MICHOACÁN TODO EL PODER DE CALDERÓN PARA SU HERMANA- VICENTE ZAMBADA Y LA DEA JUEGO DE TRAICIONES

NA R COT R Á FICO PGR

El caso del “Vicentillo”:

infiltraciones, complicidades,

traiciones J. JESÚS ESQUIVEL HICAGO.- Ante los insistentes testimonios en la Corte Federal de Illinois en el sentido de que el cártel de Sinaloa y sus principales líderes han gozado de protección en ambos lados de la frontera, los gobiernos de México y de Estados Unidos aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo más protegido en los últimos 10 años, pronto caerá, vivo o muerto.

En vísperas de una audiencia preparatoria del juicio que se sigue a Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo –hijo de Ismael El Mayo Zambada–, la semana pasada The New York Times informó que Estados Unidos tiene agentes infiltrados en los cárteles mexicanos y se alista a detener a sus principales líderes; a su vez, The Washington Post destacó que el gobierno mexicano dispone de tres unidades de tiempo completo para la captura o asesinato de El Chapo.

Ante los comicios de 2012 en ambos países, El Chapo se ha convertido para los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón en un manjar electoral (Proceso 1825), pero antes debe aclararse la presunta protección que ha recibido el capo, según se desprende de las audiencias en el caso que se le sigue a El Vicentillo.

En lo que pareciera ser una traición a la organización de tráfico de drogas que lideran El Chapo y El Mayo Zambada, el acusado instruyó a sus cuatro abogados para que insistan en que hay acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos.

La defensa del Vicentillo sostiene que los compromisos entre Washington y el narcotraficante mexicano más buscado

C

Plagado de acusaciones entre sus defensores y la fiscalía del Departamento de Justicia, el caso de Vicente Zambada Niebla se vuelve cada vez más tortuoso en la Corte Federal de Chicago. Parece seguir un guión en el que se entrecruzan acusaciones de traición entre las autoridades de Estados Unidos –en especial la DEA–, sus informantes en México y los líderes de alto nivel de cárteles mexicanos, específicamente del de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Obligados por el juez, los fiscales se verán obligados a entregar documentos clasificados que, durante los próximos meses, arrojarán luces sobre la maraña de complicidades que envuelve el caso. en el mundo se lograron por medio de los En la Corte Federal en Chicago se esoficios de la Drug Enforcement Administableció como atenuante que Loya Castro, tration (DEA) e intermediarios. presunto asesor legal del cártel de Sinaloa “El gobierno (estadunidense) está prodesde finales de los ochenta, fue encausategiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes do legalmente por el gobierno de Estados bajo el acuerdo que tienen firmado con el Unidos en los noventa por delitos relacioinformante de la DEA Humberto Loya Casnados con el narcotráfico, pero fue perdotro”, declaró el abogado Edward Panzer nado de los cargos que se le imputaban por ante el juez federal Rubén Castillo. ser informante de la DEA. La defensa reclaEn la audiencia del jueves 27 en la ma el mismo trato para su cliente.

Corte Federal del Distrito Norte en ChicaSegún los documentos radicados en la go, Illinois, los abogados acusaron al goCorte, Loya Castro “se niega a testificar en bierno de Estados Unidos de haber traiel juicio de El Vicentillo como testigo de la cionado a su cliente, quien fue reclutado defensa”. El pretexto que esgrime es que por Loya Castro, un informante de la DEA. el gobierno estadunidense lo amenazó El lunes 24, Panzer y sus colegas George con exhibir los acuerdos de Washington L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fercon el narcotráfico, lo que pondría en riesnando X. Gaxiola entregaron a la Corte vago su seguridad, la de su familia, así como rios documentos, incluida una “petición la de El Chapo y El Mayo. de inmunidad” para Zambada Niebla. En él arguyen que su cliente proporcionó información a la DEA relativa a las actividades de grupos del narcotráfico de México enemigos del cártel de Sinaloa.

En la audiencia del jueves 27 el acusado no estuvo presente en la audiencia, toda vez que “se encuentra en una prisión federal en la población iones Revelac de Milan, en el estado de Michigan”.

Uno de los abogados comenta a Proceso que El Vicentillo fue transferido a ese lugar hace 10 días o hace una semana. “Lo supimos apenas el día de la audiencia”. El hijo de El Mayo fue transferido de Chicago a Milan a petición del gobierno de Estados Unidos con el argumento de que corre peligro de ser asesinado.

Panzer exigió al juez anular los cargos por delito de narcotráfico que se le imputan a su cliente y concederle la inmunidad que presuntamente le prometió la DEA.

La defensa reitera que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon, quien enganchó a Loya Castro como informante, es quien lo presiona para que se desista como testigo: “Castanon le dijo que si salía a la luz su relación y la del cártel con el gobierno de Estados Unidos, no solamente sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos”, indica la solicitud de inmunidad que entregó la defensa al juez Castillo.

Asimismo denuncia que su cliente fue convencido por Loya Castro para convertirse en informante de la DEA y luego fue traicionado por Castanon y altos mandos de la administración antinarcóticos estadunidense.

Los señalamientos incluyen a otros agentes de la DEA, entre ellos David Herrod, quien actúa en México; Carlos Mit-

N ARC OTRÁF ICO chem, subdirector regional de la misma agencia; Steven Fraga, agente especial y jefe de la oficina en Tijuana, y a la fiscalía especial a cargo de la investigación de El Vicentillo en el Departamento de Justicia.

Los expedientes

Foto: Especial

De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte Federal en Chicago, en enero de 2009 los agentes mencionados y el funcionario del Departamento de Justicia dijeron a Loya Castro que se había “aprobado el acuerdo de otorgarle inmunidad” a El Vicentillo a cambio de su trabajo como informante.

En uno de los documentos se hace un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los cuatro abogados de El Vicentillo el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

Ellos insisten en que en esos encuentros Loya Castro no sólo reiteró que sí existía el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla, también manifestó su disposición a testificar en el juicio que se le sigue al hijo de El Mayo, que se iniciará formalmente en febrero de 2012.

El expediente anota que para darle seguimiento al compromiso de Loya Castro con la defensa se acordó otra reunión para el 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México, pero ya no se hizo.

“Loya Castro estableció que Castanon se había enterado de que se reuniría con la defensa (de El Vicentillo) y le dijo que no podría presentarse a testificar ante la Corte como testigo”, indica el documento.

Panzer subrayó al juez Castillo que los cambios de opinión de Loya, quien ahora ni siquiera contesta las llamadas telefónicas, indican que él “sigue en contacto con

El primo del “Vicentillo” y su amigo

la DEA de manera regular y le proporciona información sobre los cárteles rivales al de Sinaloa”.

Los abogados aseguran que entregaron el expediente a la Corte el 18 de agosto último. En él comentan que Castanon se volvió a poner en contacto con Loya Castro y, además de pedirle que desistiera de su idea de ser testigo en el juicio, le propuso un encuentro con gente involucrada en el caso para el 30 de agosto en San Diego, California. Castanon le pidió también desplazarse a Chicago para reunirse con los agentes de la DEA. Según el expediente, “Loya Castro estaba aterrado por lo que le dijo Castanon, por lo que decidió no testificar en el juicio… De hacerlo, expondría la seguridad de muchas personas, incluidos los jefes del cártel de Sinaloa”.

Por ello, en la audiencia del jueves 27 los abogados reiteraron al juez Castillo que “Loya Castro es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que le dicen El Chapo y El Mayo, y a la inversa”.

La parte acusadora, integrada por los fiscales del Departamento de Justicia, que encabeza Thomas D. Shakeshaft y Gal Pissetzky, niegan que la DEA haya establecido un acuerdo de inmunidad con Zambada Niebla. Alegan que los agentes con quienes Loya tiene presuntos contactos carecen de autoridad jurídica.

A su vez, el defensor Michaelson replicó que aun cuando ese fuera el caso, su cliente tiene derecho a la inmunidad con base en un precedente legal que existe en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, según el cual el extranjero que coopere con el gobierno “no necesariamente está excluido de inmunidad” por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso.

La fiscalía no refutó a los abogados de El Vicentillo la relación de Loya Castro con los agentes de la DEA; sólo expuso ante el juez Castillo que la relación de aquél con los agentes antinarcóticos data de 2005.

No obstante la defensa le exige al Departamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, “aun la que esté catalogada como clasificada o top secret”, sobre los contactos de sus distintas agencias con Loya Castro. También insisten en que desde hace más de 20 años comenzó la relación de protección al cártel de Sinaloa por parte de Washington.

“El gobierno no rebate el hecho de que los agentes de la DEA sabían que Loya estaba en contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa, y aparentemente no hicieron ningún intento por seguirlo para poder capturar a los jefes de la organización”, señala uno de los documentos de la defensa.

Nuevo plazo Según sus abogados, El Vicentillo sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe tener información concerniente a “cientos o miles” de llamadas telefónicas que sostuvo Loya Castro con agentes de la DEA antes de 2005.

Ellos aseguran que también debe haber correos electrónicos y reseñas de las reuniones del abogado del cártel de Sinaloa con representantes de la agencia antidrogas.

Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de cerciorarse de que El Vicentillo entendió todo lo que se dijo en la audiencia del jueves 27, gracias a la traductora que le comunicó los pormenores durante la videoconferencia, ya que él no pudo asistir, el juez Castillo definió las fechas para la entrega de información concerniente a la relación de Loya Castro y el gobierno de Estados Unidos.

Castillo ordenó que el próximo 10 de noviembre la defensa y la fiscalía aporten más información sobre el caso. El 28 de noviembre, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito la lista de expertos y testigos que hablarán en el juicio.

El 1 de diciembre el gobierno de Estados Unidos deberá presentar ante la Corte los 3 mil 500 documentos relacionados con el caso de El Vicentillo que supuestamente tiene en su poder. El día 12 de ese mes vence la fecha límite para proporcionar información adicional al caso.

El 3 de enero de 2012 el Departamento de Justicia tiene que entregar a la Corte toda la información relacionada con Jesús Vicente Zambada Niebla que tengan en su poder las agencias de Estados Unidos con presencia en México, como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, entre otras.

Finalmente, el 17 de enero siguiente deberán entregarse las respuestas a las peticiones que hagan tanto la defensa como la fiscalía en el caso de El Vicentillo. “Toda la información que se entregue a la Corte debe ser desclasificada”, expuso el juez a la fiscalía.

Tras escuchar la orden del juez Castillo, el fiscal Pissetzky argumentó que el gobierno debería contar con más tiempo en lo que concierne a los nombres de sus testigos, incluso arguyó que se deben hacer los arreglos necesarios para garantizar su integridad personal: “Es muy peligroso para los testigos y sus familias venir a esta Corte. Por ejemplo, hace poco desapareció el padre de los hermanos Flores, quienes podrían ser testigos; y esto ocurrió después de que la defensa del señor Zambada se opusiera a que ellos se presenten ante usted.”

Según la defensa, los hermanos Margarito y Pedro Flores son operadores del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, lo

NA R COT R Á FICO mismo que su padre. Todos tienen un largo historial criminal en el país. “Su padre ha desaparecido y aparecido muchas veces. Lo que dice el fiscal no tiene sustento”, argumentó el abogado Michaelson.

El juez aclaró que el gobierno de Estados Unidos tiene el tiempo suficiente para hacer todos los arreglos necesarios que garanticen la seguridad de sus testigos.

En jueves 27 no estuvo en la audiencia el joven que regularmente acude a la sala judicial y que, según la defensa, es familiar de El Vicentillo. Ese día estuvo otro joven que se identificó como Javier Díaz y dijo ser “sobrino” del acusado y tener su residencia en Los Ángeles. A su lado estuvo otro adolescente.

De acuerdo con el expediente de Zambada Niebla, en estos momentos “Loya Castro es un informante desactivado de la DEA”, aunque tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos que vence el 18 de diciembre de 2011.

El martes 25 The New York Times publicó en primera plana una nota según la cual la red de informantes infiltrados por la DEA y otras agencias federales en los cárteles de la droga mexicanos va en aumento.

De manera significativa el gobierno de Estados Unidos “ha construido redes de informantes mexicanos que le han permitido infiltrar algunas de las organizaciones más peligrosas del país (México)”, destaca el rotativo.

Y añade que gracias a esos informantes, el gobierno de México ha logrado atrapar o eliminar a unas dos docenas de capos. También aclara que las agencias estadunidenses “mantienen en la oscuridad (al gobierno de Calderón) sobre la red de informantes por temor a que por la corrupción se filtre la información a las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas”.

Por su parte, el viernes 28, en un amplio reportaje de primera plana The Washington Post subraya las sospechas de que Guzmán Loera es el capo protegido de los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Y aun cuando el gobierno de Calderón cuenta con tres grupos especiales dedicados a atraparlo o asesinarlo, subraya el periódico, Calderón “es perseguido por la percepción de muchos mexicanos de que su gobierno, especialmente el Ejército, ha sido muy complaciente con el cártel de Guzmán”.

Respecto al caso de la presunta protección que ofrece Estados Unidos a la organización que encabeza el sinaloense, The Washington Post cita los argumentos presentados en el caso de El Vicentillo que se ventila en la Corte de Chicago. “Él (Zambada Niebla) clama que funcionarios de la DEA han dado mano libre al cártel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos a cambio de información sobre sus rivales”, informa el Post. O

Tras el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en 1993, la entonces Policía Judicial Federal desató una cacería contra los jefes del narcotráfico en Jalisco en aquella época, los Arellano Félix, y contra todo lo que estuviera cerca de ellos. En ese ámbito caían los bienes de la familia Calderón Quintero, que fueron asegurados. Uno a uno los cargos contra estos duranguenses asentados en Culiacán se fueron diluyendo y, sin embargo, hasta la fecha sus bienes y propiedades están en el limbo, en un hecho que bien puede calificarse como un verdadero despojo...

PGR: Historia de un millonario

despojo JORGE CARRASCO ARAIZAGA a filtración a la prensa fue tan contundente que descarriló al candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón.

Su imagen en una foto tomada en los ochenta, durante una celebración religiosa en compañía de Ismael El Mayo Zambada, ensombreció su campaña ante la sospecha de que su ascenso como empresario agroindustrial y luego como político estaba vinculado con uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

Vizcarra no se repuso del golpe y perdió las elecciones en julio de 2010 ante el expriista y aliancista Mario López Valdez.

La fotografía en cuestión había salido de los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR), que en julio de 1994 la aseguró junto con otros muchos bienes de la familia Calderón Quintero, parientes lejanos del frustrado candidato.

