Inversion en la infancia: Marco de Acción by guerrerortiz

INVERSIÓN EN LA INFANCIA: MARCO DE ACCIÓN Síntesis de los principales diálogos sostenidos

El presente documento representa una sistematización de diversos e importantes diálogos sostenidos a lo largo de estos últimos meses con diversos actores sociales: educadores, investigadores, comunicadores, economistas, médicos, congresistas, gobiernos regionales y profesionales representativos de la cooperación no gubernamental para el desarrollo. En todos ellos se ha analizado la situación de la infancia en el país y se han producido numerosas y muy valiosas ideas sobre lo que debe hacerse en adelante. Estas ideas son las que resumimos, organizamos y presentamos a continuación. 1. CONCERTAR PRIORIDADES Y PROPUESTAS A FAVOR DE LA INFANCIA En veinte años de vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se han multiplicado las normas, acuerdos, planes y compromisos a favor de la infancia en el Perú, pero los avances logrados son insatisfactorios pues están muy detrás de las expectativas, las metas y las posibilidades reales. En ese contexto, en los diversos diálogos sostenidos se ha hecho un esfuerzo por reenfocar la mirada en los problemas estructurales cuyas soluciones siguen pendientes y en los problemas de la gestión que representan barreras para concretarlas, trabando o volviendo ineficaz la acción del Estado. A continuación, la síntesis de las principales conclusiones. a) Problemas prioritarios de la infancia y el tipo de soluciones requeridas Hay problemas graves de supervivencia que afectan a una proporción importante de la niñez menor de 5 años de edad que vive en pobreza, como la desnutrición crónica, la anemia y la mortalidad temprana. Pero también existen situaciones que afectan seriamente su pleno desarrollo, como las escasas y deficientes oportunidades de educación temprana o los problemas relativos a la crianza y las culturas sobre la niñez que motivan prejuicios, discriminación y maltrato en la vida familiar y en el espacio público. En el marco de los diálogos sostenidos, estos problemas podrían resumirse en cinco: 1. Identidad. Hay una proporción importante de niños pequeños en nuestro país que no tienen asegurado su nombre y nacionalidad desde su nacimiento, debido a una serie de dificultades muy asociadas a la pobreza que las políticas de registro no han logrado resolver. Hace más de 3 años se aprobó la ley 18720, que permite que todos los niños tengan cédula de identidad, pero sigue sin reglamento y su aplicación supone inversión, coordinación intersectorial y condiciones de gestión que necesitan garantizarse. 2. Mortalidad infantil. Invertir el 4,5% del PBI en el Presupuesto de Salud es no reconocerla como un derecho humano. La magnitud de los problemas exige invertir no menos del 8% y priorizar la reducción de la mortalidad infantil y materna en 2/3 y 3/4

“Los niños son personas integrales. Es una responsabilidad ética responder a sus derechos. El niño no puede exigir sus derechos. Es necesario priorizar su desarrollo” (Maruja Boggio, en la reunión de consulta con ONGs).

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respectivamente, eliminando todas las causas prevenibles de mortalidad. Supone, asimismo, intervenir sobre los determinantes de la salud desde una acción multisectorial concertada, empezando por el MEF y partiendo de un diagnóstico integral e interdisciplinario del estado de salud infantil. Sin un perfil epidemiológico más preciso, no se puede especificar mejor las prioridades de inversión ni los temas e indicadores de vigilancia social, como el control prenatal, el parto, la nutrición y los índices de desarrollo infantil temprano. 3. Desnutrición crónica. Arrastramos el problema de la desnutrición crónica infantil por mucho tiempo y sabemos de su alta incidencia en las regiones y zonas más pobres del país. No basta disminuirla, debemos proponernos la meta desnutrición cero, lo que exige a su vez disminuir la alta incidencia de la anemia (hasta 70% en menores de 5 años) y comprometer al Estado en su conjunto en un programa nacional. Deberíamos usar, por ejemplo, el déficit calórico como un indicador a monitorear.

“Es importante que desde las diferentes organizaciones, en diferentes sistemas, se entiendan bien los compromisos y se transformen estos compromisos en acciones concretas” (Mariska van Dalsfen, Warmayllu, en la reunión de consulta con ONGs).

