PLAY CITY, LA “MINITA DE ORO” DE TELEVISA

Fernando Larrazabal

Raúl Gracia

Ernesto Cordero

Cuando

crimen y política se juntan

JESUSA CERVAN TES, ARTURO RODRÍGUEZ Y LUCIANO CAMPOS

l ataque al casino Royale de Monterrey el pasado 25 de agosto exhibe los intereses de la industria del juego y el entretenimiento en Nuevo León que reditúan ganancias anuales estimadas en 24 millones de dólares por cada casa de apuestas; desnuda también la red de complicidades entre permisionarios y operadores de esos establecimientos con autoridades de los tres niveles de gobierno y aun de la jerarquía católica nacional.

Y esa mezcla de poder político y dinero la encarna Juan José Rojas Cardona, El Zar

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de los Casinos. Algunos de sus exsocios aseguran que él suele apoyar campañas políticas de panistas de Nuevo León, como los exalcaldes de Monterrey, Adalberto Madero, y de San Nicolás, Zeferino Salgado Almaguer, así como de senadores.

Rojas Cardona, comentan, logró incluso que el cardenal Norberto Rivera Carrera inaugurara, el 25 de febrero de 2008, una de sus propiedades, y sus competidores en el mundo del juego comentan, aun sin aportar datos, sus posibles vínculos con el crimen organizado.

En Nuevo León, Rojas Cardona tiene 12 casinos y es el principal rival de los permisionarios de Atracciones y Emociones Vallarta, propietarios del casino Royale. Su hermano Arturo Rojas Cardo-

na es quien figura como el dueño del permiso para juegos que le entregó la Secretaría de Gobernación el 25 de mayo de 2005, cuando el panista Santiago Creel Miranda era el titular de la dependencia.

Arturo posee también tres inmobiliarias, 22 operadoras para instalar casas de juego, tres negocios dedicados a la publicidad política y una empresa de taxis aéreos.

Nuevo León, territorio libre Las entidades que cuentan con más casinos son el Distrito Federal, Baja California y Nuevo León, de acuerdo con un informe de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos fechado en julio pasado.

La primera tiene 74, de las cuales 33 son

Foto: Especial

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Zeferino Salgado

Cordero con la “Santísima Trinidad” de San Nicolás

de Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V., cuyo operador es CIE Internacional, socia de Televisa en OCESA; en Baja California son 59 los establecimientos, 47 de ellos pertenecen a Jorge Hank Rhon, y en Nuevo León son 57 negocios En esta última entidad, 12 casas son del permisionario de Atracciones y Emociones Vallarta, propietario del casino Royale; otros 12 centros los regentea Rojas Cardona a través de su hermano Arturo, quien tiene el permiso de Gobernación; Hank Rhon tiene 10; CIE cuenta con seis, igual que Televisa, y Megasport tres.

El Palacio de los Números, de la familia de Rogelio Garza, dueños también de los tables dance, tiene cuatro; Comercial de Juegos de la Frontera, dos, lo mismo

El ataque al casino Royale de Monterrey destapó un entramado de corrupción entre empresarios, autoridades y la delincuencia organizada, que conviven en la industria del juego o bien se la disputan violentamente. El individuo más representativo de esa amalgama es conocido como El Zar de los Casinos, cuyo dinero se ha usado presuntamente en las campañas de varios políticos panistas. En este circuito de componendas destacan los hermanos Larrazabal, uno sorprendido en muy probables actos de corrupción, y el otro, alcalde de Monterrey; Raúl Gracia Guzmán, consejero de la Judicatura nuevoleonesa, y Zeferino Salgado Almaguer, delegado de Comunicaciones y Transportes en la entidad. Una fuente del PAN sostiene que los tres últimos recibieron una orden de Felipe Calderón: respaldar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en sus aspiraciones presidenciales. que Petolof, en uno de los cuales, el Red, presuntamente fue grabado Jonás Larrazabal, hermano del presidente municipal de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, en el momento en que recibía un fajo de dinero.

Juan José Rojas Cardona inició su emporio de casinos antes de que la Secretaria de Gobernación entregara el permiso a su hermano Arturo para operarlos. En 2002, cuando Fernando Larrazabal era alcalde de San Nicolás, El Zar de los Casinos instaló su primera casa de apuestas, el casino Bellavista.

El negocio sólo funcionó dos años. El 22 de octubre de 2004 fue clausurado por un pleito que interpuso la empresa International Thunderbird Gaming Corporation contra México por el uso de cierto tipo de máquinas de juego.

Mario Games, quien por aquellas fechas trabajaba en Multimedios, fue quien presentó a Rojas Cardona y a Fernando Larrazabal. Desde entonces trabaron una amistad que aún perdura.

Quienes lo conocen aseguran que Larrazabal fue quien permitió la apertura del Bellavista, aun sin contar con el permiso de Gobernación (el número DGAJS/SCEVF/P-06/2005), otorgado el 25 de mayo de 2005 por 25 años para que Rojas Cardona operara 100 salas de juego, 50

centros de apuestas remotas y 50 de sorteos de número. Hoy sólo tiene seis de cada una en Nuevo León.

En el trienio 2006-2009 ocupó la alcaldía de San Nicolás el panista Zeferino Salgado Almaguer, quien actualmente es delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León. Su campaña electoral fue diseñada por la empresa Tango Publicidad y Medios México, S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Rojas Cardona.

En enero de 2008, Salgado recibió una donación anónima de un helicóptero para la seguridad pública, que bautizaron como Águila Azul. El diario El Norte reveló que el pago por el helicóptero entregado en comodato al ayuntamiento lo hizo la empresa Inmobiliaria Archov, de Arturo Rojas Cardona, fundada el 17 de agosto de 2004, según consta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nuevo León.

El 3 de abril de 2008, ante las críticas abiertas, Raúl Betancurt, apoderado legal del Zar de los Casinos, pidió al ayuntamiento que regresara el helicóptero Robinson R-44, modelo Raven2, matrícula provisional XB-KKY, ya que se estaba dañando “la imagen de su cliente”, pero sobre todo porque se había violado la cláusula de confidencialidad firmada cuando fue entregado en comodato.

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Larrazabal arrastra a Cordero LUCIANO CAMPOS GARZA ONTERREY, NL.- A principios de este año Felipe Calderón convocó a una reunión a Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey; a Raúl Gracia Guzmán, consejero de la judicatura nuevoleonesa, y a Zeferino Salgado Almaguer, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León.

Los tres forman el Grupo San Nicolás, que controla al Comité Directivo del PAN en Nuevo León. El proyecto a mediano plazo del grupo, también llamado Santísima Trinidad, es hacer a Larrazabal senador el próximo año para de ahí lanzarlo a la búsqueda de la gubernatura en 2015.

De acuerdo con un connotado panista de San Pedro Garza García, que dio la información a cambio del anonimato, en esa reunión en la Ciudad de México Calderón les ordenó respaldar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en sus aspiraciones presidenciales. Los tres tienen una relación de cercanía con el presidente. Gracia fue su compañero de curul en la Cámara de Diputados.

Ahora los videoescándalos de Manuel Jonás, hermano mayor de Larrazabal, comienzan a afectar a Cordero y en general al PAN, que ha tenido que marcar distancia del hermano del alcalde.

Durante su administración, Salgado Almaguer autorizó el uso de suelo para dos casinos y nombró director general del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal a Iván Paul Garza Téllez, quien dictaminaba los cambios de uso de suelo que demandaran los particulares.

Al término de su gestión, Garza Téllez se trasladó a la Ciudad de México, donde el actual presidente nacional del PAN, Gustavo E. Madero Muñoz, lo nombró director del Registro Nacional de Miembros de ese partido.

Entre los panistas circula la versión de que la campaña del dirigente nacional del PAN fue respaldada económicamente por El Zar de los Casinos. Sin embargo, su vocero Raúl Reynoso Nuño la rechaza.

Cuando Salgado Almaguer estuvo al frente del ayuntamiento de San Nicolás, Monterrey estaban en manos del panista Adalberto Madero, quien en su trienio (2006-2009) autorizó la instalación de 10 casinos. En noviembre de 2007, el abogado Roberto de la Rosa Lozoya, representante de la casa de apuestas Bingo de la Suerte, cuestionó a Adalberto Madero que clausurara sólo las casas de juego que no pertenecen a Rojas Cardona.

Presunto apoyo a Calderón Al Zar de los Casinos no sólo se le relaciona con políticos menores, también con piezas clave en los estados; William Andrew

Germán Canseco

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Madero. Complicidad

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El mandatario y el aspirante. Contubernio

Graven, uno de sus antiguos socios, lo acusa incluso de entregar dinero ilícito a la campaña presidencial de Felipe Calderón.

Graven, quien participó con Rojas Cardona en la instalación de 16 operadoras de casinos (cuyas actas obtuvo Proceso), lo acusó de haberlo defraudado con 3 millones de dólares. El 17 de noviembre de 2008, en conferencia de prensa en Monterrey, Graven reveló que el propio Juan José entregó a Calderón 25 millones de dólares para su campaña.

Dijo que Calderón buscaba el apoyo de “10 amigos especiales” para que cada uno aportara 25 millones de dólares. Rojas Cardona le comentó a Graven que trataban de conseguir por lo menos 25 millones de dólares porque había un grupo llamado Amigos Especiales, formado por 10 conocidos de Calderón, cada uno de los cuales aportaría 25 millones, y que él quería ser uno de ellos para que, después de la elección, obtuviera todo lo que quisiera.

Y añadió: “Una de las primeras preguntas que le hice a Pepe fue: ‘estás haciendo números financieros, ¿por qué necesitas un accionista, dinero de mí?’. Y me respondió que un tal Pepe Serrano, que era su intermediario con políticos, le dijo que las elecciones estaban cerca y que dos veces a la semana en su avión particular enviaba todo su efectivo a México para ponerlo en la campaña de Calderón”.

Dos años antes, en octubre de 2006, Arturo Rojas Cardona constituyó con Graven 16 empresas llamadas Juegos de Entretenimiento y Video en las ciudades de Mazatlán, Mérida, San José del Cabo, Lagos de Moreno, La Paz, Acapulco, Morelia, Hermosillo, Aguascalientes, Cancún, Puerto

Panistas consultados por este semanario afirman que la difusión de los videos donde se ve a Jonás Larrazabal recibiendo dinero, es obra del PRI como respuesta a la campaña panista contra Humberto Moreira, dirigente tricolor, a quien acusan de haber sobreendeudado Coahuila.

Una semana después del ataque al casino Royale, el miércoles 31 de agosto fueron difundidas imágenes videograbadas por una

cámara de seguridad, en las que el hermano del alcalde de Monterrey es captado al recibir diversas cantidades de dinero, presuntamente producto de un soborno a otro centro de apuestas de esta ciudad, el casino Red. Tras el incendio que acabó con la vida de 52 personas, entre clientes y jugadores, se reveló que ese casino y otros que funcionan en Monterrey tenían una situación irregular por incumplir normas de protección civil. El Royale no tenía salidas de emergencia y se presume que Jonás pudo haber cobrado a los dueños del casino para retrasar las visitas de los inspectores municipales.

Jesús Martínez, abogado de Jonás, alegó que en las imágenes su defendido está recibiendo dinero por el pago de la compra de quesos y otros productos que trae de Oaxaca, estado de donde son originarios los hermanos Larrazabal. Pese a ello, Manuel Jonás fue arraigado el jueves 1.

nos se había quedado con 3 millones de dólares que aportó para las aperturas de las casas de apuestas, pero expresó que no interpondría ninguna denuncia penal.

El Zar de los Casinos no sólo simpatizaba con Calderón, según Graven, pues de

acuerdo con un informante del PRI, que pidió omitir su nombre, todos los propietarios de las casas de apuestas estarían haciendo una colecta de 300 millones de dólares “para apoyar al próximo candidato presidencial”.

Larrazabal ya antes había enfrentado como alcalde regiomontano un escándalo mayor relacionado con extorsión y delincuencia organizada. Su jefe de Alcoholes, Rogelio González Heredia, El Roy, fue detenido por la Marina el 11 de marzo de 2010 pues “se le vincula con el grupo delictivo de Los Zetas”, dijo la Armada.

Contraataque priista

Vallarta, San Pedro y el Distrito Federal, entre otras.

Sin embargo, en mayo y julio de 2007, “de común acuerdo”, los socios desintegraron las sociedades. Al año siguiente, Graven denunció que El Zar de los Casi-

Germán Canseco

Eduardo Miranda

C RI M EN ORG A N IZ A D O

Casino Royale. Luto

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CRIMEN OR GA NI ZADO Dijo Rodríguez: “¿Quién está apoyando a Cordero? Miguel Ángel Yunes y se hizo un escándalo. Fernando Larrazabal y se hizo otro escándalo. Que me disculpe, pero eso no va a ningún lado”.

La crisis de los videos podría significar la tumba política de Fernando Larrazabal Bretón, quien comenzaba su camino a la gubernatura. Había sido alcalde de San Nicolás, posición que le heredó a Zeferino Salgado, quien a su vez se la pasó a Miguel Ángel García Domínguez, quien es ahora secretario de Desarrollo Humano de Larrazabal.

Para 2012 García es el candidato anticipado del PAN para la presidencia municipal de Monterrey, y para San Nicolás el grupo pretende colocar a Pedro Salgado, hermano de Zeferino.

En Nuevo León, el alcalde de Monterrey era el más entusiasta promotor de las aspiraciones presidenciales del secretario de Hacienda. El edil, Gracia y Salgado organizaron el 7 de agosto en el centro Convex una reunión de 3 mil panistas con el precandidato. Ahí, Larrazabal entregó a Cordero cinco cajas en las que había 6 mil firmas de respaldo de militantes activos y mil de adherentes “para que las use en el momento que usted decida”.