A 17 años del aseguramiento, Elisa Quintero López tiene en aprietos a la PGR, que no sólo fue incapaz de comprobar legalmente la vinculación de esos bienes

L

con el narcotráfico, sino que dispuso de ellos sin control y ahora está emplazada a pagar una indemnización de 158 millones y medio de pesos.

Matriarca de la familia cuya historia quedó desde entonces asociada públicamente con el narcotráfico, Elisa Quintero, de 84 años, está en medio de una batalla legal para que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en la pérdida de sus bienes. Pero la PGR se niega a admitir la demanda de indemnización.

Detonante El asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993, desató una persecución contra el cártel de los hermanos Arellano Félix, señalados en las investigaciones de la PGR como responsables del crimen y en ese momento una de las organizaciones más fuertes del narcotráfico en el país.

La PGR, encabezada en ese momento por Humberto Benítez Treviño –actual diputado del PRI por el Estado de México–, emprendió una ofensiva contra la familia Calderón Quintero como sospechosa de trabajar para los Arellano Félix, quie-

nes salieron de Sinaloa para establecerse en Guadalajara primero y luego en Tijuana, donde finalmente se asentaron.

Con una sola orden de cateo, dentro de la averiguación contra los hermanos Arellano Félix, se afectaron más de 700 bienes en Sinaloa, Sonora y el Distrito Federal, dicen los abogados de la señora Quintero: Gerardo Macedo y Adriana Carreto. Precisan que la familia Calderón Quintero sólo tenía bienes en Sinaloa y que fueron objeto de la intervención de la PGR. Agentes de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) hicieron los cateos contra la familia en Culiacán entre el 8 y el 9 de julio de 1994. Intervinieron casas, ranchos, negocios, automotores, joyas y otros bienes que en su mayoría no se sabe dónde quedaron.

Después de catear y asegurar las casas, los agentes judiciales irrumpieron la tarde del 9 de julio de ese año en la planta de Alimentos Balanceados Inekal, instalada en el rancho El Elefante, en las afueras de la capital sinaloense.

Localizada en el kilómetro 18 de la carretera federal a Mazatlán, Inekal era una sociedad mercantil constituida en diciembre de 1984 y cuyas acciones pertenecían a

la familia Calderón Quintero: el padre Inés Calderón Godoy, la madre Elisa Quintero López y sus cuatro hijos: Mélida, María del Rosario, René y José Inés.

La planta “fue un símbolo emblemático de la región”, dice Elisa Quintero López en una queja que presentó el 12 de octubre pasado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la negativa de la PGR a dar trámite a la demanda de reparación de daño.

Viuda desde hace cinco años, Elisa Quintero dice en su queja que la prosperidad de Inekal se debió “al auge ganadero de esos años (que) favoreció enormemente al estado y la zona norte del país”.

Cuando la PGR la intervino “contaba con alrededor de 80 trabajadores, maquinaria especializada, vehículos utilitarios y de carga… (y) poseía un gran inventario de alimento para ganado, así como una considerable cantidad de reses de engorda y sementales, pozos de agua y plantas generadoras de energía. En fin, era considerada como una planta modelo”.

Los ochenta fueron de esplendor para la familia Calderón Quintero, originaria –como Jesús Vizcarra– de Tama-

zula, Durango, en el llamado Triángulo Dorado de la droga en el noroeste de México.

Además de la procesadora de alimentos, la familia era propietaria de ranchos e inmuebles en la capital sinaloense y concesionaria transportista en Durango y Sinaloa. Una de las concesiones en esta entidad se las entregó el gobernador Antonio Toledo Corro en los ochenta.

En medio de la bonanza, a menos de cuatro años de operaciones de Inekal, el menor de los hijos, José Inés Calderón Quintero, murió en Culiacán en junio de 1988 a manos del comandante de la PJF Guillermo González Calderoni, en un enfrentamiento en su propia casa.

Conocido como Inesito o El Ingeniero, José Inés Calderón Quintero fue uno de los mexicanos encausados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kike Camarena en 1985.

Los principales acusados fueron los entonces jefes del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero y Enrique Fonseca Carrillo.

Pero la PGR no se interesó en acreditar y ni siquiera consignó ante la justicia que los bienes de la familia Calderón Quintero fueran producto del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos tampoco insistió en sus acusaciones. Incluso debió devolverles, por resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Sur de California, las cuentas que les había congelado en ese estado.

Proceso irregular En 1993, la entonces Subprocuraduría Especializada en Delitos contra la Salud emprendió las acciones contra los Calderón Quintero en las averiguaciones previas 4384/DGI/1993 y 1384/DGI/1993 por la comisión de probables hechos constitutivos de delito, por lo que decidió el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.

La acción de la PGR no pasó del aseguramiento. Según los abogados de la señora Quintero, en ningún momento el Ministerio Público federal tomó declaración a los propietarios ni se les aclaró su situación jurídica. Ni el padre, Inés Calderón Godoy, o algún otro miembro de la familia fueron formalmente indiciados, aseguran.

Pero la PGR no permitió a los afectados recuperar sus propiedades, incluida documentación mercantil, legal y personal, entre la que se encontraban los álbumes familiares... de donde salió la foto que fue publicada por el periódico Refor-

Pruebas de descargo

Eduardo Miranda

El 7 de noviembre de 2009, como albacea universal de Inés Calderón Godoy, muerto en 2005, inició ante la propia PGR un proceso administrativo para que se levantara el aseguramiento y le devolviera sus bienes.

A 16 años de los cateos, en julio de 2010 la PGR reconoció que no hubo responsabilidad penal de la familia Calderón Quintero.

La viuda reclamó dos casas en Culiacán, el rancho donde operaba la procesadora de alimentos, tres camiones de pasajeros, un tractocamión, dos tractores, tres camionetas, enseres agrícolas y 500 cabezas de ganado.

En su reclamo, Elisa Quintero refirió que las propiedades las obtuvo su esposo

Vizcarra. Campaña malograda

De las dos casas restantes ni el SAE ni la PGR se hicieron responsables debido a que “nunca fueron administrados por los organismos facultados para ello, pues la posesión de los mismos siempre la conservó” la viuda de Inés Calderón, según la agente del Ministerio Público Keren Hapuch Mares Palafox, encargada de resolver el incidente de reclamación y emitir el acuerdo de devolución.

Peor aún, la oficina de catastro municipal de Culiacán le requiere a la familia Calderón Quintero el pago del predial acumulado durante los 16 años del aseguramiento.

La indemnización

El rancho asegurado

“como ganadero desde 1942, transportista desde 1984 (y) comerciante desde 1987”, además de que en 1950 ocupó un cargo público (que no especifica).

Como documentos presentó un escrito a favor de Calderón Godoy firmado en abril de 2000 por el entonces candidato del PRI a la Presidencia y actual senador por Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa.

Además, presentó comprobantes de las concesiones que tanto a ella como a su esposo les dio el gobierno de Durango en 1988 para el servicio público de transporte de pasajeros y de carga por 30 años.

Documentó que su esposo fue miembro de la Asociación Ganadera de Culiacán como propietario del rancho San Francisco, en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, y ella socia de la empresa Autotransportes Unidos de Líneas del Oriente de Culiacán desde abril de 1984 y propietaria de la concesión desde mayo de 1983.

También que su esposo y ella recibieron en 1984 los derechos para la prestación del servicio público de transporte de segunda, autorizado por Toledo Corro.

Además en 1987 Inés Calderón Godoy fir-

www.flickr.com

Especial / Proceso

ma en diciembre de 2009, en pleno proceso electoral de Sinaloa.

La fotografía fue tomada en una feria ganadera en el rancho Costa Rica, de Culiacán y en ella, además de Vizcarra y El Mayo Zambada, aparecen Inés Calderón Godoy y Elisa Quintero López. También Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, quien murió en 1995 en el Distrito Federal y a quien la prensa local relacionó con El Mayo Zambada.

“Hasta hace poco creía que (la foto) pertenecía a mi acervo personal y suponía que se encontraba bajo el resguardo de la PGR”, escribió Elisa Quintero en un desplegado publicado en la prensa local y del Distrito Federal en junio de 2010.

En la publicación asegura que la PJF irrumpió en forma simultánea en su casa, su oficina y la planta procesadora “argumentando que (su familia) tenía vínculos con personas dedicadas al narcotráfico”.

Añade: “Ese golpe devastador nos dejó materialmente en la calle, ya que prácticamente se llevaron todo lo que poseía, bajo el pretexto de una investigación”.

NA R COT R Á FICO

mó un contrato con el gobierno federal para la prestación del servicio de transporte de la ruta 722 Culiacán-Tamazula.

Sin argumentos para retener los bienes, Héctor Manuel Tortolero Damy, de la Administración Titular Jurídica y de Recepción del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en Culiacán, le informó a la PGR que ese organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda sólo tenía asegurado el rancho El Elefante.

Según el funcionario, en el rancho “se encuentra una estructura oxidada, sin funcionar; al parecer, una empacadora de alimentos y un remolque sin número de serie”. Los bienes le fueron entregados por la PGR en marzo 2003 y desde entonces el SAE lo utilizó, según los abogados, como depósito de vehículos, chatarra y otros bienes asegurados.

El SAE alega que no le fueron entregados los camiones, tractores, vehículos, enseres, ni mucho menos las cabezas de ganado, además de que para entonces la planta Inekal ya no estaba en operación.

El organismo descentralizado declaró que tampoco tenía información ni tomó posesión de las casas cateadas y aseguradas por la PGR en Culiacán, el 8 de julio de 1994. Una, ubicada en Mariano Escobedo 1047 oriente, en la colonia Centro. En la otra, que ocupa los predios 137 y 139 de la calle Cuitláhuac norte, de la colonia Las Vegas, también fue asegurado un lote de joyas.

Sin causa penal en curso, ante el reclamo de la viuda de Calderón la PGR ordenó al SAE, el 26 de julio del año pasado, “levantar el aseguramiento decretado por la Representación Social de la Federación el pasado once de julio de mil novecientos noventa y cuatro y exclusivamente por lo que hace” a las dos casas y al rancho El Elefante.

Sin embargo, la orden de devolución incluyó sólo el rancho y “la estructura oxidada al parecer de una empacadora de alimentos y remolque sin número de serie en mal estado”. La entrega la hizo el SAE el 29 de noviembre del año pasado, después de los tres meses que señala como límite el Código Federal de Procedimientos Penales.

Aunque para el año 2000 la PGR ya había regresado a la familia las joyas y levantado el aseguramiento del rancho San Francisco, ante la negativa de la PGR de reconocer que aseguró productos agropecuarios y ganado, Elisa Quintero inició en agosto pasado un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado.

En su demanda pide que la PGR y el SAE le paguen 158 millones 407 mil 205 pesos por concepto de indemnización, “al privarla durante 16 años del producto de nuestro trabajo” y por “el descuido arrogante en la preservación, administración y mantenimiento de todo aquello que se encontraba en la planta de Alimentos Balanceados Inekal”.

Sin embargo, como juez y parte, la PGR se niega a recibir el escrito inicial de la demanda de indemnización y la documentación que sirva de prueba. Ni siquiera ha acordado los actos procesales para desahogar la demanda, con lo que se han vencido los términos legales determinados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece cinco días para que la autoridad conozca de un asunto que le corresponde y en tres meses resuelva la dependencia u organismo descentralizado.

Ante esa negativa, los abogados de Elisa Quintero acudieron ante la CNDH y la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas, por considerar que las autoridades mexicanas han violado de manera sistemática y durante más de 15 años los derechos humanos de su representada, y que las nuevas actuaciones de los funcionarios de la PGR la hacen de nueva cuenta víctima.

La demanda de indemnización fue presentada ante la oficina de Jorge Alberto Lara Rivera, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, que lo remitió a la Dirección General Jurídica de la PGR. En un escrito entregado el pasado 20 de octubre a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, los abogados de la señora Quintero hicieron ver las omisiones en que han incurrido sus funcionarios, por lo que los hicieron responsables directos “del detrimento patrimonial de los derechos que se impugnan y del pago de (la) indemnización”. O

México,

en el “club de la crisis”

A partir del año próximo México formará parte de un club más exclusivo que el de la OCDE: el de los países agobiados por situaciones extremas de violencia, que con el nombre de International Crisis Group funciona con sede en Bruselas y que dedicará un programa a nuestro país.

Uno de sus expertos, Javier Ciurlizza, que viajará a México en diciembre próximo, asegura que la estrategia del gobierno para combatir la violencia mediante operativos represivos no da buenos resultados, porque ésta tiene orígenes múltiples que no se toman en cuenta.

MARCO APPEL RUSELAS.- Por los altos niveles de violencia prevalecientes en México –derivados de la guerra contra el narcotráfico–, el International Crisis Group (ICG), centro de estudios independiente especializado en el análisis de los conflictos armados en el mundo, abrirá el próxi-

B

mo año un programa dedicado al país.

El ICG da seguimiento a las situaciones de violencia en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala y Haití. Pero desde septiembre de 2010 decidió incluir información sobre México en Crisis Watch, la publicación de su observatorio de crisis.

La presidenta-directora general del organismo con sede en Bruselas es Louise Arbour, quien fue comisionada de las Na-

AP photo / Keystone / Martial Trezzini

David Deolarte / Procesofoto

yos costos de transacción son mucho más altos que los del mercado legal, lo que necesitas para el mercado ilegal es una altísima tasa de ganancia. La única posibilidad de desincentivar que las drogas sigan en el mercado es bajar la tasa de ganancia.

“La demanda es inelástica, por lo que queda aumentar los costos de transacción (del comercio de drogas). ¿Y cómo lo haces? O le metes (al narcotráfico) una represión brutal sostenida en el tiempo –lo que para el Estado es más costoso que para el narcotraficante– o simplemente regulas el mercado, imponiendo ciertos límites dentro de los cuales el narcotraficante puede moverse, y si se sale, le cae la represión.”

NA R COT R Á FICO

Catástrofe social

México. País inseguro

ciones Unidas para los Derechos Humanos. El expresidente Ernesto Zedillo apareció como parte del Comité Ejecutivo del ICG hasta la edición de mayo de 2010 de Crisis Watch.

