EL ZAR DEL JUEGO, SUS TRANZAS, SUS SOCIOS

CA SI N O S

La edición

secuestrada a edición 1819 de la revista Proceso, que circuló la semana pasada, fue comprada masivamente en las ciudades de Monterrey, Durango, León y Puebla. En las cuatro plazas los ejemplares fueron adquiridos por desconocidos que se llevaron las dotaciones completas, presuntamente para evitar su circulación.

El asunto principal de esa edición de Proceso, destacado en portada, fue un reportaje sobre el llamado Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, escrito por los reporteros Jesusa Cervantes y Álvaro Delgado y cuyo título en páginas interiores fue El gran corruptor y sus corrompidos.

Al texto lo ilustró una fotografía en la que aparece Rojas Cardona acompañado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y Emilio Berlié Belaunzarán, arzobispo de Yucatán.

También están Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, senador panista por Durango; Iván Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros del PAN; David Aguilar Romero, vocero de la alcaldía panista de León, Guanajuato; Arturo Rojas Cardona, presidente de Entretenimiento México, y José Serrano Montoya, operador panista de El Zar de los Casinos.

De acuerdo con la información recabada por la Gerencia de Ventas y Mercadotecnia de

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este semanario, los ejemplares fueron comprados en los estanquillos abiertos y en los locales cerrados, como Sanborns, Vips, Walmart, Comercial Mexicana, y en librerías y revisterías de los aeropuertos.

A Monterrey se enviaron 2 mil 368 ejemplares, los cuales fueron adquiridos en paquete y el lunes 12 ya no habíaningún ejemplar. Al día siguiente se envió una dotación extra de 400 ejemplares, que se agotó el miércoles 14.

En esa ciudad el gerente del Vips ubicado en el cruce de las calles Escobedo e Hidalgo informó que en los 14 establecimientos de esa cadena del área metropolitana varias personas compraron las dotaciones de Proceso.

Señaló que es la primera vez que en esos establecimientos se compra masivamente el semanario.

El gerente incluso relató que el domingo 11 él estaba hojeando la revista cuando una de sus empleadas le preguntó si podía entregársela. Él le preguntó la razón y la empleada le dijo que había un desconocido que estaba comprando todos los ejemplares y quería saber si la revista que él tenía en las manos también estaba en venta.

Asimismo se vendieron los mil 259 ejemplares que se enviaron a la ciudad de Durango. En pocos locales, como en El Palacio de las Revistas, en la calle 20 de Noviembre, uno que otro lector pudo comprar una revista de

manera individual. Sin embargo, por Twitter circuló ampliamente la edición digital de ese número.

En el diario local El Siglo de Durango el martes 13 se publicó un artículo firmado por el “Dr. Leal” en el que se especuló que el “decomiso” obedecía a que Proceso señala que Rojas Cardona patrocinó al senador Dorador.

Y también a la “fotografía comprometedora” donde aparecen “el senador Rodolfo Dorador y miembros de la alta jerarquía católica con El Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, prófugo de la justicia de Estados Unidos”.

Por su parte, en una entrevista con el Canal 12 de Durango, Dorador aseguró que no tenía ningún vínculo con Rojas Cardona. “En lo absoluto”, dijo. Y señaló que no tenía “claridad” sobre el acto en el que se tomó esa foto, puesto que “hay muchos eventos a los que asistimos… es un evento que seguramente yo no organicé”.

A León se enviaron 651 ejemplares, que también se vendieron de inmediato, por lo que tuvieron que enviarse 100 más.

No se pudo constatar si detrás de ese operativo de compra estuvo el panista David Aguilar Romero, director de Comunicación Social del ayuntamiento de León, y quien también aparece en la controvertida fotografía, donde se le señala como el “politólogo panista de Rojas”.

Desaparecen a Proceso, tituló el periódico A.M. una nota informativa publicada el martes 13 con base en testimonios de voceadores y empleados de las dos tiendas Sanborns de esa ciudad.

José Luis Méndez, subgerente de una de ellas, dijo sorprendido: “Esto no es común” y detalló que los ejemplares se agotaron desde el domingo 11, tan pronto llegaron a la ciudad.

El portal electrónico Zona Franca también dio cuenta de la compra masiva de ejemplares, en notas informativas y en la columna del editor Arnoldo Cuéllar: Guanajuato, escenarios políticos.

En su columna, Cuéllar señala que “la desaparición de Proceso en los estanquillos de León” sólo “se explica” por la “aparición” de David Aguilar Romero, “vocero del municipio que gobierna Ricardo Sheffield Padilla”.

Finalmente, los 4 mil 402 ejemplares de este semanario que se enviaron a Puebla fueron sacados de circulación en circunstancias similares. A petición de los voceadores poblanos que se quedaron sin ejemplares, a esa ciudad se enviaron 100 revistas más.

Generalmente fue gente joven la que, en los cuatro lugares, llegó a comprar los ejemplares del semanario. Sin identificarse y de manera amable, simplemente pedían en cada estanquillo y local que les vendieran todos los números disponibles de esa edición (Luciano Campos, Verónica Espinosa y Rodrigo Vera). O 1820 / 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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La imagen-bomba a fotografía publicada en la página seis de la edición 1819 de Proceso provocó temblores dentro del mundo de los casinos y en el seno del PAN, tanto en el Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León como en el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su presidente Gustavo Madero. Hubo quien se atrevió a decir que era una fotografía “truqueada”, es decir, manipulada, y que por lo tanto se estudiaba la posibilidad de proceder legalmente contra la revista.

Pedro Nava Malagón, abogado de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, comentó el martes 13 a la periodista Carmen Aristegui y a Ciro Gómez Leyva el miércoles 14 –en su noticiario de MVS la primera, en su espacio radiofónico el segundo– que la foto estaba “truqueada” y que procedería legalmente contra este semanario. “¿Cómo sabe?”, le preguntó Aristegui a Nava Malagón. “Porque tenemos la fotografía original. No la puedo mostrar porque la estoy integrando a un expediente judicial”, contestó el abogado. Trató de puntualizar, en una confusa explicación: “Pusieron a personas que no están ahí, quitaron otras que estaban y además la están descontextualizando; esta fotografía es de un evento en una inauguración de una escuela pastoral o alguna cuestión así…”.

Con Gómez Leyva participó también Eduardo Campos, vocero de la empresa de apuestas Entretenimiento de México, quien comentó que “en la original que nosotros hemos visto, por ejemplo, falta el rector del Tecnológico de Monterrey”. Dijo que cuentan con la fotografía original, por lo que han iniciado la integración del expediente correspondiente para que Nava Malagón “proceda en los tribunales como corresponde”.

Como dato complementario hay que mencionar que Nava Malagón forma parte del equipo de abogados del despacho de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano.

Proceso obtuvo la misma fotografía en una versión de mayor calidad que la reproducida en

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su edición anterior, con un personaje eliminado en el extremo derecho de la primera: el sacerdote Hernán Gerardo Zambrano Margáin.

En la foto del miedo aparecen, entre otros.

Iván Garza Téllez fue director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal en San Nicolás en el trienio del panista Zeferino Salgado Almaguer. Al concluir esa administración fue secretario de Evaluación y Análisis del PAN estatal y ahora dirige el Registro Nacional de Miembros de ese partido.

José Serrano Montoya es accionista minoritario de Tango Publicidad y Medios México –donde Gerardo Alberto Rojas Cardona tiene el mayor número de acciones (99)– y dueño de la empresa Latin Power Music. Según un documento del PAN nuevoleonés, es el intermediario para que por medio de Tango Publicidad apoye campañas políticas para luego cobrar el favor.

Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.

Gerente del Bellavista en San Nicolás y luego su propietario. Tiene casinos en Monterrey, Guadalupe, Escobedo y Cancún, y un restaurante en esta última ciudad. Salió ileso de un atentado en 2007.

Norberto Rivera Carrera es el arzobispo primado de México.

Emilio Berlié Belaunzarán, arzobispo de Yucatán, lo fue de Tijuana de 1983 a 1995, cuando el cártel de los Arellano Félix se entrevistó con el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione.

Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Senador panista por Durango, exdiputado federal y fallido candidato a la alcaldía de Durango en 2004.

David Aguilar Romero. Vocero del municipio de León.

Arturo Rojas Cardona, propietario de las más de 20 empresas creadas para operar casinos y de Entretenimiento de México, gracias a la autorización entregada por Santiago Creel en 2005.

Hernán Gerardo Zambrano Margáin, párroco de la iglesia de Santa Engracia en San Pedro Garza García, Nuevo León. O

Juan José Rojas Cardona

Rodolfo Dorador Pérez Gavilán

José Serrano Montoya Cardenal Norberto Rivera Carrera

Iván Garza Téllez

Arzobispo Emilio Berlié Belaunzarán

David Aguilar Romero Párroco Hernán Gerardo Zambrano

Arturo Rojas Cardona

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El gran

JESUSA CERVANTES Y ARTURO RODRÍGUEZ

estafador

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Cámara de Diputados

Juan José Rojas Cardona y su hermano Arturo erigieron su imperio de casas de apuestas a base de desplumar a empresarios de México y Estados Unidos y aun a la tribu chippewa de Arizona. En 2007, cuando los defraudados reclamaron sus dividendos, El Zar de los Casinos y su hermano cometieron una pifia que hoy podría dejarlos en la bancarrota: solicitaron un préstamo cercano a los 80 millones de dólares al fondo británico Bluecrest para liquidar sus adeudos. No cumplieron y enfrentan un juicio desde hace dos años. En julio pasado, el magistrado Rodolfo Pasarín Luna, del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León, resolvió que El Zar debe pagar lo que debe a Bluecrest, así como 300 millones de pesos a otros acreedores.

i pierden los juicios que enfrentan en México y Estados Unidos por estafa mercantil, los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona podrían quedarse sin el permiso que les otorgó la Secretaría de Gobernación en 2005 para operar un centenar de casas de juego.

Documentos judiciales de México y Estados Unidos obtenidos por Proceso revelan que El Zar de los Casinos estafó a empresarios de ambos países para erigir su imperio de casinos denominados Palmas en varios estados y granjearse la amistad de la clase política regiomontana y federal.

Hoy, por ejemplo, la empresa de Rojas Cardona Entretenimiento de México (Emex) enfrenta un juicio interpuesto por los fondos ingleses Bluecrest Special Situations IBV y Bluecrest Special Situations Masterfund LTD (Bluecrest), quienes alegan que le prestaron 78 millones de dólares para invertirlos en casas de apuestas, hoteles, agencias de viaje, spas y la industria del entretenimiento que gira alrededor de este sector.

La querella está radicada en el Tercer Tribunal Colegiado Civil, y el 5 de julio último el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Distrito resolvió a favor de los británicos, toda vez que Rojas Cardona utilizó los fondos de Bluecrest para reembolsar el dinero a quienes había estafado anteriormente.

Los británicos comenzaron a inquietarse porque Emex no les pagaba, por lo que decidieron presentar su demanda el 24 de septiembre de 2009.

Pidieron también que a su deudor se le declarara en concurso mercantil, lo cual lograron en julio pasado.

El día 5 de ese mes, el magistrado Rodolfo Pasarín Luna, del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con sede en Nuevo León, resolvió que El Zar debe pagar lo que debe a Bluecrest, así como 300 millones de pesos a otros acreedores y declaró a su empresa Emex en concurso mercantil.

Asimismo, notificó a la Secretaría de Gobernación para que cancele a Rojas Cardona el permiso para operar hasta 100 casas de apuestas con base en el artículo 34 fracción IV del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, según el cual esos permisos se cancelan por “concurso mercantil, disolución, liquidación o extinción del permisionario y, tratándose de personas físicas, por concurso o fallecimiento del permisionario”.

A lo largo del litigio se documentó que El Zar de los Casinos basa su prosperidad en la estafa a empresarios de México y Estados Unidos, pues omite entregarles la parte que les corresponde por las ganancias que generan los establecimientos.

Proceso obtuvo también copias de registros de las empresas de Rojas Cardona establecidas en ambos países que documentan la forma en que embauca a hombres de negocios. En algunos casos, por ejemplo, les pide dinero para construir y equipar casinos, pero luego cancela las compañías y se queda con su dinero.