4. Educación temprana. Sabemos que las posibilidades de aprendizaje y socialización de los niños se multiplican y optimizan cuando tienen un buen inicio en la vida, con la protección afectiva y nutricional necesaria, y las debidas oportunidades para desarrollar sus diversas capacidades intelectuales, afectivas y sociales. En nuestro país, la gran mayoría de niños de 0 a 3 años de edad carece de ellas. Los niños que se inician en su educación formal necesitan, asimismo, mejores oportunidades educativas, auténticamente formativas, que les permitan aprendizajes de calidad y que tengan impacto sobre su desenvolvimiento en las diversas realidades en que viven y en sus propias dinámicas familiares. 5. Protección. En el Perú, los niños menores de 5 años están expuestos a un conjunto de riesgos y amenazas como la trata de personas; trabajos que suponen explotación y grave riesgo para su salud, como los asignados en las minas; o enfermedades producto de la contaminación ambiental (la de los ríos o el aire). Hace falta promover acciones preventivas y punitivas más drásticas contra estas amenazas a su vida e integridad. b) Problemas que dificultan el cumplimiento de compromisos a favor de la infancia La solución de los cinco problemas antes identificados requiere propuestas y mecanismos mucho más efectivos de los que se dispone hasta hoy, respaldados con información y documentación, y que establezcan claramente roles y responsabilidades en los diversos niveles de gobierno, tanto nacional como regional y local. Estas propuestas y mecanismos deben allanar también las numerosas barreras existentes para su funcionamiento y su impacto, estableciendo consecuencias para quienes no cumplan sus obligaciones y perjudiquen a los niños con su indolencia o ineficiencia. He aquí una síntesis de las principales barreras identificadas en los diversos diálogos. 1. Gobernabilidad y accountability -

A nivel de la rectoría y la responsabilidad. Parte del problema de las políticas de infancia es que nadie se hace responsable ¿Cuál es el ente rector que ve el tema de primera infancia? Hay que precisar el rol del MIMDES, MINEDU, MINSA y la PCM. Todos están concernidos en algún aspecto relativo a los servicios y programas dirigidos a la infancia. Hasta el MEF juega de alguna manera el rol de ente rector, a través de mecanismos como el SIAF.

A nivel del cumplimiento de acuerdos y normas. La concertación de planes y proyectos con la sociedad civil a favor de la infancia encuentra obstáculos para ejecutarse, pues no hay norma que obligue. Los funcionarios a cargo muchas veces no se sienten autorizados ni respaldados; no saben compatibilizarlos con las prioridades que ya existen en sus planes operativos, asignándoles tiempo y dedicación marginales; o no comparten la misma visión sobre el valor y la urgencia de los programas de educación y salud dirigidos a la infancia. En los hechos, ni las leyes ni los acuerdos concertados tienen

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poder vinculante, lo que permite al Estado eludir su responsabilidad con la infancia y volver inaplicables normas y consensos. No son una política de Estado y, por lo tanto, no obligan a nadie. - A nivel de la rendición de cuentas respecto a los resultados. No existe el hábito en el sector público de hacer rendición de cuentas, menos aún de hacerlo en función a los resultados de sus acciones. Es el caso, por ejemplo, del informe que debe presentar anualmente el primer ministro ante el parlamento sobre el progreso en las políticas de infancia. Ese informe debería recibir mayores exigencias, mayor acogida de los congresistas y exhibir mayor cumplimiento del Ejecutivo, incluyendo al Ministro de Economía y Finanzas, quien debería asegurar recursos suficientes en el presupuesto a las políticas y programas y el seguimiento efectivo al cumplimiento de las metas comprometidas. 2. Planeamiento e inversión -

A nivel de consistencia y especialización. Hay también carencia de cuadros técnicos suficientes y especializados en el sector público. Como no hay una carrera para convertirse en servidor público, cada cambio de gobierno supone cambio de personal, lo que hace difícil contar con gente especializada en los temas y, por lo mismo, mantener la continuidad o planificar a largo plazo. Hay una propuesta de ley del servidor público en discusión, pero también muchos intereses creados alrededor del tema. En cualquier caso, es indispensable tomar medidas dirigidas a fortalecer y especializar el recurso humano existente en las diversas instancias de gobierno, en particular los que tienen a su cargo el diseño y la gestión de planes y programas dirigidos a la primera infancia.

A nivel de viabilidad de planes y programas. No hay el hábito o la voluntad de mirar el largo plazo cuando se plantean soluciones. Las propuestas quedan generalmente atrapadas en los límites del corto plazo, de las necesidades inmediatas o de determinados límites territoriales. Es por eso que políticas de Estado como las planteadas en el Proyecto Educativo Nacional para la primera infancia, no se entienden ni asumen. La noción de políticas de arranque de corto plazo, con metas de mediano y largo plazo, que puedan además ser monitoreadas, registradas y evaluadas, sigue siendo difícil de entender, traducir y practicar en el sector público. De otro lado, habría que evaluar cuánta presencia tienen los problemas de la infancia en los planes de desarrollo regional concertados, en los proyectos sectoriales y los planes operativos anuales, cuál es su nivel de articulación y su grado de desagregación y especificidad, si llegan por ejemplo al nivel provincial y distrital.