Ahora han comenzado a surgir sospechas sobre la manera en que los Larrazabal apoyaron al funcionario federal.

Juan José Rodríguez Prats, consejero nacional del PAN, reprochó la manera en que Cordero lleva su campaña, pues además de por Larrazabal ha sido respaldado por Miguel Ángel Yunes, exfuncionario del ISSSTE, quien se lió en un pleito con Elba Esther Gordillo, dirigente magisterial, por presuntos pagos al partido Nueva Alianza procedentes de aquel instituto.

Larrazabal, Gracia y Salgado manejan los designios del PAN estatal. Ellos colocaron a

El pasado 7 de agosto, Fernando Larrazabal y el exalcalde de San Nicolás, Zeferino Salgado, organizaron un acto proselitista en favor de Ernesto Cordero Arroyo, el precandidato favorito del presidente Felipe Calderón a la Presidencia de la República.

Para despejar dudas de posibles contubernios entre políticos, casinos y autoridades locales, Felipe Calderón advirtió en su quinto informe de gobierno: “Me indigna el nivel de opacidad y corrupción que la tragedia de Monterrey ha dejado traslucir (el incendio en el casino Royale)…Y por eso he girado instrucciones para que… se revise escru-

pulosamente la operación de todos estos establecimientos en la República. Les he instruido también para que investiguen las evidencias de posibles casos de corrupción y que quien haya violado la ley, sea quien sea, del partido u orden de gobierno que fuere, afronte las consecuencias en cualquier caso.”

Pero las relaciones del Zar de los Casinos no sólo han sido con políticos panistas, también ha logrado el aval de la jerarquía católica. El 25 de febrero de 2008, en el municipio de San Pedro, Juan José Rojas inauguró el restaurante 40 West. Al acto asistieron no sólo autoridades del ayun-

flickr.com

“Santísima Trinidad”

Salgado. Activismo político

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Sandra Pámanes, actual presidenta del Comité Directivo Estatal, y antes de ella pusieron a Juan Carlos Ruiz, ahora secretario del ayuntamiento regiomontano.

Zeferino ha estado involucrado en algunos líos. La reportera Mirna Ramos publicó el 1 de abril de 2008 que El Zar de los Casinos, Juan José Rojas Cardona, le había donado al entonces alcalde nicolaíta un helicóptero para labores de vigilancia de la policía. Al conocerse la procedencia de la aeronave, Salgado tuvo que regresarla bajo sospecha de haber recibido con la nave el pago de un favor que previamente le habría hecho al empresario.

Salgado también se vio implicado en otro incidente, éste de seguridad pública: militares lo detuvieron el 31 de marzo de 2010 en Piedras Negras, Coahuila, en posesión de un arma 9 milímetros sin acreditar su legítima posesión. Tras permanecer detenido unas horas salió, bajo fianza.

Luego de conocerse las imágenes de

tamiento, como Javier Maiz, entonces secretario de Desarrollo Urbano, también estuvo un personaje inesperado: el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México.

La corrupción Cuando Adalberto Madero llegó al gobierno de Monterrey, corrió la versión de que Juan José Rojas Cardona pidió colocar en la dirección de Alcoholes a uno de sus personeros a cambio de 10 millones de dólares, comentó a los reporteros un viejo cobrador de piso de los casinos de esa ciudad.

Coincidentemente, una de las primeras acciones de la administración de Madero fue clausurar el casino Revolución, propiedad de Rogelio Garza, competidor del Zar de los Casinos.

El mismo informante relató que Daniel Torres, quien también trabajaba para el cártel de Los Zetas, y Eduardo Saldaña, El Puma, cobraban piso en nombre del municipio y de Rojas Cardona.

Un empresario regiomontano comenta a Proceso que Rojas Cardona “tiene poder en Nuevo León y apoyo, tanto de las autoridades como del crimen organizado”; relata que “Los Zetas llegan cada semana a los casinos que le causan ruido a Rojas, a distintas horas del día. Ello –agrega–, no tendría relevancia si no fuera porque a los establecimientos de Rojas nunca les sucede nada; no tienen problemas de cuotas, ni con la autoridad; tampoco actos de intimidación… ¡Nada!

Los empresarios que compiten con él

Jonás, Sandra Pámanes lanzó un agresivo pronunciamiento para exigir que se esclarecieran los hechos: “Ante la evidencia transmitida en un video en que aparece Manuel Jonás Larrazabal Bretón y que dan a conocer diversos medios de comunicación, exigimos que la Procuraduría estatal investigue y llegue hasta sus últimas consecuencias para fincar y deslindar responsabilidades en el caso en particular del video difundido”, dijo la dirigente, rodeada de diputados locales del albiazul.

Pámanes Ortiz afirmó que el hermano del videoescándalo no es panista. Pero fuentes panistas aseguran a Proceso que Jonás trabajó en el área municipal de deportes durante el trienio de Felipe de Jesús Cantú en Monterrey.

Gustavo Madero, líder nacional panista, fue mucho más mesurado que Pámanes y en su declaración expresó respaldo al alcalde regiomontano.

tienen de dos: seguir pagando cuotas y sufrir actos vandálicos del crimen organizado o dejar morir el negocio.

Polémica trayectoria Poco se sabe del origen de Juan José Rojas Cardona, de 44 años, quien en una década se convirtió en millonario y ha salido airoso en los diferentes casos judiciales que ha enfrentado en México y Estados Unidos.

Aunque son varias sus cuitas la que hoy lo tiene en vilo es la demanda del fondo inglés Bluecrest, que en 2008 le otorgó un crédito de 75 millones de dólares, y al no recibir pagos recurrió a las autoridades judiciales en 2009. Tan sólo el pasado 5 de julio el Primer Tribunal Unitario en materia civil y administrativa con sede en Nuevo León declaró procedente someter a concurso mercantil la empresa de Rojas, Entretenimiento de México, para que pague el adeudo más los intereses, lo que da un total de 90 millones de dólares.

Lo peor para Rojas es que al existir esta resolución judicial puede perder el permiso de Gobernación, pues el Reglamento de juegos y sorteos, en su artículo 34, dice que el permiso se cancela cuando la empresa es sometida a dicho concurso.

Pero la historia fraudulenta de Rojas se inició en 1985, cuando ingresó a la Universidad de Iowa para estudiar economía.

El 6 de mayo de 1990, según el diario The New York Times, fue acusado de malversación de fondos públicos siendo dirigente estudiantil. A través del uso de una razón social denominada Romex Corportation

En un boletín difundido en la página del PAN el día que estalló el escándalo de los videos, se aclara: “Acción Nacional respalda y coincide con el alcalde regiomontano de demandar que su hermano, que no es integrante de este instituto político, asuma plena y responsablemente las consecuencias de sus actos. Las acciones de Jonás Larrazabal son su responsabilidad personal y particular, las cuales no se encuentran relacionadas con nuestro partido ni con la actual administración municipal panista, como lo sostiene el alcalde Fernando Larrazabal.”

Como si necesitara otra nota negativa, el 30 de agosto se dio a conocer que el ayuntamiento de Santa Catarina reclama al anterior alcalde panista Dionisio Herrera Duque el pago de poco menos de 7 millones de pesos, por faltantes en su cuenta pública. La contraloría municipal lo inhabilitó para ocupar un puesto público en esa localidad los próximos siete años. O

y la Big Ten Estudiante Asoc., Rojas fue acusado y su caso fue liberado en 1992.

El año anterior tuvo otro registro penal (casos FECR029070 y FECR028526) en ese mismo distrito judicial de Iowa, por cargos relacionados con seis cuentas de falsificación, y otro de robo en tercer grado. La sentencia no se cumplió, pues hasta donde se sabe Rojas huyó de la jurisdicción en la etapa de apelación después de haber librado cargos por cinco años de cárcel.

La sombra del narco lo acompaña.

De acuerdo con las causas penales 94-cr00080LH-1 y 94-mj00056-JHG-1, radicadas en la Corte de Distrito de Nuevo México, en febrero de 1994 el gobierno estadunidense lo acusó, en el primer caso, de poseer con fines de venta 50 kilos de mariguana; en el segundo, de poseer otras 17 libras.

Aunque Rojas libró las diferentes acusaciones en 1997, por su historial el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le tiene asignado el número 722659NA5. Dos años después fue detenido en Nuevo León por un fraude de 57 mil dólares contra una casa de cambio.

En México fue denunciado en 2007 por la empresa Bingo de la Suerte S.A. de C.V., por abuso de autoridad, falsedad de informes y delincuencia organizada.

Un caso más de implicación internacional ocurrió en 2008 y acaba de obtener jurisdicción. Se trata del Lac Vieux Deserty Band of Lake Superior Chipewa Indians, de Michigan, una tribu que acusa a Rojas de fraude por 605 millones de dólares para un casino que se operaría en Guadalupe, Nuevo León.

Germán Canseco

Pretexto para

reprimir

El aumento gradual de la violencia en Nuevo León se ha traducido en un incremento de los delitos cometidos por fuerzas oficiales en contra de la población civil. Tras la llegada de 3 mil elementos federales a la capital de ese estado, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales se recrudecieron. Lo que hoy impera en Monterrey, además del miedo y la zozobra ciudadana, es un estado de sitio de facto.

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ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

ONTERREY, NL.- Un día después de que arribaron 3 mil elementos de fuerzas federales a esta ciudad a raíz del ataque al casino Royale que dejó 52 muertos, policías, soldados e infantes de marina realizaron miles de cateos sin órdenes judiciales y establecieron un toque de queda de facto en varias colonias pobres, exhortando a la ciudadanía a abandonar las calles después de la medianoche.

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Víctor Hugo Valdivia Estrada

C RI M EN ORG A N IZ A D O

Monterrey. La nueva epidemia

30% fueron víctimas de elementos militares o policiacos.

Ahora, “con el operativo implementado tras el ataque al casino Royale, vemos que el actuar de los militares ha generado más violencia en colonias populares, las más pobres, de donde se están llevando gente. Cuando les va bien, nada más allanan moradas, entran a las casas y se roban cosas… Así ya les fue bien”.

Leyes antiprotesta

La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Consuelo Morales, comenta que en barrios como Guadalupe, Escobedo y Apodaca la gente ya empezó a resistir las revisiones exhaustivas de sus viviendas, pues muchos de los elementos que las hacen “se llevan gente y ya no regresan. Se meten a las casas, se llevan cosas, roban y ahora hay gente detenida sin causa sustentada ni motivada en derecho. Esto es público. Los militares detienen, cuestionan y han establecido un toque de queda”, subraya.

Consuelo Morales, quien recibirá un reconocimiento de Human Rights Watch por “su activismo extraordinario”, refiere que la violencia se ha disparado, pues el CADHAC ha recibido sólo en este año denuncias sobre 67 casos de desaparición, en cada uno de los cuales han desaparecido nueve personas en promedio. Así, se trata de al menos 720 desaparecidos, que en un

Durante el anterior gobierno de González Parás hubo acciones legislativas que, con el pretexto de enfrentar a la delincuencia, terminaron por criminalizar la protesta social.

En marzo de 2007 se aprobó el nuevo catálogo de delitos “contra la seguridad pública”, y el artículo 165 bis del Código Penal tipifica como conducta delictiva poseer o portar un equipo de comunicación que no esté a nombre de la persona a la que se le encuentre.

Otra legislación peculiar surgió en febrero de 2009, cuando vecinos de colonias populares bloquearon avenidas de Monterrey en protesta por las operaciones de los militares en sus barrios. Según se dijo, estos bloqueos fueron organizados por el grupo delictivo de Los Zetas.

A principios de marzo de ese año, González Parás manifestó: “Yo impulsaré una reforma a la legislación para que las expresiones de inconformidad o las manifestaciones que se den, afectando a los derechos de los demás, lastimando a los intereses de la ciudadanía y al interés superior de la comunidad, se consideren también como figuras delictivas.”

Y, en efecto, hoy la “obstrucción de la

vía pública” es un delito grave, pues el artículo 177 bis 1 del Código Penal lo describe así: “Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien con actos materiales ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores.”

Luego, el artículo 177 bis 3 establece que se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y una multa, además de advertir que si en la obstrucción se lleva a menores de edad, esto será una agravante. Finalmente, prescribe que la persona que organice la obstrucción tendrá una condena de tres a seis años de prisión.

Paraíso de la discriminación Conocido por la creación anticonstitucional del policiaco “grupo rudo” y su cuerpo de inteligencia –desarticulado cuando la Marina de México detuvo a sus integrantes por presuntos vínculos con la organización criminal de los Beltrán Leyva–, el alcalde panista de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, replanteó su esquema de “blindaje” en el municipio donde viven los millonarios regiomontanos: Ahora, sirvientas, jardineros, choferes, empleados domésticos y vendedores ambulantes deben darse de alta en un padrón municipal y obtener una credencial que acredite, desde el ayuntamiento, que laboran en el área. Al igual que los trabajadores, los vendedores ambulantes tienen la prohibición de usar teléfonos celulares.

Para Fernández Garza, integrante del clan Garza Sada, los vendedores ambulantes son sospechosos de “halconeo”. Asimismo, según el edil, 60% de los robos 1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Emilio Vásquez Moreno

Medina. Discurso mediático

Puro lucimiento LUCIANO CAMPOS GARZA

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Royale, mientras que se ha mantenido prácticamente inmóvil ante el récord de mil 263 crímenes que, atribuidos al crimen organizado, han sido cometidos en la entidad durante su administración.

Aunque tanto él como las autoridades

los cometen las trabajadoras y trabajadores domésticos.