William Andrew Graven, propietario de la empresa Gamefull Fiesta LLC relató el 17 de octubre de 2008 a Milenio Diario que se asoció con Rojas Cardona en el negocio de los casinos y que éste le habló sobre las aportaciones financieras a las campañas presidenciales de 2006: “Luego de que El Zar de los Casinos le presumió sus contactos con el gobierno mexicano, su permiso federal para operar casas de apuestas y hasta una Biblia firmada por el cardenal Norberto Rivera, Graven decidió invertir en el negocio”, informó Milenio.

Graven y los chippewa Y aun cuando Graven es uno de los empresarios estadunidenses timados entre 2004 y 2006 por Juan José Rojas Cardona, nunca lo demandó, pese a que perdió 3 millones de dólares.

En su edición del domingo 11, este semanario informó que Rojas Cardona contactó en Las Vegas a Bart Masi y lo convenció para que se asociara con él para operar el primer casino en Monterrey –El Bingo de la Suerte–; más tarde Masi conoció a sus paisanos John Georges y Yoing Lee, apodado Míster Lee, quienes montaron el casino Buenavista en San Nicolás, Nuevo León (Proceso 1819).

Georges y Lee también fueron defraudados por El Zar, aunque se desconoce por cuánto. No obstante sus nombres se mencionan en la demanda interpuesta por Bluecrest contra la empresa Emex.

Entre los defraudados por Rojas Cardona en Estados Unidos también se encuentran los 500 miembros de la tribu chippewa, de Arizona. En 2006 Paul Rupert los convenció de que se unieran a los inversionistas (Georges y Lee), que estaban haciendo su fortuna con los casinos que operaban en México a través de Rojas Cardona.

La tribu aceptó. El 28 de agosto de ese año entregó a los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona 6.5 millones de dólares a través de la empresa Lac Vieux Desert Band of Lake Superior Chippewa Indians (LVD) Según el acuerdo, a través de LVD los

chippewa recibirían las “participaciones de flujo de ganancia” que generara el casino Palmas que se inauguró dos días después, el 30 de agosto, en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. La tribu no recibió ningún dividendo.

Juan José Rojas Cardona engañó de manera similar y por las mismas fechas a los chippewa y a Graven. Con el dinero que le prestaron, él y su hermano Arturo crearon 25 empresas denominadas Juegos de Entretenimiento y Videos en otras tantas ciudades.

Asimismo, en Las Vegas creó empresas espejo a las que denominó Recreation Holdings. En todas aparece como gerente Bart Masi, a quien Juan José invitó para que operaran juntos El Bingo de la Suerte en 2003 en Monterrey. De hecho fue Masi quien le presentó a sus paisanos Georges y Lee (Proceso 1819). Al año siguiente, 2007, la mayoría de esas empresas fueron disueltas.

Siempre figuraron con cero centavos.

Graven, dueño a su vez de la empresa Gamefull Fiesta, tenía 99% de las acciones de 18 de las 25 empresas mexicanas, mientras que Arturo Rojas Cardona sólo tenía una acción.

El 17 de noviembre de 2008 Graven aclaró que aparecía en esas sociedades porque acordó con Juan José Rojas establecer 18 casinos en otras tantas ciudades de la República, para lo cual, dijo, El Zar le pidió una aportación de 90 millones de dólares, la mitad de la inversión programada.

Según Graven, en noviembre de 2006 había entregado 3 millones de dólares. Dijo también que su socio Juan José le comentó que los casinos se instalarían después del 1 de diciembre de ese año, cuando tomara posesión el presidente Felipe Calderón. No obstante, comentó, días antes canceló los contratos con Graven. El empresario nunca recuperó su dinero.

Para 2007, las 18 empresas mexicanas y las de Estados Unidos fueron dadas de baja. Y así como los chippewa perdieron 6.5 millones de dólares, Graven perdió 3 millones, no obstante que Rojas Cardona hoy regentea los casinos Palmas y Playboy en Cancún, Quintana Roo. Al año siguiente los chippewa demandaron por fraude a los hermanos Juan José y Arturo Rojas en la corte de Arizona, así como a sus empresas: Emex, Juegos de Entretenimiento y Videos de Guadalupe, Guadalupe Recreation Holdings y Atlántica de Inversiones Corporativas (Atlico), una sociedad constituida en Panamá cuyo dueño único es Arturo Rojas Cardona.

El expediente 1 CA-CV 11-0128, radicado en la División Uno de la Corte de Apelaciones en materia civil de Arizona, indica que en lo que va de 2011 se han realizado 22 diligencias. En la más reciente, la del 29 de agosto, el juez Lawrence F. Winthrop, del distrito de Maricopa, Arizo-

na, ordenó la restitución del procedimiento. Las partes fueron convocadas a una audiencia para el jueves 29.

El caso de los hermanos Naim Sarkis Hace dos años los hermanos Antonio y Alfredo Naim Sarkis, mexicanos de ascendencia libanesa, acordaron con Juan José Rojas Cardona participar en la creación del casino Palmas-Ajusco, en el sur de la Ciudad de México.

Incluso pusieron el terreno y parte del equipo para la casa de juegos. Una vez instalada les pasó lo mismo que a Graven y los chippewa: los hermanos Naim Sarkis nunca recibieron sus participaciones.

Antonio y Alfredo, socios de las empresas Big Love Investments, Luxury Entertainment Group y Garden Group LP, registrados en Hidalgo, Texas, firmaron un acuerdo con Emex que incluía la creación de una empresa espejo en Las Vegas: Emex Holding LLC, con Bart Mesi como gerente, en la que también tenía participación Garden Group.

De acuerdo con el litigio interpuesto por los hermanos Naim Sarkis, que se ventila en la Corte de Apelaciones del Distrito 30 en Edimburg, Texas, el acuerdo celebrado con la empresa de los Rojas Cardona, los Naim aportaron “una fuerte inversión” para poder recibir 34.4% de los ingresos que generara el casino Palmas-Ajusco.

En el expediente 13-09-591-CV –integrado por la Corte tras una apelación de Emex contra una medida cautelar dictada por un juez en mayo de 2010–, los Naim afirmaban que en un principio sus socios argumentaron que no había ganancias porque la obra no se había terminado.

Sin embargo, una vez que el casino abrió sus puertas los hermanos Rojas Cardona no pagaron a sus socios el porcentaje convenido. Por ello, los agraviados exigen ahora el monto de las participaciones que les corresponde, además de los intereses moratorios y los cargos generados por el atraso en los pagos.

No obstante, es la querella presentada en México contra los hermanos Rojas Cardona y sus empresas por el fondo británico Bluecrest la que exhibe el modus operandi de El Zar de los Casinos.

Ahora se sabe que Juan José y su hermano embaucaron a empresarios con la promesa de hacerlos socios de sus empresas en México y Estados Unidos, la mayoría de las cuales nunca operaron o lo hicieron de manera efímera. Y aun cuando nunca les entregaron las participaciones que les correspondían, solicitaron dinero a Bluecrest con el argumento de pagar a sus acreedores, pero nunca lo hicieron. Ahora enfrentan un juicio por fraude interpuesto por el fondo británico.

CA SI N O S Bluecrest celebrรณ el 5 de diciembre de 2006 el contrato de un primer prรฉstamo por 14 millones 970 mil dรณlares con Juegos Monterrey, propiedad de El Zar de los Casinos, en la cual firmรณ como aval su otra empresa: Emex. El 13 de septiembre de 2007 firmรณ otro por 63 millones de dรณlares. ยณ(O RULJHQ GH HVRV FUpGLWRV GDWD GH IL QDOHV GH FXDQGR ORV VHxRUHV $UWXUR \ -RVp 5RMDV &DUGRQD SRU VX SURSLR GH UHFKR R HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH KHFKR R GH GHUHFKR \ GH PDQHUD GLUHFWD H LQGLUHF WD GH GLYHUVDV VRFLHGDGHV WDOHV FRPR OD KR\ GHPDQGDGD (PH[ EXVFDURQ GLYHU VDV IXHQWHV GH ILQDQFLDPLHQWR SDUD HIHFWRV GH LQYHUWLU HQ HO QHJRFLR GH FDVLQRV HQ OD 5HS~EOLFD 0H[LFDQDยด VHJ~Q ODV FRSLDV GH ORV FRQWUDWRV REWHQLGDV SRU 3URFHVR < DXQ FXDQGR ORV FRQWUDWRV VH PRGLIL FDURQ YDULDV YHFHV HQ XQR GH HOORV FXDQGR VH KDEODED GH PLOORQHV GH GyODUHV VH LQ FOX\y HQ OD FOiXVXOD VpSWLPD SDUD SUHFLVDU ยณ6H DFRUGy SRU ODV SDUWHV TXH ORV UH FXUVRV PDWHULDOHV GHO PLVPR VHUtDQ GHVWL QDGRV HQ VX WRWDOLGDG DO SDJR GH OD SDUWL FLSDFLyQ DFFLRQDULD GH GLYHUVDV SHUVRQDV ItVLFDV \ PRUDOHV UHSUHVHQWDGDV HQWUH RWURV SRU HO VHxRU -RKQ *HRUJHV HQ ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDVยซยด *HRUJHV \ /HH IXHURQ ORV SULPHURV H[ WUDQMHURV D ORV TXH GHIUDXGy (O =DU GH ORV &DVLQRV

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La Corte

tambiรฉn juega Archivo Proceso

En materia de sorteos y autorizaciรณn para la apertura de casas de apuestas, la Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn tambiรฉn hace su juego.

Algunas veces los fallos de sus ministros son azarosos y aun provocan divisiรณn en el mรกximo tribunal, pero sobre todo llama la atenciรณn el sigilo con el que se conducen, amparados en sus normas de protecciรณn de datos, lo que impide que la ciudadanรญa sepa a quiรฉnes benefician sus sentencias o quiรฉnes son los empresarios afectados.

El casino que regentea Rojas Cardona

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

l aval de la Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn (SCJN) al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos facilitรณ la proliferaciรณn de las casas de apuestas en Mรฉxico y desatรณ la evasiรณn de impuestos por parte de los empresarios de ese ramo.

A partir de que, en enero de 2004, el supremo tribunal diera validez constitucional al reglamento elaborado durante el gobierno de Vicente Fox, comenzรณ a recibir decenas de solicitudes de amparo de los dueรฑos de esos establecimientos con el propรณsito de evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

E Eduardo Miranda

El juicio

No sรณlo aprovecharon la falta de control de la Secretarรญa de Gobernaciรณn, sino intentaron tambiรฉn eludir sus obligaciones ante la Secretarรญa de Hacienda. De acuerdo con la informaciรณn pรบblica de la propia Corte, hasta la fecha los dueรฑos de ese tipo de negocios han interpuesto 56 recursos en busca de amparo contra los cobros hacendarios establecidos por el Congreso de la Uniรณn.

La mayorรญa de las peticiones han sido negadas, pero no se sabe cuรกles son las razones sociales o las personas fรญsicas que han acudido al tribunal, toda vez que รฉste ha reservado los nombres de los โ quejososโ , de acuerdo con sus normas de protecciรณn de datos.

En los recursos que se han tramitado ante la SCJN โ en los que hay solicitudes de atracciรณn, contradicciรณn de tesis y asuntos penalesโ , apenas se identifica a empresas como Libros Forรกneos, Punta Deportes, Cosmo Design, Espectรกculos Latinoamericanos Deportivos, Operadora Cantabria, Operadora de Espectรกculos Deportivos y Juegos de la Frontera.

De los 56 amparos enlistados en la Corte en relaciรณn con los juegos y sorteos, tramitados despuรฉs de su aval al reglamento, tres han sido concedidos por las dos salas del mรกximo tribunal.

El 9 de marzo de 2005, a propuesta del ministro Sergio Valls Hernรกndez, la Pri15

José Manuel Jiménez

CA SI N O S

Fox y los ministros Zaldívar y Ortiz Mayagoitia. Enredos y complicidades Octavio Gomez

mera Sala de la Corte concedió por unanimidad el amparo 1697/2004 a la empresa Cosmo Design en relación con las participaciones establecidas por Gobernación para las funciones de prevención social y asistencia, independientemente del pago de impuestos. La empresa estuvo representada por Luis Calvo Díaz pero la Corte no publicó más datos sobre el recurso.