A nivel de asignación y ejecución presupuestal. Destinar recursos fiscales a la infancia es catalogado como gasto en las normas presupuestales. No considerarse inversión impide usar parte del canon. Los recursos considerados gasto corriente tampoco pueden crecer según la ley, lo que impide por ejemplo contratar personal -calificado y suficienteuna necesidad clamorosa en el caso de los programas de educación y salud infantil. No se entiende que el gasto corriente es un gasto operativo que debe posibilitar una mejor inversión en la infancia. Además, el crédito suplementario al presupuesto nacional nunca revierte a favor de las once acciones a favor de la infancia que la ley de presupuesto nacional considera prioritarias, ni de ningún programa social. Por otro lado, el alto porcentaje de niños desatendidos por la educación inicial es un problema de presupuesto, pero también de gestión. Es decir, de recursos escasos y mal utilizados. Se necesitaría crear un fondo de inversión en la infancia y monitorear su uso. La OECD, por ejemplo, tiene 10 indicadores para monitorear la inversión en la infancia en los países europeos.

3. Implementación y monitoreo -

A nivel de articulación de políticas y programas. La sectorización y desarticulación de las políticas de infancia parecen tener menos perspectivas de solución en los niveles

“Las municipalidades están directamente ligadas a la población. Si se están derivando recursos, bien. Pero debemos asegurar que los fondos lleguen a las zonas periurbanas” (Pedro Palomino Pastrana, alcalde provincial de Huancavelica, en la reunión de consulta con REMURPE).

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nacionales de gobierno y mayores en los regionales y locales. En las regiones, y bajo la autoridad de su Gobierno Regional, los sectores pueden en principio sentarse a concertar prioridades, metas y planes conjuntos, incluso con participación social. No se suele hacer y los servicios llegan en el marco de planes y programas ya diseñados, presupuestados y focalizados en Lima por el MEF y el propio sector. A esto contribuyen las limitaciones en la capacidad de gestión regional, por lo que se prefiere mantenerlos en dependencia de los ministerios. La existencia de un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) no resuelve el problema, pues constituye no una articulación sino solo una suma de las actividades de los sectores. Con tantas entidades involucradas, no hay un consenso de objetivos comunes, ni presupuesto único y cada uno sigue sus propias prioridades. -

A nivel de producción y uso de información. En las distintas instancias de gobierno hacen falta sistemas de información sobre la situación de la infancia y los programas en curso en cada región, como también formuladores y planificadores que sepan usar estos sistemas. Sea por ausencia de datos o por interés político, los decisores llegan a utilizar estadísticas erróneas o deliberadamente maquilladas. Pero en los ministerios también hay estudios que aportan conocimientos importantes y que se utilizan muy

superficialmente o no se usan y, pese a constituir información de interés público, Reunión de tampoco se difunden. consulta con el Gobierno - A nivel de operación en el espacio local: Regional de Cajamarca, el 14 Presupuesto público. Hay problemas de fondo con la manera como está estructurado de octubre de el presupuesto público. Destinar recursos, por ejemplo, a planes y programas locales 2009. de salud y educación para la infancia no se considera inversión sino gasto. Esto genera confusiones que después motivan denuncias a los alcaldes por malversación de fondos y que dificulta la inversión en proyectos sociales. Pero además existen restricciones para los municipios, pues el estado nacional se reserva la inversión y el manejo directo de varios programas en salud y educación. Proyectos de inversión. A esto se suman los problemas a nivel del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). No hay suficientes técnicos en los Gobiernos Locales para hacer que sus proyectos logren calificar, pero la ruralidad y la pobreza de las comunidades no parecen ser realidades que ameriten prioridad ni facilidad alguna en

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la aprobación de proyectos ni en la asignación de recursos. Un ejemplo de esto es que, cada vez que los municipios sufren una reducción drástica en las transferencias que reciben del Ministerio de Economía, los programas de infancia se afectan por igual. Presupuesto participativo. En los presupuestos participativos se invierte poco en obras sociales. La preocupación mayor está dirigida a obras de infraestructura o incluso al ganado antes que a los niños. Esto refleja desinterés no solo de los alcaldes, sino de la misma población en la inversión en desarrollo humano. No hay nada que obligue, por ejemplo, a que el 50% del presupuesto participativo se destine a obras sociales, en especial a aquellas dirigidas a la infancia. Los fondos que provienen de las políticas de responsabilidad social de las empresas tampoco son canalizados prioritariamente en proyectos a favor de la infancia. Movilización social. El problema ahora es menos la escasez de recursos fiscales y más la falta de visión y de decisión política para invertir en la infancia. Pero no tenemos en todo el país una sociedad civil organizada con suficiente capacidad de incidencia en esta perspectiva ni sabemos aprovechar de manera óptima la experiencia de regiones y localidades donde ya existen esfuerzos y buenas prácticas de inversión en la infancia.