“Yo voy a parar el halconeo. Si les gusta, pues qué bueno. Si no, pues que se vayan a trabajar a otro lado. Si van a traer celulares, no van a trabajar en San Pedro”, advirtió al presentar el programa “De Ti por Ti” el pasado 7 de abril.

El registro de los trabajadores domésticos, implementado a partir del 11 de abril, parte del supuesto de que ellos son de ranchos, comunidades rurales e indígenas, por lo que además de sus datos generales deben dar a conocer su lugar de procedencia, el número telefónico de la caseta del pueblo, un número telefónico y el nombre de una persona para avisar en caso de accidente, su domicilio en Monterrey (claro, los censados no viven en San Pedro), y su estado civil.

Para estar en el registro deben proporcionar una lista de sus amigos y parejas, así como revelar los lugares que frecuentan en días de descanso. A los patrones se les recomienda no darles llaves.

Por lo pronto, en San Pedro no hay mendigos, prostitutas y maldicientes. Si alguien se atreve a mendigar allí es encarcelado, ya que el reglamento municipal de policía, en su artículo 15, prohíbe “la mendicidad” por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Limosnear es consi-

derado tan grave y al mismo nivel que la prostitución, el exhibicionismo, el sexo en público, las malas palabras o los cartelones que ofenden “el pudor”.

Un gimnasio de poledance o el espectáculo “Sólo para Mujeres” no llegan a San Pedro, donde está prohibida la exhibición de personas desnudas o semidesnudas, en

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el mismo reglamento que prohíbe los prostíbulos y los “hoteles o moteles de estancia corta”.

Sospechosos múltiples El 21 de junio de 2010, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal a fin Víctor Hugo Valdivia Estrada

ONTERREY, NL.- El gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, es acusado de aprovechar mediáticamente casos que llaman la atención nacional e internacional, como la matanza del casino

ministeriales alegan que los hechos violentos del crimen organizado deben ser atendidos conforme a la ley por las fuerzas federales, varios especialistas entrevistados por Proceso advierten que ese es sólo un pretexto para no hacerse cargo del problema, pues las leyes establecen claramente que, en principio, corresponde hacerlo a las autoridades estatales.

Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), quien recibirá un reconocimiento de Human Rights Watch, señala que no hay investigación de autoridades locales en numerosos homicidios, amenazas y privaciones ilegales de la libertad porque el gobierno estatal argumenta que son de orden federal y que, por lo tanto, debieran ser investigados por la Procuraduría General de la República.

“Los crímenes quedan impunes porque dicen que fueron cometidos por la delincuencia organizada. ¿Pero qué es delincuencia organizada? Ahorita cualquier persona se pone un pasamontañas y te roba y pueden decir que es delincuencia organizada. Las autoridades de Nuevo León evaden esta situación y pasan la pelotita a las autoridades federales.”

Morales indica que muchas veces los objetivos de los criminales “son dueños de pequeños negocios que reciben presiones para que paguen por seguridad, y si no pagan los matan ahí mismo o los desaparecen.

El alcalde Fernández Garza. Prohibido mendigar

C RI M EN ORG A N IZ A D O El estado no ha mostrado que verdaderamente establezca medidas para proteger a la ciudadanía en estos casos”.

En cuanto a la actuación del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, sentencia: “Es un gobernador ausente. No está. En su discurso cuando tomó posesión dijo que daría su vida en defensa de la ciudadanía. Si quisiera honrar su palabra, debería bajar de su oficina, pero se esconde y ahora esconde a las cabezas de las secretarías y pone al frente a una persona que es vocero”.

Crímenes e impunidad El martes 30 de agosto, cinco días después del asesinato masivo en el casino Royale, el gobernador Medina armó un espectáculo para presentar a cinco detenidos. Acompañado del subprocurador de Control Regional de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, presentó videos de una gasolinera donde los incendiarios cargaban combustible.

Triunfal, el mandatario mostró más imágenes de la caravana de coches circulando por la avenida Gonzalitos, y también las fichas de los cinco involucrados. El jueves 1 de septiembre fue presentado otro involucrado, que era policía estatal.

Pero ante el olvido del resto de los crímenes, Bernardino Fernández Contreras,

dirigente estatal del PRD, considera que el mandatario ha concentrado sus esfuerzos en resolver sólo aquellos casos que llaman la atención. “Vemos que el gobierno del estado da respuesta mediática, y aunque todos los casos son trascendentales, ha dejado de lado la mayoría de los asesinatos de gente inocente que ha muerto en este asunto de la guerra contra el narcotráfico”.

“Lo que trasciende lo ataca y está dejando de hacer su trabajo para el resto de la ciudadanía. Es una forma muy burda de hacer las cosas, mediática y selectiva, donde el gobernador busca sobrellevar las cosas. Además de lo del casino, hay muchos hechos donde las familias quedan dañadas y sin atención. El gobernador en lo personal y el alcalde de Monterrey (Fernando Larrazabal) deben renunciar a sus cargos porque no dan resultados.”

Según cifras de la Procuraduría estatal, los homicidios dolosos se han incrementado notablemente en Nuevo León. En el 2008 hubo 263, de los cuales 75 fueron atribuidos a la delincuencia organizada. Al año siguiente la cifra subió a 267, de los cuales 97 fueron ejecuciones.

En 2010, primer año completo de gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, los números se dispararon y el registro fue de 828 homicidios dolosos. De ellos, 361 fueron ejecuciones. Un total de 156 personas

resultaron abatidas en operativos, principalmente de las fuerzas federales. Cayeron 30 víctimas civiles.

El hecho es que las autoridades no han podido contener la crisis de inseguridad.

Desde que llegó Medina de la Cruz al poder, el 4 de octubre del 2009, han desfilado en la entidad dos procuradores y tres secretarios de Seguridad Pública.

De acuerdo con un conteo periodístico, durante el mandato de Medina se han registrado en el estado, hasta finalizar el pasado mes de agosto, mil 263 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. De ese total, 85 personas eran inocentes; 90, autoridades abatidas; 278, delincuentes que murieron en enfrentamientos con autoridades, y 810 correspondieron a ejecuciones entre delincuentes.

Por lo que se refiere a la impunidad, estadísticas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León resultan reveladoras: En los años 2008, 2009 y 2010 se han iniciado, en total, 196 mil 634 averiguaciones previas. De esa cifra, sólo se ha ejercido acción penal en 9 mil 66 casos, equivalentes al 5% (Proceso 1817).

Prácticas contra la ley El vocero de Seguridad Pública del Estado, Jorge Domene Zambrano, aduce que el esta-

CRIMEN OR GA NI ZADO esclarecer el caso y resolverlo, consignarlo incluso, son responsabilidad del Ministerio Público del Fuero Común, que es el representante social”.

La diputada panista Jovita Morín Flores, abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), menciona que para que inicie un procedimiento penal, primero debe haber un indiciado, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución General de la República.

“Cualquier persona que comete un homicidio –explica– debe ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público local; debe ponerse al detenido en custodia de la autoridad más cercana, y en este caso siempre será el Ministerio Público local, forzosamente.”

A su vez, Carlos Treviño Vives, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), coincide en que es la autoridad estatal la que debe iniciar la investigación en cualquier clase de homicidio.

El litigante, quien ha colaborado con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), agrega que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la PGR, el Ministerio Público de la Federación deberá solicitar al Ministerio Público local, cuando corresponda, la remisión de la investigación.

Por su parte, el litigante Guillermo García Leija expone que, por costumbre, si en un crimen se utiliza un arma de uso restringido,

como la AK-47 o la AR-15, el caso es atraído por la autoridad federal, pero inicialmente debe atenderlo la autoridad local aunque luego lo turne a la otra instancia.

Pero, dice, “la actitud de la autoridad estatal es pasiva, cómoda e inepta, aunque el gobernador está constitucionalmente obligado a procurar la seguridad de los habitantes de Nuevo León”.

Egresado de la UANL, y con más de 20 años de experiencia, plantea que cuando se comete un homicidio con armas de alto poder prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego “ya se ha hecho norma” que el caso sea atraído por la autoridad federal, “pero no está fundamentado legalmente, por lo que debe ser legislado esto”.

El diputado local panista Omar Pérez, quien subraya que los robos del fuero común se han incrementado en 90% este año respecto al anterior, manifiesta que Medina se lo quiere achacar todo a la delincuencia organizada.

“Lo que hace el gobernador –puntualiza– es ir resolviendo lo que pasa en su administración. Si pasa algo en los casinos, vamos sobre todos los casinos. Si hubiera pasado en restaurantes, se hubiera lanzado contra los restaurantes. Reacciona, y lo que queremos es prevención. Medina da prioridad a su imagen y relega lo que le pasa a los nuevoleoneses…” O

de sancionar el espionaje de la delincuencia organizada, al que comúnmente se designa “halconeo”.

Esa propuesta fue también una medida al vapor. Presentada el 8 de junio de 2010, apenas 15 días después se dictaminó y aprobó por unanimidad. Prevé de 2 a 15 años de prisión para ese delito.

La modificación afectó al artículo 16 bis, fracción 1, que tipifica el delito grave, y 192, del Código Penal, y prevé castigar a quien sea sorprendido acechando, vigilando o realizando actividades de recopilación de datos sobre la ubicación de operativos realizados por los cuerpos de seguridad.

Las penas se agravan cuando el inculpado es o fue servidor público o militar, al igual que si es taxista o se hace pasar por cualquiera de éstos.

El artículo 192 del mencionado código establece: “Se impondrá una pena de dos a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 cuotas a quien aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.”

Una previsión semejante introdujo el presidente Felipe Calderón en su iniciativa de reforma penal presentada el pasado 14 de

abril, aunque en ese caso el “halconeo” es designado como “facilitación delictuosa”.

Consuelo Morales, quien ha seguido las reformas legislativas y las ha denunciado por arbitrarias, señala que apenas el pasado 29 de julio se tipificó como delito grave, con 50 años de prisión como pena, el robo de vehículos con violencia. El

mismo día, el Congreso aprobó una reforma en la que la explotación de menores es castigada con la pena máxima de 13 años.

De este modo, “la protección patrimonial es más importante para los legisladores que la protección de los niños y las niñas”, observa la activista.

En estos días, continúa, el Congreso debate la reducción de la edad penal a 12 años, y aunque diversos actores sociales y políticos han criticado la propuesta, el diputado César Garza Villarreal advirtió el pasado 31 de agosto que, en virtud de las posturas, sólo se reducirá la edad penal en ciertos delitos.

Morales recuerda que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas calificó los centros de internamiento de menores en la entidad como la antítesis de lo que deben ser.

El 29 de agosto, Felipe Calderón recibió a los magnates regiomontanos, quienes le dieron su apoyo. Morales enfatiza que eso sucede porque los hombres de negocios que ahí se reunieron desconocen lo que viven los ciudadanos frente a las acciones de Estado que han incrementado la violencia. Y ante eso y las leyes arbitrarias, la activista reflexiona: “Si esta estrategia ha generado más violencia, nosotros nos preguntamos: ¿Qué clase de intereses son los que nuestros gobiernos y magnates están tutelando?”.

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Víctor Hugo Valdivia Estrada

do no investiga en los casos en los que se supone que participa la delincuencia organizada, porque la Federación atrae las investigaciones.

Pero Eloy Hernández García, exagente del Ministerio Público Federal y del Fuero Común, comenta que es el estado el responsable de investigar homicidios, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales. El artículo 2, subraya, establece que es el MP estatal el encargado de perseguir los delitos y ejercer acción penal ante los tribunales.

El ahora abogado privado y catedrático en derecho puntualiza: “No hay ningún convenio de acuerdo entre estado y Federación en que deban suprimir su competencia para conocer de los delitos, y menos en flagrancia. Si hay flagrancia, en automático interviene el MP del fuero común y tiene que desglosar la averiguación. Si hay arma de fuego de uso restringido, pasarlo a la autoridad federal, que puede atraer la investigación del homicidio si existe delincuencia organizada. Pero si no hay flagrancia, deberá conocer el fuero común del homicidio, y el federal, por lo que hace al arma de fuego”.

A su vez, el presidente del Colegio de Licenciados en Criminología de la República Mexicana, Ramiro Ramírez Pérez, afirma que la autoridad que debe investigar los homicidios es la Procuraduría estatal. “En la mayoría de las ocasiones en que se da el delito de homicidio las investigaciones para

Morales. Reconocimiento

Televisa:

la hipocresía JENARO VILLAMIL

Con la tragedia del casino Royale de Monterrey como pretexto y sus afanes de lucro por delante, Televisa montó el pasado 29 de agosto un show delirante: horas y horas de transmisión para machacar una y otra vez acerca de las irregularidades con que opera la mayor parte de los casinos en México… menos los suyos, claro. En el espacio de Primero noticias y erigida en juez y parte, la televisora ha buscado febrilmente limpiar su imagen y soslayar el hecho de que ya ocupa el tercer lugar nacional en la industria del juego, un negocio multimillonario cuya naturaleza atrae corrupción, lavado de dinero, violencia…

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“

¡Con sólo venir ganas!”, dice la promoción del Play City ubicado en el primer piso del exclusivo centro comercial Antara en la colonia Polanco, Distrito Federal. Este centro de bingo y sport books es uno de los 25 establecimientos que Apuestas Internacionales, S.A., filial de Televisa, ha abierto en todo el país desde que el 25 de mayo de 2005 obtuvo de la Secretaría de Gobernación un permiso para explotar 130 salas (65 de bingo y 65 de sport books) hasta el 24 de mayo de 2030.