Apenas el 1 de junio pasado, la Primera Sala de la Corte, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, concedió por unanimidad el amparo en el recurso de revisión 20/2011 en contra del Congreso, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la aplicación del penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La empresa impugnó las sanciones establecidas en las reglas de seguridad y requerimientos de información de los sistemas de cómputo central de apuestas, de caja y de control de efectivo que deben llevar las personas físicas o morales que se dediquen a los juegos y sorteos en establecimientos fijos.

Los ministros Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero concedieron el amparo por considerar que el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de la Ley del IEPS es violatorio de la Constitución.

El ordenamiento se refiere a la clausura de uno a dos meses de los establecimientos que incumplan con las obligaciones de llevar un sistema de cómputo para darle al SAT la información en línea y en tiempo real de los sistemas de regis16

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tro de las apuestas en forma permanente.

“La clausura del establecimiento significa privar al contribuyente de su derecho a prestar el servicio de juegos, apuestas y sorteos, sin mediar previa audiencia de parte de la autoridad administrativa, pues ésta, de acuerdo como está redactada la norma, con la sola información obtenida a través de los sistemas de registro en línea y tiempo real procederá a la clausura del negocio”, establecieron los ministros.

Ese día, la Segunda Sala resolvió en el mismo sentido el amparo 391/2011 a propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales. En este caso, la Corte tampoco informa sobre la razón social o persona física que interpuso el recurso. Sólo indica que el tema tiene que ver con la obligación de los empresarios del juego de llevar un sistema de cómputo central de apuestas y de caja y de control de efectivo. Esa imposición está prevista en la Ley del IEPS. En otro caso, el del 20 de mayo de 2008, Aguirre Anguiano favorecía en el pleno de ministros amparar a una empresa, de la que no se indica ni el nombre ni al representante legal, en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno y otras autoridades de la Ciudad de México.

El recurso, que el pleno de ministros devolvió a un Tribunal Colegiado, impugnaba el Código Financiero del Distrito Federal vigente para 2007 en relación con el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos celebrados en el DF. El ministro favorecía el amparo con el argumento de que los gobiernos locales no están autorizados para el cobro de impuestos federales.

Octavio Gomez

Las negativas La Corte ha negado la mayoría de los amparos. Las empresas han impugnado a la propia Ley Federal de Juegos y Sorteos y la facultad de la Secretaría de Gobernación para revocar los permisos por infracciones graves o frecuentes; pero sobre todo, el pago del impuesto especial por la realización de juegos con apuestas, sorteos y concursos. Los dueños de los lugares de apuestas se han quejado de una supuesta violación a las garantías de proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

En diferentes resoluciones, los ministros han validado que se grave ese tipo de actividades de acuerdo con la Ley del IEPS, a diferencia de lo que ocurre con las instituciones de asistencia o beneficencia o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro.

También han argumentado que el impuesto grava la organización, celebración o realización de juegos con apuestas y sorteos y que puede repercutirse a los participantes o concursantes, mientras que las empresas están obligadas a pagar el Impuesto Sobre la Renta en relación con los ingresos que se obtienen de esa actividad.

La Suprema Corte ha determinado que las empresas que organizan juegos con apuestas y sorteos pueden, al final de cada mes, trasladar a los ganadores un impuesto de 20% sobre el monto obtenido.

También avaló ya que el Distrito Federal y las entidades federativas cobren impuestos sobre las loterías, rifas, sorteos y concursos que se realicen en sus territorios.

Algunos de los recursos interpuestos aún están pendientes de resolución y otros han sido devueltos a tribunales colegia-

dos. Sólo uno, que tiene que ver con una facultad de atracción, es de materia penal.

Se trata del 90/2010 radicado en la Primera Sala y fue instruido por el ministro Cossío Díaz.

El caso tiene que ver con el aseguramiento, por parte de la PGR, del inmueble de una empresa de la que la Corte no proporciona nombre ni ubicación.

Sólo menciona que se trata de una persona moral de Tijuana a la que se le abrió una causa penal; tampoco explica el motivo del encausamiento.

Entre los recursos figura la controversia constitucional 97/2004, presentada el 3 de noviembre de 2004 por el entonces presidente de la Cámara de Diputados y actual senador del PRI Manlio Fabio Beltrones. La Cámara controvirtió el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de ese año por el entonces presidente Vicente Fox y sus secretarios de Gobernación, Santiago Creel, y de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

La Corte tardó más de dos años en resolver la impugnación, pero terminó por darle el aval constitucional al reglamento, desestimando el principal argumento de los diputados: que Fox invadió la esfera del Legislativo al emitir un reglamento que en su consideración va más allá de la propia ley, por lo que habría asumido funciones de legislador.

En distintas votaciones los ministros desecharon las quejas planteadas en la controversia, que impugnó 74 de los 151 artículos del reglamento, así como uno de sus artículos transitorios. El reglamento superó con creces a la anterior Ley Federal de Juegos y Sorteos, aprobada en 1947, que constaba de 17 artículos y cinco transitorios.

Con una interpretación benevolente con el Ejecutivo, los ministros aprobaron todo el reglamento, confiando a la Secretaría de Gobernación el control de las empresas y los lugares de apuestas, según lo establecen la propia ley y su reglamento.

Con el aval de Corte, funcionarios de Gobernación fueron más allá del reglamento y expidieron permisos para la operación de casinos en todo el país. A pesar de ello, la Secretaría de la Función Pública descartó el miércoles 14 iniciar algún procedimiento administrativo o penal contra exfuncionarios de esa dependencia.

En distintas votaciones realizadas durante las sesiones de los días 16 y 22 de enero de 2007, en interpretación del artículo segundo de la Ley Federal sobre Juegos y Sorteos –en el que se establecen los juegos permitidos con apuestas–, los ministros avalaron la constitucionalidad de las apuestas en carreras de caballos, peleas de gallos y juego de dados.

Aunque hubo dos rondas mayoritarias

de seis votos contra los juegos de naipes y la ruleta, quedaron constitucionalmente avalados porque no se alcanzó el mínimo de ocho votos necesarios para que una norma sea declarada contraria a la Constitución. Asimismo la Corte consideró constitucionales las facultades que se atribuyó Gobernación en la regulación de los sorteos de símbolos y números.

El caso de los “books” En una de las votaciones más importantes, en la que participaron 10 de los 11 ministros, ocho estuvieron a favor del establecimiento de los books o centros de apuestas remotas; sólo se opusieron Genaro Góngora Pimentel, ahora en retiro, y Juan Silva Meza, actual presidente de la Corte.

Ambos advirtieron sobre el exceso del reglamento y las consecuencias sociales de la aprobación de tales centros.

En la sesión del 22 de enero de 2007, cuando la Corte determinó darle el aval constitucional al reglamento, Góngora cuestionó que éste autorizara “aspectos que corresponde regular a la ley”, como la normatividad de juegos con apuestas y sorteos con cobertura nacional y los que se ofrezcan y concreten a través de comunicaciones cibernéticas. Pero también advirtió que “la posibilidad de realizar apuestas telefónicas a través de internet puede acarrear graves contrariedades, como el lavado de dinero (y) el enviciamiento masivo”.

Abundó: “Si el legislador hace más de 50 años reconoció que a través de este tipo de entretenimientos… sólo (se) beneficia a los tahúres profesionales; y por tales razones, antiguamente este alto tribunal reconoció la intención del legislador, contenida en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, fue la de desterrar los juegos que conducían a un lucro exorbitante e indebido o a pérdidas considerables… resultan inimaginables las consecuencias generadas por esta nueva modalidad de juego”.

Para Góngora, la autorización de los nuevos juegos de apuestas y de azar relacionados con la tecnología debía ser una decisión legitimada por el Legislativo y no por una decisión administrativa del Ejecutivo, como la promulgación del reglamento.

Silva Meza lo secundó, al asegurar que la autorización de los centros de apuestas remotas “desnaturaliza totalmente el carácter eminentemente restrictivo de la ley”, puesto que el Constituyente consideró que “esta actividad es eminentemente nociva para la sociedad”.

Añadió: “El reglamento se desborda al permitir este tipo de apuesta remota…, donde hay la eventualidad de que prolifere este tipo de actividad que el Congreso de la Unión consideró nociva para la sociedad”. Si se tiene que cambiar en función de la nueva realidad, es atribución

del Congreso y no del Ejecutivo, remató.

La aprobación de los centros de apuestas remotas se encaminaba hacia el fracaso, toda vez que el ministro Valls Hernández se había sumado a esa posición. Pero cambió de opinión y se unió a la mayoría para declarar su constitucionalidad. “No cabe duda de que el debate enriquece las resoluciones de todos estos asuntos tan complejos… Tomando en cuenta que no se cambia, como lo dijo la ministra (Margarita) Luna Ramos, la sustancia de los juegos permitidos que están en el artículo segundo de la Ley… cambiaré el sentido de mi voto por la constitucionalidad de los centros de apuestas remotas”.

Lo mismo hizo su colega Fernando Franco: “Yo compartía las opiniones de varios de los ministros que han sostenido los efectos que puede tener el juego en una sociedad (pero) no es el punto, el punto es que tenemos una ley que no se ha actualizado desde 1947… No es un problema del pleno de la Corte (que) simplemente está contrastando un ordenamiento expedido en 1947 con la realidad actual”.

Además de Luna Ramos los ministros que argumentaron a favor de la constitucionalidad de esos lugares de apuestas fueron Aguirre Anguiano, Cossío Díaz y el entonces presidente del máximo tribunal, Ortiz Mayagoitia.

Aguirre destacó el “ánimo más calmo y más ponderado” de tales centros de apuestas, en comparación con un palenque en una feria de pueblo. “Entonces, lo que mortifica tanto a algunos ministros… es el espectro social dañino, que no les mortificó cuando hablábamos de las ferias de pueblo. A mí tampoco me mortifica cuando se habla de books”.

El ministro Cossío, después de remarcar la facilidad con que se puede apostar en internet, señaló: “A mí me parece mucho más razonable tener centros con apuestas remotas controlados por la Secretaría de Gobernación, con permisos expedidos y con un sistema de control respecto de juegos prohibidos”, que tener a las personas controladas en la red.

Luna Ramos completó: Es “mil veces preferible para efectos de política social el que estos centros de apuestas remotas se encuentren regulados, controlados, supervisados por la Secretaría de Gobernación, a que en realidad existan de todas maneras, sin regulación alguna”.

Ortiz Mayagoitia remachó: “No será la apertura de esos centros de apuestas remotas lo que determine por sí sola la masificación, si es que hay una vocación masiva para apostar, sino las posibilidades tecnológicas que están abiertas; y estimo también que es preferible que esto se haga bajo el control de la Secretaría de Gobernación en los centros expresamente autorizados”. O 1820 / 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011

17

Se

PO L Í TI CA

cuartea

rias a los intereses del grupo que la puso en la dirigencia.

Lo irónico es que después de la tragedia del Casino Royale, el 25 de agosto, el gobernador priista Rodrigo Medina estaba a un paso de dimitir, presionado por la indignación de los ciudadanos, hartos de la inseguridad en el estado.

En el momento de mayor tensión, el 31 de agosto el diario Reforma y la agencia Apro difundieron los videos que implican a Jonás Larrazabal en aparentes actos de corrupción, lo que el gobernador Medina aprovechó para lanzarse contra el alcalde panista y su hermano.

Con el paso de los días, dichos videos desplazaron en la atención pública a la tragedia del Royale, que ahora es manejada con discreción por el gobierno estatal.

la alcancía electoral del PAN

Ante los recientes videoescándalos relacionados con casinos y crimen organizado que salpican al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, los núcleos políticos asentados en San Nicolás (la Neocúpula) y en San Pedro (la vieja guardia), se disputan el control del comité estatal panista. No sólo está en juego el reparto de candidaturas para 2012: el panismo nuevoleonés además de votos presuntamente aporta dinero a las campañas políticas, como la de Josefina Vázquez Mota.

Choque de cúpulas

Hans-Maximo Musielik

LUCIANO CAMPOS GARZA

ONTERREY, NL.- Después de dominar durante más de una década al PAN de Nuevo León, el Grupo San Nicolás comienza a desmoronarse tras el escándalo de los videos en los que aparece Jonás Larrazabal, el hermano del alcalde regiomontano Fernando Larrazabal Bretón, presuntamente recibiendo sobornos de parte del propietario de un casino.