Liderazgo. Si las soluciones requieren voluntad política, esta voluntad necesita estar presidida por una visión clara y liderazgos perseverantes, articuladores, que sepan cómo trabajar con las distintas instancias del estado sin renunciar a sus objetivos centrales. De eso también se adolece. Para poder pasar de las normas a la acción concreta y de la acción a los resultados esperados, los diferentes niveles deben caminar en la misma dirección y con la misma visión. Diagnósticos. Las acciones a favor de la infancia no siempre cuentan con una línea base, hay en cada realidad local información que no se refleja en los estudios nacionales o los promedios regionales. La pobreza, la desnutrición infantil, la condición de las familias, el alcance y la calidad de los servicios disponibles en cada comunidad, las distancias que los separan de la población, necesitan ser identificados con precisión para que los programas puedan tener mayor efectividad. Educación comunitaria. Las familias también necesitan ser convencidas de invertir en la infancia. Muchas veces el producto de la venta de sus productos no se destina a atender con prioridad las necesidades de los niños pequeños, hay mucha indiferencia

Wilbert Rozas, coordinador nacional de REMURPE, en la reunión de consulta con los alcaldes rurales, el 10 de agosto de 2009.

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y desinformación, que en el caso de las madres es particularmente grave, pues afecta la salud y la nutrición de sus hijos. Pero eventuales programas municipales dirigidos a padres tendrían menos aprobación social que las obras físicas.

ALGUNAS INICIATIVAS POSIBLES DESDE LOS MUNICIPIOS RURALES

“El compromiso más allá del discurso no es real, sin embargo el parlamento puede darle un giro al presupuesto. En los casos de educación y salud, hay un error estructural en lo que se entiende como presupuesto” (Luis Galarreta, congresista, en la reunión de consulta con el Congreso de la República).

2. Pueden crear grupos impulsores de carácter local, que luchen a nivel distrital por espacios de inversión en la niñez, con metodologías de trabajo para este propósito e instrumentos que permitan avanzar y sostener lo avanzado. También pueden impulsar en cada comunidad comités público-privados, que monitoreen el desarrollo de madres y niños durante los primeros 4 años de vida del niño, desde el período prenatal, y orientar a la familia en los cuidados que le debe ofrecer. 3. Hay que impulsar también una concertación a favor de la infancia, a nivel local, provincial, regional, en los diferentes espacios de gobierno, para hacer posible una mayor articulación y una sensibilización social que apunte a un cambio de mentalidad. Es necesario tener políticas locales de infancia, pero también un cambio de mentalidad. La REMURPE debe ser pionera en este esfuerzo y trabajar de forma coordinada con los sectores de educación y salud, fortaleciendo las escuelas de padres, las rondas campesinas, ADEMUNA, haciendo que estas instancias incluyan la inversión en la infancia en sus agendas. 4. Diferentes líderes de opinión pública deberían asumir este mismo compromiso, ayudando a convertir en un clamor nacional la solución de los problemas de educación y salud de la primera infancia, a crear conciencia en todos los niveles de la sociedad sobre el rol que a cada uno le toca en esta tarea. 5. Hay que diferenciar la responsabilidad de los padres, del gobierno local y de las diversas instancias del estado, porque cada uno debe hacer lo que le corresponde. En las mismas escuelas se debe preparar a los jóvenes para educar y cuidar a sus niños. Las políticas sociales no solo deben ofrecer servicios adecuados, sino también empoderar a los ciudadanos en la atención y cuidado de sus hijos pequeños.

2. FORTALECER LA VIGILANCIA CIUDADANA Y LA EXIGIBILIDAD DE LOS DDNN La segunda cuestión que fluye de los diálogos tiene que ver con la necesidad de mantener una mirada crítica constante sobre la situación de los niños, el cumplimiento de los compromisos asumidos a favor de ellos y el efecto real de la acción pública sobre sus problemas. El propósito central es generar una corriente de opinión pública cada vez mejor informada, en capacidad de ver los derechos de los niños como un derecho exigible y de movilizarse por su cumplimiento. A continuación las principales conclusiones. a) Generar una corriente de opinión pública -

Es necesario generar una corriente de opinión pública y una movilización nacional que tenga como eje la preocupación por el niño. La población no está bien informada sobre lo que es calidad de servicio: mientras más pobre es la comunidad, más satisfecha está de recibir lo que se les ofrece. No saben de estándares de calidad ni de derecho a un mejor servicio. No pueden

Síntesis de los principales acuerdos adoptados en el diálogo con los alcaldes de REMURPE (agosto 2009)

1. Los gobiernos locales pueden servir como apoyo a los gobiernos regionales para que los proyectos de inversión sean revisados y vistos por técnicos y poder así seguir aplicándolos y buscando fondos para crecer. También pueden proponer normas al poder legislativo, que creen determinadas obligaciones en lo relativo a inversión en la infancia y flexibilicen, por ejemplo, el redireccionamiento de presupuestos hacia la atención de la niñez.

