ANONYMOUS VS ZETAS LA OTRA GUERRA-BIOGRAFÍA DEL CÁNCER, EL ENEMIGO IMBATIBLE

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El arma:

Las redes sociales JENARO VILLAMIL la par que se incrementa la violencia por el enfrentamiento entre cárteles de la droga y grupos militares, paramilitares y policiacos, usuarios y activistas de las redes sociales irrumpen en México como generadores de contrainformación. Algunos incluso convocan a movilizaciones como la de los Indignados en Ciudad Juárez y en el

A

Distrito Federal; otros, como Anonymous –organización de inspiración anarquista que carece de líder o dirigentes visibles y utiliza como símbolo una máscara de Guy Fawkes, un líder católico inglés envuelto en una conspiración para atacar el Parlamento británico el 5 de noviembre de 1605– incluso desafían de manera abierta al cártel de Los Zetas.

El video que Anonymous subió a YouTube desde el 6 de octubre para anunciar la

operación cártel es una de las primeras acciones encaminadas en ese sentido.

“Estamos cansados del grupo delictivo de Los Zetas que se han dedicado a secuestrar, robar, extorsionar”, afirmó un portavoz de Anonymous en ese video. Y advirtió que si no liberaban a uno de sus integrantes secuestrado durante la Operación Paperstrom, realizada entre el 20 y 29 de agosto en Veracruz, ellos revelarían información que vincula a políticos, empre-

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NARC OT R Á F IC O

Entre riesgos eventuales de lo que puede llegar a significar la contrainformación, el hecho cierto es que las redes sociales forman parte de una realidad inocultable. El intercambio de mensajes virtuales entre el cártel de Los Zetas y la organización internacional Anonymous es uno más de la serie de episodios de una guerra cuyo resultado se ignora, pero que se desarrolla en forma paralela a la que produce muertos, heridos y desaparecidos en las calles. Aun representantes de Google y Facebook se muestran inciertos del futuro al respecto. Como antecedente, con repercusiones internacionales, ya quedó el amenazante video con la inquietante máscara de Anonymous…

El desafío de Anonymous, el mismo grupo que promovió la operación Independencia el 15 de septiembre último para saturar páginas web de secretarías de Estado federales, prendió esta vez los focos rojos en el ámbito internacional, mientras la prensa mexicana optó por minimizar e ignorar su aviso.

Las cadenas televisivas BBC de Gran Bretaña y CNN de Estados Unidos, así como el sitio electrónico www.stratfor.com y The New York Times, entre otros medios extranjeros, publicaron varias notas en las que advertían que Anonymous entraba de lleno en la guerra contra el narco en México. Coincidieron también en que el incremento de la violencia en Veracruz, Torreón y Monterrey ha dado un nuevo giro al papel de las redes sociales.

“Hay que recordar que Anonymous no es una organización. No tiene jerarquía. Básicamente es un colectivo de personas que se autoidentifican”, advirtió Scout Stewart, vicepresidente de Inteligencia de la firma Stratfor, que el miércoles 2 publicó un extenso reporte sobre la operación cártel.

En él, Stewart comenta que aun cuando algunos activistas la consideraron “una broma”, otros advirtieron que la campaña puede ser riesgosa y unos más insistieron en que debía continuar. “La naturaleza colectiva de Anonymous permite que cada activista elija en qué acciones quiere participar, incluyendo operación cártel”, precisó el especialista.

Para el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la operación de Anonymous constituye “un reto del poder virtual a otro poder fáctico, como el narcotráfico”.

“No habíamos visto que la guerra contra el narco comenzara a derivar en una guerra en el ámbito virtual. Estamos en un mundo fascinante, donde a veces no Octavio Gómez

sarios, policías y militares con esa organización que surgió como brazo armado del cártel del Golfo.

Para el 31 de octubre, Anonymous emitió mensajes contradictorios: primero avisó que suspendía la operación a causa de los “altísimos riesgos”; horas después, reculó y expuso que operación cártel continuaría.

A través de su blog Anonymous Iberoamérica, informó que esa operación no iba dirigida sólo contra Los Zetas, sino contra quienes “se dedican al narcotráfico y sus relaciones con los gobiernos”, especialmente el de México y otras agencias antidrogas de Estados Unidos.

“Ahora esto es internacional. Es global. Pueden intentar detener a los Anónimos en México, Centroamérica y tal vez en Estados Unidos, pero no pueden detener a Anonymous como una idea mundial, como un espíritu global al que no le pueden disparar ni pueden quemar en ácido”, reiteró en un comunicado del martes 1.

Tres días después, el jueves 4, poco antes de que iniciara la operación, informó a través de sus cuentas en redes sociales que su compañero había sido liberado y que el plan de divulgar información secreta sobre los vínculos de Los Zetas se suspendía.

Según ellos, su compañero les comunicó que si Anonymous revelaba algún nombre relacionado con el cártel, su familia “sufrirá las consecuencias”, pues “por cada nombre del cártel revelado, 10 personas serán ajusticiadas”.

Levine. Riesgos en la red

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Octavio Gómez

N ARCOTR ÁF I CO

hackers subieron un video a las 7:19 de la mañana, en el que reivindicaban el ataque.

En el portal de noticias www.sdpnoticias.com, la cuenta AnonHispano reiteró: “Esto es sólo el principio. Tenemos información sensible. Pueblo de México, donde otros han fallado y se han quedado en medio del camino en el lodo de la corrupción, o desisten por miedo, Anonymous no les dejará solos. Sabemos los riesgos que es esto, pero no daremos marcha atrás. Somos legión.”

Violencia contra usuarios

Castellón. Retos al poder

puedes separar la realidad de la ficción. Lo que Anonymous quiere demostrar es su capacidad de poder, su capacidad de jugar con ese otro poder que es el narcotráfico”, abunda en entrevista con Proceso.

–¿Obedece a alguna otra agenda internacional? –se le pregunta.

–No obedecen a ninguna agenda ni terrorista ni gubernamental. Lo único que quieren demostrar es que es posible violar cualquier código de seguridad. Ellos son hackers. Se han convertido en un grupo de sumo cuidado, a diferencia de WikiLeaks, que se convirtió en otra cosa. WikiLeaks no conseguía los documentos a través de hackers; los compraba o patrocinaba.

Lo más similar a la operación cártel fue lo que hizo Anonymous el 28 de octubre, cuando sus integrantes intervinieron la página electrónica del exprocurador de Tabasco Gustavo Rosario Torres.

Ese día el sitio del exfuncionario amaneció con una gran leyenda: “Gustavo Rosario es zeta”. Además, en YouTube los

Campaña virtual

Y así como en los últimos meses se incrementó la ola de violencia contra usuarios de las redes sociales, los gobiernos estatales optaron por criminalizar a todos los que divulgaran “rumores” o información no controlada por las autoridades.

“Las respuestas de las autoridades han sido cada vez más feroces. Lo sucedido en Veracruz y en Ciudad Juárez va en la misma línea. Si lo seguimos permitiendo nos acercamos a un momento dictatorial”, advierte Castellón Fonseca, quien impulsó en el Senado el voto contra el acuerdo antifalsificación (ACTA) promovido por Estados Unidos que implicaba restricciones al libre uso de internet.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de septiembre pasado aparecieron dos cuerpos con signos de tortura. Ambos tenían un mensaje intimidante de Los Zetas: los asesinaron por haber posteado información sobre este cártel a través de sus blogs especializados, decía.

El 26 de septiembre fue decapitada la periodista Marisol Macías Castañeda por la presunta divulgación de “información delicada” que vinculaba a cuerpos policiacos con el narcotráfico en su blog y en cuenta de Twitter. Los Zetas se atribuyeron la ejecución.

En Veracruz, el gobierno de Javier Duarte alcanzó notoriedad internacional, aunque no por sus logros contra el crimen organizado, sino por encarcelar, el 26 de agosto úl-

timo, a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo Carranza, Marichú, por haber subido mensajes a Twitter y Facebook, las dos redes sociales más utilizadas en México, sobre enfrentamientos armados y presuntos secuestros en escuelas públicas del puerto jarocho.

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, acusó a los tuiteros de divulgar rumores que, dijo, “causaron histeria”; ambos fueron encarcelados bajo el cargo de ser “promotores de terrorismo”. La ola represiva llegó a los congresos de Veracruz y Tabasco, cuyos legisladores aprobaron en septiembre reformas a los códigos penales para tipificar como delito punible los avisos falsos o rumores difundidos a través de las redes sociales.

La detención de Martínez Vera y Bravo Carranza generó una ola de protestas en Twitter, Facebook y en los blogs. Duarte fue acusado de represor. La cadena televisiva británica BBC habló incluso de una “cruzada oficial contra tuiteros en México” y vinculó esta represión con la reacción del gobierno federal frente al atentado al casino Royale, en Monterrey, donde murieron 52 personas.

En un evento organizado por el Senado, Marichú Bravo relató la forma en que fue maltratada y golpeada por elementos policiacos antes de trasladarla al penal de Pacho Viejo, Veracruz: “Me obligaron a firmar un acta en la que me comprometía a no usar más nunca una red social”, relató.

En Torreón, Coahuila, los usuarios de las redes sociales también han exhibido la corrupción, la incapacidad y la autocensura del gobierno, de los cuerpos policiacos y aun de una televisora nacional: TV Azteca.

El 20 de agosto, los nombres del estadio Corona, el club de futbol Santos y de Torreón, dieron la vuelta al mundo en Twitter y Facebook luego de una balacera que provocó que el encuentro SantosMorelia y su transmisión televisiva se interrumpieran de manera abrupta.

Los 18 minutos de pánico que generó

Yahir Ceballos

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Duarte. Represor

la balacera en torno al estadio sepultaron los spots gubernamentales en vísperas del V informe de gobierno de Felipe Calderón.

A su vez, en YouTube, Google y Twitter hicieron circular fotografías que mostraban los impactos de bala en el interior del estadio; contrastaban con la versión de las autoridades, que insistían en que los enfrentamientos habían ocurrido fuera del estadio. En Google, la frase “balacera en Torreón” tuvo 207 mil ligas.

Otra muestra reciente del impacto de las redes sociales es la del martes 1: diez minutos después de que 150 elementos policiacos reprimieran una manifestación de Indignados en Ciudad Juárez ese día, en YouTube circuló un video, que se replicó en varias redes sociales, en el que se documentaba la brutalidad de los elementos comandados por el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, jefe de la Policía Municipal juarense. Fueron miles los mensajes que circularon en la red para exigir la liberación de los 29 detenidos.

Tres días después, el viernes 4, la bancada del PRD en el Senado promovió un punto de acuerdo en el que exigía al gobernador César Duarte y al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, la liberación de los jóvenes; también les exigieron garantías para ejercer la libertad de expresión, de manifestación y de protesta.

Meses antes de la represión del martes 1, en Ciudad Juárez se dio uno de los primeros intentos por bloquear sitios electrónicos y las redes sociales que contradecían las versiones oficiales sobre la guerra contra el narcotráfico.

El 14 de marzo de 2010, la empresa Cablemás, filial de Televisa y proveedora del servicio de internet en esa ciudad, bloqueó decenas de portales de noticias: la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, www. monitorpacj.com; los blogs www.arrobajuarez. com, www.lapuertanoticias.com, www.lavozdejuárez.com, www.pulsopolítico.com y www.plataformafinanciera.com, entre otros.

Facebook y Google: libertad en entredicho Marne Levine, vicepresidenta de Política Pública Global de Facebook, afirmó que esta red social cuenta ya con “más de 30 millones de usuarios” en el país y “es un buen mecanismo para la libertad de expresión”.

Consultada por Proceso durante una sesión privada en el Senado de la República el viernes 4, Levine admitió que la apertura en redes sociales “conlleva algunos riesgos”, aunque insistió en que la institución para la que labora siempre estará a favor de la libertad de expresión.

Levine recordó que en Medio Oriente, en medio de las protestas de grupos sociales, sucedió un fenómeno contradictorio: “el gobierno estaba a favor de la apertura, pero otros grupos no estaban de acuerdo. Nosotros estuvimos siempre a favor de esa apertura”.

Frente a las constantes críticas y riesgos que conlleva la apertura, Levine advir-

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N ARCOTR ÁF I CO

Tuiteros veracruzanos

político de Facebook, reiteró que el internet se ha convertido en una plataforma a favor de la libre información y “es muy bueno que Facebook pueda ser utilizado para defender la libertad de expresión”.

A su vez, el representante de Asuntos Gubernamentales, Política Pública y Responsabilidad Social de Google, Manuel Tamez, advirtió que “no es internet el que genera la violencia, sino que es el reflejo de lo que sucede en la sociedad”.

Los participantes del foro titulado “El papel de internet en un contexto de violencia en México”, realizado a finales de octubre, insistieron en que los intentos de censura o de control en las redes sociales sólo reflejan el desconocimiento de las autoridades frente a la dinámica de estos medios interactivos, autogeneradores de contenidos.

Castellón Fonseca, quien participó en ese encuentro, advirtió que ante la situación de violencia que vive el país “en muchos estados las redes sociales o el internet se convirtieron también en una forma de comunicación y de protección entre las propias comunidades”.

“Eso hace también que los signos de violencia, incluida aquella que usa el Estado para poder contener a los delincuentes o los mismos delincuentes para poder evadir al Estado o combatir a sus adversarios, comiencen a usar estas mismas tác-

ticas contra las redes sociales”, abundó el legislador perredista.

Occupy México y Occupy Televisa Precisamente, a través de Google, Facebook y Twitter –las tres redes sociales más consultadas en México– se ha expandido al país el movimiento iniciado hace tres meses en Estados Unidos, conocido como Occupy Wall Street. Tan sólo en Google, la relación de movimientos de “ocupas” o “indignados” alcanza ya los 173 millones de vínculos.

En el caso nacional, el movimiento Occupy México tiene 20 mil vínculos en Google y 848 seguidores en Facebook, quienes organizaron una página comunitaria en la cual lanzan sus convocatorias: desde la protesta a las puertas de la Bolsa Mexicana de Valores, en avenida Reforma, hasta el evento del sábado 5 de noviembre frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec.