Larrazabal Bretón, líder del grupo político también conocido como Neocúpula, ha tenido que enfrentar los ataques del grupo San Pedro, sus rivales tradicionales en el PAN, liderados por el exgobernador Fernando Canales Clariond, Alejandra Fernández Garza y José Luis Coindreau García, todos exdirigentes estatales.

Esta facción de políticos de la vieja guardia ha capitalizado los escándalos de los Larrazabal para tratar de recuperar los espacios que perdieron después de haber encumbrado a Canales Clariond como gobernador en 1997.

Después de ese gran éxito, los de San Pedro perdieron poder frente a Fernando Larrazabal, que formó con el ahora consejero de la Judicatura estatal, Raúl Gracia Guzmán, y el delegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

M

Zeferino Salgado Almaguer, una alianza que ha manejado el partido los últimos 10 años.

Tan férreo es el control de los de San Nicolás que tienen prácticamente dominada la membresía del partido, ya que inscriben a los empleados a su servicio a cambio de respaldo en los procesos internos.

En la elección para gobernador de 2009, Fernando Larrazabal se perfilaba como candidato para enfrentar al priista Rodrigo Medina de la Cruz. Se dijo en el partido que, en una contienda interna, Larry –como le dicen sus correligionarios al alcalde regiomontano– hubiera ganado de calle, pero César Nava, el entonces dirigente nacional, designó por dedazo a Fernando Elizondo Barragán, quien ya había sido gobernador sustituto de Canales cuando éste se integró al gabinete de Vicente Fox, meses antes de concluir su mandato en 2003.

Elizondo, actual senador por Nuevo León, con muy escasa presencia en la entidad, fue derrotado y Larrazabal tuvo que conformarse con la alcaldía de Monterrey.

Desde entonces su proyecto político era convertirse en senador en 2012 y postularse a la gubernatura en 2015. Pero ahora todo eso comienza a desmoronarse por los videoescándalos y arrastra a su grupo

político. En particular perjudicó a Miguel Ángel García Domínguez, su exsecretario de Desarrollo Humano, quien apareció en fotografías que lo ligan con Jonás y con Sergio Gil, el propietario del Casino Red y quien aparentemente patrocinó los primeros videos en los que se ve a Jonás recibiendo dinero.

El miércoles 7 de septiembre, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, le pidió a Fernando Larrazabal que se separara del puesto, pero éste hizo público su rechazo a la presión y el sábado10 presentó los resultados de una encuesta en la que, afirmó, dos tercios de los ciudadanos de Monterrey querían que se quedara.

Sin embargo, para calmar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el alcalde dispuso que García Domínguez se separara un mes de su puesto, mientras se le investiga por los videos. Esto lo pone en desventaja, si no es que descarta su aspiración para contender por la presidencia municipal de Monterrey el año entrante.

Ante la dificultad de someter a Larrazabal, Madero determinó el miércoles 14 que su caso fuera resuelto por la Comisión de Orden del PAN estatal, dirigido por Sandra Pámanes Ortiz, quien fue impuesta por el propio Larrazabal pero que en últimas fechas ha mostrado actitudes contra-

La trascendencia del PAN de Nuevo León en el plano electoral va más allá de los votos que aporta a sus candidatos. Aunque actualmente el PRI gobierna el estado, en las últimas elecciones presidenciales el voto de los ciudadanos del estado ha favorecido al panismo.

Sin embargo, con un padrón aproximado hasta junio de 2011 de 40 mil 350 afiliados en la entidad, de los cuales 13 mil 919 son miembros activos, el PAN de Nuevo León aporta a las campañas más dinero que votos. En el estado, que presume el mayor ingreso per cápita del país, se asientan algunas de las mayores fortunas de México.

Por ejemplo, a decir de un militante cercano a la campaña presidencial de Felipe Calderón en Monterrey, ésta fue apuntalada principalmente con recursos de Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, la tercera cementera más grande del mundo, y por la familia Garza Herrera, que preside Xignux, empresa de transformadores eléctricos y alimentos.

Asimismo, una fuente cercana a la dirigencia estatal del partido afirma que actualmente la aspirante Josefina Vázquez

Mota tiene prácticamente asegurado el financiamiento de toda su campaña por empresarios de Monterrey.

Después de la tragedia del Royale, Calderón convocó en Los Pinos a la plana mayor del empresariado regiomontano, que tradicionalmente se mantiene al margen de los procesos electorales pero influye en la toma de decisiones de los gobiernos estatal y federal.

Acudieron Adrián Sada González, de Vitro; Armando Garza Sada, de Alfa; Eduardo Garza T., de Frisa; Enrique Zambrano, de Proeza; Eugenio Garza Herrera, de Xignux; Federico Toussaint, de Limusa; Francisco Garza Zambrano y Lorenzo Zambrano, de Cemex; José Antonio Fernández, de Femsa; Ricardo Martín Bringas, de Soriana, y Tomás González, de Cydsa.

Actualmente, Fernando Larrazabal Bretón es la principal figura del panismo nuevoleonés, y por orden expresa de Calderón Hinojosa su grupo respalda la pálida precandidatura de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda (Proceso 1818).

Originario de Oaxaca, en 1997 Larrazabal se convirtió en secretario de Obras Públicas de San Nicolás, cuando Jorge Luis Hinojosa asumió la presidencia municipal. Su antecesor fue Adalberto Núñez, quien a su vez la “heredó” de Jesús Hinojosa, padre de Jorge Luis y fundador del llamado Grupo San Nicolás.

Ya casado con una pariente de los exalcaldes (Eleonora Cárdenas), Larrazabal se postuló para la presidencia nicolaíta en 2000 y triunfó fácilmente, consolidando a su núcleo político, que además les arrebató a los Hinojosa. El nuevo alcalde nombró a Zeferino Salgado secretario del ayuntamiento, y a Miguel Ángel García, secretario de Servicios Públicos.

Desde entonces comenzaron a repartirse cargos. En 2003, García fue alcalde de San Nicolás, y Salgado, diputado local. Larrazabal recibió la dirección nacional del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y le tocó abrir la megabiblio-

teca José Vasconcelos, que de inmediato evidenció graves fallas estructurales.

En 2006, García ocupó la diputación local y dejó los últimos meses de su periodo en el municipio a Carlos de la Fuente, a quien tocó entregarle la administración a Zeferino Salgado. Éste designó a De la Fuente secretario de Desarrollo Social, y lo preparó para que en 2009 ganara la alcaldía que actualmente ostenta. Ese mismo año, Larrazabal obtuvo la presidencia municipal de Monterrey y designó secretario del ayuntamiento a Juan Carlos Ruiz, que fue dirigente estatal panista antes de Sandra Pámanes.

Cada quien para su santo Fuentes estatales del PAN señalan que antes de los videos del escándalo el Grupo San Nicolás tenía planes ambiciosos: Miguel Ángel García iría por la presidencia de Monterrey el año entrante, Zeferino Salgado esperaba convertirse en diputado federal y buscar la candidatura para la alcaldía regiomontana dentro de tres años.

En tanto, Larrazabal se colocaría como senador y convocaría como suplente a Mariana Mancillas, esposa de Raúl Gracia Guzmán, quien fue diputado federal junto a Felipe Calderón. Querían también que Pedro Salgado, hermano de Zeferino y actual delegado de la Profeco, fuera candidato a presidente municipal de San Nicolás.

Panistas que apoyaron a los tres líderes en sus inicios ahora se quejan de que la ambición los ha llevado a excluir a todos los demás, lo que ha provocado serios cuestionamientos internos sobre su conducción política y el injusto reparto de posiciones. En tanto, la vieja cúpula languidece y se queja de que es relegada pese a que la encabezan políticos que tienen reconocimiento nacional.

Recientemente WikiLeaks revivió la cercanía del entonces alcalde Zeferino Salgado con Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, quien le prestó un helicóptero “para trabajos de seguridad en el municipio”.

Video Grupo Reforma

Jonás. El video del escándalo

PO L Í TI CA El cable, difundido por el portal en internet, reveló que, en 2006, él y Adalberto Madero, que competía por la alcaldía de Monterrey, recibieron 2.5 millones de dólares cada uno como financiamiento del casinero para sus campañas políticas, lo que Salgado niega.

Del otro lado, los panistas del Grupo San Pedro iniciaron su decadencia política al finalizar el sexenio de Canales Clariond, cuando Fernando Elizondo lo sustituyó. En ese tiempo José Luis Coindreau era secretario general de Gobierno y suspiraba por la candidatura en las elecciones estatales de 2003, pero Canales quería postular a Elizondo.

Y aunque las fuentes del PAN estatal afirman que Canales no operó a favor de su preferido, Coindreau se enfadó porque el gobernador no lo respaldó ni le advirtió que no lo haría. Al final el candidato fue Mauricio Fernández, quien hizo una mala campaña y fue derrotado por el priista Natividad González Parás.

Ahora, con el videoescándalo, los veteranos intentan resurgir. Su cabeza visible es Fernando Canales Stelzer, hijo de Canales Clariond y quien fue secretario del ayuntamiento de San Pedro.

Canales hijo se ha encargado de presionar públicamente a Larrazabal para que solicite licencia, aunque sus esfuerzos han encontrado escaso eco. El domingo 11, salió a la calle para repartir volantes con la leyenda “Yo sí creo en el PAN. En Larrazabal no”.

Mientras repartía los panfletos, en el céntrico cruce de las calles de Zaragoza y Morelos, denunció que el edil regiomontano manipula libremente al partido: “Nosotros creemos en Acción Nacional, en sus órganos internos, en sus principios y estatutos, no así en gente advenediza que quiere secuestrar nuestro partido, como es el caso del alcalde Fernando Larrazabal, que desacata órdenes internas que precisamente buscaban dar claridad y transparencia a un proceso de investigación”.

Entrevistada al respecto, Fany Arellanes Cervantes, delegada de la Secretaría del Trabajo, consejera nacional y quien se declara “panista independiente”, reprocha: “No me parece que, ante la crisis, gente como Fernando Canales Stelzer aproveche para repartir panfletos en contra de un funcionario panista, porque todos estamos en el mismo barco.”

Lamenta la decisión que tomó el PAN nacional de sancionar a Larrazabal, cuando no hay ninguna acusación con sustento jurídico en su contra por los escándalos, que sí involucran a su hermano, quien permanece arraigado mientras se le investiga por soborno y delincuencia organizada.

Opina incluso que Canales Stelzer debería ser sancionado por atacar al presi-

dente municipal y con ello al partido en momentos críticos. Como él, otros “apresurados” deberían guardarse sus opiniones hasta que la procuraduría estatal ofrezca una resolución oficial sobre las responsabilidades de Jonás y Fernando, dice Arellanes, también exdiputada federal.

No obstante, considera que, a diferencia de lo que anuncia el ala tradicional panista, los videoescándalos solamente provocarán un reacomodo en el interior de la Neocúpula y no su debilitamiento: “El grupo sigue teniendo una fuerza indiscutible y externamente lo que están haciendo es un control de daños para que afecte lo menos posible al partido. La vieja cúpula aprovecha la situación para que se conforme una delegación en Nuevo León (distinta del Comité Directivo Estatal y que responda directamente al centro) para debilitar aún más a sus adversarios, y yo pienso que ése (el enemigo) está afuera, y ni siquiera es un partido, sino el crimen organizado y la inseguridad, el desempleo, entre muchos otros”.

Víctor Pérez Díaz, diputado local panista, considera que el PRI ha manejado políticamente los videos a fin de alzar una cortina de humo ante los cuestionamientos a la cuenta pública de su dirigente nacional, Humberto Moreira, en el gobierno de Coahuila.

Pero considera que también algunos panistas están aprovechando la crisis para buscar cargos, como Canales Stelzer, quien a su parecer pretende posicionarse sin haber hecho un verdadero trabajo partidista.

Pérez Díaz, simpatizante de la Neocúpula, recuerda que en el pasado panistas de renombre, como Javier Livas, Alfredo Corella y Herminio Gómez, fueron expulsados del PAN por sus críticas internas, procedimiento que podría aplicársele al hijo del exgobernador.