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monitorear, por lo tanto, la calidad de los programas. -

Se necesita ser más exigentes con las metas (por ejemplo: Desnutrición cero) y los plazos. Exigir que las intenciones, acuerdos y compromisos logren concretarse en términos de resultados, así como del presupuesto nacional, incluyendo aportes empresariales y emprendimientos de la sociedad civil.

Esto requiere alinear la comunicación, renovándola; reinventar conceptos y jerarquizar los mensajes; ser creativos, contando con niñas y niños como protagonistas; tanto como profundizar en acciones de sensibilización articuladas y simultáneas, que amplíen el reconocimiento de la importancia de este tema y destaquen todo lo positivo que se viene haciendo en el país desde la sociedad civil.

Se requiere una acción mediática constante que puede tener un evento como detonador, pero que necesita metas a mediano plazo. La página web de «Inversión en la infancia» permite una comunicación de consenso en beneficio

de nuestros objetivos, pero necesita desembocar y difundirse en los medios. b) Reunir y actualizar información sobre la situación y las políticas de infancia -

Conocer y difundir más los acuerdos y/o convenciones adoptados previamente, para que sirvan de inspiración y orientación a las políticas públicas, evitando que se tomen decisiones al margen o en contra de las obligaciones contraídas como país.

Contar con inventarios completos de políticas, investigaciones y buenas prácticas, sistematizándolas para facilitar el análisis político y para que funcionen como bisagra entre las lecciones aprendidas de la experiencia y la política pública, evitando repetir errores.

Realizar un recuento de las principales iniciativas regionales en apoyo a la infancia, así como de sus principales dificultades, necesidades y desafíos para convertirse en soluciones eficaces y sostenibles a largo plazo.

Reunión de consulta con el Congreso de la República, el 17 de agosto de 2007.

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c) Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de compromisos asumidos

“Es fundamental la incorporación de la ética en la educación, en la formación humana, como criterio de hacer hombres respetuosos y cuidadosos de los demás” (RP Gastón Garatea, en la reunión de consulta con ONGs).

Establecer Observatorios de Vigilancia especializados, como mecanismos de seguimiento permanente, que fortalezcan la capacidad de la ciudadanía y sus instituciones para monitorear y evaluar la política social, el nivel y calidad de la inversión pública en la infancia y, en general, la acción estatal a favor de la infancia, tanto en la calidad de sus procesos como en sus resultados. Debemos tener también un Observatorio Nacional, una organización civil, independientemente del seguimiento que haga el MEF u otros órganos del Estado.

Puede hacerse con las universidades y convocarse a la comunidad académica en general para colocarlo en su agenda. Un paso en esa dirección puede ser alimentar la naciente web de información estadística. Es indispensable saber las cifras de la situación de la infancia en el país, tanto para valorar el impacto de las políticas como para comprobar el real cumplimiento de los compromisos asumidos a favor de la infancia. No tenemos estadísticas actualizadas. Muchas

veces las unidades de planificación de las instancias regionales consisten en una persona, no necesariamente experta y que trabaja con cifras históricas proyectadas. -

Concertar estándares de calidad de servicios y resultados para las políticas públicas dirigidas a la infancia, generando comités que hagan el seguimiento y tengan vínculo con la Defensoría del Pueblo. El tema de infancia se encuentra en la 2ª política de Estado del Acuerdo Nacional y en la 12ª política de Estado, para el acceso a educación inicial para niños de 0-5 años. En ambas existen indicadores relativos a las acciones dirigidas a la niñez y adolescencia.

Promover en las regiones sistemas de información, monitoreo y evaluación efectivos de la calidad de procesos y resultados de las políticas nacionales y regionales, dando prioridad a puntos concretos en la medición de indicadores y contando con sistemas de alerta que permitan una respuesta inmediata a los problemas detectados.