La inclusión de México en la oferta analítica del ICG permitirá una cobertura permanente y la producción de materiales más extensos y detallados sobre el fenómeno de la violencia que amenaza la estabilidad del país. En diciembre próximo viajará a México Javier Ciurlizza, director del programa para Latinoamérica del ICG. Luego de participar en el seminaICG Página electrónica del

rio Corrupción y Crimen: Amenazas para la Paz en Latinoamérica, que fue parte de la Conferencia Global del ICG en Bruselas el lunes 24, Ciurlizza analiza para Proceso la estrategia antidrogas aplicada en México a partir de la comparación con las experiencias de otros países de la región.

Fuerzas del mercado A Ciurlizza se le comenta que, según el discurso oficial, la estrategia del gobierno ha sido exitosa porque logró desarticular a los grandes cárteles, y el incremento temporal de la violencia sería una consecuencia lógica de ese logro.

–De acuerdo con el estudio de otros casos, ¿qué tan sólida le parece esta afirmación? –se le pregunta.

–La violencia del narcotráfico obedece a varios factores y uno de ellos es la acción del Estado; pero depende también de la estructura del mercado ilegal de drogas. La regla general es que si ese mercado es grande y estable, no necesitas la violencia: lo puedes administrar sin matar. Ese era el caso de los narcotraficantes guatemaltecos hasta la llegada de Los Zetas y fue también el caso de los cárteles de Medellín y Cali en Colombia en los ochenta.

“Cuando tu mercado es pequeño y no es estable, generalmente hay violencia. La falta de estabilidad de un mercado se puede deber a que hay más competidores; es de-

cir, más carteles que pelean entre sí por el control de rutas y plazas, o porque el Estado aplica la ley de una manera más rigurosa con una fuerte represión, lo que introduce, hablando desde un punto de vista estrictamente de negocio, un costo de transacción alto: la cuota para pagar corrupción es mucho más alta. Estos escenarios generan más violencia.

El investigador menciona que cuando el gobierno colombiano consiguió fragmentar a los grandes cárteles –como dice el gobierno mexicano que lo ha hecho en el país– éstos se dispersaron en cárteles de mediano tamaño y se transformaron en varios grupos criminales que comenzaron a competir.

“Existe otro elemento –agrega el investigador–: el mercado de drogas tiende a integrarse, es casi un fenómeno natural: al principio hay confrontación y luego hay distribución, se reparten los territorios, las plazas y las funciones. Eso es lo que pasa en Colombia y lo que está pasando en México. En el caso de Tijuana, por ejemplo, donde la violencia ha disminuido aparentemente por el éxito (de una estrategia gubernamental), creo que está mucho más vinculado al mercado y no tanto a la acción del Estado.”

–Usted afirma que la fragmentación de los cárteles, que estaría ocurriendo en México, da como resultado grupos “impredecibles” y más propensos a la violencia: ¿cómo obligarlos a ese “espacio de negociación” del que usted habla en sus análisis?

–Cuando tienes un mercado ilegal cu-

Respecto de la hipótesis según la cual el gobierno federal pretende proteger al cártel de Sinaloa para después facilitar una negociación, el investigador del ICG refiere que así se hizo en Colombia. Expone que “el cártel de Medellín se puso del lado del Estado” para sobrevivir, pero que posteriormente el propio Estado lo destruyó para favorecer a otros cárteles; y lo mismo sucedió en el caso de los paramilitares colombianos, que eran también organizaciones narcotraficantes: “Se pactó una desmovilización”.

Aclara que esas negociaciones son “altamente inestables y riesgosas. Es muy difícil, primero, mantener las ofertas que se hacen en la negociación y, segundo, castigar los incumplimientos”. Pone el ejemplo del acuerdo de desmovilización del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, ligado íntimamente con el narcotráfico.

“El Estado les dijo: ‘Me van a contar qué hicieron, van a reparar a las víctimas, no irán a juicio, sino a unas audiencias y, a cambio, se les va a reducir a cinco años la

Arbour. Observadora de crisis

pena de 70 o la extradición que enfrentan’.

Entonces los narcotraficantes dijeron que sí, se desmovilizaron y entregaron las armas. Pero factores externos, como la presión internacional y los tribunales, provocaron que no todos pudieran acogerse a esa ley y el Estado les incumplió. Lo que ocurrió fue que los narcos regresaron en Colombia.”

Ciurlizza afirma que no tiene conocimiento de algún pacto entre un Estado y el narcotráfico que haya durado en el largo plazo. Cuenta una anécdota en relación con la súbita transformación de Medellín de una ciudad extremadamente violenta a una más pacífica a principios del decenio pasado. Los rumores apuntan a un acuerdo con el narcotraficante Diego Fernando Murillo, Don Berna, para que mantuviera su negocio fuera del radio urbano de Medellín, por lo cual se hablaba pícaramente de la “donbernabilidad”, la construcción de la gobernabilidad a través de

ese pacto, aunque recientemente la violencia regresó a esa ciudad.

–Precisamente en estados mexicanos como Veracruz o Guerrero el gobierno federal desplegó operativos militares luego de que la violencia del narcotráfico ha puesto en peligro su gobernabilidad–, se le comenta al especialista del ICG. –Estos operativos generalmente no resuelven la situación. Guatemala lleva tres estados de sitio declarados en Petén en lo que va de este año, y lo hizo un presidente, Álvaro Colom, que proviene del mundo de los derechos humanos y las ONG. Los cambios son insignificantes. Son una estrategia de “golpeo y me voy”. El ejército, cuando sale a la calle, funciona con el ordenamiento militar, como un ejército de ocupación, que mira a toda la población como potencial enemiga, que ataca y destruye cualquier cosa que “parezca vinculada” a los cárteles.

Desarrolla más su idea: “Se confunde economía criminal con economía ilegal. En los países latinoamericanos mucha gente sobrevive gracias a la economía informal, esas redes económicas que sostienen a los más pobres y que también pueden tener vínculos con el narcotráfico, pero que son diferentes. Es el caso de la piratería. Esas redes informales son destruidas por el Estado en aras de la seguridad”.

Remarca lo que hizo Colombia. “Las autoridades colombianas entendieron que el Estado tiene que llegar con todo: obviamente con función represiva, policial y no militar, pero también con promoción social, con reconstrucción del tejido social.

Considero que ahí está el gran problema en América Central: se le está dando duro a los narcotraficantes y se está olvidando que eso está destruyendo sociedades, familias, desintegrando pueblos, desapareciendo localidades enteras, siendo que la primera condición básica para el desarrollo es que haya cohesión social”.

V IO LE NCIA

Octavio Gómez

Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo animan el recuerdo quemante de las víctimas, los familiares que no dejan de pronunciar sus nombres y todos aquellos que luchan contra la marea de violencia que amenaza cubrir al país. Gracias a la Comisión de Documentación de la organización ciudadana, la presencia de los muertos no es simbólica: son datos duros, descripciones, rostros, pistas para esclarecer los casos y acabar con la impunidad.

Donde se nombra a los

ausentes

JOSÉ GIL OLMOS

os primeros días de abril pasado, en la plaza de armas de Cuernavaca, un grupo de jóvenes puso una libreta sobre una mesita e invitó a las familias de víctimas de la violencia a denunciar los casos que los aquejaban. Entonces se organizaban las primeras protestas por el asesinato de siete personas, entre ellas Juan Francisco Sicilia –hijo del poeta Javier Sicilia–, y se iban anotando los primeros datos que con el paso de los días fueron acumulándose en las hojas de esa libreta de tapas rojas.

Seis meses después, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dejó atrás esa libreta. Ahora tiene archivos digitalizados de 512 casos de ejecuciones, secuestros y desapariciones en todo el país, pero los integrantes de su Comisión de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares prevén que el número crecerá, porque diariamente hay por lo menos una denuncia nueva.

Ante este incremento, el movimiento pretende integrar una red y realizar un congreso nacional de víctimas para fortalecer a los grupos que trabajan desde hace años, realizar un diagnóstico más claro de cómo se expresa la violencia de la guerra contra el narcotráfico en distintas regiones y facilitar que las familias afectadas

L

se conviertan en actores del cambio social y en defensoras de los derechos humanos.

Los 512 casos están debidamente documentados para darles seguimiento ante las autoridades y los tribunales. Son el reflejo de la violencia que se ha recrudecido en el marco de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, ya que en los últimos siete meses ocurrieron casi 4 mil muertes y una cantidad aún desconocida de desapariciones a manos de bandas criminales y de autoridades coludidas con ellas.

“Nos están vigilando” Muchas familias llegaron solas y temerosas a denunciar sus casos en las marchas, caravanas y mítines que desde abril organizó el movimiento ciudadano liderado por Javier Sicilia. Otras han acudido a los centros de reunión: las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social y las instalaciones del Servicio para la Paz. Todas son víctimas desatendidas o ignoradas por las autoridades.

Uno de los primeros casos se registró el 5 de mayo, en el arranque de la marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México. Esa mañana llegaron a la Glorieta de la Paz un matrimonio y su joven hija; llevaban fotos de Jethro Ramsés Sánchez Santana, su hijo, desaparecido el primer día del mes. Con miedo aún se acercaron a los organizado-

res y a otras víctimas del norte del país que empezaban a participar en el movimiento.

Denunciaron que el muchacho había sido detenido por la Policía Estatal en la feria de la ciudad y entregado a soldados de la XXIV Zona Militar, pero ninguna autoridad respondía a sus reclamos de presentación.

A partir de entonces el expediente de Ramsés fue retomado por organizaciones internacionales. Dos meses después fueron detenidos dos soldados que confesaron haber torturado y asesinado al joven, a quien acusaban de formar parte del cártel del Pacífico Sur. Otro caso ocurrió el pasado 10 de septiembre, en el centro de Chilpancingo. Ese día dos mujeres, un hombre y un niño vestían playeras blancas estampadas con el rostro de un joven. El grupo se perdía en medio de cientos que marchaban rumbo al zócalo de la capital guerrerense como parte de las actividades de la caravana del sur del Movimiento por la Paz. Al final de la manifestación, al pie de la tribuna, la mujer más joven declinó denunciar públicamente la desaparición de su esposo, un año antes. “Nos están vigilando, saben quiénes somos y dónde vivimos. Tenemos miedo, ni siquiera hemos ido con la policía porque tememos que ellos también estén involucrados”, dijo cuando se le preguntó por qué no subía a hablar de su caso.

Pese al miedo se dirigió a la mesa donde los organizadores recibían las denuncias y expuso la desaparición del estudiante de ingeniería mecánica de 23 años, al que unos individuos armados secuestraron.

Muchos de los casos que ha documentado el movimiento tienen un acompañamiento ante las autoridades, como el de 31 expedientes de desaparecidos que se siguen en Monterrey. Otros han sido resueltos, como el de una jovencita desaparecida a la que se le salvó la vida y ahora está con su familia.

Muchos otros siguen esperando justicia, señala Valentina Peralta, integrante de la Comisión de Documentación y Atención a Víctimas y sus Familiares, quien advierte que el mayor riesgo que corren es convertirse en una ventanilla de recepción de expedientes como las oficiales, que no resuelven ni canalizan las denuncias para que sean atendidas y resueltas.

Pietro Ameglio, uno de los voluntarios que inició el registro de las víctimas en el Movimiento por la Paz, señala que desde aquella marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México empezaron a darse cuenta de que no existía un espacio nacional para que se visibilizaran los miles de muertos y desaparecidos que las autoridades consideran “daños colaterales”.

Precisa, no obstante, que ya había organizaciones trabajando desde 2007, como Unidos por Nuestros Desaparecidos, de Tijuana, y el Frente Unido por los Desaparecidos de Coahuila (Fundec) desde 2009.

“Muchos llevaban años sufriendo este dolor en silencio, con miedo y desesperación –recuerda el activista–. Cuando aparece el Movimiento por la Paz, muchos vieron que era un espacio social con cierta protección, seguridad, por lo menos en lo inmediato, porque a largo plazo no sabemos qué va a pasar.”

Al principio el equipo del Centro de Documentación y Atención a Víctimas y Familiares era un grupo de estudiantes de derechos humanos del Claustro de Sor Juana. Durante la marcha de mayo –y en la

caravana al norte que recorrió 11 estados la segunda semana de junio–, el equipo enfrentó una realidad brutal: en todas las plazas emergieron decenas de familiares, sobre todo mujeres, contando las historias de sus seres queridos ejecutados, desmembrados, torturados o desaparecidos por bandas criminales o por autoridades.

La cascada de denuncias rebasó en muchos momentos a estos jóvenes, pero lograron armar expedientes de 291 casos, 45% de los cuales eran asesinatos, 42% desapariciones y el resto secuestros, detenciones ilegales y otros delitos.

Pero fue tal el impacto de toda esa violencia y sus secuelas de desesperación, angustia y terror contenidas en cada relato y en cada ciudad que el grupo inicial quedó afectado psicológicamente. Algunos jóvenes mostraron síntomas de estrés postraumático y tuvieron que ser sustituidos por otro equipo más experimentado, que trabaja con protocolos internacionales para el trato a víctimas de un conflicto armado o de una guerra.

Ahora el equipo de documentación está integrado por siete voluntarios con más experiencia. Lo coordinan Roberto Villanueva y José Rivera. Se ha ido consolidando con el tiempo, pero tuvo que enfrentar problemas distintos a los del primer grupo: la presencia de halcones del crimen organizado y de agentes gubernamentales que les toman fotos y los interrogan para tener acceso a los expedientes que recopilan.

“Hemos estado en los focos de violencia más peligrosos del país y no nos ha pasado nada porque sentimos que el mismo movimiento nos protege. Cuando hemos estado en algunas plazas, como en Coatzacoalcos, gente extraña, halcones y hasta (agentes) del Cisen se nos han acercado para preguntarnos de nuestro registro, pero hasta ahora no ha pasado nada”, relata Villanueva.

Advierte de la confidencialidad de los expedientes: “Nosotros manejamos información muy delicada y confidencial. Hay gente que se ha querido meter a la comisión, pero nos cuidamos mucho y pedi-

mos muchos requisitos que no cumplen.

No permitimos que nadie, incluido Javier Sicilia, tenga acceso a nuestra base de datos, porque todas las familias confían en nosotros. De hecho, algunas prefieren que no aparezcan sus nombres y que sólo se registren sus casos para aparecer en nuestras estadísticas y otros por miedo o porque ya quieren cerrar sus duelos”.

Red nacional de víctimas Durante la caravana del norte el Movimiento por la Paz recogió 291 casos, la mayoría de asesinatos y desapariciones.