Se trata del mayor número de permisos otorgados de golpe a una compañía desde que se expidió la Ley de Juegos y Sorteos, en diciembre de 1947. En menos de seis años, Televisa ya rivaliza con Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon, socio del grupo español Codere y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (Grupo CIE), de Alejandro Soberón Kuri, también socio de Codere. Paradójicamente, Grupo CIE es socio al 49% con Televisa (propietaria de 51%) en la empresa de espectáculos OCESA. A pesar de ser el tercer consorcio en

C RI M EN ORG A N IZ A D O “Los casinos retratan un mundo completo de corrupción en el que conviven autoridades de todos los niveles que los toleran y protegen. “¿No habrá llegado el tiempo de ponerlos en orden con un primer paso: cerrarlos para ordenarlos? Aunque sea mucho el dinero y aunque sean muchos los involucrados. “¿O no van a servir de nada los muertos?”

López Dóriga, a quien puede considerarse como vocero de Televisa, se anticipó así al anuncio del presidente Felipe Calderón en su quinto informe de gobierno al ordenar “la revisión minuciosa” de todos los casinos en el país.

De modernizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que tiene más de 60 años de vigencia, de revisar las ambigüedades y criterios discrecionales que establece el reglamento vigente desde septiembre de 2004 y sujeto de una controversia constitucional con la Cámara de Diputados, no se anunció nada.

Permisos garantizados

Germán Canseco

importancia en la industria del juego y de las apuestas legalizadas, Televisa organizó el lunes 29 de agosto, en el programa Primero noticias, una pasarela de cuatro horas a la que acudieron dirigentes políticos, empresarios, legisladores, comediantes, deportistas, conductores, el propio presidente de la República y, por supuesto, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. El propósito: hacer un llamado a “cerrar filas” y a la “unidad” frente a los delincuentes, ante los trágicos acontecimientos del casino Royale en Monterrey.

Juez y parte en la industria del juego y de las apuestas en México, Televisa también ha informado acerca de las corruptelas en la operación de 561 establecimientos que operan en México, de los cuales sólo 306 son legales, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la empresa nunca menciona que ella forma parte de este gran negocio que pretende expandirse hacia la verdadera “mina de oro”: las apuestas online en internet.

El conductor estelar de noticiarios de Televisa, Joaquín López Dóriga, escribió el 1 de septiembre en su columna “En privado”, de Milenio, que quizás era hora de cerrar los casinos:

No le ha ido nada mal a Play City en estos seis años. Frente a sus principales competidores –que tienen más de dos décadas en el negocio de los juegos y sorteos–, Televisa reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el primer trimestre de 2011 sus ventas se incrementaron 18.1% en juegos y sorteos: 949.5 millones de pesos, en comparación con 803.8 millones del primer trimestre de 2010.

De esas ventas, pagó por “participaciones” a la Secretaría de Gobernación menos de 2%: 15 millones 852 mil pesos, según el portal de la propia dependencia.

En total, desde 2006 a la fecha, Apuestas Internacionales ha pagado por ese concepto a la Secretaría de Gobernación 219 millones 475 mil pesos; es decir, 2% del total de sus ventas en el negocio del juego.

Eso sí, con sólo el permiso otorgado por Santiago Creel, Televisa comenzó a ganar sin registrar pérdidas en su apuesta por el bingo. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Play City ha sido beneficiada por diversas modificaciones para que pueda realizar sorteos como Play 50, Súper Multiplicador, Sorteo Toma Todo, Sorteo Superlotto Millonario y Juega Apuesta Multisoccer.

Todas estos sorteos pertenecen al segundo filón del negocio de las apuestas que en 2007 creó Televisa: la empresa Multijuegos, una lotería online que en menos de cuatro años abrió 4 mil 700 terminales electrónicas en todo el país y ya rivaliza con Pronósticos Deportivos y la Lotería Nacional, ambas gubernamentales y cuyos fondos se destinan a la asistencia pública.

Desde febrero de 2007, la consultora Merryl Linch calculó que el mercado de la lotería en México podría ascender a 12 mil 950 millones de dólares y Televisa podría captar 25% de éste, hasta quedarse con 50% de todo el mercado en 2012.

El apoyo de la Secretaría de Gobernación ha sido pleno para el sector de juegos y apuestas de Televisa. Según el portal de la dependencia, el 30 de noviembre de 2009 modificaron a favor del consorcio el reglamento de los sorteos Toma Todo, Toma 3, Superlotto Millonario, Sorteo Súper Multiplicador y Multijuegos, que son promovidos constantemente en los anuncios de los canales de televisión abierta propiedad de Televisa.

En su informe de diciembre de 2010, ante la Securities and Exchange Commision, el órgano regulador bursátil de Estados Unidos, Grupo Televisa presentó así el panorama de su división de juegos y sorteos: “Planeamos continuar desarrollando nuestro negocio del juego, el cual consiste en bingo y sport books halls, y lotería nacional.

Hasta el 31 de diciembre de 2010, teníamos 23 bingos y sport books halls en operación, bajo el nombre de Play City. De acuerdo con nuestro permiso, planeamos abrir más bingos y sport books en el curso de los próximos tres años. Además, en 2007 lanzamos Multijuegos, lotería online, que cuenta con aproximadamente 4 mil 700 terminales electrónicas. El bingo y los sport books operan bajo el permiso de juegos obtenido del ministro del Interior (sic) que establece, entre otras cosas, la apertura de 65 bingos y sport books en todo México” (p. 27).

En la página 51, Grupo Televisa aclara a los inversionistas estadunidenses que “tenemos garantizado” el permiso para juegos y sorteos hasta el 24 de mayo de 2030. Admite que los principales competidores en el campo del bingo y los sport books son CIE y Grupo Caliente, y en Multijuegos “las loterías gubernamentales Pronósticos y Lotería Nacional”.

La marca Televisa no es evidente en los sitios de Play City. En el centro de la plaza Antara, de Polanco, acuden desde la tarde decenas de mujeres de la tercera edad, jóvenes oficinistas, parejas, ludópatas solitarios o simples curiosos que, por lo menos, destinan 250 pesos para recargar la tarjeta Play City y apostar en alguna de las más de 300 máquinas de videojuegos que se apilan en el sitio, en el Play póker –supuestamente prohibido por la ley–, en el Jackpot o en la sala de apuestas remotas donde se ven carreras en hipódromos de todo el mundo.

“Yo pierdo hasta 2 mil pesos en una tarde, pero me gusta mucho este sitio. Como que se olvida uno de todo”, confiesa una dama de Polanco, aficionada al juego Pirates luck.

El otro gran negocio de Play City es el Sorteo Trébol. En Polanco se encuentra 1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

una de las 4 mil 700 terminales que se han distribuido en todo el país y que rivaliza ya con sus principales competidores: Pronósticos Deportivos y Lotería Nacional.

El gran atractivo del sorteo es que con jugar 50 centavos uno puede ganar hasta 250 pesos en Toma 3, o participar con 2 pesos y ganar hasta 11 mil pesos en el sorteo Toma todo. El Superlotto Millonario es el más codiciado por la bolsa acumulada.

El director general de Apuestas Internacionales S.A., es Rafael Villasante Guzmán, consejero suplente en Sky y en Cablevisión, las dos principales empresas de televisión restringida de Televisa. Villasante fue vicepresidente de banca corporativa en JP Morgan.

Otros grupos El otorgamiento de siete permisos para establecer hasta 198 bingos y sport books en todo el país, durante el paso de Santiago Creel por la Secretaría de Gobernación, no sólo permitió que Grupo Televisa entrara de lleno en esta industria antaño controlada por dos grandes consorcios: Caliente y CIE. También le abrió las puertas a otros grupos relacionados con medios de comunicación y de telecomunicaciones. A Promojuegos de México le otorgó un permiso para establecer hasta 10 books y 10 bingos.

El director general de la empresa constituida es Raúl Quintana Fernández, quien fue representante del Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Jean. Durante un tiempo Burillo dirigió los destinos de Televisa y fue presidente del Club América, propiedad de la televisora, así como de los Freseros de Irapuato y los Tiburones Rojos de Veracruz.

Otro grupo beneficiado fue Eventos Festivos de México, que cuenta con permiso para abrir hasta 10 books y 10 bingos. Entre los accionistas de la empresa aparece José Alberdi González, socio de Olegario Vázquez Raña, accionista principal de Grupo Ángeles, propietario de estaciones de radio (Grupo Imagen), del periódico Nuevo Excélsior y de la concesión

Benjamín Flores

Azcárraga. El juego, un filón

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del canal 28 (Cadenatres), además del conjunto de hospitales privados. De la mano de Vicente Fox y Marta Sahagún, el crecimiento del Grupo Ángeles llegó hasta los medios y los centros de apuesta en el sexenio anterior.

Un tercer grupo beneficiario fue Juega y Juega, que obtuvo permiso para 18 books y 18 bingos. Entre sus socios aparecen Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud. El primero es un empresario de Nuevo Laredo, conocido por ser concesionario de la cerveza Miller, señalado como uno de los financiadores de la precampaña presidencial del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. El segundo es un empresario de origen yucateco, accionista en la repetidora local de TV Azteca, junto con su hermano Roberto Abraham Mafud.

El ascenso de estos empresarios se dio también durante el sexenio de Vicente Fox (Proceso 1495 y 1503).

Un cuarto consorcio beneficiado con aquellos permisos de 2005 fue Entretenimientos de México, de Arturo Rojas Cardona, hermano de José Rojas Cardona, a quien se le identifica como el “zar de los casinos” en Monterrey, vinculado a Zeferino Salgado, socio de Fernando Larrazabal, según publicó el jueves 1 el periódico Reforma. Rojas Cardona tuvo como socio a Héctor Gutiérrez Cortés. No se les conoce, hasta ahora, ningún vínculo con grupos mediáticos importantes.

Los otros beneficiarios fueron Mío Games, de Jorge Alberto Fernández Rodríguez y María del Carmen Álvarez Calderón, a quienes se les entregó permiso para abrir dos salas de books y dos de bingos; así como el consorcio Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos y Joaquín Riva Palacio, hijos del exdirector del ISSSTE en el sexenio de José López Portillo, Carlos Riva Palacio. Se asociaron al grupo internacional GEM Global Yields Funds. Su permiso les autoriza abrir hasta 58 books y bingos. O

ALBERTO OSORIO, GLORIA REZA Y JULIO RÍOS

UADALAJARA, JAL.- El atentado del 25 de agosto al casino Royale en Monterrey, Nuevo León, en el que murieron 52 personas, cimbró a los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara que, temerosos de una contingencia de ese tipo, en sólo tres días clausuraron seis de los 25 centros de apuestas de la zona conurbada de la ciudad.

En esta capital, donde se asientan 13 establecimientos de ese tipo –siete de los cuales obtuvieron autorización para funcionar durante la administración del panista Alfonso Petersen–, los inspectores cerraron cinco: el Capri, ubicado en Circunvalación y Ávila Camacho; el GDL, que se localiza en las calles Agustín Yáñez y Francisco Javier Gamboa; el Yak, de plaza Pabellón, en Acueducto y Patria; el Twin Lions, de avenida México, y el Gran Nevada, en las calles Eulogio Parra y Amado Nervo.

El alcalde Jorge Aristóteles Sandoval declaró el 29 de agosto que los negocios sólo reanudarán sus actividades cuando la Secretaría de Gobernación determine si tienen su permiso federal en regla y Protección Civil compruebe que se ajustan a los protocolos.

Sandoval aseguró que la dependencia expidió permisos, “pero no intervino después en el desorden que (los panistas) nos heredaron con tanto casino”. Incluso comentó que Gobernación admitió que el Capri, cuya permisionaria es Megasport, no tenía permiso federal, y sostuvo que desconocía la existencia del GDL, cuyas instalaciones no tienen salidas de emergencia y su tubería de gas es deficiente.

Con respecto al Twin Lions, agrega, el centro carece de hidrantes y salidas de emergencia; en el Gran Nevada, los detectores de humo no están conectados a la central de alarma, su espacio es reducido y altera el tránsito vehicular en la zona aledaña; en cuando al Yak, sus propietarios no tienen una planta de luz para casos de emergencia.

Por lo que concierne a La Racha, asentado en avenida Revolución, el centro fue clausurado el 28 de abril del año pasado por no contar con la licencia respectiva para el funcionamiento de las maquinitas, por lo que no fue incluido en el operativo.

El casino Caliente, del grupo de Jorge Hank Rhon, en plaza Arboledas, sólo fue infraccionado por no refrendar su licencia municipal de 2011 y por “una excedencia de remodelación en un local comercial”, según el ayuntamiento.

El resto de los casinos tapatíos sí cumplen con las medidas de Protección Civil y tienen su documentación municipal en orden. Éstos son: Royal Yak, del Centro Magno (Vallarta 2425); Emotion, en plaza Alameda, calzada Independencia; Fantas-

G

C RI M EN ORG A N IZ A D O

Con gobernantes panistas,

el “boom” de casinos tapatíos

tic, en Américas; Alegre, en López Mateos 180, y Social Rom, en Acueducto 2380.

En Zapopan, el alcalde Héctor Vielma declaró a los medios el 30 de agosto que no habrá más casinos durante su administración: “Para mí los casinos es lo peor que le puede pasar a este país. Sobre todo al haberse otorgado tan discrecionalmente y tan a la ligera, como lo hizo el gobierno federal en el sexenio anterior. Y el actual no lo ha resuelto”.

Incluso aseguró que a partir de ahora el ayuntamiento zapopano cobrará a cada establecimiento de ese tipo 2 mil 500 pesos anuales por cada maquinita; “ojalá el Congreso local no tumbe esta iniciativa, como lo hizo anteriormente”, dijo Vielma.

El gobernador Emilio González Márquez criticó a los ayuntamientos metropolitanos por las revisiones, las que calificó de “mediáticas”. Cuestionó la proliferación de casinos porque no es la inversión que queremos ni deja beneficios a nuestra sociedad, y sí muchos problemas, dijo el día 28, aunque no mencionó a su correligionario Petersen, cuya administración otorgó varias licencias.