Síntesis de los principales diálogos sostenidos

Normar el monitoreo de proyectos sociales y la eficiencia del gasto, especialmente a los que están dirigidos a la infancia, y exigir el cumplimiento de sus objetivos. Debe informarse permanentemente a la ciudadanía cómo progresan o no los indicadores. Pueden tomarse como referencia los indicadores de las políticas concertadas en el Acuerdo Nacional y generar un compromiso público alrededor de ellas.

3. PROMOVER UN MOVIMIENTO CIUDADANO Y UN PACTO SOCIAL POR LA INFANCIA La tercera cuestión derivada de los diálogos es la necesidad de generar un movimiento ciudadano muy amplio en todo el país alrededor de un pacto por la infancia, un pacto que enarbole una plataforma de prioridades de amplio consenso social y político que puedan ser acogidas tanto por los partidos y movimientos que buscan asumir responsabilidades de gobierno en todos los niveles del Estado, como por la diversidad de instituciones, gremios y organizaciones de la sociedad civil. A continuación las principales conclusiones.

b) Construir un mapa de actores y una estrategia de alianzas -

Es necesario identificar con mucha precisión la población a la que se quiere llegar, tanto como las instituciones públicas, privadas y mixtas consideradas decisivas, a nivel local, regional y nacional, para la concreción y expresión de un pacto social por la infancia. Hay que hacer un mapeo de las capacidades institucionales disponibles.

Esto pasa por identificar regiones dispuestas a asumir una movilización y acciones estratégicas por un mejor servicio de atención a la infancia y establecer una alianza estratégica con la Asamblea de Presidentes Regionales, con el fin de promover iniciativas regionales y microrregionales conjuntas. En todas las regiones deben promoverse alianzas para hacer seguimiento a políticas y acciones de gobierno en base a criterios comunes, pero hay varias donde existen redes de primera infancia y una sociedad civil que ya trabaja activamente en incidencia y sensibilización.

Nery Saldarriaga, presidenta regional, en la reunión de consulta con el Gobierno de la Región Lambayeque, el 31 de marzo de 2009.

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En este contexto, se necesita acordar el rol de la sociedad civil y de las ONG en particular. Hay responsabilidades a nivel del seguimiento y la vigilancia, de la denuncia cuando sea preciso, pero también de la propuesta y la contribución a la viabilidad de las políticas a favor de la infancia.

Se debe involucrar a distintos sectores de sociedad civil, dispuestos a ejercer una vigilancia eficaz sobre las políticas de infancia, así como a influir en la agenda de los partidos y sus propuestas de gobierno. Se podría contar con el apoyo y compromiso de los colegios profesionales, el sector privado, los universitarios, los municipios y hasta con la participación de los propios niños.

Hay que tener estrategias claras para forjar alianzas con medios de comunicación, periodistas, empresarios, actores relevantes de la sociedad, autoridades públicas nacionales y regionales, alrededor de un pacto por la infancia, incluyendo instituciones internacionales interesadas en apoyar esta iniciativa.

Desde el Acuerdo Nacional y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la

Pobreza se puede impulsar el compromiso de un núcleo de congresistas para seguir poniendo el tema en la agenda pública, insistir en cada comisión del Congreso en la prioridad de la primera infancia, comprometer a los medios de comunicación para una transmisión efectiva de la información que sea pertinente a este compromiso. Hay acuerdos que deben firmarse delante de la prensa, para que la ciudadanía esté informada.

Reunión de consulta con el Colegio Médico del Perú, el 7 de mayo de 2009.

c) Concertar e implementar un Plan de incidencia pública a favor de la infancia -

Para poner en práctica esta acción concertada, responsable y cívica de llevar adelante el desafío de colocar en la agenda pública la Inversión en la Infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza, hay que contar con un plan de incidencia.

Llegar a un Pacto por la Infancia en el país requiere una estrategia política. Se trata de comprometer a los actores que, en diversos ámbitos de gobierno, toman decisiones o influyen en ellas de manera significativa. En esa

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perspectiva, se necesita comprometer al Acuerdo Nacional para que haga suya esta movilización con los diversos representantes de la clase política, los gremios y las demás instituciones que lo integran. Puede convocarse a los presidentes regionales a este espacio. -

Los partidos políticos no van a incorporar ninguna propuesta en su campaña ni en sus planes de gobierno si intuyen que no funcionará. Necesitamos una plataforma convincente y bien sustentada de propuestas sobre la primera infancia. Hay planteamientos de política bien formulados en los que podemos apoyarnos, como los del Proyecto Educativo Nacional.

Hay que construir propuestas de incidencia basadas en la experiencia de campañas políticas pasadas, mejorándolas para los nuevos procesos que se avecinan. Las experiencias previas nos enseñan que necesitamos claridad de propuesta para guiar a los partidos políticos hacia una plataforma sólida de soluciones e iniciativas. Si no sabemos cómoayudar en el diseño de propuestas, corremos el riesgo de que decidan cualquier cosa en nombre de los niños.