Las víctimas eran estudiantes, empleados, trabajadores, choferes, policías y profesionistas. En la caravana del sur se registraron 221 casos: más de la mitad de ellos eran de desapariciones forzadas. Las ocupaciones predominantes aún se están determinando. En total la comisión tiene 512 casos, aunque falta incluir más de 60 que llegaron directamente y que por ser urgentes se canalizan de inmediato a las autoridades.

Esta cifra de casos registrados por el movimiento tampoco incluye los 206 que el Fundec documentó a partir de 2009 ni los 300 de Unidos por Nuestros Desaparecidos de Tijuana desde 2007.

“No es que el movimiento haya ido a buscar los casos a los centros de derechos humanos o con otras agrupaciones de víctimas. Esta es gente que en su gran mayoría no estaba visibilizada públicamente, estaba con cierto nivel de anonimato porque tenía temor a hacer público su caso, pero al ver a otras tantas víctimas, a un grupo de gente amplio, tomó valor y conciencia de dignificar públicamente a sus familiares para decir que tienen nombre, historia. Para exigir justicia y que no fueran tratados como ‘daños colaterales’, como fantasmas”, precisa Ameglio.

“El movimiento se encontró a esos muertos en todo el país. No se tenía conciencia de la magnitud de la guerra que vivimos. A nosotros esa cifra nos sorprendió y rebasó. Recuerdo que los primeros registros fueron espontáneos, ahora lo estamos haciendo cada vez más organizado, estructurado e incluso digitalizado, siguiendo la metodología de la ONU”, indica el profesor universitario especializado en la solución pacífica de conflictos sociales.

El trabajo de esta comisión es fundamental para el Movimiento por la Paz porque trata con lo que es su corazón: las víctimas. De ahí que sus principales objetivos sean la transparencia, la confidencialidad y la profesionalización, pero sobre todo hacer de las víctimas promotoras de los derechos humanos y actores del cambio. Y para ello es necesario organizarlas en cada estado para que trabajen de manera colectiva.

En sus documentos este grupo señala que la misión es “empoderar a las víc-

V IOLE NC IA

Desaparecidos. Dignificación política

18

1826 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

Yahir Ceballos

trabajo con las víctimas, que no está haciendo la autoridad, empecinada en su estrategia aun con la evidencia de que no funciona. Lo que no se sabe es hasta cuándo la sociedad va a aguantar este hartazgo. Me parece que el tema de los desaparecidos va a ser uno de los grandes detonantes de una explosión social en este país, porque la gente ya no aguanta más este dolor, esta injusticia para todas las familias”, advierte Ameglio.

En cuanto a la integración de la red nacional de víctimas, reconoce que es uno de los propósitos principales del movimiento, pero explica que es un proceso lento, porque pasa por la toma de conciencia de las víctimas: “Cada vez más los familiares luchan no sólo por sus casos sino por los de otros, este es un proceso de tomar conciencia, de que no quieren que otros sufran. Pero eso lleva su tiempo, no se puede forzar; depende de que los familiares de la víctima estén dispuestos a enfrentar una situación pública, de articularse con otros.”

Observa que en el Movimiento por la Paz todavía no se alcanzan los niveles de organización nacional porque se siguen manejando casos individuales, como el de Javier Sicilia.

“Formar esta red nacional de víctimas es muy importante, pero lleva un ritmo lento en algunos familiares, de los más cercanos al movimiento, que se han ido empoderando como sujetos sociales de una manera lenta e individual y no como se requiere, con un compromiso público. El dolor, la fuerza moral, entre otras cosas, han hecho posible esta transformación, pero no son la mayoría, va a llevar tiempo”, insiste Ameglio.

Otro de los pendientes del movimiento es realizar un encuentro nacional de víctimas, que hace meses se planteó: “Queríamos hacerlo en noviembre, pero no sabemos si hay condiciones. Tienen que decidirlo las propias familias de las víctimas.

Pero tarde o temprano ese proceso de organización se tiene que dar, además de que va a servir para hacer un mejor diagnóstico de la guerra en el país, a fin de conocer cómo se expresa la violencia en cada región. También va a servir para que las víctimas tengan más fuerza, para que su voz se escuche más fuerte, porque no es lo mismo hablar solo que en forma de una red nacional.”

Precisa que ese encuentro no sería un acto de catarsis sino de organización, para que de manera unida y en un solo frente las víctimas tengan mayor fuerza en sus demandas de justicia. Con todo, vuelve a aclarar que el objetivo fundamental del Movimiento por la Paz no es crear la red ni realizar el encuentro nacional, sino que haya justicia para los muertos y sus familiares, que se presente a los desaparecidos y que el militarismo sea sustituido para rehacer el tejido social. O

MARCELA TURATI artidos políticos, expertos, académicos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afinan sus proyectos para entregarlos el próximo mes ante el Congreso a fin de que los legisladores tengan elementos para discutir y aprobar en los próximos meses una ley de atención a víctimas de la violencia que se vive en México.

Es el miedo el que los impulsa en esta carrera: temen que el sexenio calderonista, que ha fabricado decenas de miles de víctimas, termine sin una ley que defienda a los agraviados, una norma que especifique quiénes son y a qué tienen derecho. La ciudadanía también tiene derecho a saber quién debe atenderlos y cómo debe hacerlo.

Se afanan para que sus propuestas, así como las que presentaron hace varios meses los tres principales partidos –PRI, PAN y PRD– se incluyan en las discusiones legislativas en las próximas semanas y el calendario electoral de 2012 no las empantane.

Hasta ahora por lo menos son seis los proyectos: la propuesta ciudadana, que elaboran de manera conjunta la UNAM y el Movimiento por la Paz; el PAN y el PRI impulsan cada cual dos iniciativas, mientras que el PRD enarbola una.

Además, personal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y expertos independientes contratados ex profeso elaboran otro documento que, de obtener el consenso de los participantes, sería presentado por la Procuraduría General de la República o la Presidencia de la República la segunda semana de noviembre.

Cada propuesta tiene sello propio y parte de un diagnóstico diferente: algunas se derivan de los testimonios de las víctimas y de escuchar a quienes las atienden; otras, de revisar leyes de otros países o de diagnósticos nacionales sobre los impactos de la violencia. Cada una, también, pone énfasis en delitos específicos.

Entrevistados por Proceso, varios de los participantes en la elaboración de los documentos difieren en algunos puntos sustantivos, como el de quién se encargará de atender a las víctimas: Algunos sugieren dar más atribuciones al trabajo de la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) –creada sorpresivamente por decreto de Felipe Calderón, tal como lo publicó el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre último–, otras piden dar nuevas atri-

P

Y las

víctimas siguen sin ley

Ni la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito –creada al vapor por el gobierno calderonista– ni la falta de discusión abierta sobre la violencia que ha provocado más de 50 mil muertos, 120 mil desplazados, 50 mil huérfanos y 10 mil desaparecidos arredran a las organizaciones sociales; tampoco a los partidos políticos que pugnan por que en la LXII Legislatura se discutan y aprueben las iniciativas para la creación de una ley sobre el rubro. Su temor, dicen, es que el proceso electoral empantane los debates o que se apruebe una ley exprés. buciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o bien abrir una ventanilla que canalice las quejas ciudadanas de quienes han sido objeto de actos delictivos o violaciones a sus garantías individuales.

Y aun cuando organizaciones y familiares de víctimas del secuestro, como Isabel Miranda de Wallace, llevan años exigiendo leyes que protejan a quienes han padecido la delincuencia, no fue sino a partir de la irrupción del Movimien-

to por la Paz que encabeza Javier Sicilia cuando comenzaron a ser escuchados.

Ebullición social Las propuestas son muestra del nivel de la indignación de amplios sectores sociales que sufren los embates derivados de la estrategia calderonista de combate a la delincuencia y de las sangrientas disputas territoriales de los cárteles de la droga.

Una de ellas, la del Movimiento por la

Benjamín Flores

timas y generar redes de defensores de derechos humanos”, y apoyar la creación de una memoria histórica respecto de la tragedia nacional y la espiral de violencia que sufre el país.

–¿Qué va a hacer el movimiento con esos 500 casos?

–Ese es uno de los grandes desafíos y límites del movimiento, de su capacidad de dar un seguimiento jurídico y de acompañamiento a las familias. Además, está el problema de protegerlas, porque una vez que hacen su denuncia se ponen en riesgo, y por eso el movimiento busca alianzas con organismos locales o regionales de derechos humanos que los apoyen en este seguimiento. No se trata de cargarles el trabajo a estas organizaciones, sino de apoyar a las víctimas –aclara Ameglio.

Otro de los aspectos que tienen que atender es la parte emocional de cada familia que sufre la muerte de sus seres queridos, o un duelo inconcluso en el caso de los desaparecidos. Para ellos también se busca el apoyo de algunas instituciones como la UNAM, porque el Estado poco hace al respecto.

–¿El hecho de que mucha gente busca al movimiento expresa la ausencia del Estado?

–Sí. De alguna manera todas las agrupaciones de víctimas y el movimiento le están haciendo el trabajo al Estado. Hasta hace unos días Felipe Calderón dijo estar sorprendido por la envergadura del problema de los desaparecidos; se tardó en escuchar a los familiares desde el primer diálogo, el 23 de junio, porque ahí hubo un grito de desesperación. Hay miles de desaparecidos, al nivel de las dictaduras de América del Sur en los setenta.

Señala que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito surgió por la presión de muchos grupos y calcula en cinco años el retraso del gobierno calderonista para investigar miles de muertes y desapariciones, así como para atender a sus familias.

“Es evidente que la sociedad civil ha rebasado al gobierno y que toma en sus manos los esfuerzos por mayor seguridad y justicia. Es evidente que la sociedad civil está haciendo una enorme parte del

Paz y la UNAM, viene cocinándose desde agosto. La abogada Paulina Vega, experta en derechos humanos y coordinadora de los trabajos, sostiene que el documento retoma iniciativas de la sociedad civil, aportaciones de expertos en atención a menores, mujeres, pueblos indígenas, así como testimonios de víctimas del secuestro y defensores de derechos humanos que han participado en los encuentros convocados por el movimiento.

“Este esfuerzo se traduce en tener una iniciativa ciudadana con la visión del movimiento y de la UNAM de cómo deben coordinarse las dependencias para dar la atención integral a todas las víctimas, aunque no participen en el proceso penal.

“En este proceso nos enfrentamos a la creación de Províctima, esta maquinaria amorfa, poco clara, que ha ocasionado suspicacia y temor entre la ciudadanía; aun así pretendemos fortalecerla”, explica la consultora independiente.

Vega confía en que los tiempos legislativos, aun con la discusión del presupuesto y la competencia electoral de 2012, permitan una discusión razonada para impulsar una ley de atención a víctimas de la violencia, aunque lamenta que el tema tenga que abordarse a marchas forzadas.

“Lo ideal hubiera sido realizar una consulta nacional para saber qué piensan

VIO LENCIA

Deudos de víctimas del casino Royale

ejes: reconocer los derechos de las víctimas para que sean exigibles; aclarar los mecanismos y las rutas para que puedan ser efectivos, y coordinar los servicios existentes para que los afectados no tengan que tocar muchas puertas ni sean revictimizados.

Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien también fue invitado por el Inacipe, comenta: “En cuanto se presente el documento, lo ideal sería poner sobre la mesa las diferentes perspectivas de las leyes y abrir un grupo de consulta con la sociedad, organizaciones de derechos humanos que trabajan con víctimas, académicos y los propios partidos políticos, para tomar acuerdos conjuntos sobre cuál sería la ideal”.

daños causados. Comenta que sus compañeros aún discuten si la CNDH debe encargarse de ese aspecto, así como de establecer los mecanismos para que el Estado repare a las víctimas de una manera directa, no subsidiaria.

“El Estado mexicano tiene el deber superior como depositario de la paz, de la seguridad, de la vida, de salvaguardarla.

En eso se funda la acción de responsabilidad política y patrimonial del Estado mexicano que no ha cuidado ni garantizado el entorno y la tranquilidad, lo que le da sentido a su existencia”, señala Torres.

La propuesta perredista incluye garantías para los desplazados por la violencia; el propósito es que puedan regresar a sus hogares o establecerse en otros si su vida corre riesgo.

“Tenemos dos semanas como máximo para darle viabilidad legislativa, el proceso de debate va disminuyendo; así como la llama y el interés. Esa es la realidad. El año que entra será muy complejo, por la disputa político-electoral”, admite el senador perredista.

Por parte del gobierno federal, el Inacipe contrató a un grupo de expertos para, junto con sus analistas, elaborar una propuesta de ley general de protección a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, para presentarla a académicos y a los medios. El propósito: generar una discusión.

La abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, asegura que la propuesta se basa en tres

Las iniciativas panistas

Germán Canseco

las víctimas del sur, del norte y del centro.

Habíamos planteado un proceso de consulta de más largo plazo y más incluyente, y que mientras se creara un fondo para atender las emergencias, como los huérfanos o los familiares de desaparecidos o levantados, pero no fue posible.

“El Ejecutivo unilateralmente creó la Procuraduría Social y con esa desventaja estamos sujetos a calendarios de la agenda legislativa y esperando que los partidos y el Congreso se abran al diálogo”, señala.

Sobre las iniciativas presentadas por diputados del PAN y del PRI, la abogada las considera limitadas, con fuerte carga hacia las víctimas de la delincuencia organizada y no a las que fueron agredidas por funcionarios, por lo que no obligan a la federación y a los gobiernos estatales a atender a las personas.

“Veremos si la cantidad de iniciativas realmente es una muestra de voluntad política”, comenta Vega.

Por parte del PRD, el senador Tomás Torres explica que para la redacción de su propuesta el partido consultó a expertos y a organizaciones que trabajan con víctimas, incluido el Movimiento por la Paz. En los encuentros, coordinados por la diputada Teresa Incháustegui, se planteó que el Estado debe asumir la responsabilidad de los “daños colaterales” de la guerra contra la delincuencia organizada que emprendió.

El senador insiste en que se requiere una ley que faculte a una instancia autónoma que se encargue del registro de los

El PAN tiene dos propuestas para atender lo que Calderón ha llamado “las víctimas colaterales de su guerra”. La primera de ellas, presentada el 12 de abril de 2010 por los senadores Felipe González, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo, considera que se “debe transformar el sistema de ataque directo al crimen a través de la fuerza del Estado, para que esté acompañada de la reconstrucción del tejido social y que tome en cuenta la desigualdad que hay en nuestra sociedad”.