“Yo veo bien que (las autoridades municipales de la zona metropolitana de Guadalajara) hayan rectificado y clausurado (casinos). Espero que no solamente sea por lo que pasó en Monterrey, sino que esa acción se sostenga. No queremos casinos en Guadalajara, no creo que nos dejen cosas buenas”, expuso.

El secretario del ayuntamiento tapatío,

Rafael del Río

Tras el atentado al Casino Royale de Monterrey, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara actuaron con singular rapidez y en sólo tres días clausuraron seis de las 25 casas de apuesta autorizadas en ese entorno. En un intento de deslinde, los alcaldes priistas de la capital jalisciense y de Zapopan acusan a sus antecesores del PAN de haber autorizado la apertura de esos establecimientos, que benefician a unos cuantos empresarios.

Roberto López Lara, le respondió al mandatario y le pidió no politizar el asunto; además, anunció que continuarán las revisiones. Lo mismo hizo el diputado panista Héctor Álvarez Contreras, quien alegó que si las casas de apuesta tapatías aún no se clausuran, se debe a que el alcalde Aristóteles Sandoval desconoce la ley.

De acuerdo con los reglamentos municipales, todo establecimiento necesita autorización del ayuntamiento; y éste tiene atribuciones para clausurar y revocar la licencia cuando no se cumplan requisitos o incluso los inspectores municipales detecten apuestas ilegales. “Que (Aristóteles) aplique la ley y que no sea tibio”, sentenció el legislador.

Ríspidos mensajes Ana Patricia Godínez Luna, directora general de Inspección y Reglamentos en Zapopan, dice a Proceso que en la ciudad hay 11 casinos que en su mayoría están dentro de centros comerciales.

De ellos, dice, seis abrieron sus puertas durante la administración del panista Juan Sánchez Aldana: cuatro iniciaron en marzo de 2009 y dos el 17 de diciembre siguiente (Proceso Jalisco 276). La administración de Vielma sólo ha autorizado uno, el Majestic, en la plaza Millenium, de Mariano Otero y López Mateos.

Durante los operativos del pasado fin de semana sólo se clausuró el 777, ubica1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

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Rafael del Río

Casino Capri. Clausura exprés

do en Patria y Vallarta, porque, dice la entrevistada, “no garantizaba medidas de seguridad, los hidrantes estaban tapados y el sistema eléctrico estaban mal instalado.

Godínez aclara que los ayuntamientos sólo emiten anuencias: “El permiso para juegos y sorteos corre a cargo de Gobernación y tienen su propia agenda. En el catálogo del municipio, no existe giro de casinos ni apuestas, trabajan con licencia de restaurant bar; a nosotros nos corresponde vigilar que cumplan con las medidas de protección civil, respeten los reglamentos de ecología y de construcción, y cuenten con sus permisos para la venta de alcohol”.

En el municipio de Tlajomulco, administrado por el perredista Enrique Alfaro, Protección Civil realizó, el 26 de agosto, por tercera ocasión, una inspección al casino Bingo 777 en la plaza Outlet, el único que opera en la localidad y, según el comandante Felipe de Jesús López Sahagún, “el casino sí cumple con las medidas de seguridad”.

En Tlaquepaque también hay uno: el casino Caliente, en Plaza Centro Sur. Verónica Pérez, directora de Atención a Medios, explicó que desde el 21 de junio de 2007 obtuvo licencia de restaurant bar, y en marzo del año siguiente la de música en vivo. Ambos permisos los otorgó la administración pasada del panista Hernán Cortés, quien hoy es aspirante a la gubernatura.

Los casinos de Puerto Vallarta son tres.

Sus promotores son un grupo de empresarios locales encabezados por Fernando González Corona, quien ya fue alcalde local y diputado por el PAN. Y en Chapala, sobre el Cerro Viejo, se construye el casino Lake Chapala Hotel and Casino Resort, impulsado por la compañía Palacio Development Group, de Phoenix, Arizona, con una inversión de 40 millones de dólares.

El establecimiento forma parte de un proyecto inmobiliario que incluye la cons22

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trucción de un hotel y viviendas en San Antonio Tlayacapan. De acuerdo con documentos obtenidos por este semanario, el apoderado legal de ese negocio es Fernando Aguilera Delgado.

Surgieron como hongos De acuerdo con la Secretaría de Gobernación –disponible en su portal electrónico en el sitio de juegos y sorteos–, Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., que en principio fue ubicada como permisionaria del casino Royale de Monterrey –lo cual negaron mediante un comunicado el 26 de agosto– también tienen en su registro federal varios centros de apuestas en Jalisco.

Con permiso inicial (4117) de junio de 1992, tiene autorización para un hipódromo, cuatro centros de apuestas remotas y 46 de apuestas remotas con sala de sorteo de números en todo el país.

Sus accionistas son Rodrigo Aguirre Vizuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, exregente de la Ciudad de México, y VH Entretenimiento, S.A. de C.V. Hoy sólo funcionan 26 de esos centros de apuestas remotas y sala de sorteo de números con permisos que caducan hasta el 1 de junio de 2017.

Atracciones y Emociones, cuyos propietarios aseguran contar con un amparo definitivo, tiene en esta ciudad los permisos del casino Alegre, en López Mateos Sur 180, cerca de la emblemática Minerva y el Sao Paulo, en la avenida Américas; también opera casinos en Puerto Vallarta (avenida Los Tules 4), Ajijic (carretera a Chapala 57), y el Royal City, dentro del centro comercial Plaza San Javier, en Arandas.

Operadora Cantabria, de la cual es accionista Jorge Hank Rhon, obtuvo el permiso para el Caliente de plaza Arboledas en Guadalajara; Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A. de C.V., opera tres

casinos en Jalisco: el Emotion, en la plaza Alameda del centro tapatío y otro del mismo nombre en plaza del Sol. A Eventos Festivos de México, S.A. de C.V., de Gea Holdings y Olegario Vázquez Aldir –director del Grupo Empresarial Ángeles e hijo del empresario Olegario Vázquez Raña–, se le dio luz verde para abrir 20 centros de apuestas, de los cuales uno estará en Guadalajara y otro en Zapopan, aunque Gobernación asegura que aún no operan.

Promojuegos de México, S.A. de C.V., tiene los permisos de dos casinos 777 en las plazas Outlet de Tlajomulco y en Zapopan, este último clausurado por el ayuntamiento el 27 de agosto. Ambos son manejados por Femalamex, S.A. de C.V. La empresa Promojuegos perteneció, hasta 2004, a Raúl Quintana Fernández y a Pablo Cortina de la Fuente. Hoy es de Femalamex y Complejos Turísticos Huatulco, S.A. de C.V. Apuestas Internacionales, S.A. de C.V., propiedad de Televisa y de Es Más Holding, tiene permiso hasta 2030 para 65 centros de apuestas y sorteos de números, de los cuales 24 ya abrieron sus puertas. En Zapopan hay dos: los Play City de la Gran Plaza y el de plaza Andares. Además, el consorcio televisivo tiene autorización para uno más en cualquier ciudad de Jalisco.

Entretenimiento de México, S.A. de C.V., tiene permiso para abrir 28 centros de apuesta y sorteo de números en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque; Palacio de los Números, S.A. de C.V., tuvo el aval de las autoridades para dos más en Jalisco. Gobernación asegura que aún no abren ninguno.

Petolog, S.A. de C.V., con los accionistas Urban Publicity y Sergio Jacinto Gil García, cuenta con los permisos para siete “libros foráneos”, de los que tiene cuatro están ya en funciones. Uno de ellos en Guadalajara, en Prolongación Américas 1619, colonia Providencia, así como el casino Ganesh, que fue clausurado en febrero pasado.

La empresa Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V., creada el 15 de diciembre de 2006, obtuvo un permiso el 22 de octubre de 2010 con una vigencia hasta 2035 para administrar 35 salas de sorteos de números en diferentes ciudades del país, cuatro de ellas en Jalisco.

Sus accionistas son el empresario Germán Daniel Michel Velasco, hermano de Enrique Michel, presidente del Consejo Económico y Social de Jalisco (Cesjal), Jorge Jiménez González y Rodrigo David Galván Graf, quien fue nombrado director general de Juegos y Sorteos de Jalisco.

Otras compañía con permisos para juegos y sorteos, es Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V., cuyo permiso data del 25 de julio de 1997 e incluye cuatro “libros foráneos” en la zona metropolitana de Guadalajara, aunque Gobernación aclara que ninguno está operando. Sus accionistas son Carlos

C RI M EN ORG A N IZ A D O del Paso Maza y Jesús Escobar Sahagún.

El tema de los casinos salpica también a Roberto López González, líder del PRD en Jalisco. Los medios locales informaron recientemente que López González, hasta hace poco líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, adquirió 5% de las acciones del proyecto de casino La Diosa de la Fortuna, con planes de tener más de 600 máquinas de apuestas en avenida Santa Margarita 3520, en Zapopan.

También se menciona al dirigente de ese partido en Zapopan, José Óscar López Susarrey. En entrevista con Proceso, López Susarrey admite que, en sociedad con el abogado Víctor Manuel Argote Sahagún y uno de sus hijos, aportó 249 mil pesos para la adquisición de una acción.

Paraíso de ludópatas Javier González Herrera, presidente del Centro de Tratamiento Contra el Juego Compulsivo “Samadhi”, con sede en la ciudad de Chihuahua, asegura que Jalisco tiene más de 90 mil ludópatas, tercer lugar a nivel nacional de jugadores afectados por ese mal.

En entrevista telefónica, González Herrera indica que por encima de Jalisco se encuen-

tran el Distrito Federal, con más de 100 mil afectados, y Nuevo con León, con 80 mil.

En un recorrido por varias casas de apuesta, los trabajadores admiten que a raíz del ataque al casino regiomontano, en Jalisco se desató la histeria en los municipios metropolitanos. Algunos se quejan de los bajos sueldos y de las extenuantes jornadas, así como por la falta de equipo.

Empleados municipales consultados por Proceso aseguran que la presencia de inspectores que tiene a su disposición la Secretaría de Gobernación para la regulación de casinos, es mínima. “En Jalisco –dice uno de ellos–, no pasan de 10 los encargados de vigilar las carreras de caballos, peleas de gallos, sorteos y certificación de entrega de premisos”.

La mayor parte de la clientela son señoras encopetadas y jubiladas. En esos establecimientos apenas interactúan entre ellas, pues están concentradas en los cartones del bingo o en las máquinas tragamonedas. Los lugares carecen de ventanas, pues la iluminación es artificial; incluso están diseñados para que los parroquianos pierdan la noción del tiempo.

La organización Conciencia Pública presentó el jueves 1 ante la delegación Jalisco de la Procuraduría General de la Republica (PGR) una denuncia de hechos

contra los exsecretarios de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont y Santiago Creel por su omisión en el cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 2004, lo que provocó irregularidades en el funcionamiento de los casinos en el país y en Jalisco. La querella también incluye al titular de la dependencia, Francisco Blake Mora.

El presidente de ese organismo, Salvador Cosío Gaona, asegura que otra demanda corre contra el alcalde tapatío Jorge Aristóteles Sandoval; el secretario del ayuntamiento, Roberto López Lara, y el tesorero Hugo Humberto Michel, a quienes acusa de permitir el funcionamiento de varios casinos sin que tengan el permiso correspondiente.

Cosío Gaona menciona que en la entidad suman 100 las autorizaciones otorgadas por Gobernación para la explotación de diversos giros relacionados con los juegos de azar o las apuestas, según los datos obtenidos a través del sistema Infomex.

Asegura que en esos negocios se encuentran Ramírez Acuña, el exdirigente del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos, y el diputado Abraham González Uyeda. Consultado al respecto, este último asegura a Proceso que eso es falso. (Con información de Anna G. Lozano) O

1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Confabulación para

robar

Las indagaciones en torno a la administración del antipopular priista Ulises Ruiz en Oaxaca han permitido confirmar lo que ya se presumía: un largo caudal de corrupción que involucra a 32 exfuncionarios. Acusados por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, de un quebranto al erario equivalente a casi 3 mil 700 millones de pesos, algunos ya fueron detenidos, otros se ampararon y unos más de plano huyeron.

JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS

AXACA, OAX.- El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca ha sido calificado como una administración “de corrupción perfectamente diseñada”, ya que a lo largo de seis años dejó una estela de irregularidades cuantificadas hasta ahora en 3 mil 697 millones de pesos y que involucran a sus principales colaboradores, algunos de los cuales han huido de la entidad.

Félix Reyes

O

Luego de efectuar una revisión a fondo de la administración de Ruiz, la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, Perla Woolrich Fernández, no duda en señalar que ese gobierno estuvo marcado por la asociación delictuosa. Ello debido a que todas las áreas están manchadas por la corrupción y las confabulaciones para el desvío de los recursos públicos a favor de funcionarios que se enriquecieron de manera súbita e inexplicable.

En entrevista con este semanario, la contralora comenta que aún faltan por concluir Woolrich. A fondo

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31 auditorías, de las cuales ocho ya están muy avanzadas. También indica que no será fácil llevar ante la justicia a los funcionarios corruptos, pues antes de que terminara su gestión el gobierno de Ulises Ruiz modificó las leyes para tipificar como no graves los delitos de peculado y el desvío de recursos, así como otros relacionados con la corrupción. Asimismo, afirma, se les asignó un periodo de prescripción muy corto.

Pese a todo, asegura, el gobierno del estado irá “hasta el fondo” y presentará querellas penales y administrativas contra numerosos exfuncionarios acusados de enriquecimiento inexplicable, entre ellos el propio exmandatario estatal, quien salió huyendo del estado.