Occupy Televisa surgió a través de decenas de usuarios en Twitter, desde finales de octubre. Entre las propuestas que surgieron están las de bloquear las entradas de la empresa para impedir el acceso a sus “comunicadores” por un día, hasta impulsar un “apagón” de los canales de esta televisora.

En Facebook, Occupy Televisa alcanzó los 895 seguidores en menos de una semana. Anonymous también se sumó a la protesta, al señalar en un video subido a YouTube que “Televisa es la rabia”.

El exsocio de Emilio Azcárraga Jean, Simón Charaf, dueño del Bar-Bar e impulsor del nuevo blog www.televisaleaks.com, dedicado a denunciar los 100 abusos de Televisa, también se sumó al movimiento. Su argumento fue que la empresa mediática tiene “secuestradas” a las cúpulas de los partidos políticos “por utilizar el espectro del que somos dueños, sin responsabilidad ni profesionalismo”.

El mismo sábado 5 se difundió otra iniciativa en las redes sociales en la que se convocó a una manifestación en las instalaciones del Faro de Playas de Tijuana para “promover la conciencia social, equitativa y sin discriminación, a través de talleres y círculos educativos”.

De esta manera, el contagio del movimiento de los Indignados, surgido en mayo último en decenas de ciudades españolas, no sólo cruzó el Atlántico para tener su propia versión en Estados Unidos, sino que ya irrumpió en las redes sociales mexicanas.

Prometeo Lucero

tió que Facebook ha creado “algunas herramientas” para conocer el entorno político en el que suceden algunas protestas nacionales con el propósito de identificarlos.

También dijo que se han instrumentado nuevos protocolos informáticos de seguridad para impedir el uso de la información privada de los usuarios (una de las críticas más reiteradas que se le han hecho a esta red social), así como establecer “ligas activas de comunicación en los sitios”.

“Nuestro equipo monitorea las veinticuatro horas lo que se publica en la red. Si vemos que hay algún problema, intentamos averiguar qué está sucediendo y pararlo. Nosotros intervenimos”, advirtió Levine, quien trabajó en la administración de Barack Obama como jefa de la Oficina del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

“Esta es la forma que tenemos de trabajar no sólo con los gobiernos, sino también con los legisladores y con los ciudadanos”, aclaró Levine.

México es el quinto país con mayor número de usuarios de esta red social que ya rebasó los 800 millones de usuarios en todo el mundo. Tan sólo en el último año su crecimiento fue de 62% en número de usuarios, según datos de la consultoría Com Socore.

Mozelle W. Thompson, asesor legal y

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PREMIO

INTERNACIONAL DE

PERIODISMO 2011

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l martes 1 de noviembre el jurado del Premio Internacional de Periodismo Proceso 2011 emitió su fallo y designó ganadores a tres de los 54 reportajes presentados a concurso, a partir de la convocatoria publicada en la edición 1793 de este semanario, con fecha 13 de marzo de este año.

Reunidos en el domicilio de Proceso en la Ciudad de México, los integrantes del jurado consideraron que los tres trabajos cumplían con suficiencia los requisitos que la propia convocatoria exigía y reunían, por igual, la calidad periodística mínima indispensable para hacerse merecedores de la distinción.

El premio único al que convocamos, de $200,000 (doscientos mil pesos, moneda nacional) al trabajo ganador, será repartido en partes iguales a los autores de los reportajes seleccionados:

Marlén Castro Pérez y Rogelio Agustín Esteban, por el reportaje presentado con el título de “Carrizalillo, el infierno a cielo abierto”.

Diego Enrique Osorno González, por “Nadie se acuerda de Julián” Wilbert Torre, por “El bombero al que nadie llamó”.

En ediciones futuras de Proceso los reportajes tendrán el reconocimiento complementario de ser publicados en las páginas de la revista.

Integraron el jurado Alma Guillermoprieto, Jon Lee Anderson, Juan Villoro, Vicente Leñero y Rafael Rodríguez Castañeda.

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ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA l pasado 8 de septiembre, el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina (Semar), informó del desmantelamiento de 12 antenas instaladas en 10 municipios de Veracruz que permitían la operación de avanzados equipos para hacer indetectables las comunicaciones de telefonía móvil y fija del cártel de Los Zetas.

A decir de Vergara, el desmantelamiento de la red implicó “la pérdida de la línea de mando y conducción táctica” de esa organización criminal en Veracruz. De norte

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a sur, el sistema cubría los municipios de Pánuco, Naranjos, Tepetzintla, Tantoyuca, Poza Rica, Cofre de Perote, Orizaba, Córdova, Xalapa y el Puerto de Veracruz.

Con el hallazgo se confirmaron las versiones que desde hace años se reproducen en los territorios controlados por Los Zetas sobre su capacidad de comunicarse de manera indetectable y aun para realizar intervenciones telefónicas. Ade-

más de las antenas, los marinos aseguraron escáneres electrónicos, decodificadores y hasta páneles de celdas solares.

La noticia despertó la esperanza de la señora Marina Armenta de la Rosa y otros familiares de nueve técnicos de Nextel que desaparecieron en Nuevo Laredo hace dos años. De inmediato se pusieron en contacto con los responsables de conocer su caso en la Procuraduría General de

Inquietan los indicios de que Los Zetas utilizan alta tecnología de telecomunicaciones para coordinarse.

Indignan los recientes plagios de empleados especializados en telecomunicaciones. Lo que de plano asusta es la indolencia, la conducta errática y la probable complicidad de autoridades estatales y federales, así como la falta de compromiso de las empresas hacia su personal y las familias.

Modalidad narca:

tecnosecue

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NARC OT R Á F IC O al servicio de una petrolera trasnacional fueron localizados en la entidad.

Ante la errática conducta de las autoridades y de los cuerpos de seguridad estatal y federales, las personas que buscan a familiares desaparecidos sospechan que existe encubrimiento o de plano complicidad entre mandos gubernamentales y quienes se los llevaron, pues afirman que con intimidaciones, revisiones fuera de

uestros

protocolo y amenazas han intentado inhibir su búsqueda y las demandas de justicia.

Presas selectas

Yahir Ceballos / Procesofoto

la República (PGR), pero no había más información… sólo el tendido de redes y los equipos fueron desmantelados.

Durante 2009 y 2010, expertos en tecnologías de comunicación que trabajaban para diferentes compañías desaparecieron en la zona fronteriza de Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, salvo que los restos de unos técnicos

El 20 de junio de 2009 arribaron a Nuevo Laredo nueve técnicos de Nextel provenientes de Guasave, Sinaloa, que se dedicaban a instalar antenas y tendido de redes de la empresa.

Semanas antes compañeros suyos les habían recomendado que no fueran a la ciudad tamaulipeca, debido al clima de violencia y a su origen sinaloense. Pero estaban contratados por seis meses y los enviaron allá.

Los trabajadores Ricardo Peña Mejía, Carlos Peña Mejía, Hugo Camacho Priego, Víctor Romero, Constantino García, Roberto Gutiérrez, Marcelino Moreno, Julio César Ochoa y el ingeniero a cargo, Eduardo Toyota Espinoza, se instalaron en la calle Chihuahua número 1701 de la colonia Guerrero, a unos 500 metros del río Bravo.

De acuerdo con testimonios que sus familiares recogieron entre vecinos y otros testigos –versiones ya integradas en la averiguación previa 0483/2009 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET)–, alrededor de las 22:30 horas de ese 20 de junio, un grupo de encapuchados vestidos de negro irrumpió en el domicilio, derribó puertas y ventanas y se llevó a los nueve trabajadores.

El comando regresó al día siguiente para llevarse los vehículos de sus víctimas, así como sus computadoras, teléfonos celulares y demás pertenencias. La denuncia se interpuso hasta el 23 de junio, cuando los familiares de los empleados acudieron a averiguar qué había ocurrido, hasta ahora sin resultados.

Meses después, en diciembre de 2009, los ingenieros Filiberto Guzmán Morales y Arturo Navarro Hernández, empleados de la empresa de origen británico Networkers, desaparecieron en forma parecida.

Guzmán y Navarro se dedicaban a supervisar cómo funcionaban equipos de microondas y antenas ya instalados. Originarios del Distrito Federal, llevaban sólo unos días hospedados en una posada céntrica de Nuevo Laredo, igual que otros trabajadores foráneos.

Versiones recogidas por las familias entre el resto de los huéspedes indican que, alrededor de las dos de la madrugada del 15 de diciembre, llegó a la posada un grupo de encapuchados que portaban armas largas, quienes recibieron por radio la indicación de entrar al cuarto de los ingenieros y se los llevaron con violencia.

Esos testimonios no fueron recogidos por agentes ministeriales ni integrados en la averiguación previa 0761/2009 de la PGJET, que hasta el momento no ha hecho

Yahir Ceballos / Procesofoto

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NARCOT R Á F IC O

más diligencias para incrementar la información contenida en la denuncia.

El 11 de abril de 2010, otros expertos en comunicaciones, los ingenieros Sergio Alberto Salinas de la Riva y Alberto Leónides Rodríguez González desaparecieron en algún punto entre Reynosa y Nuevo Laredo.

Ambos eran empleados de la trasnacional Tecpetrol, integrante del italoargentino Grupo Techint, que opera como contratista en la Cuenca de Burgos. Tenían la instrucción de acudir a las oficinas de Tecpetrol, cerca de Díaz Ordaz, Tamaulipas, para irse a una comunidad rural a reparar una antena. Nunca llegaron.

Proceso confirmó que, a diferencia de los trabajadores de Nextel y Networkers, los de Tecpetrol fueron localizados a finales de 2010 sin que en las investigaciones exista el menor indicio de qué ocurrió.

Mentiras oficiales Familiares de los desaparecidos dicen que las autoridades han sido omisas en las investigaciones, sin el menor cuidado en los aspectos periciales, y que los agentes del Ministerio Público locales, igual que los soldados y policías federales, los han intimidado, les robaron pertenencias y les dieron informes falsos.

Este comportamiento de las autoridades inició el día de la denuncia. Cuando las familias de los trabajadores de Nextel fueron a recoger sus pertenencias, el 23 de junio de 2009, tres días después de la desaparición de la cuadrilla, un convoy federal rodeó el hotel donde se hospedaban, los agentes entraron a las habitaciones, revisaron sus cosas y sustrajeron fotografías de los desaparecidos.

Los familiares iban escoltados por agentes ministeriales de Tamaulipas. Después de lo ocurrido en el modesto hotel, la entonces subdelegada de la PGJET, Elizabeth Hernández Arredondo, les ofreció alojarlos “por seguridad” en un lujoso ho-

tel de la zona y se comprometió a avisarles de los avances, pero nunca hubo tales.

De cientos de casos que documenta el frente Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México (Fundem), el de los empleados de Nextel es el único que registra extraños contac- Solos ante el delito tos de las autoridades federales, que avisan en falso haber rescatado a los desapareci- Además de la forma en que fueron susdos con vida. traídos de sus alojamientos, los casos de A finales de 2010, el entonces director los trabajadores de Nextel y de Networgeneral adjunto de Asuntos Especiales de kers tienen otras similitudes. la PGR, Ignacio Peralta Ortega –que por entonces toIntegrantes del Movimiento por la Paz maba conocimiento de casos de desaparición–, les explicó que ya los tenían ubicados pero que esperaban la captura de un “pez gordo” para rescatarlos.

Meses después llamó a las familias de los sinaloenses para decirles que los habían encontrado y que estaban bien de salud.

Los invitó a ir por ellos a la Ciudad de México, así que consiguieron que el gobierno estatal pusiera a su disposición vehículos para viajar a la capital del país.

“Llegamos emocionadas. Creímos que nuestro calvario había terminado, pero cuando llegamos a la PGR no sabían de qué estábamos hablando. Nos dijeron que Ignacio Peralta ya no trabajaba en esa área y que no entendían el motivo de su llamada”, dice Marina Armenta.

En febrero de 2011, Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez e hijastra de Constantino García, recibió otra llamada,

Octavio Gómez

Boca del Río. Patrullaje militar

esta vez de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para avisar que tenían a sus familiares en las instalaciones de la corporación. Viajaron de nuevo a la Ciudad de México, pero nuevamente, al llegar, les dijeron que fue un error.

Un contacto más. El celular de Roberto Gutiérrez siguió sonando hasta febrero de 2011, por lo que su esposa se acercó a mandos militares que, afirmaron, lo podían rastrear. Finalmente no obtuvieron resultados y después de la promesa de localización, la línea fue desactivada. “Ahora en la PGR ya ni nos quieren atender y en Nuevo Laredo nos dicen que los siguen buscando”, dice Marina Armenta.

La activista Blanca Martínez, de Fundem, afirma que es el primer caso de información oficial contradictoria, lo cual arroja dudas sobre la actuación de las autoridades y abre una inevitable línea de investigación por la posible omisión o incluso el encubrimiento en el que podrían estar implicados funcionarios de diferentes niveles.

Miguel Dimayuga

De acuerdo con familiares de los ingenieros Arturo Navarro y Filiberto Guzmán, el 17 de diciembre de 2009, cuando interpusieron la denuncia, se dividieron en dos grupos para buscar a los desaparecidos y encontraron sus vehículos en la posada, pero durante cerca de dos horas el agente del Ministerio Público local se negó a acudir.

Los familiares y algunos empleados de Networkers que los acompañaban empezaron a tener miedo. Lujosas camionetas daban vueltas por la calle mientras jóvenes con radios de comunicación se apostaban en las esquinas aledañas, observando los movimientos del grupo de visitantes. De la policía, nada.

Cuando finalmente se hizo la diligencia, el domicilio fue rodeado por militares, que después ingresaron. En el parte se asentó que la habitación se encontró hecha un desastre, pero los familiares aseguran que los soldados destruyeron todo; también se reportó que no se encontraron los teléfonos celulares, las computadoras ni los instrumentos técnicos de los ingenieros.