“Lo que buscamos es unirnos al compromiso del presidente para enfrentar a los problemas del país”, explica González al tiempo que señala que su análisis parte de que las leyes mexicanas se inclinan más a la forma en que debe tratarse al delincuente e ignoran a la víctima.

El legislador aclara que su propuesta incluye la atención a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos por funcionarios públicos, aunque no entra en detalles.

“Pedimos un comité técnico que se encargue de determinar las medidas para atender a las víctimas; que maneje un fondo de apoyo a través de un fideicomiso en el que el gobierno federal aporte parte del dinero… Las víctimas pagan impuestos y, si son atacados por la delincuencia, tenemos que buscar cómo rehacerles la vida.

“Y en caso de que la pierdan, evitar que se dé por cerrado el caso, a sus herederos deberá ayudárseles para resarcir el daño. Y en caso de los secuestros, si se logra rescatar el dinero, que se le regrese de inmediato a los afectados, que no lo guarden las autoridades”, expone.

Para elaborar el documento, dice, se revisaron leyes “que nos llevan muchísimos años de avance”, como la de Nueva Zelanda (1963), Budapest (1974), la del Consejo de Europa sobre Compensaciones (1977),

Estrasburgo (1983), Naciones Unidas (1985), España (1995) y Puerto Rico (1998).

“Desde el año pasado la tienen (en el Congreso), no la han querido discutir. Actualmente está en las comisiones de Gobernación y de Justicia; dicen que siempre hay una urgencia anterior; que le pregunten a las víctimas para que vean qué es lo más urgente”, se queja el panista.

La otra iniciativa panista, impulsada por José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad, y su correligionario Bonifacio Herrera, quien fue supervisor externo de los Centros de Atención a Víctimas de la PGR, plantea los qués y cómos: De acuerdo con Herrera “se modificarían la Ley Orgánica de la procuraduría y la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes decomisados puedan constituir un fondo y asegurarle a las víctimas el resarcimiento del daño, porque lo que se ha llamado ‘daños colaterales’ –cuando se da una persecución a un grupo delictivo por parte de las autoridades y un civil sale dañado en su persona o en sus bienes– no hay cómo repararlos. “¿A quién reclamo si chocaron mi auto, balacearon mi casa o me hirieron?”, se pregunta el legislador de Durango. “Que de ese fondo se le resarzan (los daños a los afectados)”.

Señala que el objetivo último es garantizar a las víctimas del secuestro que se les reintegren sus bienes cuando el delincuente sea atrapado: “Las consideraciones para atender a las víctimas están en la Constitución y en convenios internacionales desde hace varios años. En la medida en que el problema del combate a la delincuencia se incrementó, también se incrementaron las víctimas; hoy atender este sector es prioritario, por eso el interés (en presentar la iniciativa)”.

Por parte del PRI, el diputado Humberto Benítez Treviño presentó una propuesta el 4 de febrero de 2010, que aún espera su turno en las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública.

La diputada priista Yolanda de la Torre Valdez, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la LXII Legislatura federal, prepara otra iniciativa sobre el tema. Ésta obligaría al Estado a crear una Comisión Especial de Atención a Víctimas del sexenio para que lleve un registro de quiénes y cuántos son los afectados y dónde están, y que tendría que indemnizar, reparar y reubicar a las “víctimas colaterales” de la violencia.

“El Estado debe reparar los daños porque a causa de su estrategia las personas han sido víctimas del crimen organizado.

Tiene una responsabilidad patrimonial hacia todos los ‘daños colaterales’, especialmente las familias de civiles y uniformados”, explica la diputada.

Vuelta al

“feudalismo”

FRANCISCO CASTELLANOS Y ÁLVARO DELGADO

ORELIA, MICH.- Luis Calderón Vega, padre de Luisa María y Felipe Calderón Hinojosa, dejó por escrito su repudio al “feudalismo en Michoacán” que hace seis décadas consumó Lázaro Cárdenas del Río al hacer gobernador a su hermano Dámaso.

El historiador recoge, en el segundo tomo de Memorias del PAN, la indignación del abogado revolucionario Victoriano Anguiano por el objetivo de Cárdenas de hacer gobernador a su hermano en 1952: “Si

M

En flagrante violación a los preceptos fundamentales de la democracia, Felipe Calderón interviene directamente y utiliza la fuerza y recursos de la Presidencia para impulsar la campaña de su hermana Luisa María, que aspira a la gubernatura de Michoacán. Para posicionarla no vacila en atacar al gobierno de Leonel Godoy con una campaña “de mentiras y difamaciones”, ni en recortar las partidas del presupuesto federal a fin de desestabilizar al gobierno perredista.

el general Dámaso Cárdenas llega al poder se consumará en la forma más inocente y pacífica el feudalismo en Michoacán”.

Calderón Vega, quien describió a Anguiano como “uno de los últimos auténticos revolucionarios valientes y de honradez intelectual de Michoacán”, hizo suyo el reclamo por el “feudalismo” instaurado por Cárdenas, pese a que éste había dejado la Presidencia de la República 12 años atrás.

A 59 años de distancia el “feudalismo en Michoacán” que condenó Calderón Vega se reproduce con su hija Luisa María, quien se ufana de que será la próxima gobernadora del enclave histórico de la izquierda, cuando su hermano Felipe encabeza el gobierno federal desde el que, por lo menos desde 2008, según varias fuentes, se aplica una estrategia para favorecerla.

En la consecución de su candidatura por el Partido Acción Nacional (PAN) y en su campaña para ser la primera gobernadora del estado, donde el clan Calderón jamás ha ganado nada, se ha recurrido a todo: La estructura gubernamental federal se puso a su servicio y se afianzó el pacto con Elba Esther Gordillo y su partido Nueva Alianza (Panal).

Y es que en la elección del próximo 13 de noviembre en Michoacán se juega no sólo la gubernatura –que durará apenas tres años y ocho meses– y la viabilidad electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la del PAN hacia la elección presidencial de 2012, sino dos proyectos de nación contrapuestos: la izquierda nacionalista que instrumentó Cárdenas del Río y la derecha del PAN que fundó Manuel Gómez Morín para oponérsele.

En el estado más tripartita del país desde 1995, cuando Calderón fue candidato a gobernador, y donde éste, en diciembre de 2006, declaró la guerra al crimen organizado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puede ganar con su candidato, Fausto Vallejo, pero la disputa histórica es entre la coalición de izquierda PRD-Partido del Trabajo-Convergencia, con Silvano Aureoles, y la derecha de PAN-Panal, que postula a Cocoa, llamada así por su familia debido al color de su piel.

El sello del gobierno federal en el equipo y la estrategia de la candidata del PAN es inequívoco: El jefe de la campaña, Virgilio Bucio Reta, era coordinador general de delegaciones de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), de la que antes fue delegado y como tal encabezaba a todos los delegados federales en la entidad, quienes desde la precampaña han sido acusados de trabajar para Cocoa.

De hecho, el sustituto de Bucio Reta como delegado de la Sagarpa, Esteban Cruzaley Díaz-Barriga, exdiputado y exalcalde priista, forma parte del equipo de campaña de la candidata como jefe de “Evaluación”, según el organigrama interno que obtuvo

Proceso, en el que aparece como coordinador general operativo el chihuahuense Javier Rodarte de la Rosa, quien renunció a la subdirección de Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe).

Rodarte de la Rosa fue secretario de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN que presidió Germán Martínez y es socio de la empresa Desarrollo y Operación de Campañas, de Jorge Manzanera Quintana, operador electoral de confianza de Calderón y quien ahora trabaja para la aspirante presidencial Josefina Vázquez Mota.

Fue Manzanera, por disposición de Calderón, quien diseñó la estrategia electoral del aspirante del PAN que enfrentó a Godoy en la elección de 2007, Salvador López Orduña, quien fue candidato pese a que Benigno Quezada tenía más posibilidades pero se disciplinó a cambio de una diputación, como se documentó en el libro El engaño, prédica y práctica del PAN. Otra alta funcionaria federal que se incorporó al equipo de Luisa María Calderón es la portavoz Laura González Martínez, quien hasta agosto último fue coordinadora de Oportunidades, el principal programa antipobreza del gobierno federal, que en Michoacán tiene un padrón de 300 mil familias beneficiadas, según informó ella misma en mayo pasado.

El apoyo del gobierno federal a la candidata se da hasta en encuestas contratadas por la Secretaría de Gobernación, de las que este semanario tiene copia, y que han sido clasificadas como reservadas por 12 años con base en las leyes de Seguridad Nacional y de Transparencia.

Cocoa goza además de un ostensible aparato de seguridad integrado por el Estado Mayor Presidencial (EMP) –al que legalmente tiene derecho–, pero también de la Policía Federal y del Ejército, con un costo mensual sólo para estos últimos de entre 5 y 6 millones de pesos, como consta en quejas presentadas ante el Instituto Electoral de Michoacán.

Así, en mayo de 2009 Calderón aplicó el michoacanazo contra autoridades y funcionarios estatales, que resultó un fiasco; procedió contra Julio César Godoy Toscano, el medio hermano del gobernador que está fugitivo, y en plena campaña le cortó, sin ninguna explicación, recursos federales para los afiliados al ISSSTE. Este “michoacanazo financiero”, que se suma a la “campaña de calumnias y mentiras” de panistas de que la entidad está quebrada por la deuda de 15 mil millones de pesos, fue orquestado por Ernesto Cordero todavía como secretario de Hacienda y quien, desde el jueves 27 –a dos semanas de las elecciones–, se instaló en Morelia para, de ser aspirante presidencial, degradarse en vocero de la candidata.

Godoy afirma que Calderón está tan completamente involucrado en el proceso electoral “que tiene a la hermana de candidata” y la más reciente manifestación de esa conducta facciosa es el recorte de recursos. “La única explicación que hay es el proceso electoral de Michoacán”.

El objetivo de los hermanos Calderón, dice, no es hacer justicia, como en el caso de su medio hermano, “sino estigmatizar, desgastar a un gobierno de izquierda sobre la base de un asunto que está fuera del control del gobernador”.

–¿Para que Calderón imponga a su hermana?

–Ellos están en la contienda electoral.

Ha habido un constante golpeteo al gobierno de Michoacán por diferentes razones: primero cuando el asunto de los granadazos, después el michoacanazo, luego lo de Julio César Godoy Toscano y ahora el tema de la deuda pública.

En entrevista en la casa de gobierno, el martes 18, el gobernador asegura que tanto la candidata del PAN como el presidente de ese partido, Gustavo Madero, se equivocan cuando afirman que la deuDavid Deolarte / Procesofoto

Enrique Castro Sánchez

ELECCIO NE S / MICH OA CÁ N

Traidores a la democracia La estrategia para conquistar el gobierno de Michoacán incluye un sistemático “acoso” del gobierno de Calderón al de Michoacán que encabeza el perredista Leonel Godoy, pese a que éste lo reconoció como presidente constitucional en desafío al mandato del PRD de considerarlo espurio.

El propio Godoy afirma que los embates de Calderón se iniciaron el 15 de septiembre de 2008, fecha del granadazo en la ceremonia del Grito de Independencia, el mismo mes en que Cocoa comenzó a edificar su candidatura como secretaria de Elecciones del PAN, pese a su promesa de que no participaría en política en el sexenio para no ser una “hermana incómoda”. (Proceso 1785 y 1807).

Godoy. Blanco del calderonismo

ELECCIO NE S / MICH OA CÁ N

FRANCISCO CASTELLANOS Y ÁLVARO DELGADO ORELIA, MICH.- En Michoacán, estado natal de Felipe Calderón y donde empezó la guerra al crimen organizado que ya ha costado más de 50 mil muertos, se anticipa que la violencia será el sello de las elecciones del domingo 13 de noviembre.

Aunque el gobernador perredista Leonel Godoy asegura que Michoacán ocupa el último lugar en crecimiento del índice delictivo del fuero común y el penúltimo en delitos por cada 100 mil habitantes –según una encuesta de Instituto Nacional de Estadísti-

M

ca y Geografía (Inegi)– hay una situación de alerta en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Según un documento elaborado por expertos de esa institución, que circula entre los organismos de inteligencia y del que Proceso obtuvo copia, en 17 de los 113 municipios hay “focos rojos”, con “probabilidades de incursión violenta electoral”.

Por la cerrada competencia entre los tres candidatos al gobierno de Michoacán –la panista Luis María Calderón, el priista Fausto Vallejo y el perredista Silvano Au-

da del estado es de 20 mil y 15 mil millones de pesos, respectivamente, cuando es de 13 mil 500 millones acumulada de tres gobiernos.

“Es parte de la hipocresía de la derecha”, dice Godoy, quien tilda de “traidores a la democracia” a los Calderón, como a otros miembros del PAN que participaron en la transformación democrática panista pero ahora actúan contra ella.

“Es importante que se sepa que hay gente que luchó por la democratización del país y se mantiene en esas convicciones, y hay gente que luchó por la democracia y ha traicionado las convicciones democráticas”, dice Godoy.

–¿A quiénes se refiere?

–A muchos, fundamentalmente a políticos de la derecha que lucharon por la democratización de este país y que se han olvidado de la historia.

–¿Se sentirá frustrado si entrega el gobierno a Luisa María Calderón?

–Como ciudadano de izquierda, sí, pero como gobernador le voy a entregar a quien gane limpiamente las elecciones.

Esa es mi obligación. Soy fundador de un movimiento democratizador del país, a pesar de que algunos lo han traicionado.

Pero además, dice, en esta elección estará presente la conciencia histórica de los michoacanos: “Esta historia no puede olvidar quiénes fueron los enemigos de las políticas cardenistas, como el reparto agrario, la educación pública, la comunidad indígena y otras políticas nacionalistas”.

Precisa que desde 1988 el PRD ha ganado 14 de las 18 elecciones estatales y federales. “No es gratuito ni circunstancial que las últimas siete las haya ganado la izquierda. Sí, la elección va a ser competida, pero aquí se respira pluralidad y tolerancia. En estos días la propia candidata (del PAN) se ha dedicado a difamar al goberna-

dor y lo hace en el ambiente de libertades que existe en Michoacán”.

–¿Sería un retroceso la victoria de la derecha?

–Para mí como ciudadano, sí. Como gobernador respetaré el resultado de la elección.

Ridiculizar a AMLO En tanto, con la promesa de mano dura como eje de su campaña, aunque también con la oferta de clases de finanzas y mercadotecnia en las secundarias para crear empresarios, Calderón se ufana de haber ganado ya las elecciones y desdeña las evidencias del apoyo del gobierno de su hermano.