Al cabo de seis meses de investigaciones y auditorías ya fueron detenidos Gonzalo Ruiz Cerón, quien era coordinador general de Transporte, por presunto tráfico de concesiones y permisos para taxis, así como Manuel Alejandro Hernández Muñoz, exdirector de Finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), acusado de abuso de autoridad, ejercicio indebido de atribuciones y peculado por 736 millones de pesos.

Pero los desvíos de las arcas públicas oaxaqueñas por parte de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz podrían sumar

Jesús Cruz

CORRUPCIÓN / OAXACA

muchos miles de millones de pesos más, pues hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados de 16 de las 45 auditorías realizadas.

Por lo pronto, según el expediente de la averiguación previa 84(FCIE)2011 –copia de la cual le fue proporcionada a Proceso–, el juez del penal de Ixcotel, Andrés Manuel Jiménez López, ordenó la aprehensión de cinco colaboradores cercanos de Ulises Ruiz acusados de ejercicio indebido de funciones, coalición de funcionarios, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilegítimo, aunque podrían derivarse otros delitos a partir de las investigaciones realizadas por Woolrich Fernández, el secretario de Finanzas Gerardo Cajiga y el consejero jurídico Hugo Alejo Torres.

El 9 de julio pasado, el juez Jiménez López libró órdenes de captura contra quienes fueron secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; subsecretario de Egresos, Fernando González García; jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección de Comunicación Social, Jorge Efrén Rojas, y contra quienes fungieron como titulares de esta última dependencia, Raúl Castellanos y Soledad Rojas Walls, acusados de peculado por 495 millones 700 mil 229 pesos, suma que se destinó a campañas de prensa y de imagen de Ulises Ruiz en 2010.

En las elecciones para gobernador realizadas ese año, el candidato del PRI, Eviel Pérez Magaña, fue acusado de usar recursos oficiales en su campaña. De hecho, su jefe de prensa era Raúl Castellanos, quien dejó ese mismo cargo en el gobierno para sumarse a la campaña. Ahora enfrenta acusaciones de peculado, falsificación de documentos y usurpación de funciones, pues presuntamente autorizó millonarias campañas de imagen cuando ya había dejado de ser funcionario estatal.

Las indagaciones realizadas por el gobierno de Gabino Cué pusieron al descubierto una red de corrupción en el área de Comunicación Social, solapada por funcionarios que habrían violado leyes administrativas del estado al adjudicar de manera directa contratos por 200 millones de pesos a 13 empresas; compañías que pertenecen a un mismo grupo de personas, y algunas de las cuales fueron registradas apenas el año pasado en Puebla.

Una maraña de complicidades Tras siete meses de investigaciones en las que se ha ido desmadejando la red de complicidades tejida durante el gobierno de Ulises Ruiz, el 18 de agosto la contralora Woolrich Fernández dio a conocer los

resultados de 16 de 45 auditorías que se han realizado en contra de 32 exfuncionarios acusados de un quebranto por 3 mil 697 millones de pesos, y para quienes se han instruido procedimientos jurídicos administrativos y penales.

En conferencia de prensa realizada en esta capital, la contralora reveló que los quebrantos “son tantos y de tan amplia naturaleza que sería imposible por el momento entrar al estudio concienzudo de los mismos”. Pero de las 16 auditorías –cuatro a los sectores de infraestructura y salud; siete al educativo, social y cultural; tres a los de gobierno, justicia y seguridad, y dos al económico y de desarrollo productivo– se desprende que hubo una “confabulación” de servidores públicos para operar el presupuesto estatal de 2010 de manera discrecional y modificar las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso.

La funcionaria comenta a este semanario que esos funcionarios actuaron de manera cínica y prepotente porque pensaron que nunca iban a perder el gobierno y que, por ende, no serían descubiertos.

E insiste: “El gobierno de Ulises Ruiz no fue una administración gubernamental, sino una asociación delictuosa porque el jefe del Ejecutivo hizo todos sus amarres y complicidades con el Congreso, con las autoridades municipales y con el Poder Judicial, para tapar sus desvíos y el grado de corrupción al que llegaron. Pero no les dio tiempo de ocultar todo, y lo que encontramos fue que en todas las dependencias había irregularidades; no se escapaba ninguna”.

Los colaboradores de Ruiz, dice, hicieron lo que quisieron. Se les atribuyen robos de mobiliario y de piezas de autos; utilización de nóminas ficticias; otorgamiento de concesiones de taxis y de notarías al por mayor, así como ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias.

El peso de la ley Aunque la contralora de Oaxaca no especificó a quiénes se les fincarán causas penales, de acuerdo con la averiguación previa –cuya copia tiene Proceso– ya se giraron órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, el exsubsecretario de Egresos Fernando González García, los exresponsables de Comunicación Social Raúl Castellanos y su sucesora Soledad Rojas, así como en contra de Jorge Efrén Rojas, administrador de esta última área.

A todos se les acusa de un quebranto superior a 495 millones de pesos.

El expediente señala que ellos se “confabularon” para lograr una ampliación del presupuesto en el área de Comunicación Social durante 2010, pues el Congreso del estado le había asignado 60 millones 690 mil 113 pesos; sin embargo, Raúl Castella1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Deuda

JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS

Jesús Cruz

eterna

aplica ahora mismo 45 auditorías. Una a una las cuentas son revisadas con indagatorias más de tipo judicial que administrativo, pues hay indicios de que mucha documentación, principalmente de la Secretaría de Obras que estaba a cargo de Eviel Pérez Magaña, se quemó en el incendio del Tribunal Estatal en 2006, siniestro del que culparon a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Las auditorías, además, encontraron que funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos del Registro Público de la Propiedad. Se descubrió que faltan libros completos de propiedades y a otros les arrancaron hojas, lo que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños.

En lo que se ha indagado se hallaron irregularidades y desvíos de recursos en los que están implicados algunos familiares del exgobernador. Es el caso de su tío, el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, René Virgilio Ruiz Quiroz: una investigación de este semanario descubrió que esta persona hace poco adquirió un departamento de 4 millones 500 mil pesos en la zona de Santa Fe, en el Distrito Federal, según consta en el folio 1025270 del Registro Público de la Propiedad.

María de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz, aparece también en este mundo de irregularidades y riqueza inexplicable: de la noche a la mañana se convirtió en accionista mayoritaria del complejo hospitalario Sedna, en el Distrito Federal, valuado en mil 500 millones de pesos (Proceso 1655).

No es la única implicada en la red de corrupción y complicidades. Víctor Hugo Ruiz

Ortiz, hermano del exgobernador, también es acusado de haber creado seis empresas fantasma, con el mismo domicilio fiscal, recibiendo de esta forma 48 contratos de obras por 177 millones 789 mil 569 pesos.

Entre los escándalos del hermano del exgobernador está el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 tuvo un costo de 35 millones 621 mil 828 pesos, que se le pagaron al Grupo Empresarial Oaxes (a nombre del hermano de Ulises Ruiz), quien cobró pero nunca hizo la obra.

El cúmulo de irregularidades del gobierno y la familia de Ulises Ruiz es larga, pero en los hechos hay dos monumentales: las ciudades Administrativa y Judicial, que dejan endeudados a los oaxaqueños los próximos 30 años.

nos y su sucesora Soledad Rojas pidieron tatal únicamente había destinado 41 miampliaciones que sumaron 495 millones llones 670 mil pesos.

700 mil 229 pesos, “de manera desmedida La ampliación autorizada para la proe injustificada, sin dar cumplimiento con moción de imagen del gobierno en ese año los requisitos de orden administrativo”. electoral fue de 819.78%, que según la ConEl entonces secretatraloría fue injustificada, pues rio de Finanzas, Miguel un incremento de esa magnitud Ángel Ortega Habib, y el sólo se hace “para la atención subsecretario de Egresos, de aspectos de alta prioridad o Fernando González Garderivados de situaciones natucía, autorizaron 492 millorales que provoquen estados de nes 173 mil 106 pesos para emergencia…”. “programas adicionales, Los funcionarios cercaimpresos, publicaciones y nos a Ulises Ruiz, indica el difusiones oficiales, ayuexpediente, “solicitaron y das diversas, promoción autorizaron la ampliación y fomento cultural, y prodel presupuesto otorgado a la moción y fomento econóCoordinación General de Comico estatal”, rubros para municación Social del Poder los cuales el Congreso es- Castellanos. En la mira Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Oaxaca, de manera desmedida e injustificada, sin dar cumplimiento a los requisitos de orden administrativo; porque en ese lapso de 2010 ampliaron el presupuesto para esa coordinación por un monto de 495 millones 700 mil 229 pesos, cuando en términos del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010 únicamente se aprobó un presupuesto de 60 millones 690 mil 113 pesos”.

Asimismo, acredita que durante el tiempo que estuvieron a cargo del área de Comunicación Social, Raúl Castellanos y Soledad Rojas desviaron del erario recursos que no se encontraban destinados a la referida coordinación, y beneficiaron con adjudicaciones directas a 13 empresas que no reunían los requisitos que establecen la Constitución del estado; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la

AXACA, OAX.- En 2004, Ulises Ruiz Ortiz recibió el gobierno del estado con una deuda directa anual de 500 millones de pesos. Seis años después, el priista había hecho crecer la cifra cuatro veces: según cálculos del gobierno actual de Oaxaca, se tienen que pagar 2 mil millones de pesos anuales de deuda directa.

La deuda total del estado es de 6 mil 200 millones de pesos –de los cuales se tienen que pagar anualmente los 2 mil millones mencionados– y no hay recursos para enfrentar el rezago social que se incrementó durante el gobierno de Ulises Ruiz, cuya administración está siendo auditada.

Mientras la pobreza y la marginación crecen, el dinero escasea. Las obligaciones derivadas de los proyectos de prestación de servicios (PPS) por 515 millones de pesos, más los 396 de la bursatilización de la deuda y los 294 del servicio de la misma suman mil 205 millones de pesos que tienen que ser pagados este año.

Para hacer frente a esas obligaciones Oaxaca tiene que echar mano de ingresos, como los derechos de control vehicular o el impuesto sobre la nómina; la recaudación de impuestos será de 589.4 millones de pesos este año.

O

La riqueza familiar

Miguel Dimayuga

La administración de Ulises Ruiz está bajo la lupa. El gobierno actual, de Gabino Cué, le

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Cué. Reestructura de la deuda

Las ciudades más caras Oaxaca tiene tres tipos de deuda: la directa, que es de más de mil 433 millones de pesos; la generada por una operación de bursatilización por más de 2 mil 800 millones de pesos y que hoy por los intereses es de más de 3 mil 100 millones de pesos; y los com-

C ORR U P C I ÓN / OA X A CA técnico del Poder Ejecutivo y excoordinador de Planeación del gobierno de Ruiz y quien estuvo implicado en una venta ilegal de rieles de ferrocarril por 19 millones de pesos.

Según documentos oficiales, García Arango dio de alta su empresa, Impulsora de Proyectos Oaxaca, un mes antes de firmar el contrato multimillonario en el cual queda como responsable de la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la Ciudad Administrativa, mientras que para la Judicial aparece el nombre de Nicolás Mariscal Servitje representando a la empresa Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca.

Cuando al inicio de la obra la prensa local cuestionó a García Arango por su participación, éste dijo que su interés era ayudar. De acuerdo con el consultor financiero Marco Galicia Treviño, sólo por ser intermediario aquél ganó 32 millones de pesos inmediatamente.

Otro personaje que participó en este endeudamiento financiero es el exsecretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, a quien ya le giraron orden de aprehensión, de acuerdo con información obtenida por este semanario.

Ley de Presupuesto y la normatividad para el ejercicio del presupuesto, “produciendo con ello un beneficio para los propietarios de dichas empresas y afectando la hacienda pública del gobierno del estado”.

Dichas empresas son Consulta, Estratega Palatino, GM Proyecto Tecnología 2010, Grupo Empresarial Culmen, Ingeniería de Proyectos Popoca, Kennedy Imagen Publicitaria, Nebraska Aplicación, Pixel Link, Procesos sin Riesgo, Proyectos Velia, Servicio Especializados Jade, Servicios Publicitarios HN, Banner y Tecnología. En todas aparecen los nombres de Ana Carolina Hernández, Emelia Sánchez Popoca, José Enrique Hernández Salazar, Ricardo Hernández Sánchez, José Héctor Hernández Mancera, Daniel Lara Flores y José Héctor Juárez Mancera.

Según la investigación hubo una “ma-

liciosa confabulación” de Castellanos y Rojas, pues actuaron de forma “engañosa e ilegal” al favorecer a empresas que fueron dadas de alta entre 2009 y 2010 en Puebla y que oficialmente dieron un servicio de promoción de imagen del gobierno, así como de actividades turísticas, bajo contratos de prestación de servicios “diseñados en idénticas condiciones y estipulaciones, tanto de forma como de fondo, e inclusive sin variar siquiera el tipo de papel, tinta de impresión, y tintas en las firmas que los calzan, y que hacen presumir que fueron celebrados o elaborados ilegalmente en un solo momento.

“Es decir, se advierte que no fueron celebrados en la temporalidad en la que se detalla en sus respectivos contenidos, contraviniendo los criterios de honestidad y transparencia en el ejercicio público, máxi-

Ezequiel Leyva

promisos derivados de la operación de los créditos del esquema PPS por la operación de la Ciudad Administrativa y la Ciudad Judicial, que para este año es de más de 2 mil 100 millones de pesos. En total, más de 7 mil 300 millones de pesos.

A la mitad de su gobierno, Ruiz quiso pasar a la posteridad como un gobernante moderno y retomó sus dos proyectos monumentales: las ciudades Administrativa y Judicial.

