender los intereses económicos de los dominicanos en foros de arbitraje internacional.

“Más adelante, Codacsa fue a una corte de arbitraje de Washington, donde pudo homologar la sentencia y no hubo ninguna representación legal del país. Esto, a pesar de que República Dominicana tiene en Estados Unidos más representantes que los países centroamericanos y Brasil juntos”, criticó Valerio Jiminián. Del lado de la empresa, Roberto García, representante de Codacsa,

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denunció atropellos por parte del Estado dominicano a los bienes de la compañía extranjera. “Tomaron a la fuerza las posesiones del peaje la misma mañana del sábado 11 de agosto del 2012, justo al día siguiente de haber perdido el arbitraje internacional. Se hizo representar por personal del Ministerio de Obras Públicas y un contingente armado del ejército. Ese acto demostró un total desconocimiento del laudo arbitral”, reprochó.

En estos momentos el conflicto parece resuelto, pero en mayo del 2013, el Tribunal Constitucional obligó al Ministerio de Obras Públicas y a Codacsa a iniciar el restablecimiento del acceso a la comunidad Los Solares, municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, los cuales deberán concluirse a más tardar a principios de octubre de este año. Mediante sentencia TC/0071/13, el Tribunal fijó una sanción de unos US$350 en contra de las entidades, por cada día de retardo en la ejecución.

Poca demanda interna Las grandes corporaciones dominicanas evitan ventilar sus diferencias en los tribunales, pero en el 2007 se dio una demanda de una empresa local de tecnología, Xolutiva, a la multinacional fabricante de computadoras Dell, por negarse a renovar el contrato de representación comercial en el mercado nacional.

En este caso, un juez dominicano ordenó embargos y condenó a Dell a pagar US$3,5 millones a su socio bajo el alegato del desconocimiento de la legislación 173, la cual rige la representación de empresas extranjeras en República Dominicana.

OJO POLÍTICO

Candidatos a la presidencia 2014. Foto: Gran Alianza para la Unidad

Alcanzar la

madurez política

En año preelectoral, los salvadoreños esperan las propuestas de los candidatos sobre la violencia, el bajo crecimiento económico y la inseguridad jurídica.

H

ace más de 4 años, en El Salvador, la Casa Presidencial abrió sus puertas al primer Gobierno de izquierda, liderado por el presidente Mauricio Funes.

Hoy, en medio de toda la confrontación generada por la bipolaridad de una relación entre el sector privado y el Gobierno, de nuevo, los salvadoreños se encuentran inmersos en un periodo preelectoral que tiene en contienda a cinco candidatos presidenciales, entre los cuales deberá elegirse al sucesor de Funes.

Dentro de las candidaturas, los más fuertes son los representantes del partido ARENA, con la fórmula de Norman Quijano y René Portillo; FMLN, con Sánchez Cerén y Óscar Ortiz; y Unidad, con Elías Antonio Saca, ya expresidente del país.

Según el analista político Roberto Cañas, de ninguno de los aspirantes a la presidencia se ha escuchado aún una propuesta de solución a la crisis del país, pues El Salvador enfrenta una problemática de violencia, bajo crecimiento económico e inseguridad jurídica, a lo que dichos líderes deberán dar respuesta.

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Ericka Mejía El sector empresarial reclama su parte y, al respecto, el economista Luis Membreño menciona que las propuestas de los postulantes deberían estar dirigidas a establecer un acuerdo de nación, que deberá estar basado en la educación.

Así también asegura que los candidatos deben considerar como temas prioritarios el acuerdo fiscal, la generación de empleo y el cómo hacer para basar en las exportaciones e inversiones el motor de desarrollo del país, para lograr así un crecimiento promedio del 7% anual en los próximos 20 años.

Al respecto, Sánchez Cerén comenta tener contemplado dentro de sus apuestas la generación de empleos, aún cuando se critique el fallido del actual partido de Gobierno, con la promesa de una fábrica de empleo. El candidato habla sobre derribar las trabas burocráticas e incrementar el crédito por medio de Bandesal. No obstante, para los analistas nada de esto representa mayor diferencia de lo ya escuchado por el Gobierno actual.

Mientras tanto, el exalcalde de la capital, Norman Quijano, que dentro de su comitiva para la elaboración de su plan nación tiene a representantes empresariales, se inclina más por el lado de resolver el entorno fiscal, a través de

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la austeridad. “No se ha aprovechado ese triángulo vicioso de progreso y desarrollo que se genera cuando hay una sinergia, es decir, los empresarios, los trabajadores y por supuesto el Gobierno. Es un triángulo que nosotros hemos echado a perder, estando en una permanente confrontación”, alegaba el candidato durante su llegada al Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade).

El expresidente de la República, Antonio Saca, quien busca ser reelegido, prefiere centrar sus afirmaciones en el tema de la delincuencia, con el alarde de que el país no necesita de un aumento en los impuestos y, con el argumento al ya haber sido presidente, el problema principal es el financiamiento para la creación de más empresas y la generación de empleo.

“No podemos pasar en crisis institucionales, como en la que se encuentra el país en este momento. Tiene que haber una madurez de parte de los políticos y la sociedad, pues se necesita de una democracia sólida, en la que haya un respeto al Estado constitucional de derecho y a los distintos poderes”, concluye Membreño, en referencia a las consideraciones que deben tener los postulantes. n