De hecho, apenas el jueves 27 el diario Reforma publicó que la delegada de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Gloria López Arroyo, el día 14 envió un correo a los empleados de esa instancia para pedirles que voten por Cocoa y advertirles que de lo contrario habría represalias.

“Como es de su conocimiento, en los próximos días se realizarán las elecciones en el estado de Michoacán. Por tal motivo solicito a ustedes giren sus instrucciones a fin de que el personal de la delegación del Conafe vote a favor de la Psic. Luisa María Calderón Hinojosa, quien ha pactado favorecer a esta institución una vez llegada al cargo de gobernadora en el estado”.

En el mensaje, redactado con abundantes faltas de ortografía, la funcionaria federal añadió: “Asimismo pido su apoyo para la total discreción de la información, pues de ella depende su estancia en la institución a mi cargo. Sin otro particular reciban un saludo.”

Descrita a menudo como arrogante, taimada, incongruente y proclive a la mentira, en el debate del jueves 20 Cocoa

Crimen organizado En el documento hay también un dato alarmante: Los “municipios en donde existen posible vínculos entre candidatos a alcaldías y el crimen organizado” suman 52, casi la mitad de los 113 del estado, gobernados por todos los partidos políticos.

Este escenario ha permeado el debate entre los partidos políticos y las coaliciones que contienden por la gubernatura, con crudijo haber subido a un taxi y platicado con el chofer, algo que no pudo haber sucedido porque desde que regresó de España en 2008 los soldados del EMP no descuidan su seguridad ni un momento.

De hecho, desde la precampaña la custodia del EMP ha sido identificada por su propio equipo como una de sus debilidades, según consta en un documento que describe las “amenazas” para ella por tener un “grupo encerrado”, “muchos generales y poca generosidad”, “enfrentamientos” y “decisiones poco compartidas”.

Este semanario tuvo acceso también a grabaciones en las que Cocoa, en conversaciones con colaboradores como Javier Mora Martínez, acusa a Marko Cortés, su adversario en la precampaña y actual candidato a alcalde de Morelia, de regalar bultos de cemento a panistas, de “comprar votos” en 3 mil pesos, pagar a operadores 16 mil pesos y tratar de cooptar “a güevito o por voluntad” a regidores afines a ella.

En las grabaciones se escucha también a Calderón y a sus colaboradores tramar una estrategia de desprestigio contra Cortés, el PRI, el gobierno estatal y Andrés Manuel López Obrador mediante declaraciones para ridiculizar a éste y además “inventado mails”. “(Resaltar) las tonterías de nuestro eminente Andrés Manuel, qué sé yo, ridiculizarlo con sus propias palabras, de una manera sistemática. Cuando podamos hacerlo abiertamente lo hacemos, y cuando no, nos podemos callar”, expresó.

Los reporteros de Proceso solicitaron, formalmente, una entrevista con Calderón que, con la condición de desahogarse en 20 minutos, se programó para las 9:00 horas del jueves 20, día del debate. Pero la noche del miércoles fue cancelada porque la candidata prefirió irse “a un spa” para relajarse, como declaró públicamente.

ce de acusaciones, sin que se haya procedido contra ningún político, aunque todos admiten que están expuestos a la penetración del crimen organizado, a la intimidación o el asesinato.

“Ningún partido se ha salvado, no nos hagamos”, reconoce el exsenador Antonio Soto, uno de los principales colaboradores de Silvano Aureoles, quien acusó a los candidatos del PRI de recibir apoyo del crimen organizado, mientras que a los perredistas se les intimida y hasta se les hace renunciar, como ocurrió en Indaparapeo y Múgica, que no aparece en la lista de vínculos entre candidatos y criminales.

El presidente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez, niega que los candidatos hayan sido obligados a renunciar por presiones de narcotraficantes. “Yo les pregunté de manera directa si tenían presión o una amenaza

y ellos lo negaron. Yo no podría afirmar algo que ellos no me expresan. Sin embargo, sí hay una sospecha de que haya sido por presión de un grupo del crimen organizado”.

Según él no hay candidatos del PRD vinculados con el narco, porque el proceso de selección fue cuidadoso y, por ello, se reservaron más de 70 municipios para postular a personas de reconocida militancia y solvencia moral.

Califica de “rumores” que los aspirantes a alcaldes de otros partidos tengan nexos con el narco, como lo afirmó Aureoles, y lo mismo dice de los señalamientos sobre los hijos de Fausto Vallejo: “Hay muchos comentarios también al respecto, pero hay que ser responsables: no puedo afirmar algo que no conozco”.

La del próximo 13 de noviembre y la de 2007 son dos elecciones de gobernador

que, insólitamente, le ha tocado atestiguar a Felipe Calderón, ambas marcadas por la guerra al crimen organizado.

En las encuestas que ha realizado la Secretaría de Gobernación en Michoacán –y que han sido entregadas al equipo de Luisa María Calderón– se hacen preguntas acerca de la estrategia anticrimen del gobierno federal.

Una de ellas, de abril de este año, muestra la aprobación de la estrategia calderonista con 57%; 36% de los consultados la desaprueba. Sólo 34% creyó que la estrategia estaba logrando su objetivo, contra 53% que consideraba que no lo estaba haciendo.

A la pregunta de “quién va ganando” en el combate al crimen organizado, la respuesta no es favorable a Calderón: 25% dijo que el gobierno, mientras que casi el doble, 44%, declaró que el narcotráfico. O

Uno de los temas de la entrevista solicitada era cómo, de ganar, enfrentaría un gobierno que ella misma afirma que está quebrado, pero también la intervención documentada del gobierno de su hermano, algo que no cree Carlos Navarrete, el coordinador de los senadores del PRD y prominente miembro de la corriente Nueva Izquierda, quien fue de los primeros en entrevistarse, en secreto, con Francisco Ramírez Acuña, primer secretario de Gobernación.

Navarrete declaró el jueves 6 que Calderón es neutral: “No percibimos que ande en campaña y se lo reconocemos. Tengo la impresión de que el presidente sabe diferenciar claramente lo que es su responsabilidad como jefe de Estado y lo que es la aspiración de un familiar cercano a él”.

El presidente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez, no sabe qué decir ante las declaraciones de Navarrete: “Calderón tie-

ne metidas las manos, los pies y el gobierno. Desde Los Pinos se ha orquestado todo el apoyo para la candidata del PAN: Económico, logístico, mercadotécnico y electoral. Todo lo que está al servicio del Ejecutivo lo tiene la señora”.

“Esto cuesta mucho dinero en gasolina, hospedajes, alimentación, salarios. Estimamos que está entre 5 y 6 millones de pesos el costo que tiene el cuerpo de seguridad de Luisa María Calderón”, dice Báez.

Insiste: “La idea era hacer que la ciudadanía de Michoacán tuviera la percepción de que el PRD no sabe gobernar, pero el objetivo era crear los medios para que Luisa María Calderón gobierne, como si esto fuera un virreinato”.

El más reciente embate, dice, es quitarle recursos federales, lo cual afecta a toda la población: “Aquí no hay confrontación. Hay un ataque del gobierno federal al de Michoacán, pero no sólo al gobernador ni al PRD, sino este ataque, en esa visión egoísta, mezquina, de tratar de imponer a su hermana como gobernadora, se lleva de paso a todos los michoacanos”.

–Lo primero que hizo Godoy fue reconocer a Calderón.

–Por eso digo que no hay una confrontación. A pesar de que el partido tenía la posición de no reconocer a Calderón como Ejecutivo legítimo, él de manera institucional, contra la disposición del partido, determinó reconocerlo como presidente.

Báez afirma que Cocoa no ganará: “Hay un desencanto del panismo, porque Calderón no solamente no ayudó a su estado natal, sino que, con esta actitud mezquina de poner a su hermana, perjudicó la economía y la imagen de Michoacán. Aquí ya perdieron los Calderón”.

La disputa, asegura, es entre el PRD y el PRI y ganará el primero: “Pero no es sólo por ganar, sino por preservar un proyecto de izquierda: Aquí nació y desde aquí tiene que haber un relanzamiento del cardenismo a nivel nacional, y una derrota pondría en riesgo el proyecto de nación de la izquierda, que es el único que le puede dar un rumbo distinto a México…”

Enrique Castro Sánchez

Comicios con focos rojos

reoles–, el documento definido como “confidencial” advierte que no debe ser “extraño que existan factores antisociales que detonen incertidumbre y actos delictivos para copar la votación, pues todo pareciera (indicar) que a menos votación se beneficiaría la actual cúpula del poder que está en el estado”.

“Cocoa” con la élite panista

La derecha será derrotada Parte de la estrategia, añade, es golpear al gobierno local: “Ha habido un ataque sistemático del gobierno federal, que se inició el 15 de septiembre de 2008 con una sola finalidad: que el gobierno del PRD no luzca, para posicionar a la hermana de Calderón.

Desde entonces le empezó a abrir brecha”.

Según el dirigente, Cocoa ya rebasó el tope de campaña porque además se deben computar los gastos que implica la custodia del Ejército y la Policía Federal, sin incluir los efectivos del EMP a los que tiene derecho.

P O LÍT ICA

El síndrome Miguel Dimayuga

de Santa Anna

JENARO VILLAMIL

Conocido por su proclividad a irrumpir en el escenario público para denostar a sus enemigos, esta vez Carlos Salinas escogió entre sus blancos al historiador Lorenzo Meyer, a quien califica en su libro ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana, como “uno de los intelectuales vinculados al neopopulismo” en México. Entrevistado al respecto, Meyer asegura que, al igual que Antonio López de Santa Anna, el exmandatario no quiere admitir que su régimen fue un fracaso. “Lo que Salinas no sabe es que la obsesión por el poder termina en la locura”...

26

1826 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

Carlos Salinas de Gortari ha llevado al extremo el síndrome de Antonio López de Santa Anna”, el militar que ocupó la Presidencia de la República 11 veces a lo largo del siglo XIX, que perdió más de la mitad del territorio nacional ante Estados Unidos y que fue derrotado por la Revolución de Ayutla de 1857, afirma el historiador Lorenzo Meyer.

Lo singular en el caso de Santa Anna es que “a pesar de que fracasó de manera rotunda y escandalosa, no se quiso ir nunca de la política”, sostiene Meyer, doctor en relaciones internacionales e investigador y profesor en El Colegio de México.

Autor de una decena de libros sobre historia nacional, abunda: “Cuando la Revolución de Ayutla decididamente lo mar-

“

ginó, Santa Anna insistió. A veces andaba en el exilio, al igual que Salinas, pero volvió.

Cuando le ofreció sus servicios al imperio de Maximiliano, éste lo echó a un lado. Finalmente Santa Anna se volvió loco”.

Meyer es señalado por Salinas de Gortari en su reciente libro ¿Qué hacer? La alternativa ciudadana como uno “de los intelectuales vinculados al neopopulismo” en México.

Entrevistado al respecto, Meyer evita hablar sobre los juicios que el exmandatario hace de su obra, en particular sobre un texto suyo publicado en marzo de 2006 en el cual “hace una defensa abierta del neopopulismo”. Prefiere analizar, dice al reportero, la insistencia de Salinas en defender su legado y en atacar a sus críticos.

“El de Salinas no es el debate de las ideas, es un debate por el poder. Si no, para qué está detrás o al lado de Peña Nieto”, advierte.

–¿Cuál es exactamente el síndrome de Santa Anna? ¿El deseo continuo de retornar al poder? –se le inquiere.

–No. El gobierno de Santa Anna termina en un fracaso; entonces él quiere defenderse ante la historia. No quiere pasar como un militar que perdió la guerra contra Estados Unidos ni el último presidente que tuvo que vender una parte del territorio, como fue La Mesilla.

El síndrome, precisa, “es una búsqueda de que la historia no lo juzgue así. Él quiere volver a ser útil a la patria hasta que termina en la locura”.

–¿Esto sucede con Salinas?

–Hay algo de eso. Salinas no perdió Texas ni la guerra contra Estados Unidos, pero el 6 de julio del 88 no se olvida. Él llega con una ilegitimidad evidente. Hasta la prensa extranjera, que siempre fue sostén del régimen, tuvo que admitirlo. Ahí están las crónicas de Alan Riding en The New York Times.

“Es el 88 y es el 94. Y el colofón de ese año trágico fue el llamado ‘error de diciembre’, que Salinas quiere atribuir a Zedillo, pero no hay nadie que pueda aceptar eso porque toda la razón de esa caída está en las decisiones económicas tomadas en el salinismo. Zedillo ni conocía bien Los Pinos en diciembre de 94, cuando se le viene abajo la economía.”

–¿Esa es la obsesión de Salinas, ocultar ante la historia la ilegitimidad de origen y el fracaso de 1994?

–Yo diría esto: qué nos importa si fue lo uno o lo otro… Lo que él piense me tiene sin cuidado. Eso debe tenerle sin cuidado a muchos mexicanos, a menos que seamos psiquiatras o psicólogos. Nos debe interesar a nosotros lo que pensamos de su sexenio, la imagen que tenemos de él. El fracaso que fue el final de su gobierno.

Premio Nacional de Periodismo en 1989 por sus columnas de análisis político, pro-

fesor en distintas universidades mexicanas y estadunidenses, comentarista en el programa de televisión Primer plano de Canal Once, colaborador de la mesa de análisis del noticiario radiofónico de Carmen Aristegui en MVS y del periódico Reforma, Meyer no niega su apoyo al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tal como lo señala Salinas en su libro.

–¿Por qué esta obsesión de Carlos Salinas contra López Obrador y sus supuestos “intelectuales orgánicos”, como le llama a usted?

–Porque López Obrador es el único que le representa un reto de fondo. El PAN no lo es desde que lo hizo parte de su bloque de poder en su sexenio. El PAN es actor político que ha tenido acuerdos con Salinas. En el PRI hay un sector que es el de Salinas. En el PRD hay un sector acomodaticio.

“El único actor político importante al que Salinas no se le puede acercar y no tiene acuerdo con él, es López Obrador.

Pero no es la persona en sí misma, sino el movimiento y los más de 4 millones de seguidores que tiene lo que lo hace importante a los ojos de Salinas.”

–¿Por qué apoya usted a López Obrador?

–Si hiciéramos una cola o una reunión de los críticos de López Obrador llenaríamos el estadio Azteca. Y yo no formo parte de ese grupo; hay que recordar lo que decía Aristóteles sobre “la justa medianía”.

