RUSICST
BOLETÍN TÉCNICO
PRIMER SEMESTRE
2017
REPORTE UNIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
República de Colombia Ministerio del Interior
CONTENIDO JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República de Colombia GUILLERMO RIVERA FLÓREZ Ministro del Interior HUGO FERNANDO GUERRA URREGO Coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado
©2017, Ministerio del Interior Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado GAPV. ©2011, Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Impreso en Colombia – Printed in Colombia © Diseño de cubierta y diagramación: Adriana Amaya Grimaldos © Fotografías: Ministerio del Interior Este es un documento público cuyo texto completo puede ser consultado en la página web http://gapv.mininterior.gov.co/
Editores: Andrés López Ávila – Coordinador Equipo RUSICST. Ministerio del Interior.
Sonia Milena Cifuentes - Equipo RUSICST. Ministerio del Interior
Este boletín técnico se traduce en una síntesis de los principales resultados obtenidos tras el ejercicio de diligenciamiento realizado por las entidades territoriales durante el primer semestre de 2017 en la herramienta RUSICST. Aun cuando el contenido de este boletín pertenece a sus autores, es de carácter público y puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado, siempre que no haya alteraciones sobre el mismo y se realice la citación correspondiente. La anterior autorización exime el material fotográfico con Copyright ©.
resumen ............................................................................................................................6 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................ 8 1. dinámica del conflicto armado.................................................................................................................10 2. COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL.................................................................................................................14 3. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL.............................................................................................................................18 4. PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS .................................................................................................................... 20 5. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL............................................................................................................................24 6. RETORNO Y REUBICACIÓN....................................................................................................................................... 28 7. ADECUACIÓN INSTITUCIONAL .............................................................................................................................. 30 8. glosario ..........................................................................................................................................................................34
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resumen REPORTE UNIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO RUSICST
• El 100% de las entidades territoriales del país guardaron información en la plataforma RUSICST.
• El 99,3% de los municipios del país completaron las preguntas obligatorias dispuestas en el RUSICST.
• El 99,3% de las administraciones municipales guardaron el plan de mejoramiento.
• El 98,6% de los municipios enviaron el reporte en los tiempos establecidos en el Decreto 2460 de 2015.
RESUMEN
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INTRODUCCIÓN El Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política de Víctimas del Conflicto Armado Interno es la herramienta donde las administraciones municipales y departamentales informan de manera semestral su gestión en materia de diseño, implementación, evaluación y seguimiento a la Política Pública de Víctimas. Desde el año 2012, año donde entró en funcionamiento, y hasta la fecha, el RUSICST se ha posicionado como un instrumento que facilita la apropiación de la política pública en el territorio y que sirve además como repositorio de información para las administraciones actuales. Acerca de su estructura, el RUSICST está compuesto por siete secciones, que en función de sus características propias, se ubican en las tres etapas de la política pública: Dinámica del conflicto armado, Comité Territorial de Justicia Transicional, Plan de Acción Territorial, Participación de las víctimas, Articulación institucional,
INTRODUCCIÓN
Retorno y Reubicación, Adecuación institucional. A su vez, ya que esta se concibe como una herramienta pedagógica, cuyo principal propósito es fortalecer la efectividad de la Política de Víctimas en las entidades territoriales, integra un instrumento denominado plan de mejoramiento, donde a partir del ejercicio de diligenciamiento realizado, el municipio puede identificar sus debilidades y plantear acciones de mejora realizables al interior de la administración.
y alcaldes del país, tienen la responsabilidad de garantizar el personal y los equipos que permitan el suministro adecuado y oportuno de la información requerida en el RUSICST. Para tal efecto, el parágrafo 2 del mismo artículo, define que los mandatarios locales deberán designar un enlace que se encargue de reportar la información requerida de manera semestral. Entre el 1 de enero y 28 de febrero para el primer semestre del año y entre el 15 de julio y el 31 de agosto para el segundo semestre.
De acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.8.3.8. del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015, los gobernadores
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DINÁMICA DEL CONFLICTO ARMADO
Durante el primer semestre de 2017, el grupo armado con mayor presencia en el país fue el Ejército de Liberación Nacional (presente en 155 municipios), seguido por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en 73 municipios) y las disidencias del Ejército de Liberación Popular (con presencia en 22 municipios). Acerca de las bandas criminales más prominentes, se encuentra en primer lugar el Clan del Golfo (en 159 municipios), luego las Águilas Negras (en 25 municipios), los Rastrojos (en 21 municipios) y La oficina de Envigado (en 9 municipios). Por su parte, 101 municipios reportan la presencia de otras BACRIM no identificadas. Acerca de los factores de riesgo y hechos victimizantes ocurridos durante el primer semestre de 2017, en el primer caso
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se identifican como los más sobresalientes: desplazamiento forzado, amenaza, homicidio, extorsión, presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal. En el segundo caso, por su parte, se encuentran de manera más significativa desplazamiento forzado, amenaza y homicidio. Por otra parte, 1.092 municipios del país reportan que en su territorio habitan víctimas del conflicto armado. En este sentido, 693 entidades territoriales reportaron recepción de población desplazada durante el último semestre, siendo los
departamentos mayormente afectados por cuenta de este fenómeno Antioquia y Cundinamarca. A su vez, acerca de la población desplazada con enfoque diferencial étnico, la siguiente tabla ilustra que las mayores afectaciones se encuentran en los pueblos o comunidades indígenas, seguidas por las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras.
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TABLA N° 1 PUEBLO O COMUNIDAD
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NÚMERO DE VÍCTIMAS
Población desplazada perteneciente a un pueblo o comunidad indígena.
553
Población desplazada perteneciente a una comunidad negra, afrocolombiana, palenquera o raizal.
529
Población víctima perteneciente a un pueblo o comunidad indígena.
385
Población víctima perteneciente a una comunidad negra, afrocolombiana, palenquera o raizal.
370
Población desplazada perteneciente a una Kumpania del pueblo Rrom.
236
Población víctima perteneciente a una Kumpania del pueblo Rrom.
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Finalmente, acerca de la caracterización de las víctimas del conflicto para identificar tanto su cuantía como sus necesidades, se encuentra que 740 entidades territoriales han adelantado el proceso (67%), mientras que 355 no (32%).
GRÁFICA 1. PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PROCESO DE CARACTERIZACIÓN
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COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL
En el periodo de la vigencia 2017, un total de 1.100 alcaldías del país reportaron contar con el Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) como máxima instancia de articulación y decisión en el territorio. Asimismo, 1.084 afirmaron que dicho comité se encuentra reglamentado mediante acto administrativo y solo 872 afirmaron disponer de un plan operativo para orientar su funcionamiento.
GRÁFICA 2. EXISTENCIA DE SUBCOMITÉS TERRITORIALES
Acerca de los subcomités existentes en las entidades territoriales, se tiene que los más frecuentes resultan ser: Prevención, Protección y Garantías de No repetición, Atención y Asistencia, junto con Sistemas de Información.
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En relación con estrategias para la incorporación del enfoque diferencial en el Plan de Acción Territorial, 860 entidades territoriales reportaron haber desarrollado alternativas incluyentes para víctimas en situación de discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes como también población con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas. Un número menor se encuentra en el caso de municipios que adoptaron estrategias de inclusión del enfoque diferencial étnico en su PAT (indígenas, negros, afrocolombianos, palenqueros, raizales y Rom) que en el primer semestre de 2017 se ubicó en 417. Acerca de la operatividad del CTJT, que debería convocarse de manera ordinaria al menos cada cuatro meses en el año, 1.066 afirmaron haberse reunido durante el primer semestre
COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL
de 2017. Respecto a los subcomités, los resultados en términos de aquellos que se reunieron durante el último semestre corresponden a: Prevención, Protección y Garantías de No repetición, Atención y Asistencia, junto con Sistemas de Información. Hecho que se muestra coherente con aquellos cuya existencia resulta más usual en territorio.
mer semestre de 2017, 436 realizaron en efecto ajustes a esta herramienta de planeación en el territorio y 856 reportaron que la alcaldía presentó al CTJT la información reportada en el Tablero PAT, en términos de necesidades identificadas y compromisos establecidos en favor de las víctimas del conflicto.