Por su parte, Ranulfo Martínez Valdez, quien fue diputado local en 2006, reflexiona que ante la crisis han salido a relucir las argucias del Grupo San Nicolás, que ha manipulado a su favor el padrón de militantes hasta el grado de hacer imposible un proceso equitativo para definir candidatos a puestos de elección popular.

Afín al Grupo San Pedro, Martínez Valdez señala que Fernando Larrazabal podía ganar en 2009 la votación interna de candidato a gobernador porque ya tenía el control de los padrones, lo que prácticamente obligó a la designación de Elizondo como candidato.

Añade que el alcalde de Monterrey ha utilizado la nómina para obtener votos a favor de su grupo, como ocurrió en los procesos para elegir candidatos a diputados federales y locales, donde los militantes fueron presionados al emitir el sufragio. O

JENARO VILLAMIL Foto: Senado.

nfaltable en los grandes actos del PRI, el líder de la Confederación de Trabajadores de México, Joaquín Gamboa Pascoe, irrumpió en la reunión de la cúpula priista el pasado domingo11 para anunciarle a Humberto Moreira: “Tengo una asamblea de 10 mil personas y sólo quiero que me digan ya por quién me tengo que pronunciar”.

Gamboa Pascoe llegó con las serpentinas y las “bases” para echarle porras a Enrique Peña Nieto. La bufalada tuvo que posponerse una vez más. Moreira le advirtió al líder sindical que cualquier manifestación podía ser sancionada por el IFE como “acto anticipado de campaña”.

Horas antes Moreira había sostenido una comida privada con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, los dos principales aspirantes a la candidatura presidencial priista. El coordinador de los senadores del PRI le pidió a Moreira “piso parejo” para la contienda interna y que se definiera el calendario desde esta fecha hasta el 5 de febrero, cuando el PRI debe elegir a su candidato para 2012.

Peña Nieto se sorprendió. Pensaba que no debía definirse el periodo de contienda interna. Le pidió a Moreira que en la

I

El PRI: la reunión de ese domingo 11 mejor “cerraran filas” en torno al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y del propio presidente nacional del PRI. Peña Nieto trató así de atajar los rumores sobre el posible relevo de Moreira para evitar que se le responsabilizara de esta maniobra.

Desde hace dos semanas, en el interior del PRI comenzaron a barajarse los nombres de Ricardo Aguilar, exdirigente del tricolor en el Estado de México y actual secretario de Organización, y del exgobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, como posibles relevos de Moreira. Ambos son piezas clave del peñismo.

Sin embargo, también el dirigente del sector popular, Emilio Gamboa Patrón, cercano a Manlio Fabio Beltrones, comenzó a operar para que “en caso de que sea necesario” sustituya a Moreira, debilitado por las recientes acusaciones de sobreendeudamiento y presuntas corruptelas de sus colaboradores durante su gobierno en Coahuila.

Después de la comida, Moreira, Peña Nieto y Beltrones se reunieron con 17 gobernadores priistas (faltaron el veracruzano Javier Duarte y el nuevoleonés Rodrigo Medina), junto con el coordinador de

fuerza del

pasado

Los equipos priistas y sus jugadas prefabricadas ya están en marcha. El próximo día 25, cuando el PRI haya designado a todos los integrantes de su Consejo Político Nacional, las cargadas política y mediática que impulsan a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial tratarán de quebrar las últimas resistencias, señaladamente la del senador Manlio Fabio Beltrones. Cualquiera que sea el resultado, el PRI revela que su fuerza verdadera es el peso inercial del pasado. Tanto, que el primero en saltar a la cancha fue Joaquín Gamboa Pascoe…

PO L Í TI CA y sus noticiarios radiofónicos comenzaron lo que es definido ya como una “cargada mediática” en favor del mexiquense.

En la última parte del citado programa, el miércoles 14, Ciro Gómez Leyva sostuvo este diálogo con Leopoldo Gómez: Ciro Gómez: “Algo hizo Enrique Peña Nieto, como dicen los políticos, ‘maniobró’ para entregar su gobierno limpiecito, para lo que seguramente anunciará en los próximos días que él va a buscar la presidencia del PRI (sic) y no veo a un priista, a uno, que diga: ‘No voy con Peña Nieto’”.

Leopoldo Gómez: “¿Ni a Manlio?”.

Ciro Gómez: “Ni a Manlio”.

Completó Joaquín López Dóriga: “En el caso de Peña Nieto ya es una cuestión de forma. La realidad ha rebasado al PRI, a los jerarcas del PRI; y yo no veo quién en el PRI puede detener eso (la cargada). Nadie”.

Carlos Marín corrigió que no se trataba de una cargada, sino de la convicción de que los priistas deben llegar unidos en torno a Peña Nieto en 2012.

El encuestador estelar de Televisa, Roy Campos, sentenció que Manlio Fabio Beltrones “le deja el camino” a Peña Nieto para la nominación del PRI. En su colaboración del jueves 15 en Radio Fórmula afirmó: “Él (Beltrones) sube en la precampaña en el imaginario colectivo, aunque lo arrastran, se retira antes de la contienda, le deja el camino a Peña, pero él subió su valor… entonces, Manlio está haciendo su juego y le favorece al mismo Peña, que desde hace tiempo funge como presidente del PRI.”

“Rounds” de sombra Los rounds de sombra entre los dos principales precandidatos del PRI se iniciaEduardo Miranda

la bancada en San Lázaro, Francisco Rojas, más los dirigentes de los tres sectores.

Discutieron el calendario para la selección del candidato y tácitamente admitieron que no habría “candidato de unidad”, sino una contienda interna.

El vocero del CEN del PRI, el diputado David Penchyna, cercano a Peña Nieto, afirmó en conferencia de prensa que en la reunión acordaron cuatro puntos: “La ratificación manifiesta de la unidad partidista en torno a su dirigente nacional”, “el tema de los calendarios a revisión de aquí al mes de diciembre”, la solidaridad para “trabajar unidos en función del paquete económico” y “el respaldo absoluto al gobernador del estado de Nuevo León”.

Penchyna también afirmó que en “los asuntos generales” hubo un reconocimiento amplio a la labor de Peña Nieto, cuyo gobierno culminó el jueves 15. El vocero priista no mencionó que en el mismo cónclave Moreira frenó el intento de “cargada” organizado por Gamboa Pascoe.

Al día siguiente de la reunión, el lunes 12, Moreira evitó responder si en el encuentro Beltrones pidió “piso parejo” para la contienda interna, pero reconoció que entre el 28 y el 30 de noviembre deben registrarse los precandidatos y “el 18 de diciembre se inicia la contienda interna”.

El calendario formal quedó así: el 25 de septiembre debe concluir la designación de los mil 240 integrantes del Consejo Político Nacional, la máxima instancia de dirección del PRI, que entre otras cosas tiene que definir el método de selección de candidatos a cargos federales; y el 8 de octubre deben conocerse las conclusiones de la consulta de la Fundación Colosio, dirigida por Marco Antonio Bernal, aliado de Beltrones, para definir el programa del partido.

Asimismo, del 10 al 25 de octubre se realizarán foros regionales sobre temas del programa; del 25 al 30 de octubre será la presentación de dicho programa; el 18 de noviembre se expedirá la convocatoria para seleccionar candidatos a puestos de elección popular en 2012, incluyendo el aspirante presidencial, y del 28 al 30 de noviembre, el registro de los precandidatos.

El periodo de la contienda interna abarca del 18 de diciembre hasta febrero de 2012.

Porras A pesar de este calendario, las expresiones de la cargada se han incrementado: el jueves 15, en el teatro Morelos de Toluca, durante el último acto de Peña Nieto como gobernador surgieron las porras y las expresiones “Peña Nieto, presidente”; y la semana pasada los principales comentaristas del programa Tercer Grado, de Televisa, en sus colaboraciones periodísticas

Gamboa Pascoe. Regreso jurásico

ron mucho antes del cónclave del 11 de septiembre.

Después del triunfo del PRI en la elección estatal del 3 de julio, legisladores federales y locales, así como líderes sectoriales del PRI, se reunieron en la Casa de Gobierno de Toluca para anunciar el lanzamiento de la agrupación Expresión Política Nacional (EPN, las iniciales de Enrique Peña Nieto) y revivir la estructura paralela que Arturo Montiel creó en 2005 para su nominación. Al día siguiente, Beltrones criticó eventos como ese, que “tienen el viejo olor a naftalina”, en clara referencia a la cargada.

En su sexto y último informe de gobierno, ante 2 mil invitados en el Teatro Morelos de Toluca, Peña Nieto sentenció que “es la Constitución el proyecto de gobierno del PRI”. Beltrones le reviró afirmando que la Constitución aún no contiene elementos importantes de la reforma política, como las candidaturas independientes, los mecanismos de referéndum y plebiscito, y la reelección de legisladores.

La disputa entre estas dos principales corrientes del PRI se ha acentuado a raíz del bloqueo de la bancada priista en San Lázaro, claramente dominada por los peñistas, al proyecto de reforma política aprobado en el Senado y a la minuta de Ley de Seguridad Nacional que aprobaron los senadores desde el periodo ordinario de 2010.

El movimiento de las víctimas, encabezado por Javier Sicilia, revivió los rounds de sombra entre Peña Nieto y Beltrones.

Sicilia y los principales representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad les demandaron a los diputados la aprobación de una reforma política, en términos muy similares a los aprobados en el Senado, y de una nueva Ley de Seguridad

Nacional que no legalice los abusos de militares y policías en la lucha contra el crimen organizado.

En la Cámara de Diputados el exjefe del Estado Mayor Presidencial Roberto Miranda encabezó el cabildeo y la “línea dura” para una Ley de Seguridad Nacional contraria a las demandas del movimiento de Sicilia. Miranda es cercano a Peña Nieto y constituye el “puente” entre el político mexiquense y un sector de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El miércoles 14, último día de sesiones antes del puente vacacional, Beltrones presentó ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional para permitir la formación de “gobiernos de coalición”, en franca oposición a la iniciativa presentada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para revivir la “cláusula de gobernabilidad” que le permita al candidato con menos de 50% de los votos tener la mayoría en el Congreso. Esta iniciativa es defendida por Peña Nieto.

La iniciativa de Beltrones fue respaldada por el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, y por una decena de legisladores del PAN, encabezados por Ricardo García Cervantes, político cercano al exsenador y precandidato presidencial panista Santiago Creel. De esta manera, se presume que la reforma propuesta por el exgobernador de Sonora tendría el apoyo de otros dos precandidatos: Creel y Marcelo Ebrard, el actual jefe de Gobierno capitalino.

Beltrones afirmó en tribuna que los acuerdos entre partidos políticos “parecen inalcanzables en un sistema presidencial como el de hoy, en el cual no se cuenta con un instrumento que nos permita, legal y constitucionalmente, tomar esa alternativa de construir gobiernos de coalición, en donde distintas fuerzas políticas puedan acordar políticas públicas con objetivos claros, que compartimos todos, y que adicionalmente éstas se hagan efectivas en el Congreso”.

Las negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón por el paquete presupuestal de 2012 constituyen otro escenario de disputa entre Beltrones y Peña Nieto.

El coordinador de los diputados mexiquenses del PRI, Alfonso Navarrete Prida, afirmó el lunes 12, entrevistado en Milenio Televisión, que el PAN y el PRD “deben acostumbrarse a negociar con Peña Nieto”, como si el ahora exmandatario mexiquense fuera “el diputado 501”.

“La orientación que hemos tenido del líder político, esto ya con toda seguridad, es buscar un presupuesto y una Ley de Ingresos que le favorezca al país; no puede pensarse en gobernar a este país hecho trizas”, afirmó Navarrete Prida.

–¿El líder político es Enrique Peña Nieto? –le preguntó Carlos Puig.

–No, dije la orientación.

–La orientación que hemos recibido del líder político. ¿El líder político es Enrique Peña Nieto? –insistió el entrevistador.

–Desde luego.

Beltrones y la bancada del PRI en el Senado presentaron una iniciativa de reforma fiscal que ni siquiera ha sido discutida en la Cámara de Diputados.

