Plan de Vida versus Genocidio Silencioso en Parawata Vladimir Aguilar Castro aguilarv@ula.ve Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) Universidad de los Andes
Los genocidios silenciosos • •
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Hay genocidios silenciosos que son cotidianos, nos advierte Bartolomé Clavero en su extraordinario libro: “¿Hay genocidios cotidianos? y otras perplejidades sobre América Indígena”, de reciente aparición. La definición que nos ofrece Clavero en su obra no puede ser más elocuente: “(…) para el derecho penal internacional genocidio es la acción tendente a hacer desaparecer en todo o en parte determinados grupos humanos entre los que los pueblos indígenas están hoy expresamente comprendidos. Una política de acoso incluso incruento a comunidades persiguiendo la neutralización y ninguneo del correspondiente pueblo, con esta determinada intención, puede constituir genocidio; si a esto se suma la violencia sanguinaria más o menos selectiva, sin necesidad de que sea masiva, tal delito es paladino (…)”. Es más o menos por lo que pudiéramos estar transitando sino se visualiza correctamente lo que está pasando con los pueblos indígenas en países como Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela, a pesar de los discursos, carácter de los Presidentes y contenidos de las respectivas cartas magnas. Algo común a los tres países es que la norma constitucional que consagra el derecho reconocido no ha trascendido a su materialización. Tampoco se terminan de crear las condiciones necesarias, desde el Estado Plurinacional y Multiétnico pronunciado, para el ejercicio en condiciones de igualdad del derecho diferenciado consagrado.
El extractivismo como modelo de acumulación rentística • • • •
Lo antes esbozado, constituye la permanente dicotomía entre derecho objetivo y derecho subjetivo, entre lo sustantivo del derecho y lo periférico del mismo. El extractivismo sigue siendo el modelo sobre el cual descansa la base de acumulación económica de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Este modelo es el que ha hecho más salvaje al modo de producción actual desde que la primera revolución térmica (industrial) le imprimió calor a la economía y, en consecuencia, al clima y a la Tierra. Es lo que tienen en común estos tres países hermanos y bolivarianos: gobiernos discursivos; combustible fósil, diversidad biológica y sobre todo, diversidad cultural.
La doctrina de terra nullius heredada por el Estado-nación moderno • • •
El Estado-nación moderno ha sido el heredero de la doctrina de terra nullius, desde hace rato erradicada en el derecho internacional. Hoy, en nombre de una difusa soberanía, el Estado-nación no cesa de invocarla. Una soberanía e integridad territorial que para el caso de Venezuela, le daba en una región como La Paragua, en el río Caroní, Estado Bolívar, a un puñado de soldados del ejército venezolano, impunidad para que hicieran minería ilegal, en un espacio geográfico donde había sido prohibida por orden gubernamental.
La propuesta de Hábitat Indígena como Área Protegida en Parawata • • •
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Hay otro aspecto que es común a Bolivia, Ecuador y Venezuela: el combustible fósil se encuentra ubicado en los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas de cada uno de esos países. Y el Estado-nación de cada uno de esos países supedita el derecho a la propiedad del subsuelo, pero también de hacer negocios en nombre de la Republica, con intereses privados. En otras palabras, el Estado-nación de cada uno de esos países proscribe en nombre del interés nacional convertido en interés privado, los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Derechos humanos colectivos están aquí limitados por el derecho individual de propiedad. En el año 2006-2007, en un estudio del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, a solicitud de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar (FIEB), se habría propuesto una figura de protección para La Paragua, en el río Caroní, denominada Hábitat Indígena Parawata. El nombre había sido el resultado de una consulta que en la zona se hiciera a las propias comunidades indígenas en talleres de trabajo, con el acompañamiento de la FIEB y el GTAI. Algo parecido al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia, objeto de discordia entre el Estado boliviano y los pueblos indígenas habitantes del parque, por el proyecto de construcción de una carretera que lo pretendía atravesar. Parawata en Pemon iría a sustituir la mala traducción de La Paragua, ya no sólo en su significado sino fundamentalmente en su contenido. Pero esta propuesta de zona protegida descansaría en el Plan de Vida del Pueblo Pemon del Estado Bolívar, y de este sector en particular, el cual fundamenta a su vez la Autodemarcación avanzada pero aún no validada por el Estado. El Plan de Vida vendría a sustituir los planes de ordenación inexistentes y reglamentos de uso sancionatorios a los débiles jurídicos, que es lo que abunda en aquellas áreas bajo régimen de administración especial del país que apenas alcanzan a tener estos instrumentos de ordenación territorial.
Nuevo constitucionalismo, nuevos derechos y nuevas políticas públicas • • • •
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La creación de derecho y su puesta en práctica es parte de lo que sigue pendiente en los tres países que también tienen en común la Amazonia. No hay nuevo constitucionalismo sin nuevos derechos y estos son prácticamente inexistentes sin nuevas políticas públicas. Pero para que hayan nuevas políticas públicas deben de existir nuevas instituciones que las acompañen. Si el Estado-nación Plurinacional y Multiétnico consagrado no trasciende la visión anquilosada del Estado-nación que emergió de la paz de Westfalia en 1648, difícilmente podremos avanzar en la construcción de una democracia poscolonial en el siglo XXI. Este último desafío es la única manera de romper con la lógica perversa que aún se aloja en el argumento de un Estado con poder de veto, en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.