Por último, en el marco de las funciones propias del CTJT 870 municipios afirmaron haber hecho seguimiento al Plan de Acción Territorial (PAT) durante el pri-
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
Respecto a las herramientas de planeación existentes en el territorio, orientados a la atención, asistencia y reparación a las víctimas, sobresale el Plan de Acción territorial en 1.082 municipios, seguido por el Plan de Contingencia en 956 y el Plan Integral de Prevención en 820. Solo 271 municipios cuentan con Plan de Reparación Colectiva, hecho que responde a la dinámica misma del territorio.
GRÁFICA 3. HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN EXISTENTES EN TERRITORIO
Acerca de la actualización de estas herramientas, los resultados muestran que a primer semestre de 2017, 635 municipios cuentan con su PAT actualizado, 441 con su Plan de Contingencia, 340 con su Plan de Prevención, 181 con su POSI, 122 con su Plan de Retornos y Reubicación, finalizando con el PIRC actualizado en 61 entidades territoriales del país. En consonancia con esta última herramienta, se encuentra que a primer semestre de 2017, 176 municipios reportan tener registrado algún sujeto de reparación colectiva y 159 informan estar participando activamente en la implementación de la ruta de reparación colectiva.
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
Finalmente, mientras 458 entidades territoriales reportaron no haber socializado o promovido espacios de socialización y análisis sobre su Plan de Acción Territorial, 627 informaron haberlo llevado a cabo.
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PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
En materia de participación por parte de la población afectada por el conflicto armado interno, 989 entidades territoriales reportan la existencia de víctimas no asociadas o que no pertenecen a ninguna organización. Entre las principales razones que explican esta situación, señalan a su vez la apatía a la participación asociativa, factores asociados a tiempo y a distancia, y falta de credibilidad en los líderes y sus organizaciones. Contrario a lo anterior, 1.027 municipios reportaron la existencia de organizaciones de víctimas en su territorio y 383 de organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.
GRÁFICA 4. RAZONES QUE EXPLICAN LA NO ASOCIATIVIDAD EN LAS VÍCTIMAS
Respecto al conocimiento de la normatividad que reglamenta la participación de las víctimas del conflicto, 1.078 municipios afirmaron tener conocimiento del Protocolo de Participación Efectiva y sus resoluciones modificatorias, mientras que 1.053 manifestaron conocer el Protocolo para la participación de niños,
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niñas y adolescentes víctimas y solo 955 informan estar al tanto del Protocolo de participación efectiva de las víctimas negras, afros, raizales y palenqueras, en el marco del conflicto. Acerca del rol de las administraciones municipales en relación con la participación de las víctimas, 1.073 entidades territoriales afirman haber apoyado la difusión del periodo de inscripciones para participar en la Mesa Municipal de Participación de Víctimas dentro de los 90 primeros días de año. Sobre este aspecto, 1.038 municipios cuentan con este espacio de participación, mientras que solo 60 reportan su inexistencia. Por otra parte, solo 572 municipios del país reconocen estar al tanto del plan de trabajo de la Mesa de Participación Municipal y acerca de los espacios que suministran para garantizar la participación efectiva de las víctimas señalan en primer lugar las jornadas de trabajo (1.037 municipios), y tanto el Concejo Territorial de Planeación como el Concejo Municipal (868 municipios).
han reglamentado los apoyos orientados a garantizar la participación efectiva de las víctimas, según lo establecido en la Resolución 1282 de 2016. Acerca de tales apoyos, solo 839 alcaldías brindaron elementos y recursos para garantizar las sesiones de las mesas de participación y 474 generaron incentivos para sus integrantes.
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Por último, en cuanto a la interacción entre las administraciones municipales y las mesas de participación, se encuentra que 762 alcaldías facilitaron escenarios de fortalecimiento a la mesa o a las víctimas y 939 socializaron con la población víctima avances en la política pública. Además, 460 entidades territoriales realizaron ejercicios de rendición de cuentas durante el primer semestre de 2017, mientras que para este mismo periodo solo en 174 municipios se realizaron veedurías ciudadanas sobre la implementación de la Política Pública de Víctimas.