Finalmente, el agente de la Sexta Agencia del Ministerio Público de la PGJET, de Nuevo Laredo, les dijo a los parientes y amigos de los desaparecidos que debían irse porque corrían peligro. Lo hicieron el 18 de diciembre.

En enero de 2010, cuando regresaron a recoger las pertenencias y los vehículos, comprobaron que no había avances en la investigación. Aunque las tarjetas de nómina de los ingenieros habían sido utilizadas, el Ministerio Público no pidió videos de seguridad a los bancos; tampoco hizo el rastreo de líneas de celular. En cambio, les volvió a “recomendar” que salieran inmediatamente de Nuevo Laredo, porque estaban en riesgo.

Tanto en el caso de los trabajadores de Nextel como los de Networkers, las víctimas se alojaron en posadas para estancias de corto plazo. La cuadrilla de Nextel se registró en una que era propiedad de un auxiliar del entonces gobernador Eugenio Hernández, en tanto que los ingenieros de Networkers fueron a caer en el establecimiento de un sujeto que también posee bares en la zona de tolerancia.

El funcionario nunca fue llamado a declarar, en tanto que el “empresario” incurrió en contradicciones que fueron obviadas por el Ministerio Público.

En ambos casos los familiares conservan la esperanza de que los mantengan con vida, que sólo les interesen sus conocimientos técnicos y que en algún momento regresen a sus hogares.

Por si fuera poco, en la larga cadena de victimización a la que han sido sometidas las familias mencionadas, ninguna de las tres empresas trasnacionales se hizo responsable de sus empleados ni les reconoció prestación alguna. O

David Deolarte / Procesofoto

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“El Compayito”

“El Teo”

El

“boom” de los

multihomicidas RODRIGO VERA

scar Osvaldo García, El Compayito –exlíder de la organización criminal La Mano con Ojos y hoy preso en la cárcel del Altiplano– no se inmutó al confesar que mató al menos a 300 personas y que a veces las descuartizaba con cuchillos o sierras.

Pese a lo masivo y sanguinario de estas ejecuciones, un análisis de personalidad de El Compayito reveló que “no presenta signo alguno de arrepentirse de sus delitos”. Por el contrario, “goza de la admiración de quienes ven en él lo que quieren llegar a ser en las filas de la delincuencia”.

Ó

Ni siquiera al ser capturado El Compayito abandonó esa amplia sonrisa que le daba el “encanto” con el que cautivaba a sus seguidores. Estaba satisfecho de haberse convertido en el más destacado multihomicida de la actual guerra contra el narcotráfico.

En la larga lista de asesinos múltiples que sigue produciendo esta guerra, El Compayito sólo ha sido igualado por Teodoro García Simental, El Teo, sicario del cártel de Sinaloa y a quien también se le atribuyen 300 asesinatos. Muy por debajo queda el tercer lugar: Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien contaba 150 homicidios al ser detenido.

El criminólogo Enrique Zúñiga Vázquez, quien ha estudiado la conducta de este ti-

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NARC OT R Á F IC O David Deolarte / Procesofoto

menudeo se están convirtiendo en asesinos múltiples. En México no se habían dado tantos criminales.

–¿Son psicópatas? ¿Perturbados mentales?

–¡No! Aquí no encajan las posturas biologicistas. Ni las psicopatologías nos servirán para explicar el fenómeno. No son sujetos peligrosos porque tengan algún problema en el lóbulo frontal o por traumas infantiles o bien porque provengan de una familia disfuncional. Tampoco dándoles terapia y psicoanálisis se resolverían las cosas.

–¿Entonces cuál es la explicación?

–Responden a una lógica más bien economicista. Matan para desplazar del mercado al enemigo, para ganar o defender la plaza. Finalmente lo que priva es la oferta y la demanda, la lógica del dinero. De manera que a estos homicidas no “El Grande” debemos verlos como individualidades dependientes de sus pulsiones, sino como la personificación de un sistema que aniquila y de una guerra absurda.

–Pero sorprende que ellos mismos hablen con orgullo de sus crímenes...

–Lo hacen para colocarse en una posición destacada dentro de la estructura criminal. Matar más y más personas lo ven como un triunfo. Más muertes representan más logros. Finalmente los cárteles de la droga son empresas productivas y si en ellos te dedicas a matar, pues tienes que ser productivo.

“Para enfrentarse al Ejército, a la policía o a los cárteles rivales se requiere gente que mate y de sangre caliente, como se dice. Ellos simplemente hacen su trabajo de manera eficiente. Por eso es muy común que incluso hagan alarde de más crímenes de los que se les pueden comprobar.

“Y matar más es garantía de ascenso en el mundo criminal. Ya convirtiéndote en jefe puedes ordenar matar para convertir en cómplices a tus subalternos po de asesinos, asegura a Proceso: “Hasta el y así meterlos en un rol de grupo, hacienmomento El Compayito y El Teo son los asesi- do más difícil la delación, pues si alguien nos múltiples que llevan más muertes: 300 delata él mismo se incrimina. Es lo que en cada uno. Son los punteros. Y aquí no es- la mafia se conoce como la omertá. Auntamos incluyendo los cientos de crímenes que los jefes deben seguir matando para que ambos ordenaron perpetrar a sus si- predicar con el ejemplo y para que su gencarios, puesto que ya no fueron ejecutados te no les pierda el respeto, como lo hacía por ellos mismos”.

Tony Soprano –personaje de la serie de te–¿Están proliferando este tipo de levisión Los Sopranos–, quien mataba a los criminales? rivales que le significaban mucho.”

–Sí. Se están incrementando muchísiEsta era la forma de actuar de Sergio mo debido al contexto actual. Son una espe- Villarreal Barragán, El Grande –detenido cie de monstruos o frankensteins que están en Puebla en septiembre del año pasado–, surgiendo en la guerra contra el narcotráfi- quien declaró que había muchas traiciones co. Verdaderos profesionales de la muerte. y muertes en la célula de los Beltrán Leyva, Anteriormente aparecían dos o tres esporá- para la que trabajaba. Y cuenta cómo en dicamente. Eran los llamados matones. Pe- una de esas pugnas torturó y asesinó a su ro hoy hasta los niños dedicados al narco- compinche Mario Pineda Villa, El MP:

Eduardo Miranda

La guerra contra el narcotráfico ha dado pie a un fenómeno peculiar y alarmante: la proliferación de homicidas múltiples. Se trata de sicarios que cometen asesinatos al por mayor no por una psicopatía –como los criminales seriales–, sino como una forma de escalar posiciones dentro de sus mafias. Los ejemplos están ahí: El Compayito, El Teo o El Grande, que cuentan sus víctimas por centenares. Y peor aún: los adolescentes multihomicidas, subproducto de un sistema que no le da garantías de futuro a su juventud.

Zúñiga. Perfiles criminales

Octavio Gómez

Octavio Nava / Procesof

oto

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o” “El Flaco Salgueir

“A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creía muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: ‘¡Ya ves, pinche marrano!, ¿no que muy cabrón?’. Posteriormente ordené que lo subieran a un vehículo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca. A la altura del poblado de Huitzilac ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él, estando amarrado.”

Zúñiga cataloga a estos criminales como “homicidas múltiples” para distinguirlos de los llamados “homicidas en serie”, quienes –dice– “tienen un comportamiento ritualizado y un modus operandi muy particular, como Juana Barraza, La Mataviejitas, que sólo mataba adultos de la tercera edad, se vestía de manera especial, subía a determinado tipo de autobuses y cumplía ciertos rituales”.

Además de El Compayito, El Teo y El Grande – los tres punteros–, en la actual guerra contra el narco han surgido muchos otros multihomicidas, entre ellos Édgar Huerta, El Wache; Noel Salgueiro, El Flaco Salgueiro; Jorge Humberto Rodríguez, La Rana; Arturo Hernández, El Chaky; Jaime González Durán, El Hummer, o Flavio Méndez Santiago, El Amarillo.

Galería del terror Originario de Guasave, Sinaloa, El Compayito fue cabo de Infantería de la Marina, agente ministerial y policía. Asegura que fue entrenado por los kaibiles en Guatemala. Se unió a la mafia de los hermanos Beltrán Leyva y llegó a ser escolta de Arturo, El Barbas. Luego creó su propia organización: La Mano con Ojos.

Se le atribuyen 600 homicidios, 300 de los cuales ejecutó él mismo. En diciembre

de 2009 participó en el levantamiento y asesinato de 24 personas en La Marquesa y se le atribuye la muerte de una “La Rana” familia en la zona del Ajusco, entre otros muchos crímenes.

El Teo –operador del cártel de Sinaloa en Baja California– tiene el mismo récord: 600 homicidios, la cumentado al menos 19 homicidios. Se le mitad de los cuales fueron cometidos por implica en los del cardenal Juan Jesús Poél mismo. Lo ayudaba Santiago Meza, El Po- sadas Ocampo y del exprocurador estatal zolero, cuya función era disolver en ácido Leobardo Larios Guzmán. Las autoridades los cadáveres. Genaro García Luna, secre- federales lo califican de “el más sanguinatario de Seguridad Pública federal, calificó rio” de los sicarios del cártel de Tijuana. a El Teo como “el narcotraficante más vioAunque lleva ocho años preso y por lento de los últimos años”. lo tanto no participó en la actual guerra El Grande –quien durante un tiempo fue emprendida por Felipe Calderón, El Chaky amo del narcotráfico en la Comarca Lagu- también es considerado uno de los narconera y también llegó a trabajar con Arturo traficantes más sanguinarios: solía asesiBeltrán Leyva– presume que él mismo eje- nar a sus víctimas clavándoles una daga cutó a por lo menos 150 personas en Mo- en el corazón. Era el sello distintivo de esrelos y Guerrero. Entre sus crímenes más te policía judicial que se convirtió en sicasonados está el descuartizamiento en di- rio del cártel de Juárez. ciembre de 2007 de tres agentes aduanaEntre varios testimonios de su saña les del Aeropuerto Internacional de la Ciu- destaca uno: en octubre de 1990 tomó su dad de México que trabajaban para él pero famosa daga y la fue clavando en los coraque le fallaron al no entregarle cargamen- zones de cinco hombres que acababa de tos de cocaína. levantar. Luego los enterró en una fosa en El Wache –desertor del Ejército y de 23 un rancho de Ciudad Juárez, por lo que se años– era el jefe de plaza de San Fernan- le considera creador de las narcofosas. En do, Tamaulipas, por parte de Los Zetas. En el mundo criminal lo ven con admiración sus declaraciones señaló que en agosto de y respeto por esta “innovación”.

2010 encabezó personalmente el secuesEl Hummer, uno de los zetas más violentro de dos camiones de carga que trans- tos, tiene en su haber varios homicidios. portaban a más de 70 indocumentados Entre ellos los de cuatro efectivos de la centroamericanos, a quienes asesinó.

Agencia Federal de Investigación levantaMientras que El Flaco Salgueiro –fun- dos en Matamoros, Tamaulipas, en diciemdador de Gente Nueva y operador del cár- bre de 2002. Es también el probable ejecutel de Sinaloa– resultó ser el principal res- tor del cantante Valentín Elizalde. Era uno ponsable de la muerte de 250 personas de los hombres más buscados por los gocuyos cadáveres fueron encontrados, en biernos de México y de Estados Unidos. abril pasado, en narcofosas descubiertas Al Amarillo, por su parte, las autoridaen Durango; entre sus víctimas estaba el des guatemaltecas lo identifican como jefe exdiputado Armando Rodríguez Morales. del grupo de zetas que en mayo de este año A La Rana sólo en Jalisco se le han do- mató a 27 personas en El Petén. También

AP photo / Guillermo Arias

Eduardo Miranda

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“El Wache”

“El Pozolero”

se le asocia con el tráfico de indocumentados centroamericanos que pasan por Nuevo León y Tamaulipas.

Niños sicarios

Eduardo Miranda

Las nuevas generaciones están siguiendo el ejemplo de estos carniceros. Son su fuente de inspiración y tratan de igualarlos en crueldad. Por lo pronto, en esta prolífica escuela del crimen ya destacan dos niños sicarios: el Ivancito y El Ponchis, detenidos en centros de reclusión para menores.

A sus 16 años el Ivancito ya llevaba seis homicidios y encabezaba una banda de púberes a quienes se bautizó como Los Terribles de Iztapalapa. Implicado en el narcomenudeo, era diestro en el uso de armas largas y –según reportes policiacos– nunca mostró piedad en sus ajustes de cuentas.

Al Ponchis –de 14 años y perteneciente al cártel del Pacífico Sur– le gustaba torturar a

Vargas. Metodología contra el crimen

sus víctimas antes de degollarlas a cuchillo.

Por internet llegaron a circular fotos suyas en las que aparecía al momento del degüello o portando, ufano, rifles de alto poder.

La criminóloga Laura Vargas Garfias, profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), explica a Proceso este aterrador fenómeno: “Actualmente los adolescentes y jóvenes empiezan a ser objetos de desecho. Son basura. Ya no son necesarios. A los ninis nadie les va a dar oportunidades de estudio ni de trabajo. Realmente a nadie le importan.

Están excluidos totalmente del sistema social, un sistema que además exige alcanzar el éxito y el dinero para ser reconocido.

“La única salida que les queda a estos jóvenes desesperanzados y abandonados es meterse a la economía delincuencial.

Ahí sí pueden desenvolverse, tener un lugar social y una oportunidad de ser, ya que la necesidad psíquica más importante es el reconocimiento.

“Ya dentro de este inframundo les ordenan: ‘Tienes que matar y descuartizar. Y mientras más destructivo seas, obtendrás más reconocimiento y respeto’… Y terminan por convertirse en criminales, alardeando de que matan más y más gente. “¿Hay una psicopatología en ellos? ¿Están locos? ¡No! ¡Para nada! Simplemente se adaptaron al único medio que les abrió las puertas. Los nuevos paradigmas en la criminología tienen que ver con la inclusión y la exclusión social.”

–¿Dónde quedan los valores, la cuestión ética?

–Los valores se acomodan a la conveniencia. En todo caso aquí ya hay una distorsión de lo ético. Es más valorado el más matón y el más cruel, que también arriesga su vida y finalmente termina siendo asesinado, convirtiéndose en víctima.