Una plataforma de propuestas sin respaldo en la movilización social, es muy vulnerable. El ciudadano debe tener muy claro cuáles son los problemas, cuáles las soluciones y qué es lo que hace más o menos confiables las propuestas de un candidato. Debe saber distinguir entre propuestas serias y el simple marketing político.

Se necesita segmentar las acciones de incidencia de acuerdo con las diferentes audiencias involucradas, distinguiendo la necesidad de impactar tanto en la esfera de las decisiones como en la de la conciencia y movilización ciudadana. Y poniendo el foco en una mayor viabilidad de los compromisos asumidos.

El plan de incidencia debe definir responsabilidades claramente: ¿Quién es responsable?, ¿Quién se hace cargo y de qué? Estableciendo un calendario de actividades relevantes para el corto, mediano y largo plazo. Para este propósito, puede servir el apoyo de algún experto con mucha experiencia política en movilización por la infancia, incidencia en agenda pública y concertación con actores.

Reunión de coordinación de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Inversión en la Infancia, 2009.

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HACIA UNA PLATAFORMA COMÚN POR LA INFANCIA 1. Políticas viables, sustentadas, consensuadas y sostenibles que solucionen los problemas. - Formular propuestas viables, concertadas y sostenibles de solución a los graves problemas de supervivencia y desarrollo que afectan a una proporción importante de la niñez menor de 5 años de edad que vive en la pobreza, como la desnutrición, la mortalidad, la desatención educativa y el maltrato. - Diseñar propuestas basadas en lecciones aprendidas de experiencias anteriores, en diagnósticos serios y en acuerdos concertados, como los Proyectos Educativos Regionales y el Proyecto Educativo Nacional. Deben tener metas claras, pero las metas que se anuncien deben a su vez respaldarse en políticas.

“Podríamos crear grupos impulsores de carácter local, que luchen a nivel distrital por espacios de inversión en la niñez. También hay que crear metodologías de trabajo para este propósito” (Wilbert Rozas Beltrán, alcalde provincial de Anta, Cusco, y coordinador nacional de REMURPE).

- Diseñar propuestas basadas en buenas prácticas existentes, a nivel local, nacional o internacional, en el ámbito público y privado, contando con mecanismos que permitan identificarlas, difundirlas, impulsarlas e incentivarlas, creando espacios de intercambio constante. - Generar un Banco de Proyectos de inversión en la niñez recogiendo experiencias exitosas, que puedan aplicarse a nivel gubernamental y no gubernamental en una línea de responsabilidad social, incluyendo el ámbito del presupuesto participativo, y que consideren tanto su costo-efectividad como su viabilidad normativa y administrativa. - Construir alternativas escuchando a la gente. La viabilidad de una solución pasa por la posibilidad de ser comprendida y aceptada por la población, lo que exige a las políticas una perspectiva intercultural y pertinencia con las diversas realidades geográficas y socioculturales en que se dan los problemas. - Elaborar proyectos de ley y propuestas legislativas en los aspectos que sean necesarios para dar viabilidad a acuerdos y proyectos a favor de la infancia, con el concurso de Colegios Profesionales y otras entidades especializadas y en coordinación con el Congreso. Considerar requerir al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre los vacíos legales existentes en relación a la infancia. 2. Diagnósticos locales y multidisciplinarios de los problemas. - Avanzar hacia diagnósticos de la niñez por distrito, que ayuden a sustentar los planes en líneas de base y a enfocar los presupuestos en las verdaderas prioridades de la infancia a nivel local y regional. - Realizar diagnósticos multidisciplinarios, que consideren la diversidad de factores que explican una situación, con el fin de diseñar propuestas que solucionen realmente los problemas e impliquen necesariamente acciones interinstitucionales. - Realizar conferencias regionales, microrregionales y nacionales periódicas sobre la situación de la infancia, para conservar una visión actualizada de su

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problemática, del estado de las políticas en curso, las buenas prácticas y las alternativas más adecuadas para los diferentes desafíos. 3. Responsabilidades públicas claras que aseguren una gestión por resultados. - Definir un ente rector de la infancia en el Perú, con capacidad resolutiva y no solo de coordinación y que institucionalice la rendición de cuentas sobre los resultados de sus acciones y el cumplimiento de metas. El PNAIA debe dejar de ser solo la suma de las actividades parceladas de los sectores públicos y hacer posible la intersectorialidad. - Proponer mecanismos que posibiliten una mejor selección, especialización y evaluación continua de los cuadros profesionales y funcionarios públicos que van a hacerse cargo de la formulación y gestión de las políticas y programas dirigidos a la infancia.