Las construyó, en extremos opuestos, a las afueras de la capital estatal a un costo de 15 mil millones de pesos en unidades de inversión (udis) a pagar en 30 años a Banorte, de Roberto González Barrera, con quien los priistas han tenido relaciones financieras importantes, como el préstamo de 800 millones de pesos que le hizo a Roberto Madrazo en su campaña presidencial de 2006.

El gobierno de Ruiz contrajo la deuda pagadera hasta el 31 de mayo de 2037 con una tasa de interés de 5.7%, según lo detalla el informe de dicho banco. Lo grave es que la contrajo en udis, los instrumentos más caros del mercado porque además del interés fijo hay que agregarle la inflación anual y los costos y gastos de operación del fideicomiso encargado de operar y administrar la colocación bursátil.

Lo peor es que en el fideicomiso –con número F/246859– el gobierno oaxaqueño dejó como garantía los ingresos del Impuesto sobre Nómina, los de los derechos vehiculares y los ingresos de la tenencia federal.

El 1 de diciembre de 2005, el gobierno de Oaxaca se convirtió en el primero en el país en aplicar el sistema de financiamiento PPS para la creación de infraestructura y equipamiento de las ciudades Administrativa y Judicial a través de Banorte.

Puesto que esta institución jurídicamente no puede suscribir un convenio comercial con el gobierno estatal, por ser persona moral, el acuerdo se hizo con la firma del empresario Neftalí García Arango, socio y amigo de Bulmaro Rito Salinas, exsecretario

Pérez Magaña. Quema de documentos

También está Esdras Cruz Cruz, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, a quien se acusa de haber participado en el esquema de crédito financiero junto con otro personaje, Emilio Báez, quien ha ofrecido sus servicios en ocho estado más que han adoptado el esquema PPS. Pero el gobierno tiene que erogar 40 millones de pesos al mes por ocupar los edificios de Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa. Aunado a ello hay que pagar los autobuses que trasladan diariamente al menos a 10 mil trabajadores. Los edificios de la Ciudad Administrativa presentan fallas estructurales, por lo que quienes laboran ahí están en constante riesgo.

El actual gobierno no puede rescindir del contrato porque hay una cláusula de penalización cuyo monto equivale a la deuda; tampoco puede intervenir en la administración del conjunto de edificios porque la concesionó a la empresa constructora, que en el caso de la Ciudad Administrativa sólo por el servicio de mantenimiento de elevadores recibe 10 millones de pesos mensuales.

Las irregularidades son tantas que para la construcción de estacionamientos y guarderías en la Ciudad Administrativa, que no estaban en los planos originales, se arrendaron dos terrenos aledaños por 1 millón 116 mil pesos mensuales. Lo dueños de esos terrenos son Mario Guzmán y Claudio Ruiz Solana, expresidentes de los comités de finanzas de las campañas electorales de Ulises Ruiz y de Eviel Pérez Magaña.

La Ciudad Administrativa se proyectó con una inversión absoluta de 353 millones de pesos, pero la cifra se duplicó por falta de previsión y ahora se pagarán 656 millones de pesos.

Por otra parte, los 14 edificios de la Ciudad Judicial son inoperantes, las instalaciones tienen fracturas y sufren inundaciones; los funcionarios de primer nivel han preferido alquilar otros edificios en la ciudad de Oaxaca. O

me que tampoco fueron presentados los acuerdos y los contratos por los que se realizaron las adjudicaciones directas a la entonces Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de Transparencia Gubernamental (…) y, peor aún, no se estipularon en dichos contratos el precio unitario, la fecha y condiciones de entrega de los servicios.”

El documento concluye que los contratos se hicieron de manera irregular porque la entonces directora de Comunicación Social, Soledad Rojas Walls, carecía de facultades legales para celebrarlos y las empresas no ofrecían un servicio que fuera considerado indispensable dentro de la administración pública, además de que pusieron precios muy altos y no cumplieron con los requisitos legales.

“Por lo tanto, se favorecieron del cambio de finalidad jurídica de los recursos obteni1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Las andanzas Octavio Gómez

del “ahijado” JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS

AXACA, OAX.- El milagro económico de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, coordinador de los diputados federales del PRI por Oaxaca, muestra su rostro de corrupción por delitos de peculado, abuso de autoridad, fraude, falsedad en declaraciones y hasta asociación delictuosa.

Apadrinado por sus correligionarios, los gobernadores José Murat Casab y Ulises Ruiz, en menos de dos sexenios Ramírez Puga pasó a formar parte de la élite de los nuevos ricos de la entidad. Su único mérito como legislador federal fue haber “confrontado”, en julio de 2004, a la maestra Elba Esther Gordillo Morales y solicitar que la expulsaran del PRI; luego, en junio de 2010, llamó “mafiosa” a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, en plena sesión de la Comisión Permanente.

Documentos obtenidos por Proceso revelan que en 2008, cuando era coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, a Ramírez Puga se le autorizó un incremento presupuestal de 471%, aun cuando no presentó ninguna justificación ante el Congreso local.

Ese año, la asignación autorizada para el área que él coordinaba fue de 57 millones 303 mil 886 pesos. Con las ampliaciones, la suma se elevó a 327 millones 168 mil 461 pesos.

Los contratos firmados con cuatro empresas, una de ellas el periódico de su familia, El Extra de Oaxaca, fueron por 58 millones 901 mil 129 pesos, lo que superó el presupuesto inicial autorizado para Comunicación Social.

Intoctur, S.A. de C.V., fue favorecida con 21 millones 720 mil 129 pesos; Mitroviq, con 18 millones 751 mil pesos; Rocke Sade, S.A. de C.V., con 10 millones 610 mil pesos, y Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., con 7 millones 820 mil pesos.

En tres de los casos, los contratos se realizaron fuera de norma y con una estructura similar; las facturas no especifican los servicios prestados; se detectó que los representantes legales de las compañías son allegados a Ramírez Puga, y los domicilios fiscales corresponden a casas particulares, algunas incluso en obra negra.

En todos ellos, los montos son superiores a los presupuestos asignados, por ejem-

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Ruiz y Ramírez. Colección de delitos

plo, al del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (9 millones 310 mil 128 pesos), la Secretaría del Trabajo, el Instituto de Atención al Migrante Oaxaqueño y la Comisión Estatal del Deporte, cada una de las cuales apenas recibió ese año alrededor de 9 millones.

También contrastan notablemente con lo que recibió el Instituto Estatal de Protección Civil, que no llegó ni a los 2 millones de pesos, aun cuando le toca auxiliar a 450 familias de 12 localidades, en su mayoría indígenas, para la próxima temporada de huracanes.

La auditoría realizada en 2010 derivó en una denuncia penal contra los Raúl Castellanos Hernández, Soledad Rojas Walls y Efrén Rojas, voceros de Ulises Ruiz durante su gestión, por pagos a empresas del área de Comunicación Social por un monto de 161 millones de pesos que en realidad se canalizaron a la campaña del candidato priista Eviel Pérez Magaña, quien finalmente perdió.

Ahora comienzan a emerger otros casos de corrupción en la misma área, que también podrían derivar en una querella penal, esta vez contra Ramírez Puga. Además, los primeros resultados de una auditoría indican que las ampliaciones presupuestales solicitadas no se ajustaron a los procedimientos legales.

En un oficio (el UICEP/501372008), por ejemplo, expone: “Por medio del presente envío a usted solicitud de inversión presupuestal de recursos por un monto de 9 millones 468 mil 224 pesos afectando la partida 31601 impresos publicación y difusión oficiales, recursos necesarios para el pago de difusión de acciones del gobierno del

estado en medios de comunicación locales durante el mes de febrero”.

El 23 de julio de 2008, Ramírez Puga hizo una segunda solicitud, esta vez por 10 millones 733 mil 333 pesos; el 12 de diciembre siguiente vino la tercera, por 15 millones 427 mil 541 pesos.

En los oficios UICEP/6022/2008 y UICEP/7188/2008, el entonces secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib –sobre quien pende una denuncia penal–, autorizó las ampliaciones presupuestales solicitadas por el concepto de “impresos, publicación y difusión oficiales”.

Empresas fantasma La empresa Mitroviq se constituyó el 11 de febrero de 2008 y el 30 de abril de ese año obtuvo contratos por 18 millones 751 mil pesos. Su apoderado legal es Néstor Augusto Ramírez Soto, quien dio como domicilio fiscal avenida Ferrocarril 209, colonia 25 de Enero en esta capital. Sin embargo, en el inmueble sólo hay un consultorio dental y se rentan cuartos.

En el caso de Intoctur, S.A. de C.V., otra de las empresas beneficiadas, se constituyó el 4 de abril de 2008 y el 31 de julio siguiente recibió contratos por 21 millones 720 mil 129 pesos. Su apoderado legal, Luis Alberto Jiménez García, dio como domicilio fiscal avenida del Jardín 102, colonia Experimental en San Antonio de la Cal, donde sólo hay una construcción en obra negra.

En tanto que Rocke Sade, S.A. de C.V., se constituyó el 20 de agosto de 2008 y su fecha de contrato es el 29 de agosto de ese mismo año por un monto de 10 millones 610 mil pesos. Su representante legal es Brenda Brera Villamil y dio como domicilio fiscal avenida Independencia 318-D Santa Cruz Amilpas, donde se encuentra una accesoria.

Por lo que se refiere a Organización Periodística Extra de Oaxaca, S.A. de C.V., empresa de su familia cuyo representante legal era su hermano Gilberto Carlos Ramírez Puga Leyva, le asignó un contrato por “los servicios de difusión de acciones de gobierno por un periodo anual” de 7 millones 820 mil pesos. Este hecho contraviene la normatividad establecida para estos casos.

Antes de llegar a la coordinación de Comunicación Social en el gobierno de Ulises Ruiz, Ramírez Puga había ganado como diputado federal 2 millones de pesos, entre dietas y apoyos legislativos. Pero a partir de 2005 pasó a formar parte de los nuevos ricos de Oaxaca al adquirir un millonario terreno en la zona exclusiva de San Felipe del Agua, en la capital oaxaqueña.

Y aun cuando sus correligionarios se quejan del estancamiento económico en el país, cuando se refieren al exitoso director del periódico Extra de Oaxaca hablan incluso de un “milagro económico”.

En su edición del 28 de febrero de 2005,

CORRUPCIÓN / OAXACA el Diario Oficial de la Federación informa que la dieta mensual de un diputado federal era de 69 mil 683 pesos; además, recibía 25 mil pesos en apoyos legislativos y 25 mil 160 pesos de pensión ciudadana, lo que sumaba 119 mil 843 pesos. Eso significa que Ramírez Puga ganó en promedio 2 millones de pesos en 18 meses mientras fue integrante de la LIX Legislatura federal.

Al dejar su curul para integrarse al gobierno de Ulises Ruiz como coordinador de Comunicación Social tenía un sueldo mensual de 80 mil pesos. Con esos emolumentos, en un año Ramírez Puga debió ganar 960 mil pesos, aunque el valor de su propiedad en San Felipe del Agua –el lugar preferido por los nuevos ricos– oscila entre 7 y 10 millones de pesos, lo que está muy por encima de sus posibilidades.

Zona residencial de abolengo, San Felipe está rodeado por colonias precarias, donde viven hacinadas innumerables familias nativas; primero fueron invadidas, luego la urbanización las desplazó a las lomas.

En junio de 2009, Nazario García Ramírez, presidente del frente ecologista Aguas de San Felipe, denunció que el cáncer de la corrupción invadió la agencia municipal de San Felipe del Agua, donde se asentó Ramírez Puga, quien en menos de un año levantó una millo-

naria residencia en el Barrio La Chigulera.

Vecinos de la localidad sostienen que el excoordinador de Comunicación Social compró dos extensiones de terreno a sus dueños para apropiarse de mil 500 metros cuadrados para construir su mansión que incluye una cancha de tenis con pasto sintético, una alberca con su palapa y con dos entradas con puertas de cedro y una cochera.

Hoy, este pueblo que antaño se caracterizaba por sus recursos naturales, ahora es el lugar donde viven a sus anchas los nuevos ricos de Oaxaca, entre ellos el exgobernador Ulises Ruiz, Bulmaro Rito Salinas, Jorge Franco Vargas, Diódoro Carrasco Altamirano, Aurora López Acevedo y Ramírez Puga.

Con la derrota del PRI, Ramírez Puga se convirtió en el defensor de los intereses de Ulises Ruiz y de sus incondicionales, y aprovecha cualquier oportunidad para deturpar a sus enemigos, como el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Ramírez Puga se lanzó también contra su correligionario Jorge Franco Vargas y lo acusó de traidor. Incluso pidió a la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que aporten material para demostrar la participación de Franco en los hechos violentos de 2006 contra ese gremio. O

dos por la Coordinación General de Comunicación Social, ocasionando con ello un perjuicio económico de 200 millones 18 mil 329 pesos”, establece el expediente.

Refiere que Raúl Castellanos, siendo jefe de prensa de la campaña de Eviel Pérez Magaña, y Fernando González García, firmaron partidas especiales por 379 mil pesos en el rubro de Promociones y Fomento Cultural y Promoción y Fomento Económico Estatal. Es decir que cuando ya no eran funcionarios firmaron documentos oficiales. Por tales hechos están acusados de peculado, ejercicio indebido de funciones, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos.

Después de investigar y analizar las acciones de los funcionarios, de dar seguimiento a las decenas de cheques que expidieron de enero a noviembre de 2010 para pagar a decenas de empresas de medios –como Televisa y TV Azteca, con las que firmaron acuerdos de publicidad y promoción de imagen–, así como a las autorizaciones de ampliación de presupuesto, las actuales autoridades de Oaxaca advierten que entre los acusados hubo “actuación confabulada o coaligada” para dañar el patrimonio del erario estatal, “pues dichas autorizaciones exorbitantes y desmedidas no se encuentran justificadas normativamente”.