Creo que es necesario ponderar de un lado… Yo no pretendo ser objetivo ni presumirme como tal, a fin de cuentas, nadie lo puede ser en las circunstancias actuales.

Los expresidentes y su protagonismo La entrevista con el autor de Su majestad británica contra la Revolución Mexicana se inicia con una pregunta de comparación histórica.

–¿Es novedoso que un expresidente como Salinas insista tanto en mantenerse vigente en el debate político o hay algún antecedente?

–Su antecedente más claro es Antonio López de Santa Anna. En ese México del siglo XIX que todavía no era nación, se convirtió en el hombre que simbolizaba el poder político –el poco que había– y en un proyecto de futuro. Fracasó de manera rotunda y escandalosa pero no se quiso ir nunca de la política.

“Finalmente se volvió loco… Su mujer le pagaba a algunas personas para que lo fueran a ver a su casa, le hicieran antesala y le pidieran su consejo político. Así que el caso Salinas enteramente novedoso no lo es.”

Meyer hace un apretado recorrido histórico sobre los otros antecedentes: “Juárez se murió en el poder. Porfirio Díaz se fue al exilio. Carranza y Madero fueron asesinados. Obregón sí maniobró. Ese es el otro. Estuvo ahí como poder tras el trono

en una diarquía. Mientras Obregón vivió, Calles fue presidente, pero no enteramente. Ahí estaba al lado, era muy visible la sombra de Álvaro Obregón, hasta que se reelige y lo asesinan.

“El otro expresidente que qué lata dio fue Calles. Entra y sale del gobierno. Está en el Banco de México, en Ferrocarriles y sobre todo está en la designación de gobernadores y presidentes, hasta que lo sacan del país. Y cuando vuelve, regresa más o menos como Santa Anna, muy disminuido.

“Luego viene la revolución institucionalizada. Lázaro Cárdenas es el que pone el ejemplo. Es un presidente fuerte, el más fuerte hasta ese momento. Y, sin embargo, es el que va a dejar libre a su sucesor, aunque Ávila Camacho lo llama a su gabinete, lo hace ministro de Defensa. Llegado el final, antes de que termine el sexenio, Cárdenas se va.

“Está con muchísima discreción en la vida política mexicana. Hace unas declaraciones. No ataca. A pesar de que traicionan el ideario cardenista y lo destruyen, Cárdenas no dice nada.”

–¿No intentó con Miguel Alemán un debate como el que ahora emprende Salinas entre “neoliberales” y “neopopulistas”?

–No. Lo intentó de manera indirecta. Y muy buena. Uno de sus cercanos, Natalio Vázquez, publicó en El Nacional un artículo en contra de los contratos de riesgo que Pemex había firmado con empresas norteamericanas. Era un mensaje para que lo leyera Alemán. El grueso de los mexicanos no se dio cuenta. Cárdenas lo hizo muy sutilmente.

“Algo tiene que ver de manera muy indirecta Cárdenas en contra del intento de reelección de Miguel Alemán, pero no apoya directamente a Henríquez Guzmán. Probablemente algo hizo en el 68 para que Díaz Ordaz no fuera a hacer más barbaridades.”

–¿Por qué Cárdenas no defiende públicamente su ideario traicionado?

–Cárdenas se respeta a sí mismo. Se sabe legítimo. Respeta su legado. Y se comporta como tal, hasta el día que pierde su batalla en contra del cáncer.

“Alemán, en cierto sentido, es parecido a Cárdenas. Es la otra cara. Es el representante de la derecha oficial, de los grandes negocios, de la gran corrupción, pero bastante moderado fuera del poder presidencial. Él y Abelardo Rodríguez son los representantes del anticomunismo oficial, pero con voz muy baja.

“Ruiz Cortines se murió. López Mateos se murió. Díaz Ordaz es incapaz de reponerse de la barbaridad que hizo y no juega ningún papel posterior. Echeverría se recluye y nadie le pide que salga. López Portillo hace los desfiguros de su vida privada con Sasha Montenegro y finalmente muere sin nada.”

–López Portillo publicó Mis tiempos pa-

P E ME X Después de perder 650.7 millones de dólares por una mala compra de acciones de la petrolera española Repsol en 2003, Pemex acaba de adquirir en mil 120 millones un paquete accionario que la ata a otro inversionista, la inmobiliaria Sacyr, durante 10 años, sin ventajas inmediatas ni estratégicas. El diputado federal Mario di Costanzo; el presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, y el consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri desmadejan la trama de un quebranto financiero del que públicamente se ha hecho responsable el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.

JESUSA CERVANTES AP photo / Manu Fernández

a operación entre la empresa inmobiliaria española Sacyr y Petróleos Mexicanos “está tocada de ilegalidad”, se violaron las leyes de Pemex, la de Presupuesto y la de Deuda, y además se incrementó en forma innecesaria el pasivo de la paraestatal en mil 120 millones de dólares y se generó una actitud “hostil” hacia la empresa española Repsol.

Así resumió el consejero independiente de Pemex Rogelio Gasca Neri, en dos documentos entregados al Consejo de Administración de la paraestatal, su rechazo al acuerdo entre Pemex y Sacyr firmado el pasado 29 de agosto y a la compra de 4.6% de acciones más de Repsol, ambas decisiones del director general, Juan José Suárez Coppel, al margen del consejo de la paraestatal. Única voz disidente entre los 13 integrantes del órgano administrativo, Gasca Neri califica de “acción especulativa” la adquisición de las nuevas acciones y destaca que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España investigará, “bajo la sospecha de una presunta irregularidad de Pemex en la adquisición de 4.6%, en la que podría haber una supuesta irregularidad de uso de información privilegiada o de manejo fraudulento de las acciones”.

Y mientras el consejero independiente desliza en sus documentos la posibilidad de que Pemex sólo esté rescatando de sus deudas a Sacyr y pide que se revendan las nuevas acciones, el diputado federal Mario di Costanzo y el presidente de la agrupación Transparencia Nacional y exprocurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona, lo dicen con todas sus letras:

L

es un rescate a Sacyr y Pemex no obtendrá beneficios.

Di Costanzo y Reyes destacan que desde la llegada de los gobiernos panistas –y con Juan José Suárez Coppel como operador financiero– se ha manipulado la participación de Pemex en Repsol, generando primero, en 2003, un quebranto de 650.7 millones de dólares y, después, en 2011, una deuda por mil 120 millones más, sin que hasta ahora se conozca quién se benefició con las maniobras.

Oscuro designio Repsol es una empresa trasnacional de origen español que explora y explota hidrocarburos. Sus acciones están divididas entre diversos inversionistas: Pemex con 4.8%, La Caixa con 13% y Sacyr con 20%; el 62% restante está fraccionado entre una serie de empresas y bancos, cada uno con menos de 1%.

En 2006, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, decidió comprar 20% de las acciones de Repsol y para ello adquirió con diversos bancos un crédito por 5 mil millones de euros con vencimiento al 21 de diciembre de 2011.

El gobierno mexicano, que desde 1979 tenía en su poder 4.8% de las acciones de Repsol, decidió en 2003 –cuando Felipe Calderón era secretario de Energía, y Juan José Suárez Coppel, director de Finanzas de Pemex– pignorar o rentar a precio de remate su participación accionaria por mil 373.7 millones de dólares. En 2008 la empresa mexicana recompró las acciones que tenía rentadas y ahora, entre agosto y septiembre pasados (no se tiene con preci-

sión cuándo se hizo la compra), “acordó” con Sacyr y Luis del Rivero adquirir 4.6%, llegando así a una participación accionaria de 9.4%.

Desde julio pasado Suárez Coppel y Del Rivero sostuvieron encuentros privados en México; en completo sigilo, sin informar y mucho menos pedir la autorización al Consejo de Administración de Pemex –máximo órgano de decisión de la paraestatal–, se suscribió un acuerdo entre las dos empresas.

El acuerdo privado, firmado el 29 de agosto, tuvo que publicitarse el mismo día debido a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España así lo demandó.

Entre los compromisos de Pemex destacan tres: pasar de 4.6% a 9.9% de participación accionaria, es decir, que compraría 5.3% más de acciones; sindicar su voto durante los primeros 10 años con Sacyr –es decir, sumar las dos participaciones, llegando a 29.9%, con lo que tendrían mayoría de votos durante los siguientes 10 años en Repsol– y redistribuir los dividendos o ganancias entre cada uno de los socios.

Un par de días después de conocerse el acuerdo, los consejeros independientes de Pemex Héctor Moreira Rodríguez, Fluvio Ruiz Alarcón y Fortunato Álvarez, “indignados”, demandaron a Suárez Coppel una explicación y la urgente reunión del Consejo de Administración, argumentando que “este tema resulta preocupante para lo suscritos, en virtud de que conforme a las facultades otorgadas por la Ley de Petróleos Mexicanos y a las prácticas del gobierno corporativo, el Consejo de Administración debe ser informado previamente, y aprobar en su caso las deci-

siones que por su trascendencia e importancia incidan en la dirección energética y en la creación del valor de Pemex”.

El consejo se reunió el martes 18 y, con una breve explicación apoyada en nueve láminas y la interpretación del abogado de Pemex, Marco Antonio de la Peña, Suárez Coppel insistió en que no requería la autorización del consejo para firmar el acuerdo y comprar nuevas acciones. Acto seguido, los consejeros sólo “tomaron conocimiento” del informe sobre Repsol, pero no lo discutieron debido a que la mayoría lo respaldó.

El único que cuestionó y rechazó la operación, además de pedir la venta de las acciones para quedar solamente en 5%, fue el doctor Rogelio Gasca Neri, quien entregó un documento de 23 cuartillas donde fundamenta su inconformidad; además, el lunes 24 entregó su voto particular en contra porque nunca estuvo de acuerdo en que sólo se les “informara” y no se les hubiera convocado para “autorizar o no” la operación.

En la página cinco, Gasca Neri devela los motivos de Sacyr: obtener dinero fresco para pagar sus deudas a través de la obtención de mayores dividendos en contubernio con Pemex.

Sacyr “tendrá que negociar un crédito por 4 mil 908 millones de euros a más tardar el próximo 21 de diciembre. Esta situación implica la necesidad apremiante de Sacyr por aumentar dividendos –ordinarios y extraordinarios– mediante la venta de activos de Repsol. Recientemente, después del anuncio de la operación, un informe de Crédit Agricole sobre la situación financiera de Sacyr nos da una situación aún más apremiante.

“Decía en esencia que Sacyr tiene una

deuda impagable en el estado en que se encuentra, que sólo genera alrededor de 100 a 200 millones de dólares anuales, cuando sus compromisos de flujo anuales son de 750, y los de 2012 son de mil 250 millones, aun suponiendo que su deuda con Crédit Agricole se reestructure totalmente. Recomienda vender activos, entre ellos una parte importante de las acciones de Repsol.

Ahora Sacyr apuesta a que suba el precio de la acción de Repsol gracias a la iniciativa emprendida conjuntamente con Pemex y a la posibilidad de forzar a Repsol a una mayor distribución de dividendos ordinarios y el decreto de dividendos extraordinarios.”

En esa reunión de consejo, Gasca se quejó de que no se les diera información: “Ni siquiera trae el convenio con Sacyr ni una secuencia de los actos financieros para la compra de las acciones de Repsol ni los compromisos legales, financieros, corporativos y de otro tipo que se hayan adquirido con las partes”.

Luego sostuvo que había más preguntas que respuestas, más dudas que certezas, y alegó: “Esta operación no debe seguir la ruta inercial planteada en su origen”. Pero no recibió respuesta.

Aclaró que no estaba en contra de que se realizaran operaciones fuera de México, “pero apegadas al marco legal”, y “no es aceptable, y de hecho está fuera del marco legal, llevar a cabo operaciones como la que nos ocupa, ajenas al consejo, decididas sólo por el director general”.

En el documento, que leyó en la reunión, Gasca Neri reclamó a Suárez Coppel por sus declaraciones a los medios: “No es aceptable que se argumente que (estas operaciones) se llevan así porque el marco jurídico no permite hacerlas en México, y que se hacen a espaldas del consejo porque éste no es ágil y hay información deli-

cada que podría fugarse, ocasionando que se ‘cayera’ la operación”.

Luego acusó: “Los objetivos (del acuerdo) no pueden avalar el compromiso de Pemex en un convenio con una empresa ajena al sector petrolero, y menos aún para dedicar mil 600 millones de dólares de recursos públicos de Pemex”, por lo que señaló “ilegalidad de ambas operaciones: la compra de acciones y la firma del acuerdo”.

Repsol, añadió el consejero independiente, es un tema estratégico “por el monto de las transacciones, su naturaleza y las implicaciones para Pemex. Me preocupa que pueda haber otros temas como éste que no hayan sido considerados estratégicos por el director general y no hayan sido informados al consejo”.

Suárez Coppel. Ineficacia

Benjamín Flores

, Desastrosa la aventura Sacyr-Repsol

1825 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

31

P E ME X Resumió: “Las decisiones de inversión en acciones de otra empresa, de financiamiento de la transacción, de coberturas y de suscripción de un acuerdo de accionistas a largo plazo en cualquier empresa del mundo, se presentan ante el consejo para su discusión y aprobación”.

Pemex, atada a Sacyr En el acuerdo con la inmobiliaria española, Pemex se compromete a votar durante los siguientes 10 años junto con Sacyr, “según una misma visión”, y esto se puede prorrogar otros cinco años. No obstante, de acuerdo con Gasca Neri no existe ningún documento que defina esa visión, por lo que “en todo caso se ataría el voto de Pemex en Repsol a los intereses de Sacyr”.

Y enfatiza que el acuerdo se vio en Repsol como “una acción hostil”.

En su extensa y solitaria participación, el consejero le aclaró a Suárez Coppel que “el director general tampoco puede comprometer el voto de Pemex en Repsol a los intereses conjuntos de Sacyr, empresa ajena a Pemex, sin, por supuesto, la autorización y el acuerdo del Consejo de Administración, como sí lo hizo Sacyr con su propio consejo”.

Argumentó que el director de Pemex “tampoco tiene autonomía para disponer de la caja de Pemex, contratar nuevo endeudamiento o comprar acciones” y que la paraestatal no puede realizar inversiones especulativas ni otras que no vayan en el sentido de la naturaleza de su objeto social”, pues la Constitución y sus leyes reglamentarias lo prohíben.