- Prever mecanismos que aseguren coordinación y convergencia entre sectores públicos, con Gobiernos Locales y con instituciones no estatales, para producir las sinergias necesarias y lograr las metas previstas. Las soluciones diseñadas deben siempre involucrar el compromiso y la cooperación de todos. - Institucionalizar las rendiciones de cuentas en función a los avances en el logro de las metas y los resultados previstos, no a las acciones realizadas. Las entidades públicas deben informar de manera oportuna y clara, de modo que todos tengan conocimiento. - Promover sistemas de monitoreo de políticas de infancia en todo el país, que alimenten sistemas de información permanentemente actualizados, fortaleciendo a la vez la capacidad de planificación de políticas de infancia basadas en información y evidencias. Un control permanente en base a indicadores claros y coherentes es clave para poder asegurar la articulación y el impacto de las acciones.

Niñas y niños presentes durante la reunión de consulta en el Congreso de la República. ¿Estamos a la altura de sus expectativas?

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4. Presupuesto público e inversión en la infancia. - Reestructurar el presupuesto nacional y los regionales de modo que reflejen la prioridad de los niños. El crecimiento económico debe expresarse en el presupuesto asignado a la infancia y en la mejora de su situación, asignándose mayores recursos allí donde hay mayor necesidad. Puede crearse un fondo para la infancia vía un impuesto del 0,5% a empresas que venden productos infantiles. El llamado Plan Anticrisis debe convertirse en un plan de acción a favor de la inversión en la primera infancia. - Modificar la ley de presupuesto público para que los recursos destinados a la infancia dispongan de fondos intangibles, con montos suficientes, prioridades claras y un carácter de inversión, no de gasto; y posibilite a su vez el uso del canon en proyectos para la primera infancia.

“¿Por qué no dar la oportunidad de participación directa a los niños? Tal vez se pueden desarrollar actividades donde los niños podrán tener una capacidad de respuesta para atender sus necesidades” (Larcery Díaz, periodista, en la reunión de consulta con el Gobierno Regional de Lambayeque).

- Difundir información a toda la población del campo y la ciudad sobre el uso del presupuesto a favor de la infancia, así como sobre los medios de financiamiento, para que el conocimiento de las distintas opciones pueda hacer exigible ese derecho. 5. Observatorios ciudadanos y vigilancia social. - Crear un Observatorio Nacional descentralizado, en alianza con la comunidad académica, para hacer seguimiento y recoger información permanentemente sobre el proceso y los resultados de las políticas y los compromisos asumidos por el Estado a favor de los niños, así como para evaluarla, difundiendo noticias, análisis y propuestas. - Crear Comités Técnicos de Vigilancia Civil en todo el país que hagan seguimiento y monitoreo desde el Observatorio, en convenio con la Defensoría del Pueblo. Formar una comisión mixta de monitoreo y control de la inversión en la infancia, verificando procesos e indicadores de logro. - Difundir ampliamente la existencia de normas, acuerdos, planes y programas a favor de la infancia, de modo que todos puedan hacerles seguimiento. 6. Formación de una conciencia social y ciudadana a favor de la infancia. - Divulgar la importancia de los primeros años de vida y promover tanto la responsabilidad como la exigibilidad. Es decir, convencer y movilizar a las familias y a los ciudadanos en general, incluidas las organizaciones de base y los decisores, sobre el derecho de los niños al buen trato, así como a recibir atención con calidad y oportunidad de parte del Estado. - Construir mensajes que lleguen a toda la población de manera clara y amable, dialogando con su perspectiva y en su propio lenguaje. Hacer que los niños participen y hagan escuchar su voz, para fortalecer los mensajes de cambio a las familias en su trato a la infancia y en su responsabilidad ciudadana con el respeto y defensa de sus derechos.

Síntesis elaborada por Luis Guerrero Ortiz Secretaría Técnica, Iniciativa Inversión en la Infancia

FUENTES Reunión de consulta con Organismos No Gubernamentales, del 17 de febrero y 6 de mayo de 2009. Reunión de consulta en Lambayeque con el Gobierno Regional, del 31 de marzo de 2009. Reunión de consulta en Cajamarca con el Gobierno Regional, del 14 de octubre de 2009. Reunión de consulta con el Colegio Médico del Perú, del 7 de mayo de 2009. Reunión de consulta con el Congreso de la República, del 17 de agosto de 2009. Reunión de consulta con los alcaldes rurales (REMURPE), del 10 de agosto de 2009. Reuniones sucesivas del Grupo impulsor, desde el evento en la Casona en adelante, 2009.

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