NARC OT R Á F IC O “Por eso estos jóvenes –porque la gran mayoría de los narcotraficantes son jóvenes– ya tienen introyectada la idea de vivir poco pero bien. Dicen: ‘Voy a vivir sólo un año, pero ese año voy a vivirlo bien’.

Otro apotegma dice: ‘El que está dispuesto a morir tiene derecho a pedirlo todo’.

“Nuestra sociedad es el caldo de cultivo que provoca la delincuencia. Algunos teóricos señalan que un delincuente es como un microbio, que en un estado de asepsia y de limpieza resulta inofensivo, completamente inocuo. En cambio si lo pones en medio de la desorganización social es como meter un microbio en un caldo de cultivo, donde se vuelve terriblemente virulento y va a provocar una pandemia.”

Especializada en derecho penal y con una maestría en teoría psicoanalítica, Vargas Garfias se ha dedicado al estudio de las nuevas generaciones y su relación con la delincuencia.

Indica que el Estado aprovecha los conocimientos criminológicos para tratar “de controlar y administrar a los grupos de jóvenes insertos en diversas subculturas diferentes entre sí. Por ejemplo, los punquetos y los darquetos son controlables. El sistema dice: ‘Hay que darles rock y droga para mantenerlos quietos. Pero ya con los jóvenes maras o zetas hay que andarse con cuidado y aplicar otros métodos’”.

El también criminólogo Sergio Reyes la secunda: “El control de la delincuencia ya se ha convertido en una nueva forma de holocausto; hay que exterminar a los considerados delincuentes o ponerlos a que se maten entre ellos, pues finalmente son un desecho social. Es un exterminio darwiniano que, como en el caso de la actual guerra contra el narco, utiliza el argumento de que es una lucha de buenos contra malos.

“Cuando hablamos de holocausto generalmente pensamos en la Alemania nazi, en Hitler y en sus hornos. Ya basta de irnos al pasado. Hay que abrir los ojos y ver los holocaustos modernos, con toda su infraestructura de armamento, cárceles, policías, soldados y jueces.”

Por su lado, Zúñiga Vázquez señala: “La introducción de armamento estadunidense a México con la operación Rápido y Furioso es una muestra de esta lógica de exterminio que finalmente es absurda y no resuelve el problema. Es como si un equipo de fumigadores intentara aniquilar a una plaga de cucarachas, pero sin quitar la basura que las está produciendo”.

–¿Será difícil acabar con los actuales carniceros que produce la guerra contra el narco?

–Por supuesto. Estos modernos frankensteins se seguirán reproduciendo. Por cada uno que arresten o maten habrá tres o cuatro esperando relevarlo. Son los monstruos creados por la propia sociedad.

AP photo /Khalid Mohammed

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El imperio busca otros

... enemigos en MĂŠxico

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1827 / 6 DE NOVIEMBRE DE 2011

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NARC OT R Á F IC O Una vez que su misión en Irak y Afganistán está a punto de culminar, el aparato militar estadunidense reenfoca un objetivo sensible: México. Es el principio de un cambio de prioridades –lo que en términos de la lógica del imperio implica buscar justificaciones para desatar nuevas guerras– en los “imperativos estratégicos” de Washington hacia su frontera sur, asegura a Proceso el experto en temas militares Robert J. Bunker, y advierte: ese cambio “será lento, pero ocurrirá”. Según este analista, las organizaciones delictivas mexicanas “son mucho más que eso.

Son delincuentes insurgentes que de facto están ganando poder vía campañas de violencia y corrupción”.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA os cárteles mexicanos estarían sucediendo ya a la organización terrorista Al Qaeda como la amenaza más grave para la seguridad nacional de Estados Unidos, toda vez que las informaciones sobre supuestos complots terroristas para atacar objetivos de Estados Unidos en y desde México apuntan a una “política de nuevo cuño” de Washington en la que la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico es vista como eso: un peligro para la seguridad interior.

El cambio de prioridades en los “imperativos estratégicos” de Washington hacia su frontera sur “será lento, pero ocurrirá”, advierte en entrevista con Proceso Robert J. Bunker, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

Profesor de guerra no convencional en la Universidad Militar en Virginia, Bunker está convencido de que México vive una “insurgencia delictiva” a la que se le podrá enfrentar con algunas de las experiencias obtenidas en los últimos 10 años en Irak y Afganistán.

Ambos conflictos se iniciaron poco antes de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, en la que –luego de casi cinco años y más de 50 mil muertos– Bunker identifica “dos errores estratégicos”: considerar a los cárteles meras organizaciones delictivas y centralizar el mando en una policía única.

La decisión de Calderón de usar al Ejército y la Marina en esa tarea le ha permitido a Bunker profundizar el trabajo como experto en guerras de baja intensidad que realiza para Small Wars Journal (SWJ), el sitio

L

de internet creado por los Cuerpos de Marina de Estados Unidos para facilitar las operaciones militares de su país (Proceso 1815).

La dimensión y peculiaridad de la violencia en México llevó a SWJ a crear una división en español llamada El Centro, para concentrarse en el análisis de “las insurgencias criminales” en América Latina, a las que tipifica como “guerras de baja intensidad”.

Necesidad de cambios Licenciado en historia, geografía y ciencia social, maestro en gobierno y doctor en ciencia política, Robert J. Bunker es también consultor en asuntos militares. A esa formación suma entrenamiento en inteligencia, contraterrorismo y contravigilancia por parte de servicios de inteligencia civil y militar de Estados Unidos, incluidos la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Justicia, además de entidades privadas de inteligencia.

El 13 de septiembre pasado acudió al Capitolio para explicarle al Congreso por qué Washington debe cambiar sus “imperativos estratégicos” de Oriente hacia México, como lo ha sostenido también ante la comunidad militar.

“Cuando testifiqué ante el Comité del Congreso en septiembre de 2011, un número de congresistas, tanto implícitamente como en el registro, estuvieron de acuerdo con el señalamiento de que los cárteles mexicanos –más que Al Qaeda– deberían ahora ser considerados una amenaza más grande a la seguridad nacional de Estados Unidos.”

En esa audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, en la que se discutió la efectividad de la Iniciativa Méri-

da, refiere que varios congresistas también coincidieron en que actualmente en México tienen lugar “insurgencias criminales” como resultado de un cambio en la actuación de los cárteles, que del control político que ejercían de facto pasaron a tener “áreas de impunidad” en varias partes del país.

Se mueven en una “confusa arena entre delincuencia y guerra”. Han multiplicado sus ingresos ilícitos de su base original de tráfico de narcóticos a la extorsión, el robo masivo de combustibles y el tráfico de personas, lo que las hace entidades criminales multifacéticas.

Esto es “desquiciante” desde una política de inteligencia criminal y desde la perspectiva de inteligencia militar. “Los cárteles, como entidades apoyadas en criminalessoldados, son difíciles de abarcar para los servicios de espionaje, por lo que se necesita una forma combinada de inteligencia”.

Aunque considera un acierto ir contra los líderes de los cárteles, menciona dos “errores estratégicos” de Calderón.

El primero: caracterizar y responder a los cárteles como simples organizaciones delictivas. “Son mucho más que eso.

Son delincuentes insurgentes que están ganando, de facto, poder vía campañas de violencia y corrupción. En algunas regiones, los jefes locales de los cárteles parecen señores medievales”.

El segundo error, que califica como “una gran equivocación”, apunta directamente a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, promotor a ultranza del mando policial único. Bunker no le ve futuro a “la actual centralización del esfuerzo contra los cárteles. Eliminar a las fuerzas de las policías locales a favor de una fuerza estatal o federal sería una gran equivocación”.

AP photo /Amanda Lee Myers

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Decomisos en Estados Unidos

Si bien se necesita que los esfuerzos sean centralizados en la Ciudad de México, tiene que haber una combinación de operaciones de abajo hacia arriba y de respuesta local. De otra manera no ve cómo se detendrá lo que menciona como amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Lento, pero seguro

AP photo /Khalid Mohammed

Acostumbrado a tratar con quienes toman decisiones en el terreno, asegura que el cambio de prioridades estratégicas de su país hacia la frontera sur llevará tiempo. “La política exterior de Estados Unidos es como un supertanque petrolero. Alterar su curso es lento y difícil. La inercia burocrática y los intereses creados de las dependencias gubernamentales seguirán enfocando a Al Qaeda como la amenaza número uno, lo que significa que el cambio vendrá lento, pero vendrá”.

Tras 10 años de operaciones contra Al Qaeda y su base social, Estados Unidos ha comenzado a sacar a sus tropas de Irak y

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Afganistán. Para el próximo mes se espera la total retirada del primero, y para 2014, del segundo. Parte de lo aprendido en esos países ha comenzado a aplicarse en México.

Aunque se trata de realidades distintas, menciona algunas experiencias que se pueden trasladar: el uso de contratistas privados, el envío de aviones espías no tripulados y la capacidad militar para obtener información sobre la base social de los cárteles de la droga. De acuerdo con la prensa estadunidense, algunas de ellas ya comenzaron a aplicarse.

“La experiencia en Irak y Afganistán no es algo que se pueda transferir fácilmente a México; ni debería ocurrir”. Explica: Esos conflictos abarcaron a grupos islámicos radicales, tribalismo y visiones religiosas confrontadas, los poderes políticos de los Estados vecinos, el uso endémico de dispositivos explosivos improvisados o de atacantes suicidas.

“Mucho de lo aprendido por Estados Unidos en la construcción de una nación en esos conflictos no tiene relevancia en

México, donde los temas dominantes se enfocan en la seguridad básica, la corrupción y el reto que representa la narcoautoridad (y cultura) a la soberanía del Estado.”

Sin embargo, encuentra “lecciones inmediatas” que sí serán puestas en marcha: el uso de vehículos aéreos no tripulados para obtener información en tiempo real en apoyo de las fuerzas federales. Asegura que esos aviones no se usarán para la eliminación de los miembros de los cárteles.

Otra experiencia es lo mucho que ganaron los militares estadunidenses en el análisis de cadenas sociales aplicado a las fuerzas insurgentes. “Esto sería muy útil como apoyo de inteligencia para las autoridades mexicanas en su tarea de analizar las varias redes de apoyo que tienen los cárteles”.

La disminución de las confrontaciones armadas en Irak y Afganistán representa una caída para los contratistas militares, por lo que “sería natural” para ellos “mirar hacia el conflicto en México como una nueva área de desarrollo”.

Los contratistas estadunidenses, integrados por militares y agentes retirados, “pueden proveer apoyo logístico, de inteligencia, analítico y de entrenamiento”, asegura Bunker, quien es además profesor adjunto del Programa de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de California, en San Bernardino.

Ante las reticencias por la experiencia de que esas empresas operan con escaso control, añade que las firmas estadunidenses podrían tener un “rol general de contratación” y competir con empresas privadas mexicanas y de otros países para dar esos servicios.

Precisa: “El gobierno probablemente mantendría un límite estricto a los contratistas estadunidenses, pero las corporaciones públicas y privadas mexicanas y

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NARC OT R Á F IC O las multinacionales con operaciones aquí buscarán los mejores acuerdos que puedan en un ambiente de negocios globalizado y altamente competitivo”.

Colombia, con su larga historia de paramilitarismo y donde Calderón ha buscado soluciones contra los cárteles de la droga, es uno de los países que busca establecerse en México en esa área. “Las organizaciones privadas colombianas también tienen un ojo en este mercado emergente”.

No es nada diferente a Blackwater Corporation (que después se llamó Xe), que intentó dar servicios de seguridad después del huracán Katrina en Nueva Orleáns en 2005, dice Bunker en referencia a la empresa que se vio implicada en el asesinato y tortura de civiles en Irak.

Pero dada la relación costo-beneficio, los factores culturales y lingüísticos y, sobre todo, una mayor aceptación política, cree que habría inmensas barreras para los contratistas privados extranjeros. “No creo que México los quiera o los necesite”.

Supone entonces que ese mercado será controlado por empresas mexicanas. “Creo que de hecho ya están viviendo un boom de contratos… Esto, desde luego, da por hecho que la mayoría de las compañías de seguridad se mantendrán alejadas de las influencias corruptoras de los cárteles”.

Los complots De sus conflictos con el radicalismo islámico, Estados Unidos también ha querido sacar provecho. El mes pasado, en menos de una semana, la prensa internacional se hizo eco de dos supuestos planes para atacar intereses estadunidenses en Washington y en territorio mexicano.

El 11 de octubre, el procurador general, Eric Holder, y el director del FBI, Robert Mueller, dieron a conocer un supuesto De vuelta a casa

complot de las Guardias Revolucionarias de Irán, con la participación de un iraníestadunidense afín a Al Qaeda, y de Los Zetas para asesinar en Washington al embajador de Arabia Saudita, uno de sus principales aliados del mundo árabe.

En un rápido análisis, Bunker no sólo desestima la versión sino que advierte sobre la intención de su gobierno: “El supuesto complot carece de sentido y parece haber sido usado para una ‘política de nuevo cuño’ en Washington”.

Agrega: “Nótese cómo la historia mu-

rió rápidamente. Suena como una mala película de complot con grupos que representan diferentes amenazas que se unen para actuar juntos. Ni Irán ni Hezbolá (el movimiento de resistencia islámica cercano al régimen iraní) ni Los Zetas se quieren poner en la mira directa del gigante estadunidense”, por lo que nunca se involucrarían en un ataque así.

Dos días después de esa información difundida por el gobierno de Barack Obama, se filtraron noticias sobre otro supuesto intento de ataque terrorista. Esta

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N ARCOTR ÁF I CO vez en territorio mexicano y a manos de un supuesto integrista somalí.

El argumento derivó de un operativo de la Marina de México en un departamento de la colonia Roma, en el Distrito Federal, entre el 7 y el 10 de junio del año pasado y en el que aseguró haber encontrado explosivos. La versión de la Armada fue desmentida por la entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y actual procuradora, Marisela Morales, quien aseguró que no eran explosivos sino parafina.