En medio de las porras a Enrique Peña nieto en el Teatro Morelos, el jueves15 los reporteros le preguntaron a Beltrones en una improvisada rueda de prensa: –¿Cree usted que ya exista cargada a favor de algún precandidato?

–Es que no hay convocatoria, no puede haber candidato. Lo que hay son homenajes y reconocimientos muy justos a quienes, como hoy aquí el gobernador Peña Nieto, presentó muy buenas cuentas a su estado –concedió Beltrones.

–¿Se conserva en la carrera por la Presidencia? –le insistieron los reporteros.

–Lo que estoy conservando es una posición de congruencia, junto con muchos de los militantes priistas, de cómo construimos un proyecto de país distinto, que resuelva los problemas que hoy se viven en México –atajó el actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Cúpulas, “famiglias”… y la televisora La disputa por la elección del candidato priista a la Presidencia se agudizará a partir del próximo día 25, cuando debe quedar completa la integración del Consejo Político Nacional del PRI. El pasado sábado 3 se completó la elección de 450 consejeros nacionales, correspondientes a 30 entidades, con excepción de Michoacán y el Distrito Federal, donde se han dado impugnaciones y diferencias en torno a la elección. En agosto se eligió a otros 240.

Con el apoyo de los actuales gobernadores y de Peña Nieto, se integraron al Consejo Político Nacional exgobernadores como el sinaloense Jesús Aguilar Padilla, el poblano Mario Marín, el veracruzano Fidel Herrera, los tamaulipecos Tomás Yarrington y Manuel Cavazos, el de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Durango, Maximiliano Silerio.

Parientes de gobernadores y de dirigentes forman parte de esta primera elección. Guadalupe Socorro Ortega Pacheco, hermana de la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, aliada de Peña Nieto, se integró al Consejo Político Nacional, lo mismo que Roberto Beltrones, hermano mayor de Manlio Fabio Beltrones.

La alcaldesa priista de Mérida, Angélica Araujo Lara, aliada de Peña Nieto y presidenta de la Federación Nacional de Municipios, y el presidente municipal de

Oaxaca, Alfonso José Gómez Sandoval, también fueron elegidos en ese organismo, de igual modo que María Guadalupe Romero, esposa del gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, así como Mariano González Aguirre, hijo del mandatario de Tlaxcala, Mariano González Zarur.

Del total de mil 240 consejeros, los sectores agrario, obrero y popular, el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas y el Frente Juvenil Revolucionario tienen derecho a 50 consejeros cada uno.

Por lo menos en la CTM, la CNC y entre las mujeres priistas, la mayoría de los consejeros están aliados a Peña Nieto.

Beltrones tiene fuerza en el Movimiento Territorial, en la CNOP, dirigida por Emilio Gamboa Patrón, y en el Frente Juvenil Revolucionario, encabezado por Canek Vázquez, su excolaborador.

El Consejo Político Nacional deberá definir si la elección del candidato presidencial del PRI es abierta a toda la base del PRI o mediante convención de delegados.

En tanto, entre el 8 de octubre y el 18 de diciembre comienza el periodo de “veda” para la promoción en medios, según los tiempos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Durante estos tres meses Peña Nieto no podrá utilizar spots, infomerciales ni entrevistas pagadas para promover su precandidatura, porque podría ser sancionado por “actos anticipados de campaña”.

En el equipo de Peña Nieto ya comenzaron a habilitar a su esposa, la actriz Angélica Rivera, como promotora y vocera sustituta de la candidatura del exgobernador. En su cuenta de Facebook y en programas de espectáculos como Hoy, del Canal 2, Angélica Rivera es entrevistada con cualquier pretexto –como la promoción de su hija en la portada de una revista de la farándula– y a su vez aprovecha para hacerle promoción a Peña Nieto.

Los columnistas críticos de la prensa del Estado de México han cuestionado cómo mantendrá Peña Nieto su poderoso aparato de promoción mediática a partir del 8 de octubre, cuando estará prohibido por ley.

Por ejemplo, en la columna Se dice que, del periódico Alfa Diario, se planteó el miércoles 7: “La pregunta que todo mundo se hace, y tendrá que salir a responderla Enrique Peña Nieto lo más pronto posible, es ¿de dónde va a salir el dinero para seguir pagando su propaganda? El staff personal de Peña para su empresa presidencial, de más de 89 personas, desde asesores, secretarias, guardaespaldas, empleados de comunicación, discurso, imagen, redes sociales, etcétera. Una fortuna mensual, sólo en salarios”.

V IO L E N CI A SO CI A L

Sicilia a Calderón:

“¿Por qué tan

empecinado...?”

Durante la semana pasada, la Caravana de la Paz, encabezada por Javier Sicilia, tuvo altibajos. Y así como convocó en torno a su causa a organizaciones sociales que estaban dispersas y hasta se reunió con indígenas zapatistas, tuvo un desencuentro con algunos medios de información. Pero la Caravana sigue y en el futuro está otro encuentro con Felipe Calderón, a quien el poeta le preguntará por qué “se empecina en el horror”...

JOSÉ GIL OLMOS, ISAÍN MANDUJANO Y PEDRO MATÍAS Germán Canseco

AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.Después de recorrer medio país en dos caravanas, principalmente por los estados donde la “guerra” contra el narcotráfico ha causado mayores estragos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia lanzó una pregunta a Felipe Calderón: “¿Por qué sigue empecinado en su estrategia militar si en los últimos tres meses ha causado cerca de 3 mil muertos? ¿No es muestra suficiente de su fracaso?”.

En medio de la carretera que une a Oaxaca con Chiapas, el poeta reflexionó, durante una entrevista, sobre lo que prevé será el segundo diálogo con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec, acordado con el presidente para finales de septiembre: “En tres meses –reiteró– hay casi 3 mil muertos por la guerra contra el narcotráfico. Hay miedo y terror social. Este es el país que tenemos, y el presidente Felipe Calderón tiene que responder a la ciudada-

S

nía por qué sigue empecinado en su estrategia de guerra si sigue habiendo violencia y miles de muertos y desaparecidos.”

En su trayecto, el movimiento ciudadano tuvo una histórica reunión con la estructura civil del EZLN que forma la Junta de Buen Gobierno en el “caracol” de Oventic, ubicado en los Altos de Chiapas.

Semanas de intercambio epistolar con el subcomandante Marcos precedieron este encuentro, en el cual las bases de indígenas del movimiento insurgente reconocieron la tarea asumida por Javier Sicilia.

Como sea, este es el segundo gesto de solidaridad que tiene el EZLN con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El 7 de mayo, un día previo a la Marcha por la Paz en la Ciudad de México, cerca de 15 mil zapatistas marcharon en San Cristóbal de las Casas en apoyo a la exigencia de que Calderón detenga la violencia generada por la guerra, que ha costado más de 50 mil muertos. Esta ha sido la marcha más concurrida de los zapatistas desde 1994.

En Oventic, los zapatistas dijeron a los integrantes del movimiento pacífico ciudadano: “Bienvenidos a esta casa que es de todos, no sólo de los zapatistas. Les damos la bienvenida. Somos la Junta de Buen Gobierno y queremos escucharlos.

Nosotros no hablaremos, solo oiremos”.

El encargado de dar esta recepción fue uno de los seis indígenas embozados –tres mujeres y tres hombres– que escucharon a una comisión de la caravana en una pequeña oficina de madera.

“Gracias por venir desde lejos. Reconocemos lo que están haciendo por la paz.

Gracias por venir hasta acá, por hacer un esfuerzo y llegar con nosotros”, manifestó una de las mujeres zapatistas al reducido grupo de la caravana que fue seleccionado para la visita, en el cual se hallaban Julián Le Barón, Teresa Carmona, Melchor Flores, Guadalupe Muñoz y algunos invitados como el sacerdote Miguel Concha Malo y el representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Víctor Hugo López.

En la reunión, a la que este semanario tuvo acceso, los zapatistas escucharon los testimonios, pero no presentaron ningún mensaje de la dirigencia del EZLN ni del subcomandante Marcos.

“Solo queremos escucharlos”, insistieron.

Javier Sicilia leyó un texto que los zapatistas oyeron sentados ante una pequeña mesa de madera en la reducida oficina adornada con fotografías de Samuel Ruiz e imágenes del subcomandante Marcos y de los diálogos de San Andrés Larráinzar.

Al salir del encuentro, Sicilia aclaró que esta reunión no significaba una alianza con el EZLN, sino que fue un saludo para agradecer la deferencia que los zapatistas han tenido con el movimiento ciudadano pacífico.

Durante el encuentro, el poeta pidió primero un minuto de silencio y luego leyó un texto en el que criticó al gobierno de Calderón. Éste, dijo, “decidió, en nombre de los intereses globales de los estadunidenses y

de su consumo de drogas, desatar una guerra contra el narcotráfico que ha costado más de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 120 mil desplazados criminalizados por un Estado que no ha querido asumir su responsabilidad”.

Ante la Junta de Buen Gobierno de Oventic, que no tiene ninguna representación militar ni partidista, el escritor afirmó que el gobierno traicionó los Acuerdos de San Andrés “y nosotros, sin saber bien lo que habíamos mirado, lo que nos habían revelado, volvimos a someternos al juego del Estado, a la corrupción de los gobiernos, a la simulación de la transición democrática que abriría el camino a los intereses globales y a la voracidad del mercado”.

Mencionó que la consecuencia de este olvido, de ese no haber entendido, fue que ese juego del Estado “desgarró aún más el tejido social de la nación, miserabilizó a todos, le cerró el presente a los jóvenes, fomentó el crimen y exaltó la corrupción”.

Tras el encuentro, los zapatistas pidieron a los asistentes no tomar fotografías de

ellos –únicamente permitieron fotografiar los murales que adornan las casas de madera– ni grabarlos en video. Les ofrecieron café y pan y les enseñaron algunas de las instalaciones que datan de 2003.

Alrededor de unos cien periodistas se quedaron esperando a la entrada del centro civil zapatista, pues la orden de la Junta de Buen Gobierno fue que no pasaran para que no tomaran imágenes del acto.

Esto motivó que el poeta y sus colaboradores recibieran reclamos de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que señalaban que únicamente querían tomar una imagen de la reunión. Aunque Sicilia respondió que esa fue una decisión de los zapatistas, el incidente –donde hubo palabras altisonantes– alimentó un nuevo diferendo del líder moral del movimiento con los medios de comunicación.

El sur A diferencia de la caravana al norte, en la cual se denunciaron sobre todo casos de

V IO L E N CI A SO CI A L desaparecidos, ahora en la caravana al sur han proliferado, sobre todo a partir de su arribo al estado de Guerrero, los reportes de asesinados por el crimen organizado, así como de secuestros y tráfico de personas, que se han convertido en el segundo gran negocio de las bandas criminales, después del narcotráfico.

Edificios de lujo y hoteles nuevos; antros y restaurantes vacíos; antiguos hoteles y negocios cerrados; taxistas víctimas de extorsiones; cientos de escuelas cerradas por los chantajes de los cuales son víctimas no solamente maestros, sino también niños a los que cobran 10 pesos por entrar a sus escuelas, son parte de la cara que Acapulco mostró a la Caravana de

la Paz la tarde del lunes, cuando se realizó una marcha en la costera Miguel Alemán.

Una ola de miedo ha cubierto el puerto en los últimos tres meses, cuando comenzaron a cerrar colegios por las extorsiones de diferentes grupos criminales que actúan con impunidad sin acción alguna del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Pero ese miedo se halla igualmente presente en Chilpancingo e Iguala, donde al final de las marchas que organizaron los integrantes de la Caravana por la Paz cientos de personas que habían iniciado la protesta desaparecieron cuando las columnas llegaban a los respectivos zócalos.

“Es que tenemos miedo. Somos pueblos chicos y todos nos conocemos. No-

sotros sabemos que nos están observando y que nos harán algo si protestamos. Estamos prisioneros del miedo y ya no sabemos qué hacer”, confesó el jefe de una familia que estuvo en el inicio de la marcha en Iguala pero que al ser invitado a denunciar su caso en la tribuna prefirió mantenerse en el anonimato.

Tres días después de la marcha de la caravana en Acapulco, miles de maestros también salieron a protestar en la costera exigiendo paz.