Germán Canseco

1826 / 30 DE OCTUBRE DE 2011

ahora con barcos

La burocracia de Pemex nunca hizo caso a las críticas por su elevado gasto en la renta de buques y el nulo interés en renovar su propia flota. Por eso los diputados de la Comisión de Energía sospechan de la compra, sin licitación, de 34 navíos usados. Conocedores de los negocios que se han hecho al amparo de la paraestatal, los legisladores ya investigan si algún funcionario –como Bernardo de la Garza Hesles, subdirector de Producción de Pemex Refinación– se beneficia sobrevaluando las unidades.

Acuerdo inservible y problemático

Gasca Neri. Malestar

32

Sospecha de corrupción,

Suárez Coppel ha sostenido públicamente que no necesita la autorización del consejo para firmar el acuerdo y comprar las acciones. Sin embargo, admitió también que para la compra de las acciones se tomaron 480 millones de dólares de la caja de Pemex y el resto (mil 120 millones) mediante la contratación de créditos con cuatro bancos: el Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim, Crédit Agricole CIB, Natixis y HSBC. “Esto nos revela la insistencia de la administración en elevar los techos de endeudamiento para 2011 y 2012”, subrayó Gasca Neri.

Ante la recomendación del Crédit Agricole a Sacyr para que venda sus acciones de Repsol como única salida a su endeudamiento, Gasca Neri consideró que el convenio tendría que cancelarse, pues ya no podrían alcanzarse los objetivos de tener 29.9% de acciones en conjunto.

Además, puntualizó, si Pemex se comprometió a hacerse de 9.8% de las acciones y sólo tiene 9.4%, entonces ya se violó el acuerdo, y si a ello se suma que no hay un dictamen del abogado general de la paraestatal sobre la operación, se tienen elementos suficientes para indicar que “la suspensión de la operación es el camino adecuado”.

Se remediaría así la situación actual creada por estas decisiones unilaterales: “En general se percibe un ambiente negativo y de desaprobación en los medios financieros, empresariales y políticos”.

El malestar generado por Sacyr y Pemex tuvo sus primeras consecuencias el viernes 21, cuando el promotor del acuerdo, Luis del Rivero, fue destituido como presidente de la inmobiliaria, y días después el consejo de Repsol lo retiró también como consejero, en tanto que Pemex informó de la sustitución de Suárez Coppel por José Manuel Carrera Panizzo en el consejo de Repsol, lo que se atribuye al propósito de disminuir el descontento hacia la paraestatal.

El presidente de Transparencia Nacional, Reyes Orona, y el diputado Di Costanzo coincidieron en que el acuerdo tendrá que disolverse ante los cambios ocurridos en Sacyr y en que se debe regresar a 5% de acciones en Repsol, pues incrementarlas no le traerá beneficios a Pemex.

Lo único que ha generado esta compra de acciones y los movimientos accionarios de 2003 en Repsol, detalla Di Costanzo, es un quebranto de mil 770.7 millones de dólares a Pemex: “650.7 millones de dólares que perdimos por la operación de 2003 en Repsol, y ahora invertimos mil 120 por la compra de acciones que no nos servirán para la toma de decisiones, y menos si el acuerdo se desintegra”. O

RICARDO RAVELO Antonio Palacios

a subsidiaria Pemex Refinación y su subdirector de Producción, Bernardo de la Garza Hesles, vuelven a estar implicados en un escándalo de presuntos actos de corrupción, ahora por la compra de 34 buques a empresas extranjeras, sin licitación de por medio y a precios que superan los 40 millones de dólares por unidad, como acreditan documentos oficiales.

La operación, justificada por el excesivo gasto de Pemex en el arrendamiento de barcos, pronto fue vista como sospechosa; tanto que ya la investiga la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que altos funcionarios de la paraes-

L

tatal, incluido su director, Juan José Suárez Coppel, hayan sobrevaluado el costo de los buques.

De acuerdo con Héctor Hugo Rodríguez Hernández, secretario de esa comisión legislativa, “existe la sospecha de que tanto De la Garza Hesles como otros funcionarios implicados en la compra de los barcos hayan puesto en práctica maniobras para elevar los precios de los navíos, pues ésta ha sido una vieja forma de hacer negocios en Pemex”.

La Comisión de Energía comenzó a indagar lo que ya a primera vista pareció inusual: que la compra de los primeros seis buques no se haya sometido a una licitación internacional, como lo establece la ley, no obstante que se trata de un gasto

multimillonario que podría menoscabar más las finanzas de la petrolera.

Documentos internos de Pemex Refinación que tiene este semanario –entre ellos la solicitud de pedido con la “Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”– establecen que no fue posible licitar la compra de los barcos por las urgencias que enfrenta la paraestatal en la distribución de petrolíferos y por los elevados gastos que enfrenta por el arrendamiento de embarcaciones.

En años anteriores la práctica de arrendar barcos fue motivo de fuertes escándalos de corrupción, pues el contubernio entre la paraestatal y su sindicato era de tal magnitud que muchos buques permanecían parados en distintos puertos con todo y tripulación mientras se daba rienda suelta a la renta de otros.

El proyecto de comprar 34 navíos se mantuvo en sigilo durante 2010, pero en abril de 2011 comenzaron las maniobras para la localización de empresas o brokers dedicados tanto al arrendamiento como a la venta de los mismos. Finalmente Pemex adquirió embarcaciones que desde hace varios años navegan en Asia y Europa, por lo cual se sospecha que están sobrevaluados.

La decisión de comprar los barcos sin licitación y con base en los precios del mercado internacional se tomó el 8 de abril de este año. Ese día fue entregado el proyecto elaborado por el capitán Eduardo Padilla Yebra y Francisco Fernández Lagos, respectivamente titular del Proyecto Sustantivo Renovación de la Flota Mayor y responsable de la Unidad Administrado-

ra del Proyecto Sustantivo, ambos de Pemex Refinación.

De entonces a la fecha esta subsidiaria y Pemex Internacional (PMI) han adquirido seis barcos de más de 42 millones de dólares cada uno y que pagarán en un plazo de 20 años, no obstante que la mayoría de las embarcaciones ya llevan mucho tempo navegando.

El documento Justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública da cuenta de la operación para la compra del buque sudcoreano Ocean Sygnet. La embarcación se adjudicará a la empresa PMI Norteamérica, S.A. de C.V. Según Pemex, “la oferta del B/T (buquetanque) se obtuvo con base en la investigación de mercado en la que se pudo observar que el precio indicado con el B/T Ocean Sygnet se encuentra 700 mil dólares por debajo de la referencia promedio del mercado.

“La investigación de mercado consistió en la verificación del B/T y posibles proveedores en el mercado nacional e internacional, a través de cartas de solicitud de información enviadas a varias empresas así como a la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo.”

De acuerdo con el proyecto de Pemex “se recibieron 34 propuestas para 33 buque-tanques, fue verificado el cumplimiento de especificaciones técnicas y se calculó el costo por barril transportado con precio cero, resultando en una primera selección de 20 B/T. Se llevaron a cabo las inspecciones de tipo precompra y se solicitaron referencias de mercado para cada uno de los B/T disponibles”.

En la indagación de mercado realizada por Pemex el Ocean Cygnet fue valuado por la empresa RS Platou en 45 millones de dólares, en tanto que PMI Norteamérica lo tasó en 39 millones de dólares bajo el esquema de arrendamiento financiero.

Finalmente, Pemex compró el navío en poco más de 50 millones de dólares, que se desglosan en el documento referido: 39 millones por el barco y 11 millones 604 mil 981.37, más intereses, derivados del esquema de arrendamiento financiero con opción a compra en un lapso de 10 años.

Cerrada la compra por la vía del arrendamiento, el buque fue entregado por PMI Norteamérica en mayo pasado, en el puerto de Coatzacoalcos.

Tras conocerse la maniobra para no licitar la compra de los buque-tanque, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados comenzó a indagar qué funcionarios de Pemex Refinación se beneficiaron de esta transacción pues, de acuerdo con los legisladores, es inusual que se compren barcos en medio de la fuerte crisis que enfrenta la empresa, y aseguran que es más urgente reparar las refinerías que renovar la flota.

En el último tramo del sexenio, Pemex argumenta que no sometió a licitación la compra de los buques por lo lento del procedimiento, las urgencias de la empresa y los excesivos gastos que realiza actualmente para rentar barcos.

Así lo establece el inciso 9 del proyecto de compraventa. “Motivación: El procedimiento de licitación pública para adquirir el B/T Ocean Sygnet resulta no ser idóneo, toda vez que provoca costos adicionales para Pemex Refinación”.

Y añade: “Un procedimiento de licitación pública… se llevaría a cabo en un plazo estimado de 100 días naturales desde la publicación de la convocatoria hasta la entrega del B/T, mientras que, bajo las mejores condiciones, una adjudicación directa podría llevarse a cabo hasta en 60 días naturales. Esto implica que durante el periodo en que se desarrolla cualquiera de los dos procedimientos, Pemex Refinación debe contratar un B/T que cubra el servicio de transporte marítimo, que de acuerdo con las últimas contrataciones se ubica en un nivel promedio de flete de 16 mil dólares americanos por día. Una licitación implicaría una diferencia del orden de 40 días naturales, lo que equivaldría aproximadamente a (un gasto) de 664 mil dólares americanos”.

Operación sospechosa Para los diputados encargados de supervisar la operación, la compra de los 34 buques por adjudicación directa, no obstante los argumentos de la paraestatal, es sospechosa y debe investigarse, dice Rodríguez Hernández. Por eso, añade, tanto

la Cámara de Diputados como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) trabajan en la indagatoria para aclarar si en esta compra hubo sobreprecio.

Aunque lo peor, dice, es que Pemex sustenta la compra del primero de los buques por la urgencia que enfrenta su subsidiaria, pero la operación en ningún momento fue licitada, lo que se presta a muchas sospechas. En consecuencia, puntualiza: “Vamos a solicitar a la ASF que audite e investigue estos contratos, por lo menos el del primer barco, que tuvo un costo de 50 millones de dólares, en donde intervino Pemex Internacional (PMI Norteamérica)”.

El legislador expuso, además, que de acuerdo con documentos de Pemex Refinación que analiza la Comisión de Energía, el primer barco petrolero que se compró ya está trabajando para la paraestatal a pesar de que meses atrás la empresa había planteado que se licitarían esas operaciones.

“Nos preocupa que por ese mismo esquema (la compra directa) y bajo el argumento de la urgencia y el elevado costo de los arrendamientos, Pemex esté adquiriendo barcos, pues cuando los termine de pagar, en un plazo de 10 años y bajo la figura del arrendamiento, serán chatarra flotante y no habrá responsables de dichas compras.”

De acuerdo con datos de la comisión legislativa, de los 34 buques que Pemex tiene programado comprar para renovar su flota actual, ya adquirió 11: cinco en una primera fase y seis en la segunda, con lo cual gastó algo así como 240 millones de dólares, cantidad que puede estar inflada, según Rodríguez Hernández.

Lo que investiga la Comisión de Energía, dice, es que los barcos no son nuevos como argumenta Pemex, sino que ya llevan muchos años en servicio, lo que podría causar un daño mayor a la paraestatal porque ya no le serán útiles cuando termine de pagarlos.

Históricamente Pemex ha desatendido la necesidad de renovar su flota y siempre ha preferido rentar buques al extranjero con sobreprecios documentados, a pesar de que contaba con barcos propios.

Casos como el buque Abkatum, que permaneció parado con toda la tripulación pese a estar en buen estado, dan cuenta de las corruptelas en el área marítima de la petrolera mexicana. Ésta no construye navíos desde principios de los ochenta, cuando fueron armados en el astillero de Veracruz los buques Pemex I, Pemex II, Pemex III y Pemex IV, ya casi inservibles por falta de mantenimiento.

Actualmente su flota está conformada por unos 15 buques, entre otros El Quetzalcóatl, Bacab, Victoria II, Mariano Moctezuma y XVIII de Marzo, que son obsoletos y están abandonados en distintos puertos, expuestos al deterioro de los elementos o

varados en otros diques del país y sin ser reparados, pues Pemex ha preferido resolver el suministro de combustibles con buques rentados a precios que oscilan entre 30 mil y 35 mil dólares diarios.

Por ello, los diputados de la Comisión de Energía sospechan que ahora Pemex se preocupe por lo que gasta en fletes y compre buques sin licitación.

Además, en la millonaria adquisición de Pemex Refinación aparece directamente implicado su subdirector de Producción, Bernardo de la Garza Hesles, quien recomendó a algunas de las empresas que ofrecieron embarcaciones a la paraestatal, cuyo director general tiene buenas relaciones con los accionistas de aquéllas.

Las empresas que dieron precios de 68 buque-tanque son: Charles R. Weber, Doran Navigation, Eships, FTapias México, Kingfish, Logística Marítima, Nav Tul, Oceantrades, OSG, Overseas Maritime Corporation, Pareto, PB Tankers, RS Platou, STS Schiping, Tanker Logistic, Thenamaris, TSakos y Weco.

Actualmente, De la Garza está bajo investigación de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y de la ASF por la asignación de un contrato sin licitación a la empresa KBC Advanced Technologies por un monto de 42 millones de dólares. La indagación lleva varios meses, pero el funcionario no ha sido inhabilitado, como sí lo fue su exjefa, Rocío Cárdenas Zubieta, quien durante 2008 y 2009 estuvo al frente de PMI Comercio Internacional, dependencia de Pemex donde laboró De la Garza.

El pasado 11 de octubre, la Secretaría de la Función Pública sancionó a varios funcionarios por incurrir en actos de corrupción y menoscabo de las finanzas públicas. Es el caso de Cárdenas Zubieta, inhabilitada 10 años para ocupar cargos en la administración pública.

La sanción fue porque suscribió dos contratos y un convenio modificatorio con la empresa Trafigura Ag para la venta de gasolina cocker con un descuento indebido e injustificado y sin contar con un análisis de costo-beneficio de cada operación comercial. Esto causó daños a las finanzas de PMI Comercio Internacional y, por esa causa, fue multada con 283 millones 942 mil pesos.

Debido a los escándalos de corrupción que enfrenta, De la Garza Hesles puede salir de Pemex Refinación. Y aunque su futuro se definirá en los próximos días, cuando sesione el Consejo de Administración de Pemex y defina los cambios, se ha señalado que Suárez Coppel lo “premiará” nombrándolo titular de Pemex Internacional (PMI).

En lo que se toman las decisiones, De la Garza ya tiene candidato para que ocupe su puesto en Pemex Refinación. Se trata de Gerardo Páramo Hernández, actual gerente de Control de Producción de la subsidiaria. O