La polémica se reavivó cuando el sitio de internet Borderland Beat, dedicado a informar sobre la guerra contra el narco, publicó un supuesto informe secreto de la Marina en el que reafirmaba el tema de los explosivos y agregaba que los servicios de inteligencia de Israel habían descubierto que ese material estaba destinado a atacar la embajada de Estados Unidos y varios consulados de ese país en territorio mexicano.

El supuesto informe de la llamada “Operación Salim” se dio a conocer en el noticiario radiofónico de Carmen Ariste-

gui, en la cadena MVS. Aunque la Marina negó la autenticidad del reporte, la filtración desde Estados Unidos hizo ver a México otra vez como una amenaza potencial.

“La primera regla en algo como esto es negarlo, volverlo a negar y negarlo nuevamente. Estoy seguro de que un análisis forense del documento podría autentificarlo o no”, dice el experto en inteligencia. Pero, de acuerdo con Bunker, no se trata de ninguna casualidad. “Una de las preguntas que se deben hacer es que si se trata de un documento falsificado, quién podría ganar emprendiendo esta acción.”

En su doble juego en la relación con México, Estados Unidos quedó entrampado cuando la prensa dio a conocer la operación Rápido y Furioso, una acción que para Bunker “definitivamente requiere una autorización mucho más alta que la regional”.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) circunscribe a su delegación en Arizona, en la frontera con México, el tráfico de poco menos de 2 mil armas para “dejar que caminaran” y rastrearlas. Las armas acabaron en manos de los cárteles.

Bunker asegura que fueron más de 2 mil armas. “Las confederaciones de cárteles compraron más de 50 rifles Barrett calibre 50” (arma larga con mira telescópica que usan fuerzas especiales de varios ejércitos del mundo) y alrededor de 2 mil 500 armas largas, incluidos fusiles semiautomáticos AK-47”.

Para el especialista “es extremadamente difícil entender, desde cualquier perspectiva de cumplimiento de la ley, qué valor tendría, si lo tuviera, tal operación”. Alejado de la burocracia, dice: “Desafortunadamente, es un primer caso de uno o más jefes de alto nivel de la ATF que queda exhibido por las realidades tácticas y operacionales”.

En contraste, el experto le da más crédito a la DEA. Al menos en lo que toca a los alegatos del hijo de Ismael El Mayo Zambada, Vicente Zambada, El Vicentillo, detenido en Chicago.

La defensa del Vicentillo alega que existía un pacto del cártel de Sinaloa con la DEA para mantener el tráfico de drogas en Estados Unidos a cambio de información sobre los grupos rivales. “No tiene absolutamente nada que perder diciendo eso, toda vez que ve un tiempo de prisión considerable. Posiblemente está tratando de reducir su sentencia”.

De ser cierto, dice, tendría algo de sentido. Explica: el acuerdo sería estratégico para la DEA: “Representaría un enfoque de tratamiento de una enfermedad grave para lidiar con estas amenazas. Eso, sin embargo, no significaría que la DEA hubiera tenido un acuerdo en persona con el cártel de Sinaloa. Cualquier noción de que la DEA está trabajando con ese cártel me parece una teoría conspirativa”.

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Duelo

con tufo electorero

En el proceso electoral michoacano, que culminará con la votación del domingo 13, el PRD, el PAN y el PRI se disputan un territorio desgarrado por la violencia y puestos públicos que implican riesgo constante –he ahí el reciente asesinato del alcalde de La Piedad–. Ingrediente explosivo en este contexto es el factor Cocoa, conflicto político enconado por el favoritismo del gobierno federal hacia la candidata Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente de la República.

FRANCISCO CASTELLANOS Y ÁLVARO DELGADO

La candidata panista con Madero Muñoz

os augurios de violencia electoral se consumaron en Michoacán el miércoles 2 con la ejecución del alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, lo que crispó aún más a los rivales a unos días de las elecciones y detonó inculpaciones mutuas por ineptitudes gubernamentales y el lucro político del crimen que hace la candidata panista Luisa María Calderón.

Luego de más de 5 mil muertos en casi cinco años de guerra contra el crimen que desde ese estado declaró Felipe Calderón –hermano de la candidata–, entre ellos decenas de efectivos militares y policiacos, así como población civil, incluidos niños, se anticipaba que el proceso electoral que culminará en la votación del domingo 13 sería convulso y ahora se temen más ataques.

Al enrarecido ambiente preelectoral por el homicidio del alcalde panista se añade ahora la tensión que ha generado la llegada a territorio michoacano de más tropas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (PF), que se sumarán a los 2 mil 800 elementos enviados en julio

Enrique Castro Sánchez

L

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Lenin López / “La Redaccion”

NARC OP O L ÍT ICA

La muerte de Guzmán Romero. Crispación

para perseguir a Los Caballeros Templarios, organización criminal encabezada por Servando González La Tuta y Enrique Plancarte El Kike.

Antes del asesinato de Guzmán Romero –el cuarto alcalde que cae en la entidad en sólo tres años y en el que la principal hipótesis sobre el móvil no está relacionada con el crimen organizado–, ya se habían denunciado amenazas contra los candidatos perredistas a presidentes municipales de Indaparapeo, Múgica, Tumbiscatío, Churumuco y Arteaga.

Churumuco, Tumbiscatío y Múgica están clasificados como “municipios con focos rojos” por autoridades policiacas del estado, como se informó en Proceso la semana pasada, mientras que Arteaga, de donde es originario La Tuta, está señalado como municipio “con focos ámbar, en donde la violencia ha sido esporádica y continua”.

De acuerdo con un documento elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en 19 de los 113 municipios hay “focos rojos” y ahí no debe ser “extraño que existan factores antisociales que detonen incertidumbre y actos delictivos para copar la votación, pues todo pareciera (indicar) que a menos votación se beneficiaría la actual cúpula del poder que está en el estado”.

Además de los tres mencionados como “municipios con focos rojos”, se incluye a Cherán, Álvaro Obregón, Apatzingán, Ario de Rosales, Buenavista, Ecuandureo, La Huacana, Morelia, Pátzcuaro, Susupuato, Tacámbaro, Tinganbato, Zictácuaro y Yurécuaro.

Entre los 33 municipios clasificados como “focos ámbar”, con “incidencia delictiva media” e “incidencia político social”, se encuentra en primer lugar La Piedad, cuyo alcalde panista fue asesinado y donde las autoridades tienen computados 15 muertos en 10 balaceras, entre ellas la del 2 de julio.

Ese día un comando a bordo de aproximadamente 50 camionetas atacó a balazos las instalaciones de la PF, donde supuestamente pernoctaba Miguel Ángel Rosas, jefe de la policía municipal de La Piedad, quien sustituyó a José Luis Guerrero Morales, ejecutado el 23 de marzo con ráfagas de AK-47 y R-15.

Guerrero Morales fue el cuarto director de Seguridad Pública asesinado en los tres primeros meses del año en Michoacán: el 6 de enero cayó Francisco Aparicio Méndez, de Taretan; el 1 de marzo el de Tanhuato, José Gómez Basurto, y el 10 de marzo el de Santiago Tangamandapio, Jorge Hernández Espinosa.

Los otros municipios con “focos ámbar” son Jiquilpan (la tierra del clan Cárdenas), Quiroga, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tanhuato, Puruándiro, Maravatío, Briseñas, Pajacuarán, Vista Hermosa, Jacona, Tangancícuaro y Zacapu.

También Cuitzeo, Zinapécuaro, Ciudad Hidalgo, Irimbo, Queréndaro, Ocampo, Huiramba, Salvador Escalante, Carácuaro, Huetamo, Juárez, Tiquicheo, Tuzantla, Madero, Coalcomán, Chinicuila, Tepalcatepec, Nuevo Trecho y Parácuaro.

En el documento hay asimismo un dato alarmante: los “municipios en donde existen posibles vínculos entre candidatos a alcaldías y el crimen organizado” suman 52, casi la mitad de los 113 municipios del estado, gobernados por todos los partidos políticos. La lista es la siguiente: Morelia, Jiquilpan, Cherán, Lázaro Cárdenas, Churumuco, Álvaro Obregón, Apatzingán, Ario de Rosales, Buenavista, Ecuandureo, Arteaga, La Huacana, Múgica, Pátzcuaro, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tarímbaro, Tingambato, Zitácuaro, Tumbiscatío, Puruándiro, Maravatío, Briseñas y Pajacuarán.

Además, Vista Hermosa, Jacona, Tangancícuaro, Zacapu, Cuitzeo, Zinapécuaro, Hidalgo, Irimbo, Queréndaro, Ocampo, Huiramba, Quiroga, Salvador Escalante, Huetamo, Juárez, Tiquicheo, Tuzantla, Madero, Coalcomán, Chinicuila, Tepalcatepec, Nuevo Trecho, Parácuaro, Tanhuato, Yurécuaro y Carácuaro.

El encono El asesinato del alcalde panista de La Piedad, que se suma al abierto intervencionismo del gobierno de Calderón, provocó aún más encono entre los contendientes a la gubernatura, en el contexto de la difusión de encuestas que perfilan como ganadora a la candidata del PAN sobre el priista Fausto Vallejo y el perredista Silvano Aureoles.

La cúpula de ese partido se concentró en Michoacán y comenzó una campaña para culpar del homicidio al gobernador perredista Leonel Godoy por ser supuestamente permisivo con los grupos criminales.

Antes de irse a Michoacán, donde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN tenía previsto sesionar el fin de semana, el secretario de Acción de Gobierno, Juan Molinar Horcasitas, culpó a Godoy del asesinato porque “no ha querido o no ha podido, en algunas ocasiones ni siquiera ha intentado poner el orden en esto”.

Molinar, quien era director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando ocurrió la muerte de 49 niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que el PAN usó para ganar la gubernatura en 2009, fue inmediatamente

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N ARCOP OL Í TICA

Pura violencia La violencia en Michoacán ha sido sistemática desde que Calderón asumió la Presidencia de la República bajo acusaciones de fraude y declaró aquí, su tierra natal, una “guerra” contra el crimen organizado que ha costado más de 50 mil víctimas, más de 5 mil sólo en esta entidad.

Esta “guerra” instrumentada por la PF y encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, ha sido sobre todo contra la organización delictiva La Familia Michoacana, que hizo su apa-

rición en noviembre de 2006, una semana antes de la toma de posesión de Calderón.

En un informe difundido en julio de este año, la SSP asegura que desde 2008 la PF ha detenido a 729 personas vinculadas con La Familia y Los Caballeros Templarios.

Esta última organización se escindió de la primera después de que, en diciembre de 2010, el gobierno federal lanzó un operativo policiaco para localizar y ejecutar a Nazario Moreno González, El Chayo, uno de los principales dirigentes de La Familia Michoacana (Proceso 1780).

La caza de El Chayo por la PF generó una resistencia inusitada: la respuesta armada abarcó 12 municipios y demostró la capacidad de movilización de La Familia Michoacana, que surgió en 2006 al amparo del cártel del Golfo y de Los Zetas.

El saldo oficial de estos combates es de ocho muertos y tres heridos¸ pero la realidad fue otra. El número de bajas tanto del gobierno como de La Familia se desconoce: helicópteros de la PF transportaron a la Ciudad de México a un número indeterminado de muertos y heridos, y el grupo criminal recogió a sus caídos.

Entre el 8 y el 9 de diciembre, La Familia desplegó a decenas de sus hombres en los municipios de Apatzingán, La Huacana, Taretan, Zitácuaro, Parácuaro, Copándaro, Ario de Rosales, Uruapan, Múgica, Morelia, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro para resistir a las fuerzas federales que buscaban a Nazario Moreno.

La movilización confirmó el control territorial del grupo delictivo sobre todo en el centro y el noreste del estado. En todos esos municipios los seguidores de El Chayo robaron vehículos a particulares y empresas, los incendiaron y los usaron para obstruir los caminos y evitar la llegada de refuerzos federales.

Francisco Castellanos J.

descalificado por el propio Godoy, quien lo acusó de pretender sacar “raja política” del asesinato del alcalde junto con la candidata del PAN. Aureoles, el candidato de la izquierda, fue más directo contra Calderón al tildarla de hipócrita porque lloró en una entrevista para Televisa. Dijo que sus “lágrimas (son) más falsas que una moneda de 14 pesos” y culpó al gobierno federal que encabeza su hermano de generar la violencia con una estrategia fracasada.

Luego de calificarla como “una guerra sin sentido, que está demostrada la incapacidad del gobierno federal para frenar la violencia”, Aureoles demandó la modificación de la estrategia federal, más allá del discurso.

“Pero desde hace meses, años se le ha dicho al gobierno federal que su estrategia es fallida, pero nunca ha querido entender, y ahora que ven que no resulta quieren compartir culpas (…) En los diálogos para la seguridad, en la marcha de (Javier) Sicilia, cuántas veces le dijeron a Calderón que cambiara la estrategia y le valió gorro. Pues ahí están los resultados y las encuestas.”

La despedida del alcalde

Una de las principales ciudades afectadas fue Morelia, donde los delincuentes cerraron cuatro de las cinco carreteras que parten de la capital estatal. Apatzingán fue el principal escenario de combate desde la noche del miércoles 8.

A finales de enero de este año, en coincidencia con el lanzamiento de la candidatura de Luisa María Calderón, La Familia Michoacana anunció su disolución mediante mantas y un comunicado, uno de cuyos párrafos aludía a los Calderón: “En virtud de no querer seguir enfrentándonos con lo que representa la figura del presidente, La Familia Michoacana se disuelve por completo y se abren las puertas del estado, al gobierno o proyectos de grupos que deseen continuar con la lucha que nosotros iniciamos y existe la posibilidad de brindar el apoyo de nuestra parte” (Proceso 1807).

De hecho, la actividad delictiva disminuyó en los meses siguientes y se reanudó en julio, luego de que un mes antes, el 21 de junio, Jesús Méndez Vargas El Chango, exmiembro de La Familia, se entregó a la PF en Aguascalientes.