En Oaxaca, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad conoció detalles de la represión encabezada en 2006 por el gobierno de Ulises Ruiz, quien metió a la cárcel a 500 integrantes de la APPO y aca-

Veracruz: convierten al tuiteo en “terrorismo equiparado” JENARO VILLAMIL a tarde del 25 de agosto, el profesor Gilberto Martínez Vera subió 17 mensajes a las redes sociales Twitter y Facebook advirtiendo de presuntos enfrentamientos armados y secuestros en la escuela Primero de Mayo y en casas aledañas, así como en la escuela Jorge Arroyo de la colonia Carranza, de las ciudades de Veracruz y Boca del Río, respectivamente.

María de Jesús Bravo Pagola, quien fue funcionaria –directora de la casa Agustín Lara– del anterior gobierno veracruzano, reenvió esos mensajes que señalaban además que hubo “disparos desde helicópteros”.

La información fue falsa. El gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte, dos días después decidió encarcelar a Martínez Vera y a Bravo Pagola en el penal de Pacho Viejo, Jalapa, acusándolos de “terrorismo equiparado” a través de redes sociales, con una pena de tres a 30 años de prisión sin derecho a fianza.

Ante el escándalo y la presión internacional por la desproporción del castigo, el lunes 12 el mandatario priista envió al Congreso local una iniciativa para tipificar en el artículo 373 del Código Penal estatal un nuevo delito: “perturbación del orden social”, con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo “atendiendo a la alarma o perturbación del orden”.

La “cruzada” del gobierno veracruzano contra estos ciudadanos y en general contra los usuarios de las redes sociales constituye “un caso de autoritarismo y arrogancia extremos”, afirma el senador perredista por

L

/

Nayarit Francisco Castellón Fonseca, quien ha defendido a los tuiteros.

“Veracruz está inaugurando un nuevo delito ante la incapacidad de las autoridades para acreditar lo del terrorismo. En realidad el delito de ‘perturbación del orden social’ se parece mucho al de ‘disolución social’ que existía en 1968. En Veracruz están resucitando a Gustavo Díaz Ordaz”, advierte Castellón en entrevista con Proceso.

Subraya que este nuevo delito tiene como objetivo evitar que las autoridades estatales priistas “hagan el ridículo”, ya que el próximo viernes 23 tendrá lugar la audiencia constitucional para resolver la solicitud de amparo que interpusieron Martínez Vera y Bravo Pagola.

Este domingo 18 se prevé la visita del poeta Javier Sicilia al penal de Pacho Viejo para expresar su solidaridad con los tuiteros presos.

Fuentes del Congreso local de Veracruz prevén que el nuevo delito se aprobará el martes 20, aunque las autoridades liberarían a Martínez Vera y a Bravo Pagola el jueves 22, un día antes de la audiencia.

Ante la falta de elementos para criminalizarlos, el gobierno de Veracruz acusa a Bravo de formar parte de una “red de corrupción” de la administración anterior, del también priista Fidel Herrera.

“Como Orson Welles” A pocas horas de que se divulgaran los falsos rumores sobre enfrentamientos en Veracruz, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, desmintió los hechos y acusó a los

tuiteros de “causar histeria” entre la población y de realizar “terrorismo” a través de las redes sociales.

En entrevistas con las estaciones locales de radio, Buganza llegó a comparar esta falsa alarma con la transmisión radiofónica de 1938 de Orson Welles sobre una presunta invasión extraterrestre en Estados Unidos, basándose en la novela La guerra de los mundos, de H. G. Wells. “Ustedes deben recordar al famoso Orson Welles, cuando narró en la radio La guerra de los mundos y generó histeria colectiva”, afirmó, aunque no aclaró que Welles nunca fue detenido ni acusado de “terrorismo equiparado” por aquella transmisión en la CBS. La reacción de las autoridades de Veracruz contra los cibernautas generó un “contagio” en Tabasco. El jueves 1, el Congreso local aprobó por unanimidad una reforma al artículo 312 bis del Código Penal estatal para tipificar como delito punible hasta con seis años de cárcel los avisos falsos o los rumores difundidos a través de llamadas telefónicas o redes sociales.

Esta modificación se inspiró en la propuesta de las autoridades veracruzanas y además en una reforma previa aprobada en Nayarit hace más de un año para sancionar penalmente la difusión de rumores falsos.

En esa entidad, la prensa protestó alegando que se trataba de una “ley mordaza”; el gobernador Ney González ordenó que se “excluyera” de ella a los periodistas, pero la medida nunca se puso a consideración del pleno del Congreso.

Frente a esta ola de medidas para criminalizar a los usuarios de redes sociales,

bó su gobierno con una corrupción galopante y desfalcos estimados hasta el momento en más de 3 mil millones de pesos.

El movimiento encabezado por Sicilia logró unir a organizaciones que desde 2006 no conjuntaban esfuerzos. Por ejemplo, Espacio de Organizaciones –que anteriormente participó en la APPO y se fundió con la Sección 22 del SNTE–, comunidades eclesiales de base, la Pastoral de Movilidad Humana encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde, agrupaciones indígenas y campesinas, así como académicos que organizaron cinco mesas de trabajo en las cuales incluso participaron periodistas que han sido atacados por autoridades estatales.

En Chiapas también se conjuntaron personajes y agrupaciones que desde 1994

no formaban un frente común. Ante la visita de la caravana pacífica se unieron para denunciar y realizar los actos en todas las zonas, organizaciones de derechos humanos como el Centro Fray Bartolomé de las Casas; agrupaciones campesinas como OCEZ-CNPA, Unorca, Ugocep y el Frente Campesino de Chiapas, y de manera importante las Parroquias de Ciudad Hidalgo, Arriaga, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas, así como Las Abejas y comunidades simpatizantes del EZLN. Sin embargo, los integrantes del movimiento ciudadano tuvieron que sortear confrontaciones, como el hecho de que miembros de la COCEI en Juchitán bloquearon el paso de la caravana exigiendo que Sicilia los atendiera. O el ocurrido en Acapulco, cuando unos estudiantes desco-

nectaron el aparato de sonido en el acto celebrado en el zócalo, en protesta porque no los incluyeron para dar sus testimonios como víctimas.

El desgaste se hizo evidente en el movimiento poco antes del encuentro con el EZLN en Oventic. El jueves 15 por la mañana, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, Javier Sicilia estalló contra algunos reporteros de El Sol de México y Ecko Televisión, a quienes acusó de pretender obligarlo a declarar lo que ellos querían, tenerlo como rehén y no entender la emergencia en la que se encuentra el país.

Y aunque después se disculpó por haberse molestado, en entrevista dijo que un sector de la prensa mexicana estaba trivializando la tragedia ciudadana y mostrando ignorancia sin destacar lo im-

decenas de cuentas en Twitter y Facebook han condenado a los gobiernos de Veracruz y Tabasco, al tiempo que el senador Castellón, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, exigió la pronta liberación de los tuiteros detenidos.

“Es inaudita, exagerada y desproporcionada” la pena de 30 años de cárcel y genera un “claro precedente del autoritarismo más oscuro”, advirtió Castellón.

La cadena televisiva británica BBC consideró que existe una “cruzada oficial contra tuiteros en México” y vinculó las medidas adoptadas en Veracruz y Tabasco con el mensaje del presidente Felipe Calderón a raíz del atentado al casino Royale en Monterrey.

“En la misma fecha en que las redes sociales causaron pánico en Veracruz, en Monterrey un grupo vinculado al cártel del narcotráfico de Los Zetas incendió el casino Royale, donde murieron 52 personas.

“Felipe Calderón dijo que el ataque fue cometido por ‘verdaderos terroristas’, lo cual según analistas es un cambio radical en el lenguaje oficial sobre la guerra contra y entre cárteles”, anotó la BBC. El martes 6, el abogado de Martínez Vera y Bravo Pagola, Fidel Ordóñez Solana, interpuso un amparo contra la orden de formal prisión por considerar que se violó el derecho a la libertad de expresión de ambas personas.

En su recurso de amparo, Ordóñez Solana reclamó la violación “flagrante” de los artículos 7 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de las Naciones Unidas. El artículo 7 establece que “nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, mientras que el artículo 19 establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, ya que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión.

Este derecho “comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.

con una fuente creíble por parte de las autoridades de seguridad pública”, advierte Castellón. “Asumo que el gobierno de Veracruz lo que quiere es dar un ‘castigo ejemplar’ y pretende infundir el miedo en la población a partir de estos chivos expiatorios”, explica.

“El gran problema para estas autoridades es el cambio de lenguaje que significan las redes sociales y tienen una concepción muy conservadora frente a un fenómeno que no pueden controlar. No es a partir de la cárcel y de la represión como van a evitar que se divulgue información en Twitter o Facebook”, sentencia.

La tentación de criminalizar las redes sociales está presente en otras entidades como Colima, Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, donde se han aprobado reformas a los códigos penales para tipificar el delito de terrorismo.

En algunas de estas entidades se ha querido equiparar la divulgación de información en redes sociales con el delito de “promoción del terrorismo” que, en la mayoría de los casos se castiga hasta con 30 años de prisión. O

Nerviosismo oficial Castellón considera que la ola de medidas punitivas, contra los usuarios de redes sociales, refleja “la ignorancia y la falta de comprensión de los gobiernos autoritarios frente a fenómenos de comunicación que no controlan, como las redes sociales”.

Indica que si el gobierno de Coahuila hubiera aplicado la misma medida que el de Veracruz “la mitad de los asistentes al Estadio Corona de Saltillo estuvieran en la cárcel” por haber difundido las fotos de los impactos de bala en el recinto deportivo la noche del 20 de agosto.

Castellón recuerda que hace dos años ocurrió un caso similar en Nayarit. Marcos Trujillo alertó sobre la existencia de un convoy armado. Su mensaje en Twitter fue replicado y generó una ola de pánico. Esta fue la raíz de la reforma al Código Penal estatal para tipificar el delito de difusión falsa de información.

“La única forma de detener un rumor es

Miguel Ángel Carmona

El senador Castellón en el penal de Pacho Viejo. Solidaridad

1820 / 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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Germán Canseco

V IO L E N CI A SO CI A L

El poeta y los zapatistas. Encuentro en Oventíc

portante: las miles de víctimas que ha generado la guerra declarada por Calderón al narcotráfico.

“Calderón tiene que explicar” Sobre el próximo encuentro que Calderón se comprometió a tener con él, Javier Sicilia adelanta en entrevista la posición que el movimiento adoptará: “Será un diálogo duro; no será un acto mediático; Calderón tiene que explicarle a la nación por qué se empecina en este horror que está sacrificando el presente y el futuro del país”.

Para darnos una idea de ese presente, podemos asomarnos al “ejecutómetro” del diario Reforma, que registra semanalmente el número de muertos en hechos que involucran al crimen organizado: Del 18 de junio al 9 de septiembre ha habido 2 mil 867, es decir, alrededor de 31 muertos por día.

Además, entre el primer encuentro de Sicilia con Calderón y el próximo, se han producido: el peor ataque a la población civil en el casino Royale de Monterrey, con saldo de 52 muertos; un enfrentamiento a balazos a las afueras del estadio de futbol en Torreón y varios granadazos a sedes policiacas en diversos municipios en actos considerados una forma de narcoterrorismo.

A su paso por los estados del norte y del sur, y a través de la Comisión de Registro de Víctimas, el Movimiento por la Paz ha documentado más de 300 casos de muertes y desapariciones de los estados del norte y del centro del país, pero se estima que al término de la caravana del sur la cifra correspondiente del área será dos veces mayor.

Pietro D’Ameglio, encargado de tales registros, señala que es evidente el aumen-

to del número de muertos y desaparecidos, y que aun en los casos ya registrados no ha habido resultados por parte del gobierno.

Tampoco hay progresos en la propuesta de la Comisión de la Verdad ni en la de la Ley de Seguridad Nacional que, como se quiere aprobar en el Congreso de la Unión, será “una máquina para crear más víctimas”, señala el pacifista.

“La situación se ha agravado. Si observamos la curva de registro, es alarmante cómo ha crecido el número de casos de muertos y desaparecidos. Por eso creo que se tiene que hacer una evaluación del diálogo con Calderón”, insiste el experto en solución de conflictos que forma parte del equipo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

María Villanueva, del equipo de registro, expresa por su parte que en todos los estados se han reportado casos de víctimas, sobre todo de desaparecidos. “La constante que hemos encontrado es que en casi todos los casos se nota una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y tienen que ver con la responsabilidad del Estado por acción u omisión”.