Luego, se encuentra que durante el primer semestre de 2017, 983 entidades territoriales realizaron divulgación de la Política Pública de Víctimas y solo 614
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ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
En lo que respecta a la articulación entre los tres niveles de gobierno, 480 y 514 municipios del país participación en el diseño de planes, programas o proyectos dirigidos a la población víctima, liderados por el nivel nacional y departamental, respectivamente durante el primer semestre de 2017. En cambio, 520 alcaldías afirmaron haber presentado proyectos dirigidos a la población víctima, dentro de las diferentes convocatorias abiertas por la nación y 443 dentro de las convocatorias abiertas por el nivel departamental. A su vez, solo 293 entidades territoriales afirmaron haber presentado proyectos de inversión a financiar con recursos del Sistema General de Regalías en beneficio de la población víctima, durante el último semestre.
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
GRÁFICA 5. ARTICULACIÓN TERRITORIAL CON OTROS ACTORES
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Acerca del acompañamiento recibido por parte de otros niveles de gobierno, se encuentra que 567 municipios del país recibieron asistencia técnica para el diseño o ajustes al PAT por parte del nivel nacional y 476 por parte de la gobernación. Por su parte, 923 entidades territoriales reportaron que su PAT municipal se encuentra articulado con su PAT departamental y en materia de esquemas asociativos suscritos con otras administraciones municipales o departamentales en el marco de la implementación de la Política Pública de Víctimas, solo 297 entidades territoriales informaron estar realizando acciones al respecto durante el primer semestre de 2017.
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Igualmente, durante este periodo 612 administraciones municipales afirmaron que durante el último semestre les fue socializada la regionalización de la oferta nacional y adicionalmente, 433 reportaron que la gobernación apoyó el funcionamiento de su CTJT en el primer semestre de 2017. A esto se suma que en 540 municipios del país, la nación o la gobernación, apoyaron alguna estrategia de atención complementaria a las víctimas del conflicto armado en territorio.
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Finalmente, en lo concerniente a la articulación con otros actores, las entidades territoriales impulsaron el relacionamiento con instituciones académicas y la empresa privada en su mayoría.
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RETORNO Y REUBICACIÓN
Durante el primer semestre de 2017, 945 entidades territoriales afirmaron tener conocimiento del Protocolo para el acompañamiento a los procesos de retorno y reubicación, en el marco de la reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado. Al respecto, según la información reportada, en 172 municipios la población víctima de desplazamiento forzado manifestó su voluntad de retornar a su lugar de origen y en cambio, 160 expresaron su voluntad de reubicarse en un sitio distinto al que fueron desplazados. De igual forma, la cantidad de municipios donde el CTJT identificó procesos de retorno y reubicación durante el primer semestre, ascendió a 166 y 156 respectivamente, donde a su vez fueron reconocidos 8 procesos de retorno y 4 procesos de reubicación connacionales.
RETORNO Y REUBICACIÓN
Para el mismo periodo, fueron 345 los municipios que afirmaron contar con un Plan de retorno y reubicación. Asimismo, 277 reportaron que dicho plan se encontraba en formulación y 269 en ejecución. Nuevamente en relación con las funciones propias del CTJT, solo en 91 esta instancia examinó el principio de seguridad, necesario para el desarrollo de los procesos de retorno y reubicación existentes. En materia de acompañamiento por parte de las administraciones municipales,
182 municipios adelantaron esquemas especiales de acompañamiento para la población víctima retornada o reubicada, 184 implementaron su Plan de retorno y reubicación, 7 municipios realizaron inversiones en vivienda de interés social en otros municipios (dirigidas al retorno de la población desplazada) y 5 por su parte, recibieron inversiones en VIS provenientes de otros municipios para facilitar el retorno de la población víctima en condición de desplazamiento.
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ADECUACIÓN INSTITUCIONAL
En términos de adecuación institucional, 1.073 alcaldías afirman que el recurso humano que apoya la implementación de la Política de Víctimas en territorio conoce tanto el PAT como el Tablero PAT de la actual vigencia.