El comisionado de la PF, Facundo Rosas, y el entonces vocero federal de seguridad, Alejandro Poiré, festinaron “la destrucción” de esa organización delictiva; aseguraron que “sólo” faltaba detener a los dos líderes de Los Caballeros Templarios para acabar con la organización criminal.

La respuesta fue, justamente, el ataque contra la base de la PF en La Piedad, el sábado 2 de julio, a raíz de lo cual la SSP envió, el sábado 9, mil 800 policías federales “con unidades de soporte logístico y técnico (y) 170 vehículos diversos, entre ellos unidades blindadas, 15 ambulancias y cuatro helicópteros (MI y Black Hawk)”.

En Michoacán la PF sustituyó las acciones del Ejército, luego de que en mayo de 2007 ocurrieron las primeras bajas militares del sexenio a manos de La Familia en Nocupétaro. En represalia, el Ejército emprendió una cacería contra habitantes de esa población y del vecino Carácuaro, lo que generó fuertes críticas a la fuerza armada por las violaciones a los derechos humanos.

Además en Michoacán tuvo lugar el primer ataque narcoterrorista contra la población civil en México. El 15 de septiembre de 2008, durante la celebración del Grito de Independencia, supuestos zetas arrojaron dos granadas contra la gente que celebraba en el centro de Morelia.

La entrega de los presuntos responsables fue negociada por El Chayo con el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro, en el inicio de una serie de encuentros de ese militar con los jefes del narcotráfico en México, autorizado por el gobierno de Calderón, que deseaba reducir la violencia.

Miguel Dimayuga

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...Y la

Corte Penal lo reprobó

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

elipe Calderón fracasó en su intento de colocar a un abogado mexicano como magistrado de la Corte Penal Internacional (CPI). Su candidato, el procurador fiscal de la Federación Javier Laynez Potisek –un burócrata del derecho, consentido de los últimos tres sexenios–, no aprobó ni el primer filtro de selección.

No fue su único tropiezo: a finales de 2006 fue candidato a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y obtuvo el mismo resultado que ahora en su intento de llegar a la CPI: reprobó.

El 26 de octubre, el panel especial para la elección de magistrados de la CPI concluyó que, de los 19 candidatos propuestos por igual número de países, cuatro son “no calificados” –entre ellos el mexicano– para participar en la elección que se cele-

F

Tal vez a causa del riesgo –por lejano que parezca– de que Felipe Calderón sea acusado de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, el gobierno federal trató de colocar en esa instancia a un abogado mexicano. Pero su candidato simplemente reprobó. Según los juristas de alto nivel encargados de seleccionar a los magistrados de aquel tribunal, el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez, no posee los atributos necesarios... brará del 12 al 21 de diciembre próximos en la ONU. La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, Holanda, creado a partir del Estatuto de Roma, un acuerdo internacional firmado en 1998 por representantes plenipotenciarios de casi todos los Estados miembros de la ONU. Goza de autonomía y su función es juzgar genocidios, crímenes de guerra y contra la humanidad.

En el último año diversos personajes han mencionado la posibilidad de someter a juicio a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos durante la guerra contra el narcotráfico.

En ese contexto se dio la nominación de Laynez Potisek como candidato.

En su libro Historias de muerte y corrupción, Julio Scherer García esboza el tema.

También el obispo de Saltillo, Raúl Vera

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J U S T IC IA La fallida promoción de Laynez

López, ha planteado la configuración del delito de genocidio por la implicación de agentes federales en la matanza de migrantes centroamericanos, lo cual, sostiene, es “una forma de administrar la política migratoria” (Proceso 1787).

Hay más acusaciones: el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México estima que 30% de las desapariciones en la guerra calderonista ha sido obra de agentes del Estado. Otros organismos de derechos humanos han mostrado evidencia de ejecuciones extrajudiciales: entre éstas la de Humberto Márquez Compeán, cuyo cadáver fue hallado el 22 de marzo de 2010, un día después de ser detenido por efectivos de la Marina, como quedó registrado en varias fotografías.

Hasta expertos en derecho internacional como el juez español Baltasar Garzón –asesor de la CPI– han considerado la posibilidad de iniciar juicios por crímenes de lesa humanidad a partir de esta guerra, aunque no especificó si el acusado debería ser Calderón.

El pasado 13 de octubre, el movimiento No Más Sangre interpuso una demanda de proceso ante la CPI contra el mandatario mexicano por los más de 50 mil muertos y miles de desaparecidos, la violación de mujeres y niñas, así como por las mutilaciones, torturas y el desplazamiento forzado de poblaciones que ha generado el conflicto.

México se hizo integrante de la CPI apenas en diciembre de 2005 gracias en buena medida al cabildeo de Javier Laynez, entonces subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se aceptaran los términos del Estatuto de Roma.

Los que no pasaron La CPI –también llamada Tribunal Penal Internacional– se integra con 18 magistrados que deben reunir algunos requisitos básicos: alta consideración moral, integridad e imparcialidad en sus países; tener experiencia en la protección de los derechos humanos dentro del derecho penal o el internacional y dominar al menos el inglés o el francés, idiomas de trabajo de la institución.

La CPI renovará seis magistraturas el próximo diciembre y para hacerlo abrió el pasado 13 de junio el proceso de nominación de candidatos, que cerró el 2 de septiembre. Por conducto de su embajada en Holanda, el gobierno mexicano propuso a Laynez... y lo hizo a última hora, el día de cierre de registros.

Los candidatos africanos son Rosolu John Bankole Thompson, de Sierra Leona;

Ajmi Bael Haj Hamouda, de Túnez; Vinod Boolell, de Mauricio; Modeste-Martineau Bria, de la República Centroafricana; Chile Oboe-Osuji, de Nigeria; Gberdao Gustave Kam, de Burkina Faso; Antoine KesiaMbe, de la República Democrática del Congo; y Hamani Mounkalia Nouhou, de Níger.

Los europeos fueron Bruno Cathala, de Francia; Howard Morrison, del Reino Unido; Wladyslaw Czaplinski, de Polonia; Robert Freir, de la República Checa y George A. Serghides de Chipre. De Asia sólo Filipinas tuvo candidata: la senadora Miriam Defensor Santiago.

De Latinoamérica y el Caribe fueron propuestos Anthony Thomas Aquinas Carmona, de Trinidad y Tobago; Eduardo Cifuentes Muñoz, de Colombia; Olga Venecia Herrera Carbuccia, de la República Dominicana; José Antonio Urbina Ortega, de Costa Rica y el mexicano Javier Laynez Potisek.

Para llevar a cabo la elección, la CPI creó un panel especial de cinco juristas de prestigio internacional: Richard Goldstone, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia; los exjueces de ese mismo tribunal Patricia Wald y O-Gon Kwon; Hans Corell, exjefe del Consejo Jurídico de la ONU y Cecilia Medina Quiroga, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

Tras mes y medio de analizar los expedientes de los candidatos, el panel determinó que Hamouda, Serghides, Urbina Ortega y Laynez Potisek no eran aptos para participar en la elección.

Las razones del rechazo En su Reporte Sobre las Nominaciones 2011 a la CPI, emitido el 26 de octubre, el panel explica por qué rechazó a Laynez: “Este candidato es no calificado porque no tiene la experiencia necesaria, ya sea como juez, fiscal, abogado u otra función similar”.

Los magistrados de la CPI se dividen en dos listas: la A, que corresponde a penalistas y la B, que integra a internacionalistas. Laynez fue propuesto para la primera. El documento del panel especial establece que no demostró participación relevante en procesos penales.

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AP photo /Bas Czerwinski

JUST IC I A

La Corte de La Haya

En su expediente de nominación, cuya copia tiene Proceso, el Estado mexicano informó que Laynez es licenciado en derecho por la Universidad Regiomontana y maestro y doctor por la de París. Su especialización es en materia administrativa y fiscal.

También se asienta que es autor de al menos seis libros, aunque ninguno corresponde a las materias penal ni de derechos humanos. El documento presume su experiencia en la elaboración de iniciativas legislativas, como la reforma penal de 2008, la Ley de Lavado de Dinero y la estructura legal de la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas, cuestionadas todas ellas por juristas mexicanos.

Pero sobre todo, el expediente habla de su participación en lo que el gobierno de Calderón consideró equivocadamente materia penal: se hizo cargo de la extradición a México del pederasta Jean Succar Kuri, así como de otro procesado por los mismos cargos, Thomas Frank White, además de que extraditó a cinco supuestos etarras a España y recuperó fondos producto de desvío de recursos en el juicio contra Raúl Salinas de Gortari.

Además se menciona su participación directa como representante de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso Radilla, aunque ahí el Estado mexicano resultó responsable del crimen de desaparición forzada.

Al considerarlo “no calificado”, el panel de la CPI expresó que no tiene experiencia en tribunales penales, lo que

implica que tampoco la tiene en procedimientos y apelaciones en la materia: “Esa experiencia debe haber sido importante, y más que una parte periférica de la ocupación de los candidatos, pues ser miembros de asociaciones de abogados o tener participaciones ocasionales en procedimientos criminales no es suficiente”.

Además el dictamen recuerda que la experiencia de los abogados penalistas candidatos a la CPI debe ser al menos de 10 años.

Respecto a su formación académica y su experiencia profesional, el panel considera que “no indica ni refleja la adecuada participación directa en el proceso penal”, como exige el Estatuto de Roma.

Agrega que la responsabilidad del candidato en su actual cargo, la de interponer denuncias ante un Ministerio Público por impuestos, delitos financieros o contrabando tampoco se puede considerar experiencia en el proceso penal.

“El panel considera que el candidato no cumple con los distintos requisitos de experiencia de la lista A”, dice el dictamen. Sobre los idiomas que domina no hubo comentarios, por lo que se deduce que fue el único requisito que cumplió el mexicano.

Transexenal y hombre de Calderón Javier Laynez es un abogado de 52 años originario de Torreón. Su trayectoria profesional comenzó al amparo de Ernesto Zedillo, quien lo empleó en 1990 en la hoy

extinta Secretaría de Programación y Presupuesto como director de Legislación y Normatividad. Cuando Zedillo fue designado titular de la Secretaría de Educación Pública en 1992, nombró a Laynez director de Normatividad.

Laynez siguió de la mano de Zedillo como consejero jurídico adjunto de la Presidencia, donde fue ratificado por Vicente Fox, quien en 2005 lo hizo subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.

Luego de su fallido intento de incorporarse al TEPJF en las postrimerías del sexenio foxista, Calderón le dio cabida de nuevo en la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde permaneció hasta 2008, cuando fue designado procurador fiscal de la Federación.

El expediente que el gobierno mexicano presentó a la CPI establece que en su papel de consejero jurídico Laynez fue artífice de las iniciativas antigarantistas, como la reforma constitucional penal de 2008 que diversos juristas han calificado de “abominación constitucional” (Proceso 1792).

También se menciona que junto a su desempeño como procurador fiscal ha participado en encomiendas del gobierno calderonista que nada tienen que ver con su cargo pero que han resultado relevantes para justificar la estrategia de la guerra contra el narco.

Por ejemplo, se establece que fue responsable del diseño legal de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima), inaugurada el pasado 10 de octubre. Sobre Províctima, expertos consideran que es una artimaña del mandatario para restarle fuerza a los movimientos ciudadanos como el de Javier Sicilia y que fue creada al vapor, sin un diseño coherente, presupuesto ni objetivos claros (Proceso 1824).

Según el documento, las participaciones de Laynez en el gobierno de Calderón como procurador fiscal implican también el diseño y negociación, por ejemplo, de las recientes reformas en materia de derechos humanos.

Laynez Potisek expuso en el folletín de su malograda campaña en La Haya: “Mi mayor motivación para ocupar este cargo estriba en la posibilidad de contribuir a la consolidación de la CPI como una verdadera herramienta al servicio de la comunidad internacional. Para ello el gran reto será lograr un equilibrio entre, por un lado, la correcta reparación a las víctimas –hombres, mujeres y niños de todo el mundo– que claman por la sanción de quienes han vulnerado gravemente sus derechos y, por el otro, el respeto al debido proceso y la objetiva e imparcial aplicación del derecho a todo acusado”.

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GABRIELA HERNÁNDEZ UEBLA, PUE.- Con nueve meses en el cargo, el gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas se ha ganado fama de autoritario, represor, megalómano, intolerante, revanchista y de recurrir a peores artimañas que su antecesor priista Mario Marín. Las quejas contra el mandatario –que llegó al poder respaldado por la coalición PAN-PRD-Panal-ConvergenciaPT– vienen de comerciantes, empresarios, activistas sociales, campesinos, sindicatos, periodistas, priistas, panistas y militantes de Convergencia y del PRD. Sus críticos aseguran que los funcionarios del panista recurren igual a las acciones legales que a las extralegales, lanzan filtraciones y ataques en los medios, reviven expedientes, boicotean, difaman, presionan, espían, intimidan, reprimen y hasta llegan al uso de la fuerza pública.

Desde que empezó el sexenio, los políticos que mantienen una postura crítica contra el mandatario y personajes que resultan “incómodos” o contrarios a los planes gubernamentales se convierten en blanco de ataques en la prensa o se ven envueltos en líos legales y acusaciones públicas.

El diputado local por Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) José Juan Espinosa Torres asegura a este semanario que Moreno Valle está rodeado de funcionarios que actúan de manera perversa, hacen uso de las instituciones para generar terror y hasta envían mensajes “al viejo estilo de la mafia siciliana” con tal de acallar cualquier voz crítica.

El exgobernador Manuel Bartlett afirmó en conferencia de prensa el pasado 27 de octubre lo que ya muchos poblanos dan por hecho, que el panista busca ser el Enrique Peña Nieto de 2018, pagando millones de pesos a Televisa y TV-Azteca y que por ello se empeña en tener el control de todas las fuerzas políticas en Puebla, incluyendo al PRI. La panista Ana Teresa Aranda, quien contendió por la candidatura del PAN contra Moreno Valle, dice a Proceso que lo que pudo considerarse un avance para la democracia, por la alternancia política en Puebla, ya no lo es tanto cuando llega un gobierno que tiende al autoritarismo, al control y a la megalomanía.