A su vez, María Herrera, con cuatro hijos desaparecidos entre 2008 y 2010, lamenta que Calderón no haya cumplido hasta ahora con la palabra empeñada en el Castillo de Chapultepec, cuando dijo públicamente que él personalmente se encargaría de ver su caso. Originaria de Pajacuarán, Michoacán, la mujer de 60 años que ha hecho todos los recorridos de la caravana en el país, sigue esperando el cumplimiento de la promesa presidencial y dice confiar en que Calderón y su esposa Margarita Zavala le den buenas noticias de las investigaciones sobre el caso de sus hijos.

No obstante, aclara: “Pero no sólo de

mis casos, sino de todos los demás. Todas las madres de familia queremos una res-

puesta; que den una muestra de que sí le están echando ganas, que sí quieren trabajar. Pero sigo esperando…”.

De esta manera, de cara al segundo encuentro con Calderón, el poeta que le dio abrazos, besos y un escapulario al presidente señala que esta vez será distinto, aunque el formato será el mismo: abierto, público, con las víctimas y expertos.

Adelanta Sicilia que esta vez el mensaje no será sólo para Calderón sino también para quien lo sustituirá en la Presidencia de la República a partir de 2012, previendo que la estrategia militar de combate al crimen organizado podría extenderse otros seis años.

–En el primer encuentro fuiste amable. ¿En el segundo será algo similar?

–El segundo encuentro seguirá siendo amable en el sentido de que no tengo personalmente pleito con nadie, pero va a ser mucho más duro en relación con las exigencias de respuestas porque no es posible seguir así. No se trata de un simple acto mediático, sino del “empeñamiento” de palabra que tiene que redundar en actos que salven a la nación.

Sicilia insistió en que durante los casi tres meses transcurridos desde el primer encuentro se ha demostrado el fracaso de la estrategia de la guerra de Calderón, quien “deberá responder a los pendientes que tiene con las víctimas, porque no ha habido ninguna respuesta desde que nos reunimos” en el Castillo de Chapultepec.

“Cuando nosotros llegamos con las víctimas, cuando las visibilizamos, su gobierno las había negado, declarándolos criminales o bajas ‘colaterales’; cuando empezamos a mostrarle el rostro y el dolor, le estábamos diciendo que su estrategia estaba mal planteada.

“Pero no quiso aceptarlo. Dijo que no había una nueva opción. Pero ahora nosotros hemos hecho propuestas con expertos en las mesas de negociación; le hemos dado opciones, y también la UNAM ha hecho una serie de propuestas que nosotros también respaldamos.”

Advirtió que la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de la Vio-

lencia que instauró Calderón por decreto no está bien hecha y tampoco va a funcionar si no existe una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que abone la paz, y tampoco si no está acompañada de una Comisión de la Verdad, “porque tenemos que deslindar cuáles son los muertos del crimen organizado, cuáles los del Ejército y cuáles los de la policía, porque si no, no vamos a sanar la vida del país”.

El poeta dijo que el primer encuentro con Calderón fue para que escuchara, y que en el segundo tendrá que dar explicaciones.

“Así tiene que ser porque ya llenamos de contenidos las propuestas en todo ese largo caminar, con la visibilización de las víctimas, con las pláticas y los diálogos que hemos tenido a lo largo de esos tres meses. A todo eso tiene que responder Calderón porque él dijo que no le habíamos mostrado ninguna alternativa, y ahora ya le contestamos con nuevas alternativas que tienen contenidos de paz.” O

Hilda Ríos /esimagen.com.mx

E S TA D O S / PU E B L A

Amenaza

al Patrimonio Cultural de la Humanidad GABRIELA HERNÁNDEZ

UEBLA, PUE.- El patrimonio cultural y la identidad arquitectónica del centro histórico de la ciudad se encuentran amenazados por la decisión del gobernador Rafael Moreno Valle de construir una vialidad con puentes elevados y desniveles en áreas emblemáticas de esta ciudad, advierten investigadores y académicos.

P

La nueva arteria se llamará Viaducto Ignacio Zaragoza. Felipe Calderón anunció que su inauguración, el próximo año, formará parte de los festejos del 150 aniversario de la batalla del 5 de Mayo.

Un grupo de académicos, investigadores y activistas emprendieron una lucha legal contra esta obra, pues aseguran que en su concepción y diseño las autoridades federales, estatales y municipales han incurrido en una serie de irregularidades y complicidades.

Esta vía, alertan, podría incluso provo-

car que Puebla pierda la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad que le otorgó la UNESCO en 1987, como le ocurrió en 2009 a Dresde, Alemania, cuando sus autoridades se empeñaron en construir un puente.

El grupo de expertos señala que el gobierno estatal arrancó en abril la construcción del viaducto –que pasará por zonas monumentales y aumentará el flujo de vehículos hacia el centro histórico– sin contar con un proyecto ejecutivo ni con las licencias correspondientes. El Instituto Nacional de Antropo-

logía e Historia (INAH) otorgó su permiso el 25 de agosto pasado.

No obstante, la licencia fue cuestionada incluso por los propios investigadores, arquitectos, personal técnico, manual y administrativo del Centro INAH-Puebla. En cartas que enviaron al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, y al director general del INAH, Alfonso de María y Campos Castello, pidieron que se cancele la obra.

La investigadora del Centro INAH-Puebla, Cecilia Vázquez Ahumada reprueba que el INAH otorgara su respaldo al proyecto “que sólo ve el patrimonio monumental de Puebla como una mercancía, un artículo que va a producir ganancias”.

Especialistas, como la doctora en historia Rosalva Loreto López, han interpuesto demandas de amparo a fin de evitar que las autoridades realicen la obra. La también investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dice que se presentará una denuncia penal contra funcionarios estatales, federales y municipales por violación a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. El motivo: los proyectos arrancaron sin contar con los permisos necesarios y en la opacidad.

Por su parte, el gobernador Rafael More-

no Valle ha minimizado los cuestionamientos de este grupo de especialistas en historia, antropología, urbanismo, arquitectura y arte, y además los ha amenazado abiertamente.

En un acto público el pasado 31 de julio el mandatario estatal señaló: “Sé que en ocasiones hay pequeños grupos de presión que por alguna razón quieren oponerse al desarrollo de Puebla… les digo que están equivocados, que se equivocaron de gobernador, porque conmigo se van a enfrentar”.

La historiadora del arte Monserrat Galí considera que el comportamiento del mandatario muestra su poca disposición para escuchar a la sociedad civil. También exhibe su ansia de publicitar obras faraónicas que avalen su proyecto de llegar a la Presidencia de la República.

Y puntualiza: “Estoy segura de que el gobernador ni siquiera conocía la obra porque, como ha quedado evidenciado con tantas inconsistencias cometidas por sus funcionarios, ni siquiera había un proyecto cuando la iniciaron. Yo creo que fueron las constructoras, que seguramente dieron dinero para su campaña, las que le vendieron esta obra, pero lo que él compró fueron problemas y el ridículo”.

Las empresas que están a cargo de la obra son GH Anderl Consulting and Cons-

truction, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, Ingenieros Civiles Asociados, Acciona Infraestructuras México y Alfa Proveedores y Contratistas.

Sin permisos El Viaducto Zaragoza forma parte de un programa de modernización vial que abarca 8.96 kilómetros y que requerirá una inversión de mil 866 millones de pesos; es decir, más de 208 millones de pesos por kilómetro.

Estas obras, que según Moreno Valle servirán para colocar a Puebla “como ejemplo de infraestructura” en Latinoamérica, arrancaron el pasado 18 abril, a sólo dos meses y medio de iniciado su sexenio.

El sistema de puentes pasará por la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe, por el mausoleo de Ignacio Zaragoza y por el arco triunfal de Loreto –del siglo XVIII–, una de las entradas más antiguas a la ciudad.

Los primeros cuestionamientos a la nueva vialidad surgieron en una reunión convocada el pasado 12 de junio por el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos). Los participantes calificaron a esta arteria como una agresión a la traza renacentista de la zona histórica y criticaron que el proyecto no fue-

E STAD OS / PUEB LA ra consultado con el Consejo Ciudadano del Centro Histórico.

Ese día, investigadores del INAH, entre ellos Felipe I. Echenique March, Jesús Joel Peña, Silvia Martínez y Cecilia Vázquez, señalaron que el gobierno estatal no contaba con el permiso del instituto. Esta licencia es indispensable, apuntaron, pues la obra afecta una zona protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Advertimos contra cualquier obra arquitectónica que afecta la zona de monumentos de la ciudad de Puebla como un acto de perjuicio jurídico y moral hacia la sociedad y la memoria histórica de los mexicanos”, señalaron en carta abierta.

Los investigadores revelaron que, a pesar de que el viaducto llevaba ya tres meses en construcción, el gobierno estatal sólo había entregado al instituto un plano general y una fotografía de la obra. Ello, precisaron, es insuficiente para valorar el impacto del flujo vehicular que inundará al centro histórico y los efectos que las vibraciones de las máquinas tendrán en los monumentos históricos.

El pasado 24 de julio más de 100 académicos, especialistas e intelectuales firmaron un documento que llamaron Carta Puebla dirigido al secretario de Educación, al director general del INAH, al gobernador del estado, al alcalde Eduardo Rivera y al delegado del INAH-Puebla, Víctor Hugo Valencia Valera.

En este escrito se menciona que la declaración de Zona de Monumentos Histó-

ricos de la ciudad de Puebla, expedida en 1977, incluye todas las zonas afectadas por el proyecto vehicular y advirtieron que el entorno de los fuertes ya fue afectado por la tala de más de 160 árboles.

El gobierno estatal entró en una serie de contradicciones. Primero, el secretario de Infraestructura del Estado, José Antonio Gali Fayad, aseguró que el viaducto sí contaba con permiso del INAH; sin embargo, días después, el subsecretario de Infraestructura Estratégica y encargado de la obra, Carlos Joaquín Vallejo Rivero, reconoció que no había autorización del instituto. No obstante, argumentó que no se requería porque la obra estaba fuera del polígono considerado zona de monumentos.

Riesgos En entrevista con este semanario, Gali Fayad aseguró que la obra es necesaria para resolver los años de atraso que tiene Puebla en accesos viales, lo que se refleja cotidianamente en múltiples embotellamientos. Se refirió a los opositores al viaducto como “un grupo de cinco o seis personas” que se han negado a conocer el proyecto, que no han presentado propuestas y que mantienen actitudes que calificó de “protagónicas”.

Aunque reconoció que el gobierno arrancó la obra sólo con el proyecto de ingeniería, aclaró que esto es “normal” en ese tipo de obras y que, además, los avances se han mantenido en los límites de la zona de monumentos.

Añadió que las propuestas presentadas por el gobierno para que el INAH autorizara la obra incluyen la edificación de dos brazos que bajarán y rodearán el monumento al general Zaragoza.

En cuanto al puente elevado que se pretendía construir entre la calzada Zaragoza y el bulevar 5 de Mayo, el gobierno estatal lo cambió por un paso “deprimido” o subterráneo.

Pese a que el gobierno del estado considera que estos cambios al proyecto resuelven el problema, Rosalva Loreto asegura que los desniveles serían inviables porque debajo del bulevar Héroes del 5 de Mayo aún fluye entubado el río San Francisco. Además de que a éste se le considera lugar histórico, se alimenta de los escurrimientos de La Malinche y de otros mantos subterráneos.

El investigador Edmundo Gutiérrez explica que la solución que plantea la Secretaría de Infraestructura es similar a la que se aplicó en la construcción del viaducto Miguel Alemán de la Ciudad de México; es decir, se pretende que el río entubado fluya por el centro, entre los dos carriles subterráneos.

“Solo que aquí hay una gran diferencia porque los mantos subterráneos quedarán sin control. Algunos de estos yacimientos contienen una gran cantidad de sales minerales corrosivas para el concreto, por lo que se tendrían que evaluar con seriedad las implicaciones técnicas y económicas de una obra de esta magnitud, sometida a condiciones extremas, incluso de inundación”, advierte. O