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Eduardo Miranda

RODRIGO VERA

TOTONILCO DE TULA, HGO.- En el video que realizó para exaltar sus logros en materia de vivienda, el presidente Felipe Calderón comenta satisfecho: “Amigas y amigos, estoy aquí en el nuevo conjunto habitacional Paseos de la Pradera, en Tula, estado de Hidalgo. Les quiero platicar sobre un sueño que antes era imposible para muchas mexicanas y para muchos mexicanos; el comprar su casa propia. En este gobierno, lo he convertido en realidad para prácticamente 3 millones de familias, que es verdaderamente una cifra récord.”

En el promocional aparecen imágenes de niños felices paseando en bicicleta por las calles del fraccionamiento, estudiando en una escuela, jugando en un parque de diversiones o en el interior de amplias viviendas de relucientes muros blancos.

Ante edificios bien pintados, vuelve a aparecer Calderón para decir que, gracias a su gobierno, nueve de cada 10 viviendas en México ya cuentan con drenaje y agua, “casi todas las casas tienen electricidad y hemos puesto pisos firmes de cemento en más de 2 millones de casas”. Además, asegura que se han dado facilidades de crédito “para que las familias más pobres adquieran una vivienda propia”.

Calderón deambula por Paseos de la Pradera y agrega en el video que realizó con motivo de su quinto informe de gobierno: “Sabes bien que la vivienda es patrimonio, es seguridad, es calidad de vida para las familias. Es el lugar donde quieres ver a tus hijos jugar, estudiar, crecer y ser felices.”

Sin embargo, ese fraccionamiento que el presidente puso como modelo para el resto del país vive en conflicto desde hace tres años. En todo este tiempo los moradores han protestado porque sus casas están resquebrajadas, no hay suficientes escuelas para sus hijos ni servicios de salud, seguridad y transporte, como presume Calderón.

Es tal el peligro que corren sus habitantes por las viviendas agrietadas y en riesgo de desplomarse, que incluso ha intervenido la Dirección de Protección Civil del estado de Hidalgo, la cual solici-

A

Presumiendo

ruinas...

El “sueño” que el presidente Calderón afirma que muchos “mexicanos y mexicanas” han podido hacer realidad, tener su propia casa, resultó pesadilla… Cuarteaduras que van de piso a techo, fallas estructurales, así como falta de servicios básicos son los problemas a los que se enfrentan los colonos de Paseos de la Pradera, en el estado de Hidalgo, el fraccionamiento que el mandatario eligió para hacer un video propagandístico en el que presume las ruinas habitacionales de interés social.

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C ORR U P C I ÓN / V IV IE N DA

tó a la empresa inmobiliaria que construyó el fraccionamiento, Casas Quma, S.A. de C.V., que resuelva el problema.

Lucero Rosas Hernández, residente de Paseos de la Pradera, comenta: “En su video, el presidente dijo puras mentiras. Es falso que aquí los niños tengan escuela o que estamos muy contentos de vivir en estos edificios a punto de caerse. Todo lo pintó muy bonito.”

–¿Por qué no le expusieron personalmente sus quejas?

–Porque no dejaron que nos acercáramos el día que vino a filmar el video. Llegó con muchísimos soldados que rodearon toda la zona. Había militares por todas partes.

Vigilando aquí y allá. A nosotros nos trataban como si fuéramos delincuentes, nos revisaban al entrar y salir del fraccionamiento.

Agrega Rosas Hernández que para la filmación, realizada el miércoles 10 de agosto, la inmobiliaria Casas Quma ya tenía todo un escenario montado, como si fuera un set cinematográfico: “Limpiaron las calles y pintaron muy bien los edificios que iban a salir en el video. Hasta pusieron letreros que decían ‘áreas verdes’, ‘parques’ y ‘ciclopista’, siendo que aquí no hay ninguna ciclopista. Y como el presidente tenía que salir hablando con algunos vecinos, pues convencieron a uno que otro palero que se prestó a salir con Calderón. Así filmaron el famoso video.”

El 6 de noviembre de ese año, Antonio Quadrini Medina, dueño de Casas Quma, intentaba aplacar las protestas y decía al diario El Sol de Hidalgo: “Para garantizar la seguridad de los colonos, la semana pasada nos acompañó un perito de Protección Civil del gobierno del estado, quien platicó con los vecinos, hizo la supervisión correspondiente y avaló que las construcciones se encuentran en perfecto estado. Entendemos la preocupación de los vecinos que al ver una cuarteadura piensan que pudieran correr algún riesgo.”

Por su parte, Miguel García Conde, director de Protección Civil de Hidalgo, comenta a Proceso: “El problema ya lleva tiempo. Los edificios están dañados. El propio Antonio

Quadrini ha venido a mis oficinas a decirme que algunos edificios tienen fallas de cimentación, un problema estructural bastante serio. El empresario se ha comprometido a resolverlo. Estamos esperando.

“Por lo demás, ignoro cómo fue que el presidente escogió ese fraccionamiento para hacer su promocional. Pero eso no me interesa. Lo que me preocupa es la seguridad de la gente que vive allí.”

Fanny Martínez Ángeles, una de las lideresas de los colonos, asegura que Quadrini y las autoridades estatales están coludidos: “Llevamos tres años protestando y nadie nos hace caso. Hemos llegado a bloquear la autopista. Seguramente Quadrini está soltando mucho dinero al gobierno para que éste no haga nada. Mientras tanto, nuestras vidas corren peligro.”

Martínez Ángeles muestra al reportero la fisura que parte en dos el piso de cemento desnudo de su departamento, situado en la cuarta planta de un edificio, y dice: “Mire, así vivimos mi familia y yo, temerosos de que algún día el piso se desplome y le caiga a los vecinos de abajo.

Procuramos no poner mucho peso y caminar con cuidado. Qué más podemos hacer si no tenemos otro lugar donde vivir.”

–¿Cómo fue que llegó aquí?

Publicidad engañosa Paseos de la Pradera es un conjunto de 8 mil pequeñas viviendas multicolores, apiñadas en una hondonada que desemboca en la autopista México-Tula, la cual corre paralela a la México-Querétaro. Su acceso tiene casetas de vigilancia y plumas metálicas.

Situado a unos 12 kilómetros al sur de Atotonilco de Tula –cabecera municipal–, el fraccionamiento empezó a ocuparse en 2009. Desde entonces los habitantes se dieron cuenta de que sus viviendas de interés social –departamentos de 45 metros cuadrados y casas de 90 metros cuadrados– tenían cuarteaduras. Y comenzaron sus protestas; incluso llegaron al extremo de bloquear la autopista México-Tula para que se les hiciera caso.

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–Por la publicidad engañosa de la inmobiliaria. Promete escuelas para nuestros hijos, hospitales, vigilancia, rutas de autobuses que nos llevarán al Metro Tacuba de la Ciudad de México. Hasta promete que el tren suburbano que sale de la Estación Buenavista pasará por aquí… Puras falsedades, como las de Calderón.

“En realidad, aquí sólo hay un pequeño kínder y una primari, en la que no hay cupo para todos los niños. No hay ni un hospital. Tampoco policías, por eso se dan tantos robos. Al fraccionamiento únicamente lo cuidan los guardias de la empresa Quma, quienes siempre nos están vigilando para que no protestemos por las casas mal hechas que le compramos a su patrón. Ellos aquí son la autoridad. Nos tienen atemorizados y acorralados.”

–¿Y las autoridades municipales de Atotonilco de Tula?

–Esas no cuentan. El alcalde de Atotonilco, Édgar Reyes, ni se mete porque no quiere problemas con la empresa Quma.

Pero eso sí, el municipio bien que nos cobra el agua y el predial.

Acompañada por un grupo de colonos inconformes, Martínez Ángeles se arma de valor y da un recorrido al reportero y al fotógrafo por una zona de edificios dañados. Atrás vigila una escolta de guardias de Quma –a bordo de camionetas y automóviles–, quienes previamente pidieron la identificación a los periodistas. Los recelosos guardias permitieron el recorrido de Proceso luego de un altercado verbal con los vecinos, ansiosos porque su problema tenga difusión.

Las 8 mil viviendas de Paseos de la Pradera están divididas por zonas que se distinguen por el color de los edificios de cuatro plantas. En una zona se agrupan los edificios pintados en azul y blanco, en otra los amarillo y blanco, o los rojo y blanco…

Algunos edificios tienen profundas cuarteaduras que suben de piso a techo, por las que incluso se puede ver al otro lado.

Y aún así siguen habitados. Los inmuebles tienen escaleras exteriores de cemento que comunican a una planta con otra. Varias de estas escaleras se están desprendiendo de la mole del edificio. O bien, se están desplomando. Para evitar su caída, los inquilinos las apuntalan con vigas de madera o tubos metálicos. El instinto de conservación les aviva el ingenio.

El esqueleto de varillas y alambrón ha logrado mantener en pie a las construcciones, cuyas fisuras en la caparazón de cemento se disimulan con aplanados y pintura.

En lo alto de un edificio resquebrajado se asoma por una ventana Socorro Hernández. Grita para que se le escuche abajo: –¡Mi vida peligra!... ¡Todos corremos peligro!... ¡Pero no tenemos a dónde ir!

El inmueble del saturado kínder María Montessori, el único del fraccionamiento, 1818 / 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Eduardo Miranda

CORR U PCI ÓN / VIVIENDA

Casas Quma. Las grietas

también sufre cuarteaduras… y filtraciones de agua en época de lluvias.

Recargada en un muro mientras aguarda a que su hija salga del jardín de niños, Guadalupe Esquivel se queja: “Hacen falta escuelas y maestros. Muchos niños se quedan sin estudiar. Por suerte logré meter al kínder a mi hija de cinco años. Ojalá y pueda meterla también a la escuela primaria.”

Gente de escasos recursos habita el lugar, como la señora Claudia Canales, quien cuenta las penalidades que pasa para pagar su hipoteca: “Mi esposo va a trabajar todos los días a la Ciudad de México. Gana 2 mil 800 pesos mensuales. De ahí gastamos 700 pesos para el puro crédito de una casa que ni sirve”.

“Para vivir mejor” A la entrada de Paseos de la Pradera hay unas oficinas de Quma. Ahí despacha el ingeniero Paulino Sáenz, a cargo de la Dirección de Operaciones de la empresa, quien da su versión del problema: “Actualmente tenemos 8 mil viviendas construidas. Las que salieron con fallas son muy pocas. Serán unos 17 edificios. Y aclaro que no son fallas estructurales, sino lo que nosotros llamamos asentamientos diferenciales.”

–¿Han realizado desalojos?

–Sólo reubicamos a unas cinco personas, pero no porque sus vidas corrieran peligro, sino por confort, para que no las moleste el ajetreo que se hace durante la reparación de sus viviendas.

–Los vecinos también se quejan por la falta de servicios…

–Mire, los servicios no son obligación nuestra, como construir escuelas, hospitales o estación de bomberos. Eso le co-

rresponde al gobierno. Aún así, la empresa ha edificado planteles educativos e incluso paga el sueldo de algunos maestros, cosa que debería hacer la Secretaría de Educación Pública.

“También nos encargamos de la seguridad a través de nuestros guardias.

Eso debería hacerlo el gobierno. Por lo pronto, la alcaldía de Atotonilco prometió que enviará una patrulla para vigilar el fraccionamiento.”

Para recalcar la buena disposición de Quma, el ingeniero Sáenz anuncia que la empresa abrirá escuelas primarias, secundarias, una preparatoria e incluso una universidad.

–¿Se ampliará Paseos de la Pradera?

–Sí. Nuestro proyecto es construir un total de 33 mil viviendas y pensamos terminarlas para 2015. Nuestra prioridad son nuestros clientes y su seguridad patrimonial.

–¿Cuántas personas vivirán en esas 33 mil viviendas?

–Nuestros cálculos son de cuatro habitantes por cada vivienda. De manera que Paseos de la Pradera tendrá una población de aproximadamente 132 mil personas.

Aparte de los edificios de departamentos, actualmente Paseos de la Pradera cuenta con secciones de casas “unifamiliares” de una y dos plantas. Los precios de las viviendas van de 228 mil a 670 mil pesos, que es el precio de las casas con mejores acabados.

Desde las lomas que forman la hondonada se aprecia el enorme conjunto habitacional a cuyos costados se ven trabajar camiones de volteo, excavadoras y albañiles que empiezan a levantar los cimientos de las miles de viviendas que faltan por construir.

–¿Cómo fue que Felipe Calderón llegó aquí? –se le pregunta a Sáenz.

–Desconozco los motivos, aunque supongo que se escogió a Paseos de la Pradera porque ganó el premio como el mejor desarrollo habitacional de Hidalgo, una distinción que da el Infonavit. A nosotros sólo nos dijeron que el presidente vendría a filmar un promocional. Y nosotros lo recibimos.

A bordo de un helicóptero, Calderón llegó el 10 de agosto. Aquí lo resguardaron más de 300 elementos del Estado Mayor Presidencial, Ejército y Policía Federal, que acordonaron la zona y vigilaron los accesos.

Vestido con saco azul marino y sin corbata, Calderón posó ante las cámaras acariciando la cabeza de tres niñas a quienes les decía: “Felicidades niñas, que disfruten su casa”. Se dirigía luego a los padres de las menores: “Felicidades señor”… “felicidades señora”.

Con la mirada fija en la cámara, Calderón concluyó: “Vamos a seguir trabajando con todo, para que tú y todos los mexicanos puedan vivir mejor.”