Quien fuera secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Fox acusó al mandatario poblano de usar a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal como “garrote político”. Apenas tres días después de que Aranda presentara una denuncia por amenazas de muerte –supuestamente motivadas por su postura crítica ante el gobierno local–, policías ministeriales eje-

Gustavo Herrera

P

cutaron una orden de aprehensión contra el exalcalde de Palmar de Bravo, Pedro Barojas de Rosas, afín a su grupo político.

La detención ocurrió el domingo 23 de octubre cuando el expresidente municipal llegaba acompañado de Aranda a la reunión del Consejo Estatal del PAN, en la cual participó Moreno Valle.

La PGJ informó que la captura se derivaba de irregularidades cometidas por Barojas cuando fue alcalde, casi una década antes –de 1999 a 2002– y que la orden de aprehensión en su contra había sido dictada el 25 de enero de este año. Aranda asegura que se trató de un “acto de persecución política”.

Otro político que mantiene un abierto enfrentamiento con Moreno Valle es Andrés Manuel López Obrador, quien varias veces ha dicho que en Puebla “se fue el góber precioso y llegó el góber mafioso”.

A principios de julio pasado desde las oficinas del gobierno estatal se divulgó en los medios la versión de que simpatizantes lopezobradoristas confabulaban para desestabilizar Puebla, luego de que gran parte de los grupos inconformes con

la administración panista se acercaron al Movimiento de Renovación Nacional en busca de apoyo.

Se trata de los comerciantes de la calle 46 Poniente y del llamado “Mercado de la Fayuca”, quienes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías estatales; los concesionarios de mototaxis, a quienes le anularon concesiones; integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Puebla, a los que se les ha negado la toma de nota; y ahorradores defraudados por inmobiliarias que reclaman apoyo del gobierno para recuperar su patrimonio.

“Nosotros no pretendemos la violencia, lo que hacemos es apoyar las causas justas, enfrentar al autoritarismo”, respondió López Obrador. Pero el gobierno poblano contestó en un boletín: “En Puebla los ataques sin fundamento de líderes mesiánicos que arropan causas ilegales y sin soporte social no tienen cabida, por lo que más que condenarlos los invitamos a dejar sus esfuerzos desestabilizadores y sumarse a la construcción del estado de

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ES TADOS / P U E B L A

Moreno Valle,

represor, revanchista, autoritario...

En Puebla no es pertinente disentir del gobernador panista Rafael Moreno Valle, menos aún criticarlo. De ello dan testimonio diversos actores políticos que han padecido los embates, no siempre abiertos y legales, del mandatario, al que califican de megalómano e intolerante. Se quejan de su proceder organizaciones sociales, comerciantes, periodistas y políticos de todo signo... hasta los de su partido.

paz y prosperidad que con mucho esfuerzo los poblanos construimos cada día”.

Represión El pasado 10 de octubre, representantes de 13 ONG entregaron al Congreso local un escrito en el que piden hacer un extrañamiento al gobernador por la política represiva contra movimientos sociales que caracteriza los primeros meses de su sexenio.

En conferencia de prensa, Raymundo Reyes Escobar, del Movimiento Constitucionalista, dijo que se tienen contabilizados al menos 35 actos de represión policiaca contra grupos sociales de Puebla y que ya se pidió la destitución de Ardelio Vargas Fosado, secretario de Seguridad Pública estatal, quien tiene en su historial haber sido mando operativo en la represión en San Salvador Atenco y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

A los reclamos por la actuación violenta de Vargas Fosado, Moreno Valle responde: “Mi gobierno es de estricta aplicación de la ley”.

Uno de los hechos recientes que más preocupa a las organizaciones es el desalojo violento, el 23 de agosto, de al menos 400 personas –mujeres, ancianos y niños entre ellos– que habían tomado un predio de la exhacienda de Atlamaxac, en el municipio de Chignahuapan. Desde ese día 31, campesinos están encarcelados y se les piden fianzas de entre 100 mil y 300 mil pesos, pese a que han demostrado que tienen un legítimo interés jurídico en el terreno.

Otro hecho que motivó la protesta de las ONG fue el encarcelamiento de cuatro ahorradores defraudados por empresas inmobiliarias, a quienes se acusó de haber cerrado la calle frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, cuando participaban en una manifestación.

También se quejan del proceso para la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Encabezadas por Todos Somos Puebla y Manos Unidas, 12 agrupaciones aseguraron que la elección de Adolfo López Badillo como ómbudsman fue una simulación dirigida desde el gobierno estatal.

El mandatario ha abierto otros frentes: contra algunos medios que lo acusan de represión y boicot publicitario (Proceso 1824) y contra académicos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se oponen a la construcción del viaducto Zaragoza (Proceso 1821).

Revanchismo Los primeros señalamientos contra Moreno Valle surgieron cuando tenía un mes en el gobierno. El empresario Ricardo Henaine Mezher, dueño del equipo de futbol Puebla, lo acusó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República por supuesta persecución política, abuso de poder y tráfico de influencias.

El empresario aseguró que las acciones en su contra eran parte del supuesto pacto de impunidad que acordaron Moreno Valle y Marín. “Me eligieron para que, mediáticamente, yo pague los platos rotos del marinismo”, declaró entonces Henaine.

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Sesión de

guien cuestione el valor social que tiene la música”, señala.

explicaciones

El señor de los desmentidos

UEBLA, PUE.- El vocero del gobierno de Puebla, Sergio Ramírez Robles, piensa que “el que calla, otorga” y, por lo tanto, advierte, no dejará sin respuesta ninguno de los señalamientos que “sin pruebas” se hacen contra el mandatario panista Rafael Moreno Valle.

El funcionario recibe a Proceso con un gran despliegue “multimedia”: camarógrafo de televisión, fotógrafo, grabadora y un pizarrón escrito de extremo a extremo con cada uno de los puntos que quiere rebatir. Sólo faltó la presentación en power point. Una empresa consultora podría cobrar alrededor de 20 mil pesos por un montaje tan minucioso.

En principio niega “categórico” que exista un plan “Peña Nieto-Puebla” para promover la imagen de Moreno Valle con miras a la candidatura presidencial de 2018.

“El gobernador está concentrado en transformar Puebla”, subraya.

En cuanto a las críticas que grupos sociales, periodistas y actores políticos han lanzado contra el mandatario estatal, Ramírez Robles exige “pruebas” y “hechos concretos” que demuestren que aquél es represor, revanchista o autoritario. Y deslinda al go-

bierno estatal de las constantes filtraciones de documentos y grabaciones a los medios locales, así como de los conflictos legales en los que, coincidentemente, se implica a personajes confrontados con el mandatario.

En cuanto al trato preferencial que le da a Televisa y TV Azteca afirma: “Si las televisoras voltean a Puebla es porque en Puebla están pasando cosas”.

Esas “cosas” que según él “están pasando” son las siguientes, de acuerdo con el gobierno del que es vocero: Puebla es la primera entidad que no es de sol y playa en obtener la sede del tianguis turístico para 2013, la que tuvo mayor crecimiento económico en los primeros dos trimestres del año, de acuerdo con el INEGI, y la que eligen para conciertos o como sede para convenciones los organismos privados.

Rechaza que el acercamiento del panista con Televisa y TV Azteca para el desarrollo de proyectos millonarios –como la construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) o la Escuela de Orquestas Infantiles– se deba a un pacto publicitario.

“Quisiera que alguien cuestionara el beneficio social del CRIT o si Puebla no merece tener un espacio para que todos los niños con alguna discapacidad tengan la atención que merecen; yo quiero que al-

Ramírez Robles ha causado polémica por las constantes cartas aclaratorias y desmentidos que manda a los medios y por las confrontaciones que ha tenido con periodistas o políticos que critican al gobierno. Asegura que hasta el momento lleva más de 150 cartas enviadas, pero no le parecen tantas... como vocero de la Secretaría de Economía federal envió alrededor de 600 en un año.

Niega que esta práctica pueda equipararse con hostigamiento o acoso pues defiende este ejercicio como un derecho que la Ley de Imprenta da al gobierno cuando una información “carece de fuente, pruebas o equilibrio”.

Por ello, dice que cuando políticos como Andrés Manuel López Obrador vienen a Puebla y llaman al gobernador “dictadorzuelo” y lo comparan con Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno está en su derecho de emitir un comunicado en el que ubica al tabasqueño como un líder mesiánico que arropa causas ilegales y lo invita a “dejar sus esfuerzos para desestabilizar” el Estado.

Ocurrió igual con la panista Ana Teresa Aranda, a quien en un boletín oficial Ramírez acusó de pretender aumentar su popularidad para lograr una candidatura al declarar a la prensa que había recibido amenazas de muerte por sus críticas a Moreno Valle.

En cuanto a la relación del gobierno con los medios, Ramírez rechaza que haya un boicot o asfixia económica contra los que mantienen una línea crítica y se refiere específicamente a las acusaciones de Rodolfo Ruiz, director del periódico digital E-consulta (Proceso 1824).

“Si en Puebla hay 40 medios la moles-

El mandatario emprendió acciones para recuperar el predio Valle Fantástico –que Henaine obtuvo en 2004 por una donación poco clara del gobierno estatal encabezado por Marín–, presionó para quitarle la concesión del aeropuerto Hermanos Serdán y comenzó una lluvia de denuncias contra el dueño del Puebla.

Una persona lo acusó por incumplimiento de pago de 200 millones de pesos, los socios minoritarios del equipo de futbol revivieron una vieja demanda y Francisco Bernat Cid, expresidente de ese club deportivo, inició tres juicios para tratar de recuperarlo.

A esto siguió, según sus abogados, una cascada de auditorías a las empresas de Henaine, la orden de congelar sus cuentas bancarias y un intento de intervenir la taquilla de los partidos de futbol. Además el pasado 28 de abril el gobierno estatal, con el uso de la fuerza pública, desalojó al periódico El Heraldo de un edificio que le había sido entregado en comodato en 1992.

En los últimos días corrió la versión de que Henaine está en pláticas para llevarse al equipo a otro estado la próxima temporada, movido por la presunta persecución del gobierno.

Del supuesto pacto entre Marín y Moreno Valle también habló públicamente el diputado Espinosa Torres cuando se opuso a que el Congreso local aprobara la última cuenta pública del góber precioso. El legislador pronto fue blanco de manifestaciones, amenazas y ataques mediáticos.

El pasado 9 de septiembre, la alcaldesa de San Pedro Cholula, Dolores Parra Jiménez, presentó una denuncia contra el diputado por supuesto intento de extorsión, a partir de que la grabación de una conversación entre el legislador y la funcionaria en la que ambos hablan de posibles “diezmos” a constructores fue filtrada a un medio poblano. Casi de inmediato diputados locales emprendieron acciones para tratar de desaforar a Espinosa Torres.

Caso similar fue el del auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Hernández Quintana, quien ocupaba el cargo desde el sexenio de Marín e insistía en terminar su periodo en 2016, pese a las presiones gubernamentales para que renunciara.

El 28 de septiembre, el Congreso aprobó revocar el cargo al presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, por supuestas irregularidades cometidas en su administración previa (2005-2008).

Días después, el alcalde presentó una denuncia penal contra el auditor, al que acusó de que pese a haber sido su asesor en su primera presidencia municipal, luego revisó sus cuentas públicas desde el OFS, con lo que incurrió en conflicto de intereses.

Casi de inmediato, la PGJ emitió la orden de aprehensión contra el auditor, aunque el edil se mantuvo en su cargo. Hernández Quintana se presentó amparado para rechazar los cargos, pero su situación

GABRIELA HERNÁNDEZ

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“e-consulta”

ES TADOS / P U E B L A

Ramírez Robles. Información a medias

tia será de cinco; tenemos 35 en permanente publicación que trabajan, con los que no hay ningún problema”. Apunta que “esos cinco” –con los que reconoce que hay fricción– todo el tiempo se manifiestan contra las acciones del gobierno.

“Pero es mentira que no se les esté asignando (publicidad) ni que se les condicione a otros medios. No hay ningún control; a todo el que se ha acercado se le ha otorgado publicidad”, asegura y se refiere al caso específico de E-consulta, cuyo director, dice, hasta ahora no se le ha acercado para demostrar la cantidad de visitas que registra su portal, aunque se le insiste en que es conocido públicamente en Puebla que ese medio es uno de los más consultados.

Señala que, en nueve meses, el gobierno ha pagado 17 mil pesos y están pendientes 120 mil por inserciones en ese medio es-

se complicó cuando fueron detectados dos camiones que trasladaban documentos de la cuenta pública de Marín supuestamente a dos bodegas clandestinas.

Hernández Quintana renunció y casi de inmediato se dio por hecho que el siguiente auditor será el actual subdirector de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, David Villanueva Lomelí, yerno del exgobernador Melquiades Morales Flores y “amigo entrañable” de Moreno Valle.

“El próximo nombramiento de David Villanueva Lomelí como auditor general del OFS significará cerrar la posibilidad de mejorar los procesos de fiscalización desde el Poder Ejecutivo y lo único que se está garantizando es que ahora el grupo morenovallista ya tiene el dominio del órgano para usar la aprobación de cuentas públicas como sistema de control de los presidentes municipales”, escribió el martes 1 en La Jornada de Oriente el columnista Fermín Alejandro García.

pecífico, lo que según él demuestra que no hay tal asfixia publicitaria.

De acuerdo con el guión Guiándose por los puntos anotados en su enorme pizarrón, el funcionario no quiere dejar sin respuesta ningún señalamiento.

Pone sobre la mesa un periódico para referirse a lo que ha publicado la prensa sobre el pago de 1 millón de pesos que obtuvo E-consulta de parte del alcalde panista Eduardo Rivera, así como las facturas por 10 millones de pesos que supuestamente cobró ese medio en el sexenio anterior. Asegura que las acusaciones de ese portal contra el gobierno están directamente relacionadas con su facturación.

También rechaza que alguna vez haya pedido a Ruiz quitar una foto de su portal

Control político Aunque Aranda es una de las pocas personas que se atreve a criticar públicamente a Moreno Valle, varios panistas –que piden el anonimato– reconocen los constantes desencuentros con el mandatario.