GRÁFICA 6. INFRAESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS VÍCTIMAS
Por otra parte, solo 358 entidades territoriales reportaron que la administración cuenta con una entidad o dependencia creada de manera exclusiva para la gestión y coordinación de la Política de Víctimas, mientras que 890 informaron que en ausencia de una entidad exclusiva cuentan con una dependencia o secretaria responsable de coordinarla. A su vez, en 480 alcaldías existe una persona o equipo de trabajo encargado de impulsar los enfoques diferenciales y el enfoqué étnico en el diseño e implementación de la Política de Víctimas.
ADECUACIÓN INSTITUCIONAL
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Durante el primer semestre de 2017, 909 entidades territoriales dispusieron de una herramienta propia para llevar un registro de la atención u orientación brindada a la población víctima y en este mismo sentido, acerca de la infraestructura o estrategias complementarias para facilitarla predomina la existencia de una oficina de víctimas y puntos de atención a esta población.
De la misma manera, durante el último semestre, las alcaldías contaron en su mayoría con recursos como servicio de energía eléctrica, acceso a internet, equipos de cómputo y comunicación, papelería y materiales de oficina, junto con asientos o sillas para tiempos de espera.
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GRÁFICA 7. RECURSOS EXISTENTES EN LA ALCALDÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS
Finalmente, 827 alcaldías brindaron recursos o medios a las personerías para el cumplimiento de sus funciones en relación con la Política de Víctimas y respecto a la interacción con el Concejo Municipal, en primer lugar 211 municipios afirman que este órgano sancionó algún acuerdo para la reglamentación o implementación de la política pública e igualmente, en 140 casos el Concejo citó a la administración municipal para debate de control político de la ejecución de la Política de Víctimas.
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GLOSARIO
Grupos armados al margen de la ley: aquellos grupos, tales como guerrilla o autodefensas, o una parte significativa e integral de las mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Comité Territorial de Justicia Transicional: es el encargado de elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, entre otras funciones.
GLOSARIO
Enfoque Diferencial: el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la Ley, contarán con dicho enfoque. Enfoque Étnico Diferencial: es el reconocimiento de que hay poblaciones que, por sus características particulares, en razón de su grupo étnico deben recibir un tratamiento especial en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral. Para los pueblos indígenas, comunidades negras y comunidades Rrom su reparación integral se rige por decretos especiales que fueron objeto de consulta previa con estos grupos y comunidades. Factores de Riesgo: Existencia de amenazas y vulnerabilidades que pueden generar una posible situación de peligro o daño a la que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, en determinado momento y lugar, por causa de la presencia de una o varias amenazas, y cuyo grado de afectación estará determina-
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do por el nivel de vulnerabilidad y las capacidades institucionales y sociales para hacerle frente.
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Hechos Victimizantes: la Unidad de Víctimas definió doce categorías para clasificar las circunstancias y tipos penales relacionados con el conflicto armado de mayor ocurrencia en el territorio colombiano. Mesa de Participación: espacios temáticos de participación efectiva de las víctimas en el ámbito municipal y distrital, las cuales se conformarán a partir de la inscripción realizada en cada jurisdicción municipal y distrital, con las organizaciones de víctima y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Participación: derecho de las víctimas a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria en el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y los planes, programas y proyectos implementados para fines de materializar su cumplimiento. Plan de Acción Territorial: Es el instrumento que debe ser elaborado por los municipios, distritos y gobernaciones con la participación de las víctimas del conflicto armado. Este documento contempla las medidas de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas por lo cual, debe contener como mínimo: la caracterización de las víctimas, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de evaluación con metas e indicadores. Subcomités: Instancias de coordinación que planifican, concertan, articulan y evalúan las acciones desarrolladas en el territorio para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo con sus responsabilidades institucionales.
GLOSARIO
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Si requiere información adicional, escríbanos a: reporteunificado@mininterior.gov.co Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado -GAPVMinisterio del Interior http://gapv.mininterior.gov.co/