Lo acusan de haber nombrado sólo a dos militantes panistas en su gabinete y una de ellas, Myriam Arabián, dejó el cargo presionada por el mandatario cuando aún no se cumplían seis meses del sexenio; de haber incurrido en todo tipo de presiones para ganar el Consejo Estatal del PAN; de primero haber usado al Yunque y ahora atacarlo y de maltratar constantemente a los alcaldes del blanquiazul.

Aunque ninguno lo admite públicamente, las diferencias entre el gobernador y los alcaldes de Puebla, Eduardo Rivera, y de Tehuacán, Eliseo Lezama, son bien conocidas.

El choque más evidente ocurrió la noche del 15 de septiembre cuando Moreno

con el argumento de que a Moreno Valle no le gustaba cómo se veía. Dice que sólo una vez le habló al director de E-consulta para pedirle que retirara una nota en la que este medio acusaba a la Dirección de Comunicación de haber alterado una foto para borrar al alcalde Rivera de la imagen.

Insiste en que el gobierno de Moreno Valle es tan transparente que el organismo Causa en Común acaba de reconocer a Puebla como uno de los estados con mayor avance en el menor tiempo en esta materia.

Pero cuando se le pide un reporte de lo que se ha pagado hasta ahora por publicidad a cada medio, incluyendo a Televisa y TV-Azteca, el funcionario se atora: “Tengo un cierto presupuesto de publicidad y ese lo voy a transparentar, pero todo depende de las pautas publicitarias que voy mandando... ahorita no lo tengo a la mano, lo podría intentar trabajar, pero el asunto es cuánto tengo presupuestado... yo tengo presupuestado… la verdad no me acuerdo cuánto tengo presupuestado para publicidad, pero con todo gusto podría hacer un ejercicio”.

Pero insiste: “Cuando solicitan, yo respondo, pero lo hago de acuerdo al marco a la ley, ni respondo más ni menos”.

–Le estoy preguntando ahora –revira la reportera.

“No seas mala”, responde. “Me puedes ayudar a hacerlo por (solicitud a) transparencia, para yo poder tener la facilidad... si no lo busco, digo... de todas maneras no es problema”.

Ofrece que “tratará” de enviar la información, pero ya desde ese momento dice que aceptará que en la nota se haga la aclaración de que se le solicitó el reporte y que no cumplió.

Y en efecto no cumplió. O

Valle invitó al secretario federal del Trabajo, Javier Lozano, a saludar a los asistentes a la ceremonia del Grito y desairó al edil poblano, pese a que la ceremonia fue en el Palacio Municipal.

Pero también se quejan perredistas y priistas. El líder local de la corriente Izquierda Democrática Nacional, Jorge Méndez Spínola, acusó al gobierno estatal de filtrar panistas en el padrón de militantes del PRD para manipular la elección de integrantes de consejeros y favorecer al grupo afín a la candidatura de Marcelo Ebrard.

En el PRI un grupo encabezado por José Rocha asegura que la designación como dirigente municipal de Claudia Hernández, quien trabajó con Moreno Valle en el sexenio de Melquiades Morales, se deriva de un acuerdo entre el marinismo y el actual mandatario. Rocha asegura que los marinistas usan al PRI como escudo ante Moreno Valle para “salvar” sus cuentas pendientes.

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Juárez: “Ni a los muertos se les respeta” TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: GERMÁN CANSECO

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Después de las nueve de la mañana los juarenses comienzan a llegar a los panteones a recordar a sus muertos, llevarles flores, arreglar sus tumbas y pasar un rato con ellos; antes, claro, de que la tarde caiga y la luz se apague, porque en esta ciudad los cementerios también son peligrosos.

El San Rafael, también conocido como “el panteón del olvido”, ubicado a las orillas de esta ciudad, se ve abarrotado desde temprano. Este año más familiares vienen a ver a sus muertos, ya sea porque se acuerdan más o porque aumentó el número de asesinatos. En 2010, 3 mil personas se sumaron a las víctimas de la violencia en esta ciudad fronteriza, mientras que en 2009 la cifra era sólo de mil 500. Ese fue el año más violento para Juárez, según estadísticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Algunos familiares traen flores de cempasúchil; otros, arreglos que se venden afuera del panteón; pero la mayoría lleva palas, escobas y una cruz de madera o de fierro, porque los malvivientes se robaron ya las que había, así como el aire arrasó los túmulos de tierra. Tienen que arreglar unas tumbas que en realidad son

bordos sin numeración ni nombres ni marcas que sirvan para encontrar a los familiares. Solamente se sabe que los últimos promontorios son los más recientes.

El viento sopla con fuerza en estas primeras mañanas de noviembre. El montón de tierra que se tenía destinado a las sepulturas va desapareciendo y el polvo arrastra restos de basura. En el mejor de los casos una flor llega a otra tumba.

La familia Machado llegó desde temprano para barrer y arreglar lo que queda de la tumba de Ernesto. Para que la tierra se quede ahí y no se roben las flores, ponen piedras a los lados.

Del otro lado del cementerio, la zona destinada a las fosas comunes se ve desierta. A lo lejos se puede observar alguna flor, y algunos montículos que sostienen aún las cruces sin nombre. Hay sepulturas que nadie, ni por error, visita.

A diferencia del panteón de San Rafael, al de Colinas de Juárez casi no acuden los familiares.

Sin embargo en ambos la gente se queja del robo de las cruces y la destrucción de sepulturas. Algunas cruces de madera terminan en los botes de basura. «En Juárez ya ni a los muertos se les respeta», comenta un visitante. O

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REP ORTE G R Á F IC O

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“Brecha en la roca” es la novela que Héctor Raúl Almanza dedica a la dificultosa formación del primer sindicato petrolero que, a la larga, produjo la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas. En este texto, Raquel Tibol juega hábilmente con las aproximaciones históricas e ideológicas, y liga la muestra del arte prehispánico al contemporáneo de México en París en 1962 con una apropiación de Octavio Paz del catálogo de la misma. Este recuento es asimismo una reflexión profunda de lo que vive el país inmerso en la corrupción.

El sindicato petrolero y la

expropiación 62

1827 / 6 DE NOVIEMBRE DE 2011

Monumento en Poza Rica, Veracruz

http://eljejen.com/

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RAQUEL TIBOL

E

n el medio literario mexicano se da el fenómeno que en el siglo XX se denominaba disco rayado. Esto sucede cuando la aguja del tocadiscos no cambia de surco y el sonido se repite. En la circunstancia que menciono se repiten los mismos nombres cuyas personas intercambian alabanzas, reciben semejantes homenajes, premios, soportes económicos. En ese surco caben muy pocos nombres del pasado, quizás ninguno que se haya ocupado de concretas luchas sindicales.

Pongo como ejemplo a Héctor Raúl Almanza (San Luis Potosí, 20 de agosto de 1912).

Abogado, novelista, editor, maestro.

Cursó la carrera de derecho en la Universidad Nacional Autónoma. Colaboró con artículos en El Heraldo del estudiante, Letras Potosinas, Siempre!... Ingresó al servicio exterior mexicano en 1955. Publicó numerosas novelas: Gotas (1938), Huelga blanca (1950), Candelaria de los Patos (1952), Brecha en la roca (1955), Pesca brava (1960), Detrás del espejo (1962), Ya despunta la aurora (1986).

Tuve la suerte de cultivar cierta amistad con Almanza cuando en 1962 recorrí por mi cuenta Europa Occidental para levantar la solidaridad (entonces casi apagada) con David Alfaro Siqueiros, preso en Lecumberri desde 1960. Comencé por París, donde Fernando Gamboa, con la estrecha colaboración del entonces muy joven arquitecto Eduardo Terrazas, acababa de inaugurar en el Petit Palais la exposición de arte mexicano del prehispánico al contemporáneo, para cuyo voluminoso catálogo había yo redactado los textos para todos los periodos.

Aproveché mi estancia para pasar a saludar a Héctor Raúl Almanza, quien entonces se desempeñaba como tercer secretario en la Embajada de México en Francia, mientras que Octavio Paz ocupaba el puesto de primer secretario. Estaba yo en la oficina de Almanza, de espaldas a las puertas abiertas que daban al pasillo circular del primer piso, cuando sin expresar saludo alguno (era evidente el disgusto entre ambos personajes por sus polarizadas posiciones políticas; el de izquierda era Almanza, aunque en esos días Paz se había acercado a los trotskistas que en Francia estaban muy activos contra la Unión Soviética), Octavio me dijo secamente: “Cuando concluya aquí pase por mi oficina”.

Entré, me senté y lo primero que me preguntó fue: “¿Ya vio la exposición”.

“Muy superficialmente, tengo que volver”, le contesté. Con voz entusiasta comentó: “Lo mejor de la exposición es el catálogo y lo escribí yo”. Con mi estómago fruncido no le pude contradecir pues no había yo cargado con mis copias y tenía que espe-

rar el regreso a México, tras mi largo viaje, para cotejar catálogo y textos. Pues bien, Gamboa sólo había cambiado mi capitulito sobre la cultura maya por un breve artículo sobre el tema escrito con anterioridad por Octavio, y nada más. Era tan burda la supuesta apropiación que me dio pena reclamarle, como sí lo hice en las páginas de Proceso cuando compuso una abreviatura profusamente publicada de mi monografía sobre Hermenegildo Bustos, sin darme el crédito correspondiente.

En 1956, con una cordial dedicatoria, Almanza me había obsequiado Brecha en la roca, libro que hoy tendría que estar en las bibliotecas de aula, pues con lenguaje sencillo y preciso el autor da cuenta de la muy difícil conformación del primer Sindicato de Petroleros, sin cuya integración y su hábil y heroica lucha contra las compañías extranjeras, principalmente estadunidenses, no hubiera sido posible llevar a cabo en 1938 la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. Aquellos trabajadores muy humildes, muy mal pagados, discriminados burdamente por los funcionarios extranjeros, infiltrados por criminales delatores que costaron las vidas de los más aguerridos, con viviendas menos que deficientes e insalubres, sin servicios médicos, sin respeto a sus elementales derechos, fueron poco a poco avanzando de manera subrepticia, con auténtico sentido de clase, aglutinando a los grupos de todos los campos en explotación.

Para medir la diferencia entre aquellos trabajadores y los actuales dirigentes del Sindicato Petrolero hay una sola vara: la que va de la honestidad a la máxima corrupción propiciada y promovida por las autoridades, que al solapar a los Romero Deschamps, colocado y amarrado por Carlos Salinas de Gortari, para enmascarar latrocinios y negocios chuecos de quienes detentan jefaturas, apoyados por la Presidencia de la República, el Poder Legislativo y otras instancias durante varias generaciones.

Con una trama interpretada por los obreros, sus familias y la población tan desprotegida como ellos, Héctor Raúl Almanza dibuja una situación tanto o más valiosa que las tan traídas y llevadas donaciones de diversos sectores sociales, cuya promoción fue interpretada a la hora de la expropiación por Amalia Solórzano de Cárdenas.

Uno de los personajes más emotivos de Brecha en la roca, por estar trazado con una clara y generosa conciencia de la situación, es doña Teresa Iriarte viuda de Gómez, cuyo marido, tres hijos, un yerno y otros trabajadores murieron en una emboscada de guardias blancas de la Huasteca Petroleum Company, ubicada en el Cerro Azul de Ébano, en cuya expansión querían apropiarse, mal pagando, de las tierras de esos nativos, para importar más personal estadunidense de California y Tejas.

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Quienes comprendían la ineludible necesidad de construir un Sindicato Petrolero nacional, nombraban emisarios que en su trayecto a otros campamentos eran asesinados en el camino por los delatores infiltrados. Es entonces cuando doña Tere, moviéndose con absoluto secreto y con el ingenio de quien conoce las trampas del enemigo, logró llegar a la lejana región de Mata Redonda, en Tampico, donde se encontraba la cabeza del movimiento incipiente e hipervigilado, así como una importante refinería.

Doña Tere se estaba metiendo en la boca del lobo, pero logró con su astucia y la complicidad de los compañeros, sortear cualquier sospecha militante en el alebrestamiento sindical y dar el mensaje para que arrancara la necesaria unidad de los que estaban en pro del sindicato en Cerro Azul, los Naranjos, Tampico y México. En la figura y la acción de esta anciana, Almanza supo rendir el mejor de los homenajes a las mujeres del pueblo sencillo que ayudaron, jugándose la vida, al triunfo de una causa de trascendental importancia.

En Brecha en la roca Almanza desarrolló paso a paso los pros y los contras de un sindicato que fue adquiriendo la fuerza y la autoconfianza suficientes para enfrentarse ideológica y físicamente, por medio de huelgas de hambre o de brazos caídos, con los dirigentes soberbios y explotadores de las compañías extranjeras, quienes hacían burla de los estrechos e insalubres cajones que les servían de viviendas, de su falta de agua potable o del alcantarillado. Les retenían los salarios, les robaban los alimentos, los hostigaban y humillaban de múltiples maneras, les negaban la indispensable quinina para aminorar los agotantes síntomas del paludismo que cundía en las regiones tropicales. Las exigencias detalladas en los contratos no pasaban de letra muerta. Cuando contando con la aprobación de la mayoría de sus componentes, el sindicato nacional decidió estallar una huelga general, con una organización y vigilancia a prueba de esquiroles, Almanza pone en boca de un dirigente esta advertencia: “Una huelga no quiere decir unas vacaciones sino una lucha, un esfuerzo sostenido, quizás más difícil de realizar que el trabajo ordinario, porque a veces, por la misma suspensión de las labores, tendremos que ejecutar nuestros servicios de vigilancia con el estómago vacío.”

Después de muchas juntas y asesorados por técnicos y economistas, llegaron a la conclusión de que la Ley Federal del Trabajo les permitía a los petroleros de la República Mexicana exigir una reglamentación particular, tal como la disfrutaban los ferrocarrileros, los mineros y otros gremios.

El Sinicato Petrolero suspendió las labores petroleras en todo el país. Para la econo-

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